El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha presentado el que es su primer informe anual, correspondiente a 2016. Un año durante el cual esta entidad recogió un total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, un número considerablemente mayor al registrado en las cifras oficiales. Unos datos que demuestran la discordancia existente entre la LGTBfobia real y la denunciada por los cauces oficiales, una realidad sobre la que las personas LGTB tenemos certeza en base a nuestra experiencia subjetiva pero que ahora queda confirmada. No es de extrañar, en todo caso: incluso entre los 240 casos reportados por el Observatorio, solo se denunciaron 59.

El informe, de 181 páginas, fue presentado el jueves 16 de febrero por sus responsables en un acto que contó con la presencia, entre otras personalidades políticas, del concejal de Ahora Madrid y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, Mauricio Valiente; de la también concejala y portavoz del grupo municipal socialista Purificación Causapié y del subdelegado del Gobierno en Madrid, Luis Martínez-Sicluna, además de diversos alcaldes de municipios madrileños.  Es un documento, en cualquier caso, accesible para todos, que puedes descargar en formato PDF desde la página web del Observatorio, algunos de cuyos datos más interesantes pasamos a desgranar.

Respecto a la tipología de los incidentes, el mayor porcentaje corresponde a agresiones verbales (77). Les siguen agresiones físicas (59, siendo seis de ellas calificadas como “muy graves”); amenazas (31), incidentes relacionados con el discurso de odio (25, incluyendo expresiones discriminatorias e incitaciones al odio en internet y redes sociales), acoso (20), humillaciones (10), pintadas (4), expulsiones de locales (4) y agresión sexual (1), además de otros 10 casos variados clasificados como “otros” (abuso de autoridad, mala praxis, prohibición de educación en diversidad sexual en un colegio, rechazo a la bandera arcoíris, provocaciones o incidente en el transporte público).

Muy importante: de los 240 incidentes registrados, solo 59 fueron denunciados. Sobre todo fueron denunciadas las agresiones físicas, pero incluso en este caso las denuncias ni siquieran cubrieron la mitad de los casos: solo fueron denunciadas 26. Las agresiones verbales y las amenazas, de hecho, apenas si sumaron denuncias.

Gais entre 25 y 29 años, víctima “tipo”

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas (un total de 316 personas), la mayor parte fueron hombres gais o percibidos como tales (224), seguido de mujeres lesbianas o percibidas como tales (42), personas transexuales (40, 34 mujeres y 6 hombres), personas bisexuales (6, 4 mujeres y 2 hombres) y personas heterosexuales (4, 2 hombres y 2 mujeres). Por edades, el intervalo con mayor número de víctimas es el de 25 a 29 años (109), seguido del de 20 a 24 (78). El informe, en este caso, admite la posibilidad de que haya un sesgo de edad en la utilización y conocimiento del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: dada su mayor publicidad en redes sociales, podría estar llegando más a la franja de edad juvenil, enmascarando los casos de personas mayores de 30 años. “También es cierto que las personas LGTB menores de 30 años son en general más visibles, y por tanto tienen más posibilidades de ser identificadas por los potenciales agresores”, explica.

Por lo que se refiere a los agresores, durante el año 2016 el Observatorio ha tenido constancia de 352 agresores (el 93% hombres). Con respecto a su edad, se tiene constancia en 291 casos. La mayoría se encuentra en el rango de 25 a 29 años (159), seguido del de 30 a 39 años (62). Nueve agresores de cuya edad se tiene constacia eran menores de edad. Un dato interesante que arroja el informe es que en el caso de los agresores mayores de 40 años se aprecia una mayor relación personal con la víctima, ya sean familiares, vecinos o incluso superiores en el ámbito laboral, educativo o universitario.

La capital, la que más incidentes registra

Por lo que se refiere a aquellos incidentes en los que es posible atribuir una localización geográfica concreta, la mayor parte han tenido lugar en el municipio de Madrid (185), a grandísima distancia de Fuenlabrada y Parla (3 incidentes cada uno); Leganés, Alcalá de Henares y Getafe (2 incidentes cada uno) y Galapagar, Villanueva de la Cañada, San Sebastián de los Reyes, Torres de la Alameda, Villaviciosa de Odón, San Fernando de Henares, Humanes, Coslada, Aljavir, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones y Ciempozuelos (un incidente por localidad).

Ya en el municipio de Madrid, los distritos de Centro y Moncloa-Aravaca concentran la mayor parte de las agresiones registradas (72 y 23, respectivamente) seguidos de Retiro (12 casos). El informe atribuye esta distribución al hecho de que Centro y Moncloa-Aravaca (especialmente la zona universitaria) sean los dos distritos con mayor visibilidad de las personas LGTB. De hecho, una gran parte de los hechos registrados tuvieron lugar en los alrededores de Chueca (distrito Centro) y cerca de pubs o discotecas dirigidas a clientes LGTB.

Discordancia con los datos oficiales

Más allá de los datos brutos, lo cierto es que el dato recogido por el Observatorio es claramente superior a los datos históricos que ofrece el Ministerio de Interior. A falta de conocer los datos oficiales de 2016, en 2015 los datos del Ministerio solo recogieron 19 agresiones en la Comunidad de Madrid. Aún teniendo en cuenta las diferencias metodológicas, la discordancia es muy grande. El propio Observatorio cree que en 2016 se repetirá esa discordancia. “El dato que figura según el registro del Observatorio de 58 denuncias probablemente no quede reflejado en el próximo informe del Ministerio, porque en algunos casos la motivación LGTBfoba de la agresión no ha quedado bien registrada en la denuncia, y en otros se ha interpuesto en policías municipales, datos que el Ministerio aún no recoge”, asegura el informe. “En España el caso del Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya (Comunidad con una población similar a la de Madrid aunque más dispersa) es significativo porque el primer año que se puso en marcha los resultados fueron análogos (223 casos), salvando las distancias temporales”, añade.

Aún así, el Observatorio está seguro que sus propios datos son incompletos y pueden suponer “en torno al 10% de las incidencias que realmente se están produciendo en la sociedad madrileña”. Por un lado hay razones organizativas, pero por otro existe el convencimiento de que hay una serie de agresiones que de forma estructural no se denuncian o se denuncian poco. Es el caso, por ejemplo, de la discriminación tránsfoba. “Varias personas transexuales han trasladado la idea de que si cada vez que reciben un insulto o una amenaza tuvieran que contactar, estarían haciéndolo todo el día: se normaliza la violencia. De igual modo, se nos ha trasladado que hay personas transexuales que directamente evitan algunas calles y barrios para no sufrir incidentes (…) También en ocasiones se niegan a coger el metro para no encontrarse en un espacio cerrado y sin vigilancia con alguien que puedan interpretar como potencial agresor. De igual modo el colectivo de personas transexuales que ejercen la prostitución, aunque ha contactado varias veces con el servicio, sigue sin contar la violencia que sufre”, explica el informe.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros muchos colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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Veintiocho meses de cárcel para Jamie Shaw, un individuo que orinó sobre una pareja de lesbianas antes de golpearlas en lo que se ha considerado como un crimen de odio.

