Aroa y Laura, la pareja de mujeres que vivía con sus tres hijos de 10, 8 y 5 años en una vivienda de Móstoles propiedad de la diócesis de Getafe, han sido finalmente desahuciadas. “Estuvimos intentando paralizarlo de todas las formas posibles, pero no lo conseguimos. No se pudo hacer nada. Los de la diócesis no nos plantearon nada, todo lo que querían era que nos fuéramos a la calle, les daba igual, decían que ya llevábamos un año en una vivienda que no era nuestra y que ya estaba bien”, ha declarado Aroa a eldiario.es. Lamentable final para una historia que conocimos hace unos meses y en la que la discriminación lesbófoba parece haber jugado su papel.

En octubre contábamos la historia, recogida también entonces por eldiario.es: el obispado de Getafe conseguía entonces de la justicia la orden de desalojo. La familia había ocupado ilegalmente el piso, que se encontraba vacío, en julio. Según aseguró entonces la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.

La jueza que emitió la orden de desahucio condenó a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les impuso una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas”. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva varios años en paro, mientras que Laura cobra menos de 500 euros. Laura, Aroa y sus hijos, de hecho, ya se habían enfrentado en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres.

Siempre según su versión, entraron en el piso de Móstoles propiedad de la Iglesia gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos (…) estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, contaron en su momento, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso es ocupado con frecuencia por religiosos que trabajan por la zona o que se encuentran de visita. Un piso que por cierto se encuentra por el momento vacío, después de que el desahucio se ejecutase finalmente la semana pasada. El Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a buscarles una alternativa. Mientras tanto, los niños se encuentran en casa de un abuelo.

Lo dijimos en octubre: a pesar de que la diócesis de Getafe niega que el hecho de ser una familia homoparental haya influido en la decisión de forzar su desalojo, dados los antecedentes de su obispo, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa. López de Andújar fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”. 

También lo dijimos entonces, y lo repetimos ahora: incluso dejando de lado la existencia de discriminación lesbófoba, la historia de esta familia es ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real (en la que un porcentaje importante de la población vive al borde de la exclusión social), y por otro, de la escala de prioridades de una parte de la jerarquía católica: el mismo obispo que se indignó porque un Parlamento libremente elegido legislara contra la discriminación de una minoría no ha tenido problema en desahuciar a una familia.

Fuente Dosmanzanas

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Seis personas agreden a una pareja de lesbianas que se dieron un beso a las puertas de un bar de Arbeca (Lleida) en la noche de San Juan.

Los Mossos d’Esquadra están investigando el caso para identificar a los agresores.

Desde el Observatori Contra l’Homofòbia reclaman a la Generalitat un “cambio radical” en la implementación de la Ley contra la LGTBIfobia.

Nueva agresión por LGTBfobia en Cataluña. En esta ocasión en Arbeca, en la comarca leridana de Les Garrigues. Un grupo de seis personas derribaron y golpearon a una pareja de chicas después de burlarse de ellas por darse un beso. Lo más terrible es que la agresión tuvo lugar en presencia del hijo de la pareja.

La agresión ocurrió en la noche de San Juan, después de que la pareja se diera un beso en el exterior de un bar de la localidad. Los agresores comenzaron a reírse y se burlaron de ellas, hasta que finalmente las tiraron al suelo y las golpearon. Fue una mujer la que comenzó la agresión física, a la que se sumó después el resto del grupo. Por fortuna, las lesiones que sufren son leves. Lo peor es que el hijo de la pareja, de corta edad, fue testigo de lo sucedido.

Las dos mujeres fueron al Centro de Atención Primaria y el día 26 (lunes) procedieron a poner una denuncia ante los Mossos d’Esquadra que han comenzado la investigación para identificar a los seis agresores, algo que creen que les resultará fácil porque se trata de un municipio de unos 2.000 habitantes.

Los Mossos d’Esquadra, ante los cuales la pareja ya ha presentado la correspondiente denuncia, mantienen una investigación abierta para identificar a los agresores, un grupo de personas al parecer de origen rumano.

Ayer viernes, a las 19:00 horas, se convocó una concentración de protesta por lo sucedido delante del Ayuntamiento de Arbeca:

Avui a les 19:00 h., concentració a Arbeca de rebuig a l’agressió lesbòfoba d’aquest cap de setmana. CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA!!! 👊👊 pic.twitter.com/9wLvdsUnJo

— Crida LGBTI (@CridaLGBTI) 30 de junio de 2017

En una nota de prensa remitida por el Observatori Contra l’Homofòbia, el presidente Eugeni Rodríguez, ha exigido a la Generalitat que haga un “cambio radical” en la dirección de las políticas LGTBI de la Generalitat. “Últimamente se están generando diferentes expresiones de odio hacia el colectivo LGTBI y la respuesta del gobierno para protegerlo no es suficiente, de acuerdo con la ley 11/2014.”

Rodríguez y otros representantes del colectivo se reunieron hace unos días con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para abordar precisamente la necesidad de comenzar una aplicación efectiva de la Ley Contra la LGTBfobia que se aprobó en el Parlament en 2014, un excelente instrumento legislativo pero al que la falta de voluntad política nacionalista, máspreocupada en otro asutos, ha convertido, hoy por hoy, en papel mojado Según Rodríguez es imperativo que la Generalitat dé “un giro de 180º que no deje impunes las agresiones por LGTBIfobia“, para evitar el “desánimo y hartazgo de una parte del colectivo ante la falta de implementación de la Ley“, lo que ha lleva ya a espisodios como la ocupación de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat por parte de varios activistas para “exigir responsabilidades.” Esperemos que ante la alarma social que las recientes agresiones por LGTBfobia en Cataluña están despertando la situación se corrija de una vez por todas.

Fuente | Nació Digital, vía Estoybailando/Dosmanzanas

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La presunta agresión homófoba tuvo lugar alrededor de las 3.15 horas en la calle Gravina.

Los arrestados son de nacionalidad española uno y colombiana el otro.

Agentes de la Policía Municipal detuvieron la madrugada del pasado 27 de junio a dos hombres por presuntamente agredir a dos chicas homosexuales en el barrio de Chueca, han informado fuentes policiales.

La presunta agresión homófoba tuvo lugar alrededor de las 3.15 horas en la calle Gravina número 11, perpendicular a la calle Hortaleza de la capital.

Tras la detención por un delito de odio, la Policía Municipal condujo a los detenidos a la comisaría de Centro. Los apresados son un colombiano y un español.

Las víctimas de agresiones homófobas en Madrid solo denuncian el 12 % de los ataques.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Chueca, Homofobia/Transfobia, Lesbofobia, Madrid

Denuncian censura por parte del gobierno chino y discriminación contra las lesbianas al bloquear Rela, una popular aplicación de citas orientada a lesbianas y mujeres bisexuales. 

