El gobernador republicano de Kentucky aprueba una ley que permite a los grupos estudiantiles en colegios públicos discriminar a sus posibles miembros basándose en su “libertad religiosa”.

Al gobernador de Kentucky ya le conocemos. Se llama Matt Bevin y es el señor que cambió la legislación sobre cómo se entregan los certificados de matrimonio en su estado para evitar que Kim Davis fuera a la cárcel. Sí, evidentemente es republicano.

Y como buen republicano que es está ahora empeñado con el tema de las leyes de libertad religiosa, que son la excusa que se han buscado ahora para poder legalizar la LGTBfobia y poder discriminar a los demás sin que se les acuse de nada. Y pasa esto porque aún hay mucha gente que dice que apoya mucho al colectivo LGTB pero que entiende que todo el mundo tiene derecho a su opinión, algo que no dicen sobre, por ejemplo, el racismo. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en que la LGTBfobia no es una opinión, gente como Matt Bevin no podría hacer lo que ha hecho.

Y es que el gobernador de Kentucky acaba de anunciar que ha aprobado la ley SB 17. Esa ley anula el requisito fundamental de que todas las organizaciones estudiantiles sean inclusivas y permite que se salten la cláusula del “todos bienvenidos”, una cláusula que obliga (más bien obligaba) a esas organizaciones a no discriminar a ningún estudiante en base a su raza, sexo, religión, orientación sexual o identidad de género.

La nueva ley redefine eso del “todos bienvenidos” y le da la vuelta al concepto de la discriminación para convertir al opresor en oprimido. La ley dice: “Ningún cuerpo educativo debe interferir en organizaciones estudiantiles religiosas o políticas para provocar que sean discriminadas en cuanto a sus asuntos internos, la selección de líderes o miembros, la definición de sus doctrinas y principios, la resolución de disputas organizativas con respecto a su misión, o en su determinación de que sólo personas comprometidas con dicha misión formen parte de sus actividades.”

Básicamente: la ley prohibe a los centros educativos prohibir a las organizaciones que discriminen a los posibles miembros en base a los criterios que les dé la gana (mayoritariamente, criterios de “libertad religiosa”). Y no sólo eso, la ley también protege la “libertad de expresión” de los estudiantes que quieran compartir sus puntos de vista, opiniones o material religioso o político aunque éste sea LGTBfóbico.

La directora legal de la Human Rights Campaign ya ha tildado esta ley de vergonzosa y discriminatoria y asegura que pone en riesgo las políticas antidiscriminación de los centros educativos públicos: “Ningún alumno debería temer ser excluido de un club escolar o de participar en una actividad por ser LGTBQ. Mientras que los grupos privados deben tener toda la libertad de expresar sus ideas religiosas, no se les debería permitir discriminar injustamente a nadie con dinero de los contribuyentes.”

Fuente: Human Rights Campaign, vía EstoyBailando

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Importante sentencia la que ha tenido lugar en Estados Unidos contra una florista que se negó a proveer las flores de una boda entre dos hombres: “Se trata tan poco de tener acceso a flores como los casos de derechos civiles en los sesenta iban de tener acceso a sándwiches”. Así de contundente se ha manifestado el tribunal en una sentencia unánime.

En 2013, Robert Ingersoll y Curt Freed, una pareja de hombres, decidieron contraer matrimonio. Y quisieron que Barronelle Stutzman, dueña de Arlene’s Flowers, les proporcionara flores para su boda. Stutzman le había vendido flores a la pareja desde hacía años. Sin embargo, en esta ocasión se negó. El motivo aducido era que en esta ocasión se trataba de una boda y que el matrimonio entre personas del mismo sexo iba contra su fe cristiana. Ante ello, la pareja decidió demandarla por violación de las normativa contra la discriminación de las personas LGTB vigente en el estado deWashington (un estado de la costa oeste fronterizo con Canadá con un historial especialmente inclusivo) a lo que se añadió el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, afirmando que su negativa a prestar sus servicios a la pareja por su orientación sexual es ilegal.

Fue condenada por el juez del condado de Benton Alex Ekstrom y la multó con 1.000 dólares más un dólar de costes judiciales, argumentando que violó las leyes estatales antidiscriminación y de protección de los consumidores. El juez desestimó los argumentos de la florista que apelaba a la libertad de expresión y religión con intención de protegerse frente a las acusaciones. Mientras que las creencias religiosas se encuentran protegidas por la Primera Enmienda, las acciones basadas en esas creencias no están necesariamente justificadas o amparadas. “La Corte ha confirmado el poder de la legislación para prohibir aquellas conductas que sean discriminatorias a pesar de que sus motivaciones se encuentren relacionadas con las creencias religiosas” cuenta Ekstrom.  La pareja exigió también compensaciones por daños y perjuicios y el pago de los honorarios, según los documentos judiciales.

Stutzman rechazó una oferta de acuerdo del fiscal general que habría puesto fin a futuros litigios, afirmando que estaba protegiendo su derecho al libre ejercicio de la religión mientras se  iniciaba una recogida de fondos para Stutzman. “La abuela de 70 años podría perder su negocio, su casa y sus ahorros. Por seguir su fe podría perder todo lo que tiene“, rezaba la campaña, puesta en marcha a través del portal Gofudme.com para ayudar a la anciana a hacer el pago de la multa. La respuesta fue desproporcionada, y acabó recogiendo más de 100.000 dólares.

El núcleo del caso estaba en si la negativa de Stutzman se debía a una legítima expresión de sus creencias religiosas, como argumentaba la florista, o si estábamos ante un caso de discriminación, como alegaban los demandantes. Para justificar su postura, Stutzman aducía que ofrecerse para proporcionar las flores era más que ofrecer un servicio: sus creaciones, decía, eran una expresión artística personal, por lo que la presencia de las mismas en la boda era una expresión de su personalidad, y consiguientemente podía entenderse como una aprobación personal de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, algo que para ella era inaceptable.

Sin embargo, la sentencia unánime de los jueces es inequívoca: “se trata tan poco de tener acceso a flores como los casos de derechos civiles en los 60 iban de tener acceso a sándwiches”. Según la Corte Suprema de Washington, las leyes que regulan servicios públicos hacen más que regular su funcionamiento, y pueden estar orientados a fines sociales legítimos: “no solo garantizan el acceso a bienes o servicios. Antes bien, están al servicio de fines sociales más amplios, erradicando barreras al tratamiento en igualdad para todos los ciudadanos”, señala. Asimismo, rechaza el argumento de que se trataba de una expresión artística que implicaba aprobación, apoyándose además en que la propia demandante contradecía su propia tesis al reconocer que si vendía flores a musulmanes no estaba con ello haciendo un acto de aprobación o adhesión.

La sentencia, como era de esperar, ha sido muy bien recibida por los grupos de defensa de los derechos civiles y de las personas LGTB y muy mal por la florista y quienes defienden su postura en nombre de la libertad de conciencia y libertad religiosa. “La gente no debería usar nunca sus creencias religiosas personales para violar la ley o los derechos civiles básicos de otros”, ha asegurado Sarah Warbelow, de Human Rights Campaign, una de las asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGTB más importantes del país. Kristen Waggoner, abogada de la florista, sostiene sin embargo que el tribunal ha errado al interpretar la ley, pues no se rechazó el servicio a la pareja porque fueran gais sino porque era para una ceremonia que Stutzman no podía aprobar en conciencia. Con esta sentencia Waggoner cree que se pone en peligro incluso la creación artística: “Toda expresión profesional artística está en peligro”, declaraba en conversación telefónica a los periodistas The New York Times.

No tiene la misma opinión el fiscal general del Estado, Bob Ferguson: “Arlene’s Flowers no tiene la obligación de vender flores. Sin embargo, se les requiere que las vendan en igualdad si eligen hacerlo”, afirmó, añadiendo que la sentencia enviaba el mensaje de que: “la orientación sexual es una clase protegida, como la raza o la religión”.

Aunque se trata de una sentencia del sistema judicial estatal, únicamente con jurisdicción en el estado de Washington, puede considerarse relevante para otros casos de denegación de servicios a parejas del mismo sexo, especialmente de cara a celebraciones de bodas. Baste recordar el caso de los pasteleros de Oregón, un estado vecino, que fueron multados con 144.000 dólares por negarse a hacer un pastel para una boda de dos mujeres. En cualquier caso, se trata pues de un pronunciamiento de los jueces que resulta esperanzador en los tiempos que corren. Ilustra también lo importante de luchar en favor de las legislaciones contra la discriminación en los estados (y contra las legislaciones a favor de la discriminación) en un momento en que a nivel federal el panorama se vuelve sombrío.

Los abogados de la florista, en cualquier caso, ya han anunciado que apelarán ante la justicia federal. Esto abriría un camino que podría terminar incluso ante Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Veremos qué sucede.

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Streep tira de ironía para responder a las críticas del presidente estadounidense: “Sí, soy la actriz más sobrevalorada y la más idealizada”

La actriz estadounidense ha defendido que la ciudadanía debe evitar el retroceso cultural que pretende implantar el presidente republicano Donald Trump en el país, expresado que es una deuda de todos “con las personas que han muerto por nuestros derechos, y que han muerto antes incluso de que obtuviesen el suyo propio”.

Meryl Streep se ha vuelto a mostrar contraria a las políticas que está promoviendo el presidente republicano Donald J. Trump tras su llegada al poder hace escasas semanas.