Fuente Mirror, vía Universogay

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Seguro que a todos os ha pasado: estáis en un restaurante, en una biblioteca o en el metro y veis a una pareja en actitud cariñosa. Un arrumaco, una caricia, un beso, unos preliminares en toda regla… Actitudes que en una pareja heterosexual se consienten -exhibicionismo y mal gusto aparte – , pero que cuando se trata de una pareja de personas del mismo sexo, es poco menos que invocar al diablo sacrificando un feto. Y es exactamente lo que les ha pasado a una pareja de chicas adolescentes mientras se encontraban en un McDonalds, que han sido expulsadas por besarse.

Les sucedió a Kristeen Ferenczi de 16 años y su novia de 17 años mientras estaban con un familiar comiendo en un McDonalds de la ciudad inglesa de Manchester. Así lo cuentan:

Besé a mi novia en la mejilla, entonces se acercó la persona que estaba limpiando y nos dijo que nuestro comportamiento era inadecuado y que nos fuéramos

Atónitas por la situación, fueron a quejarse a los responsables del establecimiento de comida rápida, que se lavaron las manos – pero no de forma literal – asegurándoles que si volvía a ocurrir, le darían un toque de atención a la limpiadora. Porque claro, seguro que muchas personas homosexuales se prestan a acudir a un local homófobo para ser faltadas al respeto.

Tras esta indiferencia, ambas presentaron una queja forma y entonces sí, cuando ha llegado a los medios, el local ha declarado tomar la queja muy en serio y se ha disculpado, asegurando que están investigando el suceso.

Estas cosas te hacen pensar si además de realizar campañas publicitarias tolerantes e inclusivas para aumentar su clientela, las empresas realizan algún tipo de training en cuanto a atención al cliente de forma efectiva, si bien la tolerancia y el respeto se debería traer de casa.

Vía | PinkNews, vía AmbienteG

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Más de cien mil firmas, recogidas a través de la plataforma change.org, han sido entregadas este lunes en la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia para pedir que Lennon, el tercer hijo de María José Torres y Brenda Kelleher, pueda ser inscrito como hijo de ambas. Algo que el Registro Civil de Denia se ha negado a hacer si Brenda no demuestra cómo se quedó embarazada. Una petición que jamás se hace a parejas de distinto sexo a la hora de inscribir a sus hijos.

Ya en octubre recogíamos la historia. Lennon, tercer hijo del matrimonio formado por María José y Brenda, nació el 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad, motivo por el cual han recurrido la negativa.

La unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está, en este momento, partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja, por supuesto, se ha negado en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les propusieron si no presentaban la documentación que acredite que Brenda se sometió a reproducción asistida.

La situación es kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Se trata, pura y simplemente, de un ejercicio de discriminación por razón de orientación sexual. Ejercida en este caso, además, sobre un matrimonio, algo dificil de entender si se tiene en cuenta que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”.

Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha la petición en change.org, que ya ha conseguido el respaldo de más de 100.000 firmas, que esta mañana han presentado ante la Dirección General de Registros y Notariado junto a representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que las están respaldando en el proceso. Esperamos que se resuelva pronto su caso y se marquen, de una vez por todas, unas directrices claras, no discriminatorias y de obligado cumplimiento para el registro de los hijos de familias homoparentales por parte de jueces y funcionarios, con independencia de sus opiniones o creencias.

Os dejamos con un vídeo, en el que la propia familia de María José y Brenda explica su historia:

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Kristina fue a hacerse un análisis de sangre y descubrió que en su historial médico constaba su “lesbianismo” en la lista de “problemas médicos”.

Cuando Kristina Rodriguez fue a su centro médico, el Lake Park Family Practice de Indian Trail en Carolina del Norte, a hacerse un análisis de sangre tuvo la oportunidad de ver su historial médico. Y cuando estaba allí mirando a ver qué cosas tenía, descubrió algo que la dejó con la boca abierta. Según su médico, entre sus varios problemas de salud, estaba el de ser lesbiana.

“Supongo que mi lesbianismo ahora siempre estará documentado. Tal vez puedo llamar al trabajo y coger la baja. No estoy segura“, explica Kristina.

Así que se quejó a su médico y a la dirección del Sistema de Salud del Estado. La respuesta fue rara, siniestra, extraña y oscura: el “lesbianismo” estaba en su listado de problemas para protegerla en el futuro y que nadie la ofenda. En un comunicado, el Sistema de Salud explica que los médicos están trabajando para “comprender mejor la forma adecuada de incluir información de cada paciente de la forma más sensible y respetuosa“. Señalan además que su forma de mejorar es guiándose por los consejos de la Human Rights Campaign, además de reconocer que la orientación sexual no es un diagnóstico clínico, que van a investigar el tema y esforzarse mucho, mucho, mucho para que los doctores puedan recopilar la información de los pacientes sin ofenderles.

El médico de Kristina, por ejemplo, es tan moderno y respetuoso que le propuso quitar el “lesbianismo” de su lista de “problemas” y añadirlo como una nota al final del informe. “Que esto esté en el historial como problema médico puede provocar rechazo en mucha gente, perjudicar su autoestima y hacer que algunos crean que hay algo malo en ellos“, ha explicado Kristina.

Para la chica, eso sí, el comunicado emitido por las autoridades sobre su caso le parece sincero. Un portavoz del Sistema de Salud le ha explicado que lo de añadir que es lesbiana en un historial se hace únicamente para que, por ejemplo, nadie se refiera a su pareja como su “marido“; pero a Kristina no le parece necesaria ponerle la etiqueta porque “estamos en 2017, es muy normal que la gente tenga una pareja del mismo sexo“.

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Importante condena por acoso lesbófobo en Chile, según informa el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Una sentencia judicial condena al Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes por el acoso reiterado y el trato denigrante a su empleada Lorena Rivera. Ha sido condenado a una indemnización y a seguir cursos de capacitación en derechos humanos.

La abogada Lorena Rivera comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CNCA) en diciembre de 2012, prestando servicios de asesoría legal. A partir de 2014, tras conocerse que era pareja de otra mujer, comenzó a ser víctima de rumores malintencionados, chistes sobre su orientación sexual y acoso lesbófobo. Las principales instigadoras fueron la coordinadora de Ciudadanía Cultural del CNCA, María Carolina Sepúlveda, que llegó a exigirle a Rivera que reconociese su orientacion sexual, y la directora regional del organismo, Mariana Elisa Deisler.

El acoso se prolongó durante 2015 y 2016, extendiéndose además a la pareja de la denunciante, produciéndole un cuadro de estrés que desembocó en una depresión severa por la que tuvo que seguir tratamiento.

La sentencia ahora emitida por el Juzgado de Letra del Trabajo de Talca, tras valorar los hechos, considera que el CNCA “toleró y permitió conductas de acoso laboral que provocaron una consecuencia negativa en la integridad” contra Rivera. Por todo ello, ha condenado al CNCA a pagar una indemnización de 13.920.048 pesos, más otros 8.506.696 pesos por término de contrato injustificado, 55.555 por vacaciones y 2.000.000 por las costas del proceso. Un total de 24.482.299 pesos (cerca de 35.000 euros). Además, la sentencia obliga al CNCA a publicar en un local y en un tablón de anuncios que vulneró la honra e integridad de la trabajadora, asi como a “capacitar a todos los funcionarios (…) en Derechos Fundamentales dentro de la empresa y el sector público, con un curso de a lo menos 12 horas pedagógicas dictadas por una universidad acreditada”.