Fuente Universogay

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Madrid se suma al Día contra la LGTBIfobia

«Somos. Amamos. Y punto», mensaje de Bilbao contra la homofobia

La Asamblea de Extremadura conmemora el Día Internacional contra la LGBTIfobia

España sigue retrocediendo en la defensa de los derechos LGTB

La Unión Europea pide a los gobiernos del mundo que defiendan los derechos de LGTB

El PSOE reclama «el fin de la penalización» de la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad en todo el mundo

Es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Una buena fecha para recordar que, según la nueva edición del informe anula de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex), más de 70 países siguen castigando penalmente las relaciones entre personas del mismo sexo y, lo que resulta igual de preocupante, cada vez más países incorporan a su ordenamiento jurídico normas que limitan la visibilidad y la libre expresión pública de las personas LGTB y de las entidades que las defienden. 

Desde su primera edición en 2006, el informe de ILGA sobre Homofobia de Estado ha ofrecido una amplia recopilación anual de datos útiles y creíbles sobre las leyes que afectan a las personas en todo el mundo sobre la base de su orientación sexual. Es un documento que utilizan tanto defensores de derechos humanos, investigadores u organizaciones de la sociedad civil como agencias gubernamentales y de las Naciones Unidas.

En este momento, y según el informe de ILGA, 72 estados aún criminalizan los actos sexuales de personas del mismo sexo entre adultos que consienten: en 45 de estos estados la ley se aplica también a las mujeres. ILGA tiene datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato supone una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía el año pasado, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, repetimos, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

Tres pequeños países se han descolgado a lo largo del pasado año de esta lista infame. En ambos casos lo recogimos en nuestra página: se trata de  Nauru, Belice y de Seychelles.

Pena de muerte, posible en 13 estados

La pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo. Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

Leyes contra la “promoción” y de “moralidad”: 19 estados

Pese a la levísima mejoría por lo que a la consideración penal de las relaciones homosexuales se refiere, este año hay empeoramiento en el número de países que tienen en su ordenamiento jurídico leyes contra la “promoción” de las relaciones sexuales no tradicionales o de “moralidad” dirigidas a reprimir la expresión pública de las realidades del mismo sexo y trans, que han pasado de 17, según el contaje de 2016, a 19. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Catar, Egipto, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Marruecos, Nigeria, Rusia, Siria, Somalia, Tanzania y Túnez.

“Con el continuo aumento en el uso de dispositivos digitales, el despliegue de estas leyes se hace aún más siniestro”, expresa Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA. “El caso actual de Chechenia nos ofrece el ejemplo más reciente y horrible de tales abusos, ya que los supervivientes han expresado temores de que las cuentas de los medios sociales de hombres percibidos como homosexuales o bisexuales están siendo hackeadas y usadas para identificar y contactar a otros que aún no han sido detenidos”, ha asegurado. Chechenia, conviene aclarar, no figura como estado independiente en el informe de ILGA, al ser una república de la Federación Rusa.

Estados Unidos: límites a la discusión de la realidad LGTB

Aunque Estados Unidos ha quedado oficialmente fuera de la lista previa de 19 estados, ILGA sí que recuerda en su informe que varios de sus estados han promovido normas que restringen o condicionan la discusión de las relaciones y los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. En algunos estados, los materiales escolares y los contenidos que allí se instruyen deben hacer hincapié en que “la homosexualidad no es un estilo de vida aceptable para el público en general” (Alabama y Texas); abstenerse de sugerir que “el sexo homosexual” puede ser seguro (Arizona); explicar que hoy en día se sabe que “la participación en actividad homosexual” es “la principal responsable” de la transmisión del sida (Oklahoma) o referirse a las “relaciones homosexuales” solo cuando se imparten conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual (Carolina del Sur), entre otros.

Barreras contra las ONG: 25 estados

Otros 25 estados plantean barreras a la formación, establecimiento o registro de ONG relacionadas con la orientación sexual. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Catar, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malawi, Omán, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Rusia, Siria, Sudán, Tanzania, Uganda y Yemen.

El lado positivo

El informe también señala algunos datos positivos. Es cierto que 72 estados contienen disposiciones legales que protegen contra la discriminación en el empleo basándose en la orientación sexual, 63 han promulgado diversas leyes de no discriminación, tanto amplias como específicas, mientras que 43 contemplan en sus legislaciones la orientación sexual de las víctimas como circunstancia agravante de los crímenes de odio y 39 prohíben la incitación al odio por motivos de orientación sexual. Sin embargo, si se mira la letra pequeña del informe, se puede comprobar que en la inmensa mayoría de los casos se trata de normas aprobadas en años anteriores, lo que no permite considerar que en estos momentos esta sea ni mucho menos una tendencia significativa.

Por lo que se refiere al matrimonio igualitario, son 23 los estados que lo contemplan en todo o en parte de su territorio, mientras que otros 28 contemplan en sus legislaciones otras formas de unión entre personas del mismo sexo.

En definitiva, como la propia ILGA reconoce, pese a la existencia de algunos avances, “es una verdad ineludible que la plena igualdad para las personas lesbianas, gais y bisexuales está, desafortunadamente, muy lejos de ser alcanzada”. La lucha debe continuar.

Puedes descargar el informe completo de ILGA en castellano sobre Homofobia de Estado (213 páginas)  en este enlace.

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Penelope Hudson Facebook – Foto: Uso permitido

Penelope Hudson, abiertamente homosexual, considera que después de haber trabajado 15 años en la misma empresa, ha sido despedida únicamente por ser lesbiana, por lo que presenta una demanda por despido improcedente contra Park Community Credit Union.

«Estoy desolada con que pasara esto. Me encantaba mi trabajo y era buena en mi trabajo, y me encantaba la gente con la que trabaja cada día. Puse todo mi al ma y mi corazón en esta compañía, y luego fui despedida sin otra razón que por ser gay. Es difícil de creer, y presento esta demanda porque quiero que esta empresa sepa que esto no está bien. No quiero que ninguna persona LGBT sea tratada de la manera que yo he sido tratada nunca», declara la propia Penelope Hudson, abiertamente homosexual quien, después de 15 años trabajando para la Park Community Credit Union en sus sucursales en Louisville (Kentucky) y en otra en el Sur de Indiana, presentaba este viernes, 12 de mayo, una demanda por despido improcedente al considerar que había sido despedida única y exclusivamente por ser lesbiana.

