La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha emitido un informe tras la investigación realizada en Chechenia, en el que afirma que «existen pruebas manifiestas que confirman» las acusaciones de persecución, tortura y ejecución de personas homosexuales, bisexuales y trans. El protocolo por el que se inició la investigación fue instado por dieciséis países, para quienes no bastaban las explicaciones dadas por el Gobierno ruso sobre las violaciones de los derechos humanos en el territorio checheno. La OSCE acusa también a las autoridades rusas de «falta de voluntad política» para esclarecer los hechos y actuar contra los responsables de la brutal represión.

Según la conclusión que se hace constar en un documento que tiene más de treinta páginas, «las pruebas demuestran claramente que las acusaciones de violaciones muy graves de los derechos humanos en la República de Chechenia de la Federación Rusa han sido confirmadas. Esto atañe a denuncias particulares de acoso y persecución, arrestos arbitrarios o detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En particular, han podido confirmarse varias oleadas de violaciones de los derechos humanos y abusos de personas debido a su orientación sexual e identidad de género que tuvieron lugar en 2017».

Además de las personas homosexuales, bisexuales y trans, entre las víctimas también se hallaban defensores de los derechos humanos, profesionales de medios de comunicación independientes, consumidores de drogas, abogados y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, el informe resalta que estos métodos se dirigían principalmente contra los varones homosexuales y las mujeres trans (a quienes incluían en el colectivo de varones homosexuales al no reconocer su identidad de género). Tal como consta en el informe, «eran golpeados regularmente con tubos, palos o cables de plástico o sometidos a descargas eléctricas para obligarlos a confesar. En algunos casos documentados, las víctimas no sobrevivieron a estos actos de tortura. Otros fueron ejecutados sin juicio».

Tras el análisis de multitud de documentos, los autores del informe consideran que las autoridades rusas encargadas de la investigación de estos hechos «parecen no haber asumidos su responsabilidad». La mayor parte de los investigadores opinan que las instituciones de la Federación Rusa tratan a Chechenia «como un caso especial, una zona excepcional, donde las instituciones no son eficaces y donde se tolera un régimen especial de impunidad», por lo que concluyen que existe «una falta de voluntad política en aras de lograr la estabilidad en la región».

Tras la publicación del informe, el Consejo Permanente de la OSCE, con sede en Viena, ha instado al Gobierno ruso a «trabajar con las instituciones internacionales pertinentes para abordar de manera constructiva las cuestiones planteadas».

La investigación que ha concluido con este demoledor informe fue propuesta por Islandia, a quien se sumaron Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Este grupo de países decidió activar el protocolo conocido como «mecanismo de Moscú», un procedimiento excepcional que solo se había empleado hasta ese momento en siete ocasiones y que prevé la participación de un grupo de expertos internacionales.

Su misión era investigar, entre otras denuncias de violación de los derechos humanos, la persecución y asesinato de personas homosexuales, que en la primavera de 2017 sacudían a la comunidad internacional tras el artículo del diario Novaya Gazeta, en el que se afirmaba que al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena.

En este tiempo, la homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados.

Fuente Dosmanzanas

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Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) activó el jueves de la semana pasada el «mecanismo de Moscú» para aclarar las violaciones de derechos humanos cometidas en Chechenia en los últimos dos años. Entre ellas, las detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales que estremecieron al mundo en la primavera de 2017. El organismo internacional considera insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora por el Gobierno ruso. Se trata de un protocolo al que se han adherido 16 países, liderados por Islandia, y que recabará la ayuda de expertos que investigarán sobre el terreno los hechos denunciados.

Son varios los Gobiernos que han empujado a la OSCE a iniciar el proceso. A la medida, liderada por Islandia, se han sumado Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. El protocolo conocido como «mecanismo de Moscú» es un procedimiento excepcional que solo se había empleado hasta ahora en siete ocasiones y prevé la participación de un grupo de expertos internacionales. Intentarán aclarar sobre el terreno las cuestiones que se han planteado a Rusia sobre la situación en Chechenia.

Concretamente, se investigará la ejecución de 27 sospechosos de terrorismo en enero de 2017, el encarcelamiento arbitrario del activista Oyub Titiev y la persecución y asesinatos de personas homosexuales, que en la primavera de 2017 sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena.

En este tiempo, la homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Las autoridades rusas siguen demostrando, sin embargo, una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado. La desidia del Gobierno ruso ante las peticiones de colaboración de la OSCE ha sido el detonante para invocar el «mecanismo de Moscú».

El escrito de la delegación islandesa a los dirigentes del organismo internacional destaca el «clima de impunidad» que provoca la inacción de Rusia ante las «graves violaciones de derechos humanos» cometidas por las autoridades chechenas. Una persecución que se ha dirigido contra personas «a causa de su orientación sexual o identidad de género percibida o real, así como defensores de los derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil y otros». Los hechos denunciados incluyen «acoso y persecución, arrestos y encarcelamientos arbitrarios o ilegales, tortura, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales».

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Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

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Importante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.”

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Rumanía está un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

En la línea contraria a la justicia europea

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Coalición por la Familia (Rumanía), Croacia, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Klaus Iohannis, Letonia, Lituania, Liviu Dragnea, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, Polonia, PSD (Rumanía), Rumanía, Serbia, Traian Băsescu, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ucrania, Unión Europea, Unión Salvar Rumanía

Una larga batalla jurídica se cierra: el Tribunal Constitucional rumano ha sentenciado que los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a obtener el permiso de residencia en Rumanía. El fallo resulta de la adopción de la histórica sentencia de la justicia europea del pasado mes de junio, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. La sentencia del alto tribunal rumano resuelve así, de conformidad con la justicia europea a la que había consultado, el litigio presentado por una pareja de un rumano y un estadounidense legalmente casados en Bélgica y que ahora podrán por fin establecerse en Rumanía como era su deseo.