Desde el MOVILH han valorado muy positivamente el fallo, así como “la valentía de Lorena para hacer justicia”, aunque este colectivo considera que la directora regional del CNCA, Mariana Elisa Deisler, “debe explicaciones a todo el país por lo sucedido, así como excusas a la afectada”. “Dado que el CNCA se mantuvo firme en restarle relevancia al daño causado a la trabajadora, pues negó los hechos en tribunales, lo que corresponde ahora es que Deisler renuncie, al igual que la principal responsables de los acosos homofóbicos, la coordinadora de Ciudadanía Cultural del CNCA, María Carolina Sepúlveda”, añaden desde este colectivo.

Fuente MOVILH

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Las sobrinas de Elizabeth Ramírez la denunciaron a ella y a tres de sus amigas lesbianas por abuso sexual. Furon conocidas como «Las cuatro de San Antonio» y condenadas con sentencias de 15 y 37 años de cárcel por un crimen que no habían cometido sólo por no tener la posibilidad de defenderse al ser pobres, lesbianas y latinoamericanas.

Acusadas en 1994 de violar y amenazar con armas de fuego a dos menores de origen mexicano, Elizabeth Ramírez, Krsite Mayhugh, Anna Vásquez y Cassandra Rivera, conocidas como «Las cuatro de San Antonio», fueron condenadas a 37 años de cárcel cunado tenían entre 19 y 22 años de edad, por un crimen que siempre habían sostenido que no habían cometido, así como que les habían condenado por ser pobres, lesbianas y latinoamericanas. El pasado 23 de noviembre, el Tribunal de apelaciones de Texas les daba la razón, declarándolas inocentes y exonerándolas de todos los cargos después de haber cumplido 17 años de prisión.

Las cuatro de San Antonio fueron acusadas por dos sobrinas de Ramírez, de 7 y 9 años de edad, quienes aseguraban que las habían atado y violado mientras las apuntaban con una pistola en la cabeza, así como que les habían amenazado de muerte si contaban lo que les habían hecho. En su momento, se considera a Ramírez como la cabecilla del grupo, por lo que es condenada a 37 años de cárcel, mientras que sus compañeras reciben sentenciadas de 15 años. «Por ser lesbianas y latinas no teníamos ninguna opción (…) [los jueces] eran tan homófobos que pensaron que por el hecho de ser gays éramos capaces de cometer esos crímenes (…). En el juicio nos hicieron parecer monstruos, hicieron creer que yo estaba sacrificando a mis sobrinas a mis amigas, por ser lesbianas», declara Ramírez, ahora de 42 años de edad y ya en libertad.

«Saber que mi hermana y sus amigas estaban encarceladas siendo inocentes por culpa de mis hijas, quienes fueron quienes las acusaron» fue lo peor para Rosemary Carrillo, hermana de Elizabeth, atormentada todavía por no saber los motivos que llevaron a sus hijas a hacer tal acusación, pero convencida de que las niñas habrían sido coaccionadas por su padre, de quien estaba divorciada en aquel entonces. Una de las niñas habría cambiado su versión hace cuatro años, reconociendo que la habían obligado a presentar una acusación falsa, pero hasta el día de hoy, la otra se mantiene en su versión inicial.

Estando en la cárcel, Ramírez confiesa que sufrió agresiones y amenazas durante muchos años debido a la índole del delito por el que la habían encarcelado, pero lo que más le duele es el tiempo perdido con su hijo, de 2 años de edad cuando entró en prisión, a quien no pudo volver a ver hasta que cumplió los 19. «Estas acusadas han ganado el derecho de proclamar ante los ciudadanos de Texas que no cometieron un crimen, que son inocentes y merecen ser exoneradas. Esta Corte les otorga el alivio que buscan», señala la sentencia que les exonera cuando las cuatro acusadas ya habían cumplido la pena, al permitirles salir en libertad condicional, Vásquez en 2012 y las otras tres en 2013. Ahora luchan por conseguir una compensación económica que repare de alguna manera sus daños, aunque saben que el dinero «no puede comprar todo el tiempo y las memorias que perdimos con nuestros hijos», explica Ramírez.

Fuente Universogay

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Dos aspirantes a la Policía Metropolitana de Buenos Aires son despedidas el mismo día de su graduación después de que se hiciera viral una imagen en la que aparecen besándose en lo que consideran un caso de discriminación por lesbofobia.

Fuente Universogay

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Según el Diario de Mallorca, tres policías locales han sido detenidos por la denuncia de acoso homófobo a una compañera del cuerpo. La policía, única mujer – y lesbiana – en la unidad motorizada, denunció diversos ataques a su vivienda así como a su vehículo particular ante el Juzgado de instrucción de Palma de Mallorca.

El Juez Manuel Penalva, encargado de instruir el juicio, ordenó ayer la detención de los dos policías municipales de palma denunciados así como de Rafael Estarellas, mando de la unidad motorizada.

Según la agente denunciante, antes iniciar el proceso legal, intentó que se resolviera internamente el problema hablándolo con el mando de la unidad, ahora detenido. Aunque este, lejos de hacerle caso, le indicó que podía irse, si no quería permanecer en una unidad de policías que no la querían por ser mujer y lesbiana.

Esperamos que el Juez consiga esclarecer todos los hechos. Y si los policías acusados fueran culpables, que sean condenados, para evitar que actos como estos desaparezcan de nuestra sociedad de una vez por todas.

Fuente: Diario de Mallorca, vía AmbienteG

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Sanaa y Hajar, las dos adolescentes detenidas en Marruecos tras ser sorprendidas por un familiar abrazándose y besándose, han sido absueltas finalmente por el tribunal de primera instancia. Personas de su entorno afirman, además, que las familias de ambas han logrado conciliar sus diferencias y encarar el juicio en buena armonía. Las asociaciones LGTB, por su parte, siguen reclamando la derogación del artículo 489 del Código Penal marroquí, que castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica.

Sanaa y Hajar, de 16 y 17 años respectivamente, fueron sorprendidas por un primo de la primera cuando se encontraban en la azotea de su casa de Marrakech y estaban abrazadas y besándose. El familiar las grabó con su teléfono móvil e, inmediatamente, enseñó las imágenes a su tía, quien se escandalizó por ver a su hija con otra chica, que además parecía ser una vagabunda. La madre puso el vídeo en conocimiento de la Policía, que procedió a la detención de las dos muchachas el pasado 27 de octubre.

Sanaa fue conducida a un centro de detención para menores, pero Hajar ingresó en la prisión local para adultos. Desde las asociaciones de defensa de derechos humanos se denunció que Hajar estuvo incomunicada, que su madre no tuvo información de su estado durante más de siete horas, que fue presionada para obtener una confesión y que se negó a tomar alimentos desde que fue detenida. Ambas fueron acusadas de haber vulnerado el artículo 489 del Código Penal de Marruecos, que castiga “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta tres años de prisión y una sanción económica.

El hecho de que se tratara de dos menores de edad, así como el conocimiento del trato recibido durante su detención, causó gran indignación entre la comunidad internacional. Se organizó una campaña bajo el lema Free the girls, en la que se recogieron más de 100.000 firmas que exigían su liberación. Tras permanecer detenidas varios días, el 3 de noviembre fueron puestas en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio.

El 25 de noviembre se inició el proceso judicial, que ha concluido este 9 de diciembre con el fallo del tribunal. Durante este período, según palabras del abogado de las acusadas, las familias de ambas han convivido en armonía e incluso han desayunado algunos días juntas. Antes de conocer la sentencia, el letrado, facilitado por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), expresaba su confianza en que todo concluyese satisfactoriamente para sus defendidas, con la esperanza de que quizás pudieran enfrentarse a alguna amonestación, pero quedaran libres de antecedentes penales. Su estrategia se ha basado en negar los cargos, y en aducir que entre ambas solo existe una relación amistosa.