El presidente ejecutivo de la empresa, Jim Spradin, «niega vehementemente las acusaciones contra nosotros y defenderá nuestra postura a través de todos los medios legales». Fundada en 1965, Park Community Credit Union es una empresa que ofrece todo tipo de asesoramiento financiero a sus clientes, desde créditos e hipotecas hasta asesoramiento para inversiones. En su página electrónica ofrecen cinco poderosas razones para confiar en ellos, pero también Penelope Hudson expone en su demanda cinco puntos por los que considera que ha sido víctima de discriminación trabajando con ellos:

— Le aconsejan que tiene que cambiar su apariencia porque es «demasiado marimacho» para tratar con los clientes

— Cuando es acosada por un hombre en un evento de la empresa, el Vicepresidente de Recursos Humanos le dice que «si la cosa gay no funciona, también se puede ir en sentido contrario»

— Con el objetivo de someterse a un tratamiento de fertilidad, solicita y le dan un período de vacaciones haciendo uso de la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA por sus siglas en inglés. Family and Medical Leave Act), pero uno de sus superiores le pregunta por qué necesita esos días libres, quien, ante la respuesta de que no es asunto suyo, le contesta que necesitan asegurarse de que «no es por algo relacionado con ser gay»

— Un supervisor que a menudo pide a sus empleados que «recen por unos buenos números», también ha dicho en más de una ocasión que ella «no cree en Dios desde que es gay»

— Sus reiteradas reclamaciones sobre este tipo de tratamiento no sólo nunca llegan a ninguna parte, sino que a lo largo de su carrera profesional ha visto cómo otros colegas que tenían las mismas responsabilidades que ella no eran tratados de la misma manera, además de que sus supervisores discutían temas relacionados con su orientación sexual sin estar ella presente

«El caso de Penelope se presenta aludiendo al capítulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo la discriminación sexual como estereotipo de género y discriminación de orientación sexual, así como a la ordenanza local LGBT de no discriminación de Louisville», explican desde Freedom For All Americans, ante el hecho de que, aunque tengan una ley contra la discriminación LGBT en el ámbito escolar, la mancomunidad de Kentucky no tenga ninguna ley que impida la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, desde se muestran muy optimistas dado que el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito dictaminaba el mes pasado que discriminar a las personas en base a su orientación sexual violaba la Ley de Derecho Civiles, tal y como también le recordaba recientemente Hillary Clinton a Donald Trump, a propósito de su omisión a condenar la purga de homosexuales en Chechenia.

Todo indica que va a ser un caso que va a crear una gran expectación, no sólo porque puede suponer un precedente, sino porque el abogado de Penelope Hudson no es otro que Shannon Fauver, uno de los contribuyeron a la legalización del matrimonio igualitario en Kentucky por el que incluso llegar a ser encarcelada la funcionaria que se negara a entregar una partida de matrimonio a una pareja del mismo sexo, recientemente recordado por el juez, W. Mitchell Nance, que se niega a revisar cualquier caso de adopción relacionado con una pareja homoparental.

Fuente Universogay

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Renna y Sonniya fueron a denunciar una agresión de su familia cuando descubren que están manteniendo una relación íntima. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ellas y la policía de la India alega no puede hacer nada por localizarlas al no haber denunciado su desaparición ningún miembro de la familia

En la rueda de prensa que daban tras su periplo para llegar a España, María Jimena y Shaza advertían que la persecución que sufren las mujeres en Emiratos Unidos Árabes y otros países similares es doble, puesto que son tan vulnerables por ser homosexuales como por ser mujeres. Es el caso de Renna Singh, de 25 años de edad, y Soniya, su pareja, de 22 años de edad, que están desaparecidas en la India desde el 17 de febrero, el mismo día que denunciaron a su propia familia en la comisaría de Raya, en la provincia de Mathura, después de haber sufrido acoso y amenazas de su familia por atreverse a tener una relación de pareja. Un conflicto que nos recuerda la triste historia de Roshini Tandel y Rujukta Gawand.

El oficial Anil Kumar admite que la policía no llega a formalizar la denuncia al considerar el conflicto como un «asunto de familia», pero reconoce que podrían haber sido enviadas a la casa de algún pariente para mantener a la pareja separada, no considerando igualmente que hayan desparecido, al no haber presentado tampoco ningún miembro de la familia ninguna denuncia que así las declare. La pareja habría sido descubierta en una «posición comprometedora» y golpeadas por el padre de Reena por ser lesbianas.

«Me encanta Soniya. Quiero casarme con ella. Viviremos juntas o moriremos juntas. Mi padre, Laxman Singh, me pega. Quiere que se vaya Soniya», declaraba Reena a un medio de comunicación, mientras que su padre, arremetía y demonizaba en el mismo medio a su pareja, advirtiendo que «no es una buena mujer, va a vender a mi hija a los traficantes de sexo, a Reena le han lavado el cerebro». Por otro lado, Sanjay Singh Jatav, hermano de Soniya, explica que su hermana «se casó en 2007. Nunca fue a la casa de su marido. Ha solicitado el divorcio. Ella debe saber que tal relación no es aceptable en nuestra sociedad. Realmente no sabemos qué hacer».

Mientras se desconoce el paradero de la pareja ante la imposibilidad de la policía para actuar o la actitud de los miembros de la familia que incluso llegan a considerar someterlas a terapias de conversión, la sociedad mira hacia otro lado debido a los prejuicios contra las relaciones del mismo sexo, que se acentúan en las ciudades más pequeñas y las zonas rurales gracias a la dacroniana sección 377, que castiga con multas y cárcel, que podría llegar a ser cadena perpetua a «toda persona que voluntariamente tenga relaciones sexuales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal». Una ley colonial que las autoridades prometieron revisar ante el éxito de una película como Aligarh (Hansal Metha, 2015, India), biopic sobre un profesor universitario homosexual, aunque, al menos, si aprobaban el mes pasado una ley de prevención y control del VIH y sida.

LGTBfobia de Estado en La India

El artículo 377 del Código Penal de la India castiga las relaciones sexuales “contra natura” con hasta 10 años de prisión. A finales de 2013, la Corte Suprema decidió recriminalizar la homosexualidad, dejando sin efecto la histórica sentencia sancionada por el Alto Tribunal de Delhi en 2009 (en la que declaraba “inconstitucional” la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo). En los últimos años,mos hemos hecho eco del aumento exponencial de la violencia contra personas LGTB en la India, a raíz de la ilegalización de las relaciones homosexuales.

Las informaciones que nos llegan positivas en clave LGTB de la India son muy escasas. A principios de este mismo año nos hacíamos eco de la apertura del primer colegio para alumnos transexuales en riesgo de exclusión social. Solo unos días después, sin embargo, recogíamos la historia de un joven de 20 años cuyos padres trataron de organizarle una “violación correctiva” después de salir del armario como gay. Los progenitores llegaron a contratar a unos matones para que le agredieran al saber que mantenía una relación con otro chico con el que convivía.

Por otra parte, hace unos meses publicábamos que las autoridades de la India impedían la entrada al país a Victoria Kolakowski, la primera jueza trans de los Estados Unidos. Semanas atrás, prohibían una película por “glorificar” las relaciones homosexuales. La Junta Central de Certificación Cinematográfica de la India (CBFC) se negaba a certificar ‘Ka Bodyscapes’ para su proyección por incluir “escenas gais sensibles”.

Como ocurre en muchos otros países en los que existe homofobia de Estado, los grupos homófobos en la India (incluidos los policiales) se creen en el derecho de realizar impunemente cualquier acción contra las personas sexualmente diversas. No es necesario que las víctimas sean realmente homosexuales (lo que en ningún caso les eximiría de su responsabilidad criminal), con que ‘lo parezcan’ es suficiente.

