El título de esta noticia es tan escalofriante que parece irreal, pero es que uno de los presidentes más LGTBIbófobos que han dirigido Estados Unidos este último tiempo, de los más racistas e ignorantes (recordemos que ha sugerido inyectar desinfectante a los pacientes con coronavirus), Donald Trump, ha vuelto a hacer noticia por sus políticas de odio.

Y el momento es especialmente preocupante puesto que Estados Unidos se ha convertido en el principal foco mundial de coronavirus. Con un millón de casos diagnosticados y casi 60 mil personas fallecidas.

En medio de este escenario la administración de Trump distribuyó una nueva regla del Departamento de Salud y Servicios Humanos que eliminaría las protecciones a las personas transgénero aprobadas en la era Obama, este es el paso anterior a hacer pública la ley. La Casa Blanca también actualizó un sitio web para decir que la regla de Obama está bajo revisión.

La ley conocida como «Obamacare» prohibía la discriminación por «motivos de sexo» en la atención médica, puesto que las estadísticas son alarmantes. El Centro para el Progreso Americano (CAP) descubrió que el 29% de los adultos transgénero dijeron que un profesional de la salud se negó a verlos debido a su identidad de género.

La nueva ley de Trump haría esta discriminación legal. Si un profesional de la salud no quiere atender a una persona trans porque su odio es mayor que su ética, estaría amparado por ley.

Los estudios apuntan a que el colectivo LGTB tienen siete veces más probabilidades de decir que han evitado ir al médico por miedo a la discriminación, un fenómeno que los defensores advierten que podría ser mortal en medio de esta pandemia.

«Si la regla final se parece a la regla propuesta, estos cambios  serían dañinos en el mejor de los casos, pero son especialmente crueles en medio de una pandemia global que afecta desproporcionadamente a las comunidades vulnerables y exacerba las disparidades». dijo la profesora Katie Keith, activista LGTB.

Fuente Oveja Rosa

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Tres mujeres trans han sido asesinadas en Puerto Rico durante este mes de abril. Dos de ellas recibieron disparos de bala y sus cuerpos aparecieron calcinados en un vehículo el pasado martes. En las últimas horas ha trascendido también la noticia de la muerte de una tercera mujer, cuyo cuerpo apareció colgado y lleno de hematomas en un centro correccional. Tres nuertes que ocurren pocas semanas después del asesinato de otra mujer trans, acribillada a balazos también en Puerto Rico, después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar un baño público femenino.

La ola de transfobia no remite en Puerto Rico. Apenas una semanas después del bárbaro asesinato de Neulisa Alexa Luciano después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar el baño que correspondía a su identidad de género, nos llega la noticia de tres nuevas muertes de mujeres trans. En la madrugada del pasado martes eran asesinadas Serena Angelique Velázquez, de 32 años, natural de Nueva York, que se encontraba de vacaciones en la isla, y Layla Peláez, de 21 años, que también había vivido en Nueva York pero que llevaba dos meses en Puerto Rico. Acribilladas a balazos, sus cuerpos fueron encontrados calcinados en el vehículo propiedad de la madre de una de ellas en Humacao, al este de la isla, al que los asesinos habrían prendido fuego. Por el momento no hay detenidos. El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) ha exigido a las autoridades que se investigue la posible motivación tránsfoba en el asesinato.

Uno de sus portavoces, el conocido activista Pedro Julio Serrano, ha querido difundir en Twitter, a modo de homenaje, un fragmento de un vídeo publicado en YouTube por una de las mujeres asesinadas, en el que esta habla (en inglés) de la importancia de la autoestima y el amor propio:

Serena, una de las dos mujeres trans que fue brutalmente asesinada en Humacao, tenía su canal de YouTube.

Este es un pedazo de uno de sus vídeos —en el que habla del amor propio.#JusticiaParaSerena pic.twitter.com/ZK8SnsZ2Hy

— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) April 25, 2020

El propio Pedro Julio Serano difundía también en Twitter la noticia del asesinato de Penélope, una mujer trans de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado ahorcado con signos de violencia el pasado 13 de abril pasado en el complejo correccional de Bayamón:

Penélope —otra víctima de la ola de violencia anti-LGBTTIQ en Puerto Rico— fue encontrada ahorcada y con hematomas en su cuerpo el 13 de abril en la cárcel de Bayamón.

Penélope es la quinta persona trans o que no confoma el género asesinada en dos meses.#JusticiaParaPenélope pic.twitter.com/HMythDvgdi

— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) April 25, 2020

«Recién nos enteramos de que otro miembro de nuestra comunidad LGBTTIQ ha sido asesinado. Se trata de Pablo Díaz Ramírez, a quien llamaban Penélope. Ya no queda dudas, esto se trata de una epidemia de violencia anti-LGBTTIQ. La Policía tiene la obligación de divulgar el estatus de las investigaciones de al menos ocho asesinatos, una muerte sin causa determinada y varios ataques en los que personas LGBTTIQ han sido heridas desde enero de 2019», ha declarado Serrano a Metro Puerto Rico.

El asesino de Penélope, José Villafañe Cotto, de 32 años, ha recibido cargos por asesinato y destrucción de evidencia, informó la Policía. El reo confeso utilizó un pedazo de tela para estrangular a Penélope. Después, destruyó la evidencia utilizada para cometer el crimen. La jueza Eilyn Torres Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa en todos los delitos y le fijó una fianza de $1,000,000. Posteriormente, ordenó su reingreso al Complejo Correccional, hasta el día de la vista preliminar pautada para el 22 de junio.

Radican cargos al asesino de Penélope — la quinta persona trans en ser asesinada en los pasados dos meses. #JusticiaParaPenélope https://t.co/evKbViX4my

— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) April 25, 2020

De los ochos asesinatos que menciona Serrano, cinco corresponden a personas trans y han ocurrido en el espacio de unas pocas semanas: los ya mencionados de Neulisa Alexia Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez y Penélope Díaz, al los que se suma el de Yampi Méndez, (cuyo nombre de nacimiento era Angélica Marie Méndez Arocho ) un joven trans de 19 años asesinado en Moca, al noroeste de Puerto Rico.El crimen ocurrió a eso de las 8:30 p.m. del jueves, en la carretera PR-4444, del sector El Limón, del barrio Cuchillas de Moca, cerca de un parque de pelota.

Yampi Méndez

Además, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) volvió a reclamar al Negociado de la Policía que trate con sensibilidad los casos que pudiesen involucrar a miembros de la comunidad LGBTTIQ, ya que pudieron haber vuelto a fallar en identificar como mujer a Yampi

Según el activista homosexual Pedro Julio Serrano, “los protocolos de la Policía y Justicia sobre los crímenes en contra de personas LGBTTIQ establecen que se investigue el ángulo de odio en estos casos. Si el trato de este asesinato de Yampi se suma al mal manejo del asesinato de Alexa, estamos hablando de una crisis de confianza de las comunidades LGBTTIQ hacia la Policía, porque están incumpliendo con sus propios protocolos de atender con dignidad y sensibilidad los casos con la comunidad trans». El activista hizo mención al caso de Alexa, pues la Policía lo trató como un crimen de un “hombre con falda” y su deceso fue incluido en las estadísticas de asesinato de varones adultos.

Para sostener sus argumentos, el grupo CABE divulgó el protocolo para atender a los miembros de la comunidad LGBTTIQ. El mismo establece el proceso para identificar a algún miembro de este grupo y comenzar la pesquisa basada en un crimen de prejuicio o de odio. Por ello, el abogado Osvaldo Burgos afirmó que se requiere un trato digno a la comunidad LGBTTIQ y el cumplimiento de lo establecido en la Reforma de la Policía.

“Pedimos encarecidamente a los medios y a las autoridades que utilicen pronombres neutrales si no conocen la identidad o expresión de género de las víctimas. Aún no sabemos cuál es el móvil de este asesinato, ya que hay informaciones de que Yampi tuvo una discusión con una mujer antes de su muerte y ella ha sido entrevistada por las autoridades. Cualquiera que sea el caso, es muy probable que Yampi haya sido miembro de nuestras comunidades LGBTTIQ y exigimos un trato digno a su identidad y expresión de género”, expresó.

Por su parte, la portavoz de Matria, Amarilis Pagán, agregó que “las comunidades LGBTTIQ están atravesando un momento sumamente difícil tras el vil asesinato de Alexa, por lo que levantamos bandera ante el asesinato de Yampi en Moca de que se pudiera tratar de una persona de nuestras comunidades. Aunque su familia y las autoridades identifican a la víctima como mujer, en sus redes sociales, Yampi tenía una expresión de género como hombre, utilizaba pronombres masculinos y podía ser percibido como un hombre trans. En todo caso, exigimos que las autoridades no descarten ningún ángulo en su pesquisa”.

Fuente Dosmanzanas/Primera Hora

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Por María Eugenia Ludueña

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

Gabriela y su amigo atacado llegaron en ambulancia al hospital de Trauma y emergencias de Malvinas Argentinas, donde quedó internada y días después pidió el alta voluntaria para irse a su casa, con su madre. “Estoy viviendo de onda en este momento y este plano. Tengo una mano inútil y la voz ronca. Me dio 9 puñaladas y me salvé porque no tocó la aorta”, dice a Presentes en voz muy baja, sentada en la cama de dos plazas y con temor de que sus cuerdas vocales hayan sufrido un daño irreparable. La investigación fue caratulada como tentativa de homicidio y está en manos de la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas.

