Se consumó la infamia. Sam Kutesa, hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores de Uganda y uno de los defensores de la legislación homófoba aprobada en ese país en febrero, es el nuevo presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Los estados africanos, a los que por turno correspondía elegir el cargo, decidieron hace ya un año el nombre de Kutesa, un político sobre el que además recaen importantes sospechas de corrupción. Kutesa ocupará el cargo durante un año a partir de septiembre.

Formalmente, Sam Kutesa ha sido elegido por aclamación, sin mediar votación alguna. En realidad la elección del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas la hacen cada año los estados de una de las cinco áreas geográficas en las que se agrupan sus estados miembros de acuerdo a un orden rotatorio, en este caso África. De hecho, los estados de la Unión Africana acordaron de forma unánime el nombre de Kutesa en mayo de 2013.

Podría argumentarse que la elección tuvo lugar antes de que se produjera la aprobación definitiva de la ley ugandesa, pero lo cierto es que Kutesa, sabiendo ya que estaba destinado a presidir la Asamblea General de la ONU, no dudó en defender la norma homófoba frente a la condena internacional, argumentando que “la mayoría de los africanos detestan esta práctica [la homosexualidad]“. Kutesa también ha afirmado que la homosexualidad “es mala para nuestros jóvenes” y “ofende nuestra cultura”. Recordemos que desde la aprobación de la terrible ley ugandesa, que incrementa las penas para los delitos relacionados con la homosexualidad, se han producido decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.

La homofobia de Kutesa no es por cierto su único aspecto polémico. Sobre el ministro de Exteriores ugandés recaen serias sospechas de corrupción. Se lo ha contado al diario El Mundo un periodista ugandés. “En los 90, cuando era presidente de la aerolínea nacional ugandesa, impulsó su venta junto al presidente Museveni, y de aquella operación salió mucho más acaudalado de lo que entró. Después firmó contratos con Naciones Unidas (como el transporte de los Cascos azules hacia el Congo) desde la empresa privada Entebbe Handling Services (ENHAS) de la que era principal accionista. Aquello le procuró mucho más dinero. Hoy Uganda no tiene aerolínea propia”, cuenta este periodista, que prefiere mantener el anonimato.

Débil oposición

La elección de Sam Kutesa ha despertado oposición entre organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, cuya especialista en África, Maria Burnett, consideraba hace unos días que “hay serias dudas” sobre su compromiso con los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También han expresado su preocupación activistas LGTB, como el británico Peter Tatchell, que pidió al gobierno británico que usara su influencia para bloquear el nombramiento de Kutesa, y algunos políticos, como la senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand, que ha considerado “inquietante” la noticia.

Pero tampoco ha existido mucha más resistencia al nombramiento oficial de Kutesa, al menos hasta ahora. Según The Advocate, el departamento de estado de Estados Unidos se muestra resignado ante la decisión adoptada por la Unión Africana, aunque continuará su presión sobre el gobierno de Uganda para que derogue su ley. Una petición en change.org contraria a la elección de Kutesa, por su parte, ha conseguido reunir por el momento algo más de 13.000 firmas.

La presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas es una posición básicamente representativa que carece de funciones ejecutivas. Debe distinguirse del cargo de secretario general de Naciones Unidas, la persona que se sitúa al frente de la organización (Ban Ki-moon, en la actualidad). Sin embargo, tiene un alto valor simbólico, y el hecho de que un personaje de la calaña de Kutesa la ocupe no es precisamente una buena señal.

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La organización colombiana Caribe Afirmativo ha denunciado las amenazas de muerte a varias personas LGTB en Chalán (departamento de Sucre, subregión de los Montes de María). Estas personas han recibido un panfleto amenazante, firmado por un grupo autodenominado “organización  de los rastrojos de la costa” que declara “objetivos de muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”. “Ojo, no somos homofóbicos, sino que deseamos hombres valientes que estén preparados para la guerra que se nos avecina”, añade el texto.

El panfleto fue introducido el pasado 2 de junio por debajo de la puerta de la vivienda que comparten dos mujeres trans y tres hombres gays, beneficiarios de programas del gobierno tras haber sufrido hace cuatro años un primer desplazamiento forzado. La noche siguiente, según cuenta Caribe Afirmativo, varias personas volvieron a la casa, ubicada en la ladera de un arroyo, desconectaron el contador de la  energía eléctrica, lo lanzaron al agua y les gritaron desde el exterior que “el plazo se vencía para que abandonaran el municipio”. Al día siguiente, el grupo solicitó auxilio a la policía de la localidad y a la alcaldía, recibiendo una respuesta negativa. La noche del 4 de junio, ante el temor de sufrir cualquier atentado o agresión que pusiera en riesgo sus vidas, tomaron la decisión de desplazarse a Sincelejo, la capital de Sucre.

Ya en Sincelejo, y con la ayuda de activistas LGTB locales, el grupo recibió ayuda y la Personería Municipal convocó a una reunión a representantes del Gobierno. La policía departamental considera sin embargo que los “rastrojos” no delinquen en la zona, aunque haya testimonios que aseguran que en las últimas semanas se ha incrementado las acciones delictivas en los Montes de María atribuidas a este grupo.

“La Corporación Caribe Afirmativo hace un llamado a las autoridades departamentales y a la Unidad de Víctimas para que brinden de inmediato protección a  este grupo de mujeres trans y de hombres gays, les garantice la restitución de sus derechos, prevenga en estos territorios este tipo de situaciones violentas y  ofrezca una ruta de reparación efectiva; que la Procuraduría investigue la conducta de omisión de la Alcaldía y la policía en ese municipio ante su negativa de atender la situación y que la Fiscalía y la Policía avancen en la investigación y judicialización de estas bandas criminales, que en el Caribe Colombiano ponen en riesgo la vida digna de las personas LGBTI”, expresa la organización en su comunicado.

Graves antecedentes de violencia homófoba y tránsfoba en Sucre

Ya desde hace varios años el observatorio de derechos humanos de Caribe Afirmativo tiene registrados en Sucre numerosos episodios de violencia hacia las personas LGTB, que incluyen desde desplazamientos forzados por amenazas muy similares a la descrita hasta asesinatos de hombres gays y mujeres transexuales.

“Se hace necesario una gran acción por parte del Estado en este Departamento de protección y garantía de derechos  hacia ellos y ellas y la puesta en marcha de acciones afirmativas y políticas públicas que garanticen la ciudadanía plena y el ejercicio del goce de sus derechos”, reclama esta organización.

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Diecisiete mujeres transexuales han sido detenidas la ciudad malaya de Bahau, acusadas de violar la sharia o ley islámica. Malasia no reconoce la identidad de género de las personas transexuales, por lo que fueron detenidas bajo la acusación de llevar públicamente prendas y aspecto femenino cuando sus documentos las identifican como varones. Las mujeres, que se declararon culpables, han sido condenadas a una fuerte multa económica y siete días de cárcel, a cumplir en una prisión masculina, que podrían incrementarse a seis meses si no satisfacen la sanción.

Tan solo una de las mujeres, que cuenta diecisiete años de edad, ha conseguido librarse del castigo al ser menor, aunque deberá acudir mensualmente al Departamento de Asuntos Islámicos, donde será aconsejada para su “curación”, hasta su mayoría de edad. Las restantes dieciséis mujeres han sido juzgadas por un tribunal islámico, ya que la sharia es de aplicación a los ciudadanos malayos de confesión musulmana.

Las mujeres, que en su mayoría se dedican a la organización de bodas, fueron detenidas por la policía islámica durante la celebración de una de ellas en un recinto privado. Sin embargo, fueron acusadas de vulnerar la sección 66 de la ley islámica, que castiga el que los hombres lleven atuendos femeninos o pretendan ser mujeres en un lugar público. El no reconocimiento por parte de las autoridades de su identidad de género no solo ha causado su detención, sino que también obligará a las mujeres a cumplir sus penas de prisión en un establecimiento penal masculino, donde serán completamente rapadas, se les impedirá recibir su tratamiento hormonal y se enfrentarán a todo tipo de violencia y vejaciones por parte de la población reclusa.

La organización de defensa de los derechos LGTB Justice for Sisters ha explicado que las mujeres, que nunca se habían enfrentado a una detención por estos motivos, se declararon culpables debido al pánico y la indefensión que experimentaron en esos momentos. Han sido condenadas a siete días de cárcel y una multa de 950 ringgits (220 euros, 300 dólares). Si no satisfacen ese importe, la pena de cárcel se incrementará a seis meses. Si quieren eludir incluso los siete días de cárcel, deberán hacer frente a una multa de 1.500 ringgits (350 euros, 470 dólares), cantidad exorbitante para cualquiera de las mujeres e incluso de las organizaciones que las apoyan. Por ello, Justice for Sisters ha iniciado una campaña para recaudar la cantidad necesaria para que las mujeres eviten la prisión.

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Una iglesia baptista de California ha modificado su postura sobre la homosexualidad a raíz de que se hiciera pública la condición de gay de uno de los hijos del pastor. Mientras, la Catedral Nacional de Washington (Iglesia episcopaliana) acoge por primera vez la predicación de un sacerdote abiertamente trans. Estas y otras noticias apuntan a que la inclusión de las personas LGTB gana terreno en las iglesias cristianas de Estados Unidos más allá de las ramas consideradas tradicionalmente “liberales”.

La New Heart Community Church, de confesión baptista, ha decidido cambiar su posición en torno a la homosexualidad después de que su pastor, Danny Cortez, haya hecho público que su hijo es gay. El propio pastor cuenta su historia en el blog Christianity with Humanity. Ya antes de la revelación de su hijo él había cambiado de opinión: a lo largo de 15 años, había podido conocer a diversas personas gays y lesbianas en su congregación. Esto le había llevado primero a cuestionarse sus ideas sobre orientación sexual y finalmente a cambiarlas. Narra así que un día de agosto de 2013, estando en la playa, se dio cuenta de que “ya no creía en las enseñanzas tradicionales sobre la homosexualidad”.

Mientras conducía su coche pensando en cómo transmitiría este cambio a su congregación, le preguntó a su hijo qué canción estaba sonando en la radio. El cantante era Macklemore. Cuando el padre le comentó que le gustaba la canción, su hijo le preguntó si sabía que este cantante era favorable a los derechos LGTB. Le contestó que precisamente por eso le gustaba la canción. Esto le animó a confiarse a su padre y revelarle que él mismo era gay, a lo que le contestó que le quería tal y como era. Como él mismo comenta: “No pude evitar pensar que mis 15 años de trayectoria transformadora estaba preparándome para ese momento. Si no fuera por ella y mi cambio de teología, podría haber destruido a mi hijo con terapia reparativa”. Tanto su hijo como él mismo han publicado videos en internet explicando su historia.

