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Los teólogos de la ‘Juan XXIII’, sobre Jumilla: «Un racismo aporofóbico que se ceba en las personas y las familias musulmanas empobrecidas»

lunes, 18 de agosto de 2025
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Patio del Ayuntamiento de Jumilla Ayuntamiento de Jumilla

«El Ayuntamiento ha creado un problema donde no lo había»

«Crece en las instituciones municipales y en la sociedad el racismo y la xenofobia a causa de la presencia de Vox en los organismos institucionales de la Comunidad Autónoma y del seguimiento de su política racista por parte del PP»

«Para su apoyo a los presupuestos, Vox ha exigido al PP, como condición necesaria e irrenunciable, que prohíba a los musulmanes seguir celebrando en el polideportivo municipal sus fiestas del final del Ramadán y del Cordero, que llevan celebrando varios años sin incidente alguno»

«Son prácticas antidemocráticas, atentan contra la libertad religiosa y la igualdad de todas las religiones ante la ley, discriminan a la comunidad musulmana y resultan contrarias al respeto al pluralismo y al diálogo»

 

Otra vez Murcia. Hace unas semanas fue Torre Pacheco. Ahora Jumilla, una ciudad situada al norte de la Región, una zona vinícola. Murcia es una región eminentemente agrícola con un alto porcentaje de inmigrantes africanos, particularmente musulmanes, quienes llevan el peso de la mano de obra en el campo, realizando tareas que muchas personas españolas no quieren hacer.

Sin embargo, a pesar de la valiosa aportación que realizan a la economía regional y del país y de la riqueza cultural y étnica que implica su presencia en la región, crece en las instituciones municipales y en la sociedad el racismo y la xenofobia a causa de la presencia de Vox en los organismos institucionales de la Comunidad Autónoma y del seguimiento de su política racista por parte del PP. El racismo se manifiesta especialmente contra los inmigrantes musulmanes que son gente humilde y trabajadora, labora en jornadas interminables, percibe bajos salarios y, en muchos casos, carecen de seguridad social; no se manifiesta, en cambio, contra los empresarios musulmanes que operan en la Región. Es un racismo aporofóbico que se ceba en las personas y las familias musulmanas empobrecidas.

El Partido Popular se ha plegado a las exigencias de Vox, tanto en el gobierno de la Comunidad de Murcia como en el Ayuntamiento de Jumilla. Para su apoyo a los presupuestos, Vox ha exigido al PP, como condición necesaria e irrenunciable, que prohíba a los musulmanes seguir celebrando en el polideportivo municipal sus fiestas del final del Ramadán y del Cordero, que llevan celebrando varios años sin incidente alguno, en plena armonía, con el respeto del vecindario y pagando los cánones establecidos por el Ayuntamiento. El PP ha cedido a las exigencias de Vox y el Ayuntamiento ha prohibido la realización de dichas fiestas en el polideportivo municipal. Y Vox se ha apuntado el éxito.

Para justificar sus medidas islamófobas, la alcaldesa de Jumilla ha afirmado en una entrevista concedida al diario EL PAÍS (8 de abril de 2025): “Vamos a priorizar nuestra identidad y tradiciones. Una afirmación que coincide con la de Santiago Abascal de “proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura”. En la misma entrevista afirmaba que iba a conceder “una subvención a las tres parroquias del municipio para invertir en el mantenimiento de sus edificios”. La contradicción no puede ser más llamativa: se prohíbe a la comunidad musulmana el uso de las instalaciones deportivas municipales, cobrando la cuota correspondiente, mientras se conceden subvenciones a la Iglesia católica.

La Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII no puede aceptar tan estrecha y excluyente concepción de nuestra identidad cultural, que se caracteriza por una gran y rica pluralidad. En el caso que nos ocupa, la cultura musulmana ha conformado históricamente y sigue conformando hoy nuestra identidad.

Nuestra Asociación, que opta y trabaja por una sociedad intercultural, interreligiosa e interétnica en diálogo y convivencia, denuncia estas actitudes, normativas y prácticas racistas, xenófobas, islamófobas, y aporofóbicas por ser contrarias al Evangelio de Jesús, a la Doctrina Social de la Iglesia, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Constitución Española (artículos 14 y 16). Son prácticas antidemocráticas, atentan contra la libertad religiosa y la igualdad de todas las religiones ante la ley, discriminan a la comunidad musulmana y resultan contrarias al respeto al pluralismo y al diálogo y encuentro enriquecedor entre culturas, espiritualidades, sabidurías y religiones, condición necesaria para la convivencia pacífica y el desarrollo humano de nuestro país.

Junto con otras organizaciones religiosas y cívicas y con el Gobierno español, pedimos, exigimos y reclamamos al Ayuntamiento de Jumilla que retire la actual normativa, porque ha creado un problema donde no lo había. Y lo pedimos en favor de la ejemplar convivencia que viene reinando entre la plural ciudadanía étnica, cultural y religiosa jumillana; una convivencia que la institución municipal tiene la obligación cívica de promover y nunca dinamitar, como está intentando hacer con tan desafortunada y excluyente normativa.

Fuente Religión Digital

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«A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán»: PP y Vox aprueban en Jumilla prohibir celebrar fiestas islámicas en lugares públicos

viernes, 8 de agosto de 2025
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Musulmanes, en una mezquita haciendo la plegaria


Esto es puro Fascismo no sólo xenófobo y racista, sino un miserable ataque a la Libertad Religiosa que profesan muchos españoles que pagan sus impuestos y contraviene la propia Constitución Española que tanto dicen defender estos impresentables ultraderechistas de PP/VOX. No desconocen la Historia, pero odian la convivencia que Cristianismo, Islam y Judaísmo puedan revivir… Y, tristemente la verdad reside en que al PP le importa bien poco los derechos de sus ciudadanos vendiendo su dignidad por un plato de lentejas… para aprobar sus presupuestos

Para reivindicar, según Vox, «el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español«

PP y Vox han aprobado en Jumilla (Murcia) la «primera medida» en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos

La moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas fue presentada por Vox en el pleno correspondiente al mes de julio

Vox reivindicó «el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica«

Los musulmanes de Murcia tras el veto de PP y Vox a los actos islámicos en Jumilla: “Es discriminación pura y dura”

Los obispos, contra el veto del PP y Vox a las celebraciones musulmanas: «Una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas«. La CEE se une a las protestas emanadas desde la Comisión Islámica de España

El Gobierno vigilará los discursos de odio tras la moción de PP y Vox contra los actos islámicos en Jumilla

El PP de Feijóo evita cuestionar el veto a los actos islámicos en Jumilla

Historia de un blanqueo: así retocó el PP la moción de Vox contra los actos islámicos en Jumilla para poder aprobarla

(pincha en la imagen para ampliarla)

La Constitución Española dice:

Artículo 16
    1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

    2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

    3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

***

 

PP y Vox han aprobado en Jumilla (Murcia) la «primera medida» en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos. Así lo ha puesto de manifiesto Vox Murcia en un mensaje en la red social X, donde ha celebrado que Jumilla ha hecho «historia«, al ser «la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos«.

En concreto, según refleja la página web del Ayuntamiento de Jumilla, la moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas fue presentada por Vox en el pleno correspondiente al mes de julio.

Esta moción recibió una enmienda de modificación del PP que se centraba únicamente en las competencias municipales para este fin y fue aprobada con 10 votos a favor de los ‘populares‘, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE e IU-Podemos-AV.

Así, Vox reivindicó «el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica«.

Según informa ‘Siete días Jumilla‘, los socialistas apuntaron que «el Ayuntamiento debe ser de todos, al margen de creencias«, y calificaron la moción y enmienda de «xenófoba y sectaria«. Mientras, el secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha acusado al PP de «vulnerar» los valores constitucionales y poner «en riesgo» la convivencia, «solo por aferrarse al poder«. «No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles. El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder», ha indicado en un mensaje en la misma red social.

En esta misma línea, IU-Podemos-Av rechazaron la moción «por vergonzosa e ignominiosa, por racista y por fomentar discriminación y odio hacia personas por su origen«. Además, alegaron que «presenta las diferencias culturales como un problema, al tiempo que desde los barrios se trabaja para fomentar la convivencia y la interculturalidad en el municipio«.

Igualmente, el secretario de comunicación de los morados en la Región, Víctor Egío, ha calificado este acuerdo de «aberración y disparate xenófobo«. También ha recordado que «los espacios públicos son de todos: de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas y de los que se identifican con ninguna religión«.

Podemos llevará a la Fiscalía la moción

Desde Podemos llevarán a la Fiscalía «este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox«. «Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados -continuaba-, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas«. «El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista«, ha declarado Egío.

También la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha advertido de que esta decisión es «inconstitucional« y que «atenta frontalmente» contra el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. «Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir«, ha expuesto.

En este sentido, Luna ha afeado al PP que haya elegido ser «cómplice» del «fascismo«, al negociar «la dignidad» de Jumilla «a cambio de seguir gobernando a cualquier precio.» «La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario«, ha destacado.

IU-Verdes,la formación de izquierdas ha asegurado que estudiará la vía jurídica «más adecuada» para impugnar la medida por vulneración de derechos fundamentales y no descarta acudir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional «si fuera necesario«. Además, ha exigido al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno en Murcia que se posicionen «ante esta deriva claramente inconstitucional y racista«.

Por su parte, el representante de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla, Juan Agustín Carrillo Navarro, ha asegurado en un mensaje en la red social X tras la aprobación de la moción que «¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!«.

También valoró tras el pleno la defensa de las tradiciones españolas frente a la «constante ofensiva ideológica de la izquierda» por imponer costumbres ajenas. «A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del cordero«, subrayó.

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Discriminación pura y dura

Lo que ha pasado en Jumilla me parece inaceptable”, ha afirmado este miércoles Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM), para quien “prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos no es una simple decisión administrativa, es discriminación pura y dura que vulnera la Constitución y los acuerdos que el propio Estado firmó con la Comisión Islámica en 1992”.

Para Yacoubi, “hablar de actividades ajenas a la identidad del pueblo es falso y peligroso. ¿Desde cuándo se cuestiona que las procesiones de Semana Santa usen las calles? ¿Quién decide qué es la identidad del pueblo?”, ha dicho al tiempo que ha recordado que en Jumilla viven más de 1.500 musulmanes que pagan impuestos y forman parte de la comunidad. “Tienen el mismo derecho que cualquiera a usar los espacios públicos para sus celebraciones”.

La activista marroquí ha apuntado que el Islam sí forma parte de España, “negarlo es negar casi ocho siglos de historia; el legado andalusí está en nuestra cultura, lengua, arquitectura y tradiciones y pretender borrarlo es revisionismo que solo busca sembrar odio”.

Para Yacoubi, “lo más preocupante es que este tipo de decisiones no son hechos aislados, lo que vemos en Jumilla sigue una pauta que ya hemos visto en otros lugares de la Región de Murcia, como en Torre Pacheco, donde también se ensayan discursos y políticas islamófobas bajo el paraguas de una supuesta defensa de lo nuestro”. En su opinión, “es un experimento político de exclusión, un laboratorio de racismo institucional, y lo que hoy se permite en Jumilla puede ser la antesala de lo que se intente aplicar mañana en otros pueblos y ciudades de España si no se frena a tiempo”.

En la misma línea, Monir Binjilon, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), ha señalado que “los musulmanes de la Región de Murcia nos sentimos muy decepcionados”. “No entendemos cómo los políticos de este país quieren derrumbar toda la lucha por la defensa de las libertades religiosas y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución”. Para Binjilon, se está cometiendo un delito “grave”, que consiste en obstaculizar la libertad religiosa. “Solo podemos calificarlo de racismo, e islamofobia”, ha considerado.

Nos habría dado igual si se fueran a prohibir todos los símbolos y actos religiosos de todas las confesiones”, pero el foco está en el Islam, “y en nuestra comunidad”. El presidente de la FEERI ha reconocido que durante los recientes altercados en Torre Pachecho en contra de la población migrante marroquí “hemos sentido miedo, y ha sido gracias a algunas ideologías que quieren romper la sociedad y que hablan de identidad española, pero tienen realmente una crisis de identidad y no se quieren enterar de que el Islam forma una parte muy importante del legado de este país”.

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Los obispos, contra el veto del PP y Vox a las celebraciones musulmanas: «Una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas»

La CEE se une a las protestas emanadas desde la Comisión Islámica de España

No les ha gustado a los obispos españoles la prohibición que, aprobada en el Ayuntamiento murciano de Jumilla, han sacado adelante PP y Vox y que esta última formación de ultraderecha ha saludado como «la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos«.

Por eso, y uniéndose «a la postura de la Comisión Islámica de España«, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha emitido este mediodía un comunicado en el señala que «las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la  Constitución española en su artículo 16.1«, en el que se recoge que “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

«Por tanto, la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. Esto debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica. Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas«.

Para fundamentar más su postura, el comunicado episcopal recoge igualmente la Declaración de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 18 afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

«La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas«, concluye la nota de la CEE.

El Gobierno seguirá «muy de cerca» el caso

El Gobierno, por su parte, ha señalado que seguirá «muy de cerca» los discursos de odio que puedan derivarse del acuerdo adoptado en Jumilla. Por su parte, el consistorio murciano ha tratado de salir al paso de la polémica que se ha montado, y que tiene lugar pocos días después de los actos xenófobos en la también localidad murciana de Torre Pacheco, señalando que de lo que se trata, en definitiva, es de limitar el uso de las instalaciones deportivas a todo el mundo: «Esto no va ni de religión ni de nacionalidad«. Aunque la verdad es que sí parece que vaya de ambas cosas, y así lo celebraban ayer algunos miembros de Vox.

La medida tomada por el PP y por Vox ha sido tomada con gran inquietud por la comunidad musulmana en España. Así, el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, cree que la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir celebraciones religiosas, como el fin del ramadán, en instalaciones municipales deportivas es un «paso atrás» que ha dejado «en shock» a la comunidad musulmana de la población, que lo interpreta, «más que como un ataque político, como una falta de respeto«, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

En una entrevista, Habbal sostiene que la respuesta «inteligente, madura y racional» ante decisiones de esta índole es «abrirnos más al pueblo español, sacar lo mejor que llevamos dentro, enseñar nuestra cultura, y pensar en nuestros hijos, que quieren y tienen que seguir jugando al fútbol con Pablo, Juan, Antonio…«, según reflexiona.