La violencia contra Gabriela se suma a la larga lista de violencias, denunciada por distintas organizaciones en Argentina y en América Latina, donde las personas LGBT+ y en especial las trans están entre los grupos más afectados por el impacto de la pandemia. Porque las medidas para restringir la propagación del Coronavirus evidenciaron y agudizaron desigualdades preexistentes, tal como vienen expresando distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La causa está en plena investigación, es muy reciente. Se había pedido la detención del acusado al juzgado de Garantías nro. 2”, dijeron a Presentes desde el área de prensa de la Fiscalía de Malvinas. “El martes 21 de abril se intentó efectivizar la detención, pero no lo encontraron en su casa, de modo que no pudo hacerse. Ayer la fiscal pidió su captura. Aunque no está resuelto aún por el juzgado”, informaron.

Gabriela tiene la mano derecha completamente vendada e inmovilizada, otra venda que le cubre parte del cuello y la nuca, y mucho miedo de que su agresor, que vive a dos cuadras, regrese. Es una persona que ella conoce, alguien del barrio, un hombre de unos 30 años, que –cuenta –, había salido hace tres meses de un penal, después de pasar 13 años preso, y con consumos problemáticos. “Por prostitución a veces tengo que atender a un montón de esos tipos”.

“Me vi muerta, tirada en el piso”

Hace tiempo, él le había enviado un mail con otro nombre y le había mandado una foto íntima a su teléfono. “Lo bloqueé. Pero un día lo terminé atendiendo. Me pareció un muchacho extraño. Lo atendí otra vez. Me decía que quería que fuera de él, que si quería, no nos cuidábamos. Yo le decía: soy una mina grande para esto. Y esta última vez, aquel domingo a la noche, ya había venido con algo de dinero y con drogas. Yo le decía hasta acá llegamos. Si vas a volver volvé con lo que hablamos. Se fue, tardó como 20 minutos. Le pedí que me diera el dinero. Me decía que antes quería cocinar. Yo le decía primero lo primero. Soy una mina grande. Y empezó “no seas así”, quería cocinar (pasta base). Le di la espalda y cuando yo estaba desprevenida, me clavó de atrás una puñalada que me cruzó la garganta y luego varias más. No aceptó el no”.

Gabriela dice que cayó al piso y aunque sintió que se ahogaba con la sangre “Parecía American Horror Story”), se agarró las manos a la nuca para protegerse. “Me vi muerta, tirada en el piso, pensé que no me levantaba más. Cuando entró el cuchillo, sentí el sonido del filo, como si clavaran un telgopor”.

Mientras ella yacía sangrante en el piso, el agresor fue a la otra habitación y empezó a apuñalar al amigo. “Él se pudo defender, porque no lo agarró desprevenido, y luego huyó. Mi amigo llamó al 911, llegaron la Policía y la ambulancia”.

Hace muchos años Gabriela sufrió otra agresión, pero de un ex marido.”Cuando me dejó casi morí de depresión. Cuando me puse bien, quiso volver e intentó ahorcarme con un toallón. Hay hombres que no aceptan el no. Se creen que tenemos que acceder a todo”.

Del hospital se dio el “alta voluntaria” porque no soportaba estar sola: por la cuarentena estaba prohibido que alguien la viera. Quería volver a su casa, donde vive junto a su madre Elsa, adulta mayor. Ella no puede quitarse de la mente lo que vio. “Parecía que habían matado a una vaca. Yo perdí a mi hijo de 32 años, que falleció en un accidente laboral. Esto es distinto, pero la imagen no se me va”, dice Elsa.

Madre e hija pasan los días en la misma habitación donde duermen, comen, cocinan, miran las noticias de la pandemia por televisión mientras esperan otra noticia: la detención del agresor.

Ayuda estatal

Después del intento de travesticidio y en medio de la cuarentena, las redes se activaron. En distintos momentos de su vida, Gabriela además ha participado como militante activa de organizaciones de la diversidad y derechos humanos. Por estos días recibió muchos llamados de sus compañeras. Algunas se acercaron hasta la puerta para alcanzarle comida. Otras sirvieron de enlace para gestionar la ayuda con el Estado.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de una activista trans, Alba Rueda, le hizo llegar módulos alimentarios, artículos de higiene y medicación.

“Estamos acompañando a Gabriela con la Línea 144 la parte judicial y articulando con el Estado. Además hay una valiosa red de compañeras en las tareas de cuidado. Es una tarea horizontal que hace nuestra generación, dando alertas, perspectivas, acercando demandas. Saben qué quieren del Estado, cómo exigirle. Y lo que falta en esta emergencia a veces es la articulación integral para acompañar y estar a la altura”, dice Rueda a Presentes. Desde su rol, dice que ve a funcionarixs preocupadxs por estos temas. “No es un dato indiferente. De esa preocupación hay que generar algo para trabajar en la integralidad en la prevención de las violencias. Es un desafío a nivel burocracia del Estado, que las acciones sean coordinadas y tengan sustentabilidad en esta emergencia. Dar una respuesta integral a las compañeras desde las insituciones en este momento es el desafío”.

Desde la dirección de DDHH de Malvinas Argentinas, van a acompañarla también en la causa judicial para que se investigue lo que pasó como un intento de travesticidio. La directora del área, Zulma Vela, se acercó hoy y se comprometió a acompañar el lunes a la madre a retirar el DNI de la víctima, que nadie sabe por qué quedó en la fiscalía.

Gabriela estaba en un tratamiento para adicciones cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Hoy, a partir del intento de travesticidio, está con acompañamiento terapeútico desde el Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual.

Cada tanto mira su celular, lleno de mensajes solidarios de sus compañeres. Espera la noticia que la tranquilice. “Como no me morí, dije tengo que vivir. Estoy intentando hacerlo, por todos los medios”.

Un Municipio “familiar”

Violeta Alegre – que creció y vivió hasta hace tres años en Grand Bourg- es una de las activistas que se acercaron hasta la casa de Gabriela. Se conocían de la militancia, hace muchos años. “El eslogan de Malvinas Argentinas es “el lugar de la familia” y se ve el relieve de una familia (Mamá, papá y sus niñxs). Me preocupa mucho que aun los intendentes municipales no asuman un compromiso con el colectivo LGBT. En el Hospital municipal de Trauma realizan hace muchos años cirugías “estéticas” pagas usufructuando de las instalaciones del hospital, hace unos 5 años atrás recuerdo haber ido a averiguar con el equipo de cirugía estética por los implantes mamarios, me dieron un turno y me vio el equipo, me dio sus recomendaciones, pero me informaron al final de la consulta que la cirugía no me la podían realizar porque el jefe de cirugía era religioso y no aceptaba hacer ese tipo de intervenciones a personas trans en el hospital”, dice. Y afirma que el municipio de Malvinas Argentinas no cumple al día de hoy con la ya reglamentada en Provincia de Buenos Aires, la Ley de Cupo laboral Trans.

“La mayoría de las chicas de Malvinas necesitan políticas públicas que mejoren sus calidades de vida, y podremos decir que ese es un problema en general de la población, pero en esa zona es muchísimo peor, la discriminación, el abandono y la estigmatización que se vive”.

“No fue un crimen pasional”

Gabriela convive con otras afecciones y desde hace varios meses, dejó de tratarse. Por ahora lo que se está trata a diario son las curaciones de las heridas. Aún se siente muy dolorida, pero más avergonzada: “Como abolicionista me da vergüenza tener que reconocer que me estoy prostituyendo”. Desde junio de 2019, cuando le dijeron que tenía pólipos cancerígenos, “volví a la prostitución y a consumir. Yo no salía a trabajar sino a regalar. Regalé mi orgullo, regalé ego, regalé dignidad”, dice, y su voz se apaga. Pero algo de la furia trava que la hace una sobreviviente se vuelve a encender:

–Quiero que se sepa la verdad, no la mentira que inventó Crónica –dice y no está enojada sino llena de pena–. No fue un crimen pasional. No era un ex cliente enamorado. Yo no estaba con mi pareja, sino con mi amigo que vive al fondo. Fue un intento de travesticidio. 

Fuente Agencia Presentes

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Por Mariana Guzzante

 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Julieta Antúnez Ríos forma parte del personal sanitario del Hospital Italiano de Mendoza y desde desde allí le frente a la pandemia de la COVID-19. Y la desvela la emergencia de la comunidad trans travesti que sufre desalojo y hambre. “No basta con la bolsa de comida para la foto. Necesitamos la Ley de cupo laboral trans Lohana Berkins”.

“Somos la generación de las dos pandemias”, dice Julieta Antúnez Ríos a Presentes al principio de la entrevista. Recuerda los días de la H1N1 desde el contexto, ahora, de la COVID, tan sólo una década después. Hoy trabaja en el Hospital Italiano de Mendoza y hace un mes que no ve a sus padres, hermanos y sobrinos.

