Con la prohibición de que las personas trans sirvan en el ejército norteamericano suspendida por una juez federal, el Pentágono continúa ofreciendo a las tropas transgénero los mismos derechos que siempre.

En febrero de 2018 se espera que se publiquen las nuevas políticas respecto a los y las militares trans, a pesar de la diferencia de opiniones entre la Casa Blanca y los líderes militares. 

A pesar de que Trump anunció vía Twitter que iba a prohibir a las personas trans formar parte del ejército de los Estados Unidos reinstaurando la prohibición de servir en el Ejército, lo que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

Pero en el propio ejército de los Estados Unidos no parece que tengan pensado hacerle demasiado caso al presidente.  Aunque Trump aseguró que lo había consultado con varios expertos militares lo cierto es que por ahora no ha aparecido ni un miembro del ejército que respalde la maniobra tránsfoba del presidente con la que pretende contentar a la extrema derecha más que mejorar las condiciones laborales de sus soldados. Pero además desde el propio Pentágono parecen tener tan pocas ganas de discriminar a las personas trans que siguen financiando operaciones de afirmación de género entre sus filas.

La última ha sido a una soldado de infantería, condecorada en la Operación Anaconda durante la guerra de Afganistán en 2003, que ha sido operada en un hospital civil. Así lo ha confirmado la Vice-almirante Raquel Bono, que también fue la encargada de aprobar la baja médica de la soldado.

La prohibición de que las personas trans accedan al ejército está siendo tremendamente polémica y ha resultado ser otra medida de Trump que acaba suspendida en un tribunal. Mientras la jueza Colleen Kollar-Kotelly revisa la prohibición (y avisa de que tiene todos los números para ser declarada inconstitucional) y mientras el congreso investiga exactamente qué contactos hubo entre la Casa Blanca y el Pentágono para llegar a esta decisión, el secretario de defensa, Jim Mattis, avisó al ejército de que por ahora las políticas respecto a las personas trans que están en activo se mantienen intactas.

Eso significa que, como ha sido este caso, pueden seguir accediendo a los programas de salud que permiten este tipo de cirugía.

Pero Mattis también avisó de que la medida era temporal hasta que el 21 de febrero de 2018 el Pentágono publique la nueva política en base a lo exigido por la Casa Blanca, desde la que Trump ha pedido que no se permite a más personas trans acceder al ejército pero que sea Mattis el que decida qué hacer con las que ya están en activo. Algo que para Sarah McBride, secretaria de prensa de la Human Rights Campaign, es una clara muestra de que “hay una amplia oposición entre el congreso y los líderes militares frente a los ataques discriminatorios de Donald Trump y Mike Pence a las tropas transgénero.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips, que rechazó hacer una pastel de boda para la boda de una pareja del mismo sexo.  

José Andrés, Elizabeth Falkner y Carla Hall, son algunos de los populares chefs que junto a los dueños de una popular tienda de cupcakes de Washington D.C. y un pastelero de Mississippi han suscrito un memorando escrito por Human Rights Campaign en apoyo a la pareja que fue discriminada por Jack Phillips, propietario de Masterpiece Cakeshop, que en 2012 rechazó hacer un pastel de bodas para Charlie Craig y David Mullis en función de la libertad religiosa.

Según estos profesionales de la hostelería, una vez que abres las puertas de tu establecimiento, no puedes escoger a tus clientes y cumplir con las leyes que prohiben la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género no te quita el control creativo sobre tu trabajo. En enero de 2014 un juez de Denver daba la razón a los demandantes al afirmar que no es legal negarse a hacer un pastel sólo porque sea para una pareja gay. No conforme con este resultado Phillips inicia un largo proceso que le ha llevado hasta el Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en diciembre. Visto que la libertad religiosa no le ha servido anteriormente, su estrategia ahora es la libertad creativa, sosteniendo que, como artista, no deberían obligarle ha hacer un pastel en contra de sus creencias.

«No se trata de tu arte. Cuando estás abierto al servicio de la gente, no puedes decidir a quién atender no atender», asegura Falkner, propietaria de varios restaurantes en Nueva York y San Francisco, que ha sido concursante y juez en diferentes competiciones culinarias. En la misma línea se manifiesta Mary Jennifer Russell, propietaria de Sugaree’s Bakery en New Albany (Misisipi), afirmando que «puedes decidir qué crear y qué servir, pero no decir que ni vas a servir a una persona gay, a una transexual o a un mujer o a una persona de color».

Asimismo, Sophie Kallnis LaMontagne, copropietario de Georgetown Cupkace, en Washigton D.C., asegura que tanto ella como su hermana, Katherine Kallinis Berman, piden al Tribunal Supremo que tengan en cuenta su declaración y escuchen «por qué creemos que es tan importante que no autoricen a las empresas a discriminar. Esto es sobre hacer lo correcto y dar la bienvenida a todos», asegurando que las leyes contra la discriminación en Colorado y otros 21 estados son regulaciones razonables que no reprimen su creatividad artística. Sorprendentemente, hosteleros y restauradores tienen en su contra al Departamento de Justicia de la Administración de Donald Trump, que habría elaborado un amplio informe de 41 páginas en apoyo a la actitud discriminatoria del pastelero de Dever.

Fuente Universogay

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Estados Unidos se ha visto forzado a salir al paso de las informaciones que le acusaban de haberse opuesto a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. Lo cierto, como explicábamos hace dos días, es que ese titular descontextualizado puede ser malinterpretado. La resolución era un texto globalmente crítico con la pena de muerte, y de ahí deriva la oposición estadounidense, que no es nueva (textos similares se han votado en ocasiones anteriores y Estados Unidos también ha votado en contra). Lo importante, en este caso, es que por primera vez se incluía una mención a la aplicación de la pena de muerte a las personas que mantienen relaciones homosexuales, a la que Estados Unidos, según ha confirmado ahora, se opone. Una clarificación que colectivos en defensa de los derechos LGTB consideran oportuna, aunque no ha despejado todas las críticas.

Lo explicamos en nuestra anterior entrada (en la que detallamos además el voto de los diferentes países). La resolución A/HRC/36/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aborda la pena de muerte y condena su aplicación cuando no es garantista y supone una violación de derechos humanos fundamentales. Condena, por ejemplo, la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual, contra quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito o contra mujeres embarazadas. También “deplora” que las personas pobres o económicamente vulnerables y los extranjeros sean condenados a muerte de manera desproporcionada. Por lo que se refiere al ámbito LGTB, lo interesante de esta resolución es que por primera vez incluye la cuestión LGTB entre sus considerandos y recomendaciones. Lo hace, en concreto, en tres ocasiones:

• La primera, en su parte introductoria, al tomar nota de los informes del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte, en el último de los cuales “examinó los efectos desproporcionados de la aplicación de la pena de muerte a personas pobres o económicamente vulnerables, los extranjeros, las personas que ejercen el derecho a la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra las minorías raciales y étnicas, su aplicación discriminatoria por motivos de género u orientación sexual, y su aplicación a personas con discapacidad mental e intelectual”.
• La segunda, cuando expresamente condena “la imposición de la pena de muerte como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas, y expresando profunda preocupación por el hecho de que la pena de muerte por adulterio se imponga de manera desproporcionada a las mujeres”.
• Finalmente, la tercera mención tiene lugar cuando insta “a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas”.

Se trata, en este sentido, de un avance importante, que la propia ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) saludaba como “histórico”. Sin embargo, mediáticamente quedó ensombrecido por el voto contrario de los Estados Unidos, que hizo que numerosos medios de comunicación señalasen en sus titulares a este país como opuesto a una condena a la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. También fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGTB. “La embajadora Haley [en referencia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas] ha fallado a la comunidad LGBTQ al no pronunciarse contra el uso bárbaro de la pena de muerte para castigar a personas que tienen relaciones homosexuales”, declaró Ty Cobb, responsable del área internacional de Human Rights Campaign (la mayor organización de defensa de los derechos LGTB en Estados Unidos). “El desprecio flagrante de esta administración hacia los derechos humanos y las vidas de las personas LGBTQ en el mundo es más que vergonzoso”, añadió.

