Los oficiales del ejército indio quieren seguir castigando a los oficiales por ser gays a pesar de que la homosexualidad fue despenalizada en el país el año pasado.

Los oficiales se han acercado al Ministerio de Defensa por la preocupación de que los oficiales homosexuales pasen «desapercibidos e impunes» y han dicho que necesitan asegurar la disciplina en el ejército. Además, dijeron que querían seguir castigando a los soldados homosexuales porque esto actuaría como un elemento disuasivo contra los actos inmorales.

El miércoles, el general Ashwani Kumar, que es ayudante general del ejército indio, dijo a los medios de comunicación locales que las cosas pueden ser «legalmente correctas pero éticamente incorrectas. Cualquier cosa que diga la Corte Suprema es la ley del país y tiene que ser respetada», dijo, según Manorama Online.

Cuando se le preguntó si apelaría a una revisión de la sentencia del tribunal supremo, respondió: «¿Cómo sabes que no lo hemos hecho ya?» Continuó confirmando que no acusarán a los oficiales por homosexualidad o adulterio. Sin embargo, los oficiales homosexuales pueden ser castigados bajo la Sección 45 de la Ley del Ejército que prohíbe a los oficiales actuar «de una manera impropia de su posición y del carácter que se espera de él».

Anteriormente, los oficiales homosexuales eran castigados bajo la Sección 46 que ordenaba que los oficiales fueran castigados por «cualquier conducta vergonzosa de tipo cruel, indecente o antinatural. «La vileza moral y la corrupción no pueden ser aceptadas», continuó Kumar.

También dijo que entre cinco y seis oficiales ya han sido castigados por vileza moral, pero no entró en más detalles de lo que implicaban estos casos.

Aunque la homosexualidad ha sido despenalizada en la India, todavía se considera socialmente inaceptable en algunos sectores de la sociedad.

Fuente Cromosomax

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Ahí… donde más les duele, en el negocio. Bien por Netflix.

El diario ABC, una de las principales cabeceras de la prensa escrita española aseguraba hace unos días que la plataforma estadounidense Netflix ha decidido vetar a la cabecera «en sus relaciones comerciales, por un criterio ideológico y no empresarial». Todo parece indicar que la plataforma online habría decidido dejar de invertir en publicidad en el diario, de línea editorial conservadora, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Según ABC, Netflix habría tomado la decisión de «vetar» a su diario y a Vocento —grupo editorial al que pertenece el diario— «en sus relaciones comerciales» por un «criterio ideológico y no empresarial». El diario español explica que Antonio Ábalos, director de Marketing de Netflix, «esgrime como único argumento para vetar a ABC un encarte comercial que se repartió con este diario hace tres años». 

Como ya recogimos en marzo de 2017, el diario ABC difundió junto a su periódico el panfleto LGTBfobo editado por esta organización ultraconservadora —el mismo que HazteOír hizo llegar unos meses antes a cientos de colegios públicos y privados de toda España—, junto a un manifiesto «por la libertad de expresión» que HazteOír pedía firmar y devolver por correo. Curiosamente, la difusión del contenido tránsfobo coincidía en ABC con una impactante portada mostrando a diversas personalidades sociales y políticas contando que ellas iban a misa todos los domingos.

En el citado panfleto, firmado por HazteOír y CitizenGO (su marca internacional), se denigraban los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo y se recopilaba todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, y muy especialmente en contra de los derechos de las personas transexuales. «Como es natural, ABC no comparte en ningún caso las tesis de dicho encarte, como no asume las de muchos de los contenidos publicitarios que se publican cada día. Igualmente, entendemos que Netflix tampoco hace propias las ideas de series, películas y documentales que ofrece a sus espectadores en todo el mundo», se ha excusado ahora el diario español, comparando la ficción con el intento de adoctrinamiento con tesis tránsfobas.

«Por supuesto, la compañía estadounidense tiene todo el derecho del mundo a decidir dónde coloca su publicidad y cómo realiza sus campañas de promoción. Del mismo modo, este diario tiene derecho a sostener la gravedad que representa que una multinacional del entretenimiento decida subvertir las reglas del juego y tratar de imponer una tendencia ideológica en un país, y que lo haga además a partir de una información falaz», apuntan.

«Con su actitud, Netflix está vetando por decreto y tratando de influir en la sociedad española con idea de dirigir a los medios a un determinado punto. Es un hecho de extrema gravedad que una plataforma de entretenimiento utilice sus decisiones comerciales con este fin, sobre todo si han sido tomadas con los criterios y caprichos ideológicos de una persona, para silenciar a los que no piensan del mismo modo que ella», añade el mismo diario. Por su parte, Netflix no se ha manifestado aún públicamente sobre el asunto.

Fuente Dosmanzanas

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Las leyes anti gays arcaicas en Jamaica y la discriminación contra las personas LGBT + le están costando a la nación alrededor de $ 11 mil millones por año, según el Instituto de Investigación de Políticas del Caribe (CAPRI).

CAPRI celebró un evento el martes 29 de octubre, llamado «Pago de prejuicios«, en el que analizó los costos financieros para el país como resultado de la discriminación anti-LGBT +.

En Jamaica, el sexo anal está prohibido y se castiga con cadena perpetua para cualquier persona, cualquier encuentro sexual entre hombres es ilegal y no hay protecciones para las personas LGBT + contra la discriminación.

Según The Gleaner, aunque la falta de visitantes LGBT + al país dependiente del turismo está causando pérdidas financieras, hay formas más serias de que la discriminación está afectando la economía.

Discrimination also affects our Tourism sector, as tourist whether LGBT or not are less likely to visit a country that is not safe.#payingforprejudice

— CAPRI (@CapriCaribbean) 30 de octubre de 2019

Las personas LGBT + en Jamaica tienen tres veces más probabilidades que las personas no LGBT + de sufrir problemas de salud mental, lo que ejerce una gran presión sobre los servicios.

Damien King, codirector ejecutivo de CAPRI, dijo en el evento: “La incidencia de la salud mental en la comunidad LGBT es del 69%. Es más del triple de la tasa en la población general. El tratamiento de la salud mental le cuesta a Jamaica alrededor de $ 5 mil millones cada año, de los cuales solo un tercio son costos públicos. El resto es un costo privado. Esos $ 5 mil millones le dan una idea de lo que serían los ahorros públicos y privados que podrían utilizarse para otros usos si pudiéramos tener una mejor actitud hacia este grupo marginado».

Según los datos de CAPRI, la discriminación LGBT + por sí sola agrega $ 175 millones a los costos anuales de tratamiento de salud mental de Jamaica.

Aún más costoso es tratar el VIH en Jamaica, y debido a la discriminación, las personas LGBT + luchan por acceder a la atención y la información, lo que empeora el problema.

King agregó: “Cada caso no tratado de VIH cuesta medio millón de dólares. Se estima que es probable que cada persona VIH positiva lo transmita a otras dos personas en ausencia de tratamiento … Cuando suma todo eso, teniendo en cuenta nuestra estimación, otras 7,000 personas se infectan simplemente por la discriminación. Multiplicando todo eso juntos, terminamos con un costo de $ 3.5 mil millones por cada cohorte que no se trata».