El presidente de la asociación UCIDE en Murcia y coordinador de la Comisión Islámica, una entidad que agrupa a las 168 comunidades islámicas censadas en esta región, asegura que las tres comunidades islámicas de Jumilla podrían celebrar sus fiestas en cualquier recinto o explanada grande, con capacidad para albergar a centenares de personas y contando siempre con licencias municipales, como ha ocurrido hasta ahora, por lo que ve un trasfondo de rechazo al migrante en una decisión que los musulmanes «no saben cómo encajar«.

Procurar «la armonía«

«Torre Pacheco está en la mente de todos, y éste no era el momento«. Habbal se pregunta qué motivos llevan a los políticos a adoptar decisiones «sin pensar en las consecuencias humanas, en el trasfondo humano de la política«, y subraya que la convivencia en Jumilla era de «mejor a mejor» con los vecinos españoles, y los responsables municipales tienen la responsabilidad de procurar «armonía» entre todas las nacionalidades.

«Igual que los españoles celebran sus misas y las procesiones de Semana Santa, queremos que nuestros hijos se sientan identificados con sus culturas, con sus fiestas, y que lo hagan de forma natural, sin complejos«, afirma el coordinador de las comunidades islámicas, que confiesa estar triste por el sentimiento de rechazo que pueden empezar a advertir los más pequeños con decisiones como la tomada en Jumilla.

Por eso, insiste en apelar a la responsabilidad para no dar más pasos atrás en la convivencia pacífica que existe desde hace décadas en la Región de Murcia, y reitera que, ante estas circunstancias, la única respuesta es «sacar lo mejor de uno mismo y abrirte a los demás para que te conozcan más y te acepten«, señala EFE.

Fuente Religión Digital/elDiario.es

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“Padre Nuestro”, por Josep Miquel Bausset

jueves, 24 de julio de 2025
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Así comienza la oración que Jesús enseñó a los apóstoles (Lc 11:1-4), cuando éstos le pidieron que les enseñara a rezar, como el Bautista lo hizo con sus discípulos.

Jesús comienza su oración llamando a Dios: Padre nuestro. No, Padre mío. Y es que el Padrenuestro es esencialmente una oración comunitaria, nunca una oración individual. Por eso decimos Padre nuestro. De aquí que de la paternidad de Dios, nace, necesariamente, la fraternidad de los unos con los otros. Porque no es posible rezar a un mismo Padre, sin que nos reconozcamos hermanos todos los que nos dirigimos al mismo Dios.

¿Cómo rezará el Padrenuestro el presidente Putin, cuando en Ucrania está masacrando a sus hermanos, hijos de un mismo Padre? Cuando está asesinando a los hijos del Padre, al cual él reza.

¿Cómo rezará el Padrenuestro (porque seguro que lo reza), el presidente Trump, cuando, por una parte juró su cargo sobre la Biblia y por la otra, está criminalizando y persiguiendo a los inmigrantes, intentado hacer deportaciones masivas de las personas que llama “ilegales” y que son hijos de un mismo Padre?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los que, a través de las redes sociales, incitan a la violencia contra los inmigrantes, hijos de un mismo Padre?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los dirigentes de la derecha española, que desprecian y señalan a los inmigrantes “irregulares” y de una manera especial a los menores no acompañados?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los grupos violentos que agreden a sus hermanos en Torre Pacheco, haciendo daño a los hijos de un mismo Padre?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los que han incendiado mezquitas (como la de Piera) o lugares de culto de los musulmanes, haciéndolo, seguramente, invocando el nombre de Dios y la “defensa” de España?

¿Cómo rezará el Padrenuestro el presidente del País Valenciano y sus consellers, que con su acción negligente durante la Dana del pasado 29 de octubre, no evitaron la muerte de 228 hermanos suyos, valencianos también, ahogados por la desidia y la parálisis de un gobierno que, de haber avisado a tiempo, habría evitado la  muerte 228 personas, hijas de un mismo Padre?

¿Cómo rezará el Padrenuestro el concejal del PP de mi pueblo, que escribió en las redes sociales: “Cada día entran ilegalmente a nuestro país personas que no vienen a sumar, vienen a hacer daño”? (Levante, 1 de julio de 2025).

Cuando rezamos el Padrenuestro estamos invocando a un mismo Padre y por eso mismo, estamos reconociendo a los demás, como a hermanos. De aquí que el Padrenuestro nos urge a la fraternidad, a descubrir en los demás a unos hermanos. No a unos enemigos, ni a unos que vienen a “hacer daño”, como dicen de sus hermanos inmigrantes, los que después “devotamente”, e hipócritamente rezan el Padrenuestro.

Decía Plauto (254-184 aC), que “el hombre es un lobo para el hombre”. Y los filósofos de la sospecha decían: “El otro es el infierno”. Los cristianos Putin, Trump, los políticos que criminalizan a los que llaman “inmigrantes irregulares”, los salvajes que incendian mezquitas o agreden a las personas “sin papeles que vienen de otros países, ¿ven a estas personas como enemigas? ¿Cómo pueden rezar el Padrenuestro, con sinceridad, despreciando y criminalizando a sus propios hermanos?

En su competición con VOX, para ver quién es más racista, el señor Feijóo ha pedido la deportación “inmediata” de cualquier inmigrante irregular que delinca. “Debemos ser contundentes”, ha expresado el señor Feijóo. (El Mundo, 16 de julio de 2025). El presidente del PP habría de empezar a ser contundente con los políticos de su partido condenados recientemente por la Audiencia de València, por fraude, prevaricación y malversación, como lo han sido dos exalcaldes del PP, uno de Enguera y otro de Requena (La Veu del País Valencià, 16 de julio de 2025). Pero claro, estos exalcaldes no eran inmigrantes y por eso el señor Feijóo no será contundente con ellos.

San Juan, en su primera carta, nos dice: “El que dice que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en la tiniebla” (1Jn 2:9). Y también: “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos” ya que “todo aquel que odia a su hermano, es un homicida” (1Jn 3:14-15).

El Padrenuestro nos evita que caigamos en la aporofobia, que como la definió la profesora Adela Cortina, es “el rechazo, la aversión, el miedo y el desprecio hacia el pobre”. Simplemente por el hecho de ser pobre, ya que el racismo (normalmente), no se manifiesta en los futbolistas que llegan de Latinoamérica o de África, que no solamente no sufren ningún rechazo, sino que son aplaudidos y admirados. Tampoco hay ningún problema con el color de la piel, con los turistas que llegan con las carteras llenas de dinero. El único problema que encuentran los racistas es con los inmigrantes pobres.

Aquellos que, llenos de odio, quieren expulsar a los inmigrantes “ilegales”, criminalizándolos, los que incendian mezquitas o los que incitan al odio y agreden a los extranjeros, demuestran su hipocresía cuando rezan el Padrenuestro, porque rezan esta oración sin reconocer como hermanos a todos los hijos de Dios. A todos éstos, más les valdría no rezar el Padrenuestro, porque odiando a sus hermanos inmigrantes, rezan hipócritamente la oración del Señor, ya que no reconocen como a hermanos a los inmigrantes que vienen a nuestro país, no a hacer daño (como dicen algunos), sino a buscar una vida más digna.

Josep Miquel Bausset

Fuente Religión Digital

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Redes Cristianas: «Si alguien sobra en este país, es Vox y su filosofía de exclusión»

sábado, 12 de julio de 2025
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«Ante las palabras infames y profundamente deshumanizadoras que Vox ha vertido contra los inmigrantes —incluyendo la amenaza de expulsar a más de 8 millones de personas que viven, trabajan, estudian y han nacido en España—, los ciudadanos y ciudadanas de este país no podemos ni debemos permanecer en silencio»

«Decir que los inmigrantes vienen a vivir de ayudas, que colapsan servicios, que amenazan nuestra identidad o seguridad, no solo es falso: es indecente»

«Este no es solo un clamor político: es un deber moral. La España que queremos no levanta muros ni propaga mentiras. La España que somos abraza, convive, defiende la justicia. No callaremos. Porque la dignidad humana está por encima de cualquier frontera o bandera. Y porque lo que está en juego no es solo el presente de los inmigrantes, sino el alma de nuestro país»

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Comunicado ‘Por la verdad, la dignidad y la convivencia’

«Hay que deportar a más de ocho millones de inmigrantes, aunque muchos hayan nacido aquí, vivan aquí o tengan hijos españoles para sustituir a la población autóctona». (Vox)

Ante las palabras infames y profundamente deshumanizadoras que Vox ha vertido contra los inmigrantes —incluyendo la amenaza de expulsar a más de 8 millones de personas que viven, trabajan, estudian y han nacido en España—, los ciudadanos y ciudadanas de este país no podemos ni debemos permanecer en silencio.

Decir que los inmigrantes vienen a vivir de ayudas, que colapsan servicios, que amenazan nuestra identidad o seguridad, no solo es falso: es indecente.

La realidad —observable y medible— desmiente esta narrativa tóxica: los inmigrantes trabajan en condiciones más duras, más precarias, y en sectores donde la población autóctona ya no quiere o puede trabajar: en el campo, en la hostelería, en el cuidado de mayores, en el transporte, en la limpieza, en la sanidad. Sostienen nuestro sistema público con su esfuerzo y con sus cotizaciones.

Además, son ellos quienes están manteniendo viva la natalidad en un país envejecido y estancado demográficamente. Son padres y madres que trabajan y crían, que aportan a nuestras aulas, a nuestros barrios, a nuestro porvenir. Y aún con todo esto, siguen siendo blanco de mentiras y odio.

Por otra parte, Vox también “exige” a la diócesis de Almería que retire su muy interesante proyecto de dedicar su seminario, ahora cerrado, a acoger y apoyar inmigrantes. Una iniciativa promovida por el Servicio Jesuita a Inmigrantes y que comenzará a funcionar el próximo mes de septiembre, con el apoyo del obispado.

¿Dónde está la ética cristiana de quienes agitan estas ideas? El Evangelio, lejos de sembrar miedo, exige hospitalidad: «Fui extranjero y me acogisteis« (Mateo 25,35). El Papa Francisco ha sido claro: “Nadie es extranjero en la casa común”. Ha condenado el racismo, el rechazo al migrante, y ha recordado que cada ser humano tiene una dignidad inalienable.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional, la protección de las personas migrantes no es un capricho: es una obligación. España ha firmado convenios que protegen sus derechos, que condenan la discriminación, que promueven la convivencia. Los derechos humanos no se negocian, no se votan, no se subordinan a encuestas ni a cálculos electorales.

¿Dónde están los obispos españoles que, con tanto ardor, defendían a Vox? ¿Por qué se callan? ¿Por qué no levantan su voz ante una clara ofensa a los más pobres y vulnerables? ¿Por qué se tolera la mentira organizada, financiada con dinero público? ¿Tenemos que seguir subvencionando a quienes mienten, dividen, insultan y socavan la democracia desde dentro? ¿Es que no hay límites, ni responsabilidad, ni decencia?

Deberían ser los obispos proféticamente valientes y alzar su voz para decir públicamente a todo el mundo que personas que rechacen a los inmigrantes no son cristianas, por mucho que quieran presumir de ello.

Exigimos a estos falsos políticos que se retracten. Que abandonen la manipulación como estrategia política. Porque en este país no sobra ningún ser humano honesto, trabajador y digno. Lo que sí sobra es el discurso del odio, el populismo que señala al débil para proteger al poderoso, la ideología del miedo y del desprecio.

Si alguien sobra en este país, es Vox y su filosofía de exclusión. Sobra su desprecio a los valores constitucionales, a la convivencia, a la verdad.

Este no es solo un clamor político: es un deber moral. La España que queremos no levanta muros ni propaga mentiras. La España que somos abraza, convive, defiende la justicia. No callaremos. Porque la dignidad humana está por encima de cualquier frontera o bandera. Y porque lo que está en juego no es solo el presente de los inmigrantes, sino el alma de nuestro país.

Desde Redes Cristianas gritamos: ¡Basta ya de odio! ¡Sí a la verdad, a la justicia y a la fraternidad!

Fuente Redes Cristianas

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Y como el miserable de Abascal dice que no lo han dicho y que mentimos todos los demás, aquí está la prueba de su racismo en boca de esta señora, nieta de militar golpista de apellido “extranjero”. Cínicos sinvergüenzas:

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El Congreso de los Diputados da los primeros pasos para considerar delito las terapias de conversión

jueves, 26 de junio de 2025
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Foto del Congreso de los Diputados, 2021.

Y los obispos como Munilla, que envió a  algunos curas a Valencia a realizar determinados “talleres”… están de los nervios… se les va el negocio:

Todos los grupos parlamentarios, excepto VOX, votan a favor de la tramitación de la norma

La proposición de ley presentada por el PSOE, pretende introducir estas prácticas en el Código Penal y considerarlas un delito que se castigue con penas de seis meses a dos años de cárcel

«Sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas o ‘coaches’ que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. (…) Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas«, sostiene el PSOE, impulsor de la medida

Tanto el BNG, como Podemos, Bildu y ERC han coincidido en calificar como «tortura» estas terapias de conversión, mientras que el PNV ha hablado de «aberración» que solo causa daño y trauma y Sumar de «prácticas que atentan contra la dignidad de las personas«

María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha indicado que la propuesta legislativa es «una auténtica aberración» para «mandar a la cárcel a personas inocentes» y supone un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa»

El Congreso de los Diputados ha admitido este martes a trámite la proposición de ley orgánica del PSOE para castigar con penas de cárcel las terapias de conversión de la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género.

La Cámara Baja comenzará a trabajar en esta norma después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, hayan votado a favor de su tramitación.

La proposición de ley pretende introducir estas prácticas en el Código Penal y considerarlas un delito que se castigue con penas de seis meses a dos años de cárcel.

El diputado socialista Víctor Gutiérrez ha denunciado que estas terapias constituyen «una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir, que es ser obligado a odiarse, ser torturado física o psicológicamente para que le arranquen su orientación o identidad de encima«.

Sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas o ‘coaches’ que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. (…) Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas«, ha sostenido el socialista en el pleno del Congreso.

Apoyo de todos los partidos, excepto Vox

Tanto el BNG, como Podemos, Bildu y ERC han coincidido en calificar como «tortura« estas terapias de conversión, mientras que el PNV ha hablado de «aberración» que solo causa daño y trauma y Sumar de «prácticas que atentan contra la dignidad de las personas«.

Desde el PP, Jaime Miguel De los Santos ha asegurado que cuando defienden los derechos del colectivo LGTBI están defendiendo los derechos de una sociedad justa: «En eso estamos todos unidos, por más que la izquierda esté empeñada en levantar muros«, ha dicho sin pizca de autocrítica cuando el único muro levantado es el de su presidenta y jefa Isabel Ayuso quien cercenó la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid permitiendo dichas terapias, lo que ha tenido que frenar el Tribunal Constitucional. Pero eso debe de ser pecata minuta para alguien conocido exclusivamente por llevar los bolsos de la esposa del expresidente Mariano Rajoy y por la violencia y grosería en sus intervenciones parlamentarias.

Por su parte, destilando una miserable LGTBIfobia, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha indicado que la propuesta legislativa es «una auténtica aberración« para «mandar a la cárcel a personas inocentes» y supone un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa.

Se contemplan penas de cárcel en determinados casos

La proposición de ley que ha sido admitida a trámite contempla penas de cárcel de seis meses a dos años para quien «aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral«.

En el caso de que la víctima sea menor de edad, se emplee la violencia o una situación de superioridad, o bien el culpable pertenezca a una organización u asociación, o bien la práctica se realice con fines lucrativos, se propone que la pena se imponga en su mitad superior.

Asimismo, plantea que la pena incluya la inhabilitación especial de tres a cinco años para las profesiones u oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.

Si la responsable de los delitos cometidos es una persona jurídica, se impondrá una multa de seis meses a dos años e incluso su disolución, la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales durante un periodo de tiempo, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.

Fuente Religión Digital/Agencias

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El esperpento del PP: La alcaldesa de Valencia pierde una votación sobre la ley ‘trans’ por ausentarse dos ediles de Vox y pretende repetirla…

martes, 3 de junio de 2025
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La alcaldesa con Carlos Mazón, Presidente de la Generalitat Valenciana alias el del  Ventorro (228 fallecidos por la DANA)

Bronca en el pleno del Ayuntamiento por la orden de la regidora de volver a votar una moción de los socialistas contra la LGTBIfobia tras el regreso de ambos socios ultra

El pleno de mayo del Ayuntamiento de Valencia ha vivido este martes momentos de tensión a cuenta de la votación de una moción, en la que el PSPV condenaba los cambios “regresivos” de PP y Vox en la ley trans valenciana, que se votaba la mañana del miércoles 28 de mayo en el Parlamento valenciano. Sorpresivamente, la iniciativa de la oposición ha salido adelante por la ausencia de dos de los cuatro concejales de Vox, que se habían salido del hemiciclo, concretamente de los investigados por delitos de odio y corrupción Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero firmes apoyos de la alcaldesa.

La moción socialista pide el compromiso del Ayuntamiento de Valencia con la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI, especialmente de las personas transexuales, y condena la “modificación regresiva de la ley trans que pretenden aprobar PP y Vox en el Parlamento autonómico” en su sesión de mañana miércoles.

Después del debate de la moción ha llegado la votación pero dos ediles de Vox se habían ausentado del hemiciclo. Cuando el PP se ha dado cuenta ya se había votado la moción socialista, que ha salido adelante por mayoría. Entonces Catalá ha ordenado repetirla con los dos ediles ya dentro de nuevo, lo que es, claramente ILEGAL. Pero los dos grupos de la oposición se han levantado de sus escaños y han ido a protestar al secretario municipal, llamando “tramposa” a la primera edil. A pesar de la bronca, Catalá ha sometido a votación la moción de Compromís, en la que también se pedía el rechazo a los cambios, pero ha decaído porque para entonces PP y Vox sí contaban con mayoría de votos.

En un momento tenso, el secretario municipal ha interrumpido el pleno para aclarar la situación y a la vuelta del receso ha descartado la votación repetida por Catalá de la moción socialista, así que se ha dado por válida.

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Monzó, ha lamentado la “actitud bochornosa y antidemocrática” de Catalá después de intentar repetir, en contra del reglamento municipal, la votación de su moción.

Votación de la moción del PSPV sobre LGTBIfobia en el pleno municipal de Valencia de este martes. (Ayuntamiento de València)

Después de un receso de 10 minutos ante las quejas de la oposición, se ha retomado el pleno donde el secretario municipal ha explicado que no se podía dar por buena la repetición y, por tanto, quedaba anulada la segunda votación. Es decir, que la moción de los socialistas que condena los cambios de la ley trans que pretende aprobar el Consell de Carlos Mazón, el del Ventorro, ha sido definitivamente aprobada por el pleno municipal.

El socialista Sanjuan ha exigido que este “intento ilegal” de repetir la votación quedase registrado en el acta del pleno. “Hoy María José Catalá ha tratado de que se repita una votación que ya había tenido lugar en el pleno y ha tratado de hacerlo porque en esa votación los socialistas exigíamos que mañana vote en contra de las enmiendas tránsfobas de Vox en su condición de diputada. Esa votación ya se había producido y como había dos miembros de su gobierno que estaban fuera, la ha perdido y ha hecho que se repitan esas votaciones de manera ilegal. Tanto es así que el secretario ha tenido que parar el pleno y ella se lo ha llevado 20 minutos a su despacho para tratar de intimidarlo”, denuncia el portavoz.

No obstante, ha continuado el responsable socialista, “esa votación ha sido válida. Y por eso mañana Catalá tendrá que decidir si respeta o no lo que su pleno le ha mandatado como alcaldesa. Si vota que no a las enmiendas tránsfobas de Vox o si va a demostrar el poco talante democrático que ha demostrado hoy, donde cuando pierde una votación trata que se repita hasta que gane. Y de hecho, ni siquiera quería que todo esto constara en el acta como hemos exigido los socialistas porque sabe que lo que ha cometido es una irregularidad y que incluso puede tener consecuencias y responsabilidades para ella”, ha finalizado.

Durante el debate de las mociones, la concejala de Compromís Luisa Notario ha lamentado que “el PP, de la mano de Vox, ha empezado la mayor campaña de recortes en derechos que tendrán consecuencias en la vida de las personas”, y ha criticado que se vaya a dejar a las personas trans “en situación de vulnerabilidad”.

Al inicio del debate de este punto, han intervenido miembros de los colectivos Lambda, Samarucs y la asociación Chrysallis, que han denunciado que la votación de la modificación de la ley de mañana en las Cortes supone “un ataque directo a los derechos de las personas trans, introduce terapias de conversión ilegales, institucionaliza el derecho a discriminar y la convierte en un apartheid trans”, han expuesto en sus intervenciones.

Fuente Agencias

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La Federación Estatal LGTBI+ denuncia el desmantelamiento de la Ley Trans Valenciana y respalda la movilización del 15 de mayo en València

miércoles, 14 de mayo de 2025
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IMG_1172La Federación alerta de que el ataque coordinado de PP y Vox en la Comunitat Valenciana es un grave retroceso en derechos fundamentales y respalda la concentración convocada por Lambda y Chrysallis frente a les Corts

Madrid, 13 de mayo de 2025. – La Federación Estatal LGTBI+ denuncia públicamente el intento de PP y Vox de modificar la Ley Trans Valenciana mediante enmiendas introducidas en la Ley de Acompañamiento, que suponen un retroceso inaceptable en derechos conquistados por las personas trans en la Comunitat Valenciana.

Estas enmiendas, que se votarán el mismo día 15 de mayo, eliminarían derechos fundamentales como el reconocimiento del género sentido de las personas trans, especialmente en el ámbito educativo, deportivo y sanitario. Además, permitirían prácticas encubiertas similares a las denominadas “terapias de conversión”, eliminarían la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación, y suprimirían herramientas clave para la protección y acompañamiento de las personas trans.

Lo que se está planteando en la Comunitat Valenciana no es una reforma técnica, es un ataque político y premeditado contra la dignidad de las personas trans. Estamos ante una operación de desmantelamiento de derechos en toda regla”, ha declarado Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Ni un paso atrás en derechos

En este sentido, la Federación muestra todo su apoyo a la concentración convocada por Lambda y Chrysallis este miércoles, 15 de mayo, a las 09:00 horas, frente a les Corts Valencianes, e invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta movilización en defensa de los derechos humanos. “Esta ofensiva legislativa no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia que busca imponer un modelo excluyente desde gobiernos autonómicos sostenidos por la ultraderecha. Hoy es València, pero estas políticas anti-derechos se están replicando en otros territorios. Por eso debemos responder desde todo el Estado”, ha añadido Iglesias.

Por ello, desde la Federación Estatal LGTBI+ exigen la retirada inmediata de las enmiendas presentadas por PP y Vox, la convocatoria urgente de los Consejos Consultivos Trans y LGTBI+ en la Comunitat Valenciana, y la comparecencia pública de la consellera Susana Camarero para rendir cuentas sobre este ataque legislativo. “No vamos a permitir que se legisle y normalice el odio. Las leyes trans y LGTBI+ son fruto de décadas de lucha y consenso social. No daremos ni un paso atrás”, ha concluido Iglesias.

Fuente FELGTBI+

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Vox abre una ofensiva contra las leyes LGTBIQ+ autonómicas en un desafío al PP

lunes, 3 de marzo de 2025
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IMG_0199El objetivo del partido de extrema derecha es que se retroceda en derechos para las personas LGTBI+, alineándose con Trump

Vox ha comenzado a presentar una serie de propuestas en siete parlamentos regionales que buscan derogar las leyes LGTBI+ y trans. Así, en comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, todas gobernadas por el PP, se han presentado seis de estas proposiciones. En Cantabria, la cámara regional, con el apoyo del PP, aprobó un veto a la participación de mujeres trans en el deporte de élite. José Antonio Fúster, portavoz de Vox, afirmó que sería interesante ver si el PP engaña a quienes les han votado.

Desde su anuncio, estas propuestas han seguido un discurso similar. Acusan a Feijóo, presidente del PP, de no cumplir con su programa electoral en Murcia, y utilizan argumentos como la protección de la infancia en Extremadura, la supuesta eliminación de las mujeres en La Rioja, y critican la ideología de género en Castilla-La Mancha. El PSOE en Castilla-La Mancha planea rechazar la propuesta, mientras se observa atentamente la reacción del PP.

La estrategia de Vox busca tensar la relación entre la dirección nacional del PP y sus líderes regionales, muchos de los cuales enfrentan dificultades para aprobar nuevos presupuestos. Por ello, su necesidad de negociar con Vox es evidente si quieren avanzar en sus cuentas.  En Murcia, Vox sugirió que su apoyo a los presupuestos dependería de eliminar la financiación de políticas para personas LGTBI+. A pesar de las críticas, el PP se opuso a derogar la ley LGTBI+, argumentando que no se alinea con las necesidades de la sociedad murciana, sino que responde a un conflicto político que pone en riesgo los derechos de las personas.

Un episodio similar se vivió en la Asamblea de Madrid, donde Vox instó a derogar la ley trans madrileña, también impulsada por el PP en 2016. A pesar de tener una mayoría absoluta, el PP se opuso, tras un intenso debate.

En España existen 19 leyes autonomicas que protegen a las personas LGTBI+, con 12 enfocadas en este colectivo y siete en la realidad trans. Las primeras normas fueron aprobadas en 2012 y la última a nivel nacional en 2022, que busca garantizar los derechos de las personas trans y LGTBI.

La diputada conservadora Mónica Lavín señaló que el PP ha alertado sobre los peligros de las leyes que consideran sectarias, incluyendo la ley trans nacional, que según afirman, desprotege a la infancia. Criticó la falta de coherencia de Vox, que sólo busca desmantelar una ley justa que ellos mismos apoyaron hace un año.

Carla Antonelli, diputada por Más Madrid, respondió con firmeza, acusando a Vox de fomentar el odio y de querer borrar a las personas trans de la sociedad. Su discurso ha resonado ampliamente, destacando que las personas trans no volverán a los márgenes.

Se espera que este tipo de polémicas y debates continúen en otros parlamentos, conforme se vayan presentando las propuestas de Vox. Durante el debate en la Asamblea de Madrid, Fúster instó a los populares a derogar la ley autonómica, insinuando que la ambición personal de Ayuso podría interferir en la promesa de Feijóo de eliminar la ley trans nacional.

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Fuente El País

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‘No es Terapia’ pide al Gobierno que las terapias de conversión conlleven una pena de cárcel de uno a cuatro años, mientras El PP de Ayuso se une a Vox y rechaza una iniciativa contra estas prácticas.

lunes, 17 de febrero de 2025
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También pide castigar con la misma pena «a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión«

El PP en la Asamblea de Madrid ha negado que se estén llevando a cabo «terapias de conversión» hacia personas del colectivo LGTBI y ha recordado que son «tortura» y están prohibidas por ley, mientras que la izquierda ha alertado de su promoción desde algunas diócesis madrileñas

La Asociación ‘No es terapia‘ ha pedido una ley para «castigar» de uno a cuatro años de cárcel la práctica de «terapias de conversión» para personas LGTBI+ y garantizar la protección de las víctimas.

Según la propuesta de la asociación, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide añadir al artículo 175 del Código Penal que la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona sea castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.

También pide castigar con la misma pena «a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión«. En el caso de que esta conductas se cometan contra menores de edad o contra personas «especialmente vulnerables«, insta a que se imponga «la pena superior en grado«.

En este sentido, según se desprende de la propuesta de proposición de ley de la asociación, las «terapias de conversión» no incluyen las prácticas y cualquier otro tipo de asesoramiento o acompañamiento que no pretenda «modificar, forzar, anular, o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual y/o de género, o la expresión de género«.

