Del blog Nova Bella:
En cuanto a la primera manifestación del ser en las cosas del mundo, la belleza parece revelar el sentido último de aquél: el amor, pues únicamente el amor da de forma gratuita.
Ahí está la raíz de ese cambio profundo al que llama la experiencia de lo bello, y que es capaz de transformar tanto nuestra existencia como las relaciones interpersonales.
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Circula por las redes sociales esta viñeta sobre el Dalai Lama, que ha tenido aceptación.
¿Puede estar de acuerdo un cristiano con esta afirmación del Dalai Lama? Desde luego que sí. ¿Significa que debemos renunciar a nuestra propia religión? El Dalai Lama no renuncia al budismo.
Todo el que muestra tener un buen corazón ya vive la verdadera realidad de cualquier religión. Por el contrario, un cristiano que no manifieste un buen corazón, no es cristiano. Lo expresamos así, en bloque, pero la realidad no es un “todo o nada”, un “blanco o negro”. La realidad tiene muchos matices de grises. Todos tenemos algo, más o menos, de buen corazón; todos somos un poco religiosos y un poco paganos.
La religión es un método de aprendizaje, una prótesis, para facilitar el desarrollo de ese buen corazón. Si las gafas no te dejan ver a tu hermano, no es esa la prótesis que necesitas.
Un cristiano sabe que “al principio no fue así” (Mt 19,8). Solamente cuando se sintieron desnudos, cuando surgió la envidia entre hermanos, entonces fue necesario establecer normas. Y esas normas fueron expresando lo mejor de la conciencia colectiva de cada pueblo. ¿Un relato mítico? Sí, pero que sintetiza en forma narrativa un largo proceso social.
Carl Rogers basaba su terapia en la bondad inherente a todo ser humano. No hay que introyectarnos unas normas externas, sino descubrir lo que todos llevamos en nuestra conciencia.
En el desarrollo de la Historia, el ser humano ha ido evolucionando desde la reacción instintiva hacia el autocontrol de su libertad. La sociedad civil ha ido asumiendo la tarea que habían realizado las religiones. Las normas higiénicas ya no son impuestas como mandatos divinos, sino como eficaces recomendaciones sanitarias (aunque todavía algunos se resisten a vacunas bien comprobadas); los hospitales no son de caridad, sino responsabilidad del Estado. Las leyes tribales se han ampliado hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Las religiones deben ser conscientes de que los creyentes van alcanzando la mayoría de edad y tienen que asumir sus propias decisiones. Podemos encontrar en nosotros mismos los sentimientos de justicia, compasión, y amor.
Así mismo todos somos conscientes de que la realidad es más compleja. La sociedad tiene que defender a los más débiles con unas leyes que penalicen a quienes no respetan los derechos de los otros. Incluso estas leyes no bastan para garantizar esos derechos. La sociedad tiene que desarrollar la cultura para poner de relieve esa bondad consubstancial al ser humano; y a ello contribuyen las leyendas, la filosofía, la poesía, el arte… Es así mismo necesario que se formen agrupaciones, ONGs, religiones… que desinteresadamente desarrollen y fomenten esta cultura y este fondo ético.
Esta manera de entender la religión como un buen corazón no es una novedad, ni un repliegue de última hora; estaba ya en los orígenes del cristianismo. La carta (epístola) de Santiago afirmaba expresamente: “Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo” (Santiago 1,27). Y Jesús, como los Profetas de Israel, centró la verdadera religión en el corazón: “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”.
Gonzalo Haya
Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».
Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total, el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.
«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.
El conservador Piñera no quiere avances igualitarios
Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.
Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».
Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».
Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH
Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.
Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays
La esperanza de vivir una vida digna es más poderosa que las amenazas y el miedo. No se nos ocurre otra reflexión cuando vemos las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, dos jóvenes hondureños de 23 y 22 años, respectivamente, y que forman parte de la caravana migrante que ha atravesado México desde Honduras. Un subgrupo de la caravana, compuesto por varios cientos de personas, ha llegado ya a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Con ellos se encuentran varias docenas de personas LGTB que huyen, no está de más recordar, de una de las regiones del mundo con una mayor LGTBfobia social y de Estado, pero a las que les espera un futuro no precisamente fácil.
El grupo de migrantes está formado por personas que huyen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, con altísimas altas de pobreza y en algunos casos con importantes conflictos políticos. Pero también con graves problemas de LGTBfobia social y de Estado.
El caso de Honduras, país del que proceden Erick Dubón y Pedro Nehemías, es paradigmático. Se trata de los países del mundo que registra mayor violencia contra las personas LGTB, y muy destacadamente contra las personas trans. De hecho, sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos de agresiones que hemos recogido en los últimos años. Muy especialmente tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la situación se deterioró de forma acelerada y se produjeron varios asesinatos de activistas LGTB. La relativa «normalización» política de años posteriores no se ha acompañado de una mejora de la situación de la comunidad LGTB, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia, fuesen activistas o no (en la entrada que dedicamos el año pasado a Honduras tras el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya puedes encontrar más detalles).