Loss of labour is also a direct effect of sexuality-based discrimination.#payingforprejudice

— CAPRI (@CapriCaribbean) 29 de octubre de 2019

El desempleo también le cuesta a Jamaica, y las personas LGBT + enfrentan grandes dificultades para encontrar trabajo.

Según King: «Los empleadores han dicho que no contratarían a una persona abiertamente gay porque no apoyan esa orientación». Agregó que habían encuestado a los empleadores, y el 54 por ciento dijo que no contrataría a una persona gay. Además, el 35 por ciento dijo que descubrir que un empleado era homosexual sería motivo de despido.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó en una visita al Reino Unido el año pasado: «Creo que, en general, somos muy liberales, pero aún más, muy tolerantes».

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

La última noticia que publicamos sobre Jamaica fuela confesión del escritor jamaicano Marlon James habla del exorcismo al que se sometió para intentar dejar de ser homosexual…

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Andrew Holness, Damien King, Homofobia/Transfobia, Instituto de Investigación de Políticas del Caribe (CAPRI), Jamaica, Salud mental

El otro día informábamos de que se produjeron  insultos homófobos a los asistentes del Salón del Comic celebrado en Alicante el fin de semana. Aquellos que insultaron fueron los anteriores asistentes de un evento en el mismo recinto, eran grupos de ultraderecha seguidores de Vox.

El colectivo Diversitat ya anuncio del suceso, ahora ha llevado el asunto a la Fiscalía, para que se investigue un posible delito de incitación al odio al discurso que dio el líder de Vox, Santiago Abascal, momentos antes de que se iniciara el evento del Salón del Comic. Este delito está recogido en el artículo 510 del Código Penal.

Asimismo, se ha solicitado la identificación de aquellos que increparon e insultaron a los asistentes que portaban banderas arcoíris con gritos homófobos, así como que se tomen las medidas legales establecidas ante tales sucesos.

Y ante la pasividad mostrada por el Ayuntamiento de Alicante, han exigido a la Generalitat Valenciana, que se abra un expediente al recinto que organizo ambos eventos, por poner en peligro la integridad física y moral de las personas que asistieron al Salón del Comic, haciéndolo coincidir de manera muy imprudente con un acto de precampaña electoral del grupo de extrema derecha.

El colectivo ha informado que han recibido apoyo por parte de la ministra de justicia en funciones, Dolores Delgado y de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por los hechos ocurridos el fin de semana.

El presidente de Diversitat, Toño Abad, manifestó este lunes al respecto de este ataque que «no podemos permitir que en el espacio público se vulneren los derechos de las personas que estaban en un acto pacífico y que se han visto involucradas en un acto político de la extrema derecha». Añadió que «IFA no tuvo en cuenta las consecuencias que tendría» (refiriéndose a la celebración simultánea de ambos actos) y añadió que «desde Diversitat le exigimos tanto al ayuntamiento y la diputación de Alicante, como a la Generalitat y al patronato de IFA, compuesto por los alcaldes y alcaldesas de varias ciudades de la provincia, que no cedan espacio participado por entidades públicas a aquellas personas que nos condenan día a día e intentan coartar nuestra libertad». En su opinión, «permitir que, en el espacio público, pagado por todas las personas que residen en la provincia, se perpetúe el discurso de odio convierte a la institución en cómplice de los insultos con los que nos atacan. Así mismo, instamos al gobierno de la Generalitat a que realicen todas las acciones pertinentes recogidas en la Ley LGTBI Valenciana para que estos actos no queden impunes. Como sociedad y como colectivo no vamos a permitir que ni una persona más sufra las represalias de la expresión de su libertad».

Desde Diversitat, consideran que permitir que un espacio público pagado por todos, se use como herramienta para discursos de ultraderecha convierte a la propia institución en cómplice de los mismos insultos. Por eso instan a la Generalitat valenciana a tomar medidas urgentes recogidas en las leyes LGTB valenciana para que no se vuelvan a repetir los hechos ocurridos el sábado.

El colectivo LGTB de Alicante opina que no se puede defender a la diversidad si se abraza a fuerzas de extrema derecha para poder conseguir el gobierno.

Por otro lado, han criticado a la concejala de LGTBI, María del Carmen Sánchez, cuando esta pidió que no se use el colectivo LGTBI como bandera política. También han reclamado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, del Partido Popular, que retire de la competencia LGTBI a la concejala, por tardar tanto en condenar el incidente, alegando que no les representa.

Fuente Agencias

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Por Elena Corvalán, desde Salta

Dos hombres y tres mujeres atacaron a dos mujeres trans que estaban almorzando. A una de ellas le provocaron lesiones serias en la boca. Fue el sábado 26 de octubre por la tarde en la ciudad de Salta. Más tarde, cuando las víctimas fueron a radicar la denuncia en la comisaría, la Policía en principio se negó a tomarla. Recién accedió a registrarla cuando llegó hasta ahí la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y activista de Mujeres Trans Argentina, Pía Ceballos.

La policía no quiso tomar la denuncia

“El sábado 26 de octubre en horas de la tarde en el microcentro de la ciudad de Salta, cinco personas atacaron a dos compañeras travestis trans provocando consecuencias terribles en la salud física y emocional. Al dirigirse a la comisaría 2da. para asentar la denuncia, la respuesta inicial de parte de la Policía fue no querer tomarla, y después hubo una demora ‘habitual’ en la toma de la misma y en la actuación para brindar protección a las personas en situación de violencia”, informó el OVcM en un comunicado en el que expresó su preocupación por la violencia social hacia las personas del colectivo LGBTI.

Las dos víctimas de la agresión denunciaron a cinco personas. A tres de ellas incluso las identificaron con nombre y apellido, según contó a Presentes una de las denunciantes. Ambas son trabajadoras sexuales que realizan esta actividad en inmediaciones del lugar donde fueron agredidas y temen represalias.

En la denuncia contaron que cuando estaban almorzando en la esquina de Lerma y La Rioja, pasaron dos hombres y comenzaron a insultarlas sobre su identidad de género. N, que es oriunda de Orán, les recriminó esta conducta y como respuesta recibió golpes de puño y puntapiés hasta que cayó al suelo. “Allí continuaron pateándola, en ese momento su amiga intentó intervenir y también fue agredida por los hombres, luego cuando la dicente logró pararse se acercó una de las mujeres (…) y le propinó un golpe con un palo de amasar en la boca, lesionándola, lo que también causó que le aflojen los dientes”, dice el relato policial.

La otra de las víctimas, A, contó a Presentes que quiso “calmar la situación, que no le siguieran pegando” a su amiga, cuando “vino uno de los chabones y también me agarró de los pelos, me dio un rodillazo, me pegó en la mandíbula, en los labios. Justo nos salvó la vecina porque, si no, nos iban a dejar tiradas y ensangrentadas”. La agresión le dejó un hematoma en la mandíbula y el labio partido. A N el golpe con el palo de amasar le rompió los dientes.

A contó que esta chica se sumó luego a la agresión. “Salió de la casa con un palo y dijo ‘vos, puto, que te hacés la mina acá’ y le pegó con el palo”. “Cuando fue la Policía, nosotras le dijimos que ella también había sido una de las agresoras y no la llevó. Recién la demoró cuando fue a la Comisaría a averiguar sobre los varones demorados y cuando ya había llegado la directora del Observatorio, Pía Ceballos», contó A.