“Esta pandemia hay que vivirla con información, para voltear miedos pero también para minimizar los errores”, aconseja. En este último mes, además de trabajar en el hospital, grabó videos para redes sociales sobre medidas para prevenir el coronavirus.

Hace 13 años que se recibió de enfermera. Comenzó a estudiar con su identidad biológica, pero le dieron el título con su verdadera identidad. Julieta ha desarrollado su profesión en el Hospital Italiano de Mendoza.  Allí, una vez electa como delegada sindical, se puso las prótesis.  “Había que poner el cuerpo, no te podías quedar en el discurso”. Parada en la militancia trans, la actividad sindical, y la vocación de servicio, se dedicó diez años a Urgencias. Y lleva tres en Administración.

“Fácil no fue: si a las mujeres las miden con doble vara, a nosotras con triple”, cuenta a Presentes. “Las enfermeras somos el nexo entre el sistema y el paciente. Caminamos en la delgada línea entre la vida y la muerte. La tarea de enfermeras y enfermeros es invaluable y siempre menos reconocida que la del médico”. Por eso la AMS (justo antes de la pandemia) declaró a 2020 como Año del Personal de Enfermería.

Hoy, 14 % de los contagiados por COVID-19 es personal sanitario. “Claro que tenemos miedo, pero estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno, el otro 50 lo tiene que poner la ciudadanía. Los que me parecen un peligro son los que subestiman la pandemia y creen que todo es un gran invento”.

Pero una de las mayores preocupaciones de Julieta pasa por la emergencia de la comunidad trans de Mendoza. “La vulnerabilidad del colectivo es terrible. Y no se soluciona con una bolsa de comida y posar para la foto. Eso me parece insultante. Tienen que dejar de levantar la bandera de colores desde el escritorio y pensar políticas públicas concretas. Necesitamos la ley de cupo laboral Lohana Berkins”.

Sin techo ni ley

“Para muchas compañeras, un 85%, la única alternativa de sustento es la prostitución. Y en este contexto no hay ni posibilidades ni clientes. Muchas comparten habitación o alquilan en pensiones y pagan por día o por semana. Si no tienen clientes, no comen. Quedan en la calle”. Julieta hace el diagnóstico con dolor. “¿Y cómo hablar del barbijo a una persona con hambre?”  Que el acceso a la vivienda está directamente relacionado con la inserción laboral trans travesti, lo viene diciendo (y militando) desde hace tiempo.

“En 2015, presentamos a través del PJ un proyecto de Ley que fue cajoneado. Dos años después se volvió a presentar por el FIT y se cajoneó de nuevo”. En marzo de este año, junto a la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, insistieron, con el aval de diputados de todo el arco político.

La Liga es una organización cuyas acciones colectivas se orientan a la promoción de los Derechos Humanos de las disidencias que habitan las regiones Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia. “Es un espacio disidente, federal, nacional, popular, democrático y feminista. Está integrada por 32 agrupaciones, con presencia en 16 Provincias y 37 localidades de la República Argentina”. Según su informe, la emergencia del colectivo arroja cifras desesperantes: El 91% no tiene un trabajo registrado. El 82% atribuye esas dificultades a la discriminación por identidad y/o expresión de género. El 45% ejerce o ejerció el trabajo sexual y/o está o estuvo en situación de prostitución. La cifra asciende a 85% entre las mujeres y feminidades trans y travestis. El 64% de las personas trans y travestis no tiene cobertura de salud. El 58% ha sufrido violencia por parte de las fuerzas policiales. Y 36 años es la expectativa de vida promedio.

La ley que impulsan Julieta y sus compañeras lleva el nombre de Lohana Berkins, en honor a la  activista travesti fallecida en 2016, y es uno de los proyectos a nivel nacional de cupo laboral trans. Julieta hace una aclaración: “No nos gusta hablar de cupo sino de piso. Creemos que el cupo lleva implícito un techo y, de alguna forma, una idea de concesión. Para que la inclusión sea real, nos parece mejor establecer un mínimo para que, desde ahí, pueda seguir creciendo el número de trabajadorxs”.

Esa meta no descansa. Tampoco su análisis permanente de los datos de la pandemia. Mira números, lee informes y observa la reacción de la naturaleza. El aire de Mendoza se ha purificado un 60%, por ejemplo. El hombre es un animal dañino, piensa. Pero terminada la jornada en el hospital, vuelve a encender la cámara para subir otro video contra el virus y cuidar a todxs los que pueda.

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Fuente Agencia Presentes

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Por Elena Corvalán, desde Jujuy

Delfina Antonella Díaz es una chica trans de 19 años que vive en Libertador General San Martín (la ciudad del Ingenio Ledesma), en la provincia de Jujuy, donde el domingo pasado fue detenida por cuatro policías, tres varones y una mujer. Lo hicieron, supuestamente, en el marco de las medidas de prohibición de circulación por el coronavirus. Según contó a Presentes, la llevaron a un descampado donde abusaron de ella diciendo que la iban a “hacer macho”. Luego uno la amenazó para que no hablara. Recién fue liberada al día siguiente. Y tras dominar el temor, se decidió a hacer la denuncia penal contra sus agresorxs.

Delfina Diaz tiene el acompañamiento de representantes de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Derechos Sociales (ANDHES) y el Movimiento Ailen Chambi, que el viernes último denunciaron este hecho ante el Ministerio de Seguridad de la provincia y pidieron al gobierno de Jujuy que se inicie una investigación administrativa, se aparte de la fuerza a lxs policías involucradxs y se garantice la seguridad de la denunciante.

La agresión se cometió en los primeros minutos del lunes 13. La joven estaba junto a unas amigas en la vereda de una vivienda en el barrio Eva Perón, de Libertador. Hubo una intervención de la Comisaría Nº 39, por violación a la cuarentena por el coronavirus, con colaboración del Cuerpo de Infantería. Según contó Delfina, los policías “muy agresivamente” les dijeron que se levantaran y “comenzaron a tirar las sillas a la calle”, ella les recriminó la violencia e intentó meter las sillas en la casa, entonces uno de los policías la sujetó del cuello y la llevó a la patrulla.

Delfina pidió a sus amigas que avisaran a su madre. En esa circunstancia la “policía femenina me mete una piña en la cara diciéndome que me calle”, Delfina gritó, y “me volvió a pegar dos veces más” en la cara. La llevaron a la vuelta, al costado de un canal, donde hay un descampado que se usa como cancha. “Frenan y me comienzan a insultar, que ahora me van a volver macho, que soy un puto, me pegaban, me metían patadas en las piernas”. Le ordenaron bajarse el pantalón, Delfina se resistió, un policía le sacó el pantalón y comenzaron tocarla y a pegarle en sus genitales. Según cuenta Delfina, la mujer policía les dijo que la violaran con la cachiporra. En esas circunstancias, en medio de los golpes y el abuso sexual, Delfina fingió una convulsión.

“La enfermera me miraba y se reía”

Esto asustó a lxs policías y abandonaron los vejámenes y la llevaron a una dependencia del sistema de emergencias médicas SAME, la subieron a una ambulancia, donde Delfina reveló su estrategia para salvarse y relató la situación que había pasado. Sin embargo, “la enfermera me miraba y se reía, ‘no podés decir eso así, tan mentira’”, la retó. Luego habló con uno de los policías, “me miraban y se reían, y la enfermera anotó unas cosas”.

Tras eso la subieron de nuevo en la patrulla, pasaron por la Comisaría Seccional N° 39, Hugo Salomón Guerra, donde subieron a dos menores de edad y lxs trasladaron al Hospital Oscar Orías. Pero Delfina nunca fue bajada para que la revisara un médico. En cambio, en un momento quedó con uno de lxs cuatro policías agresorxs: “Él sube, me agarra del cuello y me dijo que si yo llegara a hablar, si llegaba a decir algo de lo que ellos me habían hecho, que ellos me iban a seguir haciendo lo mismo, me iban a llevar a la celda, me iban a meter con los presos y me iban a seguir pegando”, dijo Delfina a Presentes. Allí respondió con un insulto y recibió una bofetada en la boca. “Me dijo ‘ahora te vamos a hacer una causa por narcotráfico’”, y la llevaron a Toxicomanía.

Lxs policías denunciaron que en una riñonera que la joven llevaba encontraron una sustancia alucinógena. Delfina aseguró que esa riñonera le pertenecía a una amiga a la que le había pedido un poco antes, y aseguró que firmó el texto que lxs policías le acercaron porque “estaba tan mal” que ni lo leyó. Ya era cerca de las 4 de la mañana.

Las comisarías ocultaron información

“Al ratito llegó mi mamá. Ellos me pidieron que no gritara, que no diga nada. La escuchaba a mi mamá llorar afuera, diciendo que no le querían dar información de donde estaba yo”. Delfina relató que desde el momento de su detención su madre “estuvo buscando en todas las comisarías” y “en las ocho comisarías le ocultaron la información”.

La joven pasó la noche en la Comisaría N° 24 y recuperó la libertad recién a las 12.30 de ese lunes. “La verdad es que tenía miedo de hacer la denuncia”, pero “la tuve que hacer porque hoy me tocó a mí, mañana le puede pasar a otra persona, sea trans, sea chica, sea varón”, relató a Presentes. Añadió que es la segunda vez que sufre la violencia policial, la primera vez, hace unos tres años, la detuvieron junto a otras dos chicas trans y las obligaron a tener relaciones sexuales a la vista de un grupo de policías.