Al hacer público este cambio de actitud, Danny Cortez arriesgaba que su congregación le expulsara. En su lugar, la mayor parte votó a favor de mantenerle como pastor. Decidieron también convertirse en una “iglesia de tercera vía”, es decir, que ni condena ni aprueba, lo que conlleva aceptar la presencia de personas abiertamente LGTB. No toda la congregación aceptó el cambio y decidieron “separarse pacíficamente”. Un cambio de actitud que puede parecer poco, pero en una iglesia baptista es mucho. No debe olvidarse que los baptistas, agrupados en su mayoría en Estados Unidos en la Convención Baptista Sureña, son profundamente conservadores y que su postura oficial afirma que “los cristianos deberían oponerse al racismo, a toda forma de avaricia, egoísmo y a toda forma de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, la homosexualidad y la pornografía”. No en vano, la exclusión de la congregación de Cortez de la Convención es inminente.

Pastor trans predica en la Catedral Nacional de Washington

No es la única noticia positiva que nos ha llegado del ámbito religioso estadounidense. Esta semana hemos conocido también que en la Catedral Nacional de Washington, de la Iglesia episcopaliana, ha predicado por vez primera un pastor trans, Cameron Partridge. Se trata, conviene recordar, de uno de los templos cristianos más importantes de Estados Unidos, con una notable trayectoria en la defensa de las personas LGTB. En enero de 2013, por ejemplo, se anunció que se celebrarían allí bodas del mismo sexo. Con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo anulando la sección tercera de la DOMA, la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, sus campanas tañeron durante casi una hora. La predicación de Partridge es pues plenamente coherente con su línea de acción. En palabras del reverendo Gary Hall, decano de dicha catedral, “Como activista tanto dentro de la Iglesia como en la comunidad en general, espero que la presencia de Cameron en el púlpito enviará un mensaje simbólico de apoyo a una mayor igualdad para la comunidad transgénero, que sufre violencia, discriminación, desempleo, carencia de hogar y desigualdad económica”.

Cameron Partridge es uno de los siete sacerdotes abiertamente trans de la rama estadounidense de la comunión anglicana. Poco antes de ordenarse comentó a su obispo Thomas Shaw que estaba en transición de mujer a varón. El obispo apoyó su decisión y Cameron fue ordenado. Partridge marcó también un hito al ser nombrado capellán en la universidad de Boston en 2011, y durante estos años ha trabajado activamente a favor de la inclusión de las personas trans. Como uno de los resultados más visibles, la catedral episcopaliana de Boston celebra ahora cada año un homenaje en el Día Internacional de la Memoria Transgénero, en recuerdo de quienes han muerto a causa de su identidad de género.

Noticias, en definitiva, que dejan translucir movimientos importantes en el cristianismo protestante norteamericano hacia la igualdad de las personas LGTB. Es significativo además que estos movimientos se extiendan ya más allá de las iglesias “liberales”. Iglesias como la episcopaliana acumulan ya años de aceptación progresiva de las personas LGTB, pero las iglesias baptistas, por ejemplo, siguen siendo fuertemente homófobas. A ello hay que añadir el surgimiento de figuras como el activista gay y cristiano Matthew Vines, de quien ya hemos hablado en entradas anteriores. Procedente de una familia y entorno evangélicos muy conservadores, Vines acabó por aceptar su orientación y considerarla compatible con la Biblia. Un proceso de aceptación que resultó costoso no solo para él, también para su padre, quien ha contado lo duro que le resultó aceptar la homosexualidad de su hijo, que ha traído consigo el alejamiento de su iglesia local.

Como bien ha señalado un periodista de información religiosa de Estados Unidos, parece que las visiones progresistas ganan terreno en las iglesias norteamericanas después de años en que mayoritariamente el protagonismo y la presencia mediática parecían reservadas a los conservadores.

Fuente Dosmanzanas

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En relación con las enmiendas del PSOE-A se ha aprobado suprimir tres artículos incluidos en el apartado de la ley que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales.

Cuatro horas y media que fueron “bien aprovechadas”, según ha declarado la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas. Doblas ha explicado que el texto ha incluido la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha afirmado. En aras del acuerdo también ha habido varias enmiendas que se han quedado fuera, aunque los grupos las consideran secundarias. El texto será previsiblemente debatido en el último pleno de este mes de junio (jueves 26). Una excelente forma, sin duda, de celebrar el Orgullo LGTB en Andalucía.

Según ha apuntado la parlamentaria, el texto del proyecto de ley ha sido mejorado incluyendo la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones, aunque muchas de ellas han sido transaccionadas. «Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión», ha destacado.

IULV-CA ha renunciado a varias de sus enmiendas registradas. Una de ellas por entender que suponía una «desautorización» del sistema médico. En concreto, se pedía que en procedimientos de asistencia a los transexuales no podrán incluirse terapias aversivas o que supongan un intento de anulación o menoscabo del derecho de autodeterminación de género.

También se ha renunciado a la disposición adicional que se demandaba, en relación a la creación de una unidad de seguimiento y evaluación de esta ley, que se reuniría periódicamente y contará con la participación de la Junta y de las organizaciones de transexuales. El grupo ha considerado que esta enmienda «no aportaba nada».

Entre las enmiendas que sí han salido adelante de IULV-CA, destacan que los medios públicos promuevan el conocimiento de la realidad transexual, o la creación de programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género.

Entre los cambios introducidos a la ley, destaca la supresión, a iniciativa del PSOE, de tres artículos incluidos en el apartado que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales, con el objetivo de desarrollarlos en un reglamento que se aprobará con posterioridad. Se mantiene en el texto, sin embargo, el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole, y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Si bien, continúa en el proyecto de ley el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole; y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Uno de los tres artículos suprimidos se refiere a que la administración quedará obligada a adoptar medidas administrativas y de cualquier índole para garantizar que en todos los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

El segundo de ellos, recogía que cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género.

En el último, se incluía que la Comunidad habilitará los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos y bases de datos de la Comunidad Autónoma toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su condición de persona transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Servicio Andaluz de Salud.

Finalmente, Alba ha explicado que las enmiendas del PP-A que han sido rechazadas son las relativas a «ampliar la cartera de servicios». Según ha manifestado, es inviable incrementar desde la Junta de Andalucía estos servicios, cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, «no nos deja margen económico para ello».

Una vez aprobada, la ley será la más avanzada de las aprobadas en Europa en esta materia. Permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Nuestra felicitación, en este punto, a los colectivos trans andaluces que tanto han peleado por sacar adelante este proyecto, huelgas de hambre incluidas.

Canarias, muy posiblemente la siguiente

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi. La ley andaluza sería la tercera, pero no será previsiblemente la última. Hace solo dos semanas el Parlamento canario aprobaba, también con la unanimidad de todos sus grupos, admitir a trámite un proyecto similar.

Pero no Madrid

La que no tendrá por el momento ley integral de transexualidad es la Comunidad de Madrid, donde el PP, que dispone de mayoría absoluta, se negó hace pocas semanas a tramitar el proyecto presentado por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid pese a haber dado señales de que sí lo haría en los días previos.

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que era aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU) la semana pasada, si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales. El PP también se negó a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

En definitiva, Madrid se queda sin ley integral de transexualidad, aunque se hace un llamamiento al gobierno central a promover una ley de alcance nacional. Está por ver que tenga un resultado práctico…

Insertamos a continuación la reveladora intervención de la diputada socialista y activista transexual Carla Antonelli en el pleno de la Asamblea en el que se debatió la proposición:

Fuente Dosmanzanas y  Cáscara amarga

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A pesar del mal tiempo, unas cuatrocientas personas han participado el pasado sábado en la Marcha del Orgullo de Bucarest, que servía de cierre a los actos que se han llevado a cabo durante toda la semana. El lema de la manifestación era la diversidad, siendo el principal contenido de los discursos que se pronunciaron cuando los manifestantes llegaron a la Plaza de la Victoria, declarada “zona libre de discriminación”.

La celebración del Orgullo en Bucarest ha tenido lugar apenas unos meses después de que el Parlamento rumano bloquease una proposición de ley de uniones civiles que incluiría a las parejas del mismo sexo. Por ello, los convocantes han querido nombrar a este último acto “Marcha por la Diversidad”, como reivindicación de un marco legal y social donde todos tengan cabida.

La manifestación transcurrió desde el Arco de Triunfo hasta la Plaza de la Victoria sin incidente alguno. Al alcanzar durante el recorrido el edificio de la embajada de Rusia en Rumanía, algunos  manifestantes abuchearon y pitaron en su dirección, en muestra de su desacuerdo con las leyes homófobas rusas aprobadas el pasado año.

A ello quiso hacer referencia Florin Buhuceanu, director de la organización rumana de defensa de los derechos LGTB Accept, para quien Rumanía debe decidir a qué bloque quiere pertenecer. “Las políticas de los países de la Unión Europea representan un modelo funcional para fortalecer una sociedad próspera que  además es diversa e inclusiva, mientras que la clase política en Rusia y sus países vecinos genera intolerancia y homofobia“, afirmaba Buhuceanu, para concluir que, en su opinión, “Rumania y los rumanos, en la frontera entre el este y el oeste, deben elegir qué camino seguir”.

Fuente Dosmanzanas

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La juez federal Barbara Crabb ha dictaminado este viernes 6 de junio que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes del estado de Wisconsin viola los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los condados de Milwaukee y Dane, dos de los más populosos del estado, comenzaron inmediatamente a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, celebrándose las primeras bodas la misma tarde del viernes. El fiscal general de Wisconsin, J.B. Van Hollen, ha comunicado su intención de apelar la sentencia y ha solicitado a la juez Crabb que impida la celebración de matrimonios de manera inmediata.

La juez Crabb debía decidir sobre la demanda presentada conjuntamente por ocho parejas del mismo sexo, a quienes el estado de Wisconsin impedía contraer matrimonio o no reconocía sus enlaces celebrados en otros estados. Los votantes de Wisconsin, por un mayoría del 59 %, habían aprobado en noviembre de 2006 la inclusión de un artículo en la Constitución de su estado que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

La juez ha dictaminado que ese artículo “viola el derecho fundamental  al matrimonio de los demandantes y su derecho a la igual protección ante la ley recogida en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. También ha declarado inconstitucional cualquier normativa o estatuto que impida el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Asimismo, ha declarado contraria a la Constitución de los Estados Unidos la normativa estatal, única en el país, que penaba con penas de prisión y fuertes multas a aquellas parejas del estado que decidían contraer en otras jurisdicciones un matrimonio prohibido por las leyes de Wisconsin.