En cuanto al consentimiento de una víctima de ECOSIEG, o de sus representantes legales, esta quiere que sea «irrelevante» para la responsabilidad criminal de dicha conducta.

En el caso de que las víctimas de las «terapias de conversión» careciesen en el año anterior al de la solicitud de rentas superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, quiere que reciban una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo.

Igualmente, si la víctima tiene personas a cargo, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si esta o alguno de los familiares convivientes tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%.

Por otro lado, solicita que las administraciones públicas promuevan el acceso prioritario de las víctimas y denunciantes al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda.

En la propuesta, ‘No es terapia‘ también insta a los poderes públicos a realizar estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI. El objetivo es «profundizar en la naturaleza y el alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y registrar su evolución a lo largo del tiempo«.

En esta misma línea, pide aprobar y desarrollar «protocolos y buenas prácticas» que «faciliten la identificación temprana y garanticen la protección de las personas que puedan estar siendo sometidas a ECOSIEG o a otro tipo de violencia específica que sufren las personas LGTBI«.

Respecto a las infracciones, propone que las muy graves sean sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros. Entre estas, se encuentra la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de hasta tres años y el cese en la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un término máximo de tres años.

La Asociación prevé registrar el martes 18 de febrero la propuesta de proposición de ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Sumar, BNG, ERC y Podemos. «Este es un paso histórico para acabar con la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Hasta la fecha, a pesar de llevar casi diez años prohibidas en España las terapias de conversión a personas LGTBI, no se ha investigado ni sancionado a ninguna de todas las organizaciones que No Es Terapia documenta y denuncia. La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no fue capaz de corregir esto, sino que ha contribuido a la impunidad«, ha asegurado.

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ‘No es terapia‘, denunció en enero que en siete diócesis españolas se estaban impartiendo cursos de conversión sexual para personas LGTBI+.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad trabaja en un informe para valorar modificar el Código Penal y convertir las terapias de conversión en delito. Así lo indicó en enero después de un encuentro entre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Por otro lado, el PP en la Asamblea de Madrid ha negado que se estén llevando a cabo «terapias de conversión» hacia personas del colectivo LGTBI y ha recordado que son «tortura» y están prohibidas por ley, mientras que la izquierda ha alertado de su promoción desde algunas diócesis madrileñas.

Así lo han debatido en el seno del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde han abordado una Proposición No de Ley (PNL) de Más Madrid, que ha contado con el voto en contra de PP y Vox, en la que pedían poner a disposición de las posibles víctimas todos los recursos e instar al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para que las terapias de conversión pasen a ser delitos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Mónica Lavin ha pedido a la izquierda que no dé lecciones y ha indicado que en este asunto «no hay debate» porque las «terapias de conversión» están prohibidas en España.

«En cambio, sí son una realidad, por cierto, la ablación femenina, la venta de niñas para casarlas, el prohibirles que estudien, o el borrarles de las competiciones deportivas. Y nada de esto ocurre, ni dentro, ni por culpa de la Iglesia Católica, pero ustedes nunca tienen tiempo para denunciarlo. Saben que es falso e ilegal que con nuestra reforma de la ley trans despenalizábamos las terapias de conversión«, ha defendido.

La encargada de presentar esta propuesta de Más Madrid ha sido la diputada Jimena González, quien ha asegurado que en al menos tres diócesis de la región, Getafe, Alcalá y Madrid, están teniendo lugar «presuntamente, eventos de promoción de las terapias de conversión de los sexualidad». «Aleja cualquier sombra de dudas sobre el hecho de que estas mal llamadas terapias de conversión están sucediendo hoy, aquí«, ha asegurado.

Además, ha cargado contra lo que son «auténticas torturas destinadas a modificar o suprimir la sexualidad o la identidad de género de las personas LGTBIQ+, mediante violencia psicológica, física y médica«.

«Están sometidas a extorsiones, chantajes emocionales y amenazas por parte muchas veces de sus propios padres, que casi nunca denuncian porque denunciar que han sido sometidos a estas prácticas puede suponer denunciar a sus propios padres que les obligaron a acudir a ellas. O porque denunciar puede suponer denunciar al sacerdote que conocen desde niños«, ha trasladado.

En la misma línea, el parlamentario socialista Santiago Rivero ha criticado que los grupos de la derecha se vanaglorien de su «racismo, xenofobia y transfobia«. «En pleno siglo XXI deberíamos estar todas y todos de acuerdo, salvo los escaños que están por allá arriba, en que este tipo de prácticas son torturas. Y si estamos de acuerdo en que este tipo de prácticas son torturas, aquí se acabó el debate«, ha expresado.

Por el contrario, la diputada de Vox Belén González ha criticado que la izquierda pretenda imponer un «control total de la opinión y la anulación de cualquier alternativa que no encaje en su relato«.

«Esta iniciativa no solo evidencia su desprecio de la libertad, sino que también refleja la ausencia de empatía y compasión, la frialdad con la que ignoran el sufrimiento ajeno y la falta de humanidad en su manera de concebir el mundo. ¿Cuántas personas, en momentos de incertidumbre y confusión, habrían necesitado una mano amiga en lugar de un dogma impuesto?«, se ha preguntado.

Fuente Religión Digital

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“Vamos a seguir aquí”: Miles de personas se manifiestan en el Orgullo de Madrid en defensa de los derechos LGTBI y frente a la ofensiva ultra de PP/VOX

lunes, 8 de julio de 2024
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Masiva manifestación por los derechos LGTBI+ en Madrid: “Quieren devolvernos al armario: no lo vamos a consentir”

La manifestación ha transcurrido por el centro de Madrid en un ambiente entre festivo y reivindicativo que reclama frenar el auge de los mensajes de odio desde las aulas o el fin de la invasión israelí en Gaza

Cientos de miles de personas asistieron este sábado en Madrid a la Manifestación Estatal del Orgullo LGBTIQ+culminando una programación festiva y reivindicativa que comenzó a las 19.00 desde Atocha y recorrió el centro de la ciudad hasta Colón. Delegación del Gobierno cifra la asistencia a la marcha en 300.000 personas, mientras la organización la Madrid  la cifraba en un millón de personas.

Los convocantes reclaman una educación en diversidad como «herramienta fundamental» para combatir la LGTBIfobia y, además, han pedido el fin de la guerra en Palestina.

Lideraba el desfile una pancarta con el lema Educación, Derechos y Paz: Orgullo que transforma. La pancarta principal ha partido de la glorieta de Carlos V y ha recorrido el paseo del Prado hasta la Plaza de Colón a ritmo de ‘Las babys’, de Aitana, ‘La potra salvaje‘, de Isabel Aaiún, y ‘Yo quiero bailar’, de Sonia y Selena. Además, a la llegada de la marcha a Cibeles se han escuchado gritos de «no somos condones, ni copas ni tacones«, en alusión a la campaña del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid.

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y el colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), organizadores de la marcha, han celebrado también el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, así como el acuerdo del Ejecutivo con sindicatos y patronal para los derechos laborales del colectivo. Según la organización, en la marcha están representadas casi  un centenar de entidades sociales que luchan por los derechos del  colectivo y participan un total de 51 carrozas.

En cuanto a la participación política, a la marcha han asistido cinco ministros: la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha estado presente en la carroza que por primera vez este departamento ha llevado a la manifestación.

IMG_5992Uge Sangil y Ronny de la Cruz

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha agradecido la presencia de miembros del Gobierno en la marcha y ha aprovechado para reclamar un pacto de Estado contra los discursos de odio en las instituciones. «Nadie nunca más nos va a meter en cárceles, nadie nunca más no nos va a meter en el armario», ha afirmado Sangil, que ha hecho mención especial a personas LGTBI con discapacidad, de raza gitana o migrantes.

El Gobierno y el PP se han comprometido este sábado en la celebración de la manifestación Orgullo LGTBI a avanzar en un pacto de Estado contra los discursos de odio, una reivindicación que han vuelto a hacer las organizaciones convocantes de la marcha. Los convocantes también han arremetido contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, que han sido recurridas ante el Constitucional por el Gobierno y que han quedado en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve. Ronny de la Cruz, presidente del Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), ha subrayado que aunque hoy es un día de celebración -«celebrando ese recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de Madrid que pretenden cercenar los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI en Madrid»-, lo es también de reivindicación, para reclamar «diversidad en las aulas» y escuelas «libres de homofobia, bifobia o transfobia«.

IMG_5990Ana Redondo y Reyes Maroto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), que ha hecho hincapié en la necesidad de evitar retroceder en derechos. “Hay una ola de ultraderecha y represión que quiere devolvernos al armario. No vamos a consentirlo”, ha asegurado Redondo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado en la  manifestación del Orgullo de Madrid que en «algunas» comunidades  autónomas «se banaliza, se frivoliza con los estereotipos y se  pretende dar un paso atrás en los derechos conquistados». «Todo esto que hemos conquistado, que el Partido Socialista  orgulloso y obrero español ha avanzado, puede darse la vuelta con  facilidad. Lo estamos viendo en algunas comunidades autónomas como en  esta Madrid, en algunos ayuntamientos como este, el Ayuntamiento de  Madrid, donde se banaliza, se frivoliza con los estereotipos y se  pretende dar un paso atrás en los derechos conquistados», ha  asegurado Redondo en declaraciones a los medios antes de participar  en la manifestación del Orgullo de Madrid.  En este sentido, Redondo ha recordado el recurso de  inconstitucionalidad del Gobierno a la Comunidad de Madrid, que ha  dicho que pretende «recortar derechos» y devolver a la sociedad «a la  caverna».  «Seguiremos haciendo que esta sociedad avance en derechos,  seguiremos siendo ese referente internacional que ahora somos y que  queremos seguir siéndolo«, ha apuntado.  La titular de Igualdad ha celebrado el Orgullo y ha  reivindicado «una sociedad libre, abierta y con derechos para  todos».  «Y hoy disfrutamos de una sociedad más abierta, más libre, una  sociedad diversa. Lo diverso es lo humano y, por lo tanto, este  partido hoy se enorgullece de haber hecho un cambio muy importante  para esta sociedad», ha afirmado la ministra, quien ha recordado a figuras importantes del socialismo y los derechos LGTBI como Pedro Zerolo, cuyo retrato presidía en encuentro, y que también da nombre al espacio donde se ha celebrado. También ha habido palabras de reconocimiento por su trabajo en favor de los derechos del colectivo para el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (cuyo gobierno aprobó la ley de matrimonio igualitario, precisamente por el empeño de Zerolo) y las exministras Bibiana Aído y Leire Pajín.

IMG_5991Yolanda Díaz, Fernando Grande Marlaska, Uge Sangil y Víctor Gutiérrez

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), también presente, ha acusado a los gobiernos del PP y Vox de “atacar a las personas LGTBI+” en las comunidades donde gobiernan. “Cuando las personas LGTBI+ ganan derechos, todas, todos y todes ganamos derechos”. «Sigamos ganando derechos y libertades y que sigamos siendo una referencia en todo el mundo. Pero quiero recordar que los gobiernos del Partido Popular y de Vox están vulnerando los derechos y libertades fundamentales de las personas LGTBI, por ejemplo, en Madrid. Por tanto, es muy necesario que salgamos hoy a las calles, que recordemos que hay que seguir luchando por estos derechos y que hay que destacar que actualmente España es un país referente en el mundo en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+«

Fernando Grande-Marlaska también ha destacado que el informe sobre delitos de odio conocido esta semana muestra que en 2023 crecieron un 21%, y que los ataques en ámbitos de la orientación sexual e identidad de género son los segundos más frecuentes, por detrás del racismo y xenofobia. «Que no nos digan que está todo conseguido, mientras en una parte de España un chico o una chica no puedan expresarse con tranquilidad en su entorno laboral, familiar o social como ocurre todavía en 2024, tendremos que seguir peleando, luchando y recordando que tenemos mucho por hacer«, ha subrayado.

También ha asistido por el PSOE, el secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez y Reyes Maroto, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán; y la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño. De Podemos, acudieron Irene Montero, Ione Belarra, e Isa Serra.

El secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha reivindicado la importancia del Orgullo de Madrid, ante la » reaccionaria» y «ultraderechista«, que ha dicho que se está  viviendo en Europa. También ha lamentado la falta de apoyo del PP, «ya no solamente  con cosas simbólicas que deberían estar superadas, como desplegar una  bandera en el ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid, cosa que se  niegan a hacer rotundamente tanto Almeida como Ayuso, sino con cosas  con contenido, como ha sido el primer retroceso en material LGTBI que  no podemos olvidar, que se ha producido aquí en la Comunidad de  Madrid».

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, Reyes Maroto, ha dado la bienvenida a todas las personas que participan este sábado en la manifestación estatal Orgullo LGTBI.  «En estos días, Madrid se convierte en una ciudad de libertad, de  derechos y de diversidad. Desde el Grupo Municipal Socialista y el  PSOE de Madrid, no vamos a consentir que los gobiernos del PP, que no  nos representan, recorten derechos y libertades. Salimos a las calles  para defender a todos aquellos que no tienen voz, para decir que nos  sentimos orgullosos de nuestra ciudad y para repudiar la postura del  Partido Popular que, una vez más, ha retratado con clichés  vergonzosos al colectivo LGTBIQ+. Esto no es Madrid. Madrid es el  orgullo, la diversidad y la acogida», ha afirmado.

La portavoz ha expresado su «firme oposición» a cualquier  retroceso en derechos, señalando que la política debe representar a  todos los ciudadanos. «No vamos a consentir retrocesos, ni por parte  de la ultraderecha, ni de un Partido Popular que se abraza cada vez  más a estos movimientos reaccionarios. Hoy salimos con más fuerza que  nunca para decir que Madrid seguirá avanzando y no retrocederemos ni  un paso atrás», ha enfatizado.

En cuanto a la reciente sentencia relacionada con una agresión en  Barcelona, en la que un individuo amenazó a un joven diciendo «te voy  a hacer heterosexual a golpes«, la edil ha subrayado el respeto a las  decisiones judiciales, pero también la necesidad de un mayor amparo  para las víctimas de delitos de odio.  «Respetamos todas las sentencias, pero creemos que muchas  personas necesitan que la justicia les proteja. El incremento de  delitos de odio, como ha señalado Arcópolis, debe ser enfrentado con  leyes progresistas y una interpretación judicial que favorezca a las  víctimas», ha afirmado.