El tribunal, finalmente, ni siquiera ha establecido una advertencia y ha absuelto a las dos acusadas de los cargos. Eso significa que la Fiscalía no ha logrado demostrar la acusación y por lo tanto no cabe declaración de culpabilidad. Un alivio para Sanaa y Hajar, pero una sentencia que no ha llegado a satisfacer completamente a los defensores de los derechos humanos. Omar Arbib, presidente de la sección local de AMDH, considera el veredicto “surrealista e incompleto”, pues el tribunal “no ha tenido el valor de decir que las dos niñas estaban exoneradas por homosexualidad”.

Desde la división para el Norte de África de Human Rights Watch se ha difundido el siguiente comunicado al respecto: “Esperamos que esta sentencia ponga final a un juicio que nunca deberían haber vivido las dos niñas. Este proceso demuestra una vez más que las autoridades marroquíes deben abolir el artículo 489, que penaliza las relaciones homosexuales”.

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB

Como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, reiteramos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Lo cierto es que cada vez llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley.

Si bien en numerosas ocasiones se han procesado a hombres homosexuales, el caso de Sanaa y Hajar sería el primero relacionado con una pareja de lesbianas, con el agravante de que ambas son menores de edad.

En junio de este año, fueron juzgados dos jóvenes por mantener relaciones sexuales en el interior de un vehículo y fueron condenados a 6 meses de prisión, en un “juicio” exprés y sin una defensa digna (ningún abogado quiso representarles).

El pasado mes de abril, dos jóvenes fueron sorprendidos en la cama por un grupo de hombres que habían irrumpido en su vivienda, fueron brutalmente agredidos, y, con el rostro ensangrentado y desnudos, llevados a la calle para su humillación pública. No podemos olvidar el cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados. La Policía, en vez de perseguir a los agresores, detuvo a las víctimas, que fueron juzgadas y condenadas a penas de hasta 4 meses de prisión por practicar la homosexualidad. Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción. HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

En febrero nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Juzgado de Instrucción nº 5 de Torrelavega ha decretado la apertura de juicio oral contra el acusado de la agresión a dos chicos gais, ocurrida en octubre de 2015 en la localidad cántabra. La buena noticia es que por decisión de la Audiencia Provincial, que ha atendido la petición de la Fiscalía, el agresor sí será juzgado por un presunto delito de odio. Como contamos hace unos meses, el juez de instrucción no consideró inicialmente que la agresión tuviera un carácter homófobo, pese a que el punto de arranque fue el hecho de que el agresor llamase a las víctimas “mariquitas” por el hecho de que ambos caminasen abrazados y en actitud cariñosa.

La agresión ocurrió de madrugada. Al verlos, el agresor, que se encontraba acompañado por la que al parecer es su novia, les increpó al grito de “mariquitas”. Ellos le replicaron con un “¿Qué estás diciendo?” ante lo cual el acusado dio un puñetazo en la cara a uno de los muchachos, al que derribó. El otro salió en su defensa, pero al tratar de apartar al agresor sufrió una herida sangrante por mordisco en su mano izquierda. Los dos chicos, uno de los cuales tiene su residencia en Torrelavega pese a estudiar en Madrid (el otro sí reside en la capital) contactaron con los colectivos Arcópoli (Madrid) y Alega (Cantabria), para el acompañamiento de la denuncia y el proceso judicial.

Ya no tuvimos noticia del caso hasta meses después, cuando sorprendidos supimos que el juez de instrucción no consideró que la agresión debiese ser catalogada como posible delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas, como sí hacían tanto la acusación particular como la Fiscalía. El juez Daniel Prieto consideró que la actuación del agresor, aun “desafortunada” y “digna de todo reproche social”, no encajaba con este tipo penal, que implica una voluntad del agresor de lesionar la dignidad del sujeto pasivo. En más, el juez animaba a poner la agresión “en contexto”: “a altas horas de la noche” y “presumimos” que bajo los efectos del alcohol… Prieto interpretó que para aplicar ese tipo legal hace falta un extra de gravedad que según él no se daba en este caso.

La noticia causó estupor. Desde luego, a nosotros nos resultaba incomprensible que un juez considerase que el que una persona, sin mediar conocimiento o provocación, dirija un insulto homófobo a una pareja del mismo sexo con la que simplemente se cruza por la calle no implique voluntad de lesionar su dignidad. Insulto que en este caso fue seguido de una violenta agresión física ante la simple exigencia de explicaciones por parte de los insultados.

Por fortuna, tras el anunciado recurso de los denunciantes (que aseguraron sentirse insultados y agredidos por su condición de gais, un comportamiento que sí consideran lesiona su dignidad, en cuanto que afecta a la libre expresión de su orientación sexual y su afectividad) y la petición de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha corregido la decisión del juez de instrucción. La Audiencia reconoce, en efecto, que el agresor (J.A.D.V., de 33 años), “no conocía de nada” a las víctimas, con las que además “no había tenido ningún incidente previo” y a las que increpó al grito de “mariquitas”, por lo que interpreta que sí hubo una conducta de “menoscabo de la dignidad por la orientación sexual”.

La agresión de Cuchía será juzgada como delito de lesiones

No ha ocurrido lo mismo en el caso de otra agresión, que también recogimos en su momento, ocurrida semanas antes en la cercana Cuchía. En aquella ocasión un matrimonio de chicas denunció la agresión cometida a manos de un joven que se encontraba de vacaciones en el lugar. Todo empezó cuando una de ellas vio como el joven estaba en casa de una vecina provocando un altercado, y salió de su casa para intentar tranquilizarlo. “Tú cállate, tortillera de mierda, y métete en casa que te mato”, le respondió.

En ese momento salió la otra agredida, a la que en un primer momento el agresor le dijo “A ti no te pego, que eres mujer”. Esta le hizo saber que era la pareja de la chica a la que estaba insultando. En ese momento el agresor le dio una patada en la pierna, la tiró al suelo y la golpeó brutalmente, al tiempo que le metió un dedo en el ojo con la intención, según las denunciantes, de sacárselo. La aparición de un familiar del agresor puso fin al incidente.

En su momento el colectivo Alega se dirigió también a la Fiscalía Superior de Cantabria para dar cuenta de un supuesto delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas, pero en este caso ni el juez de instrucción ni la Fiscalía han considerado que la agresión deba considerarse delito de odio. El agresor sí ha sido acusado de un delito de lesiones, por el que se le piden seis meses de prisión, además de una falta también de lesiones.

General, Homofobia/ Transfobia. ALEGA, Cantabria, Cuchía, Daniel Prieto, Delitos de Odio, Homofobia, Lesbofobia, Torrelavega

Noluvo Swelindawo es la última víctima de un crimen de odio en Sudáfrica, retenida inicialmente en su casa, posteriormente sería encontrada muerta de un disparo y con un ojo amoratado.