En esta ocasión, la juez federal no ha suspendido su fallo hasta que se decida su posible apelación, como se decidió en otros casos, a pesar de que así lo había solicitado en su día el fiscal general de Wisconsin, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, aun antes de conocerse el contenido de la sentencia. Por el contrario, la juez ha establecido que los demandantes pueden presentar alegaciones hasta el próximo día 16 de junio, si entienden que su sentencia ha perjudicado sus intereses. La Fiscalía dispondrá de una semana para contrarrestar esas alegaciones, sin que ello suponga la suspensión de la sentencia, que puede ejecutarse de inmediato.

El efecto de este plazo extraordinario para alegaciones es que cualquier petición de suspensión de la sentencia debe esperar hasta que se cumpla para ser considerada. En principio, tampoco se podría apelar ante la Corte de Apelaciones federal hasta que finalice el plazo, pues no se habrían agotado las posibilidades de recurso en primera instancia. Por lo tanto, aun cuando el tribunal superior dicte la suspensión de la sentencia en su día, se habrán celebrado bodas entre personas del mismo sexo durante todo ese periodo.

Primeras bodas

Así lo han entendido las secretarías de los condados de Milwaukee y Dane, que decidieron empezar a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en la misma tarde del viernes. El secretario ejecutivo del condado de Milwaukee, Chris Abele, decidió incluso que sus dependencias abrirían el viernes hasta las 9 de la noche, corriendo él mismo con los gastos extraordinarios que supusieran esta ampliación del horario. El único requisito a cumplir es que al menos uno de los contrayentes resida, con una antigüedad de al menos 30 días, en el condado donde se solicite la licencia matrimonial. También existe un plazo de 5 días para que se pueda celebrar el matrimonio tras la emisión de la licencia, pero se puede evitar pagando una pequeña tasa.

Esta circunstancia ocasionó que el mismo viernes el fiscal general Van Hollen presentara una moción de urgencia ante el tribunal de la juez Crabb, en la que insta a la magistrada a que suspenda su sentencia hasta que finalice el plazo extraordinario de alegaciones y que, por vía telefónica, ordene a los condados el cese inmediato de la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, las secretarías de los dos condados no han recibido orden alguna en ese sentido, pues han seguido emitiendo licencias de matrimonio durante toda la tarde del viernes y la jornada del sábado. Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en Wisconsin se cuentan ya por centenares.

Seguiremos atentos a los acontecimientos para seguir informando.

Presentada demanda en Dakota del Norte

Las últimas demandas contra la prohibición del matrimonio igualitario habían sido presentadas semanas atrás en Alaska y Dakota del Sur, dejando a Dakota del Norte como el único estado donde no se había desafiado ese tipo de legislación. Pero este viernes 6 de junio siete parejas del mismo sexo han interpuesto una demanda en un tribunal federal contra el estado de Dakota del Norte por impedirles contraer matrimonio o no reconocer los celebrados en otros estados donde están permitidos.

Con la incorporación de Dakota del Norte a la lista, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida tanto en las constituciones estatales como en sus legislaciones ha sido desafiada ante los tribunales en todos y cada uno de los estados.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Wisconsin se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho,  Oregón y Pensilvania. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. A estos 20 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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Conseguir que se discuta el proyecto de ley de uniones civiles en Perú está siendo realmente complicado para los partidarios de los derechos LGTB, que se enfrentan a una formidable oposición  de los sectores políticos y religiosos más conservadores (y todo ello a pesar de que no se trata de una ley de matrimonio ni contempla la adopción). La última muestra de lo tenso que esta resultando el proceso tuvo lugar este viernes, 6 de junio, cuando varios cientos de activistas que pedían al Congreso que no retrasase más la deliberación del proyecto fueron reprimidos con gases lacrimógenos.

La manifestación, integrada por varios cientos de personas, había sido convocada por el colectivo Unión Civil ¡Ya! (#UnionCivilYa). Partió sobre las 18:30 horas de la céntrica Plaza de San Martín y se dirigió a la sede del Congreso, pero la policía la interceptó lanzando gases lacrimógenos. Varios de los asistentes resultaron afectados por los gases, entre ellos las activistas Anita Araujo y Rasciel Naranjo.

En un comunicado hecho público en Facebook, Unión Civil ¡Ya! ha rechazado “de forma categórica” lo que considera represión del Estado peruano contra una movilización que en todo momento fue pacífica y ha vuelto a exigir a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que debata de forma inmediata el proyecto de unión civil.

Insertamos a continuación el vídeo elaborado por Unión Civil ¡Ya! con imágenes de lo sucedido el viernes:

Un proceso complicado

Perú vive en estos momentos una dura batalla en torno al proyecto de ley de uniones civiles presentado por el congresista Carlos Bruce. Su aprobación supondría reconocer a las parejas del mismo sexo derechos similares a los de un matrimonio (aunque excluyendo la adopción), un considerable avance que marcaría además un punto de inflexión en América Latina. Muchos gobiernos de países con un perfil similar al de Perú -notablemente conservadores por lo que al reconocimiento de la realidad LGTB se refiere- y que lo tienen relativamente fácil a la hora de bloquear iniciativas de matrimonio igualitario (un derecho ya conseguido en Argentina, Uruguay, Brasil y parte de México, y cuyo futuro se juega en los tribunales en Colombia) tendrían difícil evitar el progreso de leyes como la que ahora se discute en Lima.

El proyecto impulsado por Bruce (legislador que recientemente hacía pública su condición de gay) cuenta con el aval del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo del país y ha conseguido el apoyo de sectores relevantes de la sociedad civil peruana, como el escritor Mario Vargas Llosa, al que su apoyo le ha valido las críticas de la Iglesia católica. Pero también cuenta con grandes resistencias: el congresista Julio Rosas ha presentado un millón de firmas contrarias al proyecto, y lo que puede resultar aún más peligroso, el propio Rosas y la también congresista Martha Chávez han registrado sendos proyectos de ley alternativos que rebajarían de forma considerable los derechos contemplados en el proyecto de Bruce (el artículo Igualdad en construcción, publicado recientemente en nuestra sección “Una carta en dosmanzanas”, explica bien cual es la situación en este momento).

En los últimos días, y eso es importante, el proyecto ha sumado varios apoyo más, como el del ministro del Interior, Walter Albán, que ha expresado estar “en lo personal” de acuerdo con el mismo y ha asegurado que defenderá esa posición dentro del gobierno “cuando el tema se discuta en el consejo de ministros”. También la que fuera primera dama de Perú, Pilar Nores (esposa del expresidente Alan García) se ha manifestado a favor. “Creo que como está planteada la unión civil, al igual que en muchos países del mundo, no afecta a terceros”, ha declarado.

Estaremos atentos a lo que sucede en próximas semanas, habida cuenta de que el actual periodo de sesiones del Congreso de Perú acaba el 15 de julio.

Fuente Dosmanzanas

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En un editorial fechado el pasado 5 de junio, el periódico The Jamaica Gleaner  ha abogado por que el Gobierno del país caribeño modifique su normativa legal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y derogue las leyes que castigan la homosexualidad masculina. Un editorial sorprendente en un país que muchos consideran el más homófobo del continente americano, no tan solo por su legislación, sino porque el acoso, la persecución y la violencia contra las personas LGTB por parte de la población civil está, lamentablemente, a la orden del día.

El editorial de The Jamaica Gleaner analiza los fundamentos legales de la institución del matrimonio como un contrato establecido entre dos personas que acuerdan convivir y compartir sus bienes. Para el editorialista, que las parejas del mismo sexo estén excluidas de poder formalizar ese acuerdo es una flagrante discriminación cuyo motivo no es otro que la homofobia.

Para quienes consideran que el matrimonio igualitario socavaría los cimientos de la institución matrimonial, The Jamaica Gleaner ofrece datos fundamentados de que esa institución está en franco declive en el país. No solamente ha disminuído el número de matrimonios celebrados anualmente en Jamaica, sino que también se ha incrementado notablemente el número de divorcios. Según los datos censales,  el 70 % de los jamaicanos mayores de 16 años (la edad a partir de la cual se puede contraer matrimonio) nunca se ha casado, y el 80 % de los niños nacen fuera de esta institución y, en su mayoría, ni siquiera tienen padres registrados en su partida de nacimiento.

El editorialista sostiene la idea de que la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo lo fortalecería en vez de debilitarlo. También cree que las confesiones religiosas, fuertemente opuestas a esa apertura, deberían aprender a convivir en una sociedad moralmente plural. El hecho de que se les permitiera rehusar celebrar este tipo de matrimonios bastaría para salvaguardar el derecho a la libertad religiosa.

Para The Jamaica Cleaner, la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer recogida en la sección 18 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de Jamaica está basada en una profunda homofobia, la misma que sostiene aún las leyes contra la sodomía, que castigan la homosexualidad masculina con penas de hasta 14 años de prisión y trabajos forzados. Con esas leyes, afirma el editorial, “el Estado se otorga el papel de comisario de las preferencias sexuales e invade la privacidad de los dormitorios. Nada importa que ese poder apenas se utilice: su mera existencia es escalofriante”.

Las leyes contra la sodomía y el impedimento del matrimonio igualitario, concluye The Jamaica Cleaner, “representan un ataque al principio de igualdad de las personas; al derecho de las personas a forjar relaciones, especialmente cuando el ejercicio de esos derechos no afecta a los derechos de los demás; y a su derecho a la igualdad de protección bajo la ley. De hecho, la negación de estos derechos humanos es también un ataque a la dignidad de las personas a quienes se impide la expresión pública de la poderosa emoción humana del amor dentro de la santidad del matrimonio”.

Esta crítica de las leyes homófobas en el editorial de un periódico tan influyente ha sorprendido a los activistas LGTB, que ni siquiera se han planteado aún la lucha por el matrimonio igualitario. “Obviamente, los intelectuales jamaicanos están un paso por delante del movimiento LGTB”, afirmaba uno de ellos. La principal lucha legal del activismo LGTB en Jamaica se centra en la derogación de las leyes contra la sodomía, ahora en manos del Tribunal Supremo tras la denuncia presentada por Javed Jaghai como representante de la organización J-FLAG . Jaghai se enfrenta ante el alto tribunal a los líderes de las distintas confesiones cristianas, que se han presentado como defensores de las leyes homófobas.

Jamaica, el país más homófobo de América

La defensa de los derechos LGTB del editorial de The Jamaica Gleaner ha sorprendido dada la fuerte homofobia social dominante en Jamaica. Como ya comentábamos, las relaciones homosexuales masculinas están castigadas con penas de hasta 10 años de cárcel, y, aunque apenas se hace uso de esta legislación, el acoso, la violencia y el asesinato de personas LGTB están a la orden del día.