La socialista también ha llamado a las personas amenazadas o violentadas para que alcen la voz y denuncien. «Hoy es un día de  reivindicación y todos los días debemos salir con orgullo a la calle.  Las leyes que se aprueban en el Parlamento apoyan a las víctimas y  esperamos que las futuras sentencias también lo hagan. España debe  seguir siendo un ejemplo de libertad y diversidad, y la justicia debe  avanzar en esta dirección», ha finalizado.

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«Yo pertenezco a una generación en la que salir del armario fue un proceso muy complejo y complicado«, ha señalado el coordinador general de IU, Antonio Maíllo. «Salimos del armario y no queremos entrar otra vez en el armario», ha agregado, antes de advertir, de una especie de «salida inversa del armario con gente reaccionaria que no aguanta que haya otras personas que amemos y vivamos como sentimos«. El líder de IU ha asegurado además que su formación va a estar en primera línea de defensa de los derechos conquistados.

Por su parte, los ‘populares‘ han enviado una representación de la formación encabezada por la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas sociales del Partido Popular, Ana Alós, y el secretario de Cultura y portavoz de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos.

Las mujeres trans siempre han estado al pie del cañón en la lucha por la igualdad de derechos. Con el paso de los años, han ganado presencia, aunque su figura siempre ha sido marginada, machacada. En la actualidad están, para bien o para mal, en boca de todos. Cincuenta y cinco años después de los disturbios de Stonewall, una Ley Trans de por medio, distintas movilizaciones y el alzamiento de un movimiento feminista trans-excluyente, RTVE.es reflexiona con Elsa Ruiz sobre la situación actual de las mujeres trans.

España es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población LGTBIQ+, según una encuesta de IPSOS con datos de personas mayores de edad de 30 países. El inicio de la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ tuvo lugar un 28 de junio de 1969 tras los disturbios de Stonewall (Nueva York) y, desde entonces, se conmemora el Día del Orgullo en esta fecha. Con motivo de esta efeméride, en VerificaRTVE desmontamos bulos, falsedades y narrativas desinformativas que circulan en redes sociales contra las personas representadas en cada una de las siglas que conforman la comunidad LGTBIQ+.

Cuando se trata de encontrar trabajo, la formación, la experiencia o el talento pasan a un segundo plano para las personas trans. Casi la mitad ha sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo. La actitud de las empresas es crucial para un colectivo muy castigado por el paro. Algunos de ellos han hablado este sábado con nuestros compañeros del Telediario.

Las banderas, pancartas y la voz de quienes marchan hoy por el Orgullo llenan El Paseo del Prado de proclamas en favor de la diversidad y el respeto a la comunidad. Se escuchan proclamas como “Mis derechos no se negocian” o “ni en un paso atrás en los derechos trans. “Eduquemos en la paz y la diversidad Estamos aquí para que las generaciones que vienen, que  estén educadas en la diversidad y evitar lo que ocurre en la calle con ese bullying y esa discriminación a personas del colectivo”, afirma Diego, de LGTBI Castilla-La Mancha

Según la organización, en la marcha han estado representadas casi un centenar de entidades sociales que luchan por los derechos del colectivo y han participado un total de 51 carrozas.

Pasadas las 21.00, la cabecera de la marcha llegó a Colón, donde se leyó un manifiesto centrado en la educación y la implementación completa de la ley trans y la ley de Igualdad de Trato.

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«No hay orgullo sin reivindicación», han asegurado los organizadores de la manifestación al comenzar a leer el manifiesto de este año, en el que han pedido «educación«. «Levantamos la voz por una educación verdaderamente inclusiva, que sea para todas, todos y todes». También han exigido la eliminación del pin parental.

***

Con información e imágenes de RTVE, El País, El Diario y Público

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Preocupación del Observatorio LGTBI de Aragón por las Nuevas Políticas del Gobierno Autonómico PP/VOX

sábado, 1 de junio de 2024
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IMG_5031En los últimos días, se han llevado a cabo diversos actos en Aragón para combatir la LGTBIfobia, enfatizando la necesidad de educar y formar a los jóvenes. Estas agresiones, lejos de disminuir, están aumentando en algunas áreas debido a los discursos de odio que promueven especialmente sectores de la ultraderecha desde las instituciones.

El Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón ha manifestado su inquietud por el futuro de los avances logrados en la región, ahora amenazados bajo el gobierno de Jorge Azcón. Lorenzo González, director del observatorio, señaló con preocupación la incertidumbre que rodea a las leyes aragonesas trans y LGTBI aprobadas en 2018, las cuales contaron con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas presentes en las Cortes de Aragón.

González destacó tres motivos de alarma para la comunidad LGTBI en Aragón. El primero radica en las declaraciones del presidente Azcón en el parlamento, donde indicó la intención de su gobierno de modificar la ley trans aragonesa, especialmente en lo relativo a los protocolos clínicos para personas trans.

El segundo motivo de preocupación es la reciente aprobación de una Proposición no de Ley sobre la libertad de educación, promovida por Susana Gaspar (PP) y Fermín Civiac (Vox). Esta propuesta, que solo contó con el apoyo de sus respectivos grupos, aboga por la implementación del pin parental en Aragón y ha sido rechazada por el resto de los grupos parlamentarios en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes. Paralelamente, el tripartito PP-Vox-PAR no ha avanzado en el diseño y desarrollo del Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI, tal como lo exigen las leyes aragonesas.

El tercer indicio de la posible inestabilidad de las políticas LGTBI en Aragón es la ausencia de una hoja de ruta clara o un plan de acción definido para implementar la normativa vigente. Este patrón de incertidumbre recuerda a la Comunidad de Madrid, que comenzó con una postura similar durante los gobiernos de Cristina Cifuentes y, en 2023, con el gobierno de Díaz Ayuso, reformó y recortó sus propias leyes trans y LGTBI, siendo la única región en España en dar un paso atrás en este ámbito.

En conclusión, el Observatorio LGTBI de Aragón resalta la necesidad de permanecer vigilantes y activos ante las posibles modificaciones y recortes en las políticas de diversidad e inclusión que podrían revertir los avances logrados en los últimos años. La educación y la formación siguen siendo fundamentales para combatir la LGTBIfobia y proteger los derechos de la comunidad LGTBI en Aragón.

Fuente Cadena SER

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La organización ultracatólica HazteOir ha cuadruplicado sus ingresos en ocho años

viernes, 26 de abril de 2024
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IMG_428520 años de lobby ultra a lomos de particulares

La entidad, ligada según un informe de la Conferencia Episcopal a El Yunque, aumenta sus ingresos a golpe de campaña: primero contra las mujeres y el colectivo LGTBI, finalmente contra la eutanasia y la ley de Educación, y maneja ya cuatro millones al año en donaciones individuales

La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados y en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias

(elDiario.es).- HazteOir crece y crece. La organización ultracatólica y antiabortista dirigida por Ignacio Arsuaga ha cuadruplicado sus ingresos en ocho años y ya maneja cuatro millones de euros anuales, según sus propias cuentas. El grueso de la subida presupuestaria se ha dado en las aportaciones regulares que realizan sus simpatizantes, que se han multiplicado por 13 en el periodo analizado. Las puntuales solo se han más que duplicado.

El crecimiento de HazteOir –que alcanzó el culmen de su popularidad logrando sacar a centenares de miles de personas, incluidas una veintena de obispos, para protestar contra la ley del matrimonio igualitario, la reforma de la ley del Aborto o Educación para la Ciudadanía– no ha sido lineal, sostenido en el tiempo. Aunque los ingresos, tanto globales como desglosados, tienden a subir en general, no lo hacen cada ejercicio ni de manera regular

La organización se aprovechó de que el PP del exministro Jorge Fernández Díaz la declaró de utilidad pública para impulsar su crecimiento; sin embargo, que en 2019 el Gobierno socialista le quitara esa condición no pareció afectar a sus cuentas. elDiario.es se ha puesto en contacto con HazteOir para pedir detalles de las cuentas, pero no ha obtenido respuesta.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución de los ingresos va a tirones: subida fuerte en 2016 y 2017, tres ejercicios estables, subida fuerte en 2020 y otros tres años sin grandes alteraciones hasta 2022, último ejercicio del que hay cuentas y que de hecho presenta las cifras más flojas de los últimos tres.

Fuente CitizenGo. Creado con Datawrapper

Las grandes subidas económicas de HazteOir se dan cuando la organización es más agresiva, cuando se hacen visibles en protestas contra algo. En 2016 y 2017, años en los que elevó su recaudación un 61% y un 34%, respectivamente, fueron los de la campaña contra las mujeres y el colectivo LGTBI.

Una campaña que tuvo su momento álgido con los autobuses tránsfobosque empezaron paseando por Madrid y llegaron hasta Nueva York. Correlación o causalidad, entre esos dos ejercicios pasaron de ingresar 1,1 millones anuales a 2,5 millones. También empezaron a solidificar su base: la mayoría (porcentual) del incremento recaudatorio llegó por la vía de las aportaciones regulares, la gente que se queda y paga cada mes. Esta partida pasó de 15.470 euros anuales en 2015 a 579.519 euros en 2017 (una subida del 3.646%).

La campaña del autobús –que llevaba el lema “si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”– le dio proyección a HazteOir, pero también le enfrentó con el Ayuntamiento de Madrid, que la acabó prohibiendo. A partir de ahí, y coincidiendo con que perdió el favor –y la financiación para realizar actos– del PP de la Comunidad de Madrid, la organización adoptó una especie de perfil bajo, que se vio reflejado en el estancamiento de los ingresos.

El siguiente gran impulso llegó en 2020, cuando HazteOir volvió a dispararse. Ese ejercicio elevó su recaudación total un 70% hasta instalarse ya por encima de los cuatro millones anuales, de nuevo a lomos de los habituales, que triplicaron sus aportaciones mensuales. Ese fue el año en que se debatió y aprobó la Lomloe, nueva ley de Educación conocida como ley Celaá, y se empezó a hablar de la de Eutanasia, que se aprobaría al siguiente.

Buena parte de la sociedad conservadora se echó a la calle contra ambas normas de la mano del PP. En un principio arrancó como una protesta del sector educativo y familiar conservador, pero HazteOir fue fagocitando el movimiento hasta hacerse con él. De nuevo hubo autobús, esta vez contra la ministra de Educación que daba nombre a la ley, a la que compararon con Hitler.

20 años de lobby ultracatólico

HazteOir.org es una organización que funciona al estilo de los lobbies norteamericanos y que surgió en 2001 como consecuencia de los movimientos ciudadanos que pedían que se promovieran más políticas de apoyo a la familia durante el Gobierno de Aznar. Concluido este, pasó a ser, de facto, el principal grupo opositor al primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de ahí a oponerse con todo el ruido posible a las medidas más progresistas de los Gobiernos del PSOE en los últimos años.

IMG_4286Liderados por Ignacio Arsuaga (sobrino de Rodrigo Rato), la organización –actualmente subsumida dentro de la plataforma europea CitizenGo– logró aglutinar a buena parte del catolicismo más radical, convirtiéndose en un aparato de propaganda de las ideas más ultraconservadoras a lo largo de estas dos últimas décadas. Una función que, en los últimos tiempos, ha querido retomar la asociación Abogados Cristianos.

Apoyados por el cardenal Rouco Varela, HazteOir logró liderar el movimiento educativo católico en España, entrando en los círculos de liderazgo del PP, primero, y posteriormente de Vox, con una posición radical en lo tocante a la defensa de la vida, el matrimonio tradicional y contra la igualdad hombre-mujer. Las organizaciones de Arsuaga y Santiago Abascal siempre han ido de la mano. La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias cuando el partido ultra ha actuado a la manera de la “derechita cobarde”, según HO.

Fuente Religión Digital

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El Evangelio, explicado a VOX: «Ustedes no defienden el cristianismo. Ustedes van contra quienes más necesitados se encuentran de él»

lunes, 25 de marzo de 2024
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El concejal del PSOE en Madrid, Ignacio Benito, da una lección de cristianismo a la ultraderecha

«Hasta han llegado a utilizar el rosario y el crucifijo contra el resto de grupos. Seré un cristiano loco, pero para mí la cruz no es un arma, sino un camino que me acerca incluso a quienes hoy pretenden ofenderme»

«¿Quieren de verdad defender el cristianismo, señores y señoras de Vox? Lo tienen muy fácil. Condenen a esos sacerdotes ultras que han deseado la muerte del Papa Francisco. A mí, como cristiano, eso sí que me ofende porque proviene de una parte de la Iglesiaque conspira contra el sucesor de San Pedro»

«No me vengan a decir que yo, como los millones de madrileños que profesamos esta fe, estamos perseguidos. Porque un cristiano que vive rodeado de cristianos les dice que mienten. Jamás me he sentido discriminado por mi fe. Y es que, en cualquiera de las bancadas de este pleno encontrará creyentes»

Agradecemos esta propuesta de Vox porque nos permite demostrar que vivimos en mundos distintos.

No, señora Toscano. Los cristianos en este país no estamos perseguidos ni sufrimos discriminación de ningún tipo por el simple hecho de serlo.

Realizar afirmaciones como las que acaba de hacer solo responde al juego político de su partido, capaz de instrumentalizar al mismísimo Jesucristo con tal de conseguir sus espurios objetivos. Confunden deseos con realidad.

La fe de cada uno corresponde a su ámbito privado, algo que en nuestro país queda plenamente garantizado. Como lo está que podamos compartirla y expresarla públicamente. Lo que afortunadamente ya no se puede, y es lo que realmente les molesta, es imponérsela a nadie, señores y señoras de Vox. El nacionalcatolicismo, gracias a Dios, ha muerto y no va a volver.

A nadie más que a mí le importa, pero tampoco tengo problema en hacerlo público porque estoy orgulloso de ello. Yo soy cristiano, católico practicante, hasta el punto de dedicar mi tiempo libre a mi labor como catequista de niños y niñas de primera comunión. En cuanto acabe el pleno, me iré de convivencias con mi parroquia.