Intervención de organizaciones de ddhh

Cuando se conoció la denuncia de Delfina por la agresión del lunes, la joven recibió llamadas de organismos del Estado provincial, como el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género y organizaciones no gubernamentales como ANDHES y el Movimiento Ailen Chambi. También, del INADI y la Secretaría de la Derechos Humanos de la Nación.

Las abogadas Malka Manestar y Marina Vilte vienen acompañando a Delfina y a su madre desde que el hecho se hizo público. El viernes ambas presentaron la denuncia ante el Ministerio de Seguridad.

“Denunciamos la gravedad de cómo se dio la situación esta”, contó Manestar a Presentes. La abogada puso énfasis en el pedido de garantía de seguridad para Delfina Díaz. “Muchas veces cuando hay hechos de violencia institucional, las víctimas tienen miedo de denunciar por las represalias que pueda tener la Policía. En este caso entendemos que Delfina está siendo súper valiente en denunciar y por ese motivo también nosotras estamos decididas a acompañarla en todo lo que podamos, porque entendemos la gravedad de la denuncia que está haciendo, porque no solamente estamos hablando de la violencia institucional que se ha ejercido sobre ella, sino que también estamos hablando de una violencia de tipo sexual”, explicó.

Manestar y Vilte también pidieron que el gobierno de Jujuy “implemente políticas públicas destinadas a la formación de su personal, y más teniendo en cuenta que tenemos en vigencia Micaela, que evidentemente no se está aplicando, porque Delfina sufrió no solamente la violencia en el momento de su detención y todo lo que ello implicó (…), sino que también sufrió violencia institucional” porque no se le respetó su identidad autopercibida, “sino que se coloca el nombre que ella tiene en el DNI, y esto sabemos que es totalmente violatorio de su dignidad, del trato que se le tiene que dar”. Precisamente, la ley de identidad de género establece que a “la persona, independientemente que haya o no haya hecho el cambio de identidad, se le tiene que respetar su identidad autopercibida. Y ella permanentemente comenta esto que la trataban como él”, además de que el procedimiento fue realizado por policías varones, sostuvo Manestar.

Una causa contra la víctima

El jefe de la Policía de Jujuy, el comisario mayor Juan Segovia, dijo a Presentes que hay denuncias cruzadas. “Hay una causa judicial en principio en contra de esta chica”, se le atribuyen “una contravención por violación de la cuarentena y por ebriedad escandalosa” y también una causa penal por “un secuestro de sustancias también allí, en el lugar”, sostuvo. Añadió que por otro lado está la denuncia de Delfina Díaz contra los policías, en la que está interviniendo la Fiscalía Penal de San Pedro, y “nosotros también en la faz administrativa tenemos que adoptar medidas”, pero “nos tenemos que ajustar conforme se vaya expidiendo la justicia”. Añadió que a lxs cuatro policías, tres de Infantería y uno de la Comsiaría 39, se lxs están trasladando, “para evitar cualquier otra cuestión u otro inconveniente entre la chica esta y los policías, los estamos sacando de Libertador”.

Para Manestar, este hecho es la expresión de “la violencia histórica, estructural, sistemática que atraviesan las mujeres trans y que tiene que ver también con estas cuestiones discriminatorias, estigmatizantes y violentas que aún persisten en nuestra sociedad”.

Vilte, por su parte, consideró que esta “es una nueva oportunidad que tiene el Estado jujeño para dar una respuesta significativa que empiece a marcar una profundización en la garantía de los derechos de toda nuestra comunidad. Estamos en Jujuy muy golpeados a nivel institucional, a nivel justicia, pero creemos que es sumamente necesario que esto no quede en la nada, porque la comunidad, a lo largo de estos años ha conquistado un montón de derechos a nivel legal pero necesitamos este cambio cultural para que haya una igualdad real”.

Vilte coincidió en que en Jujuy existe una violencia estructural contra las disidencias. En ese contexto, cualquier demora o detención “tiene siempre en Jujuy la veta de que nunca se respeta la identidad de las personas trans sobre todo”.

Contexto de discriminación a personas LGBT

Como muestra de la violencia institucional imperante, la abogada contó que en el año de existencia del Movimiento Ailen Chambi, recibieron denuncias “respecto a detenciones arbitrarias o irregulares” y de “violencia institucional en otros ámbitos, por ejemplo, en cuanto a la registración de infancias trans, a la inscripción de comaternidades”. Dijo que hubo casos de niños que estaban anotados con una sola madre, “pudimos avanzar en tres casos de comaternidades irregulares, eran compañeras que estaban casadas, tenían la inscripción de matrimonio a su favor y no les inscribían a los hijos”. Incluso, “a partir de estos casos hemos tomado conocimiento que hasta el año pasado, estamos hablando de 2019, algunos registros civiles de Jujuy se negaban a casar a las compañeras”.

Vilte destacó que una de las motivaciones para acompañar a Delfina Díaz es la necesidad de que “Jujuy empiece a marcar precedentes”. “Lo único que hay a nivel institucional acá es un poco de asistencialismo, que no viene mal, pero que si no va acompañado de políticas públicas, del respeto a los derechos y las garantías de la comunidad, de poco sirven, porque después pasan estos casos de abusos, se naturalizan”, advirtió. En ese sentido interpretó que es necesario un trabajo “desde las instituciones”, porque, si no, “esto se va a seguir repitiendo porque se naturaliza la violencia”.

También el delegado del INADI en Jujuy, Walter Méndez, consideró “importante” que haya una articulación “con otras organizaciones y organismos de ddhh” para prevenir que no vuelva a suceder un hecho similar. “La gravedad de lo sucedido no se puede tolerar”, sostuvo ante la consulta de Presentes. Añadió que con ANDHES y el Movimiento Ailen Chambi están trabajando para exigir a la Policía “cuál sería el compromiso de la fuerza de seguridad para que eso no se repita”.

Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que poco antes del inicio de la cuarentena habilitó Centros de Atención Integral a la Diversidad, acompañó a Delfina en presentaciones formales que hizo en los Tribunales de la ciudad de San Pedro, a cuya jurisdicción corresponde Libertador. Desde el Consejo se indicó a Presentes que también brindarán asistencia psicológica y que la patrocinarán en una querella, si es que decide hacerla. El Consejo informó que en lo que lleva de funcionamiento de los Centros de Atención Integral, recibieron 160 llamados denunciando situaciones de violencia institucional o desamparo de integrantxs de la comunidad LGTTTBIQOA+.

Manestar, por su parte, destacó que en los controles por la pandemia ven “muchos hechos de abuso policial”. En este marco, lo que sufrió Delfina “tiene que ver con su condición de identidad de género, con que las mujeres trans sufren de manera sistemática violencia por parte de la fuerza, y también tiene que ver con que en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el estado provincial al implementar políticas paliativas de corte totalmente punitivo represivo, como que agrava aún más la situación”.

Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que poco antes del inicio de la cuarentena habilitó Centros de Atención Integral a la Diversidad, acompañó a Delfina en presentaciones formales que hizo en los Tribunales de la ciudad de San Pedro, a cuya jurisdicción corresponde Libertador. Desde el Consejo se indicó a Presentes que también brindarán asistencia psicológica y que la patrocinarán en una querella, si es que decide hacerla. El Consejo informó que en lo que lleva de funcionamiento de los Centros de Atención Integral, recibieron 160 llamados denunciando situaciones de violencia institucional o desamparo de integrantxs de la comunidad LGTTTBIQOA+.

Manestar, por su parte, destacó que en los controles por la pandemia ven “muchos hechos de abuso policial”. En este marco, lo que sufrió Delfina “tiene que ver con su condición de identidad de género, con que las mujeres trans sufren de manera sistemática violencia por parte de la fuerza, y también tiene que ver con que en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el estado provincial al implementar políticas paliativas de corte totalmente punitivo represivo, como que agrava aún más la situación”.

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Fuente Agencia Presentes

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El pasado viernes, el Parlamento Europeo incluyó, en una amplia resolución referida a la respuesta europea al coronavirus, una referencia expresa al ataque a los derechos de las personas trans e intersexuales que el Gobierno húngaro ha pergeñado con esta excusa. Por otra parte, un grupo de 63 eurodiputados ha dirigido una carta al Gobierno húngaro en la que solicitan que dé marcha atrás en su proyecto de negar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y de las personas intersexuales. Solo cuatro de ellos son españoles. 

Hace un par de semanas informamos de que el Gobierno húngaro ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil con objeto de impedir que las personas trans (así como las personas intersexuales en desacuerdo el sexo que les fue asignado al nacer) puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. La reforma, de amplísimo calado, aparece sin embargo «disimulada» como un apartado más (el 33) más dentro de un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias.

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. La respuesta expresa del resto de países y de la propia institución comunitaria es, por el momento, tibia, más allá de advertencias genéricas sobre la evolución del Estado de derecho en Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y ha asegurado estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans).