En dosmanzanas hemos recogido numerosos episodios. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos el caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Tan solo dos semanas más tarde, cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

Esta terrible realidad ya ha sido denunciada por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica publicado en 2012 puso de manifiesto la vulnerabilidad de su colectivo LGTB. El informe (que se puede descargar en castellano aquí) dedicaba quince páginas a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género (páginas 105 a 120). Como respuesta, el Gobierno de Jamaica anunció la aprobación de una normativa antidiscriminatoria contra las minorías que por el momento no se ha materializado. Precisamente la CIDH tiene pendiente de resolución la denuncia de un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual.

Fuente Dosmanzanas

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Se aprobó la resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género en asamblea de la OEA

Este 5 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una histórica resolución a favor de los derechos LGTB en su 44 Asamblea, celebrada en Paraguay. La resolución, presentada por Brasil, proporciona un retrato preciso del grado de homofobia y transfobia de estado de los miembros de la OEA, gracias a las notas al pie de página introducidas a petición de varios países, que sin embargo no modifican el valor jurídico de la resolución. Uno de esos países es Paraguay, anfitrión del evento, cuyo gobierno se ha visto forzado finalmente a apoyar la declaración, aunque expresando “su reserva”, gracias a la movilización de los colectivos LGTB paraguayos.

Sin incluir la introducción y los considerandos previos, reproducimos a continuación los diez puntos de la resolución (que puedes descargar íntegramente en castellano, inglés, francés y portugués):

La Asamblea General (…) resuelve:

1. Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada.
2. Alentar a los estados miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad o expresión de género.
3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los estados miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.
4. Instar, además, a los estados en el ámbito de sus capacidades institucionales a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
5. Instar a los estados miembros a que aseguren una protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género.
6. Instar a los estados miembros a que aseguren una protección adecuada a las personas intersex y a que implementen políticas y procedimientos, según corresponda, que aseguren la conformidad de las prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos humanos.
7. Soliicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preste particular atención a su plan de trabajo titulado “Derechos de las personas LGTBI”, y que continúe el trabajo de preparación del informe hemisférico en la materia, de conformidad con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a los estados miembros a que apoyen los trabajos de la Comisión en esta materia.
8. Solicitar a la CIDH que continúe la preparación de un estudio sobre las leyes y disposiciones vigentes en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que limiten los derechos humanos de las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad o expresión de género y que, con base en ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la despenalización de la homosexualidad y de prácticas relacionadas a la identidad o expresión de género.
9. Exhortar a los estados miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren, según sea el caso, la firma, ratificación o adhesión de los instrumentos interamericanos en materia de protección de derechos humanos, incluida la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
10. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

Oposición y reservas de varios países

Varios países han expresado sin embargo su oposición y/o sus reservas al texto. Es el caso de San Vicente y las Granadinas, que argumenta que el lenguaje utilizado “no está plenamente definido ni aceptado en el ámbito internacional”; de Belice, que “no puede unirse al consenso sobre esta resolución en virtud de que varios de los temas y principios que contiene son en este momento, directa o indirectamente, objeto de procesos jurídicos ante la Corte Suprema de Belice“; de Jamaica, cuyo gobierno “no puede unirse al consenso para aprobar esta resolución pues considera que el término ‘expresión de género’ es ambiguo y puede imponer un sistema de valores sobre otro”; de Honduras, que dice respetar las convenciones internacionales sobre derechos humanos pero “no se considera obligado por ninguna disposición contenida en este proyecto que pudiera contravenir las disposiciones de esas Convenciones o su legislación interna”, o de Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, por parecidas razones. Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que algunos de estos países, como Jamaica u Honduras, se cuentan entre aquellos en los que la homofobia y transfobia social y/o de sus gobiernos es más fuerte.

Dos países, Guatemala y Ecuador, han centrado sus reservas hacia la declaración en el matrimonio igualitario, al declarar que “promueven y defienden todos los derechos humanos y respecto de las disposiciones de la presente resolución” pero que “consideran que el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo no constituye una práctica discriminatoria”. Tampoco supone una especial sorpresa, ni siquiera en el caso de un país con un gobierno de izquierda, como Ecuador, que se dice comprometido con los derechos LGTB pero cuyo presidente, Rafael Correa, es un orgulloso defensor del conservadurismo moral y un furibundo opositor al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Estados Unidos también ha querido hacer “una aclaración”, pese a encontrarse entre los impulsores de la resolución. Sus reservas tienen que ver en este caso con su alergia a las convenciones internacionales vinculantes. “Estados Unidos apoya decididamente esta resolución; sin embargo, desea hacer una aclaración con respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a la negociación de nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes contra el racismo, la discriminación racial y otras formas de discriminación o intolerancia. Reiteramos nuestras ya inveteradas inquietudes con respecto a este ejercicio en el seno de la OEA y las convenciones que de él resulten”, ha sostenido.

Y Paraguay apoyó finalmente la resolución, con reservas

El último de los países que ha expresado reservas hacia la resolución ha sido el país anfitrión de la Asamblea, Paraguay, cuyo gobierno “reitera su compromiso con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenciones Internacionales suscritos sobre la materia reafirmando lo preceptuado en el Título II ‘De los Derechos, de los Deberes y las Garantías’; Capítulo III ‘De la Igualdad’ y Capítulo IV ‘De los derechos de la familia’ de la Constitución Nacional y concordantes. Expresa, asimismo, su reserva sobre el texto de la Resolución”.

Pese a las reservas, es importante destacar que el gobierno de Paraguay finalmente ha apoyado la resolución, en contra de lo que se había anunciado con anterioridad. Lo sucedido en los últimos días, en los que pudieron escucharse palabras rabiosamente homófobas en boca de varios senadores opuestos al proyecto de resolución y activistas LGTB fueron agredidos por la policía mientras se manifestaban pacíficamente, tiene sin duda mucho que ver. Las imágenes de la represión policial han podido verse en todo el mundo (en España han merecido la condena, por ejemplo, de la FELGTB y del PSOE), ha habido movilizaciones online y los activistas paraguayos han conseguido que la situación de los derechos LGTB en su país sea mucho mejor conocida.

El colectivo SomosGay, uno de los convocantes de la manifestación del pasado lunes, ha expresado su satisfacción por el giro de su gobierno. “A pesar de las reservas en el apoyo de Paraguay, esto significa una victoria muy importante a la homofobia y la discriminación, que mostraron su peor faceta en estos días”, ha declarado su director ejecutivo, Simón Cazal. “Paraguay irá cambiando y avanzando hacia un horizonte de igualdad plena, en el que ninguna persona vuelva a ser discriminada por su orientación sexual o identidad de género”, ha añadido.

Fuente Dosmanzanas

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) condena de forma contundente la esterilización forzada de personas transexuales e intersexuales en un documento que señala las líneas maestras de lo que es admisible o no por lo que a este procedimiento quirúrgico se refiere. Además de la OMS, el documento lleva la firma de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas e Unicef.

El documento, “Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization. An interagency statement” (que puedes descargar aquí) hace un repaso de las diversas situaciones en las que en algún momento de la historia reciente se ha producido la esterilización forzada: mujeres con VIH, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y/o indígenas, personas discapacitadas… El posicionamiento incide en que en ningún caso este tipo de intervenciones, sin duda útiles como método anticonceptivo, pueden ser llevados a cabo contra la voluntad de las personas, en ausencia de un consentimiento libre e informado o en el contexto de programas impuestos a la fuerza por los gobiernos. En este sentido, la OMS y el resto de organizaciones señalan que la esterilización forzada es una violación a los derechos humanos fundamentales.

Por lo que se refiere a las personas transexuales e intersexuales, el documento subraya como en numerosos países se las obliga a procedimientos quirúrgicos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva. Ello ocurre como requisito previo a ver reconocida legalmente la identidad de género (personas transexuales) o con el objetivo estético de asignar a una persona intersexual un sexo “normalizado” a edades muy tempranas sin esperar a que sea ella misma la que decida si desea someterse a este tipo de cirugía y en qué sentido. Según la OMS, obligar a someterse a este tipo de procedimientos atenta contra los derechos de las personas y puede ser en sí mismo una causa que perpetúa la discriminación. El documento pide que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas.

Por lo que se refiere a aquellas intervenciones que no se realicen con un objetivo estético o de apariencia física sino por motivos de salud, sobre todo en el caso de los menores intersexuales, el documento advierte que en numerosas ocasiones se proponen en base a una evidencia científica débil y sin discutir soluciones alternativas que mantendrían intacta la capacidad reproductiva. En este sentido, la OMS hace un llamamiento a reforzar el proceso de consentimiento informado, intentando en todo momento retrasar procedimientos quirúrgicos irreversibles hasta una edad en la que la persona es lo suficientemente madura como para participar de forma razonada en el proceso de toma de decisiones. El documento también hace un llamamiento a que los profesionales de la salud sean adecuadamente formados en diversidad sexual.

Procedimientos habituales, también en países desarrollados

Recomendaciones muy importantes que esperemos sean asumidas cuanto antes por los estados. Y es que este tipo de procedimientos siguen por desgracia a la orden del día en numerosos países, entre ellos muchos desarrollados. Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta hace poco más de un año la esterilización de las personas transexuales como requisito previo a ver reconocida su identidad, y fue gracias a un pronunciamiento judicial. Francia, por mencionar otro ejemplo aún más cercano, carece de una legislación específica que regule la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación, por lo que la decisión debe pasar a la fuerza por las manos de un juez.

En España, aunque la situación es mucho más favorable, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo que debería ser actualizado para acercarse, por ejemplo, al modelo de Argentina, que en 2012 aprobó una avanzada ley de identidad de género que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

Por lo que se refiere a la intersexualidad, la situación jurídica es ambigua y en la mayoría de los casos se siguen tomando decisiones basadas en planteamientos médicos tradicionales. Hace menos de un mes, de hecho, El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, urgía a los gobiernos a revisar la legislación y las prácticas médicas para proteger a los ciudadanos intersexuales. Muižnieks calificaba las intervenciones practicadas en bebés con intencionalidad estética de “traumáticas y humillantes” y las criticaba precisamente por realizarse sin el consentimiento de la propia persona. “El sexo asignado a un bebé puede no corresponder con su identidad futura y la cirugía no respeta su derecho de autodeterminación y su integridad psíquica”, explicaba.

Fuente Dosmanzanas

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Se ha dado a conocer la sentencia contra los agresores de Wilfred de Bruijn y Olivier Couderc, la pareja del mismo sexo que fue brutalmente asaltada en las calles de París cuando se debatía en Francia la ley de matrimonio igualitario. Dos de los asaltantes han sido condenados a 30 meses de prisión. A un tercero se la ha sancionado con una pena de 6 meses de prisión en régimen de libertad condicional, al no haber participado en los hechos, pero sí haberlos presenciado sin intentar evitarlos. La sentencia contra el cuarto, que era menor de edad cuando ocurrió la agresión, deberá ser dictada por un tribunal de menores.