Por eso no me vengan a decir que yo, como los millones de madrileños que profesamos esta fe, estamos perseguidos. Porque un cristiano que vive rodeado de cristianos les dice que mienten.

Jamás me he sentido discriminado por mi fe. Y es que, en cualquiera de las bancadas de este pleno encontrará creyentes. Pero les voy a contar un secreto. Ni ustedes, ni yo, ni ninguno de ellos somos mejores personas por el simple hecho de ser católicos. Como dijo el mismo Jesús en el Sermón de la Montaña, “por sus obras le sconoceréis”.

¿Quieren de verdad defender el cristianismo, señores y señoras de Vox? Lo tienen muy fácil.

Condenen a esos sacerdotes ultras que han deseado la muerte del Papa Francisco. A mí, como cristiano, eso sí que me ofende porque proviene de una parte de la Iglesiaque conspira contra el sucesor de San Pedro.

Y con humildad les animo a acercarse a la figura de Jesucristo. Dios para quienes creemos, ejemplo de humanidad para quienes no lo hacen.

Las prostitutas, los pecadores, los enfermos, los niños… Los invisibles de su época. Éstos eran sus predilectos y se acercó a ellos pese a las miradas inquisidoras de los fariseos.

Ustedes cada pleno nos traen iniciativas contra los homosexuales, los inmigrantes, los menores no acompañados, las mujeres… Precisamente contra quienes hoy serían los favoritos de Jesucristo.

Ustedes no defienden el cristianismo. Ustedes van contra quienes más necesitados se encuentran de él.

Hasta han llegado a utilizar el rosario y el crucifijo contra el resto de grupos. Seré un cristiano loco, pero para mí la cruz no es un arma, sino un camino que me acerca incluso a quienes hoy pretenden ofenderme.

Pero bueno, queda claro que Vox es esto. A Dios rogando y con el mazo dando.

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Fuente Religión Digital

Nota que añade quien esto administra:

Como era de esperar, a fachosfera se ha enfadado y aquí una muestra de estos saduceos de tres al cuarto que, desde su supuesta pureza arcangélica lo mismo desean la muerte del Papa que nos apedrearían a “adúlteras” y “sodomitas” y vilverían a crucificar a Jesucristo. ¡Hipócritas!

Fuente Religión Digital

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‘Dios, Patria, Yunque’: las conexiones entre la sociedad secreta y la ultraderecha española, al descubierto

sábado, 16 de marzo de 2024
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IMG_3312IMG_3314Podium Podcast‘ estrena una detallada investigación sobre El Yunque en España 

‘Dios, Patria, Yunque’, el nuevo podcast conducido por el periodista especializado en la ultraderecha Miguel Ramos y que desde este lunes está disponible en todas las plataformas, producido por Podium Podcast

Se trata de una historia de algo a medio camino entre «secta, mafia y sociedad secreta» señala Ramos, que cuenta con la participación de víctimas, ex miembros de El Yunque o periodistas como Miquel González, Santiago Mata, Jesús Bastante o Álvaro Delgado, que llevan años escrutando a El yunque en España y México

Los orígenes de El Yunque en España, sus relaciones con plataformas como Hazte Oir o su vinculación con VOX y círculos de la ultraderecha mediática serán otros de los ejes del documental

«Esta secta nunca ha dudado a la hora de utilizar su poder, ya sea captando menores o fagocitando causas y movimientos religiosos», cuentan desde la productora

Uno de los fundadores de El Yunque en España, concejal de VOX en Barcelona

El silencio‘. Este es el título del primer capítulo de Dios, Patria, Yunque, el nuevo podcast conducido por el periodista especializado en la ultraderecha Miguel Ramos y que desde este lunes está disponible en todas las plataformas, producido por Podium Podcast. En cinco episodios, el programa da las claves de una red internacional que tiene un importante papel en el auge de la extrema derecha en todo el mundo.

Se trata de una historia de algo a medio camino entre «secta, mafia y sociedad secreta» señala Ramos, que cuenta con la participación de víctimas, ex miembros de El Yunque o periodistas como Miquel González, Santiago Mata, Jesús Bastante o Álvaro Delgado, que llevan años escrutando a El Yunque en España y México.

Los creyentes son las víctimas

«Esta es una historia en la que los creyentes de la religión católica son las víctimas y también los héroes que se enfrentan a esta secta», recalca el director del podcast, Eugenio Viñas. Para Miguel Ramos, Dios, Patria, Yunque es “una advertencia para el futuro”.

“No se trata solo de una secta que saca el dinero a la gente. Es una organización que está hiperfinanicada. Por eso pueden lanzar campañas millonarias y globales. Y eso les da una capacidad de influir a nivel político, afectado a la vida de toda la sociedad”, argumenta el presentador del podcast. Los orígenes de El Yunque en España, sus relaciones con plataformas como Hazte Oir o su vinculación con VOX y círculos de la ultraderecha mediática serán otros de los ejes del documental.

«Producir ‘Dios, patria, Yunque’ ha sido un trabajo muy intenso. Y también muy revelador. Leyendo, investigando y escuchando a las fuentes hemos podido confirmar que esta secta nunca ha dudado a la hora de utilizar su poder, ya sea captando menores o fagocitando causas y movimientos religiosos«, nos cuentan desde Podium Podcast.

Fuente Religión Digital

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“Ahora que las evangélicas ya somos una Religión”, por Carlos Osma.

martes, 6 de febrero de 2024
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Hooded burglar holds threats, violence in disguise generated by artificial intelligence

Imagen generada por inteligencia artificial

Del blog Homoprotestantes:

Las evangélicas españolas —ahora que somos plurinacionales— llevábamos unos años a punto de que, a quienes les hemos otorgado el honor de que nos pongan un nombre que nos dignifique —me refiero a políticos, medios de comunicación, poderes económicos y demás mandamases— nos dejaran de llamar secta y nos reconocieran como Religión —en mayúsculas para que quede claro que no somos de esas que no tienen notorio arraigo en suelo español—. Y en este 2023 por fin lo hemos conseguido. Algunes evangéliques creen que en realidad ocurrió mucho antes, concretamente en 2016, cuando Santiago Abascal bendijo a los pastores evangélicos de España asistiendo a uno de sus Desayunos de Oración anual para, según uno de sus tuits, «defender las raíces cristianas» —imagino que de España—. Pero no, por aquel entonces el ultraderechista Abascal era solo un visionario, y a nosotras todavía nos faltaba lo que hay que tener para ser una Religión respetable: alguna posibilidad de influencia, por remota que esta fuese.

Antes de continuar, y para que nadie se lleve a equívocos, aclaro que personalmente me siento arraigado en una tradición que aprendí de mi familia, y de muchas otras personas evangélicas, que me enseñaron que lo nuestro no es una Religión  —ni falta que nos hace— sino evangelio. En realidad la globalización religiosa no me interesa lo más mínimo, en lo que creo es en la globalización del evangelio, es decir: en la globalización de los derechos, la solidaridad, la misericordia, y el amor. Y la experiencia me dice que ambas globalizaciones se excluyen la una a la otra. Como decía José María Castillo:  «Evangelio y Religión son incompatibles. El enfrentamiento más claro, más fuerte, más peligroso es el enfrentamiento entre el Evangelio y la Religión». [1]

Esta tradición se ha perdido en el movimiento evangelical, que es el que lleva la voz cantante desde hace décadas dentro de la mayoría de iglesias e instituciones evangélicas del país. Ahora la ideología que triunfa es aquella que funde y confunde evangelio y Religión, el servicio con el poder.  No un evangelio al servicio de los vulnerables, sino del poder de las instituciones religiosas y de las personas que viven de ellas. El evangelio, no como un fin, sino como un medio. No para todes, sino para proteger los privilegios de unos cuantos. Y esto lo ha sabido leer mejor Vox que FEREDE [2], la AEE [3], o la inmensa mayoría de denominaciones evangélicas en España. Así que, cuando en este mes de mayo Pedro Sánchez avanzó de forma inesperada las elecciones generales, los evangélicos ya estábamos más que listos para que el PP, pero sobre todo Vox, nos dieran la bienvenida al mundo de las Religiones respetables en la gran España. Nuestros votos —aunque supusieran un pequeño porcentaje— podían decantar la balanza hacia la ultraderecha en una contienda electoral ajustadísima. Por eso, en aquel mismo mes, el por entonces portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se afanaba en decir: «Nosotros mantenemos una relación fluida con la iglesia evangélica a lo largo de todos los días». [4]   Ese «a lo largo de todos los días» pretendía marcar diferencias con la puntual relación del PP con los evangélicos españoles, que tuvo su punto álgido y vergonzoso cuando la apóstol evangélica Yadira Maestre en un acto político del PP madrileño apareció orando —yo diría más bien que berreando— por la allí presente, Isabel Díaz Ayuso, presidenta popular de la Comunidad de Madrid.

Y sí, los evangélicos españoles nos hemos dejado querer por la ultraderecha de Vox, como los estadounidenses lo hacen por Trump, o los brasileños lo hicieron por Bolsonaro. Por eso, esta semana cuando veía por televisión las manifestaciones ultras, convocadas o jaleadas por Vox delante de las sedes del PSOE, donde se gritaba «España es cristiana y no musulmana», recordaba las palabras de Rocío Monasterio —presidenta provincial de Vox en Madrid— en una entrevista a Pedro Tarquis para la revista evangelical Protestante Digital: «Para mí, los evangélicos han sido un ejemplo»[5] Que fuésemos un ejemplo para una política que hacía solo unos días habían hecho unas declaraciones nauseabundas: «Se pagan 13.000 euros al mes por mena… muchos de ellos están causando terror en los barrios», [6] probablemente hablará muy bien de nuestra Religión evangélica, pero no del evangelio. También pensaba en otra entrevista —por cierto, también de Pedro Tarquis para la misma revista evangelical— en la que Iván Espinosa de los Monteros decía que por lo que había visto en las comunidades evangélicas que conocía, quien mejor representaba los valores evangélicos era Vox. [7] Y empecé a vislumbrar esos nuevos valores de la nueva Religión evangélica, mientras veía por televisión a jóvenes manifestantes delante de las sedes del PSOE. Todos criados en familias heteropatriarcales y de ultraderecha como Dios manda, con la cara tapada con un pasamontañas, haciendo saludos nazis, y gritando: «Marlaska, maricón», «Sánchez criminal, la soga te espera». Supongo que alguno de ellos será invitado por FEREDE o el CEM algún día a uno de sus Desayunos de Oración por España.

Toda esta deriva ultraderechista de la Religión evangélica nos debería hacer reflexionar sobre cuándo perdimos de vista el evangelio, o en qué momento nos quedamos callades cuando deberíamos haber levantado la voz. Quién nos convenció de que estábamos llamadas a imponer nuestra visión del mundo al resto de la sociedad. A nosotras, herederas de aquellas que quemaron por herejes en España en el siglo XVI, o que se revelaron poniendo su vida en peligro para defender la libertad de pensamiento y religión durante la Guerra Civil y el largo periodo de la dictadura franquista. ¿Cómo es posible que ahora tengamos tanto en común con quienes les echan de menos? Sé que dentro de nuestras comunidades hay voces que están llamando a volver al evangelio, a alejarnos de la Religión, pero necesitamos más voces y que griten más alto. Aunque las plataformas de comunicación y las instituciones que nos representan estén en manos evangelicales, no todo está perdido, el evangelio ha sido siempre eso: una voz marginal que se alza contra la Religión —Católica, Evangélica, Patriarcal, del Mercado, Armamentística… — para ponerse del lado de los seres humanos, y no de las cadenas con las que esta quiere controlarlos.

Carlos Osma

NOTAS:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=grA0Ilb0pjs

[2] Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

[3] Alianza Evangélica Española.

[4] https://www.europapress.es/nacional/noticia-vox-reivindica-relacion-fluida-iglesia-evangelica-frente-interes-electoral-pp-20230328132938.html

[5] https://protestantedigital.com/teide/66557/rocio-monasterio-para-mi-los-evangelicos-han-sido-un-ejemplo

[6] https://www.europapress.es/madrid/noticia-monasterio-asegura-comunidad-pagan-13000-euros-mes-menor-extranjero-no-estamos-eso-20230414201828.html

[7] https://protestantedigital.com/teide/66808/ivan-espinosa-con-14-anos-vivi-en-eeuu-con-una-familia-evangelica

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Vox enseña su garra homófoba y quiere retirar las ayudas a Bolo-Bolo, una de las asociaciones LGTBI más antiguas de Castilla-La Mancha

martes, 2 de enero de 2024
Comentarios desactivados en Vox enseña su garra homófoba y quiere retirar las ayudas a Bolo-Bolo, una de las asociaciones LGTBI más antiguas de Castilla-La Mancha

IMG_1928Vox ha presentado una alegación al presupuesto municipal del Ayuntamiento de Toledo para el año 2024, proponiendo la retirada de las ayudas públicas a la Asociación LGTBI Bolo-Bolo de Castilla-La Mancha, una de las organizaciones más antiguas de la región con más de veinte años de trayectoria. La partida cuestionada, inicialmente señalada por Vox como 4.500 euros, aunque en realidad asciende a 3.500 euros, procede de la Concejalía de Juventud y está destinada a financiar actividades de educación no formal y ocio con el objetivo de fomentar la integración de la juventud LGTB, así como el programa ‘Toledo Entiende’.

Inés Cañizares, vicealcaldesa de Vox, ha argumentado que la intención de retirar la ayuda a Bolo-Bolo se basa en la intención de destinar esos fondos a apoyar a los comerciantes de la ciudad. A pesar de subrayar que no están en contra del colectivo LGTBI ni de la diversidad sexual, Cañizares sostiene que algunas asociaciones carecen de interés público, y privilegiarlas implica favorecer a ciertos sectores en detrimento de otros

La respuesta del presidente de la Asociación Bolo-Bolo Castilla-La Mancha, Ricardo Vicente, ha sido la de considerar la acción de Vox como un reflejo de una postura retrógrada. Vicente señala que se pusieron en contacto con representantes del Partido Popular (PP), quienes aseguraron que la alegación sería retirada, aunque sin especificar el rechazo de manera concreta. A pesar de la posible pérdida de la ayuda pública, Vicente asegura que ‘Toledo Entiende‘ se llevará a cabo el próximo año con manifestaciones y conciertos, ya sea en un espacio público o privado.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, lamenta las consecuencias de las decisiones de algunos gobiernos locales y provinciales, describiéndolas como una preocupante y dañina radicalidad en políticas de igualdad y diversidad. Simón destaca la importancia de los discursos y señala que estas acciones, como la eliminación de financiación a Bolo-Bolo y ‘Toledo Entiende‘, solo benefician a quienes promueven el odio. Concluye expresando un profundo lamento ante tales medidas.