Tal ha sido el alcance de la noticia que el Departamento de Estado se ha visto obligado a desmentir que Estados Unidos apoye de alguna manera la aplicación de la pena de muerte a las personas homosexuales. lo ha hecho con una breve intervención de su portavoz Heather Nauert, ante la prensa, en la que explicó que su país votó contra la resolución debido “a más amplias reservas hacia la forma en la que la resolución condenaba la pena de muerte en todas las circunstancias”. Conviene recordar, en este punto, que Estados Unidos aplica la pena de muerte en 31 de sus 50 estados, y de hecho en 2016 se situó entre los diez países del mundo con más personas ejecutadas. “Los Estados Unidos condenan de forma inequívoca la aplicación de la pena de muerte para conductas tales como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o la apostasía. No consideramos que tales conductas deban ser objeto de criminalización”, añadió:

.@statedeptspox comments on a vote related to the death penalty at the @UN #HumanRights Council in Geneva. #UNHRC pic.twitter.com/nSugkMrBZC

— Department of State (@StateDept) 3 de octubre de 2017

La propia embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quiso explicar en Twitter que el voto estadounidense no podía entenderse como un refrendo a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. “Siempre hemos luchado en favor de la justicia para la comunidad LGBT”, afirmaba Haley, que insistía en que su voto era el mismo que el que en su momento ejerció la administración Obama contra una resolución similar (si bien aquella no incluía referencia alguna a las personas homosexuales):

Fact: There was NO vote by USUN that supported the death penalty for gay people. We have always fought for justice for the LGBT community.

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Fact: The vote that took place in Geneva is the same US vote that took place under the Obama admin. It was not a vote against LGBT #Fact

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Las aclaraciones de la administración Trump han sido bienvenidas, por ejemplo, Por Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, que ha querido echar en esta ocasión echarle un guante. “Sería un error interpretar su oposición a la resolución contra la pena de muerte como un cambio en sus políticas”, ha asegurado Stern, insistiendo en que su organización segurá denunciando a la administración Trump por cada uno de los pasos que dé en contra de los derechos LGTB. Desde Human Rights Campaign, por su parte, y tras la condena inicial a la que antes hacíamos mención, han agradecido la clarificación aunque siguen mostrando su preocupación por el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos LGTB a nivel global.

No faltan, en cualquier caso, los activistas que consideran ingenuo pensar que no oponerse con firmeza a la pena de muerte no afecta a los derechos LGTB. “La pena de muerte es también un asunto LGTBQ. Uno puede verlo en el modo en el que se aplica en Arabia Saudí, Yemen, Sudán y otros lugares”, ha afirmado por ejemplo Ryan Thoreson, investigador en el programa de derechos LGTB de Human Rights Watch. “Cuando los Estados Unidos no están dispuestos a denunciarlo, incluso en una relsoución irreprochable como esta, envía una señal de tolerancia hacia la pena de muerte que debería preocupar mucho a las personas LGTBQ”, ha añadido.

Países que castigan la homosexualidad con la muerte

De acuerdo al último informe de ILGA sobre Homofobia de Estado, publicado en mayo, la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Catar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

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La activista transexual Ashley Smith dejando en ridículo al gobernador…

Al gobernador republicano Greg Abbott le salen mal los planes y su Ley tránsfoba de los lavabos ni siquiera llega a debatirse en la sesión especial que él mismo convocó.

Los empresarios del estado avisaron de que aprobarla podía acarrear pérdidas de más de cinco mil millones de dólares.

Las organizaciones LGBT celebran esta victoria, aunque recuerdan que hay que mantenerse en la lucha para que no sea algo temporal.

Después de la situación que se vivió (y aún se vive) en Carolina del Norte por la infame Ley de los Lavabos, el gobernador de Texas (el republicano Greg Abbot) pensó que era buena idea proponer una ley igual en el estado dominado por su partido. Pero le ha salido el tiro por la culata.

Abbott propuso a los republicanos crear una ley tránsfoba, la SB3, que prohibiera a las personas trans utilizar el baño público del género con el que se identifican, obligándoles a utilizar el baño correspondiente al género que aparece en su certificado de nacimiento. Además quería multar a los edificios públicos que permitieran a las personas trans saltarse esa normativa con sanciones que rondaban los 10.000$.

 Para poder aprobar esa ley Abbott tuvo que convocar una sesión especial del congreso del estado, limitando el tiempo para la aprobación de la ley a 30 días. Básicamente, los legisladores del estado se reúnen durante 140 días cada dos años para revisar todas las leyes del estado, modificarlas o crear nuevas. Como el proyecto de ley tránsfoba no estaba en los planes iniciales Abbott se sacó de la manga esa sesión especial para introducirla y aprobarla.

Pero hay una cosa con al que Abbott no contaba y fue la encarnizada oposición que se encontró a dicha propuesta. Los grupos LGBT movilizaron a una gran parte de la sociedad y de los empresarios que se mostraron totalmente en contra de esa ley. Los jefes de policía de tres de las ciudades más grandes del estado ya dijeron que era una legislación que no ayudaba a nadie y que en lugar de plantear una solución a un problema lo que hacía era crear un problema nuevo. Las grandes petroleras del estado avisaron al senador de que no verían con buenos ojos una legislación discriminatoria y la Asociación de Negocios de Texas calculó que, si se aprobaba, el estado perdería casi seis mil millones de dólares de aquí a 2026.

La sesión especial del congreso convocada por Abbott terminaba ayer, pero anteayer los legisladores terminaron sus trabajos y dijeron que cualquier medida que se quedara sin aprobar se aplazaba “sine die”, por lo que la ley tránsfoba no se ha aprobado y no parece que vaya a volver a presentarse nunca más. Todo apunta a que el responsable de este tropezón de Abbott ha sido otro republicano, Joe Straus, que es el portavoz de la Cámara de Representantes. Straus, que controla la agenda dentro de la cámara, dijo que el tema no era una prioridad y lo dijo porque tenía detrás una gran campaña financiada por las petroleras Halliburton y ExxonMobil que, como decíamos antes, protestaron por esta ley al considerar que les iba a hacer más complicado poder reclutar a nuevos talentos.

Desde los colectivos LGBT han celebrado la derrota de Abbott y han recordado lo importante que es que todo el colectivo y aliados se unan para luchar contra este tipo de legislaciones y así frenarlas antes de que hagan daño. JoDee Winterhof, una de las activistas de la Human Rights Campaign que ha luchado contra la ley, se ha alegrado de que “por fin los texanos pueden respirar aliviados durante un tiempo” y ha recordado que los ciudadanos del estado “no quieren una legislación tránsfoba que sólo busca hacer daño.”

Fuente | Huffington Post, vía EstoyBailando

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La Human Rights Campaign anuncia la creación de la Iniciativa HRC Rising, una inversión de 26 millones de dólares para luchar contra las políticas discriminatorias de la administración Trump.

El objetivo de la HRC es influir en las elecciones al senado de 2018 y asegurar que los candidatos con historiales LGTBfóbicos son derrotados.

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca muchos fueron los que señalaron que a pesar de lo negativo que resultaba ese hecho en parte iba a favorecer la lucha por los derechos civiles porque Trump iba a indignar a tanta gente que cada vez más personas querrían sumarse a la lucha para cambiar el mundo y terminar con la discriminación y la intolerancia.

Eso precisamente es lo que ha hecho la Human Rights Campaign, que acaba de anunciar la creación de la iniciativa HRC Rising, que supondrá una inversión histórica de 26 millones de dólares en un esfuerzo por influir en las elecciones al senado estadounidense de 2018. Con ese dinero la HRC ayudará a que en estados clave como Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada se elijan senadores que se comprometan a luchar contra las políticas discriminatorias de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas).