La popular actriz de cine Meryl Streep, en una gala celebrada por una organización LGTB, ha condenado el retroceso cultural que pretende implementar en el país la Administración de Donald Trump, defendiendo en un emotivo discurso que “no vamos a volver a los malos tiempos de la ignorancia y de la opresión. No esconderemos quienes somos”.

La actriz de Hollywod ha expresado que es difícil condenar públicamente las acciones de Trump porque hacerlo supone “exponerte a todo tipo de ataques por parte de ejércitos de ‘camisas pardas'”.

Las declaraciones de Meryl Streep se han producido en la gala preparada por la Campaña por los Derechos Humanos (Human Rights Campaign), un colectivo que trabaja en Estados Unidos por los derechos de la diversidad sexual. Streep acudió a la misma al ser premiada por la asociación en base a su trabajo por la igualdad de la comunidad LGTB.

Meryl Streep ha expresado que las políticas autoritarias y el estilo dictatorial del presidente Donald Trump podría provocar numerosos conflictos a lo largo de los 4 años que, si consigue acabar su mandato, estará Trump al frente de Estados Unidos.

“Si su catastrófico instinto de tomar represalias no nos lleva a un invierno nuclear, tendremos mucho que agradecer a este presidente. Porque nos habrá hecho darnos cuenta de lo frágil que realmente es la libertad”, expresó Streep en la gala de la Human Rights Campaign.

La actriz de Hollywood ha indicado que “es aterrador colocarte una diana en la frente” al condenar las políticas de Trump, considerando que “la única forma de hacerlo es si sientes que tienes que hacerlo”. “Como estadounidenses, hombres, mujeres, personas, homosexuales, heterosexuales, LGTB. Todos tenemos el derecho humano a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”, ha defendido Streep.

La actriz estadounidense ha defendido que la ciudadanía debe evitar el retroceso cultural que pretende implantar Trump en el país, expresado que es una deuda de todos “con las personas que han muerto por nuestros derechos, y que han muerto antes incluso de que obtuviesen el suyo propio”.

Streep ha indicado que “el látigo del Ejecutivo puede, a través de una cuenta de Twitter, golpear e intimidar, castigar y humillar, deslegitimar a la prensa y a enemigos imaginarios con una irregularidad espasmódica y con una previsibilidad fácilmente provocada”.

Fuente El Diario, vía Universogay

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Gamer Markiplier pidió a sus 16 millones de seguidores que hicieran una donación para “asegurar que el futuro sea brillante y abierto para todos”.

Los números obtenidos irán a parar a la Campaña de Derechos Humanos LGTB, que luchará con las distintas clases de discriminación que sufre el colectivo LGTBI en el país norte americano.

De hecho, Fischbach celebró en Twitter que durante la primera hora tras el lanzamiento se alcanzara la cifra de 30.000 dólares.

Here is the donation page! We are DESTROYING our goal! Almost $30k in less than an hour! That’s AMAZING #MarkIsATool https://t.co/3KUES2O2BZ

— Markiplier (@markiplier) 22 de enero de 2017

Anunciando su lanzamiento al principio de la semana, el joven de 27 años dijo en un comunicado: “¡Hoy estamos a favor de nuestros amigos LGBTQ+ para asegurar la igualdad para TODOS! ¡Por favor ayudadnos a recaudar 100.000 dólares para Human Rights Campaign y asegurar que el futuro sea brillante y abierto para todos!”.

Esta no es la primera vez que Fischbach hace un llamamiento de este tipo. Anteriormente recaudó más de 275.000 dólares para una organización de apoyo a personas con depresión y trastorno bipolar, entre otras organizaciones benéficas.

En diciembre, Forbes colocó a Fischbach en el séptimo lugar en su lista de las mejores estrellas del año 2016 de YouTube, estimando sus ingresos en 5,5 millones de dólares aproximadamente. Fischbach, nacido en Hawai y criado en Ohio, lanzó su canal de YouTube hace apenas cuatro años, cumulando ya más de seis mil millones de reproducciones en sus vídeos.

Fuente Cáscara Amarga/Redacción Chueca

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La Casa Blanca asegura que Donald Trump no ha dado la espalda al colectivo LGBT y desmiente los rumores sobre la posibilidad de que estuviera desarrollando un borrador para derogar, parcial o totalmente, la Ley de Igualdad en lo que respecta a la orientación de género y la identidad sexual. ¿Por qué será que no les creemos?

El equipo de Donald Trump asegura que la supuesta orden ejecutiva LGTBfóbica no es una prioridad ni está sobre la mesa, pero no la descartan. Mientras, siguen apoyando la FADA, que legalizaría la “libertad religiosa”.

Varias fuentes parecían confirmar que el gobierno de Donald Trump está trabajando en una orden ejecutiva antiLGTB que iba a dejar a la comunidad tremendamente indefensa y que iba a tirar por tierra todos los derechos que se han conseguido hasta hoy (bajo el mandato de Obama) en Estados Unidos.

La supuesta orden ejecutiva sería, básicamente, una de las famosas leyes de “libertad religiosa“. Estas leyes son las que legalizan la discriminación a personas LGTB en base a las creencias religiosas: si alguien cree que tu orientación sexual, tu género o tu matrimonio contradice sus creencias tiene derecho a negarte un servicio. No es casualidad que el vicepresidente, Mike Pence, fuera uno de los mayores defensores de este tipo de leyes cuando era gobernador de Indiana; de hecho llegó a aprobar la suya y fue duramente contestada. En ese momento te dijimos que lo de Indiana era muy importante, y por desgracia resulta que teníamos razón.

Según las fuentes anónimas que han hecho saltar la liebre, la orden que legalizará la discriminación a personas LGTB (vamos a dejar de hablar de “libertad religiosa” esto es LGTBfobia institucionalizada como la de Rusia) incluiría los siguientes casos:

• Permitiría la discriminación a personas LGTB en los servicios sociales, con lo que se aceptaría que se utilice dinero público para ir en contra del colectivo.
• Las agencias de adopción podrían negarse a atender a padres LGTB, incluso aquellas financiadas con dinero público.
• Se eliminaría las protecciones anti-discriminatorias en los puestos de trabajo, lo que hará que sea legal despedir a alguien (incluso un empleado público) en base a su orientación sexual o su identidad de género.
• Los empleados públicos podrían negarse atender a alguien si sus creencias religiosas afirman que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer. Como fue el caso de Kim Davis.

• Se establecería la noción de que el género es una característica de nacimiento inmutable.

Efectivamente: la supuesta orden ejecutiva se atrevería a negar de cuajo la existencia de las personas trans.

Evidentemente la noticia de que Trump estaba planeando firmar esta orden hizo que la red ardiera y desde la Human Rights Campaign aseguraron que el simple rumor era “profundamente preocupante“. En palabras de su vicepresidenta, JoDee Winterhof: “Ya sabemos que el presidente tiene en su punto de mira a las comunidades marginadas y en riesgo para su supuesta ganancia política. Mientras el presidente y su equipo planean sus próximos pasos, queremos dejar clara una cosa: no vamos a ceder ni un milímetro a la hora de defender la igualdad, ya sea de un ataque frontal o de uno bajo el disfraz de la religión. Mike Pence debería saber dónde se mete mejor que nadie dado su historial en Indiana.”

Durante la campaña electoral Trump se mostró premeditadamente ambiguo con respecto a los derechos del colectivo LGTB. Sus defensores no se cansaron de sacar vídeos de Hilary Clinton o Barack Obama diciendo, años atrás, que estaban en contra del matrimonio igualitario; pero olvidaban reconocer que mientras los candidatos demócratas habían cambiado su parecer Trump no sólo admitía seguir estándolo sino que muchos miembros importantes del partido republicano estaban deseando ir un paso más allá. Dominic Holden, de BuzzFeed, publicó en su Twitter que había confirmado que varios senadores republicanos planeaban presentar una ley, la First Amendment Defense Act (FADA), que no es otra cosa que una ley de “libertad religiosa”.

La única diferencia entre la supuesta orden ejecutiva y la FADA es que ésta sería una ley que tendría que aprobarse en el Congreso, cosa que no sería muy complicada. Trump sí ha dejado claro que está a favor de la FADA y su elegido para ser el nuevo Fiscal General no sólo la apoya sino que la ha defendido en los tribunales más de una vez.

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Kristina fue a hacerse un análisis de sangre y descubrió que en su historial médico constaba su “lesbianismo” en la lista de “problemas médicos”.

Cuando Kristina Rodriguez fue a su centro médico, el Lake Park Family Practice de Indian Trail en Carolina del Norte, a hacerse un análisis de sangre tuvo la oportunidad de ver su historial médico. Y cuando estaba allí mirando a ver qué cosas tenía, descubrió algo que la dejó con la boca abierta. Según su médico, entre sus varios problemas de salud, estaba el de ser lesbiana.

“Supongo que mi lesbianismo ahora siempre estará documentado. Tal vez puedo llamar al trabajo y coger la baja. No estoy segura“, explica Kristina.

Así que se quejó a su médico y a la dirección del Sistema de Salud del Estado. La respuesta fue rara, siniestra, extraña y oscura: el “lesbianismo” estaba en su listado de problemas para protegerla en el futuro y que nadie la ofenda. En un comunicado, el Sistema de Salud explica que los médicos están trabajando para “comprender mejor la forma adecuada de incluir información de cada paciente de la forma más sensible y respetuosa“. Señalan además que su forma de mejorar es guiándose por los consejos de la Human Rights Campaign, además de reconocer que la orientación sexual no es un diagnóstico clínico, que van a investigar el tema y esforzarse mucho, mucho, mucho para que los doctores puedan recopilar la información de los pacientes sin ofenderles.