“Esta es la cara de la homofobia”, así describía el propio Wilfred de Brujin la fotografía de su rostro tumefacto tras recibir la brutal paliza. La imagen recorrió las redes sociales, convirtiéndose en el símbolo de la violencia desatada en Francia debido a la normalización de la homofobia mientras se tramitaba la ley de matrimonio igualitario. “Es necesario que esto se vea, mostrar a la gente estos actos que en el fondo son bastante comunes. Hay que seguir hablando de ello. Está en nuestras caras”, eran las palabras de Wilfred para alentar la denuncia de las repetidas agresiones que sufrían las personas LGTB en aquel periodo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 7 de abril, cuando Wilfred de Brujin y su novio Olivier Couderc salían de una fiesta en casa de unos amigos y se dirigían a la estación de tren más cercana cogidos del brazo. De repente, oyeron unos insultos y Olivier recibió un golpe en plena cara. Después, varios hombres se ensañaron con ellos, golpeándoles en el rostro, rompiéndoles nariz, dientes… hasta que se marcharon. Afortunadamente, ninguno de los dos presentó lesiones internas, aunque recibieron una baja médica de diez días y tuvieron que tomar calmantes para mitigar el dolor.

Los agresores eran tres jóvenes de 17, 18 y 19 años. Un cuarto compañero de los asaltantes no participó en la agresión, aunque no hizo nada por impedirla. Los dos mayores, que ahora cuentan 19 y 20 años de edad, han sido condenados a 30 meses de prisión, de los que 12 y 15 meses respectivamente se cumplirán en régimen de libertad condicional. El agresor que era menor de edad en el momento de los hechos tendrá que esperar a que su pena sea dictada por un tribunal de menores. El cuarto implicado como testigo presencial ha sido condenado a seis meses de prisión, a cumplir todos ellos en régimen de libertad condicional, por no haber intentado evitar la comisión del delito.

El tribunal ha reconocido el agravante de agresión por razón de orientación sexual en la sentencia, lo cual ha satisfecho a Wilfred de Brujin, para quien “el tribunal ha decidido decir no a la violencia gratuita, a los actos cobardes y condenar oficialmente el odio hacia los demás por lo que son, homosexuales o cualquier otra cosa”. Wilfred expresaba su esperanza de que esta sentencia permita que “todos los que sufren la violencia y la discriminación sepan que la ley está de su parte, que la sociedad está de su parte”, mientras reiteraba una vez más du deseo de que “no se oculten”.

Durante el juicio, los acusados expresaron su arrepentimiento y pidieron perdón ante el tribunal. Yann Le Bras, abogado del acusado con condena más alta declaraba que su representado “había tomado conciencia de la gravedad de lo ocurrido”, aunque achacó la agresión a un “efecto de grupo” y al hecho de estar “muy alcoholizado”.

Yohann Roszewitch, presidente de SOS-Homophobie, organización que ha tomado parte en el juicio como acusación civil, declaraba que a su parecer el tribunal había adoptado “una decisión que nos parece justa”. Sin embargo, discrepaba absolutamente de los argumentos de la defensa, porque “los golpes comenzaron cuando fueron identificados como gais (…) no había ninguna otra razón”, remarcando que en 2013 “el conjunto de los testimonios por actos homófobos recibido por SOS-Homophobie se incrementó en un 80 %, y los asaltos físicos en casi un 50 %”.

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Manifestaciones en Paraguay contra el matrimonio gay

Activistas LGTB y periodistas fueron agredidos por la policía paraguaya cuando llevaban a cabo una concentración pacífica en el marco de la 44 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra esta semana en Paraguay. La agresión tiene lugar pocos días después de que el gobierno paraguayo expresara su negativa a apoyar una declaración contra la discriminación homófoba y tránsfoba propuesta por Brasil y de que el Senado aprobara en su lugar una declaración en contra del aborto y a favor de la familia tradicional entre muestras de la peor homofobia por parte de varios de sus miembros.

La agresión policial tuvo lugar en la noche de este lunes en los alrededores de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que tiene su sede en Luque (ciudad del área metropolitana de Asunción) y que entre el 3 y el 5 de junio acoge la 44 Asamblea General de la OEA. Los activistas allí congregados protestaban pacíficamente contra la reciente decisión del gobierno paraguayo de no apoyar la declaración contra la no discriminación propuesta por Brasil. En un momento determinado la policía paraguaya cargó contra ellos con porras y gas pimienta. Diez personas resultaron heridas de diversa consideración, entre ellas dos periodistas, Enrique Dávalos y Noelia Díaz. La policía intentó incluso destruir las grabaciones que estos habían realizado.

El comisario Ramón Ávila asegura que fueron los manifestantes iniciaron las acciones violentas. El colectivo SomosGay, uno de los convocantes del acto, ha difundido sin embargo un vídeo que muestra imágenes de lo sucedido y en las que se aprecia tanto el carácter pacífico de la protesta como la violencia ejercida por los antidisturbios:

El gobierno de Paraguay niega que exista homofobia en su país…

Lo que los activistas paraguayos pedían a su gobierno era simplemente que apoyara la propuesta de resolución sobre promoción y protección de derechos humanos en lo referente a la orientación sexual e identidad de género presentada por Brasil (y respaldada por Argentina, Colombia, Estados Unidos y Uruguay) a la Asamblea de la OEA, y que insta a sus estados miembros a adoptar una serie de medidas para combatir la discriminación de las personas LGTB (puedes descargar la propuesta en castellano pinchando aquí).

Una propuesta que ha despertado la ira de los grupos conservadores en Paraguay, que llevan días movilizándose y que han conseguido que el gobierno paraguayo haya anunciado que no la apoyará. El ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, ha llegado incluso a afirmar que en Paraguay no existe homofobia. “Yo puedo decir que el Gobierno paraguayo es clarísimo en esto. En el país, nosotros no vemos ninguna homofobia”, declaró públicamente.

… días después de que un senador afirme “odio a los homosexuales”

Loizaga hacía estas declaraciones pocos días después de que en el Senado de Paraguay tuviera lugar un debate sobre la propuesta de resolución en la que varios senadores hicieron gala de la homofobia y la transfobia más descarnada. El más expresivo fue sin duda el senador Carlos Núñez, del Partido Colorado, que afirmó que “yo no soy filósofo, pero soy bien macho, bien hombre, cuando vemos un travesti, hombre vestido de mujer, no sabemos dónde mete ese que sabemos”.

Más tarde, en declaraciones a Radio Ñandutí, Núñez reconocía orgulloso su homofobia. “Yo amo a las mujeres, amo a mi señora y odio a los homosexuales, no puedo ver, no puedo mirar”, declaró. Sobre la adopción homoparental, Núñez declaró que “es un desastre, qué va a decir esa criatura, va a preguntar quién es mi mamá y mi papá (…) Esa gente que se llama homosexuales o gay o travestis destruyen la sociedad”.

El Partido Colorado es el partido del presidente paraguayo, Horacio Cortes, que por cierto también cuenta en su historial con declaraciones homófobas, por las cuales pidió disculpas tras ganar las elecciones.

Núñez no fue el único en demostrar su aversión a las personas LGTB. El senador de UNACE Juan Manuel Bóveda argumentó que “este proyecto de ley representa la posición clara de lo que sentimos los ciudadanos de bien” en referencia a la declaración aprobada finalmente por el Senado paraguayo como respuesta a la propuesta brasileña, en la que “se insta al Poder Ejecutivo-Ministerio de Relaciones Exteriores, a la promoción del derecho a la vida desde la concepción y a la protección integral de la familia en los términos establecidos por el Articulo 49 de la Constitución Nacional y otros derechos constitucionales”. El también senador colorado Luis Castiglioni expresó por su parte que “hay un fuerte lobby en todo el mundo para sentirnos acomplejados en contra de lo que el señor creador determinó. Nos sentimos discriminados”.

SomosGay repudia la actuación de Senado y policía paraguaya

El colectivo LGTB SomosGay repudió la actuación del Senado y la homofobia de sus miembros. “El uso de la orientación sexual o identidad de género de las personas como insulto es una práctica que agrava aspectos violentos y autoritarios de nuestra sociedad, fruto de una cultura basada en preconceptos machistas. Cuando esta práctica proviene de autoridades públicas, de la relevancia de un senador de la República, resulta aún más grave”, expresó SomosGay en un comunicado. Sobre la declaración del Senado, SomosGay pidió su retirada. “SOMOSGAY recurrirá la misma a todas las instancias nacionales e internacionales por considerar que atenta contra los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos que están consagrados en la Constitución Nacional y todos los tratados firmados y ratificados por el país”, añadía.

Respecto a lo sucedido en la noche del lunes, SomosGay se ha solidarizado con los periodistas agredidos, ha condenado “todas las formas de violencia” y ha repudiado enérgicamente “el actuar de la Policía Nacional del Gobierno de Horacio Cartes, ya que con estas prácticas nos vuelve a la memoria los más oscuros episodios de nuestra historia”. “Esto, lejos de desanimarnos, nos reafirma en nuestro compromiso de lograr un Paraguay igualitario y libre. Seguiremos aquí, como hoy expresándonos y luchando todos los días para construir una sociedad paraguaya libre e igualitaria para todos y todas. ¡Digamos NO al retorno de la DICTADURA y SÍ a la democracia y la igualdad!”, añadía este colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Por una mayoría de 10 votos contra 6, el Consejo de la ciudad de Houston (Texas) ha aprobado la Ordenanza de Igualdad de Derechos, que protegerá a las personas LGTB, entre otros colectivos, de la discriminación en los ámbitos del empleo, la vivienda y las prestaciones de servicios. Los opositores a la igualdad habían amenazado con promover la destitución de la alcaldesa de Houston, la abiertamente lesbiana Annise Parker, y los concejales adeptos si la ordenanza era aprobada.

Houston es la ciudad más poblada del estado de Texas y la cuarta en población del conjunto de los Estados Unidos. También era hasta ahora la única gran ciudad del país que carecía de políticas antidiscriminatorias. Por ello, tras su reciente reelección como alcaldesa, Annise Parker decidió presentar la Ordenanza de Igualdad de Derechos ante el Consejo de la ciudad.

La ordenanza aprobada dicta la protección contra la discriminación por razón de sexo, raza, color, etnia, origen nacional, edad, estado civil, condición militar, religión, discapacidad, orientación sexual, información genética, identidad de género y embarazo. Afectará a los ámbitos del empleo, la vivienda, servicios públicos y proveedores de servicios.

Los opuestos a la igualdad de derechos LGTB se mostraron indignados por la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en la ordenanza, arguyendo que protegerlas de la discriminación contravendría el derecho a la libertad religiosa. Ponían como ejemplo que un comerciante cristiano se vería obligado a prestar sus servicios en una boda entre personas del mismo sexo, a pesar de que fuera en contra de sus creencias.