Para conseguir sus objetivos desde la HRC ya han contratado a 20 personas a tiempo completo que se unen a otras 12 personas trabajando en esta inciativa y que se dedicarán a analizar el campo político, organizar voluntarios, coordinar organizaciones, comunicaciones y medios digitales. La HRC siempre ha sido una organización muy activa en la vida política estadounidense y su intención es conseguir que esos 10 millones de votantes LGTBI (un 5% de todo el electorado) demuestren que son uno de los bloques de votantes más importantes de la nación. Además quieren desarrollar un “Modelo de Votante Igualitario”: aliados del colectivo que se opongan a los candidatos que ataquen los derechos civiles de las personas LGTBI.

La iniciativa HRC Rising es la culminación de todas las medidas que los 3 millones de miembros activos de la organización por todo el país han ido desarrollando desde enero, dos meses después de que Trump y Pence se convirtieran en Presidente y Vicepresidente del país. Una de las cosas que hicieron fue crear una “sala de guerra” en la que se dedican activamente a analizar todas las medidas discriminatorias de la administración y coordinar esfuerzos en el mundo real y en el virtual para luchar contra candidaturas de políticos con historial de LGTBfobia como Mark Green o derogar acciones ejecutivas que iban contra el colectivo.

Fuente | HRC, vía EstoyBailando

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Imagen del momento en que Kate Brown firmó la HB2673

La gobernadora demócrata de Oregón firma una ley que facilita a las personas trans del estado modificar su certificado de nacimiento.

“El gobierno no tiene derecho a dictar la identidad de las personas.”

Kate Brown, la gobernadora de Oregón, no está para tonterías. La demócrata ha decidido que Oregón esté a las antípodas de otros estados como Carolina del Norte o Texas y ha firmado una ley que protege al colectivo trans y da un paso importantísimo para solucionar muchos de los problemas a los que se enfrenta el colectivo: su certificado de nacimiento.

La HB2673 elimina las trabas burocráticas a las que se enfrentan las personas trans para poder modificar su certificado de nacimiento y manda a paseo todo el papeleo público y la necesidad de pasar por un juzgado para que, a través de un proceso privado supervisado por la Autoridad Sanitaria de Oregón, las personas trans puedan modificar ese certificado de forma sencilla.

Al hacer esto, como señalan desde la Human Rights Campaign, las personas trans no sólo tendrán un certificado de nacimiento que refleje su verdadera identidad de género sino que así tendrán acceso mucho más sencillo a cuidados sanitarios,  un trabajo o diferentes servicios. Por ejemplo, mientras otros estados obligan a las personas trans a usar el baño del género que figura en su certificado de nacimiento, Oregón cambia el certificado y así se evita su discriminación no sólo en el estado sino en todo el país. Desde la organización han felicitado a la gobernadora Brown y a la organización Basic Rights Oregón por su lucha para que esta ley fuera aprobada.

En un Tweet lanzado después de firmar la ley, la gobernadora ha asegurado que se siente “Orgullosa de haber firmado esta histórica ley por la igualdad transgénero” y añadió “El gobierno no tiene derecho a dictar la identidad de las personas.”

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Roy Cooper ganó las elecciones al republicano Pat McCrory y prometió derogar la discriminatoria ley HB2, pero en su lugar aprobó la HB142 que era más de lo mismo.

Cooper se defiende asegurando que necesitaba llegar a un “compromiso”, pero las ONG le acusan de ser un chaquetero.

La ciudad de Charlotte aprobó una ordenanza municipal que protegía a las personas trans y permitía que utilizaran el baño del género con el que se identifican. A los republicanos que gobernaban el estado esa ordenanza les pareció fatal, y la atacaron diciendo que eso era competencia del gobierno estatal; así que crearon la HB2: una ley discriminatoria que, entre muchas otras cosas, obligaba a las personas trans a usar el baño del género que había escrito en su DNI.

La ley fue un absoluto desastre. Cientos de empresas se fueron del estado y la imagen de Carolina del Norte quedó muy dañada. Ante unas pérdidas estimadas de 3 billones de dólares si la ley no se derogaba en 5 años, el gobernador republicando Pat McCrory acabó perdiendo las elecciones frente al demócrata Roy Cooper. Una de las primeras cosas que hizo Cooper fue intentar derogar la HB2, pero los republicanos -que seguían controlando la cámara de representantes- le hicieron una jugarreta y lo único que pudo hacer fue aprobar la HB142. Aunque esa ley “anulaba” la HB2, también prohibía a las ciudades aprobar ordenanzas sobre el uso de baños públicos hasta el 2020 diciendo que eso era competencia del estado; lo que implica que la HB2 sigue estando vigente durante 4 años más.

Desde la Human Rights Campaign han denunciado que a pesar de que Cooper quiere vender la HB142 como una victoria (“un acuerdo imperfecto“, lo llama el gobernador), en realidad se trata de “otra versión de la HB2 que oculta un intento desesperado de los legisladores con la esperanza de salvar la economía del estado“. Desde Equality NC su director ejecutivo, Chris Sgro, acusa a Cooper de ser bastante irresponsable con este tema: “El rechazo continuado de Cooper a asumir responsabilidades por las consecuencias negativas de la ley que firmó sobre la comunidad LGTB es descorazonador.”

En una conferencia en el Centre for American Progress en Washington, Cooper ha dicho que está preparando una orden ejecutiva para asegurar los derechos de la comunidad LGTB: “Cuando derogamos la HB2 e iniciamos este compromiso dije que necesitábamos tomar medidas adicionales para asegurarnos de proteger a los ciudadanos LGTB. Estamos trabajando en una orden ejecutiva que nos ayude a conseguir esa meta.” Cooper además defendió la HB142 asegurando que “política y emocionalmente habría sido más fácil para mí seguir dando golpes sobre la mesa y no aceptar ese compromiso, pero sabía que no estaba siendo justo con mi estado. No estaba siendo justo con las personas LGTB.”

Olivia Alair Dalton, vice-presidenta senior de la Human Rights Campaign (y antigua secretaria de prensa de Michelle Obama) ha declarado que esa afirmación de Cooper es “bastante extraordinaria, teniendo en cuenta que fue él quien firmó la HB142 y convirtió la discriminación en ley.”

Más duros se muestran desde la ACLU: “Cooper representa lo más despreciable de la política. No puedes estar en misa y repicando. Nunca tendrás nuestro apoyo o confianza.”

General, Homofobia/ Transfobia. ACLU, Carolina del Norte, Charlotte, HB142, HB2, Homofobia/Transfobia, Human Rights Campaign, Michelle Obama, Olivia Alair Dalton, Pat McCrory, Roy Cooper

El antiguo gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, aprobó una ley (la HB2) que prohibía (entre otras muchas cosas discriminatorias) que las personas trans utilizaran el baño público del género con el que se identifican. Fue en respuesta a una ordenanza de la ciudad de Charlotte que decía justo lo contrario. Esa ley, que le costó las elecciones a McCrory, intentó ser derogada por el nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper; pero lo único que consiguieron fue aprobar la HB142. La nueva ley lo único que hace es prohibir que los gobiernos municipales aprueben ordenanzas de protección LGTBI hasta el 2021, lo que en la práctica no sólo no ha servido para derogar la HB2 sino que la ha dejado en vigor cuatro años más.

En el comité que negoció esa ley estaban varios directivos del Bank of America, el mayor banco de Carolina del Norte. De hecho es cinco veces mayor que su competidor, Wells Fargo. Y aunque el Bank of America siempre había presumido de ser una de las mejores empresas para trabajar siendo LGTB por sus políticas inclusivas y por tener un 100 en el ranking de empresas LGTBfriendly de la Human Rights Campaign, su participación en la no-derogación de la ley discriminatoria no ha pasado desapercibida.