El médico de Kristina, por ejemplo, es tan moderno y respetuoso que le propuso quitar el “lesbianismo” de su lista de “problemas” y añadirlo como una nota al final del informe. “Que esto esté en el historial como problema médico puede provocar rechazo en mucha gente, perjudicar su autoestima y hacer que algunos crean que hay algo malo en ellos“, ha explicado Kristina.

Para la chica, eso sí, el comunicado emitido por las autoridades sobre su caso le parece sincero. Un portavoz del Sistema de Salud le ha explicado que lo de añadir que es lesbiana en un historial se hace únicamente para que, por ejemplo, nadie se refiera a su pareja como su “marido“; pero a Kristina no le parece necesaria ponerle la etiqueta porque “estamos en 2017, es muy normal que la gente tenga una pareja del mismo sexo“.

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Algunos católicos americanos se quejan de que una ley de Obama obliga a los médicos religiosos a realizar abortos y reasignaciones de sexo, pero las organizaciones LGTB responden que no.

Antes de salir de la Casa Blanca, el presidente Obama está  firmando leyes y órdenes ejecutivas con la intención de proteger todo su trabajo antes de que llegue Donald Trump e intente cargárselo. Probablemente no sirva de mucho porque en enero los republicanos controlarán todo lo que pueden controlar, pero la clave es no ponérselo fácil, que sus votantes se cansen de que se gasten dinero en cosas que no les afectan realmente y que en cuatro años los manden a  a casa.

Todos sabemos que el nuevo enemigo a batir por parte de los grupos religiosos en Estados Unidos es el colectivo  trans, porque desde que el Tribunal Supremo aprobó el matrimonio igualitario no está muy bien visto ser homófobo. Así que se han pasado a la transfobia, que eso aún sale gratis. En plena guerra por las leyes de “libertad religiosa” y las “leyes de los lavabos“, Obama firmó una orden ejecutiva que obligaba a la administración a permitir que las personas trans utilicen el baño del género con el que se identifican.

Pero además Obama firmó en julio una ley que afectaba al Acta de Cuidado de Salud Asequible para aclarar una parte del texto que podía ser propensa a la discriminación. En realidad la intención no era proteger únicamente a la comunidad trans sino a cualquiera que pudiera ser discriminado, pero estos católicos dicen que no, que en realidad todo es un intento de Obama para obligar a los médicos católicos a hacer cosas que su religión no les permite.

La Catholic Benefits Association ha presentado en un juzgado del Distrito de Dakota del Norte una demanda contra Obama alegando que la ley es “un intento del gobierno de redefinir el término ‘sexo’ en las leyes anti-discriminación federales“. Y añaden que esa ley forzará a los médicos católicos a realizar cirugías de reasignación de sexo o abortos, algo que la Biblia no les permite hacer.

Desde las organizaciones LGTB reconocen que la ley que firmó Obama ofrece una protección importantísima a las personas trans, pero aclaran que no es una ley que fuerce a nadie y que los católicos integristas están haciendo lo que mejor saben hacer: tergiversar las cosas. Según Sarah Warbelow, la directora legal de la Human Rights Campaign, lo que dice la ley es que “si provees un servicio concreto a una persona, no puedes negarte a proveérselo a otra“.

Es decir: que un médico que no realiza reasignaciones de sexo o abortos no estará obligado a hacerlo, pero uno que sí los hace no puede negarse a hacerlo en base a un criterio discriminatorio.

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La Human Rights Campaign anuncia que Meryl Streep será la galardonada en 2017 con el Ally for Equality Award por su apoyo constante al colectivo LGTB.

Meryl Streep será galardonada con el premio Ally for Equality Award 2017 de la Human Rights Campaign, la organización más grande de Estados Unidos en la lucha por los derechos civiles de la población LGTBQWERTY, y cada cierto tiempo entregan premios. Porque todos sabemos que la mejor forma de conseguir mejorar tus relaciones públicas es organizar una entrega de premios y por eso nosotros nunca hemos hecho ninguna. Pero todo se andará.

El Ally for Equality Award (Premio al Aliado por la Igualdad) es un premio que ya tienen Jennifer Lopez, Teri Polo, Sally Field, Whoopi Goldberg, P!nk o el ex-alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg (entre otros) y básicamente reconocen el papel de personas que no forman parte del colectivo LGTB pero han utilizado su influencia para apoyar públicamente al colectivo. Lo que viene a ser pues eso, un aliado.

Y como ha explicado el presidente de la HRC, Chad Griffin, Meryl Streep “ha utilizado su voz para apoyar a la comunidad LGTB. Ya fuera a través de interpretaciones icónicas que han elevado la visibilidad de las personas LGTBQ o hablando de forma valiente en pro de la igualdad, Meryl Streep ejemplifica la verdadera naturaleza de lo que significa ser un aliado de nuestra comunidad.”

La entrega del premio será el próximo 11 de febrero en Nueva York.

Fuente: Gay Star News, vía EstoyBailando

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La interprete norteamericana ha sido la personalidad elegida por Human Rights Campaign para recibir el premio Ally for Equality. Streep recibirá esta distinción el sábado 11 de febrero de 2017, dentro de la gala que la asociación organizará en el Waldorf Astoria de Nueva York.

Tras ser la actriz que más nominaciones ha recibido para los Oscar (a las 16 nominaciones que acumula ser puede sumar una más este año gracias a su maravillosa interpretación en ‘Florence Foster Jenkins’) y las que más estatuillas ha recibido en la historia del cine, Meryl Streep está más acostumbrada a los galardones que Mariah Carey a montarla en una barra libre.

Sin embargo, el premio que va a recibir de Human Rights Campaign será especial para ella puesto que la asociación no premia su labor interpretativa sino que se encarga de distinguir su labor personal de apoyo al colectivo LGTB.

El Premio Ally for Equality de HRC reconoce los esfuerzos de aquellos que usan su voz y se manifiestan públicamente a favor de la comunidad LGBTQ. Estas personas dedican su tiempo, energía, espíritu y compromiso de todo corazón para mejorar las vidas del colectivo, aliados que se ponen en pie en nombre de la igualdad y la inclusión.

Durante cuatro décadas, Meryl Streep se ha metido en la piel de una amplísima gama de personajes. Una defensora abierta de la igualdad LGBTQ, Streep acredita desde hace tiempo su labor a favor de la visibilidad de la comunidad: “Simplemente no puedo recordar cuando la gente LGBT no estaba en mi vida”, dijo Streep en una de las entrevistas más recordadas de la actriz.

Un icono para muchos en la comunidad LGBTQ, Streep ha protagonizado numerosos papeles que han ayudado a crear conciencia de los desafíos a los que deben enfrentarse las personas LGBT. Chad Griffin, El Presidente de la CDH, ha indicado que:

A lo largo de su extraordinaria carrera , Meryl Streep ha utilizado su voz para defender a la comunidad LGBTQ. Ya sea a través de sus papeles icónicos que han elevado la visibilidad o por sus audaces discrusos sobre la igualdad.  Meryl Streep encarna la naturaleza misma de lo que significa ser un aliado de nuestra comunidad.”

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El gobernador en funciones de Carolina del Norte, Pat McCrory (izq), y el nuevo gobernador electo, Roy Cooper (dcha)

Los republicanos de Carolina del Norte se sacan de la manga una jugarreta para no eliminar la “ley de los lavabos” durante la sesión que convocaron para eliminar la “ley de los lavabos”.

La discriminatoria ley de Carolina del Norte que limita el acceso a los baños y vestuarios públicos a personas transexuales podía haber sido derogada esta semana después de meses de protestas y boicots económicos. Sin mbrgo, los legisladores del estado de Carolina del Norte han fracasado en su intento de revocar la polémica Ley HB2. Una norma discriminatoria que prohíbe a las personas transgénero usar sanitarios públicos según su identidad de género y las obliga a usar el baño que corresponda a su sexo biológico en edificios públicos. Carolina del Norte ha perdido una gran oportunidad para quitarse la etiqueta de estado más intolerante de EEUU. Tras más de nueve horas de reuniones a puerta cerrada, los legisladores demócratas de Carolina del Norte se marcharon con el ceño fruncido, fruto de la frustración de no haber podido derogar la ley que ha provocado unas perdidas millonarias al estado.

El Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), proyectó que las pérdidas para Carolina del Norte, por la HB2, alcanzarían anualmente los 5.000 millones de dólares.La noticia ha resultado una sorpresa de lo más desagradable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la ciudad más poblada del estado, Charlotte, ha derogado en su totalidad la ordenanza de no discriminación y el anuncio del nuevo gobernador demócrata que anunció que se había llegado al acuerdo de la eliminación de la HB2, que finalmente no ha sido aprobada por el peso republicano en el parlamento estatal de Carolina del Norte.

La ciudad de Charlotte aprobó hace tiempo una ordenanza municipal que protegía a las personas LGTB de cualquier tipo de discriminación y permitía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican. Los republicanos, que controlaban el estado de Carolina del Norte, se opusieron y su gobernador tardó muy poco en aprobar la HB2, una ley estatal que permitía a los negocios seguir discriminando a las personas LGTB y obligaba a las personas trans a utilizar el baño del sexo con el que nacieron; porque según ellos es de sentido común que un hombre no tenga acceso al baño de mujeres.