El caso que ha culminado en la sentencia del miércoles pasado es conocido: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Finalmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio fue favorable a los demandantes. El fallo explica que en el contexto de la libertad de circulación y residencia, el concepto «cónyuge» debe interpretarse como «neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión», con independencia de que ese cónyuge sea a su vez un ciudadano comunitario o no. La sentencia se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, aunque matiza que «la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Como avanzábamos entonces, la sentencia europea fue la respuesta a una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Es lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional de Rumanía al resolver en favor del matrimonio Coman-Hamilton y de todos los casos análogos que pudieran ocurrir. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convertiría en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia.

Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado. La de Rumanía, de hecho, es la segunda sentencia sobre libertad de circulación de los matrimonios del mismo sexo que se basa en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Sofía, en Bulgaria, reconocía el derecho de residencia al matrimonio formado por una ciudadana australiana-chilena y su esposa francesa, legalmente casadas en Francia.

Fuente Dosmanzanas

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Importantísima sentencia la dada a conocer este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», señala el alto tribunal europeo en el comunicado de prensa en el que da a conocer el fallo.

El caso es conocido en esta página: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal ha coincidido con su criterio.

Mediante su sentencia dictada hoy, y según el comunicado hecho público por la institución, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de ‘cónyuge’, que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión». Y aunque la sentencia precisa que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, señala que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, al asegurar que «la obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional». Sin embargo, matiza que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Rumanía debe actuar en consecuencia

Hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que ahora debe resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convierte en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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La marcha del Orgullo LGTB+ de Moldavia, que se celebró en la capital Chisináu el pasado fin de semana, fue fuertemente protegida por la policía que lanzó gases lacrimógenos contra los ultras ortodoxos.

El presidente del país, abiertamente homófobo, ha querido evitar la mala imagen internacional después de que más de 20 embajadas reclamaran una manifestación pacífica y sin incidentes.

Cuando el año pasado los activistas LGTB+ de Moldavia organizaron el orgullo anual en la capital de Chisináu tuvieron que ver no solo cómo un grupo de ultras homófobos ortodoxos les reventaban la manifestación sino que también aguantaron que la policía no hiciera nada para detenerlos. Lo mismo ocurrió en 2016.

El propio presidente del país, Igor Dodon, expresó públicamente su apoyo a los homófobos asegurando en un evento antiLGTB que “nunca prometí ser el presidente de los gais, deberían haber elegido a su propio presidente. No pueden ser aceptados por mí personalmente, ni por la sociedad al completo“.

El presidente, Igor Dodon, saludando a un obispo ortodoxo en una marcha antiLGTB celebrada el 17 de mayo

Comentarios que Amnistía Internacional condenó por discriminatorios, pero también porque van en contra de la Constitución del país que prohíbe al jefe de estado incitar al odio y le obliga a respetar los derechos de todos los ciudadanos”.

Sin embargo este año algo ha cambiado. La marcha del Orgullo LGTB+ transcurrió el pasado 19 de mayo tal y como estaba previsto por los organizadores sin que hubiera molestias por parte de los ultras homófobos que fueron a protestar. Y es que la policía de Chisináu organizó un fuerte dispositivo de seguridad para proteger la manifestación y cuando los ultras ortodoxos intentaron saltarse el cordón policial las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos y evitar el enfrentamiento. Igualito que la Policía Nacional en Murcia.

Días antes de la manifestación en Chisináu más de 20 embajadas occidentales en el país firmaron una carta abierta en apoyo al Orgullo LGTB+. La carta, publicada el pasado 17 de mayo (Día Internacional contra la LGTBfobia), fue firmada por las embajadas de Argentina, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suiza, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos. En ella expresaban su apoyo “a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo” del país y reconocían el derecho de los organizadores del Moldova Pride a celebrar la Marcha Solidaria del 19 de mayo de forma pacífica porque “los valores de tolerancia y respeto a la diversidad son fundamentales para abrir las sociedades democráticas“. El texto añadía que “cada día hay personas que se enfrentan a la discriminación a causa de su orientación sexual o identidad de género. Nuestros gobiernos combaten esa discriminación promoviendo los derechos humanos de todos. Todo el mundo, incluídas las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo, han de poder disfrutar los derechos y libertades a los que cada individuo en cualquier parte del mundo tiene derecho“.

A pesar de que el presidente moldavo volvió a decir públicamente este año que no apoyaba la marcha porque promueve valores que van contra la tradición del país (incluso acudió a una manifestación antiLGTB organizada dos días antes), parece que no ha querido jugársela ante la comunidad internacional y de ahí el despliegue policial. Hace unos años Moldavia aprobó una ley similar a la ley contra la “propaganda gay” rusa, pero tuvo que ser derogada tres meses después de entrar en vigor porque Moldavia buscaba formas de acercamiento a la Unión Europea que prohíbe ese tipo de legislación.

Fuente | Radio Liberty, vía EstoyBailando

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La veda abierta para el odio contra la comunidad LGBT en la República de Kirguistán (también llamado Kirguisia o Kirguizistán) es particularmente violenta en el caso de las personas transgénero y transexuales, quienes son a menudo víctimas de agresiones sexuales y hasta violaciones correctivas, lo que les ha llevado a solicitar asilo como refugiadas en Rusia. 

Que Rusia no es el mejor lugar para vivir actualmente si eres miembro de la comunidad LGBT es algo que no podemos poner en duda. Sin embargo, la situación es todavía peor en países como Kirguistán, una pequeña nación de Asia central que obtiene su independencia de la antigua Unión Soviética en 1992. «Normalmente era muy buena para distinguir quién era quién, honestamente no sospeché que este tipo era peligroso», declara Anna, quien tras ser víctima de una violenta agresión sexual decide solicitar asilo en Rusia, donde la vida es todavía mejor que su propio país.