La HRC acaba de anunciar que han rebajado la clasificación del Bank of America en su listado de empresas que luchan por la igualdad y ha pasado de tener un 100 a un 75. Pero además también han rechazado una donación en forma de patrocinio de 325.000 dólares. La organización y ha devuelto 25.000 dólares y tiene preparado un plan para devolver los otros 300.000 con los que el banco (que ya ha desaparecido como patrocinador en la web de la HRC) colaboraba. Deena Fidas, la directora del Programa de Igualdad Laboral de la ONG, ha dicho en un comunicado que “El Bank of America y el BCBS NC participaron activamente en la creación de una ley que extenderá la discriminación contra incontables personas LGTBQ por todo el estado de Carolina del Norte, con especial y permanente daño en las personas trans.”

Por su parte desde el Bank of America una portavoz ha asegurado que van a seguir “apoyando la igualdad LGTB” y consideran que la decisión de la HRC no es un reflejo certero de la relación que han mantenido durante años.

Todos sabemos que la HRC es una organización gigantesca y probablemente devolver 325.000 dólares no les suponga un drama mayúsculo. Pero estamos hablando de 325.000 dólares. Y con este gesto han demostrado tener mucha dignidad y orgullo.

Fuente | LGBTQ Nation, vía EstoyBailando

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El ex-gobernador de Carolina del Norte se ríe de los demócratas, la HRC y el colectivo LGTB por no conseguir derogar la ley tránsfoba que él aprobó.

McCrory es el ex-gobernador republicano de Carolina del Norte. Este impresentable firmó una ley, la HB2, que prohibía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican. McCrory perdió las elecciones (en gran parte por el desastre económico y social que supuso esa ley) y su sustituto, el demócrata Roy Cooper, está haciendo todo lo posible por eliminar la HB2. Pero como los republicanos siguen controlando la cámara de representantes, le está costando lo suyo.

Así que McCrory, que hace poco se quejaba de que no consigue encontrar trabajo porque la izquierda le ha vendido como un “intolerante“ , ahora ha decidido reírse a costa del colectivo LGTB en una entrevista que le ha hecho el homófobo declarado del Family Research Council, Tony Perkins.

Resulta que Roy Cooper, el actual gobernador, por ahora sólo ha conseguido aprobar una nueva ley, la HB142. Esta ley elimina gran parte del contenido de la HB2 pero sigue manteniendo la prohibición de que los municipios instauren sus propias ordenanzas contra la discriminación (todo el lío de la HB2 empezó porque la ciudad de Charlotte aprobó esa ordenanza y a los republicanos no les hizo ninguna gracia). Así que ni demócratas, ni colectivos LGTB, ni la Human Rights Campaign están contentos… Pero al menos reconocen que es el primer paso.

Curiosamente McCrory no se preocupó por ninguna de esas tres cosas cuando era gobernador. De hecho llegó a sacar dinero de un fondo de ayuda en caso de desastre natural para pagar a los abogados y defender su ley tránsfoba.

Los demócratas han emitido un comunicado diciendo que “Pat McCrory no tiene ninguna credibilidad en este tema teniendo en cuenta que fue la persona que firmó la HB2. El gobernador Cooper ha firmado esta nueva ley para derogar la HB2, y ha dicho que es un paso adelante. Pero sólo un paso. Apoya la protección a nivel estatal de todas las personas LGTB de Carolina del Norte y seguirá trabajando para ellos.”

Fuente: Queerty, vía EstoyBailando

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El gobernador del Estado norteamericano de Virginia ha usado los poderes que le brinda la legislación de la región estadounidense para impedir la entrada en vigor de dos proyectos de ley que van en contra de los derechos civiles de los ciudadanos del Estado pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Terry McAuliffe, gobernador de Virginia, ha vetado dos proyectos de ley contrarios a los derechos de la diversidad sexual. El proyecto de ley 1324, del Senado de Virginia, y el proyecto de ley 2025, de la Cámara de Representantes de Virginia, son las dos medidas del Estado que el gobernador McAuliffe ha bloqueado ejerciendo el poder constitucional que le brinda su cargo al frente del Estado norteamericano.

Los proyectos de ley vetados por el gobernador de Virginia hubieran permitido que las organizaciones religiosas puedan discriminar a los ciudadanos en base a la orientación sexual de los mismos, evitando consecuencias legales por dicha discriminación mediante la excusa de que la practican para salvaguardar sus «creencias religiosas».

Los dos proyectos de ley han sido impulsados por el Partido Republicano. El gobernador de Virginia ha vetado en el pasado otras medidas que iban encaminadas en el mismo sentido: permitir la discriminación por parte de colectivos religiosos de la diversidad sexual.

Desde la Human Rights Campaign, un colectivo que trabaja por la defensa de los derechos civiles de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en todos los estados de los Estados Unidos, han emitido un comunicado para agradecer al gobernador de Virginia la decisión que ha tomado respecto a los dos proyectos de ley.

Desde la Human Rights Campaign han expresado que «el gobernador Terry McAuliffe continúa consolidando su lugar en la historia como un sólido campeón a favor de la equidad y de la igualdad de todos los ciudadanos de Virginia».

«Esa vil legislación no tiene nada que ver con la protección del derecho a practicar una religión. Va totalmente encaminada a consagrar la discriminación contra las personas LGTBQ en la ley estatal mediante el uso de fondos públicos. Al vetar esta legislación discriminatoria, el gobernador ha enviado un mensaje muy poderoso e incluyente sobre que Virginia es un lugar acogedor y abierto para todos los negocios», han expresado desde la organización.

Fuente PinkNews, vía Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Human Rights Campaign, ley 1324, Partido Republicano, Virginia

El gobernador republicano de Kentucky aprueba una ley que permite a los grupos estudiantiles en colegios públicos discriminar a sus posibles miembros basándose en su “libertad religiosa”.

Al gobernador de Kentucky ya le conocemos. Se llama Matt Bevin y es el señor que cambió la legislación sobre cómo se entregan los certificados de matrimonio en su estado para evitar que Kim Davis fuera a la cárcel. Sí, evidentemente es republicano.

Y como buen republicano que es está ahora empeñado con el tema de las leyes de libertad religiosa, que son la excusa que se han buscado ahora para poder legalizar la LGTBfobia y poder discriminar a los demás sin que se les acuse de nada. Y pasa esto porque aún hay mucha gente que dice que apoya mucho al colectivo LGTB pero que entiende que todo el mundo tiene derecho a su opinión, algo que no dicen sobre, por ejemplo, el racismo. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en que la LGTBfobia no es una opinión, gente como Matt Bevin no podría hacer lo que ha hecho.

Y es que el gobernador de Kentucky acaba de anunciar que ha aprobado la ley SB 17. Esa ley anula el requisito fundamental de que todas las organizaciones estudiantiles sean inclusivas y permite que se salten la cláusula del “todos bienvenidos”, una cláusula que obliga (más bien obligaba) a esas organizaciones a no discriminar a ningún estudiante en base a su raza, sexo, religión, orientación sexual o identidad de género.

La nueva ley redefine eso del “todos bienvenidos” y le da la vuelta al concepto de la discriminación para convertir al opresor en oprimido. La ley dice: “Ningún cuerpo educativo debe interferir en organizaciones estudiantiles religiosas o políticas para provocar que sean discriminadas en cuanto a sus asuntos internos, la selección de líderes o miembros, la definición de sus doctrinas y principios, la resolución de disputas organizativas con respecto a su misión, o en su determinación de que sólo personas comprometidas con dicha misión formen parte de sus actividades.”

Básicamente: la ley prohibe a los centros educativos prohibir a las organizaciones que discriminen a los posibles miembros en base a los criterios que les dé la gana (mayoritariamente, criterios de “libertad religiosa”). Y no sólo eso, la ley también protege la “libertad de expresión” de los estudiantes que quieran compartir sus puntos de vista, opiniones o material religioso o político aunque éste sea LGTBfóbico.