Fuente El Diario

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La Federación Estatal LGTBI+, Triángulo y Chrysallis piden al Gobierno que implemente la Ley LGTBI+ para blindar derechos

sábado, 23 de diciembre de 2023
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El 22 de diciembre se cumple un año de la aprobación en el Congreso de la Ley Estatal LGTBI+

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Fundación Triángulo y la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans* Chrysallis defienden que, “hoy más que nunca, es necesario el despliegue completo de la Ley Estatal LGTBI+ en sus diversos aspectos, registrales, administrativos, estratégicos, educativos, sanitarios o laborales para frenar el odio”.

Así lo reivindican públicamente al Gobierno de España, las tres organizaciones que negociaron el desbloqueo de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en el primer aniversario de su aprobación en el Congreso.

Ante los intentos del Partido Popular de Feijóo y sus socios de Vox de eliminar los derechos del colectivo LGTBI+ en los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que gobiernan, las tres organizaciones impulsoras recuerdan que la legislación aprobada hoy hace un año es un límite estatal claro. “Debe reglamentarse, desarrollarse e implementarse a máximos para servir de dique de contención ante los discursos y políticas del odio que están promoviendo PP y Vox”, defienden.

Algunos ejemplos de las políticas del PP y Vox son la censura de libros y obras de teatro con contenido LGTBI+; el quitar la bandera LGTBI+ de los consistorios; la eliminación de las subvenciones a toda asociación LGTBI+ y el intento de mutilar las leyes trans y LGTBI+ de Madrid. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha eliminado de las leyes autonómicas madrileñas la educación en diversidad sexual y la formación contra el acoso escolar LGTBIfóbico; ha despenalizado las terapias de conversión contra personas trans y ha socavado la libre determinación de las personas trans que garantiza la ley estatal, especialmente en el caso de los menores.

“En la anterior legislatura luchamos para tener un dique de contención contra el odio”

A juicio de Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, “la ley estatal debe reglamentarse e implementarse a máximos, porque en la anterior legislatura luchamos para tener un dique de contención contra el odio. En la Comunidad de Madrid estamos viendo como el PP de Feijóo intenta recuperar las terapias de conversión a las personas trans y eliminar los contenidos educativos para prevenir el acoso escolar LGTBIfóbico. Pero la Ley estatal nos protege. Y si la señora Ayuso se niega a cumplirla, le pedimos al Gobierno que la haga cumplir porque nos asiste tanto la ley, como la razón contra el odio. No vamos a dar ni un paso atrás”.

Por su parte, José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo, ha indicado que “la pasada legislatura convirtió en ley estatal, con una amplia mayoría parlamentaria, la protección de los derechos de las personas LGBTI, y en especial la atención integral a las personas Trans. El Gobierno debe desplegar en esta legislatura, y en lo que competa a los gobiernos de las diferentes autonomías, una política pública ambiciosa en materia de diversidad sexual y de género. Es una cuestión de justicia social y la mejor manera de combatir los discursos de odio que proliferan desde Vox y que, de manera implícita, respaldan muchos gobiernos del PP. No todos, pero sí la mayoría.

“No existe inseguridad jurídica, ni se criminaliza a profesional alguno”

Asimismo, Encarni Bonilla, presidenta de Chrysallis ha asegurado que “la Ley 4/2023 ha sentado las bases y ha dado legitimidad a las reivindicaciones históricas sobre autodeterminación de las personas trans”. Las 14 leyes LGTBI autonómicas existentes regulan los derechos en algunas de las competencias derivadas que tienen las CCAA, principalmente en educación y sanidad.

“No es cierto que haya que adaptarlas a la ley estatal, no son el resultado de ingeniería social de género, sino del diálogo histórico entre el colectivo LGTBI y los diferentes gobiernos regionales de derechas y de izquierdas. Tampoco existe inseguridad jurídica, ni se criminaliza a profesional alguno. El Partido Popular está cayendo en una peligrosa dinámica blanqueando los discursos de odio y fomentando la violencia contra un colectivo vulnerable. Instamos al Gobierno de la nación a que actúe como garante de los derechos humanos del colectivo LGTBI, con especial atención a la infancia y la juventud trans”, ha defendido.

Fuente FELGTBI+

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Evitar la “ingeniería social” y los “excesos”: Ayuso lidera el discurso ultra que justifica los recortes en las leyes LGTBI

jueves, 23 de noviembre de 2023
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la-presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-isabel-diaz-ayuso_4_800x450El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no “confundir” la protección de las personas LGTBI con “alguna ideología” o luchar contra la “imposición de doctrinas”

Marta Borraz

Porque hay discriminación”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, defendía así la ley contra la LGTBIfobia de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscano. Era 2016, Madrid acababa de aprobar la norma, la extrema derecha no estaba en las instituciones y entonces era presidenta Cristina Cifuentes. Las cosas hoy son diferentes. Ayuso preside la comunidad y tras flirtear desde 2019 con la idea de reformar la ley para contentar a Vox, que se lo ha exigido reiteradamente, no ha sido hasta ahora, que cuenta con mayoría absoluta, cuando ha decidido iniciar el proceso.

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid acaba de registrar este viernes dos proposiciones de ley que previsiblemente se aprobarán antes de que termine el año y que modifican el paquete legislativo con el que desde 2016 cuenta la región: la conocida como ley trans y la de protección contra la LGTBIfobia. El trámite, iniciado por la vía de urgencia, ha indignado a la oposición y a los colectivos LGTBI, que se han agrupado en la plataforma Ni un paso atrás, y se concentraron este lunes (día 13 de noviembre) en la Puerta del Sol para denunciar lo que a su juicio es un “retroceso legislativo”.

El paso dado por el PP de Ayuso se convierte en el primero de los anunciados por las derechas en un contexto de aumento de poder autonómico y municipal que ha puesto al colectivo LGTBI en la diana. La diversidad tuvo un papel clave en los pactos de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones y acabó cristalizando en cuestiones como la retirada de las banderas arcoíris de los edificios municipales por exigencia de la ultraderecha, los vetos a los símbolos o la promesa de derogación o reforma de las leyes autonómicas, además de en Madrid, en Aragón o Baleares, donde aún no han iniciado el proceso.

En otras comunidades, los populares compraron el veto parental, una de las medidas estrella de la extrema derecha destinada a impedir charlas LGTBI, feministas o de educación afectivo sexual en los centros educativos y que todavía no han amagado con implantar en ningún territorio. Todo ello revestido de la retórica habitual que ha ganado fuerza en los últimos años, con la que hay quienes equiparan el avance en derechos al “adoctrinamiento ideológico” de la sociedad, especialmente de las niñas, niños y adolescentes en las aulas.

En la Región de Murcia, donde más lejos ha llegado la implantación del veto parental, el Gobierno regional, en manos de PP y Vox, eliminó las siglas LGTBI de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en enero de este año, aunque el pacto no nombra (ni para bien ni para mal) a las personas LGTBI. En la Comunitat Valenciana, el punto 29 del acuerdo que hizo presidente con el apoyo de la ultraderecha al popular Carlos Mazón se comprometía a reforzar la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas y permitir que los padres elijan la educación de sus hijos”.

La retórica de la “ideologización

Es este mismo el marco que replica la norma que está empezando a tramitar el PP madrileño para reformar la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Así, la exposición de motivos asegura que la ley, aprobada hace siete años con la abstención de los populares, contenía elementos que “podían socavar la igualdad” o “confundir” la protección de algunas personas “con alguna ideología concreta que pudiera monopolizar el debate público, el académico, los medios, las artes, y se erigiera en una visión monopolística y excluyente”.

El texto califica de “excesos” algunos preceptos y afirma que la reforma “busca evitar” que la no discriminación “se convierta en un instrumento de ‘ingeniería social’ que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales”, además de corregir aspectos que “ya sea de buena fe o motivos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’ acaban conculcando derechos fundamentales”. En el fondo, late el discurso de la “ideología de género”, que no es nuevo ni inocente, sino que lleva siendo usado internacionalmente desde principios de los 2000 por sectores ultracatólicos para socavar los derechos de las mujeres y personas LGTBI.

El Gobierno madrileño defiende, además, que las normas deben adaptarse a la Ley Trans estatal que entró en vigor el pasado mes de marzo y, según han asegurado varios miembros del Ejecutivo estos últimos días, las reformas buscan otorgar peso a los “profesionales cualificados y personas especializadas” en detrimento de los colectivos LGTBI, ya que, según ha declarado Ayuso, “se había creado un mundo paralelo para lobbies”.

Para las organizaciones LGTBI, los textos suponen un retroceso que tendrá como efecto “la desprotección e invisibilización” de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans, cree Luis Fernando Rosales, coordinador de Arcópoli. Además, la carga simbólica de la reforma la han señalado todos los colectivos. Y es que en ella se defiende que viene a “corregir” aspectos de la actual normativa que podrían “conculcar” derechos como “la libertad de expresión y de prensa, la libertad de cátedra y educativa o la presunción de inocencia”. “Lo que esconde esta narrativa es intentar convencer a la ciudadanía de que no estamos hablando de derechos humanos sino de ideología”, explica Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.

La autodeterminación, de “dudosa constitucionalidad”

Entre otras cosas, la reforma de la conocida como ley trans (Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación) elimina el concepto de identidad de género, que sustituye por “sexualidad” o “condición sexual” y también el reconocimiento del “derecho a la identidad de género libremente manifestada” que sí contempla ahora la norma.

Ya en la exposición de motivos, la reforma apunta a que la autodeterminación de género, en la que se basa la Ley Trans estatal para que las personas trans puedan modificar su sexo legal, es de “muy dudosa constitucionalidad” ya que es “ajeno a la Ciencia y al Derecho” y cuya introducción “va en detrimento de la seguridad jurídica”. Si ahora la ley trans autonómica reconoce que “en ningún caso” las personas trans deberán ser obligadas a acreditar su identidad “mediante informe médico o psicológico”, la reforma elimina esta frase para incorporar que se “tomarán en consideración los informes de los servicios médicos”.

Aunque está por ver qué efectos concretos tendrán estas modificaciones teniendo en cuenta que ahora sí ya existe un paraguas estatal, un cambio inmediato en el ámbito sanitario, que depende de las comunidades, es que los menores trans solo podrán acceder al tratamiento médico tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” y necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades mentales al mismo tiempo.

Las dos proposiciones de ley registradas paralelamente coinciden en algunos puntos: ambas derogan el régimen sancionador, por lo que en Madrid pasará a regir únicamente el estatal; eliminan el fomento de contenidos en pos del respeto a la identidad de género de los medios de comunicación y también acaban con la inversión de la carga de la prueba, una excepción común en el derecho anti discriminatorio que implica que en procedimientos civiles, administrativos o laborales, nunca penales, es la parte demandada la que debe demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad.

Para Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI, los efectos de unas y otras medidas difieren. La inversión de la carga de la prueba “fue establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional” y venía a ser “una reiteración” porque se trata “de una práctica jurisdiccional asentada” que ya está establecida en la llamada Ley Zerolo y en la Ley Trans. Lo que sí considera “más grave” es la eliminación del régimen sancionador porque la normativa estatal “fue muy tibia” en este sentido “y contempla muchas menos infracciones” contra el colectivo LGTBI.

Sin Consejo LGTBI ni centro de memoria histórica

La reforma propuesta por los populares deroga el artículo que obliga a la creación del Consejo LGTBI y del centro de memoria histórica LGTBI, además de diluir las medidas de apoyo y reconocimiento institucional y las del ámbito educativo, el preferido por la extrema derecha en su cruzada antiLGTBI. Entre otras cosas, suprime la inclusión en el currículo de contenidos en diversidad –aunque los incorpora la Ley Trans estatal– la previsión de que las bibliotecas cuenten con un fondo LGTBI o el compromiso de que los poderes públicos conmemoren el 17 de mayo como día contra la LGTBIfobia e instalen la bandera arcoíris en las sedes institucionales.

Aun así, el efecto real sobre los derechos de la población es limitado para Castro. No porque no sea “un recorte gravísimo” sobre el papel, sino porque “las leyes no se estaban implementando o lo estaban haciendo de forma incorrecta”. El abogado define el paso dado por el grupo popular como “una materialización de un incumplimiento reiterado” y muestra sus dudas sobre cómo va a convivir la nueva legislación con la Ley Trans o la Ley Zerolo porque “puede haber preceptos que entren en conflicto”. Para Sangil, es especialmente perjudicial “que se eliminen las referencias a trabajar la diversidad en las aulas” porque implicará una rebaja de estos contenidos.

En el ámbito del deporte también hay algún cambio. En línea con las reivindicaciones que un sector del feminismo contrario a la autodeterminación de género ha enarbolado en los últimos años, la reforma de la ley trans madrileña mantiene la promoción de las personas trans en igualdad en el deporte y añade “sin menoscabo de los derechos de los demás participantes, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías”, un precepto que repite en las demás medidas.

Este ha sido celebrado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una de las plataformas contrarias a la Ley Trans más activas, como un “aspecto muy positivo” así como “la limitación de las intervenciones del transactivismo en el ámbito educativo” o la “eliminación de contenidos educativos acientíficos”, pero la organización pide más y reclama, entre otras cosas, que los adolescentes menores de edad no puedan acceder a tratamientos médicos o que en las residencias de mayores u hospitales no se permita el uso de instalaciones según la identidad de género.