En 2014, un año después de la recriminalización de la homosexualidad en la India, el activismo LGTB denunciaba un repunte de la violencia homófoba. Y a principios del año pasado recogíamos que ese mismo año 2014 se realizaron un mínimo de 600 detenciones a personas que habían sido acusadas de practicar la homosexualidad. Una cifra que en 2015 se elevaba a más de 1.300 personas, incluyendo 207 adolescentes. Una cifra, no obstante, que parece poco realista si tenemos en cuenta que desconocemos el alcance de la corrupción policial y la cantidad de afectados por extorsiones económicas a cambio de evitar el arresto o el procesamiento judicial.

En octubre de 2015 dábamos cuenta de más casos de extorsión por ser o “parecer” homosexual por parte de miembros de la policía, quienes, según constatan los activistas LGTB “con frecuencia visitan los puntos donde los gais se encuentran y les extorsionan pidiéndoles dinero”. Por otra parte, la estigmatización y los prejuicios provocan todo tipo de injusticias. A principios de 2016 nos hacíamos eco del intento de suicidio de un adolescente de quince años, quemándose vivo, tras ser acosado por ser gay.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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La madre convive con una mujer, lo cual provocó  ira en el ex marido. Los acosos son validados por los padres y hermano de la mujer, una familia ultra-católica que siempre ha rechazado la homosexualidad.

Difíciles momentos está viviendo una pareja lésbica, F.C.R (35) y D.P.E (34), debido a los contantes acosos en razón de su orientación sexual que les propinan el ex marido, Edgardo Agustín Castro Leiva, y la familia sanguínea de la primera, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En reiteradas oportunidades Edgardo Castro ha llegado hasta las casa de F.C.R, para insultarla a ella y a su pareja, D.P.E, tratándolas de “enfermas” y “anormales”, ofensas que suele lanzar casi diariamente a través de llamadas telefónicas.

El sujeto ha llegado al extremo de querer involucrar a sus dos hijos, uno de 6 y otro de 13 años, en el desprecio a la orientación sexual de su propia madre, logrando con éxito manipular el mayor con su familia materna tras un violento incidente ocurrido en noviembre pasado.

En efecto, en dicho mes Edgardo Castro llegó hasta el domicilio de F.C.R para quitarle a sus hijos, siendo acompañado por la madre, el padre y el hermano de su ex esposa, una familia ultra-católica y conservadora que viene rechazando la orientación sexual de la mujer desde que tenía 14 años.

En la oportunidad, la familia de F.C.R se llevó consigo al menor de 13 años, quien evidentemente manipulado por Edgardo Castro suele enviar agresivos mensajes telefónicos a su madre y a D.P.E.

Misma manipulación ha intentando Edgardo Castro con el menor de 6 años, quien al negarse a decir palabras negativas contra su madre, ha sido golpeado físicamente por su padre.

En el transcurso del presente mes, Castro Leiva se ha apostado en dos oportunidades en las afueras de la casa de F.C.R,, golpeando a altas horas de la noche la vivienda y amenazando con que también se llevará consigo al niño de 6 años.

Agobiada, la pareja lésbica ya estampó la denuncia sobre estos hechos en la Policía de Investigaciones, mientras que con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Quilicura iniciara acciones legales contra el agresor.

En tanto el Movilh, que ha estado asesorando a la pareja, comenzó en redes sociales una campaña para denunciar “la violencia, cobardía, misoginia y homofobia de Edgardo Castro, un sujeto que en su afán de imponerse y vengarse contra su ex esposa sólo por ser lesbiana, usa y abusa de la inocencia de dos menores de edad, sus propios hijos, a quienes agrede físicamente. El sujeto es un peligro público”, puntualizó la organización.

Fuente MOVILH

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Jimena Rico y su pareja, la egipcia Shaza Ismail, ya descansan en España, después de haber sido retenidas en Turquía y escapar de la trampa que les había preparado el padre de Shaza en Dubái. Su historia ha tenido un final feliz, pero lo sucedido pone una vez más en evidencia la vulnerabilidad de las personas LGTB en aquellos países en los que no gozan de ninguna protección frente a la discriminación de sus propias familias.

Jimena y Shaza se conocieron en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Jimena, que trabaja para una empresa londinense, se encontraba allí por motivos de trabajo. Shaza, miembro de una familia adinerada instalada en Dubái, marchó a Londres a hacer un curso y allí la pareja pudo por fin afianzar su relación. Fue desde la capital inglesa, ya segura de sí misma y con la salvaguarda que le daba la distancia, desde donde Shaza reveló por fin a sus padres que se había enamorado de otra mujer.

Sobre el papel, la familia de Shaza acepto su relación, pero lo cierto es que su padre acabó por tender a su hija una trampa. Le dijo que su madre había enfermado gravemente, y que quería verla. Shaza aceptó entonces volver a Dubái, pero Jimena, desconfiada, quiso acompañarla, y ello pese a que Emiratos Árabes Unidos castiga las relaciones homosexuales con penas de cárcel. Al llegar a Dubái sus temores se confirmaron. El padre de Shaza intentó retener a su hija en la casa familiar y ofreció a Jimena volver a Londres sola, a lo que ella se negó.

La pareja, ante la amenaza de acabar ante la justicia, consiguió finalmente escapar en un vuelo a Georgia, donde se refugiaron durante tres días en casa de unos amigos mientras consigue vuelo de regreso a Londres, pero el padre de Shaza acabó por interceptarlas en el mismo aeropuerto de Tiflis, la capital georgiana, donde les rompió incluso sus pasaportes. Tanto la pareja como el padre de Shaza, de hecho, fueron detenidos. Tras ser liberadas, las dos chicas se vieron obligadas entonces a escapar en autobús con destino a Estambul, en Turquía. Fue al llegar a la ciudad turca cuando el calvario de la pareja llega a su punto culminante: allí fueron detenidas e incomunicadas durante casi tres días en un centro de detención de mujeres. La familia y amigas de Jimena, de hecho, acabaron por denunciar públicamente su desaparición, angustiados por la posibilidad de que su vida corriese peligro.

Cuando por fin Jimena pudo contactar telefónicamente con su familia, esta le pidió que regresara a España aunque fuera sola, pero ella se negó a abandonar Turquía sin su novia. Finalmente, gracias a la presión de la propia Jimena (y seguramente también al revuelo mediático), el cónsul de España logró la deportación de las dos mujeres.