La directora legal de la Human Rights Campaign ya ha tildado esta ley de vergonzosa y discriminatoria y asegura que pone en riesgo las políticas antidiscriminación de los centros educativos públicos: “Ningún alumno debería temer ser excluido de un club escolar o de participar en una actividad por ser LGTBQ. Mientras que los grupos privados deben tener toda la libertad de expresar sus ideas religiosas, no se les debería permitir discriminar injustamente a nadie con dinero de los contribuyentes.”

Fuente: Human Rights Campaign, vía EstoyBailando

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Importante sentencia la que ha tenido lugar en Estados Unidos contra una florista que se negó a proveer las flores de una boda entre dos hombres: “Se trata tan poco de tener acceso a flores como los casos de derechos civiles en los sesenta iban de tener acceso a sándwiches”. Así de contundente se ha manifestado el tribunal en una sentencia unánime.

En 2013, Robert Ingersoll y Curt Freed, una pareja de hombres, decidieron contraer matrimonio. Y quisieron que Barronelle Stutzman, dueña de Arlene’s Flowers, les proporcionara flores para su boda. Stutzman le había vendido flores a la pareja desde hacía años. Sin embargo, en esta ocasión se negó. El motivo aducido era que en esta ocasión se trataba de una boda y que el matrimonio entre personas del mismo sexo iba contra su fe cristiana. Ante ello, la pareja decidió demandarla por violación de las normativa contra la discriminación de las personas LGTB vigente en el estado deWashington (un estado de la costa oeste fronterizo con Canadá con un historial especialmente inclusivo) a lo que se añadió el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, afirmando que su negativa a prestar sus servicios a la pareja por su orientación sexual es ilegal.

Fue condenada por el juez del condado de Benton Alex Ekstrom y la multó con 1.000 dólares más un dólar de costes judiciales, argumentando que violó las leyes estatales antidiscriminación y de protección de los consumidores. El juez desestimó los argumentos de la florista que apelaba a la libertad de expresión y religión con intención de protegerse frente a las acusaciones. Mientras que las creencias religiosas se encuentran protegidas por la Primera Enmienda, las acciones basadas en esas creencias no están necesariamente justificadas o amparadas. “La Corte ha confirmado el poder de la legislación para prohibir aquellas conductas que sean discriminatorias a pesar de que sus motivaciones se encuentren relacionadas con las creencias religiosas” cuenta Ekstrom.  La pareja exigió también compensaciones por daños y perjuicios y el pago de los honorarios, según los documentos judiciales.

Stutzman rechazó una oferta de acuerdo del fiscal general que habría puesto fin a futuros litigios, afirmando que estaba protegiendo su derecho al libre ejercicio de la religión mientras se  iniciaba una recogida de fondos para Stutzman. “La abuela de 70 años podría perder su negocio, su casa y sus ahorros. Por seguir su fe podría perder todo lo que tiene“, rezaba la campaña, puesta en marcha a través del portal Gofudme.com para ayudar a la anciana a hacer el pago de la multa. La respuesta fue desproporcionada, y acabó recogiendo más de 100.000 dólares.

El núcleo del caso estaba en si la negativa de Stutzman se debía a una legítima expresión de sus creencias religiosas, como argumentaba la florista, o si estábamos ante un caso de discriminación, como alegaban los demandantes. Para justificar su postura, Stutzman aducía que ofrecerse para proporcionar las flores era más que ofrecer un servicio: sus creaciones, decía, eran una expresión artística personal, por lo que la presencia de las mismas en la boda era una expresión de su personalidad, y consiguientemente podía entenderse como una aprobación personal de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, algo que para ella era inaceptable.

Sin embargo, la sentencia unánime de los jueces es inequívoca: “se trata tan poco de tener acceso a flores como los casos de derechos civiles en los 60 iban de tener acceso a sándwiches”. Según la Corte Suprema de Washington, las leyes que regulan servicios públicos hacen más que regular su funcionamiento, y pueden estar orientados a fines sociales legítimos: “no solo garantizan el acceso a bienes o servicios. Antes bien, están al servicio de fines sociales más amplios, erradicando barreras al tratamiento en igualdad para todos los ciudadanos”, señala. Asimismo, rechaza el argumento de que se trataba de una expresión artística que implicaba aprobación, apoyándose además en que la propia demandante contradecía su propia tesis al reconocer que si vendía flores a musulmanes no estaba con ello haciendo un acto de aprobación o adhesión.

La sentencia, como era de esperar, ha sido muy bien recibida por los grupos de defensa de los derechos civiles y de las personas LGTB y muy mal por la florista y quienes defienden su postura en nombre de la libertad de conciencia y libertad religiosa. “La gente no debería usar nunca sus creencias religiosas personales para violar la ley o los derechos civiles básicos de otros”, ha asegurado Sarah Warbelow, de Human Rights Campaign, una de las asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGTB más importantes del país. Kristen Waggoner, abogada de la florista, sostiene sin embargo que el tribunal ha errado al interpretar la ley, pues no se rechazó el servicio a la pareja porque fueran gais sino porque era para una ceremonia que Stutzman no podía aprobar en conciencia. Con esta sentencia Waggoner cree que se pone en peligro incluso la creación artística: “Toda expresión profesional artística está en peligro”, declaraba en conversación telefónica a los periodistas The New York Times.

No tiene la misma opinión el fiscal general del Estado, Bob Ferguson: “Arlene’s Flowers no tiene la obligación de vender flores. Sin embargo, se les requiere que las vendan en igualdad si eligen hacerlo”, afirmó, añadiendo que la sentencia enviaba el mensaje de que: “la orientación sexual es una clase protegida, como la raza o la religión”.

Aunque se trata de una sentencia del sistema judicial estatal, únicamente con jurisdicción en el estado de Washington, puede considerarse relevante para otros casos de denegación de servicios a parejas del mismo sexo, especialmente de cara a celebraciones de bodas. Baste recordar el caso de los pasteleros de Oregón, un estado vecino, que fueron multados con 144.000 dólares por negarse a hacer un pastel para una boda de dos mujeres. En cualquier caso, se trata pues de un pronunciamiento de los jueces que resulta esperanzador en los tiempos que corren. Ilustra también lo importante de luchar en favor de las legislaciones contra la discriminación en los estados (y contra las legislaciones a favor de la discriminación) en un momento en que a nivel federal el panorama se vuelve sombrío.

Los abogados de la florista, en cualquier caso, ya han anunciado que apelarán ante la justicia federal. Esto abriría un camino que podría terminar incluso ante Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Veremos qué sucede.

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Streep tira de ironía para responder a las críticas del presidente estadounidense: «Sí, soy la actriz más sobrevalorada y la más idealizada»

La actriz estadounidense ha defendido que la ciudadanía debe evitar el retroceso cultural que pretende implantar el presidente republicano Donald Trump en el país, expresado que es una deuda de todos «con las personas que han muerto por nuestros derechos, y que han muerto antes incluso de que obtuviesen el suyo propio».

Meryl Streep se ha vuelto a mostrar contraria a las políticas que está promoviendo el presidente republicano Donald J. Trump tras su llegada al poder hace escasas semanas.

La popular actriz de cine Meryl Streep, en una gala celebrada por una organización LGTB, ha condenado el retroceso cultural que pretende implementar en el país la Administración de Donald Trump, defendiendo en un emotivo discurso que «no vamos a volver a los malos tiempos de la ignorancia y de la opresión. No esconderemos quienes somos».

La actriz de Hollywod ha expresado que es difícil condenar públicamente las acciones de Trump porque hacerlo supone «exponerte a todo tipo de ataques por parte de ejércitos de ‘camisas pardas'».