Trabajadora sexual, Anna siempre ha sido consciente de que Internet es un lugar peligroso para que las personas trasngénero busquen sus clientes. A mediados de marzo es secuestrada por dos individuos que se hacen pasar por clientes, quienes le drogan introduciendo algún tipo de narcótico en una cerveza, y se la llevan a un paraje de la cordillera de Tian Shan, que se alza sobre Bishkek, la capital de Kirguistán. «Naciste hombre, deberías ser un hombre», le gritan sus agresores cuando recupera el conocimiento. Dolorida, después de que le hayan dado una paliza y todavía incapaz de defenderse por los efectos de la droga, Anna les suplica que pongan fin a su vida. «Estaba feliz de morir en ese momento», explica que siente en el momento en que le cubren la cabeza con una bolsa de plástico, mientras queman sus cigarrillos en su cuerpo, que abandonan una vez le dan por muerta. Cuando se recupera de tal agresión y vuelve a Bishkek se dirige directamente al único refugio LGBT de la ciudad con la idea de pedir asilo en Rusia, donde no tendría la barrera lingüística de otros destinos.

A pesar de que la homosexualidad no está prohibida en Kirguistán, la comunidad LGBT vive en la clandestinidad desde 2014, cuando el gobierno comienza a promover la creación de una ley discriminatoria en la misma línea de la Ley de propaganda homosexual de Vladimir Putin, abriendo la veda para la homofobia. «Si dependiese de mi, los ejecutaría a todos para limpiar la sociedad, son como criminales. Los ciudadanos no quieren saber nada sobre las leyes occidentales relacionadas con los homosexuales», declara Narybek Kyrgyz, miembro del gobierno en 2015, mismo año en el que el Parlamento Europeo presiona a las autoridades kirguís para que cesen en su intento de aprobar una ley que, a pesar de que todavía no ha sido aprobada, desata la homofobia generalizada. Irónicamente, habían pasado sólo cuatro años desde que se aprobara una ley permitiendo a las personas transexuales la modificación de su género en su documentación oficial sin la necesidad de someterse a cirugías de reasignación de género.

«La violación correctiva es común entre la comunidad LGBT, pero especialmente entre la comunidad transgénero», asegura un trabajador social del albergue LGBT dirigido por Kyrgyz Indigo, una asociación que en 2016 realiza una encuesta en la que determina que el 84 % de los encuestados habían experimentando violencia física alguna vez en su vida debido a su orientación sexual o su identidad de género, de los que el 35 % habrían sido víctimas de agresión sexual. Mientras que para las personas cisgénero puede resultar sencillo pasar desapercibidos ocultando su orientación sexual, a las personas transgénero les resulta mucho más complicado, teniendo que recurrir en la gran mayoría de los casos al comercio sexual para subsistir.

«Muchas mujeres transexuales están emigrando. Conocí a 10 que se mudaron a Moscú en los últimos meses. Con las que he hablado desde entonces dicen que la vida no es tan mala allí (…). Creo que la vida será más fácil para nosotras en Rusia porque a pesar de que existe una legislación contra las trabajadoras sexuales, la policía no nos ataca por ser transgénero. Aquí la policía está graba sus encuentros con nosotras, amenazándonos con las imágenes, y luego nos sacan del armario públicamente online», asegura Roma, trabajadora sexual y agente de divulgación de Tais Plus, un organización que lucha por los derechos humanos, quien también está tratando de mudarse a Rusia, a pesar de que nunca ha sido víctima de ninguna agresión.

La prostitución es ilegal en Rusia, pero la pena máxima es de tan sólo 2.000 rublos (alrededor de 35 dólares estadounidenses). Según la Red de Defensa de los Derechos de los Trabajadores Sexuales (SWAN por sus siglas en inglés: Sex Worker Rights Advocacy Network), la industria sexual es amplia y abierta en muchos lugares de Rusia debido a la corrupción policial generalizada. «Las personas transgénero se enfrentan todo tipo de violaciones en la vida cotidiana, más que las personas homosexuales o bisexuales (…). Pero el problema aquí es más con la sociedad en general que con la policía; no les importa si alguien es transexual a menos que viole alguna norma social al hablar públicamente», advierte Svetlana Zakharova de la Russian LGBT Network.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos a principios de 2014. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a su elaboración fue amenazado de muerte. La sede de Labrys, una asociación de defensa de los derechos LGTB de Kirguizistán, fue atacada con cócteles molotov el pasado 3 de abril, sin que por suerte hubiera que lamentar daños personales. Y el mes pasado, un grupo de activistas que se habían congregado para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia fue acosado por radicales y retenido durante horas por la policía. Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Universogay/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Pero el problema para los obispos es el matrimonio igualitario… y la inexistente “ideología de género”. Si queda alguien, que recoja las cenizas… o qué se las lleve el viento.

Dos de cada tres chicos y chicas españoles no rezan nunca, según un estudio

La República Checa, el estado menos religioso; Polonia, el más católico del Viejo Continente

(C. Doody/Yahoo).- El 55% de los españoles entre 16 y 29 años no confiesan ninguna religión, el 60% no asisten a oficios religiosos fuera de las ocasiones especiales y el 64% afirman que no rezan nunca. Son las principales conclusiones en lo que a nuestro país se refiere de un estudio de la Universidad de St. Mary de Londres, ‘Jóvenes adultos de Europa y la religión‘. Un informe que demuestra, en palabras de su responsable Stephen Bullivant, que “la religión está moribunda” no solo en España sino en todo el viejo continente.

En plena Semana Santa, una festividad que suele estar caracterizada por las imágenes de fervor, el futuro del cristianismo se presenta mucho más sombrío en el continente de acuerdo con los datos de este informe, tomados de la encuesta social europea del periodo 2014-2016. Especialmente en 12 países donde una mayoría de los jóvenes de entre 16 y 29 años admiten que no son creyentes y que nunca o casi nunca acuden a la iglesia o rezan.

En este sentido, la República Checa es el estado menos religioso de Europa, ya que el 91% de sus jóvenes no tienen ninguna afiliación religiosa. Detrás, quedan Estonia, Suecia o los Países Bajos, todos ellos en una horquilla entre del 70% y el 80% de las personas estudiadas clasificándose a sí mismos como no religiosas.