Fuente El Diario

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“Ni un paso atrás”: la comunidad LGTBI+ de Madrid planta cara para defender sus derechos ante la LGTBIfobia de Ayuso

jueves, 16 de noviembre de 2023
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«Nuestros derechos no se venden«: manifestantes llenan la Puerta del Sol contra la reforma de Ayuso de la ley trans y LGTBI


Ayuso señala al colectivo LGTBI+
.Por Cristina Fallarás

Ni un paso atrás” o “Los derechos trans son derechos humanos”. Son algunos de los cánticos que se han escuchado durante las protestas del colectivo LGTBI+ contra la reducción de derechos) a la comunidad —así lo aseguran los asistentes a la concentración— que prevé imponer, mediante reformas legislativas Isabel Díaz Ayuso. Durante la manifestación, que se ha ubicado en la Puerta del Sol y ha congregado a unas 1.200 personas (según cifras de la Delegación del Gobierno), los asistentes han pedido la dimisión de la presidenta popular de la Comunidad de Madrid.

En concreto, las leyes que Ayuso prevé reformar, tal y como expuso la semana pasada en la Asamblea de Madrid, son las de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación (la ley trans madrileña) por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

La concentración se ha desarrollado entre mensajes contrarios a la gestión de la líder conservadora como “DEP la libertad en la Comunidad de Madrid” o “¡Ayuso, no te queremos!”. Entre los asistentes, una treintena de asociaciones LGTBIQ+ y políticos madrileños como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre; la senadora de la misma formación Carla Antonelli; la portavoz del PSOE en el Consistorio madrileño, Reyes Maroto; o Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, que ha resumido así el momento que atraviesan, en sus palabras, los derechos LGTBI+ en Madrid: «Cuesta mucho esfuerzo conseguir avances y muy poco perderlos».

“La derogación de estos artículos, que abordan temas esenciales como la educación, la atención sanitaria, el deporte y la visibilidad, representa un ataque directo a los avances logrados en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”, han señalado desde la asociación Arcópoli y ha recogido Europa Press.

En suma, la Comunidad LGTBI+ considera un “atentado” los planes de Ayuso y así lo ha expresado en la Puerta del Sol. La explicación que dio el Partido Popular para justificar las reformas se resume, en este caso según la Agencia EFE, en dos ideas. La primera, “dar mayor claridad y seguridad jurídica” a la norma y, la segunda, eliminar algunos aspectos vigentes como “la inversión de la carga de prueba”.

El objetivo de las protestas es, tal y como ha declarado a EFE Miguel Ángel Fernández, portavoz de ‘Ni un paso atrás’, la organización que ha hecho las veces de maestra de ceremonias durante esta tarde de lunes, es «lograr que la ley no cambie». En esa línea, Íñigo Errejón (Más Madrid), que también ha hecho acto de presencia en la manifestación, ha aseverado que no se consentirá “ni un solo ataque contra las personas trans, porque si no son libres ellos, no somos libres nadie”.

Maestre, por su parte, ha vinculado las reformas de las leyes LGTBI+ y trans que emprenderá, salvo sorpresa, Ayuso con las que se están llevando a cabo en contra de la ley de amnistía y en las que están participando grupos de extrema derecha. «No es una casualidad”, ha sentenciado. Al contrario, la política cree que responden “al programa político de la derecha, el programa del odio”.

Reclaman al Defensor del Pueblo y a Sánchez

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha avanzado que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a Más Madrid y al PSOE para que presenten un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la “derogación” de la Ley Trans en la Comunidad de Madrid.

Su propuesta va en contra de un colectivo vulnerable. Me parece ya descabellado porque ella está obligada a cumplir y a implementar la ley trans. Hoy venimos a decirle públicamente que nos va a tener enfrente y que usaremos todas las herramientas jurídicas que tendremos para contestarla”, ha subrayado Cambrollé.

La derogación de Ayuso de la ley trans: un guiño a la ultraderecha más que una reforma legal real

La propuesta de ley deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.Por María Martínez Collado

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado la derogación parcial de la ley transy la ley de protección integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid. Aprovechando el ruido mediático que ha generado la ley de amnistía, la presidenta autonómica presentó el pasado viernes ambas proposiciones de ley que suponen profundizar en la vulneración de los derechos del colectivo en la región.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar la supresión de varios artículos de las normas vigentes por la vía de urgencia, con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Cabe recordar que ambas leyes fueron aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y que Vox llevaba pidiendo su derogación desde 2019. Ahora, sin requerir ya del apoyo de la extrema derecha, Ayuso hará efectiva su promesa electoral de la que hizo bandera en la campaña del pasado 28M.

En concreto, la proposición para modificar la ley trans elimina la prohibición de las terapias de conversión para las personas trans y establece que para que un menor trans pueda iniciar su tratamiento debe disponer de un informe médico. Esto es, deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.

Por otra parte, la modificación de la ley LGTB+ suprime todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación y elimina el plan contra el acoso en los centros educativos, así como el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+.

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por Público aseguran que “en ningún caso es una reforma necesaria” para adecuarse a la Ley 4/2023 para la igualdad trans y LGTB+, “por supuesto nada urgente, y, de facto, va a tener poca incidencia real”. “Lo que la presidenta no dice en su anuncio es que la mayoría de las cuestiones que suprime son ya de obligado cumplimiento e implementación por parte de las comunidades, tengan estas o no sus propias leyes” porque están legisladas en la ley trans estatal, insisten desde el gabinete que dirige Irene Montero.

Una ley de ámbito autonómico puede ir más allá y facilitar el desarrollo de la estatal, pero determinadas cuestiones que pretende entorpecer (el ámbito educativo sería, tal vez, el más significativo) queda meridianamente claro que deben ser cumplidas por su Gobierno. No deja de ser una operación propagandística en la que utiliza a uno de los sectores más vulnerados de la sociedad que nada tiene que ver con los intereses de la comunidad que preside”, añaden en Igualdad.

Desde la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé advierte en declaraciones para Público de que la propuesta de Ayuso es “antagónica”, no solo a los principios de la ley estatal, sino también a los “dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 2018 aprobó su despatologización”, las directrices de la Asociación Americana de Psiquiatría o el marco de la Unión Europea.

Querer seguir imponiendo las terapias de conversión es algo monstruoso, una tortura, es inconstitucional y ellos deben saberlo. Todo esto no deja de ser una provocación más de una señora con delirios fascistas que no se decide entre la moderación o mimetizarse con el discurso de la ultraderecha”, ha criticado Cambrollé.

Tras conocer sus intenciones, la Plataforma Trans ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que intentará “por todas las vías defender los derechos humanos”. A este respecto, Cambrollé hace una llamada al Gobierno, a la Asamblea de Madrid y al Defensor del Pueblo para que, una vez aprobado el nuevo marco legal, presenten un recurso de inconstitucionalidad.

“Vamos a escribir a cada institución que pueda frenar este retroceso que nos puede trasladar a los peores tiempos del franquismo. Asimismo, vamos a pedir amparo en el Consejo de Europa y vamos a hablar con organizaciones internacionales como Human Rights Watch”, ha declarado la activista.

En la misma línea, Carla Antonelli ha explicado que desde Más Madrid tomarán todas las medidas legales” que estén en su mano. “Es un acto de cobardía, de populismo, donde se ensaña con los más débiles. Se puede meter con gente de su tamaño, no con los niños y niñas trans, con personas trans discriminadas, ha expresado.

¿Cómo afectará al día a día de las personas trans?

Teniendo en cuenta que existe el amparo de la ley trans estatal, la pregunta que ahora se nos sugiere es en qué medida puede una ley autonómica oponerse a esta. Y, sobre todo, cómo afectará a la cotidianidad de las personas trans y LGTB+. Saúl Castro, abogado especialista en derechos LGTB+, advierte de que es una cuestión compleja sobre la que “conviene tener en cuenta el contexto del que venimos. A su juicio, el plan de Ayuso es «la confirmación de una discriminación, de unos principios, que ya venían siendo aplicados en la Comunidad de Madrid».

Así, por ejemplo, respecto a las terapias de conversión, Castro señala que, aunque lleven prohibidas desde 2016, hasta ahora “el Gobierno autonómico deliberadamente no ha sancionado ninguna de estas de estas prácticas, a pesar de que se pueden haber interpuesto en torno a una quincena de denuncias”.

En cualquier caso, “las terapias de conversión están tipificadas en la ley trans estatal como una infracción administrativa y en todo lo que no regule la normativa autonómica sí que se debe aplicar la regulación de la normativa estatal”, apunta Castro. Por lo que, de excluirse de la normativa específica de Madrid, como se prevé, “en teoría siguen estando prohibidas de forma genérica por la ley trans marco. Así que no debería de haber mayor problema”.

Si se atiende a la vuelta de la patologización, Castro insiste en que “en la Comunidad de Madrid se seguía sometiendo a este tipo de requisitos, de informes y de diagnósticos” a las personas trans que querían iniciar un tratamiento, pese a lo que establecía la ley aprobada con Cifuentes. “Ahora va a ocurrir lo mismo, pero lo dejan por escrito. Materialmente, nada va a cambiar”, lamenta.

De aquí en adelante, si no mueven ficha el Gobierno, los diputados o el Defensor del Pueblo denunciando la situación ante el Tribunal Constitucional, explica Casto, serán las propias familias, los propios menores, quienes tengan que ocuparse de interponer un recurso administrativo, con el gasto y proceso que ello implica, para demostrar que estas derogaciones son contrarias a la ley estatal y poder ejercer sus derechos. “Tal y como ya pasaba”, dice.

Lo mismo ocurre con el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+. “Llevamos siete años con unas leyes que sobre el papel sonaban muy bien, pero no se han aplicado. Esto es pues eso lo que decías antes una confirmación de que esa inactividad no ha supuesto nada”, argumenta el abogado.

En cuanto a otro de los puntos que más preocupan, la eliminación de la inversión de la carga de la prueba (que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia), el jurista sostiene que se trata de un principio “reconocido por el Tribunal Constitucional de manera uniforme y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que es como se tiene que proceder en los casos en los que existe cualquier tipo de discriminación”.

A su vez, en España esta acepción está reglada por las Leyes procesales y reguladores de Procedimientos Administrativos y por la llamada ley Zerolo. Por lo que “el hecho de que se elimine el artículo en el que se establece la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos incoados sobre la base de la ley LGTBI madrileña no va a tener ningún efecto porque esto se regula por leyes estatales”, afirma el experto.

Fuente Agencias/Público

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El PP de Ayuso registra una ley que deroga los derechos de las personas trans y LGTBI en Madrid

sábado, 11 de noviembre de 2023
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IMG_3764La proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. La norma, registrada este viernes, se tramitará por la vía de urgencia para que esté aprobadas antes de que finalice el año sin que la oposición pueda presentar enmiendas

 

Isabel Díaz Ayuso ya lo avisó cuando fue investida presidenta el pasado mes de junio: una de sus primeras medidas en la nueva legislatura sería modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes. El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado este viernes dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual  en la Comunidad de Madrid, que de facto supone recortar los derechos para el colectivo. Desde Más Madrid lo califican de “retroceso legislativo”.

En concreto, la proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. Además, se suprime el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios y se elimina la formación del profesorado y los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI. También desparece el consejo LGBTI.

La ley se aprobará por la vía de urgencia con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Este mecanismo impide que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas a la norma. La tramitación de urgencia responde, aseguran desde el grupo popular, a la necesidad de “adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos”.

La realidad, sin embargo, es que con la modificación se recortan derechos. Entre otros objetivos, las modificaciones en la ley trans buscan “corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’, que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución”.

En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la ‘discriminación por error’, que, explican, es una variante de facto de la “falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes”. “Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de ‘autodeterminación de género’, ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera”, indica el texto.

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha–.

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha acusado este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de “meter por la puerta de atrás” la “derogación” de la Ley Trans y ha advertido que las modificaciones que pretende el PP en la región supone “el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas”.

“Una reforma que le quita los derechos a las personas trans, que les quita el reconocimiento y que además las patologiza”, ha recalcado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, y todo ello, ha lamentado García, “en un contexto de auge de los ataques a las personas trans”.

La portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “allanar el terreno a los comportamientos violentos” con una reforma “que es de facto una derogación camuflada”. “Supone un retroceso y sobre todo va a suponer la primera vez en décadas que la Comunidad de Madrid va hacia atrás, va atrás en el reconocimiento legislativo de las personas trans y las personas LGTBI”, ha defendido.

También ha salido a criticar la proposición de ley la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la normativa estatal. “Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley”, ha apuntado la ministra.

La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a la medida del PP de Madrid asegurando que en las elecciones generales del 23 de julio “la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos”. “Es nuestro compromiso defenderla. Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España”, ha avisado Díaz.

«El PP vuelve a situarse en la historia del lado de la LGTBIfobia. Son peores que Vox», ha señalado Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, a través de sus redes sociales. «Necesitamos defender nuestros derechos de esta ofensiva que nos quiere volver a llevar a los armarios. Tienen cero legitimidad para hablar de igualdad», ha agregado.

La mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara de la Asamblea garantiza que ambas iniciativas de reforma prosperen. Cuando lo hagan, la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como ley LGTBI, pasará a llamarse formalmente ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid. Mientras, la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid será llamará ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid.

A continuación se indican las principales modificaciones, en formato de derogación, que plantean en el texto registrado por los populares para ambas leyes:

Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación

– Deroga el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género.

 – Elimina la protección de documentación administrativa en la que rezaba la seguridad de que «en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad de Madrid, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género».

– Se quita de la norma que el contenido educativo contemple la no discriminación por la identidad y expresión de género, y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso, con la derogación del artículo 24.

– Los medios de comunicación de titularidad autonómica ya no tendrán que fomentar «la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la identidad y expresión de género».

– Se elimina la evaluación de impacto de las normas del Ejecutivo sobre la identidad de género y la inversión de la carga de la prueba.

Ley 3/2016, de Protección integral contra la LGTBIfobia y Ley Protección contra al LGTBIFobia

– La norma pasa a denominarse «Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid”

– Se deroga la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid y se elimina la contribución de las instituciones y los poderes públicos madrileños a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid.

– También se eliminan todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación, al igual que a la revisión de currículos educativos.

– Las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI.

Fuente Agencias

 

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , ,

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