Debido a ello reclamaron que la ordenanza fuera puesta a votación entre la población de Houston antes de ser considerada por el Consejo de la ciudad, propuesta que fue denegada. También amenazaron con recoger firmas para promover la destitución de la alcaldesa Parker y los concejales que apoyaran la ordenanza por “incompetencia, mala conducta y falta de aptitud para el cargo”.

Estos argumentos contrarios, al igual que otros muchos favorables, fueron expuestos por unas doscientas personas ante el pleno del Consejo antes de proceder a la votación. El resultado final fue de 10 votos a favor y 6 en contra, por lo que la Ordenanza de Igualdad de Derechos fue finalmente aprobada y los ciudadanos de Houston se han unido a los de otras ciudades del estado de Texas, como Austin, Dallas o San Antonio, en el fortalecimiento de sus derechos.

Esta ordenanza no ha sido la primera medida de la alcaldesa en contra de la discriminación, pues, poco después de ocupar su cargo, ordenó que se aplicaran los beneficios establecidos para los cónyuges de los empleados municipales a las parejas del mismo sexo legalmente casadas en los estados donde se permite el matrimonio igualitario. Recordemos que un tribunal federal declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Texas, pero que esa sentencia se encuentra en suspenso hasta que se decida la apelación.

También en Texas, una pareja gay discriminada en un restaurante

Una ciudad texana que no dispone de ordenanzas que protejan contra la discriminación hacia las personas LGTB es Pittsburg. En ella se encontraba el pasado martes 27 de mayo la pareja formada por Collin Dewberry y Kelley Williams. Ambos decidieron desayunar en el restaurante de comida familiar Big Earl’s Bait House and Country Store antes de continuar con su viaje.

Tras consumir su desayuno y pagarlo, procedieron a abandonar el establecimiento, pero antes de hacerlo fueron interpelados por la camarera que les había atendido, hija de los dueños del negocio, que les espetó: “aquí no servimos a maricones”, y les indicó que no debían volver entrar en el local en el futuro, mientras les señalaba un cartel pegado a la puerta del restaurante en el que se podía leer “Bienvenidos a Big Earl’s, donde los hombres se comportan como hombres y las mujeres se comportan como damas. No se permiten los pantalones caídos. Nos reservamos el derecho a rehusar servir a cualquier persona”.

Al parecer, Collin y Kelley habían contravenido esos requerimientos al haber tenido algún tipo de contacto físico entre ellos mientras consumían su desayuno, como cogerse de las manos o acariciarse la rodilla. El mismo comportamiento que habría sido tolerado sin problema alguno en una pareja formada por un hombre y una mujer.

Collin y Kelley comentaban que han vivido toda su vida en el este de Texas y “nunca nos han demostrado un odio semejante”. Afortunadamente, según han comprobado, los comentarios en redes sociales son abrumadoramente favorables a ellos y muy críticos con el restaurante.

Desde la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, es ilegal discriminar a los clientes en locales públicos (como hoteles, restaurantes, cafeterías o salas de cine) en base a su raza, color, religión u origen nacional en todos los Estados Unidos. Algunos estados y ciudades han añadido a esa lista la orientación sexual y la identidad de género. En aquellos lugares en que esa protección no existe, como Pittsburg, las personas LGTB pueden ser tratadas como Collin y Kelley con absoluta impunidad.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Annise Parker, Austin, Big Earl’s Bait House and Country Store, Collin Dewberry, Dallas, Discriminación, Estados Unidos, Houston, Kelly Williams, Pittsburg, San Antonio, Texas

En España han supuesto un severo castigo al bipartidismo y la irrupción con gran fuerza de una nueva izquierda ajena a la política tradicional. A nivel global, sin embargo, las elecciones europeas arrojan un preocupante ascenso de la extrema derecha y de los partidos ultranacionalistas en buena parte del continente. El triunfo del Frente Nacional en Francia es el resultado más llamativo, pero no el único. La homofobia más o menos encubierta es parte inherente del discurso de estas formaciones, aunque no de forma uniforme. Un caso llamativo es el de UKIP en el Reino Unido, un partido capaz de llevar al Parlamento Europeo a un representante abiertamente gay pero contrario al matrimonio igualitario.

Los resultados de las elecciones europeas, conocidos en la noche del 25 de mayo, significaron un terremoto político en toda la Unión. Lo más significativo en el conjunto del continente han sido los importantes resultados de las formaciones de extrema derecha, ultranacionalistas o “euroescépticas”. Han ganado en Reino Unido, Francia y Dinamarca y han tenido resultados reseñables en Alemania (donde por primera vez ha sido elegido un eurodiputado neonazi) o Austria, aunque también es cierto que han retrocedido en otros países, como Holanda y Bélgica.

Si algo tienen en común estas formaciones, además de un discurso fuertemente nacionalista y contrario a la inmigración, es su homofobia. Cierto es que su éxito electoral se basa más en su retórica “euroescéptica”, crecida al calor de la crisis económica, pero ello no evita que su ascenso resulte especialmente preocupante para las personas LGTB. Y ello a pesar de que muchas de estas formaciones se esfuerzan en matizar su homofobia.

Especialmente llamativo resulta en este sentido el caso de UKIP, un partido en el que caben desde las declaraciones de Paul Forrest, candidato local por Liverpool, que afirmó en Facebook que los “homosexuales tienen diez veces más probabilidades que los hombres normales de ser abusadores de niños” hasta las de Gerard Batten, europarlamentario por Londres, que declaró que “nunca he conocido a un miembro gay del UKIP que quiera casarse” al mismo tiempo que aseguraba que “tenemos a muchas personas gays en el UKIP”. Batten intentaba conciliar en su discurso la oposición al matrimonio igualitario con la supuesta defensa de las uniones civiles, insistiendo que los derechos relativos a herencia o decisión en caso de accidente ya quedan cubiertos por estas. Forrest, por cierto, no fue elegido concejal de Liverpool, pero Batten si revalidó su escaño en el Parlamento Europeo.

Entre los nuevos eurodiputados de UKIP hay incluso uno abiertamente gay, que sin embargo se manifiesta contrario al matrimonio igualitario. Se trata del escocés David Coburn, con pareja desde hace 30 años y para quien el “matrimonio gay” es un “neo-derecho (neo-right) creado por activistas” pues para él “no hay diferencia con las uniones civiles”. Otro caso significativo es el de Dave Small, recién elegido concejal de UKIP en Redditch, que afirmó en Facebook que los “mariquitas y las bolleras” eran unos “pervertidos”. También consignó en Facebook un ofensivo “que les jodan a los maricas”. Dave Small ha sido por ello expulsado del partido de forma fulminante.

A estos ejemplos debe añadirse otro más antiguo, el de Nikki Sinclaire, eurodiputada del UKIP que luego fue expulsada por no aceptar la incorporación en el Parlamento Europeo al grupo EFD (“Europa de la Libertad y la Democracia”). Sinclaire era ya conocida como mujer lesbiana y posteriormente hizo público también que era una mujer transexual.

Homofobia, xenofobia y ultranacionalismo. Una relación compleja

El esfuerzo de UKIP por hacer compatible la presencia en su seno de personas homosexuales con un discurso extremista no es del todo nuevo. El ejemplo más destacado fue en su momento el de Pim Fortuyn. Líder de una lista de ultraderecha en los Países Bajos y asesinado en mayo de 2002, Fortuyn era abiertamente gay e hizo precisamente del miedo a la homofobia parte de su discurso xenófobo. Asimismo, y a pesar de su clara oposición al matrimonio igualitario, hay quien ha visto signos de cierta vacilación en el Frente Nacional. Aunque el partido apoyó las manifestaciones contrarias a su aprobación, lo hizo con menos energía de la esperable, y desde luego con menos entusiasmo que la derecha tradicional. A ello hay que sumar que hace pocos meses los medios de comunicación divulgaban la homosexualidad de dos de sus dirigentes, Steeve Briois (secretario general del partido) y Bruno Bilde. Steeve Briois es de hecho una figura en alza: ya siendo pública su homosexualidad (que él ni ha desmentido ni ha confirmado) fue elegido alcalde de Hénin-Beaumont en las pasadas elecciones municipales y en estas elecciones europeas ha sido elegido eurodiputado.

Este panorama obliga a una lectura matizada en clave LGTB. Por una parte, la homofobia ha dejado -al menos de momento- de ser un elemento central del discurso de estos partidos. Algunos justifican incluso sus posiciones contra otras minorías (como la musulmana) utilizando la homofobia de estas como un argumento más. Es más, hay quien incluso ha acusado a una parte del colectivo LGTB de defender posturas nacionalistas o incluso racistas, refiriéndose a “la manera en que los derechos de las mujeres o de los homosexuales pueden ser puestos de relieve desde una perspectiva xenófoba, no sólo por parte de partidos políticos sino también dentro de los mismos movimientos LGBT, que se ven cada vez más integrados en los proyectos nacionalistas en Occidente”. Se asociaría la homofobia con inmigración, con un discurso que se ha calificado de “homonacionalismo”.

Es fácil acusar a estos partidos de homófobos: en buena parte lo son, aunque de forma más o menos matizada. Pero una parte del colectivo LGTB no se ve libre de xenofobia, y algunos denuncian una cierta utilización a manos de oscuros intereses. En definitiva, lo que estos movimientos políticos en Europa suponen de cara a la realidad LGTB es más complejo de lo que pueda parecer.

Fuente Dosmanzanas

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Andorra legalizará las uniones homosexuales después de que Demòcrates per Andorra (DA), el grupo con mayoría absoluta en el Consell General (parlamento), haya presentado una proposición de ley con el fin de garantizar los mismos derechos que los del matrimonio heterosexual.

Los Demòcrates han presentado su propuesta después de rechazar en el parlamento una proposición de ley elaborado por el Partit Socialdemòcrata.

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) ha rechazado con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la toma en consideración de un proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo que había sido presentado por la oposición socialdemócrata. El presidente del grupo demócrata, Ladislau Baró, ha justificado la negativa en que este tipo de cambios legislativos deben hacerse “de manera progresiva”.