En el extremo contrario se sitúa Polonia, el país que alberga más creyentes jóvenes entre su población, donde solo el 17% de los encuestados dijeron que no profesaban ningún credo. Le sigue Lituania, con el 25%. Curiosamente tanto los dos países más religiosos como los dos que menos fueron estados comunistas.

En los países más potentes de Europa también se observa un rápido declive de la religión, aunque no es tan pronunciado como en los anteriores. Así por ejemplo, en Francia el 64% de las personas entre 16 y 29 años admite no ser creyente, porcentaje que en Alemania baja al 45%. Unos datos que muestran que el catolicismo todavía goza de una salud razonable, pero que las próximas décadas pueden precipitar el declive.

En Reino Unido se da una circunstancia muy curiosa. Solo el 7% de los encuestados se definieron como anglicanos, mientras que el 10% dijo que era católico y el 6% musulmán. La explicación a este fenómeno tan curioso tiene que ver con la alta inmigración y con el hecho de que los musulmanes tengan más hijos.

La práctica religiosa también está en crisis. Solo en Polonia, Portugal e Irlanda más del 10% de los encuestados admitieron que iban a misa al menos una vez a la semana. En Reino Unido, Francia, Bélgica y España entre el 56% y el 60% dijeron que nunca iban a la iglesia y entre el 63% y el 66% manifestaron que nunca rezaban. Una vez más, ha sido la República Checa (como es lógico) la que ha obtenido unas tasas más altas: el 70% confiesa que nunca ha acudido a una celebración religiosa y el 80% nunca reza.

La tendencia es que muchos europeos son bautizados cuando nacen, pero no vuelven a pisar una iglesia durante toda su juventud. A diferencia de hace unas décadas, las identidades religiosas no se están transmitiendo prácticamente de padres a hijos, sino que tienen más que ver con la propia identidad individual.

Al respecto Bullivant cree que en 20 o 30 años las iglesias serán más pequeñas porque no habrá tanta gente creyente, pero que sin embargo estos estarán muy comprometidos con la religión.

Fuente Religión Digital

Budismo, Cristianismo (Iglesias), Hinduísmo, Islam, Judaísmo Jóvenes, Jóvenes adultos de Europa y la religión, Londres, Religión, Stephen Bullivant, Universidad de St. Mary

Acude nervioso a la entrevista de CBC, la radiotelevisión pública canadiense. Mientras se cubre la cabeza con la capucha de su sudadera, insiste en que su identidad no sea revelada. “Tengo miedo por mi vida y por mi familia”, asegura nada más empezar.

Se trata de un superviviente de la brutal persecución homófoba iniciada en Chechenia el pasado año 2017. La pasada primavera nos llegaban noticias estremecedoras de esta república rusa: al menos 100 personas habrían sido detenidas, torturadas y encarceladas , “sospechosas” de ser homosexuales. Algunas fuentes hablaban incluso de la existencia de verdaderos campos de exterminio. Elena Milashina, periodista del diario que reportó los hechos el pasado abril, ya anunciaba que les constaba la existencia de cuatro cárceles secretas donde se mantenían detenidas a personas LGTB y donde estas eran golpeadas, torturadas y asesinadas.

A pesar del miedo, uno de los testigos de este horror accedió a ser entrevistado el pasado septiembre en Canadá, país donde se encontraba refugiado desde hacía dos meses. Según declaró, aceptó a responder a las preguntas de los periodistas ya que “le dolía el alma”. Le dolía por todos aquellos que han tenido que pasar por esta odisea, por todos aquellos que aún están sufriendo esta atroz persecución. Según decía, explicar su historia era también una manera de decir ‘gracias’ a todos aquellos que le habían ayudado a escapar.

Su particular calvario empezó cuando varios militares irrumpieron en su puesto de trabajo para arrestarlo, intoducirlo por la fuerza en el maletero de un coche y llevarlo a una comisaría secreta, donde fue golpeado y torturado. En la entrevista, explica que fue víctima de todo tipo de golpes y patadas, e incluso de electroshocks. “Con tan solo experimentar los electroshocks una vez es suficiente para darte cuenta de que no quieres soportarlo ni una vez más. Eso fue lo más difícil de todo”, aseguró. El objetivo de estas torturas: que revelara información sobre otros hombres homosexuales. Aún así, en un arrebato de valentía, les dio nombres falsos para que nadie más tuviera que pasar por semejante tortura.

Después de tres semanas, fue liberado juntamente con otros detenidos. Sus familias fueron informadas. En la entrevista, prefirió no hablar de la reacción de su familia cuando conocieron lo ocurrido. Finalmente, consiguió ponerse en contacto con una organización de derechos humanos, quienes le ayudaron a huir a Moscú primero, para desde allí empezar su viaje hacia Canadá.

El ‘plan secreto’ del gobierno canadiense

Poco después de que los medios internacionales sacaran a la luz las primeras noticias sobre la persecución homófoba en Chechenia, el gobierno de Canadá condenó los hechos pero lamentaba no poder hacer nada para ayudar a las víctimas puesto que estas aún se encontraban en territorio ruso. No obstante, el ejecutivo presidido por Justin Trudeau ya había puesto en marcha un plan oculto, del que ya informamos hace unos meses.

Todo empezó gracias a la organización Rainbow Railroad, una ONG canadiense que ayuda a personas que han sido víctimas de persecución por su orientación sexoafectiva o su identidad de género en todo el mundo. Rainbow Railroad consiguió alertar al gobierno canadiense sobre la gravedad de la situación en Chechenia, y presionó para que se tomaran medidas. Después de recibir presiones por parte de esta y otras organizaciones como Human Rights Watch, el gobierno de Justin Trudeau se comprometió a actuar, pese al riesgo en que ello ponía las ya deterioradas relaciones entre Rusia y Canadá.

Una vía secreta para escapar

El Gobierno de Canadá y Rainbow Railroad iniciaron una colaboración con Russian LGBT Network, organización LGTB rusa que ha ayudado a decenas de homosexuales chechenos a huir a otras partes de Rusia y al extranjero. Países europeos como Francia, Alemania y Lituania habrían otorgado el asilo a algunas personas que huían de la purga homófoba.