Las declaraciones de Meryl Streep se han producido en la gala preparada por la Campaña por los Derechos Humanos (Human Rights Campaign), un colectivo que trabaja en Estados Unidos por los derechos de la diversidad sexual. Streep acudió a la misma al ser premiada por la asociación en base a su trabajo por la igualdad de la comunidad LGTB.

Meryl Streep ha expresado que las políticas autoritarias y el estilo dictatorial del presidente Donald Trump podría provocar numerosos conflictos a lo largo de los 4 años que, si consigue acabar su mandato, estará Trump al frente de Estados Unidos.

«Si su catastrófico instinto de tomar represalias no nos lleva a un invierno nuclear, tendremos mucho que agradecer a este presidente. Porque nos habrá hecho darnos cuenta de lo frágil que realmente es la libertad», expresó Streep en la gala de la Human Rights Campaign.

La actriz de Hollywood ha indicado que «es aterrador colocarte una diana en la frente» al condenar las políticas de Trump, considerando que «la única forma de hacerlo es si sientes que tienes que hacerlo». «Como estadounidenses, hombres, mujeres, personas, homosexuales, heterosexuales, LGTB. Todos tenemos el derecho humano a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad», ha defendido Streep.

La actriz estadounidense ha defendido que la ciudadanía debe evitar el retroceso cultural que pretende implantar Trump en el país, expresado que es una deuda de todos «con las personas que han muerto por nuestros derechos, y que han muerto antes incluso de que obtuviesen el suyo propio».

Streep ha indicado que «el látigo del Ejecutivo puede, a través de una cuenta de Twitter, golpear e intimidar, castigar y humillar, deslegitimar a la prensa y a enemigos imaginarios con una irregularidad espasmódica y con una previsibilidad fácilmente provocada».

Fuente El Diario, vía Universogay

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Gamer Markiplier pidió a sus 16 millones de seguidores que hicieran una donación para «asegurar que el futuro sea brillante y abierto para todos».

Los números obtenidos irán a parar a la Campaña de Derechos Humanos LGTB, que luchará con las distintas clases de discriminación que sufre el colectivo LGTBI en el país norte americano.

De hecho, Fischbach celebró en Twitter que durante la primera hora tras el lanzamiento se alcanzara la cifra de 30.000 dólares.

Here is the donation page! We are DESTROYING our goal! Almost $30k in less than an hour! That’s AMAZING #MarkIsATool https://t.co/3KUES2O2BZ

— Markiplier (@markiplier) 22 de enero de 2017

Anunciando su lanzamiento al principio de la semana, el joven de 27 años dijo en un comunicado: «¡Hoy estamos a favor de nuestros amigos LGBTQ+ para asegurar la igualdad para TODOS! ¡Por favor ayudadnos a recaudar 100.000 dólares para Human Rights Campaign y asegurar que el futuro sea brillante y abierto para todos!».

Esta no es la primera vez que Fischbach hace un llamamiento de este tipo. Anteriormente recaudó más de 275.000 dólares para una organización de apoyo a personas con depresión y trastorno bipolar, entre otras organizaciones benéficas.

En diciembre, Forbes colocó a Fischbach en el séptimo lugar en su lista de las mejores estrellas del año 2016 de YouTube, estimando sus ingresos en 5,5 millones de dólares aproximadamente. Fischbach, nacido en Hawai y criado en Ohio, lanzó su canal de YouTube hace apenas cuatro años, cumulando ya más de seis mil millones de reproducciones en sus vídeos.

Fuente Cáscara Amarga/Redacción Chueca

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La Casa Blanca asegura que Donald Trump no ha dado la espalda al colectivo LGBT y desmiente los rumores sobre la posibilidad de que estuviera desarrollando un borrador para derogar, parcial o totalmente, la Ley de Igualdad en lo que respecta a la orientación de género y la identidad sexual. ¿Por qué será que no les creemos?

El equipo de Donald Trump asegura que la supuesta orden ejecutiva LGTBfóbica no es una prioridad ni está sobre la mesa, pero no la descartan. Mientras, siguen apoyando la FADA, que legalizaría la “libertad religiosa”.

Varias fuentes parecían confirmar que el gobierno de Donald Trump está trabajando en una orden ejecutiva antiLGTB que iba a dejar a la comunidad tremendamente indefensa y que iba a tirar por tierra todos los derechos que se han conseguido hasta hoy (bajo el mandato de Obama) en Estados Unidos.

La supuesta orden ejecutiva sería, básicamente, una de las famosas leyes de “libertad religiosa“. Estas leyes son las que legalizan la discriminación a personas LGTB en base a las creencias religiosas: si alguien cree que tu orientación sexual, tu género o tu matrimonio contradice sus creencias tiene derecho a negarte un servicio. No es casualidad que el vicepresidente, Mike Pence, fuera uno de los mayores defensores de este tipo de leyes cuando era gobernador de Indiana; de hecho llegó a aprobar la suya y fue duramente contestada. En ese momento te dijimos que lo de Indiana era muy importante, y por desgracia resulta que teníamos razón.

Según las fuentes anónimas que han hecho saltar la liebre, la orden que legalizará la discriminación a personas LGTB (vamos a dejar de hablar de “libertad religiosa” esto es LGTBfobia institucionalizada como la de Rusia) incluiría los siguientes casos:

• Permitiría la discriminación a personas LGTB en los servicios sociales, con lo que se aceptaría que se utilice dinero público para ir en contra del colectivo.
• Las agencias de adopción podrían negarse a atender a padres LGTB, incluso aquellas financiadas con dinero público.
• Se eliminaría las protecciones anti-discriminatorias en los puestos de trabajo, lo que hará que sea legal despedir a alguien (incluso un empleado público) en base a su orientación sexual o su identidad de género.
• Los empleados públicos podrían negarse atender a alguien si sus creencias religiosas afirman que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer. Como fue el caso de Kim Davis.

• Se establecería la noción de que el género es una característica de nacimiento inmutable.

Efectivamente: la supuesta orden ejecutiva se atrevería a negar de cuajo la existencia de las personas trans.

Evidentemente la noticia de que Trump estaba planeando firmar esta orden hizo que la red ardiera y desde la Human Rights Campaign aseguraron que el simple rumor era “profundamente preocupante“. En palabras de su vicepresidenta, JoDee Winterhof: “Ya sabemos que el presidente tiene en su punto de mira a las comunidades marginadas y en riesgo para su supuesta ganancia política. Mientras el presidente y su equipo planean sus próximos pasos, queremos dejar clara una cosa: no vamos a ceder ni un milímetro a la hora de defender la igualdad, ya sea de un ataque frontal o de uno bajo el disfraz de la religión. Mike Pence debería saber dónde se mete mejor que nadie dado su historial en Indiana.”

Durante la campaña electoral Trump se mostró premeditadamente ambiguo con respecto a los derechos del colectivo LGTB. Sus defensores no se cansaron de sacar vídeos de Hilary Clinton o Barack Obama diciendo, años atrás, que estaban en contra del matrimonio igualitario; pero olvidaban reconocer que mientras los candidatos demócratas habían cambiado su parecer Trump no sólo admitía seguir estándolo sino que muchos miembros importantes del partido republicano estaban deseando ir un paso más allá. Dominic Holden, de BuzzFeed, publicó en su Twitter que había confirmado que varios senadores republicanos planeaban presentar una ley, la First Amendment Defense Act (FADA), que no es otra cosa que una ley de “libertad religiosa”.

La única diferencia entre la supuesta orden ejecutiva y la FADA es que ésta sería una ley que tendría que aprobarse en el Congreso, cosa que no sería muy complicada. Trump sí ha dejado claro que está a favor de la FADA y su elegido para ser el nuevo Fiscal General no sólo la apoya sino que la ha defendido en los tribunales más de una vez.

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Kristina fue a hacerse un análisis de sangre y descubrió que en su historial médico constaba su “lesbianismo” en la lista de “problemas médicos”.