Por el momento, lo único que nos consta que el Parlamento Europeo incluyó en su resolución de este viernes 17 de abril en la que demanda una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones «rechaza enérgicamente toda tentativa de retroceder en lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI y, en este contexto, condena las tentativas de penalizar más severamente la asistencia en caso de aborto, estigmatizar a las personas seropositivas por HIV y reducir el acceso de los jóvenes a la educación sexual en Polonia, así como los ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Un rechazo que se agradece, pero que por el momento no tiene más valor que el meramente declarativo.

Más interesante nos resulta, como termómetro de la preocupación real que esta cuestión genera entre los eurodiputados, la carta que un grupo de ellos ha dirigido al Gobierno húngaro reclamando que dé marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explica que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. De hecho, la legislación aún vigente en Hungría contempla que sus ciudadanos pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género con un informe médico al respecto pero sin están obligados a acreditar, por ejemplo, que se han sometido a tratamiento hormonal o a cirugía de reasignación. En este sentido, se trata de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Lamentablemente, la carta está firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros. Solo cuatro de ellos son españoles. Se trata de los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Mónica Silvana González (del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), el diputado de Catalunya en Comú Ernest Urtasun (grupo Verdes/Alianza Libre Europea) y el diputado de Junts per Catalunya Antoni Comín (no inscrito). Ello no le quita valor, pero nos hubiera gustado ver más firmas respaldándola.

Fuente Dosmanzanas

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Las solicitudes de ayuda a la asociación por parte de personas trans se han duplicado desde la entrada en vigor del estado de alarma. Esta iniciativa pretende dar una cobertura básica en materia de vivienda, comida y productos básicos.

La crisis económica y social que está provocando la pandemia del coronavirus sitúa a las personas trans como uno de los colectivos más afectados. Llueve, además, sobre mojado: según un gran estudio realizado en España sobre la realidad social de las personas trans -realizado por la Universidad de Málaga en 2011-, solo el 22,2% de personas de este colectivo cuenta con un trabajo estable. Una cifra que, lejos de reducirse con el paso de los años, se dispara hasta un 85% en otras estimaciones más recientes.

Esta situación indica una clara discriminación social y obliga a buena parte de ese alrededor del 80% de personas trans en situación de desempleo a buscar una ocupación en la economía sumergida y recurrir al trabajo sexual como fuente de ingresos. Algo que se hace imposible en la situación actual de confinamiento para luchar contra la COVID-19, por lo que la situación de muchas personas trans se hace, si cabe, mucho más desesperanzadora que la del resto de la sociedad.

La Fundación 26 de Diciembre de mayores LGTB también trabaja por la inclusión sociolaboral del colectivo trans a través del Proyecto Ámbar. Un programa que, ante el parón empresarial y el confinamiento, ha iniciado una campaña de donaciones para dar respuesta al aluvión de solicitudes de ayuda por parte de personas trans que se ven en situación de extrema necesidad. Si el programa contaba en un principio con unos 115 destinatarios, más de 150 nuevas personas han recurrido a la fundación solicitando ayuda al no poder hacer frente a los gastos mínimos para cubrir sus necesidades básicas.

Para dar respuesta a tales necesidades, la organización impulsa la campaña #SolidaridadTrans, con la que a través de donaciones pretenden recaudar fondos suficientes para apoyar a las personas trans en sus necesidades diarias más básicas, como el pago de la vivienda (alquiler, hipoteca, facturas de luz, agua o gas), la adquisición de comida, documentación y otros productos básicos. «La población trans es un colectivo invisibilizado dentro de la comunidad LGTBI y no somos conscientes de que existe una parte del colectivo tan vulnerable», explica Pedro Bogo, responsable del Proyecto Ámbar y de la puesta en marcha de esta campaña.

Para colaborar con #Solidaridadtrans, se pueden hacer donaciones a través de la página www.fundacion26d.org/solidaridadtrans o bien mediante transferencia bancaria en la C.C: BBVA: ES13 0182 1245 1702 0159 5404, con el asunto SolidaridadTrans. Desde la fundación también se realiza una invitación a las empresas para que entren a formar parte de la Red Ámbar y den oportunidades de formación y contratación a estas personas.

Todas las personas adscritas para recibir las ayudas de la campaña #SolidaridadTrans quedarán a su vez dentro del Proyecto Ámbar, a través del cual podrán acceder a formación, orientación y a la oportunidad de encontrar un empleo. Las personas que deseen entrar en esta bolsa de ayuda pueden contactar en el teléfono 640 267 302 o escribir a proyectoambar@fundacion26d.org

El Proyecto Ámbar cuenta con más de una veintena de empresas colaboradoras entre las que se encuentran marcas tan reconocidas como Pantene o Carrefour y tan comprometidas como REDI, Peluquerías Cortacabeza o MyGwork, entre otras muchas. Otras impulsoras del proyecto y de la campaña #SolidaridadTrans esta campaña son las empresas Lal La Buya, Factoría Cariño y Suma Latina Producciones. Desde su puesta en marcha a mediados del pasado año, este programa ha conseguido dar trabajo a más de 25 personas trans. Este programa está subvencionado por la Comunidad de Madrid.

Fuente Dosmanzanas

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El ejército controla el tráfico en Perú el 16 de marzo de 2020, en un intento de persuadir a la población para que se quede en casa (BOURONCLE / AFP / Getty)

Perú ha retrocedido en sus controvertidas leyes de bloqueo basadas en el género luego de una protesta de la comunidad trans.

Según las estrictas medidas, los hombres solo podían salir de casa los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres podían hacerlo los martes, jueves y sábados. Los domingos, a nadie se le permitía salir.

«Las fuerzas armadas y la policía nacional tendrán instrucciones claras para que esto no sea en absoluto un pretexto para ninguna medida homofóbica«, prometió el presidente peruano Martin Vizcarra, quien dijo que a la policía se le había dicho que respetara las identidades de género de las personas trans y no gente binaria

Pero dado el historial anterior de la policía peruana, los defensores de LGBT + seguían preocupados de que esto conduzca a una mayor discriminación.

Efectivamente, a pesar de las garantías de Vizcarra, muchas personas trans en Perú informaron un mayor acoso callejero en los ocho días posteriores al decreto.

Una mujer transgénero, Alexandra Arana, le dijo a El Comercio que la policía la detuvo mientras caminaba al mercado con su amiga el 4 de abril, un día designado para que las mujeres salgan de la casa. Explicó que era transgénero, pero debido a que el sexo en su tarjeta de identificación nacional dice «hombre», la policía continuó confundiéndola y le ordenó que abandonara las calles.

Se pretendía que las nuevas medidas permanecieran vigentes hasta el 12 de abril como mínimo, pero a medida que se informaron incidentes similares de transfobia y humillación pública en todo el país, las restricciones se anularon anticipadamente.

Según la BBC, la medida fue revocada parcialmente por ser ineficaz para minimizar la cantidad de personas en las calles a la vez.

Pero luego de una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación y tortura de una mujer trans bajo custodia policial peruana, es probable que las autoridades también estén interesadas en evitar una mayor discriminación en nombre de la policía .

En otras partes de América del Sur, la comunidad transgénero en Panamá informa temores similares sobre las leyes de encierro basadas en el género. Una mujer transgénero informó que la policía la retuvo durante tres horas «humillantes» y luego la multaron cuando la acusaron de no ser mujer.

Fuente Pink News

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Por Vero Ferrari

El presidente de Perú Martín Vizcarra anunció que frente a la emergencia por el coronavirus se dispondrán desde el 3 de abril las salidas por género:  los hombres saldrán lunes, miércoles y viernes, y las mujeres, los martes, jueves y sábados.

Frente a los posibles cuestionamientos por la medida que refuerza la binariedad de género, el presidente señaló lo siguiente: “Este gobierno es inclusivo, no tengan ningún temor. Cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad uno u otro, sabemos que, dentro de una igualdad de género, en su concepto más grande, puede haber ciudadanos que se encuentran en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos. Van a tener claramente instrucciones las Fuerzas Armadas, la Policía nacional que hace el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto, nuestro gobierno es inclusivo, y todas las normas que damos es pensando en absolutamente toda la ciudadanía”.

Esta es la primera vez que un presidente peruano menciona, de alguna manera, a la comunidad trans peruana, en un contexto de crisis sanitaria que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas de ellas, por la falta protección y garantías del Estado, se ven empujadas a ejercer el trabajo sexual en las calles, alquilando habitaciones por día y enfrentándose continuamente a enfermedades relacionadas a la pobreza como TBC, neumonía y anemia (sin contar el VIH), y a la policía y serenazgo que no las deja trabajar. Sin su principal fuente de ingreso, están sobreviviendo a través de ollas comunes y donativos dependiendo de la solidaridad de la gente, de organizaciones sociales y de algunas autoridades, y en constante riesgo de desalojo.

Denuncias de violencia

En cuarentena, se han presentado denuncias de violencia transfóbica hacia dos mujeres trans que fueron detenidas y obligadas a realizar ejercicios junto a otros detenidos en delegaciones policiales. La Defensoría del Pueblo señaló que esas medidas físicas son inconstitucionales y constituyen una grave afectación en la vida de las personas. Sobre todo porque a las mujeres trans no solo se les obliga a realizar estos ejercicios, sino porque también se las graba para exponerlas a la opinión pública y se les hace repetir consignas en contra de su propia identidad.