Ya en Torrox (Málaga), donde reside su familia, Jimena ha querido enviar un mensaje a través de Facebook a todas las personas que se han solidarizado con ellas, en el que agradece muy especialmente los esfuerzos de su amiga Tamara Romero, una de las que más activamente se movilizaron para conseguir su liberación. En el mensaje se puede comprobar que las dos chicas ya se encuentran bien, rodeadas de familia y amigos:

La historia de Jimena y Shaza ha tenido un final feliz, de lo que nos felicitamos. Ojalá se recuperen pronto del infierno que han vivido. Pero lo que les ha pasado no es más que una muestra más de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas LGTB en países como Dubái (que diversos episodios que hemos recogido en el pasado en estas mismas páginas atestiguan) o Turquía, un país este en el que además se está produciendo un acelerado deterioro de la situación. El colectivo LGTB turco se enfrenta al autoritarismo creciente de Recep Tayyip Erdoğan, materializado por ejemplo en detenciones como las que recientemente han sufrido los activistas Levent Pişkin o Uğur Büber.

Países, además, en los que las personas LGTB no gozan de ninguna protección frente a la discriminación que sufren a manos de sus propias familias, como le ha sucedido a Shaza. Y es que, a diferencia de lo que sucede en otros colectivos minoritarios que son objeto de discriminación por razones étnicas o religiosas, los miembros del colectivo LGTB no pueden ni mucho menos dar por descontado el apoyo de sus familias, que muchas veces se convierten en sus principales enemigos.

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El diario ha eliminado, sin previo aviso, un artículo lleno de odio y machismo titulado “El lesbianismo no existe”.

En el día de ayer en la edición online de ABC aparecía un artículo escrito por Salvador Sostres que fue retirado horas después sin dar explicación alguna. En el mismo se podían leer pensamientos tan interesantes y profundos como que “las lesbianas follan entre ellas pero sólo hasta que llega el macho a recordar las cuatro y eternas obviedades y a poner orden”.

Sí. Has leído bien. Pero el autor no se queda ahí y afirma que “El lesbianismo no existe. Es una nostalgia, un resentimiento. No sé qué os hemos hecho. Pero en su odio está su penitencia y en cada lesbiana hay un oculto deseo de macho aunque no lo sepa o no quiera saberlo”.

Suponemos que después de publicar semejante basura alguien en la redacción dio la voz de alarma y se apresuraron a retirarlo, así, sin decir nada, para que no se note. Pero claro, borrar algo de internet no es fácil. Y aunque el enlace al artículo original no lleva a ningún sitio, sigue estando accesible a través de la caché de google.

Claro que tampoco debemos sorprendernos. Sostres es un experto en soltar barbaridades como cuando delante de un grupo de niños afirmó que “Las chicas jóvenes, de 17, 18, 19, es ahí donde está la tensión de la carne… Esas vaginas que aún no huelen a ácido úrico, que están limpias, tienen un olor a santidad” para luego despreciar a un grupo de críos que venian de Marruecos preguntándose si “era un colegio o una ONG”. ¿No te lo crees? Míralo tú mismo.

El “periodista” le encanta provocar e insultar alegremente y claro, a un personaje así solo se le puede dar cobijo en la Cope donde también es colaborador, y en ABC, ese medio de comunicación que regala panfletos tránsfobos que atacan a niños. Ahora todo encaja.

Fuente EstoyBailando

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Las noticias de la joven española desaparecida en Turquía junto a su novia de nacionalidad egipcia no eran demasiado halagüeñas. Por suerte, ambas jóvenes están vivas, según acaba de infomar TVE-1, aunque en estos momentos están detenidas por las autoridades turcas en Estambul al estar sin pasaporte, tal y como han confirmado fuentes de la Embajada de España en Ankara.

La familia de Jimena Rico denunciaba ante la Guardia Civil la desaparición de su hija, una joven de 28 años que intentaba huir de Turquía para escapar del padre de su novia, de nacionalidad egipcia. Según había denunciado la familia de esta joven malagueña, el padre de la pareja de Jimena no admitía la orientación sexual de su hija, y de hecho, la habría amenazado de muerte.

Parece ser que la última comunicación de Jimena Rico con la compañera con la que comparte piso fue el pasado lunes, y desde ese momento, no se habían producido más contactos con ella. La familia había informado que habló con Jimena el domingo, y que esta les advirtió que en el momento en que no diera señales de vida avisaran rápidamente a la policía por lo que hubiera podido pasar.

La española, que también posee la nacionalidad argentina, mantiene una relación con otra joven de nacionalidad egipcia. Y ambas habrían volado desde Londres hasta Dubái engañadas, pensando que la madre de Shaza, que así es como se llama la pareja de Jimena, estaba gravemente enferma. Una vez que la pareja se encontraba en Dubái, el padre de Shaza habría amenzado de muerte a su hija por tener una relación con otra mujer, denunciándola ante las autoridades del país, en el que la homosexualidad está prohibida.

Ante la situación, y para evitar ser encarceladas, las dos jóvenes tuvieron que huir de forma precipitada de Dubái hacia Georgia. Y justo cuando iban a coger un vuelo a Londres el pasado jueves, apareció nuevamente el padre de Shaza junto a los escoltas que siempre lo acompañan. Entonces, parece ser que se produjo un altercado en el que intervino la policía, y del que ambas pudieron escapar en dirección a la frontera turca. Precisamente, fue en Estambul desde donde se produjo la última comunicación de Jimena con su compañera de piso, informando que se dirigían hacia un hotel y después al consulado español, aunque lamentablemente las jóvenes no llegaron a ir a ninguno de estos destinos.

Por suerte, ambas jóvenes están vivas, y esperemos que las autoridades españolas hagan todo lo posible para conseguir que Jimena y Shaza jóvenes puedan ser liberadas y puedan volver pronto a suelo europeo para seguir viviendo con tranquilidad su historia de amor alejadas de la locura que acaban de vivir.

Más información | TVE, vía AmbienteG

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Cinco chicas fueron brutalmente golpeadas a la salida de un pub en Hampshire.

Se ha detenido a cuatro sospechosos que han sido puestos en libertad.

El pasado día 16 un grupo de ocho amigas salían de un local llamado Blue Anchor en la ciudad de Portsmouth cuando un grupo de unos quince hombres comenzaron a gritar consignas homófobas y a golpear a cinco de ellas.

Las víctimas, de entre 23 y 32 años, han sufrido heridas importantes. Una de ellas ha perdido los dientes frontales.

La hermana de una de las agredidas presenció lo sucedido y relata “Los hombres habían dejado a las chicas pero siguieron golpeando a la mayor, al menos 20 o 30 veces más. Les rogué que parasen pero no lo hicieron hasta que escucharon las sirenas. La dejaron tirada como si nada y volvieron a entrar en el bar”.

Otra de las mujeres fue golpeada en el pecho ocasionándole diversos moratones. Una de sus amigas afirma que “había por lo menos siete hombres encima de ella que no paraban de golpearla”

Otra de las mujeres fue lanzada contra la persiana metálica de una tienda mientras unos siete hombres la golpeaban e intentaban tirarla contra el suelo.

La policía está investigando el caso y ha dejado en libertad a los cuatro detenidos de entre 25 y 27 años de edad.