La ayuda de otra vecina, que además de intervenir para impedir que las siguieran golpeando llamó al 911, evitó más daños. Las agredidas dijeron que era la primera vez que se cruzaban con estas personas. La Policía identificó a los agresores como FC (quien dijo ser malabarista de profesión) y MB, y a la estudiante DMP. No se brindó información sobre las identidades de las otras dos mujeres que participaron del ataque.

El Observatorio envió hoy una nota al fiscal penal Horacio Guillermo Córdoba Mazunaric solicitándole medidas de protección para las víctimas. También le enviaron una recomendación del OVcM “para dar cuenta de las trayectorias de violencias que padecen las personas travestis trans”.

La denunciante que habló con Presentes dijo que en el momento de la agresión no sintió miedo, “pero después sí” porque “nos amenazaron” y “como nosotras somos trabajadoras sexuales ahí por la zona, y como ellos viven ahí nomás, el miedo es a que nos vuelvan a cruzar, a que vengan y tomen represalias por lo que pasó”.

Tras la agresión, las dos chicas tuvieron que enfrentar el maltrato policial. Además de que demoraron la toma de la denuncia, los agentes no llamaron a la ambulancia a pesar de que las heridas de N eran evidentes, ni les permitieron pasar al baño. Hasta les negaron un vaso de agua.

“Nosotras, si no tenemos a alguien que pueda hablar o alguien así que sepa que no se puede joder, no nos dan bolilla, porque esto pasó a las 4 de la tarde y recién nos estuvieron tomando la denuncia a las 6. Nos daban vuelta y hasta los mismos policías se nos reían en la cara”, relató A. Dijo que por eso llamaron a Pía Ceballos, que es también referente en Salta de Mujeres Trans de Argentina.

Consultada por Presentes, Ceballos lamentó que esta nueva agresión ocurrió “a pocos días de celebrarse 16 años de la Marcha del Orgullo este sábado (2 de noviembre)” que precisamente tiene como una de las consignas principales “basta de violencia policial, basta violencia social”. La directora habló también de la violencia institucional que padece el colectivo.

Piden políticas de prevención

En el comunicado difundido hoy el Observatorio destacó que es importante la “comprensión de la cadena estructural de violencia y discriminación que atraviesan las personas de la disidencia sexual y que tiene consecuencias graves como el travesticido y transfemicidio”. Y solicitó la intervención del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, a través de las subsecretarías de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos y de Políticas de Género, para asistir a las víctimas en el primer caso y para llevar adelante “campañas efectivas de prevención, para reducir las violencia hacia este colectivo”.

Además el OVcM remitió notas al subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, Leandro Exequiel Ramos, pidiéndole ayuda para las “víctimas de agresiones por supuestos hechos de discriminación y odio en su contra ante su identidad de género autopercibida”, y a la subsecretaria de Género, Rosaura del Carmen Gareca, informándole de las demoras de la Policía en tomarles la denuncia a las chicas, así como «la posterior actuación para brindar protección de las personas en situación de violencia”, sostuvo el organismo.

Ceballos destacó que hay un montón de funcionarios que quizás no toman el peso a estos hechos de violencia y maltrato porque “no saben lo que es andar de un lugar a otro y pasar estas situaciones complejas”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Homofobia/Transfobia, Mujeres Trans Argentina, Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Pía Ceballos, Rosaura del Carmen Gareca, Salta

El joven está acusado falsamente de intentar robar un supermercado, estando preso desde el 21 de octubre en Santiago 1.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó un recurso de amparo a favor de A.A.F.P, un joven de 21 años que desde el pasado 21 de octubre se encuentra preso en Santiago 1, tras ser golpeado e insultado por su orientación sexual por funcionarios de la 11 Comisaría de Lo Espejo.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre a eso de las 17:50 horas, cuando A.A.F.P, su pareja y una prima andaban buscando un lugar donde comprar pan, encontrándose con un supermercado donde había disturbios.

“Sin motivo alguno el joven fue detenido, acusado de robo con fuerza en lugar no habitado y de actuar en coordinación con otras personas. Sin prueba alguna, los policías llevaron el joven al control de detención, ordenando la jueza del 10 Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Díaz Vera, la prisión preventiva, aún cuando tampoco el afectado tenía antecedentes. Todo este procedimiento es abusivo y desproporcionado”, indicó el presidente del Movilh. Gonzalo Velásquez.

Añadió que a lo expuesto se sumaron ataques y burlas policiales en razón de la orientación sexual, luego de su pareja se acercara a la 11 Comisaría de Lo Espejo para exigir su liberación.

En efecto, “ tras conocer a su pareja, los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. Acto seguido, le propinaron golpes de pies, puños y con objetos contundentes, además de desnudarlo, mientras le lanzaban insultos homofóbicos. Cuando pidió constatar lesiones, no se lo permitieron y al otro día lo llevaron al control de detención”, apuntó el Movilh.

En tal, sentido, y con el patrocinio de la abogada del Movilh. Mónica Arias, se presentó un recurso de amparo exigiendo la liberación inmediata del joven.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Chileresiste, Estado de Emergencia, Gonzalo Velásquez, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Josué Maureira, M. Vásquez, Manifestaciones, Mónica Arias, MOVILH, Ramón Gómez, Rebeca Zamora, Santiago

A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, FELGTB y sus entidades miembros exigen al Ministerio de Educación y a las consejerías autonómicas que recuerden a sus centros educativos la obligatoriedad de cumplir la legislación y  que se imparta educación en diversidad LGTBI de forma obligatoria

Solicitar el consentimiento de las familias para dar cumplimiento a la ley educativa abre la puerta a que el sistema educativo reconozca como “válidas” otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia

(30.10.19) La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB)

y sus entidades miembros recuerdan, tanto al Ministerio, como a las consejerías autonómicas de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, muchos territorios no tienen implementado este tipo de formación como deberían.En este sentido, las entidades LGTBI recuerdan que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además de diversas legislaciones autonómicas, establecen la obligatoriedad de que el Estado adopte medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.

Así, declaran que las consejerías de Educación tienen, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, según explican, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como defiende la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.

Por este motivo, las entidades representantes de personas LGTBI solicitan tanto al Ministerio, como a sus respectivas consejerías de Educación que, tal y como ya ha hecho la Administración de Canarias, recuerden a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Además, a través de la campaña “Tienen derecho a saber”, invitan a la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa y envíe sus propias cartas con esta demanda a las Administraciones públicas.

Asimismo, exigen a las consejerías que están implantando medidas que contradicen incluso sus propias legislaciones autonómicas, como es el caso de Murcia o Andalucía, la retirada o modificación inmediata de las instrucciones que obligan a los centros a solicitar el consentimiento familiar para que el alumnado reciba determinadas formaciones y que, lejos de garantizar la educación en libertad como promulgan, están privando al alumnado de su derecho a conocer la realidad de la sociedad en la que viven y continúan dejando a la infancia LGTBI desprotegida en las aulas.