La comunidad LGTBI y feminista peruana ha demandado al Estado que proteja a la población LGTBI frente a posibles casos de violencia y abuso policial/militar si no se respeta el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial y se dejan llevar por los prejuicios y estereotipos de género.

Desde el activismo se exige también que se apruebe de una vez por todas la Ley de Identidad de Género, que permitiría proteger a las personas trans de la discriminación al portar un DNI que reconozca su identidad, y una Ley contra los Crímenes de Odio, que sancione los delitos motivados por la orientación sexual e identidad/expresión de género de las personas. Exigen, además, que el Registro Nacional de Identidad aplique la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reconozca el nombre de las personas trans sin pasar por un engorroso proceso judicial. Y hacen un llamado a estar vigilantes con cualquier acto que vulnere a las personas LGTBI para denunciar rápidamente y sancionar a quienes lo hicieran.

El momento histórico que está atravesando el Perú, con un presidente que por fin menciona a la comunidad trans en medio de una pandemia, debería ser una puerta abierta a múltiples oportunidades de obtener por fin todas las medidas que permitan que las personas LGTBI puedan tener vidas dignas y garantizadas por el Estado, con acceso a todos sus derechos hasta ahora negados. El Estado podría por fin cumplir con la enorme deuda que tiene con todas las poblaciones vulnerabilizadas. Que este virus sirva para hacernos más humanos.

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Fuente Agencia Presentes

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La Dra. Rachel Levine ofrece una actualización en vivo sobre la crisis del coronavirus en Pensilvania (Facebook / Departamento de Salud de Pensilvania)

Una médico transgénero se ha convertido en la cara pública de la respuesta de Pensilvania a la crisis del coronavirus, y lo está haciendo brillantemente.

Graduada de Harvard College y especialista en pediatría y medicina para adolescentes, la Dra. Rachel Levine es una oradora nacional de confianza que asesora sobre temas que van desde la crisis de opioides hasta la salud LGBT +.

Como secretaria de salud de Pensilvania, ahora trabaja siete días a la semana para liderar su estado durante la pandemia.

Levine se une al gobernador Tom Wolf para sesiones informativas diarias televisadas donde brinda a los residentes de Pensilvania actualizaciones, consejos y, lo más importante, tranquilidad. Su mensaje clave es simple: «Quédate en casa, mantén la calma y mantente a salvo. Haremos todo lo posible, lo que sea necesario, para proteger la salud pública de Pensilvania», dijo a The Advocate.

«No hace ninguna diferencia cuál es mi identidad de género. Lo único que importa es mi trabajo profesional ”, continuó. “Quiero ser juzgada por mi trabajo en medicina y salud pública y en este momento difícil, en mi trabajo para ayudar a proteger la salud pública frente a esta pandemia global. No hace ninguna diferencia cuál es la identidad de género u orientación sexual de una persona. Realmente estamos todos juntos en esto «.

All Pennsylvanians have an important role to play in stopping the spread of #COVID19 and saving lives.

Your job right now is to stay calm, stay home and stay safe.#FlattenTheCurve pic.twitter.com/JkAsvKHu2h

— Dr. Rachel Levine (@SecretaryLevine) March 16, 2020

En las primeras etapas del virus, la Dra. Rachel Levine actuó rápidamente cerrando las escuelas públicas y desplegando órdenes de quedarse en casa en Pensilvania.

En el futuro, su plan pandémico tiene tres etapas: mitigar la propagación, ampliar las pruebas y preparar el sistema de salud para lo que está por venir. «A través de los esfuerzos de mitigación, esperamos despegar el pico de ese aumento para que nuestros hospitales y sistemas de salud puedan manejarlo», dijo. «Sabremos que estamos saliendo del otro lado cuando comencemos a ver una disminución en el número de casos nuevos, una disminución sostenida en el número de casos nuevos. Y luego volveremos a evaluar todas nuestras estrategias. Pero todavía no hemos llegado «.

Con muchas personas LGBT + más vulnerables al virus y también más propensas a experimentar barreras para la atención médica, espera que su propia visibilidad les ayude a sentirse «lo más cómodos posible» para acceder a la atención que necesitan.

También está proporcionando un importante contrapunto a la demonización común de las personas transgénero en la sociedad. «Espero que al estar allí todos los días en las trincheras con el trabajo que estoy haciendo, que con suerte demuestre al público que los miembros de la comunidad LGBTQ realmente están aquí para trabajar por la salud pública y el bien común. Y con suerte, eso significa algo».

Fuente Pink News

General Coronavirus, COVID-19, Pandemia, Pensilvania, Personas trans, Rachel Levine, Transgénero

Prosigue la deriva legislativa tránsfoba en Estados Unidos. El gobernador del estado de Idaho, el republicano Brad Little, firmó el pasado lunes dos leyes que suponen un retroceso sin precedentes en el reconocimiento de las personas trans. La primera prohíbe a las alumnas trans participar en equipos deportivos femeninos, mientras que la segunda elimina la posibilidad de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento para que refleje a la propia identidad de género. Los activistas pro derechos humanos ya se preparan para la batalla legal contra la legislación que coloca al estado como uno de los más hostiles del país para la comunidad trans.

Las leyes fueron aprobadas por ambas cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos. La primera de ellas (Ley de Imparcialidad en el Deporte Femenino) prohíbe a los colegios y universidades públicas aceptar a mujeres trans en sus equipos femeninos. En caso de duda, un médico determinará el sexo de la estudiante basándose «solamente» en su «anatomía reproductiva externa e interna», sus «niveles de testosterona normalmente producidos de manera endógena» y su «composición genética».

El contenido de la Ley de Estadísticas Vitales de Idaho es, si cabe, aún más grave. La norma elimina la modificación registral del sexo en las partidas de nacimiento, en cualquier circunstancia. Suprime el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género y se las obliga a conservar el sexo legal asignado al nacer, incluso después de someterse a cirugía de reafirmación de género. Los legisladores se excusan en una supuesta necesidad de garantizar una información estadística «factual» que no se pueda alterar por «sentimientos o experiencias subjetivas», sin hacer referencia a la identidad de género.

No se trata del primer intento de negar la identidad de las personas trans en Idaho. En 2018, un tribunal federal declaró inconstitucional una ley aprobada anteriormente y los activistas esperan que la actual siga el mismo camino. El propio fiscal general del estado ya ha advertido de esta posibilidad. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que combatirá las leyes en los tribunales. Solo otros dos estados, Ohio y Tennessee, impiden a las personas trans obtener una partida de nacimiento acorde a su identidad de género.

General, Homofobia/ Transfobia. ACLU, Brad Little, Estados Unidos, IDAHO, Identidad de género, LGTBfobia, Ohio, Partido Republicano, Personas trans, Tennessee, Transexualidad, Transfobia

Antes la Isapre había rebajado un 75% la cobertura a las personas trans afirmando que la transexualidad sí era una enfermedad,  lo cual fue revertido por la Corte Suprema tras un recurso presentado por el Movilh. Ahora dice que al no ser una enfermedad, tampoco puede cubrir las necesidades de las personas trans.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que la Isapre Colmena Golden Cross “ha vuelto a discriminar a las personas trans en razón de su identidad de género, negándoles todo tipo de cobertura para su readecuación corporal, lo cual es ilegal e inmoral”

“Primero esta Isapre se negó a dar cobertura a las personas trans alegando que la transexualidad era una enfermedad pre-existente. Tras un recurso que presentamos contra Colmena, la Corte Suprema sentenció que la identidad de género no era una patología. Ahora, la Isapre, dice lo contrario, es decir que al no ser la  transexualidad una patología, no puede dar cobertura a las personas trans, Esta situación es tan abusiva,  como ridícula”, señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

En efecto, precisó el Movilh, Colmena se negó a cubrir  las cirugías de readecuación a una persona trans de 54 años, Alexandra Orrego, que requiere una genitoplastía feminizante y una reconstrucción corporal y facial feminizante.

“La identidad de género no constituye una enfermedad, una  patología o condición de salud al constituir procedimientos de carácter estéticos. Siendo así las cosas, las prestaciones por las cuales usted solicita cobertura no cumple con los parámetros” del Minsal, señaló la Isapre en una carta  que dirigió a Orrego.

Añadió que las cirugías solicitadas por la mujer, “no tienen una finalidad  estrictamente curativa o reparadora”, equiparándolas así intervenciones de carácter estético.

“Esta situación vulnera la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género, la Constitución y las directrices del Minsal, en tanto además de estar prohibida la discriminación por identidad de género,  garantizan el acceso igualitario a la salud. Las cirugías de readecuación corporal si tienen un efecto reparador en las personas trans que lo soliciten. Negarse a ello, solo obedece a criterios mercantiles y transfóbicos”, añadió Rementería.

El dirigente señaló que, en función de todo lo expuesto, la afectada ya presentó un recurso de protección con el patrocinio del abogado Ciro Colombara.

Fuente MOVILH

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La activista LGBT + y mujer transgénero Malak Al-Kashef ahora ha sido liberada de prisión. (Twitter)

Una activista trans de Egipto dijo que es tratada como «el enemigo» en su propio país, donde las identidades de las personas LGBT + generalmente no son aceptadas.