El cuerpo de Noluvo Swelindawo, de 22 años de edad y conocida como Vovo, fue descubierto con una herida de bala y un ojo amoratado el sábado, 3 de diciembre, por la mañana. Su pareja, Nqabisa Mkatali, había alertado a los vecinos de una situación inusual al encontrarse las ventanas de su domicilio destrozadas y la puerta abierta. Según declaran posteriormente sus familiares y vecinos, habría sido retenida contra su voluntad en su propia casa de Driftsands, cerca de Khayelitsha en Ciudad del Cabo, mientras la habían estado buscando toda la noche. Sus familiares afirman que el ataque se debe a su orientación sexual, mientras que los grupos de derechos de género han reaccionado con indignación ante el incidente, solicitando acelerar el proyecto de Ley de Delitos de Odio.

«Su novia llamó a nuestra casa, diciéndonos que Vovo había sido secuestrada. La buscamos por esta zona, pero no la pudimos encontrar», declara Lizo Nondaka, vecino de Swelindawo, a quién Mkatali despertó pidiendo ayuda. Varios vecinos se reunieron junto a su casa mientras la policía realizaba su investigación. «Esta niña solía estar con nosotros y no tenía ningún problema con nadie. Era amada en esta comunidad. No puedo recordar a nadie de esta comunidad diciendo que tenían un problema con Vovo (…). La última vez que la vi fue el sábado por la mañana y le pregunté qué le había pasado a su ojo porque se veía mal. No quería hablar de ello, pero dijo que alguien le había golpeado (…). Cuando me fui ayer, estaba durmiendo y cuando regresé había varias personas aquí, incluyendo a los vecinos. Me dijeron que se la habían llevado y nadie sabía dónde estaba», explica su vecino.

Más del 55 % de miembros de la comunidad LGBT de Sudárica tienen miedo de sufrir discriminación en base a su orientación sexual o identidad de género, según un informe publicado por Love Not Hate Campaign. Según este estudio, el 44 % de los encuestados dijo que en los últimos dos años, habían experimentado discriminación en su vida cotidiana. De hecho, varios son los casos relacionados con la homofobia actualemtne en Sudáfrica. Nokuthula y Nonkululeko Mbatha, residentes en Durban, son una pareja del mismo sexo que han estado ocultos durante un tiempo debido a que varias personas de comunidad les han estado persiguiendo por ser homosexuales; mientras que un acusado por el asesinato de una emplea de la policía lesbiana, Nosisa Sonjani, en Khayelitsa, era pospuesto para su resolución el próximo año; el mayo se encontraba el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una personas de 47 años de edad en Klinvlei tras ser apuñalda y estrangulada con el cable de una tostadora.

«El momento de actuar es ahora. Esto ocurre cuando el país marca los 16 Días de Activismo de No Violencia contra Mujeres y Niños. La trágica realidad es que los incidentes de crímenes de odio se están volviendo comunes», declara Dean Peacock, director ejecutivo de Sonke Gender Justice. «La forma en que nuestras comunidades reaccionan cuando se cometen tales crímenes es una preocupación. Lo que es más doloroso en esto es el hecho de que parece que no hay indignación. Parece que es normal. Pero si se trataba de una mujer heterosexual, la reacción habría sido diferente», declara en la misma línea Funeka Soldaat, fundadora de Free Gender Khayelitsha, que ha denunciado la necesidad de priorizar los crímenes de odio. El portavoz de la policía, Noloyiso Rwexana, confirma que nadie ha sido arrestado todavía en relación con el asesinato de Vovo.

Fuente Universogay

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Estafany Stefanell Pérez es una lesbiana que, tras ser asesinada por unos motoristas, los mismos vecinos que tratan de socorrerla, terminan por ultrajar su cuerpo al desnudarla para saber si es hombre o mujer. 

Fuente Caribe Afirmativo, vía Universogay

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El Movilh recibió dos denuncias en sólo semanas que identifican como responsable al mismo guardia.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que “las parejas lésbicas están siendo hostigadas, insultadas y expulsadas del Cerro de Santa Lucía por un guardia del lugar”, por lo cual solicitó la intervención de  la Ilustre Municipalidad de Santiago,

“En menos de un mes hemos recibido dos denuncias y en ambas las parejas identifican como responsable de los acosos al guardia José Fuenzalida (fotografía). En el primer hecho este guardia ofendió gravemente a la pareja, en el segundo episodio, se escudó diciendo que sólo respondía a órdenes de sus superiores. Ante ello pedimos al municipio investigar lo sucedido y sancionar a los responsables”, indicó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

El Movilh precisó que el primer hecho ocurrió el pasado 18 de octubre cuando I.C. (18) llegó a eso de las 16:00 horas al cerro Santa Lucía, acompañada de su pareja. En el acceso, Fuenzalida pidió a la pareja que se inscribiera. “Tras ello, comenzó a hacerles inapropiadas consultas sobre su orientación sexual que terminaron con ofensas discriminatorias”.

Andrade añadió que “al verlas les consultó si eran pololas. Al recibir una respuesta afirmativa, les dijo que “si tuviera una hija lesbiana la echaría a patadas”. Cuando las jóvenes dijeron que sus familias las aceptaban, el guardia les indicó que “están cagados de la cabeza en sus familias. Son una mierda, dan asco. Si fueran mis hijas estarían en la calle”.

Acto seguido, denunció Andrade, “el guardia les impidió acceder al cerro por la zona que custodiaba, por lo que las jóvenes sólo se devolvieron para grabarlo e increpar su homofobia. Ante eso, el sujeto golpeó la cámara”.

El Movilh relató que el segundo hecho afectó el pasado viernes 18 de noviembre a N.F (20) y a su pareja, quienes fueron instadas por el mismo guardia a abandonar el lugar, sólo por estar abrazadas.

“Sin embargo, esta vez el guardia se limitó a indicar que él no tenía problemas con las parejas del mismo sexo, y que sólo recibía instrucciones de sus superiores. Al negarse los jóvenes a abandonar el lugar, los responsables de aseo llegaron minutos después al espacio donde estaban sentadas, regándolo para instarlas a salir”, denunció la vocera del Movilh.

Ante ello, el Movilh envió hoy una carta a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, solicitando, investigar el caso y determinar las sanciones administrativas correspondientes, así como “aclarar si lo ocurrido es efectivamente una política de la empresa de seguridad, o sólo una reacción del mencionado guardia”

También se pidió que la “empresa de seguridad responsable del guardia, brinde disculpas por escrito a las afectadas y que desarrolle talleres sobre derechos humanos, diversidad sexual y no discriminación para todos sus funcionarios”.

Tras la denuncia del Movilh, la Municipalidad ordenó la desvinculación, mientras que la empresa privada de seguridad se contactó con el Movimiento y ofreció disculpas a las afectadas.

La Ilustre Municipalidad de Santiago, encabezada por la alcaldesa Carolina Tohá, condenó hoy la discriminación padecida por dos parejas de lesbianas en manos de un guardia del cerro Santa Lucía, José Fuenzalida, ordenando su despido, tras la denuncia efectuada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En un comunicado público, el municipio señaló que la “Dirección de Seguridad Vecinal, que supervisa las labores de vigilancia de los recintos municipales, instruyó a la empresa privada a cargo del Cerro Santa Lucía para que separe de sus labores en el lugar al funcionario denunciado y realice una capacitación para reforzar materias relacionadas con la no discriminación y su inclusión a todo su personal”.