Fuente | The News, vía EstoyBailando

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Sin el trabajo de las entidades LGTB, las víctimas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género estarían especialmente desprotegidas. Hoy nos hacemos eco de una nueva iniciativa en ese sentido, que surge del colectivo alicantino Diversitat y que tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana. Se trata del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Según datos de Diversitat, en la Comunidad Valenciana se cometen cerca de un centenar de incidentes relacionados con delitos de odio por LGTBfobia al año, muchos de los cuales no se denuncian por miedo a revelar la identidad o a recibir represalias. “Solo en Alicante, durante 2016 se registraron 22 agresiones a personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. En lo que va de año llevamos 11 consultas por agresión”, explican. Son datos, desde luego, superiores a los oficialmente registrados. Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2015 (último año del que hay datos completos publicados), en la provincia de Alicante se registraron solo 5 incidentes (1 en la de Castellón y 11 en la de Valencia). Una discordancia que ya han puesto de manifiesto otras entidades en la Comunidad de Madrid o en Cataluña.

Una realidad ante la cual Diversitat han decidido poner en marcha un Observatorio similar a los existentes, por ejemplo, en esas dos comunidades. De carácter autonómico, asistirá a las personas que hayan sufrido una agresión o incidente de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Valenciana. El acceso será a través de un teléfono y medios telemáticos, como correo electrónico e internet, y pondrá en contacto directo a las víctimas con un equipo de atención psicológica y jurídica especializada que brindará atencion ininterrumpida. El equipo de asistencia, formado por un psicólogo y una abogada experta en delitos de odio, realizará un acompañamiento integral a las víctimas a lo largo de todo el procedimiento policial como, llegado el caso, judicial. Según Toño Abad, “lo que nos encontramos a la hora de realizar el acompañamiento son personas destrozadas que sienten que parte de la culpa de la agresión es debido a ellas, a su aspecto, expresión, orientación o identidad (…) Nuestro trabajo es recomponer a estas personas y darles herramientas, sensación de acogimiento y acompañamiento para que puedan denunciar sin miedo ni temor”.

Según el director del Observatorio, Toño Abad, Diversitat pretende “luchar contra el fenómeno de la infradenuncia”. “La situación que se produce con el miedo a denunciar por no sentir comprensión por parte de los funcionarios, la normalización de la violencia que sufren las personas LGTBI, el sentimiento de culpa muy asociado a la vítima del delito de odio o no querer ser públicamente reconocido por tu orientación o identidad, provocan que muchas víctimas tengan miedo a denunciar”, explica. Esta situación da lugar a que haya delitos penales “que en su mayoría quedan impunes, reforzando precisamente el agresor frente a la víctima”.

Según los datos que maneja Diversitat, la mayor parte de las agresiones son verbales y físicas, pero también psicológicas, de discriminación en entornos laborales o en centros educativos, de acoso, hostigamiento y amenazas. Según Abad, “a veces la violencia es de baja intensidad pero mantenida en el tiempo, lo que a la larga produce crisis de ansiedad, depresión y situaciones emocionales cuya reparacion es muy complicada”. Por ello el asesoramiento psicológico es esencial y formará parte de todo el proceso a través de la atención especializada.

El Observatorio estará compuesto, además del área de asistencia a las víctimas, por una mesa de delitos de odio, en la que participarán todas las entidades e instituciones que quieran sumarse y que coordinará las acciones, políticas y actividades propuestas, así como por un área de análisis, docencia e investigación, que estará coordinada por la Universidad de Alicante (en concreto, por el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y la Unidad de Atención a la Diversidad). El objetivo de esta última es el de documentar, sistematizar y analizar los datos de agresiones.

Futuro convenio con el Colegio Provincial de Abogados

Según explican desde Diversitat, la iniciativa ha sido ya presentada al decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que ha mostrado sun interés por establecer una colaboración con el Observatorio. En palabras de Toño Abad, “es muy importante tener de nuestro lado a las instituciones públicas y a los representantes de la sociedad, y en este caso, el Colegio de Abogados es un gran aliado, tanto a la hora de realizar formación específica en materia de delitos de odio a colegiados y profesionales del derecho como en difundir el servicio que prestamos a sus colegiados de forma que todos los abogados de Alicante tengan conocimiento de que hay entidades que trabajamos específicamente con la víctima de delitos de odio”.

Ambas entidades, de hecho, se han comprometido a elaborar próximamente un convenio de colaboración.

Seguiremos con atención la evolución del Observatorio valenciano contra los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por lo pronto, puedes seguirlo en su cuenta de Twitter.

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El hombre ha dicho a las dos mujeres en francés que era ilegal besarse

Los Mossos d’Esquadra han abierto diligencias por un presunto delito de odio y discriminación contra un turista extranjero que este jueves agredió verbalmente a una pareja de mujeres en el metro de Barcelona. La firme actitud de la pareja permitió que los vigilantes de seguridad del suburbano retuvieran al agresor hasta que se personaron los Mossos.

La agresión tuvo lugar poco este jueves al mediodía, en un vagón de la línea 2 del metro de Barcelona. Las dos chicas, de 28 y 32 años, se dieron un beso. En ese momento, el agresor interpuso un brazo entre las dos mientras se burlaba de ellas, al tiempo que les decía, en francés, que no era legal lo que estaban haciendo. El agresor iba acompañado por otros tres hombres, que secundaron con risas su actitud ofensiva. Las chicas le replicaron, en inglés, que lo que era ilegal era su actitud. Ante la firmeza de la pareja, el individuo comenzó a adoptar un tono más agresivo. Según la denunciante, el hombre «ha ido a peor y ha empezado a gritar insultos y amenazas» contra las dos mujeres, mientras sus amigos se reían y al tiempo que varios viajeros del metro salieron en defensa de la pareja. Varios de los pasajeros del metro han salido en defensa de la pareja de lesbianas, que han hecho constar en su denuncia que se han sentido «humilladas» por la actitud del turista, que seguía negando que pudieran besarse en público, y por las carcajadas de sus amigos.

Al llegar a la estación de Paral·lel, la pareja de mujeres y el agresor abandonaron el tren. Las jóvenes corrieron en busca del personal de seguridad, que por fortuna pudo retener al individuo hasta que los Mossos hicieron acto de presencia e identificaron al agresor.

En su denuncia, la pareja ha hecho constar que mientras esperaban la llegada de una patrulla de la policía catalana, la actitud del hombre «ha sido más intimidatoria y agresiva» hasta el punto de que han temido por su integridad física. Cuando la patrulla ha llegado ha identificado al hombre y le ha dejado en libertad al no constar ninguna agresión ni lesiones.

El Observatori contra l’Homofòbia (OCH), por su parte, ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, del Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) y del Ayuntamiento de Barcelona, así como de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat, al amparo de la ley catalana contra la LGTBfobia. Su presidente, Eugeni Rodríguez, ha condenado lo sucedido, pero se ha felicitado por la actitud de la pareja, que en lugar de interiorizar la agresión como algo inevitable han reaccionado con firmeza, permitiendo así la identificación del agresor, y han denunciado de forma pormenorizada lo sucedido.