Cuando Kristina Rodriguez fue a su centro médico, el Lake Park Family Practice de Indian Trail en Carolina del Norte, a hacerse un análisis de sangre tuvo la oportunidad de ver su historial médico. Y cuando estaba allí mirando a ver qué cosas tenía, descubrió algo que la dejó con la boca abierta. Según su médico, entre sus varios problemas de salud, estaba el de ser lesbiana.

“Supongo que mi lesbianismo ahora siempre estará documentado. Tal vez puedo llamar al trabajo y coger la baja. No estoy segura“, explica Kristina.

Así que se quejó a su médico y a la dirección del Sistema de Salud del Estado. La respuesta fue rara, siniestra, extraña y oscura: el “lesbianismo” estaba en su listado de problemas para protegerla en el futuro y que nadie la ofenda. En un comunicado, el Sistema de Salud explica que los médicos están trabajando para “comprender mejor la forma adecuada de incluir información de cada paciente de la forma más sensible y respetuosa“. Señalan además que su forma de mejorar es guiándose por los consejos de la Human Rights Campaign, además de reconocer que la orientación sexual no es un diagnóstico clínico, que van a investigar el tema y esforzarse mucho, mucho, mucho para que los doctores puedan recopilar la información de los pacientes sin ofenderles.

El médico de Kristina, por ejemplo, es tan moderno y respetuoso que le propuso quitar el “lesbianismo” de su lista de “problemas” y añadirlo como una nota al final del informe. “Que esto esté en el historial como problema médico puede provocar rechazo en mucha gente, perjudicar su autoestima y hacer que algunos crean que hay algo malo en ellos“, ha explicado Kristina.

Para la chica, eso sí, el comunicado emitido por las autoridades sobre su caso le parece sincero. Un portavoz del Sistema de Salud le ha explicado que lo de añadir que es lesbiana en un historial se hace únicamente para que, por ejemplo, nadie se refiera a su pareja como su “marido“; pero a Kristina no le parece necesaria ponerle la etiqueta porque “estamos en 2017, es muy normal que la gente tenga una pareja del mismo sexo“.

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Algunos católicos americanos se quejan de que una ley de Obama obliga a los médicos religiosos a realizar abortos y reasignaciones de sexo, pero las organizaciones LGTB responden que no.

Antes de salir de la Casa Blanca, el presidente Obama está  firmando leyes y órdenes ejecutivas con la intención de proteger todo su trabajo antes de que llegue Donald Trump e intente cargárselo. Probablemente no sirva de mucho porque en enero los republicanos controlarán todo lo que pueden controlar, pero la clave es no ponérselo fácil, que sus votantes se cansen de que se gasten dinero en cosas que no les afectan realmente y que en cuatro años los manden a  a casa.

Todos sabemos que el nuevo enemigo a batir por parte de los grupos religiosos en Estados Unidos es el colectivo  trans, porque desde que el Tribunal Supremo aprobó el matrimonio igualitario no está muy bien visto ser homófobo. Así que se han pasado a la transfobia, que eso aún sale gratis. En plena guerra por las leyes de “libertad religiosa” y las “leyes de los lavabos“, Obama firmó una orden ejecutiva que obligaba a la administración a permitir que las personas trans utilicen el baño del género con el que se identifican.

Pero además Obama firmó en julio una ley que afectaba al Acta de Cuidado de Salud Asequible para aclarar una parte del texto que podía ser propensa a la discriminación. En realidad la intención no era proteger únicamente a la comunidad trans sino a cualquiera que pudiera ser discriminado, pero estos católicos dicen que no, que en realidad todo es un intento de Obama para obligar a los médicos católicos a hacer cosas que su religión no les permite.

La Catholic Benefits Association ha presentado en un juzgado del Distrito de Dakota del Norte una demanda contra Obama alegando que la ley es “un intento del gobierno de redefinir el término ‘sexo’ en las leyes anti-discriminación federales“. Y añaden que esa ley forzará a los médicos católicos a realizar cirugías de reasignación de sexo o abortos, algo que la Biblia no les permite hacer.

Desde las organizaciones LGTB reconocen que la ley que firmó Obama ofrece una protección importantísima a las personas trans, pero aclaran que no es una ley que fuerce a nadie y que los católicos integristas están haciendo lo que mejor saben hacer: tergiversar las cosas. Según Sarah Warbelow, la directora legal de la Human Rights Campaign, lo que dice la ley es que “si provees un servicio concreto a una persona, no puedes negarte a proveérselo a otra“.

Es decir: que un médico que no realiza reasignaciones de sexo o abortos no estará obligado a hacerlo, pero uno que sí los hace no puede negarse a hacerlo en base a un criterio discriminatorio.

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La Human Rights Campaign anuncia que Meryl Streep será la galardonada en 2017 con el Ally for Equality Award por su apoyo constante al colectivo LGTB.

Meryl Streep será galardonada con el premio Ally for Equality Award 2017 de la Human Rights Campaign, la organización más grande de Estados Unidos en la lucha por los derechos civiles de la población LGTBQWERTY, y cada cierto tiempo entregan premios. Porque todos sabemos que la mejor forma de conseguir mejorar tus relaciones públicas es organizar una entrega de premios y por eso nosotros nunca hemos hecho ninguna. Pero todo se andará.

El Ally for Equality Award (Premio al Aliado por la Igualdad) es un premio que ya tienen Jennifer Lopez, Teri Polo, Sally Field, Whoopi Goldberg, P!nk o el ex-alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg (entre otros) y básicamente reconocen el papel de personas que no forman parte del colectivo LGTB pero han utilizado su influencia para apoyar públicamente al colectivo. Lo que viene a ser pues eso, un aliado.

Y como ha explicado el presidente de la HRC, Chad Griffin, Meryl Streep “ha utilizado su voz para apoyar a la comunidad LGTB. Ya fuera a través de interpretaciones icónicas que han elevado la visibilidad de las personas LGTBQ o hablando de forma valiente en pro de la igualdad, Meryl Streep ejemplifica la verdadera naturaleza de lo que significa ser un aliado de nuestra comunidad.”

La entrega del premio será el próximo 11 de febrero en Nueva York.

Fuente: Gay Star News, vía EstoyBailando

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La interprete norteamericana ha sido la personalidad elegida por Human Rights Campaign para recibir el premio Ally for Equality. Streep recibirá esta distinción el sábado 11 de febrero de 2017, dentro de la gala que la asociación organizará en el Waldorf Astoria de Nueva York.

Tras ser la actriz que más nominaciones ha recibido para los Oscar (a las 16 nominaciones que acumula ser puede sumar una más este año gracias a su maravillosa interpretación en ‘Florence Foster Jenkins’) y las que más estatuillas ha recibido en la historia del cine, Meryl Streep está más acostumbrada a los galardones que Mariah Carey a montarla en una barra libre.

Sin embargo, el premio que va a recibir de Human Rights Campaign será especial para ella puesto que la asociación no premia su labor interpretativa sino que se encarga de distinguir su labor personal de apoyo al colectivo LGTB.

El Premio Ally for Equality de HRC reconoce los esfuerzos de aquellos que usan su voz y se manifiestan públicamente a favor de la comunidad LGBTQ. Estas personas dedican su tiempo, energía, espíritu y compromiso de todo corazón para mejorar las vidas del colectivo, aliados que se ponen en pie en nombre de la igualdad y la inclusión.

Durante cuatro décadas, Meryl Streep se ha metido en la piel de una amplísima gama de personajes. Una defensora abierta de la igualdad LGBTQ, Streep acredita desde hace tiempo su labor a favor de la visibilidad de la comunidad: «Simplemente no puedo recordar cuando la gente LGBT no estaba en mi vida», dijo Streep en una de las entrevistas más recordadas de la actriz.