El municipio condenó además “enérgicamente cualquier acto de discriminación que afecte a los vecinos y usuarios de la comuna, sobre todo cuando estas acciones se producen al interior de los recintos municipales” y explicó que “dentro del manual de procedimiento de los servicios de vigilancia, sea municipal o externo, como es el caso del Cerro Santa Lucía, existe un acápite especial dedicado a la no discriminación y a la tolerancia”

En una misiva dirigida al Movilh, el encargado de la Oficina de Inclusión y no Discriminación del municipio, René Pardo, añadió que “este tipo de prácticas no se condice con el actuar de los funcionarios del Municipio de Santiago y menos representa una instrucción emanada por algún departamento municipal”

En tanto, la representante legal de la empresa privada Cannon Security, Ximena Espinoza, se contactó con el Movilh para ofrecer disculpas por lo sucedido y precisar que si bien el municipio le dio 72 horas para el despido, decidieron desvincular al trabajador a partir de hoy, al tiempo que efectuarán los correspondientes talleres de sensibilización entre sus funcionarios.

A la par, la empresa envío una carta a las afectadas donde “lamenta profundamente lo sucedido” y ofrece “disculpas públicas a ustedes”. “Lo ocurrido nos duele enormemente. No aceptamos ni toleramos ninguna forma de discriminación. Esperamos que hechos tan deleznables como éste, no vuelvan a ocurrie en ningún lugar del mundo”, apuntó la empresa.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, valoró la rápida reacción del municipio, así como las disculpas de la empresa, lo cual “nos demuestra que estuvimos en presencia de hechos puntuales, es decir que no eran parte de una política represora de Cannon Security”.

El guardia en cuestión había expulsado del lugar al menos dos parejas de lesbianas, sólo por abrazarse o darse un beso, llegando al extremo de decir a una de las afectadas que “eran una mierda y daban asco”.

Fuente MOVILH (1,2)

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Dos adolescentes han sido detenidas en Marrakech tras ser sorprendidas por un familiar abrazándose y besándose. Tras comunicar a la madre de una de las chicas lo que había contemplado, esta denunció el hecho a la Policía. Ambas fueron detenidas bajo la acusación de haber cometido actos contra la naturaleza con una persona del mismo sexo, y están a la espera de juicio enfrentándose a una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Desde las asociaciones de derechos humanos se denuncia tanto la detención, como el hecho de que una de las adolescentes haya sido ingresada en una prisión para adultos.

Sanaa y Hajar tienen 16 y 17 años respectivamente. Ambas se encontraban en la azotea de la casa de la primera, y estaban abrazadas y besándose cuando fueron sorprendidas por el primo de Sanaa, que las grabó con su teléfono móvil. Inmediatamente, enseñó las imágenes a su tía, quien se escandalizó por ver a su hija con otra chica, que además parecía ser una vagabunda. Lo puso en conocimiento de la Policía, que procedió a la detención de las dos muchachas el pasado 27 de octubre.

Sanaa fue conducida a un centro de detención para menores, pero Hajar ingresó en la prisión local para adultos. Desde las asociaciones de defensa de derechos humanos se denuncia que Hajar estuvo incomunicada, que su madre no tuvo información de su estado durante más de siete horas, que fue presionada para obtener una confesión y que se negó a tomar alimentos desde que fue detenida. Ambas fueron acusadas de haber vulnerado el artículo 489 del Código Penal de Marruecos, que castiga “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta tres años de prisión y una sanción económica. Hajar, además, se enfrenta a cargos por “vagancia”.

Tras permanecer detenidas desde el pasado jueves, 27 de octubre, el pasado viernes, 4 de noviembre, estaba previsto el juicio en Marrakech de Sanaa y Hajar pero  sus abogados habían solicitado la libertad condicional, que el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech les concedía este 3 de noviembre siendo ambas puestas en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio con la obligación de que comparezcan. Una de ellas denuncia haber sido maltratada estando bajo custodia policial.  Al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech ha fijado para el próximo 25 de noviembre la vista para el juicio contra las dos adolescentes.

Omar Arbib, presidente de la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), ha comunicado que han proporcionado un abogado para que se encargue de la defensa de Sanaa y Hajar. Según denuncia el activista Omar Arbib, dada la frecuencia con la que las autoridades consiguen confesiones forzadas, incluso en juicios de esta naturaleza, asegura que es poco probable que Sanaa y Hajar reciban un juicio justo, a pesar de que cuenten con un abogado defensor de su asociación.  Arbib denuncia las irregularidades cometidas y exige “su liberación y la derogación del artículo 489 que penaliza las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo, por respeto a las libertades individuales y los tratados internacionales. El hecho de que se las grabase es también una violación de esas libertades. Por otra parte, no fueron detenidas en delito flagrante y el incidente no ocurrió en un lugar público”.

La ley en Marruecos continúa penalizando la homosexualidad, a pesar de su constitución de 2011 consagra el derecho de todas las personas a la «protección de su vida privada». Una garantía que, según los defensores de los derechos humanos, debería contemplar la despenalización de los actos homosexuales privados, penados y castigados con hasta tres años de cárcel por el Código Penal en su artículo 489, que persigue lo que denominan «actos contra natura con individuos del mismo sexo».

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB

Si bien en numerosas ocasiones se han procesado a hombres homosexuales, el caso de Sanaa y Hajar sería el primero relacionado con una pareja de lesbianas, con el agravante de que ambas son menores de edad. No podemos olvidar el cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados. Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

Agresiones que ocurren en un contexto en el que, como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, recordemos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Y lo cierto es que cada llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. Hace pocas semanas nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

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Organizaciones argentinas de defensa de los derechos de la comunidad LGTB convocaron un «besazo» masivo para protestar contra la detención de dos mujeres por besarse en una plaza.

La Colectiva Diversidad Córdoba, hizo un llamamiento para protestar contra la arbitraria detención de dos chicas que se besaron en la céntrica plaza Colón de la la ciudad argentina de Córdoba. Una protesta en la que destacará el amor puesto que se realizará una besada masiva el próximo domingo 30 de octubre frente a la Central de Policía.

Hay noticias que hay que leerlas más de una vez para poder creerlas. Resulta insólito que tras doscientos años de vida, el Museo del Prado haya abierto esta semana sus puertas por primera vez al arte en femenino… y resulta aún más impensable que en un país como Argentina se haya detenido a dos mujeres por demostrar su amor en la calle.

Y sin embargo estas cosas suceden. El sábado pasado, los viandantes que pasaban por la plaza Colón de la ciudad de Córdoba asistieron atónitos a un espectáculo lamentable. Un show protagonizado por la policía y su intolerable actitud que se llevó detenidas a dos chicas por besase en público.

Si atendemos a la actuación policial podríamos entender que estaban buscando a dos delincuentes peligrosas puesto que hasta tres coches de policía se acercaron a la céntrica plaza para llevarse a las dos jóvenes a comisaría acusadas de «actos obscenos en la vía pública» y de actuar con poca «ética ciudadana».

Tras pasar unas horas en comisaría, las chicas fueron liberadas por ser menores de edad. Sin embargo, como afirma la asociación Colectiva Diversidad Córdoba, el daño ya está hecho puesto que las dos jóvenes implicadas temen por su seguridad y han solicitado no hacer visible su identidad.

Lamentable episodio de lesbofobia

»Actos obscenos en la vía pública» y actuar con poca »ética ciudadana», aunque unx tenga más paciencia que Ghandi, los motivos esgrimidos por la policía son tan peregrinos y absurdos que consiguen enervar hasta a las piedras.