Malak El-Kashif dijo que las personas en Egipto que se declaran «diferentes» deberían estar «listas para la guerra», según ABC News. «La sociedad te pisoteará y te tratará como si fueras el enemigo», dijo.

La activista trans Malak El-Kashif dijo que no quiere «ocultar» su identidad en Egipto. «Si quisiera esconderme, entonces me hubiera escondido y me hubiera quedado en casa de mis padres y no me hubiera convertido en [transgénero] y me hubiera salvado de todo esto.«

Malak es una de las activistas trans más abiertas y visibles del país, un movimiento que no es tarea fácil en un país hostil a las personas LGBT +. Se ha abierto sobre su experiencia de asumir su identidad de género, revelando que le dijo a su madre cuando tenía nueve años que era una niña. Más tarde fue golpeada por su padre por expresar su identidad de género.

La sociedad te pisoteará y te tratará como si fueras el enemigo. Desde que dejó su hogar a los 13 años, ha luchado por los derechos de las personas trans en Egipto. El año pasado, fue arrestada después de abogar por una huelga tras un accidente de tren en su país. Fue encarcelada en un centro para hombres, una medida que puso de relieve la discriminación que sufren las mujeres trans en Egipto. Las personas LGBT+ se enfrentan a arrestos arbitrarios en Egipto, a pesar de que el gobierno insiste en que no existen en absoluto.

En ese momento se informó que fue capturada por la policía en la madrugada del 6 de marzo después de ser atraída a la casa de su madre en una aparente «operación encubierta». Después de su arresto fue detenida durante tres días en un lugar no revelado sin acceso a un abogado. Fue liberada en julio pasado después de 120 días de confinamiento solitario.

Los comentarios de El-Kashif llegan sólo días después de que el gobierno egipcio fuera criticado por Human Rights Watch por negar la existencia de personas LGBT+ mientras continuaba arrestándolas. Más de 90 personas fueron arrestadas el año pasado en Egipto por presunta conducta sexual entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la ley de libertinaje del país. A pesar de esto, los funcionarios han sugerido que «no reconocen» la existencia de personas homosexuales en absoluto.

Más de 90 personas fueron arrestadas el año pasado en Egipto por presuntas conductas entre personas del mismo sexo según la ley de libertinaje del país. A pesar de esto, los funcionarios han sugerido que «no reconocen» la existencia de personas queer en absoluto.

Ataques a la diversidad en los medios egipcios

En Egipto la homosexualidad no está penada teóricamente, pero lo cierto es que a los homosexuales se les persigue en nombre de la moral. Este caso, además de sus claros tintes de homofobia, es también un atentado a la libertad de expresión, algo habitual en un país que vive actualmente bajo la dictadura del exgeneral Abdelfatah al Sisi.

El daño que ha sufrido la comunidad LGTBI al verse negada del derecho a la libertad de expresión y ser estigmatizada también se extiende hacia mujeres y otros colectivos alejados de la doctrina oficialista. El periodismo egipcio es con este hecho otro de los grandes perjudicados de una legislación que niega el derecho de opinión y de libre información, base de una sociedad libre y democrática.

El caso de este programa guarda cierta similitud con el que se daba a conocer en febrero de 2018 en la cadena privada Alhadath Alyoum. Comenzaba un espacio de actualidad por el debate promovido por los legisladores egipcios de si el ateísmo debía ser prohibido en la sociedad. El programa contó con la presencia del presentador, de un imán y un joven que defendería la postura de no condenar la no creencia religiosa. Tras identificarse el joven como ateo, no se le permitió exponer sus argumentos y fue invitado a abandonar el programa tras ser acusado de hereje y suponer un peligro para la juventud egipcia. Además, cuando el joven citó la teoría del Big Bang en su más que breve discurso, el presentador le espetó que no se dirigiera al público con grandes palabras en inglés, que hablara en árabe de ideas sencillas ya que se estaba dirigiendo «a gente simple». Este insulto a la inteligencia de la audiencia continuó con la despedida del invitado y las disculpas del presentador por «invitar a un egipcio así al programa». Tras ser invitado a recibir ayuda psiquiátrica, el joven fue expulsado del programa y todo el espacio estuvo dedicado a las ideas del imán:

Egipto intensificó la LGTBfobia de Estado en 2017

Si bien la homosexualidad no está explícitamente prohibida por la actual legislación egipcia (aunque podría llegar a cambiar), la policía persigue a la población LGTB con cargos como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”.

El pasado 2017 no fue un buen año para en colectivo LGTB en Egipto. Ese año se produjo una intensificación de la persecución LGTBfoba de Estado: en octubre nos hacíamos eco de que, hasta ese momento 57 personas habían sido detenidas, básicamente, por su orientación sexual o identidad de género, así como por el mero apoyo a los derechos igualitarios (con los cargos oficiales anteriormente referidos).

De esas 57 detenciones, según EIPR (Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales) 54 todavía están en prisión. No obstante, hay que leer las cifras con precaución, pensando que la falta de transparencia de la administración y de la justicia de Egipto puede falsear la realidad y suponer, por lo tanto, un escoyo para esclarecer si hay otros casos ocultos por razones desconocidas e incluso por supuestos intereses de las élites.

En octubre de 2017 también conocíamos la noticia de que el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) daba la orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios.

Un mes antes, siete personas eran detenidas por ondear banderas arcoíris durante el concierto en la capital egipcia de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay. Además de estos arrestos, el grupo musical se enfrentó a descalificaciones y de momento no volverá a tocar en el país, debido al veto del Sindicato de Profesiones Musicales egipcio (ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica). Dos de los siete detenidos quedaron en libertad bajo fianza a comienzos de este año.

Los antecedentes LGTBfóbicos ya eran preocupantes

En abril de 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

Un año antes (abril de 2015) nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Por Verónica Stewart

En la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires, las trans y travestis privadas de su libertad tienen seis máquinas de coser. En estos días se dedican a fabricar barbijos para el personal de la penitenciaria a cambio de unas horas de sol en el patio.

Esta es una de las tantas vulnerabilidades a las que la población trans en situación de encierro se ve expuesta ante la crisis del Covid-19. De por sí, y según datos arrojados por un informe realizado por Otrans en 2019, el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes previo a su condena. La mayoría de las mujeres trans privadas de su libertad son migrantes (principalmente de Perú y Ecuador), con un porcentaje cada vez mayor sostenido, en gran parte, por detenciones arbitrarias. En este contexto, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad.

“Desde antes de esta pandemia, nosotras venimos denunciando la falta de acceso a la salud y a la alimentación, y cómo se complejiza con gente con enfermedades crónicas,” explicó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans, a Presentes. “El miedo de ellas es qué pasaba con los alimentos con la visita restringida. Ahí lo que hicieron fue generar un mecanismo de cuidado: no recibimos visitas, priorizamos la salud.” Sin embargo, continúa Vásquez Haro, tanto la comida como el acceso a la salud siguen siendo un problema, que se ve agravado por la imposibilidad de las visitas que suelen contrarrestarlos.

Por su parte, César Bisutti, integrante del programa “Género, sociedad y universidad” de la Universidad Nacional del Litoral y trabajador del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, hace hincapié en la complejidad de cumplir con las indicaciones de salubridad durante el período de cuarentena viviendo en una penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, donde el hacinamiento es un problema hace años. “En una celda pensada para 2 personas donde hay 16 y para dormir hay que hacer tetris, imaginate pensar distancias,” dijo Bisutti a Presentes. “El aislamiento social es una utopía, y la posibilidad de discutir sobre salud integral en estos espacios es un oxímoron, una contradicción en sí misma.”

Lo que deja en evidencia el virus

Bisutti explica que esta situación nos permite “recuperar cómo es el encierro de mujeres y de compañeras travestis y trans, y cómo el aislamiento y la precariedad pueden repercutir en eso.” Las condiciones en las que se encuentran no solo son precarias en términos de salud y alimentación, sino que el trato que reciben también se ve fuertemente atravesado por la discriminación por su identidad de género. Tanto es así que en mayo de 2019, la Comisión  Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una cautelar denunciando las pésimas condiciones sanitarias a las que era expuesto el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El ejemplo más claro de las consecuencias de este maltrato es el de Mónica Mego, quien quedó parapléjica luego de que se le negara acceso a la salud durante seis meses.

“El Covid-19 vino a interpelar toda la estructura sanitaria y a dar cuenta de la importancia del rol del Estado gestando y coordinando la política pública en materia de asistencia, prevención y abordaje de la pandemia,” explicó Bisutti a Presentes.

Reclamos a provincia de Buenos Aires

Vásquez Haro, por su parte, expresó una preocupación similar por la necesidad de un Estado presente no solo dentro del sistema penitenciario, sino también por fuera. “El 95% de las travestis y trans en La Plata se encuentran en situación de prostitución, y si no pueden salir a la calle, no comen,” comentó. “El Estado tiene que aparecer.” El aumento en el encarcelamiento de mujeres trans y travestis se debe, en palabras de Bisutti, debido a “procesos como la criminalización del trabajo sexual y de la economía informal, la falta de perspectiva de género en las decisiones judiciales y la feminización de la pobreza.” Así, situaciones críticas como la pandemia que hoy afecta al mundo entero no hacen más que poner en evidencia las carencias y violencias que diariamente ejerce el servicio penitenciario sobre su población más vulnerable.