El presidente del Observatorio contra la Homofobia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha condenado los hechos y ha manifestado que «este es un ejemplo más que deja al descubierto la violencia que sufren las personas LGTBI en su vida diaria». Rodríguez ha felicitado «la rápida actuación de los agentes de seguridad del metro y los mossos que han posibilitado la identificación de los agresores».

Según ha explicado Rodríguez, cuando el OCH ha tenido conocimiento de la denuncia, ha contactado con los mandos de los Mossos d’Esquadra con quien se están coordinando y han hecho llegar también la denuncia al departamento de Interior, a la Dirección General de Igualdad de la Generalitat y a la Concejalía de LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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Sandra Ramírez, una mujer de 38 años, ha sido víctima de una agresión lesbófoba en Chile. Dos hombres y una mujer con simbología nazi se ensañaron verbal y físicamente con ella en la calle cuando se dirigía a su puesto de trabajo. Los agresores la trataron de “lesbiana asquerosa”, “maricona” y “escoria”, además de propinarle puñetazos y darle golpes con una botella. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) confiesan que es la primera denuncia de una mujer lesbiana por ataque en la vía pública a manos de desconocidos. Asimismo, han querido poner en valor la “valentía” de Ramírez por “atreverse a denunciar el atropello, lo cual es poco común”.

Dosmanzanas recogía hace solo unos días el incremento de casi un 30% en los casos de LGTBfobia en Chile, incluyendo cuatro asesinatos. El informe, como decíamos, ha registrado un total de 332 casos o denuncias por odio hacia la orientación sexual o la identidad de género en el año 2016. Por primera vez en 12 años, las personas transexuales y las mujeres lesbianas denunciaron más abusos que los gais, concentrando el 28%, el 24% y el 23% del total de casos, respectivamente.

En esta línea se enmarca la brutal agresión que ha sufrido Sandra Ramírez. La víctima caminaba hacia una parada de autobuses, para acudir a su trabajo, cuando dos hombres y una mujer se le acercaron y comenzaron a imitar sus gestos y su forma de caminar. Al mismo tiempo le espetaron exabruptos lesbofóbicos como “lesbiana asquerosa”, “maricona” y “escoria”.

Los agresores, con simbología nazi visible, no se contentaron con las palabras hirientes y pasaron en poco tiempo a los golpes. Así lo relata Ramírez: “Se acercaron donde mí, me dieron repetidos puñetazos y me golpearon con una botella, mientras gritaban que las personas como yo no merecían vivir. Pude darme cuenta que en sus chaquetas tenían el símbolo nazi, lo que me dio mucho miedo. No logro sobreponerme por lo vivido”.

Afortunadamente, Sandra Ramírez logró huir del escenario de los hechos, aunque en el ambulatorio le diagnosticaron tec cerrado, esguince cervical y policontusión, ordenándose 8 días de baja laboral. Asimismo, apoyada por su pareja, ha interpuesto la correspondiente denuncia en la comisaría 14 de San Bernardo (capital de la Provincia de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago).

Óscar Rementería, uno de los portavoces del MOVILH, ha dejado claro que “repudiamos con toda nuestra fuerza este cobarde abuso contra una mujer. Es indignante que la homofobia se exprese incluso cuando vas a tu trabajo. Toda nuestra solidaridad con Sandra, de quien destacamos la valentía por atreverse a denunciar el atropello, lo cual es poco común”.

Cinco años sin Daniel Zamudio

Cualquier agresión o asesinato a una persona LGTB, por su mera orientación sexual o identidad de género, despierta nuestra denuncia y más absoluta condena. Todas y cada una de ellas sin excepción. Pero la muerte de Daniel Zamudio nos llegó al alma. A Daniel, de 24 años, le torturaron y asesinaron por ser homosexual en un parque del centro de Santiago. El 27 de marzo se ha cumplido el quinto aniversario del horror. Solo hay que recordar la declaración de Raúl López, uno de los cuatro asesinos, en la que explicaba que cuando le rompieron la pierna a Daniel “sonaron como unos huesos de pollo, y como ya el muchacho estaba muy mal, nos fuimos cada uno por su lado”.

Cabe recordar que en verano de 2012, unos meses después del crimen contra de Daniel, el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgaba una histórica ley antidiscriminación, popularmente conocida como “Ley Zamudio”. Por otra parte,  en 2014 se inauguraba el Memorial por la Diversidad en el Cementerio General de Santiago de Chile, lugar donde descansan los restos de Daniel Zamudio.

Fuente MOVILH/vía Dosmanzanas

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Políticos de todo signo condenan el internamiento contra su voluntad de una lesbiana en un centro de desintoxicación para «curarla» de su homosexualidad.

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Un juez condena a 21 años de cárcel a un padre británico por varios delitos de violación, entre ellos el de violar a su hija para demostrarle que el sexo heterosexual es mejor que el homosexual.

Un juez británico condena a 21 años de cárcel a un padre de Coventry, entre otros delitos, por la violenta y lesbofóbica respuesta que tiene cuando su hija adolescente le habla de su orientación sexual, que no acepta, por lo que procede a violarla para «demostrarle» que el sexo heterosexual es mejor que el homosexual. Las violaciones se produjeron en los años ochenta y noventa, extendiéndose a lo largo de 20 años y afectando también a otra hermana.

La identidad del agresor, de 54 años de edad en la actualidad, no ha trascendido para proteger la de sus hijas. A pesar de que se declaraba no culpable ante el Tribunal de la Corona de Warwick, ha sido condenado por un total de nueve cargos de asalto indecente, uno de ellos de indecencia y tres de violación. Delante de una de sus víctimas, era condenado a 21 años de prisión, prorrogado por cinco años más, sujetos a revisión, lo que significa que tendrá que cumplir al menos dos tercios de la pena, en lugar de la mitad, como es habitual. Las violaciones se había prolongado a lo largo de más de veinte años, comienza con el abuso sexual de su hijastra y, una vez se va de casa, continuando con su propia hija. Según ha advertido el juez Andrew Lockhart, la pena máxima por ese tipo de delitos era de cinco años cuando tienen lugar, mientras que de haber cometido los delitos en la actualidad podría enfrentarse a la cadena perpetua.

La primera víctima de este violador es su hijastra, de la que comienza a abusar cuando tiene 11 años, de una manera regular y progresiva, primero con tocamientos para terminar con penetración. Las consecuencias de esta actitud afectan terriblemente a la menor, quien considera que su hermana estaría a salvo cuando abandona el hogar familiar, al ser hija biológica de su agresor. Se equivocaba. Cuando a los 16 años de edad, su hija le habla de su lucha interna para aceptar su orientación sexual, revelándose que es lesbiana, el padre reacciona con una «ira incontrolada», decidiendo «violarla para mostrarle porqué es mejor tener relaciones sexuales con hombres que con mujeres».