La HB2 ha supuesto un auténtico desastre económico para el estado, con muchos artistas, empresas y eventos largándose a otra parte porque no quieren invertir en un estado que fomenta la discriminación. Aunque el mayor coste ha sido el del puesto del gobernador, Pat McCrory, que perdió las elecciones en noviembre en lo que se entendió era un plebiscito sobre la HB2.

McCrory perdió las elecciones del pasado noviembre frente al demócrata Roy Cooper, que durante la campaña utilizó la derogación de la HB2 como uno de sus puntos fuertes. Y ahora que Cooper ya ha sido declarado vencedor de las elecciones (no sin varios intentos de McCrory por quedarse en el sillón del gobernador) era cuestión de tiempo que pudiéramos decirle adiós a la HB2.

Pero no ha resultado muy bien… La sesión para repeler la HB2 ha sido un auténtico desastre. El gobernador saliente, el republicano Pat McCrory, había convocado una Asamblea General de las dos cámaras del estado para este mismo miércoles, con el objeto de votar la derogación de la HB2. Pero los representantes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pusieron todo tipo de objeciones. Interminables interrupciones y recesos llevaron la sesión hasta altas horas de la madrugada, sin que en la Cámara de Representantes se llegara finalmente a realizar ninguna votación, dando la sesión por concluida sin haber tomado ninguna medida.  Para cancelar la ley los republicanos se inventaron otra, la SB4 (Senate Bill 4) que es, básicamente, una cancelación de la HB2. Pero en el último momento intentaron colar en la misma ley una moratoria de 6 meses durante los cuales ningún municipio podría aprobar ninguna ordenanza concerniente al empleo público o el uso de los baños.

En cuanto al Senado, la proposición de ley republicana que trataba de derogar la HB2 fue enmendada por el mismo partido, cuyos miembros votaron favorablemente añadir a la propuesta el establecimiento de un período de demora de seis meses —luego ampliado a todo el ejercicio de 2017—, durante el cual se prohibía aprobar cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los representantes demócratas acusaron a sus rivales parlamentarios de haberles engañado, pues esa demora, que suponía de hecho continuar con la misma situación, no había formado de los acuerdos.

Tras largos debates, se acordó finalmente someter a votación dos propuestas, una por la que se derogaba completamente la HB2, y otra que recogía la enmienda que incluía la moratoria. La primera propuesta, que suponía la completa derogación de la HB2, fue rechazada por 32 votos a 16. Tras la votación, la sesión quedó finalmente suspendida. La ley discriminatoria sigue totalmente en vigor en Carolina del Norte, con la anuencia del Partido Republicano, que ha conseguido además la claudicación del consejo de la ciudad de Charlotte.

Evidentemente esto ha enfadado muchísimo a los demócratas y a las organizaciones por los derechos del colectivo LGTB, que denuncian que los republicanos han jugado sucio para asegurarse que se eliminaba la ordenanza de Charlotte pero no la HB2: “Éste no era el trato. Esta ley rompe el acuerdo. Charlotte no habría eliminado su ordenanza si esta nueva ley hubiera sido lo acordado“, ha dicho el Senador demócrata Jeff Jackson.

Por su parte los republicanos se defienden diciendo que todo esto es culpa de los demócratas, que pretendían ceder ante la izquierda radical, que ellos no creen en ningún tipo de discriminación pero van a seguir apoyando la HB2 porque “ninguna presión económica, política o ideológica me va a convencer de que lo que está mal está bien. Y permitir que un hombre tenga acceso a los baños y duchas de las mujeres siempre estará mal“, ha dicho Dan Forest, el teniente de Gobernador.

Durante la sesión en la que los republicanos han engañado a todo el mundo se han podido oir gritos de “¡Vergüenza!” por parte de las personas que acudieron al acto. Mara Keisling, la directora del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha dicho que esta maniobra es inaceptable y que “las acciones de esta legislatura han demostrado a la gente de Carolina del Norte -particularmente a las personas transgénero- que no pueden tener ninguna fe en unos legisladores sinvergüenzas“.

Para Simone Bell, directora regional de Lambda Legal, “la Asamblea General y el gobernador McCrory están jugando al engaño político, y los ciudadanos de Carolina del Norte siguen perdiendo por ello. Es un ultraje que los legisladores de Carolina del Norte no sigan el mandato de los votantes y deroguen la HB2. Mientras la HB2 esté en vigor, miles de personas LGTB que consideran a Carolina del Norte su hogar, especialmente las personas transgénero, están siendo discriminadas y nunca se sentirán seguras. Ha sido un ejercicio contraproducente, al reafirmar al resto del país que Carolina del Norte quiere permanecer atascada en esta disputa divisiva”.

Por su parte, del director del Proyecto LGBT & VIH de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), James Esseks, consideraba que “es una pena que la Asamblea General de Carolina del Norte se haya negado a arreglar el desastre que habían cometido. El apoyo a la comunidad LGBT de líderes políticos, religiosos, empresas y personas de a pie que ha surgido este año no se desvanecerá. Los intentos de expulsar a las personas transgénero de la vida pública no serán tolerados. La legislatura no parece estar dispuesta a deshacer su extralimitación inconstitucional y respetar los derechos de las personas LGBT, así que tendremos que vernos en los tribunales”.

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A principios de año el gobernador demócrata de Louisiana, John Bel Edwards, emitió una orden ejecutiva para proteger a los funcionarios LGTB de cualquier discriminación por motivo de orientación sexual y/o identidad de género. Pues bien, el fiscal general del estado de Luisiana consigue la derogación de una ordenanza contra la discriminación laboral de la comunidad LGTB en una continuada actitud homofóbica a pesar de que su propio hermano menor es gay.

La batalla legal ha terminado hace pocos días cuando un juez conservador, Todd Hernandez, le ha dado la razón al fiscal Landry y ha dicho que, efectivamente, el gobernador se extralimitó en sus designios constitucionales y que “la adopción o implementación [de la orden ejecutiva] crea nuevas situaciones o expande otras recogidas por la actual ley de Louisiana que se contradicen con la fidedigna ejecución de la ley existente en el estado“.

El fiscal general del estado de Luisiana, Jeff Landry, ha hecho de la homofobia su causa personal con la sistemática eliminación de los derechos de la comunidad LGBT. En 2010 apoya una enmienda constitucional que define el matrimonio entre un hombre y una mujer; dos años después hace campaña por la Universidad de Louisiana en los Estudios LGBTQ de Lafayette, apoyando el movimiento ultraconservador del Tea Party; y esta misma semana, el 14 de diciembre, acaba de ganar una batalla judicial contra el gobernador demócrata del estado, John Bel Edward, anulando una ordenanza que protege a los trabajadores LGBT de la discriminación, alegando que violaba la constitución del estado. Una batalla que ha obligado a su hermano menor, Nicholas Landry, a salir de las sombras para proclamar a todo el mundo que es gay.

Firmada en abril de este mismo año, la medida de Edward proporcionaba protección en el lugar de trabajo a los empleados homosexuales, bisexuales y transexuales en ámbitos vitales como el modo de contratación, las promociones laborales y los seguros sanitarios. Pero Landry se negó a firmar cualquier contrato que incluyera estas disposiciones, demandando al estado. «No somos súbditos de un rey en Louisiana. Tenemos un Gobernador, un Fiscal General independiente, una Legislatura elegida y un sistema judicial que están todos involucrados en el gobierno», explicaba Landry para justificar su demanda, sin pensar que su propia homofobia le iba asaltar en la cara desde el seno de su propia familia.

«No puedo permanecer en silencio por más tiempo porque, aunque no soy político, soy un ser humano, y sólo quiero mis derechos, mis derechos inalienables», proclama Nicholas Landry, de 34 años de edad, que está más orgulloso de ser homosexual que de ser el hermano del fiscal general, tal y como se desprende de un vídeo que ha publicado en YouTube en el que habla sin pelos en la lengua de las políticas que promueve su homofóbico hermano mayor. «No estoy realmente en la política, pero Jeffrey está demandando… para bloquear [el matrimonio igualitario] y la igualdad de derechos en el estado de Louisiana (…) Ese tipo de odio, ese tipo de intolerancia y ese tipo de discriminación… Es simplemente innecesario», explica Nick en un vídeo de 10 minutos de duración en el que explica las dificultades de salir del armario en un pequeña localidad conservadora y de cómo su católica familia lucha para aceptarle por lo que es. «Ahora que estoy de pie por mi cuenta, sé que ya no puedo permanecer en silencio».

«Amo a mi hermano. Eso es incuestionable. Pero yo le diría lo mismo, debemos respetar la ley y respetar la Constitución. Tanto la Constitución como la ley nos dan las vías para abordar esas quejas. No siempre están de acuerdo en cómo se dirigen, pero tenemos que respetar eso también», y así respondía el fiscal general cuando en una entrevista le enfrentaban con el hecho de que su hermano es homosexual, preguntándole su opinión en el caso de que sufriera de discriminación en su entorno laboral por ser gay, tras haber logrado su homofóbica victoria en los juzgados.