Leticia Veber, miembro de la organización Devenir Diverse, ha explicado al diario ‘Clarín’ que «el ‘delito’ que estaban cometiendo estas compañeras fue que se estaban besando en una plaza, un espacio público. Un compañero nuestro que pasaba por ahí vio el operativo, exagerado, con tres móviles para dos chicas; y le preguntó a los policías por qué tanto despliegue, si era nada más que un beso de dos personas enamoradas».

«Nosotros entendemos que no se trata de situaciones aisladas, sino de una verdadera política de represión a la libertad sexual, como ya sufrieron otras personas homosexuales, como las chicas de la Biela o los chicos apaleados en Mar del Plata«, ha lamentado.

Como a la intolerancia no hay que escucharla sino combatirla, las asociaciones LGTB del país han decidido movilizarse. De este modo, desde Colectiva Diversidad Córdoba han anunciado que presentarán una denuncia penal, otra denuncia ante el Tribunal de Conducta Policial y una besada masiva por la visibilidad lésbica que se celebró el pasado domingo 30 de octubre a las 17 (hora local) frente a la Central de Policía.

Ante el odio, una buena ración de amor.

Así, la protesta, bajo la consigna de «las lesbianas existimos y resistimos» y que congregó a unas 300 personas, se realizó el pasado domingo frente a la sede central de la Policía en la ciudad argentina de Córdoba, donde los organizadores llamaron a besarse «en repudio a la violencia institucional» y en protesta por los hechos que ocurrieron a finales de octubre, cuando dos mujeres que se besaban en la plaza Colón de Córdoba fueron detenidas por cometer «actos obscenos en la vía pública» y posteriormente liberadas con la advertencia de estar fuera de la ética ciudadana.

«Es una Policía (la de Córdoba) que se caracteriza por ser especialmente represiva, es una Policía que tiene muchas denuncias, pero la violencia institucional es algo que va en aumento y esto es por un mensaje aval del Estado», dijo María Rachid, secretaria general de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Transexuales.

Según Rachid, se está detectando que «policías de algunas provincias están volviendo a comportamientos represivos», como pedir sobornos o amenazar a miembros de la comunidad LGTB. «Aún quedan artículos legislativos que tienen expresiones como ‘atentado al pudor y las buenas costumbres’ que son herramientas para perseguir a grupos minoritarios», apuntó la secretaria de la Federación.

Para Rachid, la solución a estos problemas pasa por dos ejes: el primero cambiar «radicalmente la capacitación de la Policía» para la actuación en casos que involucran a minorías e implementar un control civil de las fuerzas y el segundo cambiar «el mensaje del poder político», que no debe «avalar la violencia institucional», sino ponerse del lado de las víctimas.

El pasado agosto ya se produjo otro «besazo» masivo similar al convocado para hoy, en Buenos Aires, después de que dos mujeres fueran advertidas en un céntrico bar de que era inapropiado acariciarse y el incidente terminase con la expulsión de ambas del establecimiento.

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Tras dos años trabajando en el Banco Azteca de Tepic, en México, despiden a Priscila Hernández por incumplir deliberadamente un discriminatorio protocolo de indumentaria que pretendía obligarle a vestir como un hombre o como una mujer.

General, Homofobia/ Transfobia. Banco Azteca, Claudia Zulema Beltrán Medina, Día Nacional Contra la Discriminación, Felipe Calderón Hinojosa, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Lesbiana, Lesbofobia, México, Nayarit, Priscila Jazmín Hernández Avedaño, Tepic

El matrimonio junto a dos de sus hijos Brenda y María José, con sus hijos. | Change.org

El juez del Registro Civil lo deniega porque no han certificado que fue concebido con reproducción asistida.

Afirma que otros dos hijos de la pareja ya están inscritos y figuran como hermanos.

«A ningún matrimonio heterosexual que acuda al Registro Civil se le solicita papel alguno».

El juez encargado del Registro Civil de Dénia (Alicante) ha rechazado la solicitud de un matrimonio de mujeres para inscribir a nombre de ambas el hijo que dio a luz una de ellas, al no certificar que fue concebido tras un proceso de reproducción asistida.

Más de diez años después de la aprobación del matrimonio igualitario, la discriminación contra las parejas del mismo sexo sigue muy presente en nuestro sistema jurídico, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la parentalidad. Así lo demuestra el calvario por el que están atravesando María José Torres y Brenda Kelleher, un matrimonio de mujeres, a cuyo tercer hijo el juez encargado del Registro Civil de Denia ha denegado inscribir como hijo de ambas.

El niño, tercero de la pareja, nació el pasado 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos mediante este procedimiento). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado. “Nos pidieron que si queríamos inscribir a Lennon con sus dos mamás, igual que están sus hermanos, debíamos demostrar cómo Brenda, mi mujer, se había quedado embarazada. Es un requisito que no reclaman a ninguna pareja heterosexual. Imagínate qué cara se le quedaría a un padre si le preguntaran cómo ha sido concebido a su hijo”, ha declarado María José al diario Levante.

José María Zaragozá, juez encargado del Registro Civil de Denia, consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad. “Ninguna pareja heterosexual tiene que pasar por esto. A ningún hombre se le reclama que pruebe su paternidad biológica ni que revele que su mujer se ha sometido a técnicas de reproducción asistida”, asegura María José.

Así consta en un auto del juez, de fecha 22 de agosto, en la que el juez concluye que el niño «únicamente» debe figurar en el registro Civil con el nombre de la madre gestante, al no haber acreditado la otra miembro de la pareja que haya sido engendrado como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida.

En el auto, se detalla que la solicitante acudió al registro a inscribir al bebé como del matrimonio, aunque sin la «certificación o informe de centro autorizado que acreditase el alumbramiento ha sido fruto de un proceso de reproducción asistida».

Según el auto, la mujer se negó a aportarlo esgrimiendo tres argumentos: el artículo 44/5 de la Ley de Registro Civil, las «presunciones de paternidad de los hijos matrimoniales» y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Dado traslado del expediente al fiscal, se mostró disconforme con la solicitud.

El juez explica que a Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida regula específicamente la filiación de los hijos nacidos mediante este proceso, y establece que cuando una mujer esté casada con otra, esta última podrá manifestar que consiente que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.

En el auto, el juez señala que este apartado, introducido por la disposición adicional de la Ley 3/2007, trató de salir al paso de problemas que se planteaban hasta ese momento ya que, según la resolución de la Dirección General de 2008, «aun partiendo del principio incuestionable de que las parejas del mismo sexo no deben ser objeto de discriminación, los efectos atribuidos a las mismas no podían llegar, en ausencia de tal reforma, al extremo de que se estableciese doblemente, por la sola declaración de las interesadas, la maternidad tanto respecto de la mujer que hubiese dado a luz como respecto de la mujer casada con ella».

Según el juez, lo que se hace entonces es introducir «una ficción legal (en cuanto no basada en la realidad biológica)» en la legislación «cuando la inseminación es heteróloga» y añade que para que la ficción «pueda entrar en juego» y «ser aplicable», deben concurrir «todos los requisitos necesarios para ello, entre los que indudablemente se encuentra que la gestación haya sido consecuencia del uso de técnicas de reproducción asistida, lo cual, obviamente, deberá acreditarse«. Asimismo, considera que no son aplicables las presunciones del Código Civil porque «responden a un esquema normativo distinto» ni la negativa puede tener cobertura en la Ley de Registro Civil, ni existe la discriminación invocada «pues se trata de supuestos de hecho distintos».