«Esa violación implicaba degradación y humillación. El delito demuestra su hostilidad hacia ella como lesbiana. Esa es claramente una característica agravante. También se agrava por las otros dos violaciones posteriores (…). Ambas han sido seriamente dañadas psicológicamente por su comportamiento. Escuchar la evidencia de su sentimiento de culpabilidad al dejar a su hermana para enfrentarse a usted ha sido la prueba más desgarradora de la evidencia», explica el juez, añadiendo que el agresor será un hombre muy mayor cuando sea liberado. Con la intención de conseguir una merma en la pena, la abogada del agresor, Sally Hancox, ha argumentado que su cliente no ha reincidido en este tipo de delitos desde que los cometiera con sus hijas. Una consideración que no ha sido tenida en cuenta por el juez, que ha impuesto una sentencia extendida, ordenando que se registrase al acusado como delincuente sexual para el resto de su vida.

Fuente Universogay

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Una policía local de Palma denunció homofobia en el cuerpo: «Maricones y tortilleras eran palabras habituales en mi día a día».

Los agentes que se burlaban con chistes homófobos y la llamaban «bollera de mierda», se enfrentan a penas de entre 4 y 10 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de 4 años y medio, 6 años y medio, y 10 años y 9 meses de cárcel para tres policías locales de Palma, por presuntos delitos contra la integridad moral y lesiones, por acosar a una compañera de la que se burlaban por ser homosexual.

El fiscal considera que los dos agentes de la unidad motorizada para los que solicita una pena más elevada se pusieron de acuerdo desde 2007 para «humillar, menospreciar y ridiculizar» a una compañera «movidos por su odio y desprecio a la condición homosexual» de la agente, según recoge el escrito de acusación de este caso.

De manera insistente y cotidiana, mientras compartían trabajo, insultaron y vejaron a la policía de palabra, mediante comentarios, gestos o hechos, dirigiéndose a ella con expresiones como «bollera de mierda» y «tijeritas», llevándose las manos a los genitales y preguntándole si hacía de hombre o de mujer.

Según el fiscal, estos comentarios tuvieron lugar en dependencias policiales y también en cafeterías, en presencia de otros miembros de la Policía Local y en horas de descanso o almuerzo.

En otros episodios, los agentes acusados contaban chistes de lesbianas o jugaban a «piedra, papel, tijera» a modo de burla, con insistentes gritos de «tijeras» dirigidos a la policía.

También era habitual que los dos agentes acusados pincharan y desinflaran las ruedas de la motocicleta de la agente afectada y en una ocasión mancharon el vehículo con huevos.

Según el relato de la Fiscalía, en 2009, la agente denunció la situación de «acoso» a la que era sometida ante el jefe de la unidad, el tercer acusado, que se burló de ella y le aconsejó que hiciera un informe indicando que no era apta y que se marchara a otra unidad policial porque era «una bollera de mierda» y la causante del problema.

En 2012, cuando coincidió con este responsable policial en un comercio y le comentó que se planteaba optar a un plaza para una unidad específica, el superior le advirtió de que acabaría en la emisora porque no gustaba a sus compañeros y era un puesto donde la nadie la vería.

Según el fiscal, después de que la víctima denunciara públicamente en 2016 en un medio de comunicación que era víctima de acoso, los presuntos acosadores, con ánimo vengativo, animaron a varios compañeros a desacreditarla declarando que la habían visto maltratar a un detenido e instigaron distintas acciones de intimidación y coacción hacia ella como el robo de su moto.

Además uno de los acusados la denunció por otra presunta agresión a un arrestado por hurto, una denuncia que la Fiscalía considera falsa porque los hechos habrían ocurrido un día que la agente ni siquiera trabajó.

El fiscal pide 10 años y 9 meses de cárcel para uno de los acusados por un delito contra la integridad moral, lesiones, otro de denuncia y acusación falsa, falso testimonio, tentativa de presentación de testigos falsos y contra la administración de justicia.

Para el otro reclama 6 años y 6 meses por delitos contra la integridad moral, lesiones y contra la Administración de Justicia, y para el superior 4 años y 6 meses por omisión en la persecución de un delito contra la integridad moral y lesiones.

En los tres casos, la Fiscalía solicita que se tenga en cuenta la circunstancia agravante de que los acusados actuaron por motivos de discriminación por orientación sexual.

El fiscal reclama además que los tres indemnicen a la víctima por los perjuicios sufridos y las secuelas, y que el Ayuntamiento de Palma responda de manera subsidiaria del pago de dichas indemnizaciones.

El ministerio público reclama también que se exija a cada uno de los acusados una fianza de 5.000 euros en calidad de responsabilidad civil, en previsión de una posible condena.En el escrito de acusación, el fiscal solicita que esta causa se archive para un cuarto policía que ha sido investigado por los mismos hechos.

Fuente agencias/Cáscara Amarga

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Foto blog MoonMamas

La Direccion General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia ha fallado a favor de María José Torres y Brenda Kelleher, el matrimonio de mujeres al que el Registro Civil de Denia negó la inscripción de su tercer hijo por no aportar una proueba documental de cómo se había gestado, algo que jamás se le pide a las parejas de distinto sexo. Así lo han anunciado María José y Brenda en su blog, en el que además adelantan que la resolución, tal y como está redactada, abre las puertas a otros matrimonios de mujeres con hijos, con independencia de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida.

Seguramente ya conocéis la historia: Lennon, tercer hijo del matrimonio, nació en junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron al Ayuntamiento de Benidoleig, donde ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió las remitió al Registro Civil de Denia.

Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Como consecuencia de la negativa, la unidad familiar pasó a tener dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con los dos primeros hijos. Otro, solo de Brenda con el tercer hijo, con la consecuente desprotección que ello supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos.

La situación era kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha una petición en change.org que consiguió el respaldo de más de 100.000 firmas y que hace pocos días presentaron ante la propia Dirección General de Registros y Notariado.

Finalmente, la respuesta ha sido positiva, como la propia pareja narra en su blog, MoonMamas. Según explican, la resolución cita el artículo 44 de la Ley del Registro Civil de 2011 (según el cual “También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”). La resolución, en este caso, asegura que “cabe colegir que la intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por mujeres, independientemente de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida”.

En palabras de María José Torres, “ésto, como me ha dicho uno de los abogados que ha seguido de cerca nuestro caso, es un ladrillo en la historia de la igualdad LGTB en este país. Abre las puertas de otras opciones de embarazo que hasta ahora no eran una opción para las parejas de mujeres en España”. “Esto realmente era uno de nuestros mayores deseos cuando nos lanzamos a mover nuestra reivindicación y realmente nos llena de alegría que no solo se haya arreglado nuestra situación familiar sino que se haya abierto un nuevo camino para muchas otras mujeres y sus bebés“, añade. Si esto es así, se trata sin duda, de una novedad sobre cuyo desarrollo estaremos expectantes.

¡Nuestra enhorabuena a la pareja!

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