«La historia está determinada por los legisladores», contesta Landry cuando le preguntan por el movimiento de los derechos civiles de los años 60, como si fuera una época que no hubiera sucedido dado que él «no había nacido en ese momento», como tampoco parece importarle que al Constitución dice que «ningún estado negará la igualdad legal a cualquier persona dentro de su jurisdicción».

Dado que la sangre no apela al sentimiento del fiscal general del condado de Pelican, al menos el gobernador Edwards sí tiene pensado apelar a la sentencia contra su ordenanza y restablecer la igualdad en el entorno laboral sin importar la orientación sexual ni la identidad de género de las personas. Ha declarado que piensa seguir luchando para mantener esa orden ejecutiva y proteger a las personas LGTB en sus puestos de trabajo en la administración pública: “Estamos decepcionados por el veredicto del tribunal. Sin embargo, tenemos toda la intención de apelar esta decisión, que es como todas las partes sabíamos que este problema iba a solucionarse en última instancia. En su veredicto el juez ha declarado que la ley de Louisiana reconoce al gobernador como un oficial superior al fiscal general en materia constitucional, pero no está de acuerdo con que la orden ejecutiva esté dentro de la potestad del gobernador. Con gran respeto por la legislación de Louisiana, seguimos creyendo que la discriminación no es un valor de Louisiana y que el estado es mejor cuando las decisiones sobre empleo se toman únicamente basándose en las cualificaciones y el rendimiento laboral de los individuos. Respetamos la decisión del tribunal y nos ceñiremos a ella mientras buscamos con fuerza la forma de apelarlo.”

Las organizaciones por los derechos civiles, como la Human Rights Campaign o el Forum for Equality, han declarado que la decisión del juez es un claro paso atrás en los derechos de los funcionarios LGTB, pero confían en que el Gobernador Edwards mantenga su palabra y siga luchando para apelar la decisión y garantizar la igualdad legal de los ciudadanos LGTB.

Fuente: Queerty, vía Universogay/EstoyBailando

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A pesar de que Pat McCrory se negaba a reconocer su fracaso electoral, finalmente ha terminado por admitir su derrota frente al demócrata Roy Cooper, quien asume su cargo de gobernador en enero, teniendo como uno de sus objetivos la derogación de la Ley HB2 sobre la restricción del uso del cuarto de baño a las personas transexuales.

De infarto fue el escrutinio de las elecciones que auparon a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pero no todos los republicanos lo celebraron de la misma manera porque, si bien ha obligado a un recuento de los votos posponiendo el final de su período como gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory perdía frente el demócrata Roy Cooper, de 59 años de edad y natural de Nashville, que firmará el cargo el 1 de enero siendo uno de sus primeros propósitos el de revocar las leyes discriminatorias contra la comunidad LGBT de su predecesor en el cargo.

El gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, ha reconocido finalmente su derrota en las pasadas elecciones, tras largos días de recuento de votos en gran parte de los condados del estado. McCrory es conocido por su empecinada LGTBfobia, que le llevó a aprobar y mantener una de las legislaciones más discriminatorias de los Estados Unidos, la conocida HB2. El nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper, ya ha declarado su intención de “acabar el trabajo” que han hecho los electores y derogar la infame ley. No lo tendrá fácil, dado que los republicanos sí han conseguido renovar el control de la legislatura del estado.

Tras pedir recuentos en 52 de los 110 condados que componen el estado de Carolina del Norte, y cuatro semanas después de que se celebraran las elecciones el pasado 8 de noviembre, el ya gobernador cesante Pat McCrory ha reconocido la victoria de su oponente, el hasta hoy fiscal general Ray Cooper, que presentó su candidatura por el Partido Demócrata. Lo ha hecho por medio de este vídeo, en el que declara que “a pesar de las cuestiones que deben tener respuesta respecto al proceso de votación, personalmente creo que la mayoría de nuestros ciudadanos han hablado y ahora debemos hacer todo lo que podamos para apoyar al gobernador número 75 de Carolina del Norte, Roy Cooper. Estoy orgulloso de que nuestro equipo deje este estado en un lugar mucho mejor que cuando llegamos a la oficina”:

Pat McCrory se ha convertido así en el primer gobernador de Carolina del Norte en perder una reelección. Pero lo ha hecho por un estrecho margen de unos 10.000 votos de diferencia de entre los más de 4.700.000 emitidos, a pesar de la polémica que ha rodeado su mandato en los últimos tiempos. La aprobación de la ley HB2, que discriminaba a las personas LGTB y afectaba especialmente a las personas transexuales, puso al gobernador en el ojo del huracán. Una ley infame que McCrory defendió a capa y espada, aun cuando las encuestas reflejaban que el 43 % de los ciudadanos de Carolina del Norte se oponía al texto legal, que tan solo apoyaba un 32 %.

Su aprobación arrastró al estado a grandes pérdidas económicas, debido al boicot de empresas y corporaciones, con la consiguiente repercusión en el empleo. Un estudio del William Insitute de la Universidad de California estimaba que, por cada año que la ley estuviera en vigor, el estado de Carolina del Norte perdería 5.000 millones de dólares. La oposición de los principales directores ejecutivos de empresas, artistas y organizaciones deportivas ha dado un golpe a la imagen comercial de Carolina del Norte, lo que ha llevado a las empresas a retirarse de la expansión en el estado, traducido en un considerable impacto negativo sobre Carolina del Norte, tal y como advertían a los políticos de Texas que habían anunciado su intención de copiar las mismas leyes discriminatorias. Quizás por ello, el ya gobernador electo, Roy Cooper, ha declarado que “con estas elecciones, Carolina del Norte está en en el buen camino para recuperar su reputación. Acabemos el trabajo y revoquemos la HB2”.  “Creo que la mayoría o todos los legisladores entienden el severo impacto económico de la Ley HB2 que está teniendo sobre nosotros y que necesitamos hacer algo al respecto”, declara Cooper en una entrevista. Un impacto que, a pesar de todo, ha sido discutido por algunos republicanos, que continúan defendiendo la ley alegando que proporciona privacidad a los menores que hacen uso de los cuartos de baño y los vestuarios en los centros de enseñanza.

Su victoria en Carolina del Norte ha sido celebrada por los líderes de Human Rights Campaign y Equality North Carolina que habían centrado sus esfuerzos en derrotar a McCrory con la movilización del colectivo LGBT en lo que se estiman habrían sido hasta 255.000 votantes.

El presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, expresó en un comunicado que “el reinado de discriminación de Pat McCrory finalmente ha terminado. El apoyo obstinado y temerario de McCrory a la HB2 le ha costado estas elecciones, y su derrota envía una poderosa advertencia a los legisladores de todo el país de que los ataques a las personas LGTB no serán toleradas. Esperamos con interés trabajar con el gobernador electo Roy Cooper y los legisladores imparciales para derogar HB2. Ya es hora de reparar el daño infligido a la gente, la reputación y la economía de Carolina del Norte”.

“Está perfectamente claro que la gente de Carolina del Norte quiere que esta legislación desaparezca”, declara Chris Sgro, director ejecutivo de Equality North Carolina, esperando que los políticos trabajen a favor de Cooper y deroguen la ley tan pronto como sea posible.

El empecinamiento en la discriminación

La conocida HB2, fue promulgada en marzo de este 2016 por Pat McCrory, después de que las cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos, la aprobaran con carácter de urgencia y sin apenas discusión previa en un proceso que fue ampliamente criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. En realidad, la ley perseguía acabar con la norma que antes había aprobado Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y que precisamente amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para aprobar la ley a rebufo de la ola de histeria que los grupos más conservadores buscan provocar alrededor del “pánico transexual en los baños”, a semejanza de lo que ocurrió el pasado 2015 en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa. Una urgencia que impidió además el debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, aprobadas en dos sesiones vertiginosas en la Cámara de Representantes y el Senado estatales. En este último, los senadores del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario.

El gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados de mujer”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”. Esa fue es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.

La ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, consideró de hecho la ley de Carolina del Norte la más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB. El fiscal general de Carolina del Norte y ahora gobernador electo, el demócrata Roy Cooper, dejó claro por su parte que no tenía la menor intención de defender ante los tribunales la constitucionalidad de la ley si esta era denunciada.

La patente discriminación que supone la ley HB2 tuvo consecuencias inmediatas para Carolina del Norte. A parte del All-Star, McCrory también ha visto como importantes figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company,  Itzhak Perlman, Ringo Starr o Cyndi Lauper han cancelado sus conciertos o han donado su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones han trasladado su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank han cesado en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 han apoyado la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.

Pero quizás la mayor pérdida económica sería la retirada de los fondos federales para educación, cifrados en 4.500 millones de dólares. El pasado mes de mayo, el Departamento de Justicia requirió al estado de Carolina del Norte que suspendiera la aplicación de la ley HB2, al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles).

Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense dio al estado de Carolina del Norte, el gobernador McCrory no solamente se negó a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandó al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado, por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones. La respuesta de la administración federal fue rotunda: a través de su fiscal  general, la afroamericana Loretta Lynch (natural, ella misma, de Carolina del Norte) anunciaba la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles. La fiscal instaba a que “en lugar de ignorar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aprendamos de nuestra historia y evitemos repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre una obvia, pero a menudo olvidada, lección: que una discriminación sancionada por un estado nunca resiste la mirada retrospectiva”.