Según la coordinadora del grupo de Educación de FELGTB, Visi González, “la intención de esta acción es recordar la obligada responsabilidad de los poderes públicos de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que estén pudiendo surgir como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas”.

En este sentido, González recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.

Y es que, según la representante de FELGTB, la aplicación de un “pin parental” que la ultraderecha, con el apoyo de otras fuerzas políticas, está instaurando en algunas autonomías “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores”.

Además, explica que el uso del término pin parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el pin parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”, declara la experta.

Fuente FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Pin parental, Tienen derecho a saber

W. Chirinos Etcheverry

Las imágenes del video, que no publicamos por respeto a la vístima, son brutales. A lo largo del minuto que dura la filmación se ve cómo W. Chirinos Etcheverry (49) es atacada a puñaladas en varias partes de su cuerpo a manos de Tomás Cerletti, un joven de 22 años que hoy enfrenta la acusación a cargo del fiscal Marcelo Romero de “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”. El hecho, que ocurrió en plena vía pública de la ciudad de La Plata, aún sorprende a los investigadores por la saña con la que el asesino actuó. “Es inexplicable la saña”, dijo a Infobae una alta fuente de la investigación.

El video en blanco y negro que capta la muerte de La Chicho Chirinos, una trans de 49 años, es de una casa de sepelios. El asesino, Tomás Cerletti, ataca por la espalda, patea, vuelve a apuñalar. La saña se siente en una filmación sin sonido. La Chicho cae al suelo, pero Cerletti le sigue clavando el cuchillo varias veces más. Hasta que la deja tirada y se va.

Fue el sábado 26 de octubre a la madrugada en la zona de la terminal de micros de La Plata. Alguien llamó al 911. El crimen había ocurrido en plena vereda, sin ninguna intención de esconderse. El crimen tuvo lugar en la calle 2, entre 41 y 42, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus platense el sábado pasado en horas de la madrugada. El video muestra cómo el agresor persiguió a su víctima y, casi sin descanso, le propinó una serie de cuchillazos. “Al principio se habló de casi 40 puñaladas porque cuando los investigadores pusieron el video en cámara lenta, se ve cómo Cerletti quiere clavarle el cuchillo al menos ese número de veces pero el informe de la autopsia indica que las heridas que sufrió la víctima fueron 14″, aseguró un investigador a este medio, quien cree que posiblemente la vestimenta de Chirinos impidió que las puñaladas fueran más.

Las heridas fueron encontradas a lo largo de todo el cuerpo: el cuello, el tórax, la columna, el abdomen -una puñalada llegó 15 centímetros de profundidad-, mano derecha y rodilla izquierda, de acuerdo a los estudios forenses. Pero no fue lo único. En la filmación del ataque se observa también cómo el asesino le propinó patadas cuando la víctima ya estaba en el suelo, indefensa. La puñalada mortal la recibió en uno de sus pulmones, el derecho. El cuerpo también presentó hematomas en la cara y el cuero cabelludo.

 Chirinos Etcheverry fue trasladada después al Hospital San Martín, donde luego de tres días de internación murió. El director del Hospital San Martín, Alberto Urban, explicó: «Ingresó a las 4.45am del sábado, y murió por shock hipovolémico en la madrugada del domingo. Es decir: se desangró, a causa de las puñaladas».En la mañana del jueves 30, el colectivo OTRANS de La Plata reivindicó la identidad travesti de la víctima, apodada “La Chicho”, en un comunicado publicado en su sitio web.

El asesino Tomás Cerletti

En ese lugar también había armas: una carabina 22; una escopeta del 12; un revólver 22  (los tres sin numeración visible); una pistola y tres cargadores; proyectiles de distinto calibre; dos rifles de aire comprimido 5 y medio, y dos plantas de marihuana. En el vivero con las plantas estaba el cuchillo con el que Tomás Cerletti había matado, minutos atrás, a La Chicho. Al padre se le abrió una causa por tenencia de armas.

El asesino, por su parte, fue rápidamente detenido. “Al mediodía del sábado el acusado ya estaba aprehendido. A la tarde le pedimos su detención a la jueza Marcela Garmendia. Él se negó a declarar”, dijo a Presentes el fiscal de la causa, Marcelo Romero.

En todos los medios donde salió la noticia, nadie mencionó que era una chica trans. Los medios hablaban de “un homosexual”. Y explicaban: “lo mató porque le dijo ´qué lindo que sos´”. Esa frase que alguien había escuchado en la comisaría, la que tomó la policía para intentar adjudicar un móvil al crimen.

El fiscal valoró esa versión, pero no le dio mucha credibilidad: “Hay una saña tal que no se condice con un piropo”, explicó. Para la Justicia, el móvil no estaba claro, ni aún lo está. La única información de La Chicho que obtuvo la policía Bonaerense, a través de Facebook, fue que “tenía 42 años y militaba en asociaciones anarquistas”. Información errónea: La Chicho tenía 49 años y no militaba.

Las otras chicas que sobreviven con trabajo sexual cerca de la terminal de ómnibus platense  tienen miedo. “Si a ese tipo lo sueltan, nosotras vamos a estar en peligro. Vive a la vuelta de mi casa”, contó una de ellas a Presentes. Dicen que conocían a La Chicho de un hola y chau. Se enteraron por los medios. Vieron el video de la cámara de seguridad. Y ahora tienen terror: “Me podría haber pasado a mí”, piensan.

Fuente Agencia Presentes/Infobae/La Nación

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Colectivo OTRANS, Homofobia/Transfobia, La Chicho Chirinos, La Plata

“Si quiero me las pesco y les saco la chucha mariconas”, dijo uno de los soldados. Víctimas resultaron con diversas lesiones. Hechos ocurrieron en San Antonio.

 El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que dos mujeres lesbianas, de 22 y 21, años fueron insultadas y agredidas por su orientación sexual por dos militares en momentos cuando se encontraban compartiendo junto amigos y el hermano de una de ellas en una plaza ubicada en Inmaculada Concepción con Del Canelo, sector Llolleo, San Antonio

Los responsables del ataque fueron identificados como Jorge y Omar Rivera Alarcón, hermanos que portaban Tarjeta de Identificación Militar (TIM).

“Luego de que uno de los sujetos se acercara al grupo y molestara repetidamente a una de las mujeres con insinuaciones sexuales, la otra le pidió que se detuviera. Lejos de eso, el sujeto, junto al segundo agresor que apareció con un bate de béisbol, comenzaron a pegarles golpes de puño y con el objeto, mientras les gritaban “mariquitas, si quiero me las pesco y les saco la chucha mariconas””, denunció el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Al caer una de las mujeres al suelo, siguieron golpeándola, momento cuando apareció carabineros, logrando detener el ataque

Cuando los victimarios entregaron su identificación a carabineros, quedó en evidencia que portaban la TIM, mientras las mujeres quedaron con heridas y hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Los sujetos, según la información entregada por carabineros a las víctimas, quedaron detenidos la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes.

Junto con estampar su denuncia en Carabineros, las mujeres reportaron los hechos a la Oficina de la Diversidad del Municipio de San Antonio, donde le brindaron contención, así como al Movilh, para recibir la asesoría legal necesaria.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre “y desde esa fecha el Ejército no ha ofrecido disculpas, no ha aclarado que sanciones adoptó contra los abusadores, ni menos ha tenido la decencia de contactarse con las víctimas. Por ello, hoy enviamos una carta de reclamo al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, exigiendo que aclare lo ocurrido y que se disculpe en nombre de la institución”, puntualizó el encargado el Área de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez.