No obstante, tanto el ejecutivo canadiense como las organizaciones colaboradoras eran conscientes de que Europa no era el lugar más seguro para las víctimas de la persecución homófoba en Chechenia, a causa del elevado número de migrantes chechenos presentes en distintos países europeos. De hecho algunos refugiados LGTB provinentes de Chechenia habrían sufrido ya amenazas y ataques por parte de sus compatriotas emigrados a diversos países de Europa. Además, Canadá ha sido el único país que ha adoptado un programa organizado y metódico para ayudar a las víctimas a huir de la persecución.

El secreto se mantuvo durante meses para evitar poner en peligro a las personas a las que se trataba de ayudar. En el trascurso del programa, el Gobierno canadiense ha tenido que afrontar los problemas que supone tramitar peticiones de asilo a distancia –puesto que la mayoría de los solicitantes se encontraban aún en Rusia– y ha tenido que realizar investigaciones para poder demostrar que las personas homosexuales chechenas no podían obtener protección en otras partes de la Federación Rusa. El hecho de no poder pedir esa protección en ningún otro lugar del propio país de origen es uno de los requisitos legales para tramitar la protección internacional. Por otra parte, además de cooperar con la Russian LGBT Network para procesar las peticiones de asilo y ayudar a estas personas a viajar de una forma segura hacia Canadá, el gobierno proporcionó un programa de ayuda de un año para cuando dichos refugiados llegaran al territorio nacional.

Cuando por fin se consiguió que esas personas llegaran al Canadá, llegó la hora de desvelar la existencia del plan secreto de evacuación. Hasta el mes de septiembre había permitido reconocer el asilo a 31 homosexuales chechenos, de los cuales 22 se encontraban ya en esa fecha en territorio canadiense. Según afirmó Kimahli Powell, director ejecutivo de la organización Rainbow Railroad, era necesario que la población canadiense conociera de la llegada de refugiados chechenos para poder ayudarles en la inserción laboral, el aprendizaje de la lengua y proporcionarles el asesoramiento necesario. “Aún se encuentran desconcertados”, afirmaba Powell. “Necesitarán ayuda, aún temen por sus vidas. Todavía se están acostumbrando a entender que están fuera de peligro, que pueden empezar una nueva vida”, añadía.

La concesión del estatus de refugiado ha permitido a todas esas personas obtener el permiso de residencia permanente y la plena nacionalidad canadiense. Muchos de estos refugiados homosexuales están siendo ayudados por organizaciones LGTB locales. Puesto que han sufrido en su propia piel una brutal persecución homófoba, se sienten mucho más cómodos y seguros siendo ayudados por la comunidad LGTB.

La persona que fue entrevistada sonríe cuando es preguntado por su nueva vida en Canadá. Aún no ha superado las secuelas de la persecución sufrida en Chechenia, pero ahora se siente seguro y quiere centrarse en rehacer su vida. Antes de finalizar la entrevista, lanza un mensaje a otras personas que están pasado por su misma situación y que están tratando de huir a Canadá: “Estamos aquí, estamos seguros y todo está bien. No tengo duda de que aquí seréis felices”.

Fuente Dosmanzanas

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Importante pronunciamiento de Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso de Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton. Ya en entradas anteriores hemos comentado su historia: la pareja, casada en Bélgica, presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Una falta de reconocimiento legal que impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. El caso está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y aunque aún no hay sentencia, el informe del abogado general de la institución no deja lugar a dudas: los cónyuges de los matrimonios entre personas del mismo sexo de los ciudadanos de la Unión deben ser plenamente reconocidos en todo el territorio comunitario, con independencia de que cada Estado permita o no el matrimonio igualitario en su territorio.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, y como ya comentamos el pasado noviembre, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. Semanas después, nos llega una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) ha hecho públicas sus conclusiones sobre el caso. Y no pueden resultar más claras: la razón está de parte de los demandantes. Según detalla el comunicado de prensa del propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión, “el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión”. “Pues bien, aunque los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos internos, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión”, añade.

En este sentido, el abogado general observa que la norma europea no incluye ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar la condición de cónyuge, de modo que dicho concepto debe tener en toda la Unión una interpretación autónoma y uniforme. “Sobre este particular, el abogado general subraya que el concepto de ‘cónyuge’ en el sentido de la Directiva está ligado a un vínculo basado en el matrimonio, aun siendo al mismo tiempo neutro desde el punto de vista del género de las personas de que se trata e indiferente en relación con el lugar donde se ha contraído el matrimonio”, explica el comunicado. En este marco, el abogado general considera que, a la luz de la evolución durante el último decenio en materia de autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en virtud de la cual el término “matrimonio” designa solo una unión entre dos personas de distinto sexo ya no puede seguir aplicándose.

El abogado general va aún más lejos, al señalar que también que el concepto de “cónyuge” está relacionado necesariamente con la vida familiar, que está protegida de idéntico modo por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (distinto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y cuyo ámbito excede al de esta) ha reconocido que las parejas homosexuales, por un lado, pueden disfrutar de una vida familiar, y, por otro, deben tener la posibilidad de obtener el reconocimiento legal y la protección jurídica de su pareja. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha considerado que en el ámbito de la reagrupación familiar el objetivo consistente en la protección de la familia tradicional no puede justificar una discriminación por razón de la orientación sexual. Recordamos, en este punto, que hace solo unas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra Italia por discriminar a seis parejas del mismo sexo casadas legalmente en otros países. Los denunciantes habían recurrido a la justicia europea en 2012, cuando en este país no existía aún ninguna regulación legal de las parejas del mismo sexo. El Estado italiano fue condenado a indemnizar a cada uno de los demandantes con 5.000 euros.