Derogar la ley no será fácil

Además de la educación, las energías renovables y la justicia criminal, también la revocación de la ley de la restricción del uso del cuarto de baño a personas transexuales en escuelas y edificios gubernamentales, conocida como Ley HB2, es uno de los objetivos de Roy Cooper, que quizás tendrá que esperar hasta el año que viene. Y e que Roy Cooper no lo tendrá fácil: pese a perder las elecciones a gobernador, los republicanos renovaron en noviembre su mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y tendrán mayoría a favor del veto en la Cámara y el Senado en 2017. Y aunque varios legisladores republicanos entre los que con toda probabilidad estará Cecil Brockman, que salía del armario con la intención de concienciar a sus compañeros de partido, han manifestado después de todo lo sucedido que ya no están a favor de la ley HB2, ello no parece suficiente para proceder lisa y llanamente a su derogación. Los activistas LGTB locales, no obstante, se muestran moderadamente esperanzados ante la posibilidad de que se alcance algún tipo de compromiso. Estaremos atentos a lo que sucede.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Una chica en un restaurante de Texas tiene la respuesta perfecta para una pareja que hablaba sobre su “asqueroso sobrino gay”

Cuando Natalie fue el otro día a comer algo por ahí, no esperaba tener que invitar a nadie. Pero mira, la vida da muchas vueltas.

Mientras estaba sentada en un restaurante en Addison (Texas) comiendo tranquilamente, escuchó la conversación de la pareja de al lado. Un hombre y una mujer, que parecían ser profundamente cristianos, hablaban sobre su sobrino. Y no parece que le tuvieran mucho cariño, porque decían que era un “gay asqueroso” y que necesitaban rezar mucho por él.

Eso lo escucho yo y no respondo de mis actos, pero Natalie que resulta que es lesbiana y había trabajado mucho tiempo para la Human Rights Campaign, pensó una respuesta espectacular: les pagó la cuenta, les dejó un mensaje y se fue del local antes de que la pareja se enterara de lo que estaba pasando.

Así que éste fue el ticket que recibió la pareja cristiana:

Felices fiestas de parte de la mesa muy gay y muy liberal que está sentada junto a vosotros. Jesús me hizo así.
Natalie.
P.D.: Aceptad a vuestra propia familia.“

En un clima como el que hay ahora mismo en Estados Unidos, este tipo de acciones son absolutamente maravillosas. Como comentaba una usuaria en el post de Facebook de Natalie “Así es como vencemos al odio.”

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El compañero de Hillary Clinton en la carrera presidencial y candidato a vicepresidente, Tim Kaine, se ha mostrado convencido de que la Iglesia católica dejará de oponerse en un futuro al matrimonio civil igualitario. Kaine ha asegurado además que su apoyo actual al mismo se funda en parte en su fe católica.

Así lo expresó en la cena nacional de la organización Human Rights Campaign, el pasado sábado 10 de septiembre. “Creo que va a cambiar porque mi iglesia enseña también que hay un creador que, en el primer capítulo del Génesis, contempló el mundo entero, incluida la humanidad y dijo que ‘todo era muy bueno’”, afirmó. A propósito de las famosas palabras del papa Francisco (“¿Quién soy yo para juzgar?”) Kaine señaló: “me gustaría añadir: ¿quién soy yo para desafiar a Dios cuestionando la bella diversidad de la familia humana? Creo que se nos supone que debemos celebrarla, no cuestionarla”.

Tim Kaine describió como él mismo ha ido modificando su posición en la materia. De hecho, se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo hasta 2005. El conocimiento personal de parejas del mismo sexo le fue haciendo reconsiderar su postura, aunque vivía un conflicto con las enseñanzas que había recibido. Su familia jugó un papel esencial en el proceso: “mis tres hijos me ayudaron a ver el asunto de la igualdad en el matrimonio como lo que realmente era: tratar a todas las familias con igualdad ante la ley”.

El momento clave para él fueron los debates que tuvieron lugar en Virginia con motivo de una enmienda a la Constitución del Estado para excluir del matrimonio a las parejas del mismo sexo (enmienda aprobada en 2006, y que fue declarada inconstitucional por un juez federal en 2014, antes de que el Tribunal Supremo zanjara el asunto para todo el país en 2015). Por aquel entonces, Kaine era vicegobernador del estado, posición desde la que llegó a escuchar a defensores de la enmienda que esperaban que las personas LGTB se sintieran tan poco acogidas que se marchasen de Virginia: “Cuando escuché a los proponentes de la enmienda describir sus motivaciones, me quedó claro qué posición debería tomar en este asunto”, afirmó.

Un país en el que la religión entra en campaña electoral

Las de Kaine son sin duda unas declaraciones importantes en el contexto de los Estados Unidos, país en el que las creencias religiosas forman parte del debate público y la fe es tema de campaña electoral: muchos católicos del Partido Demócrata se ven en dificultades con temas como el aborto o el matrimonio igualitario (lo mismo ocurre en el lado republicano con la pena de muerte o la política migratoria). En este sentido, las declaraciones del candidato demócrata a vicepresidente son significativas en varios sentidos: suponen un gesto valiente frente a la jerarquía católica (que no tardará en reprobar sus palabras) y frente a los fieles católicos norteamericanos (tradicionalmente votantes en su mayor parte del Partido Demócrata), pero son asimismo importantes por mostrar argumentos religiosos por parte de un un creyente a favor del matrimonio igualitario, contra el “monopolio” que los conservadores han ejercido frecuentemente en el empleo de dichos argumentos.

Igualmente, las palabras de Kaine son un potente altavoz de todos aquellos católicos que —en número creciente según todos los estudios— disienten claramente de la doctrina oficial en materia LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Human Rights Campaign, asociación que lleva más de tres décadas luchando por los derechos de la comunidad LGTB, ha lanzado el vídeo #ThisIsTransgender. Una campaña que recoge múltiples testimonios para responder a la pregunta: ¿Qué significa ser transgénero?

Hay noticias que sabemos que reacción nos van a provocar por quién la protagoniza. Cuando hablamos de noticias relacionadas con la Iglesia Católica de manera automática se nos cierran los puños de pura rabia. Sin embargo, cuando las novedades están protagonizadas por Human Rights Campaign nuestro corazón da saltitos de alegría.

Por eso, esta semana ha sido doblemente placentera. Hace unos días, anunciábamos que la asociación había entregado su galardón a la Visibilidad LGTB al actor Colton Haynes que había recogido la distinción con un inspirador discurso repleto de humildad y entusiasmo y ahora, la ONG ha lanzado una campaña para luchar contra la discriminación que sufre el colectivo trans por una parte de la sociedad.

De acuerdo con una reciente encuesta de HRC, uno de cada tres estadounidenses conoce a alguna persona del colectivo trans. Datos históricos a nivel de visibilidad pero que también han traído una corriente de intolerancia alimentada por la ignorancia.

En el vídeo #ThisIsTransgender, diferentes personalidades públicas como Laverne Cox (‘Orange Is The New Black’) o activistas como Jazz Jennings hablan de lo que significa ser trans. Un valioso ejercicio de normalización cuyo objetivo es conseguir romper con la incomprensión y el silencio que rodea a este colectivo.

Vídeo: #ThisIsTransgender – Human Rights Campaign

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Buenas noticias las que nos llegan desde este pequeño país centroamericano, cuya población ronda los 380.000 habitantes. El Tribunal Superior, finalmente, ha declarado “inconstitucional” la criminalización de la “sodomía”, que acarreaba penas de hasta 10 años de prisión. El activismo LGTB ha sido clave en este proceso judicial, que se remonta a 2010. Muy especialmente, sobresale el nombre de Caleb Orozco, presidente de United Belize Advocacy Movement (UNIBAM), quien presentó en su día el primer recurso de inconstitucionalidad contra el Código Penal. Tanto en Belice como en otros países de la región, la legislación homófoba tiene su origen en el antiguo colonialismo británico. Ahora, todas las miradas apuntan hacia Jamaica, un país con altos índices de homofobia social y política.

“Mientras que Belice es el tercer país de despenalizar las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo este año, defensores y abogados desde la India hasta Kenia están trabajando diligentemente en los esfuerzos de descriminalización”, asegura Ty Cobb, director de Human Rights Campaign (HRC). Con la declaración de inconstitucionalidad de la persecución de la homosexualidad en Belice, el número de países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo cae a 72.

La organización LGTB que ha liderado la lucha contra la eliminación del homófobo artículo 53 del Código Penal de Belice, UNIBAM, ha expresado su enorme satisfacción por la histórica sentencia judicial. A través de su cuenta de Twitter, los activistas de esta entidad se congratulaban porque “hemos ganado en todos los sentidos” y han confesado encontrarse “sin palabras” para manifestar su emoción.

We won on all counts. Speechless. Omg. Speechless

— UniBAM Belize (@UNIBAMSupport) 10 de agosto de 2016

Antes de conocerse el fallo del Tribunal Superior, recientemente, se han producido algunos indicios positivos de que la situación de Belice parecía estar cambiando. El pasado mes junio la Embajada de los Estados Unidos en Belmopán (capital del país) izó una bandera del arcoíris para conmemorar el mes del Orgullo LGBT. Era la primera vez que el emblema igualitario se exhibía públicamente en el país por parte de una institución (en este caso, una embajada).