Fuente MOVILH

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Varios asistentes al mitin de Abascal se colaron en el Salón del Cómic y el Videojuego y gritaron «maricón» a algunos asistentes y «si no te gusta España, vete a tu país, maricón». Diversitat denuncia el ataque y pide responsabilidades políticas

El colectivo Diversitat de Alicante y el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia denunciaron ayer públicamente los insultos misóginos, homófobos y xenófobos vertidos por algunos asistentes al mitin del líder de Vox, Santiago Abascal el pasado sábado en la Institución Ferial Alicantina (IFA) en Elche, tras irrumpir en un pabellón contiguo donde se estaba celebrando el Salón del Cómic y el Videojuego.

El colectivo Diversitat ha presentado denuncias por delitos de odio contra grupos de ultraderecha vinculados a Vox. Estos hechos ocurrieron el sábado en el Salón del Comic en el Instituto Ferial de Alicante, cuando estos grupos empezaron a increpar e insultar a algunos asistentes del salón del comic que portaban banderas LGTB.

En el mismo recinto, momentos antes había habido un mitin de Santiago Abascal. Una vez finalizó el acto de Vox, en lugar de abandonarlo por la salida pertinente, un grupo se coló por unas puertas que comunican ambos pabellones y que normalmente utiliza el personal del catering y la limpieza.«Eran varios, algunos echaron un vistazo a los stands y salieron sin más. Pero unos cuatro o cinco ya entraron gritando «Arriba España» o «Viva Franco y a quien no le guste, le meto un puñetazo», explicó a este diario una de las personas a las que insultaron y que iba vestida con un disfraz cosplay. «Empezaron a burlarse de mi escote, que se me iban a salir las tetas y que si se salían mucho mejor». Esta chica charlaba con otra en un puesto donde vendían varios objetos y en ese momento, ambas tenían una bandera LGTBI en las manos. «Se pusieron a insultar a la otra chica, la llamaron ‘sucia’ e ‘hija de puta’», indicó.

En ese momento, otro joven se percató de los insultos y salió en defensa de las dos mujeres y pidió a estas personas que se fueran. Fue ahí donde los atacantes se pusieron más violentos y empezaron a gritarle «maricón» y «si no te gusta España, vete a tu país, maricón», tal y como ha quedado recogido en los vídeos difundidos en las redes sociales. Según el testimonio de esta persona, «lo amenazaron y tenían intención de pegarle pero la novia del chico se lo llevó y la cosa no fue a más». Esta persona criticó que los insultos tuvieron lugar bajo la «permisividad» del personal de seguridad y que «nadie de Institución Ferial Alicantina se manifestó, dio explicaciones de la irrupción de estas personas o lamentó lo ocurrido, cosa que sí hizo la organización del certamen». También lamentó que todo esto sucedió en una zona infantil en la que había «multitud de niños de entre cinco y ocho años».

Diversitat público un video en redes sociales en que se puede observar al grupo con banderas de España comienzan a insultar. Seguido de un tuit, en el que denuncia el ataque homofóbico por parte de los asistentes al mitin de Vox.

Ayer IFA decidió que era muy buena idea poner a la vez la Video Game Comic y un mitin de Vox.
Esto pasó
El vídeo no es mío es de @ witchydulles (Instagram) pic.twitter.com/M68tnSQHtb

— Mókona con tilde (@MokonaCosplay) 27 de octubre de 2019

El colectivo ha informado que el recinto ferial sirvió para que Abascal volviera a deleitar a sus seguidores de la única manera que sabe, con mensajes de odio homofóbico, misógino y xenófobo. Algo que no se debería permitir en un espacio público, que sirviera para tales medios, ha afirmado el presidente de Diversitat, Toño Abad.

Por su parte, fuentes de IFA lamentaron «profundamente» el comportamiento de las personas que provocaron el altercado, aunque matizaron la «excepcionalidad» de lo ocurrido, ya que «salvo este incidente, los dos actos programados transcurrieron con absoluta normalidad». Las mismas fuentes subrayaron que el incidente «apenas duró unos minutos» e indicaron que las personas que accedieron desde el mitin de Vox al Salón del Comic «no fueron más de siete u ocho personas y solo cuatro de ellas provocaron el altercado, siendo acompañados inmediatamente por el guardia de seguridad a la puerta».

El presidente de Diversitat, Toño Abad, manifestó este lunes al respecto de este ataque que «no podemos permitir que en el espacio público se vulneren los derechos de las personas que estaban en un acto pacífico y que se han visto involucradas en un acto político de la extrema derecha». Añadió que «IFA no tuvo en cuenta las consecuencias que tendría» (refiriéndose a la celebración simultánea de ambos actos) y añadió que «desde Diversitat le exigimos tanto al ayuntamiento y la diputación de Alicante, como a la Generalitat y al patronato de IFA, compuesto por los alcaldes y alcaldesas de varias ciudades de la provincia, que no cedan espacio participado por entidades públicas a aquellas personas que nos condenan día a día e intentan coartar nuestra libertad».

En su opinión, «permitir que, en el espacio público, pagado por todas las personas que residen en la provincia, se perpetúe el discurso de odio convierte a la institución en cómplice de los insultos con los que nos atacan. Así mismo, instamos al gobierno de la Generalitat a que realicen todas las acciones pertinentes recogidas en la Ley LGTBI Valenciana para que estos actos no queden impunes. Como sociedad y como colectivo no vamos a permitir que ni una persona más sufra las represalias de la expresión de su libertad».

Desde Diversitat, consideran que permitir que un espacio público pagado por todos, se use como herramienta para discursos de ultraderecha convierte a la propia institución en cómplice de los mismos insultos. Por eso instan a la Generalitat valenciana a tomar medidas urgentes recogidas en las leyes LGTB valenciana para que no se vuelvan a repetir los hechos ocurridos el sábado.

El colectivo LGTB de Alicante opina que no se puede defender a la diversidad si se abraza a fuerzas de extrema derecha para poder conseguir el gobierno.

Fuente Agencias

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Chick-fil-A ha donado millones de dólares a causas anti-gay.

La decepción está en el menú para los activistas LGBT+ después de que se supiera que un Chick-fil-A abrió sus puertas en las Tierras Altas escocesas a una fanfarria casi silenciada.

Una serie de activistas escoceses han pedido el cierre del restaurante estadounidense, que tiene una larga y detallada historia de donaciones a causas y organizaciones benéficas anti-LGBT+.

El Macdonald Aviemore Resort vio una sucursal abierta a principios de este mes con escasa promoción dentro de sus instalaciones hoteleras y, según un portavoz, ha demostrado ser «muy popular» entre los huéspedes del hotel.

Además, el activista Scott Cuthbertson, gerente de LGBTI Escocia, ha lanzado hoy una petición para el cierre de la sucursal, que cuenta con más de 150 firmas.

La revelación que otra rama había abierto siguió a la feroz retroalimentación que la cadena enfrentó cuando abrió lo que se dice fue su primera ubicación en el Reino Unido, en Reading, Inglaterra.

