El turismo LGTB se ha convertido en una importante fuente de ingresos para España. Hasta el punto de que, según un estudio de la organización internacional LGTB Capital –al que dosmanzanas ha tenido acceso directo–, nuestro país se coloca a la cabeza de Europa con un desembolso total estimado en 6.098 millones de euros –6.800 millones de dólares–. Sin duda, se trata de una magnífica noticia, pero en lugar de limitarnos al regocijo entorno a estos datos positivos, queremos evidenciar que, en todo caso, el liderazgo es fruto de los atractivos turísticos propios y del progresivo aperturismo social. La falta de políticas de estado –activas y específicas–, destinadas a la protección del colectivo LGTB, unida a la ignorancia e incluso a la hostilidad manifiesta por parte de algunos dirigentes del PP, pone de manifiesto la falta de protagonismo del Gobierno en este hito. ¿Hasta dónde podríamos llegar con un ejecutivo realmente comprometido con la igualdad?
España le arrebata a Francia el primer puesto como destino preferido en Europa por la comunidad de turistas LGTB. En cifras económicas, el gasto turístico LGTB en nuestro país supone unos ingresos estimados en 6.098 millones de euros, frente a los 5.519 millones que suma el país galo –segundo en el ranking europeo–, los 4.932 millones de Alemania o los 4.394 millones del Reino Unido. Más allá de las fronteras europeas, Estados Unidos es el país líder en el ámbito mundial: el turismo inclusivo les deja un beneficio de 19.282 millones de euros. El estudio ha sido realizado por LGTB Capital, una organización dedicada al asesoramiento financiero y a la inversión, integrada en Galileo Capital Management. Anders Jacobsen y Paul Thompson, los directores de LGTB Capital, alegan “más de 40 años de experiencia combinada en el sector de la gestión de inversiones”.
Para los responsables del citado estudio, “convertirse en un país que apoya abiertamente a la comunidad LGBT puede aumentar significativamente los ingresos del turismo, tanto en términos absolutos como en función de cada visitante”. Por ejemplo, basándose únicamente en la proporción del turismo internacional en el Producto Interior Bruto actual, el valor imputado del turismo LGBT en España representaría un 0,48 % del PIB absoluto del estado.
Aunque España aparece en el primer lugar de este estudio internacional, los medios de comunicación generalistas españoles no le han dado una especial relevancia. Y entre los que sí han recogido la noticia, el tratamiento no se ajusta en todos los casos a la realidad LGTB. Por mencionar un ejemplo, elEconomista.es siguen refiriéndose al “turismo gay” –aunque en el informe original se especifique ‘turismo LGTB’– y cita como una muestra de que España es “líder mundial en tolerancia” que “en la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes (Partido Popular), se permitió que se colgase la bandera del arcoíris en varios edificios públicos durante la semana del Orgullo Gay”. Además, añade que Madrid “generó cerca de 120 millones de euros gracias a los desfiles y fiestas que se celebraron durante esa semana en la ciudad”. Mención aparte merece la falta de moderación de los mensajes que los usuarios han dejado en la noticia. Paradójicamente, algunos de ellos –que nos ahorramos reproducir– son un reflejo del camino que queda por recorrer en favor de la igualdad.
España: ¿un paraíso LGTB?
Dosmanzanas se ha puesto en contacto con el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, quien –preguntado por su punto de vista– considera que “es una buenísima noticia”, aunque ha señalado que debemos evitar caer en el “doble peligro de la simplificación”. Por una parte, Generelo ha invitado a “huir del estereotipo de la pareja gay joven, sin hijos y con un alto nivel adquisitivo, ya que la realidad de nuestro colectivo es mucho más extensa y diversa, puesto que también abarca a las parejas de lesbianas, a familias homoparentales o a personas transexuales”.
Por otro lado, Generelo ha dicho que si no explicamos nuestra situación en profundidad y nos quedamos en la superficie de un dato positivo “corremos el riesgo de dar la imagen de que España es un paraíso LGTB” y que parezca que “ya está todo hecho”. La aprobación del matrimonio igualitario en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, sigue posicionando internacionalmente la imagen de una España inclusiva. Lo cierto es que, aunque en comparación con otros países en los que ser LGTB es un infierno –de lo que desde dosmanzanas, desgraciadamente, damos buena cuenta a menudo–, España es un lugar privilegiado, en líneas generales. Ahora bien, aunque la consolidación del matrimonio entre personas del mismo sexo sea un hecho relevante, con ello no se solucionan todos los problemas –algunos acuciantes– que afectan a nuestro colectivo.