Un icono para muchos en la comunidad LGBTQ, Streep ha protagonizado numerosos papeles que han ayudado a crear conciencia de los desafíos a los que deben enfrentarse las personas LGBT. Chad Griffin, El Presidente de la CDH, ha indicado que:

A lo largo de su extraordinaria carrera , Meryl Streep ha utilizado su voz para defender a la comunidad LGBTQ. Ya sea a través de sus papeles icónicos que han elevado la visibilidad o por sus audaces discrusos sobre la igualdad.  Meryl Streep encarna la naturaleza misma de lo que significa ser un aliado de nuestra comunidad.»

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El gobernador en funciones de Carolina del Norte, Pat McCrory (izq), y el nuevo gobernador electo, Roy Cooper (dcha)

Los republicanos de Carolina del Norte se sacan de la manga una jugarreta para no eliminar la “ley de los lavabos” durante la sesión que convocaron para eliminar la “ley de los lavabos”.

La discriminatoria ley de Carolina del Norte que limita el acceso a los baños y vestuarios públicos a personas transexuales podía haber sido derogada esta semana después de meses de protestas y boicots económicos. Sin mbrgo, los legisladores del estado de Carolina del Norte han fracasado en su intento de revocar la polémica Ley HB2. Una norma discriminatoria que prohíbe a las personas transgénero usar sanitarios públicos según su identidad de género y las obliga a usar el baño que corresponda a su sexo biológico en edificios públicos. Carolina del Norte ha perdido una gran oportunidad para quitarse la etiqueta de estado más intolerante de EEUU. Tras más de nueve horas de reuniones a puerta cerrada, los legisladores demócratas de Carolina del Norte se marcharon con el ceño fruncido, fruto de la frustración de no haber podido derogar la ley que ha provocado unas perdidas millonarias al estado.

El Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), proyectó que las pérdidas para Carolina del Norte, por la HB2, alcanzarían anualmente los 5.000 millones de dólares.La noticia ha resultado una sorpresa de lo más desagradable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la ciudad más poblada del estado, Charlotte, ha derogado en su totalidad la ordenanza de no discriminación y el anuncio del nuevo gobernador demócrata que anunció que se había llegado al acuerdo de la eliminación de la HB2, que finalmente no ha sido aprobada por el peso republicano en el parlamento estatal de Carolina del Norte.

La ciudad de Charlotte aprobó hace tiempo una ordenanza municipal que protegía a las personas LGTB de cualquier tipo de discriminación y permitía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican. Los republicanos, que controlaban el estado de Carolina del Norte, se opusieron y su gobernador tardó muy poco en aprobar la HB2, una ley estatal que permitía a los negocios seguir discriminando a las personas LGTB y obligaba a las personas trans a utilizar el baño del sexo con el que nacieron; porque según ellos es de sentido común que un hombre no tenga acceso al baño de mujeres.

La HB2 ha supuesto un auténtico desastre económico para el estado, con muchos artistas, empresas y eventos largándose a otra parte porque no quieren invertir en un estado que fomenta la discriminación. Aunque el mayor coste ha sido el del puesto del gobernador, Pat McCrory, que perdió las elecciones en noviembre en lo que se entendió era un plebiscito sobre la HB2.

McCrory perdió las elecciones del pasado noviembre frente al demócrata Roy Cooper, que durante la campaña utilizó la derogación de la HB2 como uno de sus puntos fuertes. Y ahora que Cooper ya ha sido declarado vencedor de las elecciones (no sin varios intentos de McCrory por quedarse en el sillón del gobernador) era cuestión de tiempo que pudiéramos decirle adiós a la HB2.

Pero no ha resultado muy bien… La sesión para repeler la HB2 ha sido un auténtico desastre. El gobernador saliente, el republicano Pat McCrory, había convocado una Asamblea General de las dos cámaras del estado para este mismo miércoles, con el objeto de votar la derogación de la HB2. Pero los representantes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pusieron todo tipo de objeciones. Interminables interrupciones y recesos llevaron la sesión hasta altas horas de la madrugada, sin que en la Cámara de Representantes se llegara finalmente a realizar ninguna votación, dando la sesión por concluida sin haber tomado ninguna medida.  Para cancelar la ley los republicanos se inventaron otra, la SB4 (Senate Bill 4) que es, básicamente, una cancelación de la HB2. Pero en el último momento intentaron colar en la misma ley una moratoria de 6 meses durante los cuales ningún municipio podría aprobar ninguna ordenanza concerniente al empleo público o el uso de los baños.

En cuanto al Senado, la proposición de ley republicana que trataba de derogar la HB2 fue enmendada por el mismo partido, cuyos miembros votaron favorablemente añadir a la propuesta el establecimiento de un período de demora de seis meses —luego ampliado a todo el ejercicio de 2017—, durante el cual se prohibía aprobar cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los representantes demócratas acusaron a sus rivales parlamentarios de haberles engañado, pues esa demora, que suponía de hecho continuar con la misma situación, no había formado de los acuerdos.

Tras largos debates, se acordó finalmente someter a votación dos propuestas, una por la que se derogaba completamente la HB2, y otra que recogía la enmienda que incluía la moratoria. La primera propuesta, que suponía la completa derogación de la HB2, fue rechazada por 32 votos a 16. Tras la votación, la sesión quedó finalmente suspendida. La ley discriminatoria sigue totalmente en vigor en Carolina del Norte, con la anuencia del Partido Republicano, que ha conseguido además la claudicación del consejo de la ciudad de Charlotte.

Evidentemente esto ha enfadado muchísimo a los demócratas y a las organizaciones por los derechos del colectivo LGTB, que denuncian que los republicanos han jugado sucio para asegurarse que se eliminaba la ordenanza de Charlotte pero no la HB2: “Éste no era el trato. Esta ley rompe el acuerdo. Charlotte no habría eliminado su ordenanza si esta nueva ley hubiera sido lo acordado“, ha dicho el Senador demócrata Jeff Jackson.

Por su parte los republicanos se defienden diciendo que todo esto es culpa de los demócratas, que pretendían ceder ante la izquierda radical, que ellos no creen en ningún tipo de discriminación pero van a seguir apoyando la HB2 porque “ninguna presión económica, política o ideológica me va a convencer de que lo que está mal está bien. Y permitir que un hombre tenga acceso a los baños y duchas de las mujeres siempre estará mal“, ha dicho Dan Forest, el teniente de Gobernador.

Durante la sesión en la que los republicanos han engañado a todo el mundo se han podido oir gritos de “¡Vergüenza!” por parte de las personas que acudieron al acto. Mara Keisling, la directora del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha dicho que esta maniobra es inaceptable y que “las acciones de esta legislatura han demostrado a la gente de Carolina del Norte -particularmente a las personas transgénero- que no pueden tener ninguna fe en unos legisladores sinvergüenzas“.

Para Simone Bell, directora regional de Lambda Legal, “la Asamblea General y el gobernador McCrory están jugando al engaño político, y los ciudadanos de Carolina del Norte siguen perdiendo por ello. Es un ultraje que los legisladores de Carolina del Norte no sigan el mandato de los votantes y deroguen la HB2. Mientras la HB2 esté en vigor, miles de personas LGTB que consideran a Carolina del Norte su hogar, especialmente las personas transgénero, están siendo discriminadas y nunca se sentirán seguras. Ha sido un ejercicio contraproducente, al reafirmar al resto del país que Carolina del Norte quiere permanecer atascada en esta disputa divisiva”.

Por su parte, del director del Proyecto LGBT & VIH de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), James Esseks, consideraba que “es una pena que la Asamblea General de Carolina del Norte se haya negado a arreglar el desastre que habían cometido. El apoyo a la comunidad LGBT de líderes políticos, religiosos, empresas y personas de a pie que ha surgido este año no se desvanecerá. Los intentos de expulsar a las personas transgénero de la vida pública no serán tolerados. La legislatura no parece estar dispuesta a deshacer su extralimitación inconstitucional y respetar los derechos de las personas LGBT, así que tendremos que vernos en los tribunales”.

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