Cuthbertson dijo al portal PinkNews: «Comencé la petición después de escuchar el fin de semana que Chick-fil-A había abierto en silencio un restaurante aquí en Escocia. Esta es una organización que ha gastado millones de dólares en financiar organizaciones que se oponen activamente a la igualdad para las personas LGBT. Escocia es un país con un orgulloso historial legislativo LGBT, y la apertura de un restaurante de este tipo no es comparable con eso. Chick-fil-A necesita aprender que si gastan millones en apoyar a las organizaciones anti-LGBT para que haya consecuencias, los consumidores votan con los pies. Escabullirse en Escocia cuando has sido rechazado al sur de la frontera no se lavará.»

Los grupos LGBT+ escoceses se defienden: ‘Obviamente estamos decepcionados al ver que el hotel fue autorizado a abrir un negocio con una atroz pista anti-LGBTQ’. Además, varios grupos de activistas han emitido declaraciones preocupantes sobre la apertura de la sucursal y han destacado su apoyo a la petición de Cuthbertson.

«Obviamente estamos decepcionados al ver que el hotel fue permitido abrir un negocio con una atroz pista anti-LGBTQ en Aviemore, especialmente tan pronto después de la reacción del público y de los medios de comunicación por la apertura de la tienda de Reading», dice un comunicado de prensa en Twitter.

Qué vergüenza para @MacdonaldHotels por permitir la apertura de un Chick-fil-A en su resort de Aviemore! Al dar la bienvenida a Escocia a una empresa anti-LGBT+ que dona dinero a organizaciones responsables de la terapia de conversión, usted es cómplice de esos mismos crímenes de odio. #Hoteles Macdonald El grupo instó a los habitantes locales escoceses a que escribieran a los miembros del parlamento local y al propio hotel para compartir sus ideas.

Fuente Cromosomax

General, Homofobia/ Transfobia. Chick-fil-A, Escocia, Homofobia/Transfobia, LGBTI Escocia, Scott Cuthbertson

Se dice que Donald Trump no asistió al funeral del activista de derechos civiles, congresista y aliado LGBT+ Elijah Cummings.

Cummings murió el 17 de octubre a la edad de 68 años a causa de «complicaciones relacionadas con problemas de salud de larga data», dijo una portavoz.

El funeral del congresista tuvo lugar hoy y a él asistieron ex presidentes como Barack Obama y Bill Clinton, pero se informó que el actual presidente no estaba en ninguna parte.

Donald Trump y Elijah Cummings chocaron varias veces.

La ausencia del presidente en el funeral no fueuna sorpresa, ya que Cummings y Trump se enfrentaron repetidamente a lo largo de los años.

Cummings había perseguido a Trump como jefe del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes y se convirtió en una figura destacada en una investigación de destitución contra el presidente, informa The New York Times.

En julio, Trump agrió aún más las relaciones con Cummings y la gente de Baltimore cuando calificó la ciudad natal del congresista de «asquerosa, infestada de ratas y roedores».

Algunos usuarios de Twitter han afirmado que la ausencia de Trump en el funeral es una afrenta, mientras que otros han dicho que, con razón, no habría sido bienvenido debido a su historia.

Cuando Cummings murió la semana pasada, Trump tuiteó: «Mis más sinceras condolencias a la familia y a muchos amigos del congresista Elijah Cummings. Conseguí ver de primera mano la fuerza, la pasión y la sabiduría de este líder político tan respetado. Su trabajo y su voz en tantos frentes será muy difícil, si no imposible, de reemplazar».

Elijah Cummings era un poderoso aliado LGBT+. Cummings fue un aliado constante de la comunidad LGBT+ a lo largo de su vida y expresó su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo durante el referéndum de Maryland sobre igualdad en el matrimonio de 2012.

Fuente Cromosomax

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Uno de los jóvenes pudo constatar lesiones, mientras el segundo, ha sido impedido de ello y está preso en Santiago 1.

Los abusos han ocurrido en el marco del Estado de Emergencia. Movilh prepara acciones legales.

Durante los ocho días consecutivos de protestas en Santiago y otras ciudades de Chile, las redes sociales han funcionado para compartir imágenes de marchas multitudinarias, evidencia de represión policial, carteles ingeniosos, avisos de personas desaparecidas y detenciones arbitrarias. Pero también han servido como plataforma para denunciar vejámenes de índole sexual a mujeres y a personas de la comunidad LBTIQ+, como amenazas de violación, de tocación, penetración vaginal o anal con objetos o armas, golpizas, desnudamientos e insultos.

Josué Maureira, 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Católica, es una de estas víctimas. Desde el 21 de octubre estuvo desaparecido. Su foto fue compartida más de 70 mil veces en redes sociales. Anoche escribió desde su Facebook que fue liberado de la cárcel Santiago 1, donde estuvo seis días encarcelado ilegalmente. “Fui sometido a torturas y violencia sexual por parte de varios carabineros de la 51 comisaría de PAC (Pedro Aguirre Cerda)”, escribió Maureira. Acusó a tres uniformados: Marcos Valenzuela, Luna Huelche y M. Vásquez y dejó claro que otros funcionarios de esa misma comisaría lo amenazaron de muerte.

“Maricón culiao” le gritaron incontables veces al interior de ese cuartel, mientras lo golpeaban sin piedad en el calabozo. Luego de llevarlo a constatar lesiones, donde -sin siquiera revisarlo- indicaron que tenía lesiones leves, lo devolvieron al cuartel en Pedro Aguirre Cerca a registrar sus huellas. Allí, entre amenazas, le preguntaron “si era maricón”, ante lo que el estudiante de medicina respondió que sí, que era homosexual.

“De ahí en adelante, empezaron a golpearme con mucha más fuerza. Me obligaron a gritar que era maricón ante toda la comisaría, entremedio de golpes”, cuenta el joven a El Desconcierto. “Me rompieron la ropa, me bajaron los pantalones. Esto culmina en un hecho que me daña y me duele mucho: introducieron una luma dentro de mí, y me decían “maricón, te gusta por el hoyo”. Me preguntaban si me gustaba. Había un odio tácito por mi orientación sexual”, relata.

Los policías habrían permitido que otro de los imputados allí recluido lo golpeara, sin que ellos intervinieran en la golpiza. Luego de todos estos graves atropellos, el joven fue trasladado hasta el penal Santiago 1. Específicamente al módulo 4, donde debió convivir con otros 104 reclusos, hasta que este viernes fue liberado. En ese lugar, personal de Gendarmería se habría preocupado de su seguridad, señala.

Una querella que invoca la Ley Zamudio

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta ahora denuncia al menos 18 muertos y 3.162 detenidos -343 niños, niñas y adolescentes y 545 mujeres y 2.150 hombres- presentó ayer una querella por este caso, por los delitos de tortura con abuso sexual. Como Moureira es gay, la acción legal también considera la agravante de discriminación contenida en la Ley Zamudio.