Los demócratas andorranos se inclina por aprobar en este momento una ley que denomine “unión civil” y no matrimonio a la institución jurídica que regule la unión entre personas del mismo sexo. La oposición socialdemócrata se opone sin embargo a crear dos categorías distintas en función del sexo de los contrayentes. Como ha explicado la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, ello sería contrario al principio de no discriminación. Para Gonzàlez, “una vez más ha vuelto a ganar el criterio más conservador e intolerante” en el seno de Demòcrates per Andorra, una formación política surgida de la unión de diversas fuerzas del centro y la derecha.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario en Andorra era el resultado de un proceso iniciado hace un año, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Meses antes, en enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra señalaba ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

A favor de mantener la discriminación, “pero menos que la actual”

La iniciativa, sin embargo, ha acabado chocando con la realidad política del Consell General, controlado ampliamente por los demócratas, partidarios en todo caso de un proceso “gradual y en etapas”, según ha expresado el presidente de su grupo parlamentario, Ladislau Baró. Baró ha anunciado la presentación por su grupo de una proposición de ley que reconocería primero las uniones civiles “para no romper los equilibrios y consensos sociales”, más “prudente y evolutiva”. Al menos Baró ha sido honesto y ha reconocido que la nueva situación legal seguiría siendo discriminatoria, “pero mucho menos que la actual”. “Se podría avanzar más, en eso estoy de acuerdo”, ha añadido (Andorra, recordemos, aprobó en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que solo les concede parte de los derechos de los que gozan las parejas casadas).

Un reconocimiento que le ha parecido una “barbaridad” a la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, y que ha provocado la indignación de Maite Bourgeaud, una de las juristas que promovió el proyecto y abogada defensora en el caso cuya sentencia está en el origen de esta iniciativa. “Ahora dejo subir a los negros en el autobús, y ya más adelante les dejaré ir a la universidad”, es el símil que ha utilizado para explicar la postura de los demócratas andorranos. “Si ven que hay una discriminación, ¿por qué no la eliminan? ¿Qué quiere decir progresiva? Esto no es aceptable”, ha añadido.

Bourgeaud y el resto de juristas ya han señalado que continuarán dando la batalla política y en los tribunales, y que si Demòcrates per Andorra aprueba finalmente una ley que niegue a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre, o que les niegue el derecho a la adopción, presentarán un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria.

El principal punto de discrepancia, de hecho, se encuentra en el término, pues DA ha optado por la fórmula de unión civil para esquivar de esta forma un posible conflicto con el Copríncipe episcopal (jefe de Estado), el obispo de La Seu d’Urgell (Lleida).

Sin embargo, ni los dos partidos en la oposición ni el colectivo de homosexuales del país aceptan la propuesta al considerar que se queda a medio camino y que no se garantiza la igualdad con las parejas heterosexuales.

En este sentido, desde el PS critican que con la propuesta de DA «se señala con el dedo» y se «estigmatiza» a las parejas del mismo sexo y lamentan que haya imperado el criterio «más conservador e intolerante» entre los Demòcrates.

Quirn también ha mostrado su rechazo al texto de DA, por considerarlo insuficiente, es un grupo de abogados del país que hace meses que ha iniciado una campaña para equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo, además de censurar que se haya optado por la posición «más conservadora».

El texto que DA acaba de entrar a trámite también regulará las adopciones de las parejas homosexuales, que podrán hacerlo en dos fases: primero adoptará uno de los miembros de la pareja y después se podrá sumar el cónyuge como segundo adoptante.

La oposición tampoco se conforma con la fórmula, ya que insiste en que no garantiza los derechos por igual al resto de parejas.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andorra, Demòcrates per Andorra, Discriminación, La Seu d'Urgell, Ladislau Baró, Lleida, Maite Bourgeaud, Mariona Gonzàlez, Matrimonio, Partit Socialdemòcrata, PS (Andorra), Uniones Civiles

El Parlamento canario aprobó este miércoles, por unanimidad de todos sus grupos, la tramitación de una propuesta de ley integral de transexualidad por la que los colectivos LGTB de las islas llevan años luchando. Canarias se sumará así a a Navarra y Euskadi, dos comunidades que ya han aprobado leyes en ese sentido, y muy previsiblemente a Andalucía, que ya tramita su propia ley. El texto de la ley ha sido promovido por los colectivos de lesbianas, gays y transexuales y asumido por todos los grupos parlamentarios, que van a tramitarlo en la cámara regional.

El pleno del Parlamento de Canarias acordó ayer por unanimidad iniciar la tramitación de una proposición de ley que garantiza los derechos de las personas transexuales y la no discriminación por motivo de identidad de género. El objetivo de esta ley es garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, a recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia.

Ya en marzo nos hacíamos eco de las buenas perspectivas que se abrían tras la reunión que diversos colectivos LGTB y trans canarios (Algarabía, Gamá, Génesis y Chrisálida) mantuvieron entonces con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan Canarias. En dicha reunión se desgranó el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos canarios para una futura ley integral que proteja a las personas transexuales en temas como la no discriminación laboral, el amparo de los menores en el sistema educativo y el reconocimiento de derechos sanitarios y sociales.

Finalmente, el proyecto ha contado no solo con el apoyo de Coalición Canaria y del PSOE. También Nueva Canarias, que cuenta con tres diputados en el Parlamento regional y que de hecho fue la que registró el proyecto en el Parlamento canario, lo apoya. Incluso el PP, que cuenta con 21 diputados en la cámara (los mismos que Coalición Canaria, mientras que el PSOE tiene 15), ha decidido apoyarlo. El popular Fernando Figuereo argumentó que la transexualidad no debe ser bandera de nadie ni de ningún grupo político, “sino de todos y frente a todos” y que la discriminación de las personas transexuales “no la pueden permitir ni tolerar los grupos políticos”. A este respecto no deja de ser curiosa la incoherencia de los conservadores, que hace solo dos semanas hacían uso de su mayoría absoluta para impedir la tramitación de una ley similar en la Comunidad de Madrid.

Reconoció que la transexualidad siempre ha sido origen de obstáculos sociales y de exclusión, así como de dificultades en la integración social y laboral, pero «esa discriminación no la pueden permitir ni tolerar los grupos políticos». Por eso, señaló Figuereo, «los poderes públicos canarios deben intervenir para remover los obstáculos para garantizar la participación de los transexuales en la sociedad en igualdad de condiciones en todos los aspectos«.

Flora Marrero, del grupo Nacionalista, mostró su satisfacción por la próxima aprobación de esta ley en Canarias y afirmó que no es lo mismo hablar de gays, lesbianas y transexuales que conocer sus dramas y a sus familias. «Como sociedad, debemos tender a que seamos todos felices, y no considerar la orientación sexual como un problema», dijo Flora Marrero, para quien hay una realidad desconocida sobre la que hay que trabajar, en primer lugar en las escuelas.

La diputada del PSOE Dolores Padrón agradeció a los colectivos promotores por redactar el texto de la ley, y se mostró partidaria a tramitar por el procedimiento de urgencia porque «llega tarde». Además, aseguró que «esta ley crea conciencia y abre armarios, es un avance para el cambio de mentalidad que aún está pendiente en parte de la sociedad», agregando que es la ley más completa entre las leyes autonómicas, precisamente porque «nace de abajo arriba».

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, elogió a los colectivos sociales proponentes y consideró que esta ley es la expresión legal de una lucha contra la discriminación y por la igualdad de derechos. La diputada destacó el consenso sobre esta iniciativa para dar a los transexuales todos los derechos ciudadanos en sanidad, educación y trabajo, y subrayó la discriminación positiva que se incluye en el fomento del empleo.

Todo ello supone un gran avance para una sociedad más tolerante e integradora, dijo Hernández, para quien la ley da forma a las ilusiones y demandas sociales, es una conquista de derechos y dignifica una realidad.

La proposición de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales establece que los poderes públicos canarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, con independencia de su identidad de género u orientación sexual.

En particular, las actuaciones públicas irán dirigidas a promover la plena incorporación de las personas transexuales a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social.

Según la proposición de ley, el sistema sanitario público de Canarias proporcionará los diagnósticos y tratamientos para las personas transexuales, que tienen derecho en hospitales y centros sanitarios a ser tratadas conforme a su identidad de género sentida.

Corresponde al Sistema Canario de la Salud el impulso y coordinación de las unidades de identidad de género dentro del Sistema Canario de la Salud, en las que recibirán atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica.

Se establece que las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa prepuberal, y la negativa de padres o tutores a autorizar el tratamiento transexualizador podrá ser recurrida ante la autoridad judicial.

La proposición de ley compromete a las administraciones públicas de Canarias a establecer planes para la inserción laboral de las personas transexuales por sus dificultades para el acceso al empleo, así como a promover campañas educativas contra la discriminación.

Nuestra felicitación a los colectivos canarios por su trabajo y esperemos que el proyecto llegue a buen puerto, de forma que las personas transexuales de Canarias vean por fin reconocidos los derechos de los que son acreedoras.

Fuente Cáscara amarga, y Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Algarabía, Andalucía, Canarias, Carmen Hernández, Chrisálida, Coalición Canaria, Comunidad de Madrid, Coordinadora LGTB Canarias, Discriminación, Dolores Padrón, Euskadi, Fernando Figuereo, Flora Marrero, GAMÁ, Génesis, Islas Canarias, Navarra, Nueva Canarias, Parlamento de Canarias, PP, PSOE, Transexualidad

El pasado domingo 25 de mayo tuvo lugar en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la cual el candidato más votado fue Óscar Iván Zuluaga, del partido Centro Democrático (la formación derechista fundada por el expresidente Álvaro Uribe). Zuluaga alcanzó el 29,3 % de los votos y disputará la segunda vuelta al actual presidente, Juan Manuel Santos, que fue segundo. El posible regreso del uribismo al poder constituye sin duda una seria amenaza para los derechos LGTBI.

Juan Manuel Santos, apoyado por una coalición de diversos partidos de centro-derecha, se quedó en el 25,7 % de los votos. La conservadora Marta Lucía Ramírez, contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción homoparental, fue tercera con el 15,5 % de los votos. Fuera de la contienda quedaron también los dos candidatos más claramente favorables a los derechos LGBTI: Clara López, del izquierdista Polo Democrático (con el 15,2 %) y Enrique Peñalosa, del Partido Verde (obtuvo el 8,5 %).

Una vez que los candidatos más favorables a la igualdad han quedado fuera de la contienda, la posibilidad de que Óscar Iván Zuluaga se haga con la presidencia constituye ahora la más seria amenaza a los derechos LGBTI. No en vano Zuluaga cuenta entre sus apoyos con los grupos cristianos más reaccionarios, como la Misión Carismática Internacional G12, la Iglesia Avivamiento, sectores católicos conservadores y personajes como el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, a cuya homofobia ya nos hemos referido en ocasiones anteriores.

También se ha unido a la campaña del candidato uribista la pastora María Luisa Piraquive, del Partido MIRA (una formación vinculada a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional) y de la que ya comentamos el escándalo en el que se vio envuelta al difundirse un vídeo en el que pedía a los pastores de su iglesia que no permitieran a personas con discapacidad subir a los púlpitos, al considerarlo antiestético. Se da precisamente la circunstancia de que el hijo de Piraquive es gay y fue expulsado de la iglesia y del partido por su propia madre, aunque luego la familia lo volvió a acoger. Piraquive ha pedido ahora a su feligresía apoyar a Zuluaga porque según ella Santos no la defendió en su momento.