El embajador estadounidense en Belice, Carlos Moreno, aseveraba entonces que “los derechos LGBT son derechos humanos, los derechos humanos son los derechos LGBT, no hay distinción y no hay ninguna diferencia”. Por su parte, el activista LGTB Caleb Orozco (sin duda, uno de los principales protagonistas de la despenalización de la homosexualidad en Belice) decía que “ningún otro caso legal ha provocado un debate igual en una mesa durante la cena, ningún otro caso ha desafiado a los beliceños a reflexionar sobre la dignidad y los derechos de los ciudadanos como lo ha hecho la situación de la comunidad LGBT”.

Una larga batalla en los tribunales del activismo LGTB

Desde 2013, como recogía dosmanzanas, el Tribunal Supremo del pequeño estado centroamericano de Belice lleva debatiendo sobre la eliminación de la homosexualidad de su Código Penal a instancias del activista por los derechos LGTB Caleb Orozco, que en septiembre de 2010 interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Orozco, debido a su valiente iniciativa, se ha tenido que enfrentar a constantes amenazas de muerte.

El entonces fiscal general de Belice, Nigel Hawke, defendía “el derecho como nación soberana de mantener el artículo 53 del Código Penal si así se desea”, estimando que no se quebrantaba con ello ningún derecho constitucional. Un extremo que, afortunadamente, ha sido 3 años después contrariado por la Justicia. La homosexualidad ha dejado de ser ilegal en Belice.

A la espera de un efecto dominó en la región

Belice es el tercer país que despenaliza la actividad sexual entre personas del mismo sexo este año, uniéndose a Nauru (un pequeño Estado insular en el Océano Pacífico) y Seychelles (un estado insular en el Océano Índico). Ahora, todas las miradas y las esperanzas de las respectivas comunidades LGTB apuntan a un efecto dominó en el Caribe y Centroamérica. Entre otros países, muy singularmente se esperan cambios en Jamaica.

Carolyn Gomes, directora ejecutiva de la Coalición de Comunidades Vulnerables del Caribe, se ha felicitado por el fallo del Tribunal Superior de Belice. Gomes argumenta que esta sentencia no solo tendrá consecuencias positivas para los hombres homosexuales en Belice sino en toda la región en general. Asimismo, ha indicado que “fomentará una mayor tolerancia para los miembros de la comunidad gay, teniendo en cuenta que todas las personas nacemos iguales en dignidad y derechos”.

En unos términos similares se ha manifestado Dane Lewis, directora ejecutiva del Foro de Jamaica de Lesbianas, Todo-Sexuales y Gais (J-FLAG). “La respuesta de la comunidad es que la victoria es una victoria para la región. Estamos muy orgullosos de Caleb Orozco, que ha sido muy valiente en su pretensión de ser reconocido como un ciudadano igual en su país”, remarca Lewis.

El Partido Laborista de Jamaica, encabezado por Andrew Holness, que ganó las elecciones generales de 25 de febrero, dijo que la ley de “sodomía” sería una de varias cuestiones que se someterían a referéndum. Sin embargo, no ha habido ningún movimiento reciente que indicara que el nuevo Gobierno cumpliría con su palabra. Esperemos que las noticias de Belice sirvan para precipitar un cambio en Jamaica y otros países del entorno.

Fuente Dosmanzanas

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La HB2 (la ley anti-LGTB que el gobernador, Pat McCrory, había aprobado y que además de proteger la “libertad religiosa” prohibía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican -entre otras muchas medidas discriminatorias-) puede considerarse oficialmente un desastre económico (que había obligado al gobierno estatal republicano a sacar 500.000$ de un fondo para desastres naturales para sufragar las demandas legales), ahora toca ver cómo poquito a poco la derecha conservadora americana va reculando.

McCrory acaba de firmar una nueva ley con la que pretende contentar a sus críticos y que las empresas no quieran largarse pitando del estado  rebajando un poco el tono LGTBfóbico de la ley. En concreto lo que ha hecho McCrory ha sido restablecer algunos derechos laborales que se había cepillado con la HB2, como el derecho a denunciar a tu jefe por motivo de discriminación sexual basada en orientación sexual.

Sí, eso lo había eliminado con la HB2.

El resto de la infame ley sigue en pie: las personas trans tienen que utilizar el baño de su sexo biológico y los negocios (empresas y caseros) siguen teniendo derecho a no atenderte si eres (o creen que eres) LGTB. Una maravilla.

Aunque como te decía antes este pasito p’atrás es un intento por calmar las aguas, los grupos de activistas siguen en pie de guerra y ya han dicho que no piensan retirar ni una sola de las demandas que han presentado contra el Estado por lo que consideran es una vulneración de los derechos constitucionales: “El Gobernador McCrory se ha dado una palmadita en la espalda a si mismo al tumbar unas medidas que él mismo se vio obligado a admitir en la televisión nacional que se había ideado de forma muy pobre. Nadie aplaude al Gobernador McCrory por deshacer una pequeña parte de este tremendo error de juicio; especialmente porque la ley anti-LGTBQ más despreciable del país sigue en los libros.”

Eso ha dicho JoDee Winterhof, de la Human Rights Campaign, que además ha añadido que ni el Gobernador ni el gobierno estatal está haciendo nada realmente para reparar el daño que han hecho con esa ley a todo el colectivo LGTB que “continúa sufriendo daño y hostilidades en sus propias casas, escuelas y comunidades.”

Fuente | PinkNews, vía estoy Bailando

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La ley, defendida por el partido republicano, elimina protecciones contra la discriminación LGTBfóbica y también introduce la prohibición de que las personas transexuales puedan usar los aseos públicos correspondientes a su intentidad sexual.

El candidato presidencial republicano Donald Trump, inicialmente se opuso a esta ley alegando a principios de este año que las personas trans deben poder utilizar el baño que quieran. Sin embargo, ahora, en un intento de ganarse a la corriente principal del partido, se ha posicionado apoyando esta ley discriminatoria, la cual dice haber “examinado” y tras lo que afirmó estar de acuerdo con el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, que ha defendido la ley: “He hablado con el gobernador, he hablado con un número de diferentes personas, y voy con el estado“.

JoDee Winterhof, de la organización Human Rights Campaign, dijo: “Que quede claro, Donald Trump acaba de respaldar a pleno pulmón una de las peores leyes de la nación para las personas LGBTQ.

Fuente Cáscara Amarga

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Michael Jordan durante un partido de los Charlotte Hornets

La norma, promulgada en marzo por el gobernador republicano Pat McCrory, exige a las personas usar los baños públicos de acuerdo a su sexo de nacimiento y no a su identidad de género.

“¿Ahora tengo que mostrar mi certificado de nacimiento para ir al baño?”, se preguntaba Mavis, una enfermera que no quiso dar su apellido. “Es simplemente ridículo“, comentó el pasado lunes la mujer de 45 años a AFP en Raleigh, capital de Carolina del Norte. Este jueves, un grupo de activistas de derechos humanos aumentaron su presión para exigir la revocación de la ley, mientras un grupo de legisladores demócratas se reunía con el gobernador republicano. La discusión hervía después de que el martes se filtrara a la prensa una versión corregida de la ley, cuyas enmiendas los defensores de los derechos de los LGBT consideran insuficientes.

A última hora del jueves se sumó la NBA, cuya influencia en este estado del sureste de Estados Unidos tiene peso específico: la ciudad de Charlotte será sede del All Star Weekend en febrero de 2017. “No apoyamos la versión del proyecto de ley que entendemos está actualmente en el Congreso. Seguimos comprometidos con nuestros principios rectores de inclusión, respeto mutuo y protección equitativa para todos”, escribieron la NBA y los Charlotte Hornets en un comunicado conjunto.

In response to reports regarding the NBA’s involvement in amended HB2 legislation currently before NC legislature pic.twitter.com/YSDETM7UyV

— NBA (@NBA) 30 de junio de 2016

  El comisionado de la NBA, Adam Silver, ya había dicho hace dos semanas que la ley era “problemática”, pero no detalló si consideraba buscar otra sede.“No ha habido ninguna nueva decisión sobre el All Star Game de la NBA de 2017”, terminó el comunicado de este jueves.  

Encouraged by the @NBA‘s statement & hope lawmakers will finally come to the table and do what’s right: #RepealHB2 https://t.co/nfacNDFejm — Chad Griffin (@ChadHGriffin) 30 de junio de 2016

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign -ONG que lucha por los derechos de los LGBT-, escribió en Twitter que se siente “alentado por el comunicado de la NBA”.

Fuente Cáscara Amarga

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Como parte de los cerca de 200 proyectos de ley discriminatorios contra el colectivo LGTB que afectan a 32 estados de los Estados Unidos, en estos últimos días se han debatido normativas de diferente calado LGTBfobo en Tennessee, Misuri y la ciudad de Oxford (Alabama). En Tennessee, la indudable fuerza de la campaña contraria a las normativas anti-LGTB, que se están revelando como veneno para las economías estatales, ha conseguido que el proyecto de ley inicial se diluya entre subterfugios que traten de ocultar su evidente propósito LGTBfobo. En la ciudad de Oxford, sin embargo, el fanatismo tránsfobo ha llegado incluso a castigar con penas de cárcel la utilización de baños públicos correspondientes a su identidad de género por parte del colectivo transexual. Desde el estado de Misuri, afortunadamente, la noticia es que la normativa que hubiese permitido la discriminación de las personas LGTB en comercios, empresas y servicios ha sido bloqueada en el Comité de la Cámara de Representantes estatal.