Por su parte, el matrimonio -formado por Brenda y María José, casadas desde 2007- ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org en la que explican que sus otros dos hijos ya están inscritos legalmente a nombre de las dos en su libro de familia hace ya siete años. Sin embargo, en el caso del tercer hijo, nacido el 30 de julio, explican que ha tenido que ser inscrito por decisión del Registro Civil de Dénia solo a nombre de una, la madre gestante, «como si se tratara de una madre soltera y en un libro de familia diferente del de sus otros dos hermanos».

Así lo explica también la pareja en la petición que ha puesto en marcha en la plataforma change.org:

La decisión del Registro Civil de Denia se basa en que no hemos entregado un papel que pruebe que el niño fue gestado empleando técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, a ningún matrimonio heterosexual que acuda al Registro Civil se le solicita papel alguno que pruebe o bien la paternidad biológica (prueba de ADN) o, en el caso en que el marido no sea el padre biológico, como puede ser cuando un marido es infértil, el certificado que demuestre que la esposa se ha sometido a técnicas de reproducción asistida. Así pues, en pos de la igualdad de género y la igualdad de derechos entre matrimonios homosexuales y heterosexuales, pedimos que se nos apliquen las mismas presunciones de filiación matrimonial que se les aplican a los matrimonios heterosexuales. Somos una familia y mientras L. esté legalmente inscrito con solo una de sus madres estará desprotegido, ya que esta situación legal niega sus vínculos con su madre María José, sus dos hermanos, así como con toda esa parte de su familia. En caso que le pasara algo a Brenda, L. quedaría como un niño sin progenitores, cuando en realidad tiene dos madres».

La pareja, además de la petición en change.org, ha presentado ya el correspondiente recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.

Por lo pronto, la unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja se niega en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les han propuesto si no quieren presentar la documentación que demuestre que Brenda se sometió a reproducción asistida (conviene recordar, en este punto, que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”).

Entendemos que la petición de María José y Brenda es perfectamente lógica. ¿Qué preocupación tiene el juez? ¿Acaso quiere descartar qué el hijo gestado por Brenda haya podido ser fruto de una relación sexual heterosexual? En este caso, ¿a las parejas casadas heterosexuales de Denia, cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro, se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre? Si la respuesta a esta segunda pregunta es no, queda claro que la intromisión en la intimidad de esta familia obedece pura y simplemente una discriminación por razón de orientación sexual.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara amarga/Change.org

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Nia Davies es una profesora universitaria que ha sido encontrada culpable de conducta profesional inaceptable por un comité universitario tras confirmarse una relación íntima que habría mantenido con una alumna cuando todavía era menor de edad.

Un comité disciplinario de la Universidad de Carmarthenshire ha determinado que la profesora de arte, Nia Davies, de 31 años de edad, es culpable de conducta profesional inaceptable con una alumna, de 17 años de edad en el momento de los hechos, prohibiéndole ejercer la enseñanza un período mínimo de dos años. El caso fue denunciado por el propio padre de la todavía adolescente al descubrir marcas de un chupetón en el cuello de su hija.

El comité considera probado que la relación entre profesora y alumna estaba «motivada sexualmente», así como que habrían pasado varios fines de semana juntas en Bath y Londres. Mediante mensajes de texto, Davies habría llegado incluso a animar a su alumna para que experimentase con drogas y alcohol durante esta «relación extremadamente cercana» que habrían mantenido en secreto durante 10 meses, mientras era su profesora.

«Davies mostró la voluntad de sobrepasar los límites de la Universidad. Había referencias frecuentes al uso de drogas, mientras consumían cannabis y alcohol. Era una relación extremadamente cercana y muy inadecuada. Se convirtió en una relación de naturaleza sexual», declara a Cadi Dewi del comité universitario, afirmando que «sólo en 17 días llegaron a intercambiarse hasta 350 páginas de Word en mensajes. 120 fueron enviados en un sólo día».

El padre de la adolescente, agente de policía en Dyfed Powys, en Gales Sur Occidental, habría alertado de la situación a sus colegas, iniciando una investigación al respecto en la Universidad de Carmarthenshire. La propia joven, cuya identidad no ha trascendido, habría admitido a sus padres haber pasado los fines de semana en Bath y Londres, visitando museos y galerías de arte en compañía de su profesora. Lo que no ha admitido, ni a sus padres ni a la policía, es que haya mantenido relaciones sexuales con su profesora, tan sólo que se habrían besado y que habrían dormido juntas en el domicilio de Davies en Cardiff.

«Nos enviábamos SMS pero eran mensajes de amigas. Fueron unos decenas de mensajes, no miles. Nunca he admitido haber besado a Nia a mi padre, es completamente incierto. Esa conversación nunca ha tenido lugar y no la puedo explicar. Tuvimos una conversación sobre mi sexualidad antes, y creo que hay mucha confusión, para ser honestos. Nia sólo fue sólo una profesora que me apoyaba», ha declarado la propia adolescente, planteando serias dudas sobre la decisión de la Universidad sobre el futuro de la profesora.

A pesar de que la policía detiene a la profesora para interrogarle, no se llega a formular ninguna acusación. Pero el comité universitario de Llanelli, sí ha determinado que Davies es culpable de seis cargos de mala conducta, que incluyen invitar a una alumna a su domicilio, permitirle dormir en su casa, besarla y darle ese chupetón. Lo que no han podido probar es que compartiera cama con su aluman en Londres ni que hubieran mantenido relaciones sexuales. Una investigación que no ha contado con la colaboración de la profesora en el momento en que no le renuevan el contrato.

«Ella sostiene que han mantenido un tipo de relación, que no es platónica, desde 2015, cuando la chica había cumplido los 18 años, y cuando mi cliente ya no trabajaba en la Universidad. No puedo etiquetar el tipo de relación que era, pero me han dicho que es difícil de definir. Se encontraban como amigas y las cosas sucedieron», explica George Pollitt, abogado de Davies, quien tendrá que esperar dos años para volver a ejercer como profesora, aunque tiene derecho a apelar ante el Tribunal Superior en los próximos 28 días.

Fuente UniversoGay

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El informe, titulado «Cuerpos excluidos, rostros de impunidad», recoge los datos de violencia hacia la población LGTB de cada año.

En 2015 se han registrado 110 crímenes mortales, la cifra más alta desde 2012, cuando se registraron un total de 119 casos.

Colombia ha registrado el último año su cifra más alta de asesinatos de homosexuales, bisexuales y transexuales desde 2011, con 110 casos, según un informe publicado este jueves por las ONG Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.

Colombia registró en 2015 la cifra más alta de asesinatos de LGTB desde 2012. En 2014, la cifra de asesinados no alcanzó el centenar, quedándose en 97. No obstante, de enero a diciembre del año pasado 52 gays, 33 transexuales, 11 lesbianas, siete bisexuales y otras siete personas que no han sido identificadas fueron asesinadas en el país.

Casi la mitad de ellos estuvieron motivados por prejuicios, razón que también está detrás de casi un cuarto del centenar de casos de violencia ejercida por agentes de las fuerzas de seguridad contra miembros de esta comunidad.

Fuente Colombia Diversa, vía Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Colombia Diversa, Cuerpos excluidos, Homofobia, Lesbofobia, LGTBIfobia, rostros de impunidad, Santamaría Fundación, Transfobia