En estas circunstancias, el abogado general considera que el concepto de “cónyuge” en el sentido de la Directiva incluye también a los cónyuges del mismo sexo. “En consecuencia, tal persona puede también residir permanentemente en el territorio del Estado miembro en que su cónyuge se ha establecido en su condición de ciudadano de la Unión tras haber ejercido su libertad de circulación. Esta conclusión es también aplicable al Estado de origen del ciudadano, cuando regresa a él tras haber residido permanentemente en otro Estado miembro en el que ha desarrollado o consolidado una vida familiar, como ha hecho el señor Coman con el señor Hamilton en el caso de autos”, explica el comunicado.

A la espera de una sentencia que marcaría un antes y un después en la Unión

Es importante destacar que las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia: su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero ahora son los jueces los que deben deliberar. La sentencia se dictará, por tanto, en un momento posterior, y no hay seguridad absoluta de que sea en el mismo sentido (aunque parece poco probable que sea de otra forma).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que con posterioridad deberá resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

Una decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convertiría en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sentaría un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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“Cuidado hemos de tener, no sea que por confiados
en los auxilios humanos, perdamos algo de
la confianza que debemos tener en Dios.”

(San Fco. Javier)

Al comenzar el 2018 queremos felicitaros este año nuevo con la alegría propia de los hijos de Dios.

Tenemos 365 días por delante para llevar a cabo esos propósitos nacidos a la luz de Navidad y que, con el impulso del Espíritu, nos ayudara a madurar en nuestra vida cristiana.

Estamos llamados a llevar la alegría del Evangelio a tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros que sienten la soledad espiritual y física de estar escuchando constantemente que la forma de amar que Dios hizo nacer en nuestro corazón, por pura gracia, es pecado abominable. Debemos llevar la alegría de quien se sabe querido por Dios, se sabe hijo de Dios, a todos nuestros rincones cotidianos. No seamos nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca nos dejemos vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús; que está entre nosotros; nace del saber que, con Él, nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables, ¡y hay tantos!… Sigamos a Jesús en este año nuevo. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros: en esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar a todos en este mundo nuestro. Y, por favor, no os dejéis robar la esperanza. Esa que nos da Jesús.

Ojalá los pastores de todas las confesiones, de todas, sean capaces de transmitir esa esperanza y alegría propia de Dios, solo de Dios.

Desde Cristianos Gays os deseamos a todos un feliz año nuevo 2018 lleno de momentos preciosos e íntimos con el Señor.

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Feliz Año Nuevo, Urte berri on, Bon any nou, Feliz aninovo, Bon añu nuevu, Bon annada

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Y en casi todos los idiomas del Mundo: Leer más…

Espiritualidad, General 2018, Cristianos Gays, Felicitación

El Tribunal Constitucional de Austria da un año de plazo al gobierno para que legalice el matrimonio igualitario porque considera que la situación actual es discriminatoria para las parejas homosexuales. 

Excelente noticia para la igualdad LGTB en Europa: el Tribunal Constitucional de Austria ha decretado que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. El alto tribunal fija la entrada en vigor de la igualdad matrimonial el 1 de enero de 2019, si el Parlamento austriaco no aprueba antes una ley para hacerla efectiva. La sentencia que se ha dado a conocer este martes también abrirá la ley de uniones civiles a las parejas de distinto sexo. Austria se une así a su vecina Alemania, donde el matrimonio igualitario entró en vigor en octubre de este año, y se convierte en el primer país europeo en aprobar la medida por mandato judicial.

Una desfavorable situación política

Las parejas homosexuales pueden acceder a las uniones civiles en Austria desde 2010, pero los políticos del país han rechazado en varias ocasiones legalizar el matrimonio igualitario. Hasta ahora, porque en un movimiento parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos, ha sido el Tribunal Supremo el que ha dicho que negar el derecho al matrimonio a las parejas homosexuales es discriminatorio.

Todo empezó cuando dos mujeres de Viena denunciaron ante el Supremo que no se les permitía casarse. Tras varios meses dándole vueltas al tema el Supremo ha dictaminado que “la distinción entre el matrimonio y la unión civil no puede seguir siendo sostenida hoy en día sin discriminar a las parejas homosexuales” y clara que “bajo la ley actual las personas de orientación homosexual no son iguales que las personas con orientación heterosexual.”

En Austria se ha vivido una situación de bloqueo sobre el matrimonio igualitario similar a la que se vivió en Alemania hasta junio de este año, cuando ya avanzábamos que la apertura del matrimonio en este país podría tener consecuencias en su vecino del sur. A diferencia de Alemania, en el caso austriaco eran los socialdemócratas los que ostentaban en la pasada legislatura la jefatura de un Gobierno de gran coalición. Si bien el SPÖ es favorable a la igualdad LGTB, en su etapa en la cancillería utilizó la reticencia de sus socios conservadores para perpetuar la discriminación. Ya en junio de 2015, por ejemplo, los Verdes presentaron ante el Consejo Nacional una propuesta de resolución pidiendo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo que se saldó con el rechazo de las principales formaciones políticas (SPÖ, ÖVP y FPÖ).

Entre los miembros del anterior Gobierno, se habían posicionado a favor de la equiparación de derechos los ministros de Asuntos Sociales y Sanidad, así como el canciller socialdemócrata Christian Kern, ahora en funciones, en agosto del año pasado. Se trata del primer jefe de Gobierno de Austria que se pronunciaba en estos términos. Sus palabras, sin embargo, no se materializaron en hechos en el tiempo que estuvo en el cargo, a pesar del compromiso expreso de impulsar una serie de medidas que incluían la igualdad matrimonial.

Las elecciones legislativas adelantadas al pasado mes de octubre dibujaban un panorama sombrío para la igualdad LGTB. El crecimiento de la derecha conservadora del ÖVP y de la extrema derecha del FPÖ, unido al descalabro de los Verdes, conforman un Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento) en el que las fuerzas contrarias a la igualdad matrimonial suman casi dos tercios de los diputados. Además, el regreso del FPÖ a responsabilidades de Gobierno parece muy probable después de que los conservadores de Sebastian Kurz hayan entrado en conversaciones con la formación xenófoba.

Avances impulsados por los tribunales

Los avances en el reconocimiento de los derechos LGTB en Austria se han alcanzado hasta ahora principalmente a partir de sentencias judiciales: el Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales.

Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre: los magistrados del alto tribunal estudiarían la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio, por si constituía una discriminación basada en la orientación sexual. El activista de Rechtskomitee Lambda Helmut Graupner ya era optimista entonces: “Si todo va bien, las parejas del mismo sexo podrán casarse a partir de enero de 2018 también en Austria. Se puede poner a enfriar el champán”, afirmaba en Facebook.

El fallo del Constitucional ha sido efectivamente positivo, pero para que el derecho al matrimonio sea efectivo para todas las parejas habrá que esperar un año más de lo que previó Graupner. Concretamente hasta el 1 de enero de 2019, suponiendo que antes no se aprobara la medida por la vía parlamentaria. Lo cual, vista la actual composición del Parlamento, parece sumamente improbable. La apertura del matrimonio para las parejas del mismo sexo coincidirá con la de las uniones civiles a las de distinto sexo, con lo que todas las parejas podrán decidir con qué figura registran su relación.

El matrimonio excluyente es discriminatorio

La sentencia del alto tribunal da respuesta a una demanda de una pareja de mujeres en una unión civil a la que las autoridades negaron la posibilidad de casarse. Decidieron recurrir al Constitucional después de que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Viena rechazara su petición. Ahora, la máxima instancia judicial de Austria les da la razón a las demandantes y considera injustificada la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Concretamente, establece que:

La separación legal de las relaciones entre personas de distinto sexo y entre personas del mismo sexo en dos instituciones legales diferentes atenta contra el principio de igualdad, que prohíbe la discriminación de las personas basada en características personales como la orientación sexual.

Aunque con carácter general la medida no entrará previsiblemente en vigor hasta dentro de poco más de un año, la sentencia hace una excepción para las parejas que ya hayan recurrido a los tribunales reclamando su derecho al matrimonio, el cual podrán ejercer de inmediato. Por tanto, las primeras bodas entre personas del mismo sexo podrían celebrarse en los próximos días. Austria era uno de los pocos países de Europa occidental (junto con Italia y Suiza) que mantenían una definición excluyente del matrimonio en su legislación. Ahora se ha convertido en el primer Estado del continente que establece la equiparación en el derecho al matrimonio por la vía judicial. Una fecha más para celebrar la igualdad LGTB en Europa.

Por eso, querida Fundéu, hablamos de matrimonio IGUALITARIO. Porque el matrimonio homosexual es igual que el heterosexual mientras que una unión civil no lo es. ¿Y por qué? Pues lo explica muy claro la misma sentencia que se ha publicado hoy: “El efecto discriminatorio resultante es visible en el hecho de que al tener un nombre diferente para el status familiar, las personas que viven en una relación del mismo sexo han de exponer su orientación sexual incluso en situaciones en las que no es, y no debería ser, relevante y es altamente probable que sean discriminadas por ello.”

El Tribunal ha dado a los políticos del país el plazo de un año (tienen todo 2018) para arreglar el tema, lo que implicaría que las parejas homosexuales podrán empezar a casarse en Austria en 2019 salvo que el gobierno adelante la regulación. Algo bastante improbable teniendo en cuenta que todo apunta a que el nuevo gobierno del país estará formado por el Partido Popular Austríaco y el partido de ultra-derecha Freedom Party.

“Estamos muy felices” ha dicho Christian Hoegl, director de la Homosexual Initiative Vienna, “Queremos usar esta oportunidad para volver a exigir una reforma fundamental del matrimonio.”

El matrimonio igualitario en Europa y el mundo

Con la incorporación de Austria, son 16 los países europeos donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  y Malta (2017).y Austria (2019).

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto ya que existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12: Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015). Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Dentro de la Unión Europea, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 14 de los 28 países que la componen.

En todo el mundo, suman 25 los países donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo, al añadir los siguientes:

Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis): Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Previsiblemente, esta lista se ampliará dentro de poco, con la incorporación de Australia, cuyo Parlamento actualmente está debatiendo una proposición de ley para abrir la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. También en Taiwán existe un mandato de su Corte Constitucional para que se legisle al respecto antes de mayo de 2019, si bien la isla no está reconocida como país por las Naciones Unidas.

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en  el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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Su nombre se hizo famoso hace dos años y grupos homófobos de todo el mundo la elevaron a sus altares como una mártir. La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada durante unos pocos días por impedir la concesión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo en su condado, ha vuelto a la escena pública. En esta ocasión, para apoyar la campaña contra el matrimonio igualitario en el referéndum que se celebrará en las próximas semanas en Rumanía y cuyo resultado podría significar el blindaje a nivel constitucional de la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Rumanía avanza hacia el veto constitucional del matrimonio igualitario y lo hace con la ayuda de una de las “heroínas” de la causa homófoba. Kim Davis ha viajado al país europeo para participar en la precampaña del referéndum que, salvo sorpresas, elevará a la Constitución rumana la prohibición de contraer matrimonio para las parejas del mismo sexo. Davis ganó una gran notoriedad hace dos años por su “cruzada” contra la igualdad matrimonial en su Kentucky natal. Por desobedecer una orden judicial bloqueando la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en su condado, fue encarcelada por un delito de desacato. No obstante, sería liberada poco tiempo después con la condición de no seguir impidiendo las bodas entre personas del mismo sexo. Ahora, la funcionaria hablará en público y se reunirá con arzobispos ortodoxos durante sus nueve días de estancia en Rumanía.

Davis viaja junto con Harry Mihet, el vicepresidente de Asuntos Legales de Liberty Counsel, una asociación evangélica que se hizo cargo de la defensa de la funcionaria en 2015. La organización lleva años prestando asistencia legal a los contrarios a la igualdad LGTB en casos como la anulación de las leyes contra la sodomía en los Estados Unidos o la aprobación del matrimonio igualitario en Massachusetts y Nueva York. También ha defendido a Scott Lively, el activista tristemente conocido por promover la LGTBfobia de Estado más brutal en Uganda. En Rumanía, Liberty Counsel lleva meses colaborando con la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para blindar el matrimonio excluyente en la Constitución.