“La víctima, estudiante universitario, relató a los observadores del INDH que el 21 de octubre pasado, mientras se trasladaba por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ingresó a un supermercado a entregar primeros auxilios a personas que se encontraban en su interior mientras se desarrollaban incidentes en el recinto. En la confusión de los hechos, Carabineros lo detuvo de manera violenta, propinándole golpes de bastón, puños y patadas. Producto de la golpiza, el joven perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado hasta la comisaría. Luego de recuperar la conciencia, se le informó que fue detenido por el delito de robo en lugar no habitado. Pese a que ya se encontraba detenido, fue golpeado e insultado por su condición homosexual. Incluso, fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo”, detalló el organismo en un comunicado de prensa.

El organismo acusó que al momento de la formalización, el estudiante no habría sido debidamente entrevistado por el defensor público que le fue asignado y tampoco por los jueces, por lo que no habría podido denunciar todas las vejaciones que sufrió en la comisaría.

El INDH presentó este sábado una querella por los delitos de tortura con abuso sexual en contra de efectivos de Carabineros. Esta acción legal considera la agravante de discriminación por orientación sexual, que incluye la Ley Zamudio. Desde la misma institución detallaron que los delitos de tortura sexual son considerados -en todo el mundo- como uno de los atropellos más graves a los Derechos Humanos de las personas.

En este punto coincide la diputada Natalia Castillo (RD), quien calificó esta denuncia como “gravísima”, dado que ningún Estado de Excepción autoriza las graves vulneraciones vividas por Josué. “Las víctimas de violencia sexual tienen derecho, además de que se haga justicia, a tener una debida reparación. Y al ser además en razón de su orientación sexual o expresión de género, esto se cruza con la vulneración de otros derechos fundamentales”, señala la parlamentaria, que ha promovido una agenda LGBTI en el Congreso.

Castillo espera que los uniformados involucrados en las agresiones sean “debidamente sancionados” y anunció que pedirá que se revisen los actuales protocolos de Carabineros y la formación en Derechos Humanos, temas de género y respeto a la diversidad sexual. La diputada además mencionó que no se trata de casos aislados, dado que desde que comenzaron las intensas protestas se han conocido varias hechos similares. Según el último informe del INDH, se denunciaron 15 casos de violencia sexual en todo el país.

Josué Maureira

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también se hizo eco su caso y de otro donde la víctima es un joven gay de 21 años que salió a comprar pan y fue detenido cuando observaba disturbios y saqueos en un supermercado. Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización, denunció que “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro». Acto seguido, le propinaron golpes de pies, puños y con objetos contundentes y lo desnudaron, mientras le lanzaban insultos homofóbicos» en la 11 Comisaría de Lo Espejo. «Cuando pidió constatar lesiones, no se lo permitieron. Al otro día, en tribunales no escucharon su versión de los hechos, y lo mandaron a Santiago 1”, apuntó el Movilh. También dijo que lo desnudaron. Por ahora permanece en la cárcel Santiago 1 “sin que la Defensoría presente hasta ahora recurso de amparo alguno”.

“Aquí hay un modus operandi de apremios ilegítimos y torturas homofóbicas policiales. Hay fuerzas del orden actuando con total impunidad para liberar su desprecio por los derechos humanos y también, en estos casos, para canalizar con golpizas su homofobia. Dado que la Defensoría nada hecho en el caso del joven preso en Santiago 1, próximamente presentaremos acciones legales”, apuntó el Movilh. “Llamamos al Gobierno de Chile a implementar con carácter de urgencia todas las medidas para cesar con las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo bajo el amparo del Estado de Emergencia o el toque de queda”, finalizó el Movilh.

“Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal”

La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) registra al menos 12 denuncias de violencia sexual a mujeres y adolescentes por parte de Carabineros y de uniformados del Ejército, que permanecen en las calles desde el 19 de octubre, cuando el gobierno decretó Estado de Emergencia para tratar de controlar una ola de saqueos e incendios en supermercados y varias estaciones de metro.

Estos casos son adicionales a los que maneja el INDH, dijo a Presentes Rebeca Zamora, socia de Abofem y miembro de la Comisión de Litigación Estratégica a cargo de la coordinación nacional de representación judicial a víctimas de violencia sexual en el contexto de estas manifestaciones.

Lo que más han visto son desnudamientos, algo que escapa al protocolo de Carabineros al momento de una detención. “Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal para ver si es que tienen algún objeto. Eso está completamente al margen de nuestro derecho nacional y del derecho internacional”, explicó Zamora.

Víctimas que siguen recibiendo amenazas

Dos lesbianas de la región de Antofagasta, en el norte del país, se cuentan entre estas víctimas. Según Zamora, fueron detenidas durante una manifestación porque caminaban de la mano. Ya están en libertad, después de ser agredidas por uniformados. “No podemos revelar la identidad de quienes hacen estas denuncias por respeto y porque la confidencialidad es parte del éxito en la investigación de estos casos. Hay víctimas que están muy asustadas todavía, algunas siguen recibiendo amenazas o están siendo intimidadas para que no denuncien”, contó la abogada durante una jornada de asesoría legal a mujeres heterosexuales y de la comunidad LBTIQ+ realizada este sábado. Zamora está segura de que el número de casos seguirá aumentando con el paso de los días.

Negación por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Esta mañana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, negó haber recibido denuncias por abuso a mujeres en el contexto de las detenciones por las protestas de la última semana. “Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido denuncias de esa naturaleza y si las hubiera, en el marco de lo que está ocurriendo, corresponde que sean otras organizaciones las que asuman, porque necesitamos que sean organizaciones que garanticen autonomía”, dijo Plá. Sus declaraciones surgen luego de que el INDH presentara tres querellas por abusos sexuales, que habrían sido realizado por policías y militares.

Fuente Agencia Presentes/MOVILH/El Desconcierto

Foto 1: Josean Rivera

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El partido de Santiago Abascal vuelve a la carga del colectivo LGTB. Desde Vox quieren proponer retirar las banderas LGTB de las fachadas de los edificios municipales porque lo consideran “escaparates ideológicos”.

Ortega Smith lo propondrá el próximo miércoles en el pleno del ayuntamiento, en el que quieren proponer en lugar de colocar la bandera del arcoíris, “la bandera nacional” en un lugar destacado, muy visible junto a la de la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y la de la Unión Europea.

Con esta propuesta Vox, quiere retirar cualquier símbolo de reivindicación política social o atribuida a cualquier asociación, que conviertan las fachadas de los municipios públicos en herramientas políticas. Con excepciones en Navidad, Semana Santa y en las fiestas patronales.

Aprovechando el pleno de la semana que viene el grupo de Ortega Smith también propondrá una condena “expresa” de los crímenes perpetrados por los regímenes totalitarios comunista, marxista, estalinista y nacionalsocialista. Desde Vox justifican esta propuesta por el marco de la resolución del conocimiento de la memoria histórica europea.

Fuente Agencias/Cromosomax

General, Homofobia/ Transfobia. Bandera Arco Iris, España, Extrema derecha, Homofobia/Transfobia, Javier Ortega Smith, Madrid, VOX

No se entera de nada…

23.10.2019 | RD/Ep

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Braulio Rodriguez, Homofobia/Transfobia, Ideología de género, Iglesia Católica

Desgraciadamente hoy en día todavía hay 77 países en el mundo en que las relaciones entre personas del mismo sexo se castigando con cárcel e incluso con la pena de muerte. Esto lleva a que cierto número de personas tengan que huir de su país de origen y buscar fortuna en otro.