No es de extrañar, por tanto, que numerosas personas LGTB procedentes de estos países haya decidido sumarse a la caravana en busca de la libertad para ser ellas mismas sin miedo a la persecución, la tortura o la muerte. The Washington Post recogía esta pasada semana los testimonios de varias de ellas, que forman parte de un grupo que decidía separarse de la caravana principal en Ciudad de México y desplazarse en autobús hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde de hecho ya han llegado varios centenares de migrantes que ahora esperan su oportunidad de cruzar al norte. Un grupo que ha tenido que soportar también, según recogía el diario estadounidense, la LGTBfobia de una parte de sus propios compañeros de caravana, y que les ha llevado a buscarse entre ellos, agruparse y protegerse.
La caravana de migrantes, LGTB o no, cuenta además con el recelo de una parte de la población mexicana, ya de por sí muy empobrecida. Pero de lo que no hay dudas es de su fuerza y de su esperanza. Buen ejemplo de ello son las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, que este domingo se hacían virales al publicarlas en Twitter la periodista Sarah Kinosian, que acompaña a la caravana migrante. Desconocemos los detalles de la ceremonia y si el matrimonio tendrá reconocimiento legal (Tijuana está en Baja California, uno de los estados mexicanos en los que se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo), pero su valor simbólico es indudable. Y según tuiteaba Kinosian, otras seis parejas estaban ya dispuestas a seguir sus pasos.
No sabemos qué futuro espera a Erick y Pedro. Su intención es solicitar asilo en Estados Unidos, pero qué duda cabe que lo tienen francamente complicado, y más ahora que su presidente, Donald Trump, no ha dudado en convertir a la caravana en un nuevo chivo expiatorio y dirigir contra ella sus ataques de odio. Tampoco lo tienen fácil en México. El País recoge hoy, precisamente, como ya se están produciendo los primeros brotes de xenofobia contra las personas que han llegado a Tijuana.
Sea como sea, les deseamos lo mejor.
Os dejamos con el momento en el que se dieron el «sí»:
Congrats to Erick and Pedro! The first LGBT couple of 7 from the migrant caravan to get married today. pic.twitter.com/6t3Snt6jZV
— Sarah Kinosian (@skinosian) 18 de noviembre de 2018
Fuente Dosmanzanas
Pese a que nunca se ha prohibido inscribir a hijos con los apellidos de dos hombres o mujeres, el Registro Civil se negó a ello, por lo que la pareja lésbica presentará acciones legales.
En compañía del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una pareja lésbica, Solange Ahumada y Yessenia Arias, acudió hoy al Registro Civil para indagar sobre los mecanismos que deben cursar para la rectificación de la partida de nacimiento de sus hijos mellizos, de 1 año y dos meses, quienes nacieron de un proceso de fertilización asistida.
En concreto, la pareja lésbica busca inscribir a los mellizos con los apellidos de ambas, además de ser reconocidas las dos como madres.
En la ocasión, la pareja denunció que el Registro Civil de Las Condes se negó a inscribir a los mellizos con sus apellidos, lo cual para el Movilh es un abierta discriminación en razón de la orientación sexual
“En Chile, nunca han existido problemas para inscribir a un niño o niña con los apellidos de dos hombres o dos mujeres, pero ello fue negado por el Registro Civil de Las Condes, solo en virtud de consideraciones homofóbicas y conservadoras”, explicó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.
Hoy en el Registro Civil de Santiago, la funcionaria Luisa Silva indicó a la pareja que el error de la inscripción inicial de los mellizos no puede corregirse administrativamente, por lo que deberán iniciarse acciones legales para rectificar la partida de nacimiento.
La pareja consideró muy lamentable que por un problema ocasionado por el propio Registro Civil, ahora deban recurrir a tribunales, pese a que no había ninguna razón para oponerse a que los mellizos se apelliden Ahumada y Arias.
Ahumada comentó que aprovecharán la judicialización por el cambio de los apellidos, para luchar al mismo tiempo por ser reconocidas ambas como madres. “Si bien la legislación no habilita expresamente el reconocimiento de dos madres o de dos padres, no hay razón alguna para que los tribunales se nieguen a ello, pues la Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoce este derecho, según lo ha dictaminado la propia Corte Interamericana de DDHH. Ayudaremos entonces las madres en esta lucha legal que iniciarán”, finalizó Jiménez.
Fuente MOVILH
Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.
Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.
Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):
- La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
- La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
- A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
- A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.
El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».
La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.
Las mentiras de Maroto y Levy
Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.
En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:
Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh
— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017
Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.
UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización
No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.
Fuente Dosmanzanas
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