Velada normativa LGTBfoba en Tennessee

El gobernador republicano del estado de Tennessee ratifica la ley que permite la discriminación a pacientes LGTB en base a creencias religiosas, permitiendo a terapeutas y asistentes de salud mental a rechazar pacientes con sólo sospechar que sean homosexuales. Bill Haslam, ha comunicado la promulgación de una ley estatal que permitirá a consejeros y terapeutas de los servicios de salud mental rechazar a aquellos pacientes cuyos objetivos de curación entren en conflicto con sus “sinceros principios”, un subterfugio más para tratar de esconder la definición real: se permite a profesionales de la salud que rechacen, arguyendo razones religiosas, a pacientes LGTB.

En su segundo mandato como gobernador de Tennessee, el republicano Bill Haslam ha ratificado con su firma la ley de principios de sinceridad sostenida que permite a terapeutas y asistentes de salud mental negar la asistencia a pacientes si consideran que son homosexuales, transexuales y bisexuales, entrando en conflicto con sus creencias religiosas. De esta manera Tennessee se alinea con Mississippi y su ley de segregación a comunidad LGTB, y con Carolina del Norte y su ley del uso del cuarto de baño, entre los estados homofóbicos de los Estados Unidos.

Cuando la ley fue aprobada por las cámaras estatales, los grupos LGTB solicitaron al gobernador que la vetase. Sin embargo, todo parece indicar que Haslam es uno de los principales defensores de la norma. En el comunicado en el que informaba de su promulgación, explicaba lo siguiente: “Creo que es razonable permitir que estos profesionales determinen si una persona estaría mejor atendida por otro consejero más adecuado para satisfacer sus necesidades. La esencia de este proyecto de ley no se refiere a un grupo, asunto o sistema de creencias. Por el contrario, permite que los consejeros  —al igual que se lo permitimos a otros profesionales como médicos y abogados— dirijan un cliente a otro consejero en el caso de que sus objetivos o comportamientos violen sus sinceros principios. Como profesional, debería tener el derecho a decidir si los objetivos finales de mis clientes no coinciden con mis creencias, debería tener el derecho a decir que otra persona puede servirles mejor (…). Los abogados pueden hacerlo, los médicos pueden hacerlo. ¿Por les quitaríamos este derecho a los profesionales y les diríamos que no pueden hacerlo?”, explica el gobernador de Tennessee.

Pero lo cierto es que el proyecto de ley original no hablaba de “principios”, sino específicamente de “creencias religiosas”, como también es evidente que permite la discriminación de personas que están en una situación de claro desamparo. El temor a recibir presiones parecidas a las que se han enfrentado Georgia o Carolina del Norte ha hecho que se efectúen cambios para tratar de ocultar su evidente LGTBfobia. Las posibles repercusiones legales también han influido en su redacción final, pues la ley no se aplicará en casos de “inminente riesgo”, y también obliga al consejero o terapeuta a buscar a otro colega que preste el servicio en el caso de que quiera hacer uso del derecho al rechazo.

Sin embargo, la Asociación Americana de Consejeros ha calificado la ley de “ataque sin precedentes” a la profesión y que Tennessee es el único estado que ha aprobado una ley como esta. Los opositores defienden que esta ley es parte de una ola de propuestas de ley a lo largo de la nación que legalizan la discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Su director, Art Terrazas, declaraba que se trataba de una normativa discriminatoria, y que los miembros de su asociación “estamos profundamente decepcionados por la decisión del gobernador, y muy desalentados de que se haya aprobado algo así por un órgano legislativo en cualquier lugar en este país en el siglo XXI”. Según él mismo explica, los médicos y el personal sanitario no pueden rechazar pacientes en base a sus creencias personales. Gente vulnerable sería herida como resultado de una medida que concede a la gente un amplio margen para la discriminación, concluyendo que a pesar de que se haya firmado esta ley, “no quiere decir que no pueda ser derogada y no significa que vayamos a dejar de luchar”.

Según el gobernador, la actualización del código ético de la ACA (American Counseling Association), anuló a los terapeutas la posibilidad de rechazar a un paciente en base a sus creencias religiosas personales en 2011. Haslam hace hincapié en que la ley sólo afecta a los terapeutas y asistentes de la salud privada, y que no les permite rechazar a pacientes en peligro inminente o en riesgo de dañarse a sí mismos o a otras personas. También implica que el terapeuta refiera al paciente a otro profesional si se niega a atenderle.

Nueva ley tránsfoba en una ciudad de Alabama

En la ciudad de Oxford, sita en el estado de Alabama, no se han andado con subterfugios. Su Concejo ha aprobado el pasado martes, por unanimidad, una normativa que obliga a los ciudadanos a que únicamente puedan acceder a los baños públicos asignados al género que aparece en su partida de nacimiento. Según el presidente del Concejo, Steven Waits, “no nos importa el 0,3 % de la población que se identifica como transexual, sino proteger a nuestras mujeres y niños”.

La norma es heredera de la aprobada en Carolina del Norte en lo que respecta a este asunto, y sin duda también es fruto de la fuerte campaña tránsfoba que se inició en la ciudad de Houston (Texas), donde se difundió la imaginaria figura del depredador sexual disfrazado de mujer, que, en la mente de quienes perpetraron el dislate, utilizaba los baños femeninos para abusar de niñas. Todo ello como publicidad contraria a la normativa antidiscriminatoria aprobada en la ciudad, que, lamentablemente fue exitosa, pues logró derogar la ley favorable a los derechos LGTB. El mismo falaz y malintencionado argumento ha sido enarbolado posteriormente en otros ámbitos para defender lo que es pura y dura transfobia.

En el caso de la ciudad de Oxford, además, el detonante fue el comunicado efectuado el martes pasado por la cadena de hipermercados Target, una de las más importantes de los Estados Unidos, en el que expresaban su oposición a las normas tránsfobas en los siguientes términos: “Animamos a los miembros de nuestro personal y a nuestros clientes a que utilicen los baños o probadores que correspondan a su identidad de género”.  El Concejo de Oxford debió entender que el asunto era de tan gran relevancia, dado que en la ciudad existe un Target, como para aprobar la normativa tránsfoba con carácter de urgencia.

Pero han ido aún más lejos que en otros lugares, pues la ley local de Oxford castiga a quien no utilice los baños destinados al género que aparece en su partida de nacimiento con una multa de 500 dólares (435 euros) o una pena de seis meses de cárcel. Ignoramos si el Concejo desplegará en todos los baños públicos de la ciudad a agentes de la Policía local, para que soliciten su partida de nacimiento a todos quienes quieran hacer uso de las instalaciones.

Misuri bloquea por el momento un proyecto de ley anti-LGTB

Más suerte, para los intereses LGTB, ha corrido el proyecto de ley que hubiera permitido discriminar a las personas LGTB en comercios, empresas y servicios de Misuri, muy semejante a los aprobados en Carolina del Norte o Mississippi. Este 27 de abril, el Comité de Asuntos Emergentes de la Cámara de Representantes estatal ha bloqueado su tramitación, al empatar a seis votos los miembros del Comité favorables y opuestos. La norma de la Cámara establece el rechazo en caso de empate, aunque permite la rehabilitación del proyecto de ley en una votación extraordinaria, que debe ser realizada en el plazo de tres días.

El proyecto de ley había sido aprobado por el Senado estatal de Misuri el 9 de marzo, por una mayoría de 21 votos favorables y 11 en contra. La aprobación, efectuada en el último día hábil, se caracterizó por el uso de los representantes demócratas, opuestos al proyecto de ley, de una técnica de obstrucción parlamentaria consistente en no abandonar el uso de la palabra hasta que el fin de la sesión hiciese imposible su votación. Así, mantuvieron su intervención contraria al proyecto de ley durante 39 horas y media, en un ímprobo esfuerzo por que los ciudadanos LGTB de Misuri no viesen cercenados sus derechos. Pero la presidencia del Senado, en manos republicanas, hizo uso de una norma pocas veces utilizada, que permite que, en una votación por mayoría simple, se ponga fin a un turno de palabra. La táctica demócrata fue finalmente inútil.

Por ello, el resultado en el Comité de la cámara baja ha sido inesperado, pues los representantes republicanos también son claramente mayoritarios allí, pero tres de ellos se han unido a los tres demócratas para oponerse a la tramitación del proyecto de ley. Sin duda, el abrumador testimonio de más de sesenta responsables de grandes empresas y organismos, que expresaban su preocupación por la repercusión gravemente negativa que una normativa de este tipo tendría para la economía de Misuri, ha sido decisivo. Entre ellos estaban la Cámara de Comercio de Kansas City, la Comisión de Deportes de Kansas City, la Comisión de Deportes de St. Louis, Monsanto, la Cámara Regional de St. Louis o Visit KC.

JoDee Winterhof, vicepresidente  de Política y Asuntos Políticos de Human Rights Campaign, expresaba su satisfacción por el bloqueo con el siguiente comunicado: “Agradecemos a la Comisión de la Cámara que haya escuchado al ecuánime y abrumador coro de líderes empresariales y defensores de los derechos civiles de Misuri, que exigían que se opusieran a esta legislación radical, que amenazaba con dañar gravemente a todo el estado. Sin embargo, incluso con esta votación de hoy, debemos seguir siendo diligentes en garantizar que esta legislación discriminatoria no se promueve de cualquier otra forma durante las últimas dos semanas de sesión legislativa”.

Fuente Agencias/ Dosmanzanas/Universogay

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