El número de refugiados LGBT ha aumentado considerablemente en los últimos años, así lo recogen los datos recogidos de ACNUR una ONG de la ONU en cargada de proteger a los refugiados que hay a lo largo del mundo.

Muchas de estas personas forman parte del colectivo LGBT, que sufren a diario todo tipo de discriminación, persecución con violencia incluida. Aunque huyan de su país de origen siguen encontrándose con el mismo problema en mayor o menor medida al país al que llegan.

Cada año ACNUR hace entrega de un premio, llamado premio Nansen para los Refugiados, a todas las personas o asociaciones que dedican sus esfuerzos a ayudar de cualquier manera posible a los refugiados. Con motivo de la edición de este año, ha sido premiada Bianka Rodríguez, una joven transexual de El Salvador. Bianka es directora ejecutiva de la organización Comcavis Trans, asociación dedicada a defender los derechos de los refugiados LGBT.

En el evento celebrado en México, Rodríguez declaró lo siguiente: “el galardón reconoce y visibiliza una realidad que enfrentamos miles de personas que por nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género nos son negados esos derechos, donde nuestro diario vivir es la discriminación y la violencia. Vivimos en países donde nos toca resistir, sobrevivir, huir o morir; esa es nuestra cruda realidad”. También al recibir el premio homenajeo a 89 víctimas LGBT en México asesinadas por su condición sexual durante este año y a las 15 personas asesinadas en su país El Salvador.

Fuente Cromosomax

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Seguramente cuando oigas pollo frito, te venga a la cabeza Kentucky Fried Chicken o incluso Popeye’s, pero no es la única cadena de comida rápida basada solo en pollo que existe. Chick-fil-A es otra cadena dedicada a la querida ave de corral, cuenta con más de 2000 establecimientos entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Ahora tendrá un establecimiento menos, puesto que el local del Reino Unido ha anunciado que cerrara en 2020, este anuncio viene solo 9 días después de que se inaugurara, tras una seria de protestas y boicots. Esta cadena en Estados Unidos siempre ha estado ligada a la polémica, por unas declaraciones homofóbicas de su presidente, Dan Cathy, en la que condenó el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la cosa no acaba ahí, también han donado millones de dólares a grupos de ultraderecha, y algunos grupos que apoyan las conocidas terapias de conversión. Así como las muestras de apoyo público por parte de ciertos políticos conservadores en Estados Unidos no les ha ayudado mucho.

Con esta publicidad esta compañía ha intentado abrir locales en varios lugares del globo, en todos sin éxito. En Sudáfrica abrieron dos locales que cerraron a los cinco años y el año pasado otro en Canadá tras varios intentos. La filosofía del fundador Truett Cathy, “basada en los principios bíblicos”, junto a las declaraciones de su actual CEO, no es de extrañar que la compañía se encuentre con dificultades cada vez que quiere abrir un nuevo establecimiento.

Varias personas gays empleadas en esta compañía afirman haber sufrido bastante trabajando en sus locales, teniendo que aguantar todo tipo de comentarios y ofensas. Otra muestra más de la política de esta compañía, normal que no les vaya bien. Mientras la competencia realiza campañas a favor de la igualdad y en apoyo del colectivo LGTB, como en KFC que promocionan: “pollos deliciosos servidos sin odio”.

Fuente Pink News

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Una terapia de conversión debe ser equilibrada con los derechos religiosos, dicen los miembros del Comité.

Las medidas para prohibir la terapia de conversión, una práctica dañina y ampliamente desacreditada,  en Nueva Zelanda se han retrasado aún más este fin de semana porque los funcionarios del Gobierno están preocupados por la libertad de expresión religiosa.

También llamada terapia reparadora, las organizaciones médicas de todo el mundo han rechazado ampliamente el tratamiento por considerarlo traumatizante y psicológicamente cicatricial, sofocando la capacidad de expresar quiénes son, especialmente en el caso de los menores de edad.

Alrededor de 20.000 personas en el país firmaron dos peticiones para que se prohibiera esta práctica. Pero los legisladores admitieron que aunque la terapia es dañina, no recomendó una prohibición inmediata, escribió el Comité Especial de Justicia en un informe el 18 de octubre.

El organismo, compuesto por varios parlamentarios que consideran las peticiones presentadas, reconoció en un informe que la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda debería «tomar nota», pero advirtió que existe una «dificultad inherente» para evitar esta práctica.

Sin embargo, continuó el informe: «Creemos que hay que trabajar más antes de que se tome la decisión de prohibirlo«, dijo en su informe. «En particular, hay que pensar en cómo definir la terapia de conversión, a quién se aplicaría la prohibición y cómo asegurar que se mantengan los derechos relacionados con la libertad de expresión y religión».

El comité expresó la importancia de que la terapia se distinga del asesoramiento, señalando que la legislación diseñada para prohibirla podría resultar pegajosa y difícil de redactar como resultado de ello.

Las personas con preguntas sobre su sexualidad deberían poder buscar el consejo de los líderes religiosos de la comunidad, por lo que «la prohibición de la terapia de conversión no debería impedir que nadie busque o proporcione dicho consejo».

Los activistas denuncian la consideración del Comité como una «evasiva».

Max Tweede, del Grupo de Acción de la Terapia de Conversión, dijo a Stuff: «No permitimos que la libertad religiosa de alguien se extienda a la lapidación de homosexuales hasta la muerte. No podemos permitir que las prácticas religiosas arcaicas tengan prioridad sobre los derechos y el bienestar general de nuestra comunidad del arco iris».

Las últimas noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays. Y la buena noticia que informada de que la «coach» Elena Lorenzo, sancionada por intentar «curar» a homosexuales con terapias de conversión.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Cromosomax/Cristianos gays

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Dos jugadoras del Deportivo Femenino quisieron dar visibilidad a la homosexualidad dentro del deporte del balón, haciendo pública su relación sentimental. La respuesta que han tenido no ha sido la esperada. Han recibido muchos insultos por parte de usuarios en las redes sociales criticando su condición sexual.

Teresa Abelleira y Patricia Curbelo, comenzaron su historia de amor en el Depor, el equipo de futbol donde juegan y donde se conocieron. Quisieron dar ejemplo de su amor, haciéndolo público y no escondiéndose, pero ahora están disgustadas por la respuesta de la gente hacia su relación. Curbelo quiso contestar a aquellos que la insultaron, “¿Sabes?, es muy triste ver que hay gente que nos habla de semejante manera y con argumentos vacíos”. “No voy a publicar cada una de las barbaridades a las que día a día nos enfrentamos por estar con una persona del mismo sexo”, “Si yo pudiera volver atrás y escoger entre géneros y condiciones sin duda elegiría NO SER COMO TU”, ha sido una de las respuestas de la portero del Depor.

Con ese mensaje han querido defenderse de las criticas recibidas, Patricia en una entrevista en el suplemento LOC se preguntaba por qué un futbolista puede publicar fotos de sus vacaciones con su familia da igual del sexo que sea, ¿Por qué dos jugadores profesionales no pueden?

Fuente Cromosomax

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