La ausencia de políticas LGTB del Gobierno de España
El activismo y los partidos de la oposición, casi al unísono, vienen reclamando en los últimos años la aprobación de una serie de leyes para la protección de los derechos LGTB –los nuestros, los de todos– y, hasta el momento, la postura del PP nacional ha sido, en la mayoría de los casos, el silencio, el ninguneo o la abierta oposición. A pesar de que la LGTBfobia constituye el principal motivo de delitos de odio en España, todavía carecemos de una ley estatal específica. En este sentido, de hecho, la desigualdad todavía queda más patente si comparamos la situación entre los distintos territorios.
Es justo decir que no todos los dirigentes populares se cortan por el mismo rasero. En Extremadura, cuando el PP gobernaba en minoría en la anterior legislatura, su Asamblea aprobaba por unanimidad una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTB. Como decíamos en marzo, tras lo sucedido en Extremadura, se ponía de manifiesto lo moldeable del discurso del PP, capaz de votar a favor de una ley integral de transexualidad en Andalucía pero oponerse en Madrid, e incluso plantearse a nivel nacional un posible recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley andaluza. O de rechazar un capítulo sancionador en Galicia y Cataluña –aquí de forma virulenta– pero incluirlo por iniciativa propia en Extremadura. También el PP impedía que las Cortes Valencianas discutieran un proyecto de ley contra la discriminación de las personas LGTB en noviembre de 2014.
En el ámbito sanitario, el Real Decreto 16/2012 que impulsó el PP era puesto en evidencia por GESIDA –Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica–. En febrero, esta organización publicaba un estudio que mostraba como hasta el 37 % de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21 % expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. Si bien en abril el gobierno del PP blanqueaba su imagen, suavizando la exclusión sanitaria de los ‘sin papeles’ que decretó en 2012, finalizará la legislatura sin la aprobación de un plan integral para la prevención del VIH, que incluya también la lucha contra la estigmatización y la discriminación.
Como viene denunciando Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid –entre otros dirigentes y asociaciones–, tampoco el PP ha demostrado interés en aprobar un ley estatal que aborde de forma integral los derechos de las personas trans, incluyendo la despatologización. Y la lista es mucho más extensa: falta de iniciativas para combatir el acoso escolar LGTBfóbico, la aprobación de un homófobo convenio de adopciones con Rusia, la oposición a la gestación subrogada, etc.
Un ‘regalo’ para la economía
La diversidad, la tolerancia y la igualdad ‘venden’. Que España se coloque a la cabeza europea en turismo LGTB y en volumen de negocio son un hecho que sostiene la anterior premisa. Sin embargo, el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy no tiene ningún merito en esta hazaña. Tal y como define Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “no podemos ser la vaca lechera cuando se trata de un beneficio económico” y ser invisibles cuando no conviene políticamente. ¿Seguiremos siendo ahora para el PP nacional personas “con problemas”? No negamos –e incluso aplaudimos– que algunos líderes como Cristina Cifuentes estén tratando de cambiar la trayectoria y el discurso de su partido en relación al colectivo LGTB, pero todavía tenemos reciente la esperpéntica oposición del PP a la ley del matrimonio igualitario española, así como su recurso de inconstitucionalidad o sus oídos sordos ante las reivindicaciones sobre la LGTBfobia, el VIH o la transexualidad.
No, no es partidismo. Sencillamente hay que tirar un poco de hemeroteca para comprobar que, a pesar de la miopía del actual ejecutivo, la comunidad LGTB le hace un ‘regalo’ inesperado a sus maltrechas cuentas económicas. El presidente de la FELGTB reflexiona que “esta no es una medalla que pueda ponerse el Gobierno, sino al contrario”. Incluso, prosigue Jesús Generelo, en el caso de que continúen las agresiones contra las personas LGTB al ritmo en el que lo están haciendo “corremos el riesgo de dar una imagen de España muy diferente”. Para Generelo, antes que del Gobierno, “hay que hablar de la iniciativa empresarial LGTB en España, con éxitos notables en territorios como Canarias, Baleares o Cataluña. Unas iniciativas que a veces hasta han ido contra la corriente de la administración”.
También, en buena parte, influye el progresivo aumento de la aceptación social del colectivo LGTB. “Que los poderes públicos sean conscientes de que trabajar a favor de la igualdad y la diversidad es, además de socialmente positivo, económicamente rentable”, concluye Generelo. Veremos si toman nota.
Fuente Dosmanzanas
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Tres de cada cuatro madrileños aprueba que los gays tengan un hijo por gestación subrogada, convirtiéndose así en la región más tolerante con esta cuestión, según una encuesta realizada por Subrogalia Statistics. Le siguen Andalucía e Islas Baleares, con un 66% y un 65,8 por ciento, respectivamente. Por el contrario, Murcia es la que menos apoya que los homosexuales puedan tener hijos a través de esta técnica con un 57,2 por ciento a favor.
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