El referéndum, previsto para este otoño

Una consulta que está cada vez más cerca después de que Liviu Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) y presidente de la Cámara de Diputados, asegurara en septiembre que su formación promoverá su celebración en este mismo otoño. La victoria de la propuesta se da prácticamente por segura si se lleva a cabo finalmente el referéndum. La formación ya apoyó en mayo el proyecto en el Parlamento. La medida cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Si se cumple el calendario anunciado por Dragnea, tras su aprobación en la cámara baja la propuesta pasará en las próximas semanas al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes. Si la cámara alta también apoya la iniciativa homófoba, lo que parece seguro tras el respaldo de los socialdemócratas, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso  lleva fraguándose desde julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se reactivó en mayo de este año.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

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UNI-FORM revoluciona los mecanismos de denuncia de los delitos de odio por homofobia, transfobia y bifobia en la Unión Europea

El lanzamiento oficial de la página web de denuncias y de la aplicación móvil tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Estará disponible en la web, la AppleStore y GooglePlay en Portugal, España, Reino Unido, Bélgica, Malta, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania.

UNI-FORM se presenta como la única plataforma de denuncia online que es específica de delitos de odio y de discurso de odio en internet hacia personas LGBTI o percibidas como LGTBI.

Puede ser utilizada por víctimas, testigos y/o cualquier otra persona que quiera denunciar un incidente de discriminación. Las denuncias pueden ser anónimas o proporcionando datos personales para su uso en los procedimientos de investigación policial y pondrá en contacto a las organizaciones LGTBI con los cuerpos de policía de países de la UE para que trabajen de forma conjunta con  el objetivo de motivar un aumento de denuncias y así combatir los delitos de odio hacia personas LGTBI y el discurso de odio online.

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Ampliamos la noticia que ya publicábamos el pasado 6 de septiembre:

Rumanía avanza hacia el veto constitucional del matrimonio igualitario. Liviu Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) y presidente de la Cámara de Diputados, aseguró a principios de este mes que su formación apoyará la convocatoria de un referéndum en este otoño sobre el asunto. La victoria de la propuesta, que blindará al más alto nivel normativo la definición excluyente de la institución matrimonial, se da prácticamente por segura si se lleva a cabo finalmente la consulta.

Paso a paso, Rumanía se perfila como el próximo Estado europeo que prohibirá el matrimonio igualitario en su Constitución. El proceso ha recibido el impulso del presidente del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea. La formación ya apoyó en mayo en la Cámara de Diputados el proyecto, surgido por iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa). La medida cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Si se cumple el calendario anunciado por Dragnea, tras su aprobación en la cámara baja la propuesta pasará en las próximas semanas al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes. Si la cámara alta también apoya la iniciativa homófoba, lo que parece seguro tras el respaldo de los socialdemócratas, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso lleva fraguándose desde julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las elecciones generales del pasado diciembre. Pero el Senado decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de los comicios, y por ello se reactivó en mayo de este año.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

Fuente Dosmanzanas

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España registra casi la mitad de los casos de hepatitis A notificados en la UE en lo que va de año. 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) ha contabilizado en lo que va de año un total de 5.983 casos de hepatitis A en la Unión Europea, de los que casi la mitad (2.639) se han detectado en España, el país con más casos notificados hasta el momento.

Así se desprende de la última actualización epidemiológica publicada por este organismo en agosto, que ofrece una visión general de la situación actual de la enfermedad en Europa desde que a mediados del año pasado se observara un repunte de casos.

En lo que va de año se han detectado casos en 15 países, según los datos recopilados por el ECDC, que sitúan a España como el país más afectado en lo que va de año, por delante de Italia (que ha registrado 1.410 desde abril 2016, sin especificar cuántos corresponden a 2017), Francia (1.149 en lo que va de año), Alemania (589), Polonia (572) o Portugal (425).

Y en todos ellos, salvo en República Checa y Dinamarca, representan un repunte con respecto a los registrados al año anterior. En el caso de España, los casos notificados en la que va de año son más de 8 veces los del mismo periodo de 2016.

A todos estos casos habría que sumar los más de mil casos de hepatitis viral detectados en Bulgaria y los 377 casos de hepatitis viral aguda detectados en Reino Unido en lo que va de año, según añade el ECDC, si bien ninguno de estos dos países detalla cuántos han sido de hepatitis A.

Además, la fecha de actualización de los informes difiere en función de cada país ya que, en el caso de España, se trata de los datos notificados hasta el 2 de julio. De hecho, el último informe del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, relativo a la semana que acabó el 30 de julio, recoge un total de 3.041 casos acumulados hasta ese momento, frente a los 394 del mismo periodo de 2016.

Este incremento de casos se asocia a la detección de tres grandes brotes de casos internacionales que han afectado principalmente a hombres que practican sexo con otros hombres, en los que no se ha notificado ningún fallecimiento.

En España, los casos de hepatitis A han aumentado desde mediados de 2016, según informa el ECDC, y la mayoría de los casos son hombres de entre 18 y 64 años.

En Portugal, el 88 por ciento de los casos notificados han sido en hombres y más de la mitad (52 %) se infectaron por vía sexual. Y en el caso de Italia, el 61 por ciento de los casos se dio en hombres que tienen sexo con otros hombres, un grupo de riesgo que en 2015 apenas representaba el 8 por ciento de los casos en este país.

Por todo ello, el ECDC recuerda que la principal medida de prevención en el contexto de los brotes actuales es la vacunación contra la hepatitis A a este colectivo, pese a la disponibilidad limitada de vacunas que ha afectado a algunos países.

Actualmente, Austria, Dinamarca, Italia, Portugal, España y Suecia han notificado escasez de vacunas en lo que va de año, por lo que piden priorizar su uso en este colectivo ante su mayor riesgo de infección.

Fuente Cáscara Amarga

General ECDC, España, Hepatitis A, Instituto de Salud Carlos III, Unión Europea