La victoria de Zuluaga no solo supondría un revés para los derechos LGTBI, también llevaría a la suspensión del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el cual ha avanzado como nunca antes había hecho.

Frente a la amenaza de Zuluaga, el continuismo de Santos

Zuluaga disputará la segunda vuelta a Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, al que en modo alguno se puede considerar un defensor de los derechos LGTBI pero que al menos no resulta tan hostil. Santos, que guardó un silencio absoluto sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario que fue rechazado por el Congreso en abril del 2013, asegura ahora que respetará las decisiones de la Corte Constitucional al respecto. Conviene recordar, en este sentido, que en Colombia el avance de los derechos LGBTI ha ido de la mano de la Corte Constitucional, ante la pasividad del Ejecutivo y la animadversión de mayoría del Congreso y de la Procuraduría General de la Nación. Por el momento existen ya en el país tres matrimonios entre personas del mismo sexo válidos por decisión de jueces, después de que 2011 la Corte ratificara que las parejas del mismo sexo constituyen familia y diera un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil (obligación que el Congreso no cumplió). La Corte Constitucional, de hecho, está ahora obligada a pronunciarse de forma más explícita sobre la materia y despejar la incertidumbre jurídica.

El posicionamiento de Santos supone un cambio significativo respecto a su campaña de 2010, cuando se comprometió con el pastor Ricardo Rodríguez (de la Iglesia Avivamiento) a impedir el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y hacer de la Biblia su guía como gobernante.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el domingo 15 de junio, solo dos semanas antes de la que será XVIII Marcha por la Ciudadanía LGBTI en Bogotá. Una jornada electoral que promete estar muy apretada y cada voto contará. Para los ciudadanos LGBTI, la opción de tener un presidente comprometido por la igualdad se ha perdido, y ahora toca elegir entre un derechista indiferente -el mal menor- y un ultraderechista abiertamente contrario. Veremos qué sucede finalmente.

Fuente Dosmanzanas

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El activista ugandés Frank Mugisha consigue el permiso para asistir al World Pride de Toronto

Durante la celebración del World Pride 2014 en Toronto (Canadá), que tendrá lugar a finales del próximo mes de junio, se ha convocado la Conferencia de Derechos Humanos WorldPride 2014, un conjunto de encuentros y ponencias en los que se tratará de obtener una visión global de los derechos de las personas LGTB en el mundo. Sin embargo, y ante la protesta generalizada de convocantes y participantes, el gobierno canadiense ha denegado el visado a 10 activistas LGTB de Uganda que iban a formar parte de dichos encuentros, ante el temor de que puedan solicitar asilo tras su entrada en el país.

Organizada por World Pride y el Centro Bonham de estudios sobre la diversidad sexual, dependiente de la Universidad de Toronto, la Conferencia de Derechos Humanos WorldPride 2014 se postula como un encuentro de activistas, artistas, educadores, periodistas, políticos, estudiantes y otras personas que luchan a favor de los derechos humanos de las personas LGTB en todo el mundo. La conferencia, según sus organizadores, ofrecerá una oportunidad única para un diálogo global sobre los derechos humanos de las personas LGTB, con actuaciones y presentaciones que comprenderán los ámbitos del activismo, la política, y el mundo académico.

En la conferencia participarán más de 160 ponentes y 400 delegados de más de 40 países durante los días 25, 26 y 27 de junio. Una de las delegaciones que iba a participar estaba formada por 11 activistas ugandeses, cuya participación era especialmente esperada tras la reciente aprobación de las leyes homófobas en su país. Recordemos que la nueva legislación, además de incrementar el castigo para quienes mantengan relaciones homosexuales, prohíbe también la llamada “promoción de la homosexualidad”, lo que imposibilita de hecho la existencia de organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales. Es obvio que el testimonio de quienes desarrollan su labor en una situación tan precaria era de primer orden.

Sin embargo, 10 de los activistas ugandeses han visto denegada su solicitud de visado para participar en la conferencia. Tan solo podrá participar como delegado de Uganda el activista Frank Mugisha, ganador del premio Robert F. Kennedy a la defensa de los derechos humanos, al poseer un visado de múltiple entrada de viajes anteriores.

Activistas LGTB denuncian la hipocresía del gobierno canadiense

Brenda Cossman, una de las organizadoras de la conferencia, expresaba su malestar por la ausencia de estos delegados, puesto que “la conferencia es una conversación global sobre los derechos humanos de las personas LGTB. Es muy importante para los ugandeses estar aquí, para que podamos saber por ellos mismos lo que está ocurriendo sobre el terreno en Uganda. No solo estarían aquí para compartir sus historias. Queremos construir un movimiento global en cuanto a la forma de ser unos aliados eficaces… Corremos el peligro de perder sus voces”.

Otros activistas LGTB se mostraban más duros con el gobierno canadiense, al que tachan de hipócrita por denegar estos visados tras condenar públicamente el pasado mes de febrero la aprobación de las leyes homófobas ugandesas. Andrea Houston, de la coalición ENDhatelaws, mostraba su estupor afirmando que “estamos consternados y horrorizados. Estas personas de Uganda son algunos de nuestros héroes más valientes. Vendrían para compartir sus historias con la intención de volver a sus casas tras la conferencia, porque todos tienen trabajo que hacer en Uganda. Y en el supuesto de que vinieran para solicitar asilo, la pregunta es: ¿por qué no pueden, si vienen de uno de los lugares más hostiles del mundo para las personas LGBT?”.

El gobierno canadiense se escuda en que se ha limitado a aplicar estrictamente la ley, denegando las solicitudes de visado al estimar que los demandantes no cumplían los requisitos requeridos. Entre ellos estarían el no haber demostrado solvencia económica para mantenerse durante su estancia y regresar a su país, o el no acreditar un propósito comercial legítimo en Canadá.  Nancy Caron, portavoz del Departamento de Inmigración, declaraba que, a pesar de que las autoridades comprendían la frustración de los demandantes de visado, “estas decisiones son tomadas por funcionarios públicos altamente capacitados. Todas las solicitudes son evaluadas por igual, con exactamente los mismos criterios, independientemente del país de origen”. Según Caron, los funcionarios deben asegurarse de que la intención de los solicitantes de visado es una residencia temporal y no definitiva.

El diputado de la oposición Craig Scott informaba de que estaba trabajando con el ministro de Inmigración, Chris Alexander, para que pueda reiniciarse el proceso con una nueva presentación de solicitudes por parte de los activistas ugandeses.

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Los obispos católicos de Inglaterra y Gales han dado su respaldo explícito a ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo vigente en ese país ante la posibilidad de que esta figura legal acabe por suprimirse y quede solo el matrimonio. Todo ello ocurre al mismo tiempo que desde otros lugares llegan indicios de que persisten las actitudes de rechazo o incluso se refuerzan.

La petición de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales de que se mantenga la vigente ley de uniones civiles tras la aprobación del matrimonio igualitario. La petición forma parte de las respuestas a un cuestionario enviado por el gobierno británico a este respecto para valorar si es necesario que siga existiendo figura legal de las uniones civiles una vez el matrimonio ha quedado abierto a las parejas del mismo sexo (la ley británica de uniones civiles, recordemos, fue una ley creada específicamente para parejas del mismo sexo cuando a estas no se les permitía el matrimonio, y a ella no pueden acogerse las parejas heterosexuales). En caso de desaparición de esta figura, las personas que contrajeron unión civil verían estas convertidas automáticamente en matrimonios o han de poder seguir como unión civil.

La opinión de los obispos católicos es contraria a la desaparición de las uniones civiles. Según afirman, hay parejas del mismo sexo católicas que quieren seguir unidas civilmente porque creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. “Hemos recibido representaciones de algunas lesbianas y gays católicos que afirman no desear contraer matrimonio homosexual y que temen que sus derechos queden eliminados si se abolen las uniones civiles. Hay lesbianas y gays católicos que han contraído uniones civiles para garantizar unos derechos legales importantes y necesarios pero que no desean casarse ante los ojos del Estado ni tampoco ver su unión civil automáticamente ‘convertida’ en matrimonio. Retirar el derecho legal de estas parejas del mismo sexo que no desean ‘casarse’ a contraer una unión civil significaría retirarle derechos legales para estas personas en el futuro”, argumentan.

Coexistencia de gestos de apertura y de reafirmación

Quizá lo más llamativo en la respuesta estriba en que, rigurosamente, las parejas católicas que contrajeron unión civil actuaron también en contra de la doctrina. Sin embargo, ante una petición de algunas de ellas de que se mantuviera su estatus, los obispos han reaccionado atendiendo su petición y reconociendo su legitimidad a reclamar sus derechos legales como parejas. Algo que ha sido interpretado como un signo de apertura. Es el caso del editorial de la publicación católica británica The Tablet, que reconoce no obstante que también podría leerse como una aplicación de la teoría del “mal menor”. No obstante, la opinión del periódico es clara: “Cuando el papa Francisco señaló el verano pasado en una rueda de prensa ‘si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?’, probablemente no se dio cuenta del importante efecto que tendría. La enseñanza de la iglesia católica sobre la homosexualidad no cambió. Pero su actitud ciertamente sí (…)”.

En definitiva, un signo más de la coexistencia de signos de apertura y actitudes discriminatorias en el seno de la Iglesia en este nuevo periodo. Entre los primeros, además de las declaraciones de los obispos británicos y brasileños (un portavoz oficial de la Iglesia católica del país sudamericano se ha pronunciado a favor de un “respaldo legal” para las parejas del mismo sexo), podemos mencionar el hecho que el arzobispo de Viena, el cardenal Christoph Schönborn, felicitara a Conchita Wurst por su victoria en Eurovisión, diciendo que “en el colorido jardín de Dios hay una variedad de colores. No todos que han nacido como seres masculinos se sienten como hombre, y lo mismo del lado femenino. Merecen como persona el mismo respeto al que todos tenemos derecho”.

En otros lugares las señales son sin embargo de signo contrario. En varias diócesis se redobla el esfuerzo por asegurar la estricta ortodoxia, de palabra y obra, por parte de los profesores en centros católicos. También acaban de ser excomulgados los fundadores de Somos Iglesia. Aunque los motivos inmediatos parecen tener que ver con otras cuestiones (como la celebración de misas sin presencia de sacerdote) se trata de una corriente que entre sus reivindicaciones incluye la igualdad LGTB.

Señales contradictorias que han generado análisis como los de Maureen Dowd, de The New York Times, quien afirma que se ha pasado solo del ceño fruncido a la sonrisa y que “quizá el ceño fruncido es más honesto”, o el ya citado de The Tablet, que aprecia un cambio de mucho mayor calado. Habrá que ver qué tendencia se acaba imponiendo.

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