Por ahora, un comunicado publicado el 25 de marzo por la Procuración Penitenciaria de la Nación aseguró que se establecieron guardias domiciliarias con el fin de atender a “pedidos de arrestos domiciliarios y libertades, con prioridad a las personas que se encuentren en los grupos de riesgo. Ello a los fines de garantizar el cuidado de la salud, promoviendo además la descongestión de los espacios carcelarios y el seguimiento de aquellos casos más urgentes.” Allí se listan números de contacto para realizar dichas demandas.

Campaña solidaria

En vistas del cuidado no solo a las compañeras en la población carcelaria sino también a la sociedad en su conjunto, desde Otrans lanzaron una campaña solidaria titulada “Nos cuidamos entre todes”, en las que piden donaciones de alimentos no perecederos, para compensar por aquellos que suelen recibir de sus visitas, y tela de tipo friselina hidrófuga o quirúrgica, para que puedan confeccionar barbijos para ellas y para sus compañeras. Como explicó Vázquez Haro a Presentes, se trata de “poner en valor nuestras redes de contención y políticas del cuidado”. Todxs aquellxs interesadxs en donar, pueden comunicarse con contactootrans@gmail.com

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Cárceles, COVID-19, Personas trans, Vulnerabilidad

Activistas transgénero y partidarios participan en una vigilia a la luz de las velas que se celebra como parte del Día del Recuerdo Transgénero. (Manjunath Kiran / AFP a través de Getty Images)

La comunidad LGBT + en Hyderabad, India, ha expresado su conmoción por los carteles erigidos en toda la ciudad que afirman que el coronavirus se transmite al hablar con personas trans.

Los carteles altamente ofensivos, que decían «Si hablas con transgénero, obtendrás corona», fueron vistos en la estación de metro Ameerpet, Raj Bhavan Road y Banjara Hills Road, informa el New Indian Express.

«Esto es impactante«, dijo el activista trans local Chandramukhi. “Primero vimos los carteles justo antes del cierre e informamos a la policía de Banjara Hills. Instamos a la policía a usar imágenes de circuito cerrado de televisión y atrapar a los que propagan el odio «.

Chandramukhi ha dicho que la comunidad trans ya es más vulnerable al impacto de la pandemia de coronavirus, y los carteles están haciendo sus vidas aún más difíciles en un momento ya desafiante.

En una carta reciente al Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento, Chandramukhi dijo que la comunidad trans en la India estaba luchando por acceder a la seguridad alimentaria, la vivienda, un ingreso estable y atención médica incluso antes de que ocurriera la pandemia.

Primero vimos los carteles justo antes del cierre e informamos a la policía de Banjara Hills. Instamos a la policía a usar imágenes de circuito cerrado de televisión y atrapar a los que propagan el odio.

Los activistas esperan que la policía descubra quién erigió los carteles dañinos en la ciudad y que enfrentarán repercusiones. Actualmente hay más de 1,000 casos confirmados de coronavirus en India.

Los carteles transfóbicos aparecen mientras la pandemia continúa empeorando en todo el mundo. Ahora hay más de 700,000 casos confirmados en todo el mundo y más de 30,000 personas han muerto por el virus.

Los países de todo el mundo están luchando contra el virus a través de pautas de distanciamiento físico, y muchos más se han bloqueado por completo en un esfuerzo por detener la propagación.

Mientras tanto, Estados Unidos ahora tiene los casos más confirmados de cualquier país del mundo, donde hay más de 140,000 casos confirmados. Un asesor médico superior sugirió recientemente que hasta 200,000 personas en los EE. UU. Podrían morir como resultado de la pandemia de COVID-19.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia. Chandramukhi, COVID-19, Hyderabad, India, Personas trans, Transgénero

Por: Alexis Oliva desde Córdoba, Ana Fornaro, Lucas Gutiérrez y Maria Eugenia Ludueña

La cuarentena por el coronavirus destapó la olla de la violencia estructural. La primera semana de aislamiento preventivo obligatorio en Argentina dejó en evidencia, entre otras cosas, la emergencia habitacional y las condiciones precarias de vida de la población de personas travesti y trans. La mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual y a partir de estas nuevas normativas por la pandemia de coronavirus no han podido generar recursos para la subsistencia. Esto se tradujo en muchos casos en no poder pagar las piezas que alquilaban y ser amenazadas de desalojo o, como ocurrió en Córdoba, ser echadas a la calle con violencia en plena cuarentena por la pandemia.

“La cuarentena no hace más que visibilizar una demanda histórica que tiene el colectivo trans y travesti en Argentina. Somos una comunidad vulnerable y además casi el 90 de travestis y trans estaban en prostitución. Al no tener ingresos para costear alimentación y alquiler, necesitan priorizar la ayuda del Estado”, dijo a este medio Claudia Vasquez Haro de Otrans Argentina. Más de 600 compañeras se comunicaron con la organización, con sede en La Plata, para pedir asistencia.

Los desalojos están prohibidos

El 27 de marzo en la Televisión Pública, la presentadora del noticiero Diana Zurco, una mujer trans, le preguntó al presidente Alberto Fernández por la precaria situación de muchas de sus compañeras y en particular por la emergencia habitacional que atraviesan tantas de ellas. El presidente habló de una prohibición de desalojos y aumentos de alquileres, y dijo que esa medida regiría para todes. Si ocurriera, expresó, el mismo se encargaría de denunciarlo ante el INADI.

Hoy los desalojos ya son ilegales: el 29 de marzo se publicó en el boletín oficial el decreto de emergencia pública 320/2020 que entre otras medidas dispuso “la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles” destinados a vivienda única personal o familiar, actividades culturales y pequeñas producciones, entre otras situaciones de excepción.

Activista trans echada en Córdoba

Pero el mismo día que se publicó esa medida, Belén Rapela, mujer trans y referente en la ciudad cordobesa de Villa María de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), denunció que la propietaria de la vivienda que alquilaba y su hijo la insultaron, amenazaron y desalojaron por la fuerza. Acompañada por el Comité de Emergencia Unión de Organizaciones LBGTIQ+ ante el Covid-19, formuló la denuncia en una Unidad Judicial y hoy la presentará en el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).

El desalojo, por el que fueron señaladxs Ivana Cortez y su hijo Brian Álvarez, se consumó a la 00:30 de la madrugada del domingo 29.

Según Rapela, Cortez solía ingresar sin aviso a la vivienda que le alquilaba al fondo de su casa, en Ortubey 740 de barrio Botta. Meses atrás, había amenazado con “tirarle sus pertenencias hacia la calle”, según consta en la denuncia. Su actitud empeoraba cuando la inquilina en algunas ocasiones se atrasaba más allá del día 10 con el pago del alquiler, aunque nunca dejó de abonarle.

Así desalojaban a nuestra compañera Belén, referente de Ammar Villa María. Esto sucedía anoche poco después que el Presidente @alferdez decía en TV Pública que estas cosas no iban a pasar en nuestro país. Al dueño no le importó, le rompieron sus cosas y la dejaron en la calle. pic.twitter.com/LTgGAQvc8r

— Putas Feministas (@ammarsindicat) March 29, 2020

El sábado 28, tuvieron otra discusión. “Ella estaba enojada porque, como soy referente de AMMAR Villa María, desde mi domicilio estaba entregando los módulos alimentarios a las compañeras. Nunca usé la casa para eso, pero ahora no tenía otra opción porque todos los puntos de entrega están cerrados por la cuarentena”, cuenta Belén a Presentes. “Y fue muy fea la manera en que me dijo que me fuera: ‘Hasta cuándo tengo que aguantar que me llenes la casa de putos y putas’”, añadió.

A la noche, Rapela y otra amiga que circunstancialmente se alojaba con ella fueron  a cenar a lo de otras chicas, con las que para afrontar la crisis comparten gastos de alimentos. Al regresar, encontraron que habían entrado a su vivienda rompiendo los vidrios de una ventana y toda su vajilla estaba tirada en el piso. En la denuncia figura que la misma propietaria le avisó por teléfono: “El Tata (Brian Álvarez) te rompió todo, te anda buscando a vos y a la otra puta”. 

“Ella (Cortez) lo mandó a su hijo Brian a romperme las cosas. Fui a preguntar por qué y otra vez con que ‘los putos y las putas…’. Ahí se me vino encima y me quiso pegar pero los hijos la agarraron. Ella estaba bien informada del decreto (de emergencia) y me iba a esperar hasta después del 10 con una parte del alquiler, pero me dijo que si no conseguía plata me iba a tener que ir. Y el sábado buscaron esa excusa”, relata Rapela.

“Después de eso, se fue a la casa de una compañera y ahí nos llamó. Intervino el Inadi y organizaciones”, dijo a Presentes Georgina Orellano, secretaria general nacional de AMMAR.

El domingo, Belén se presentó en la Unidad Judicial de la comisaría del barrio, donde también debió gestionar una autorización para mudarse. Nélson Mamóndez, un integrante de la organización Putos Peronistas, la acompañó a realizar la denuncia. Este desalojo forzoso “se constituye como delito, porque no sólo atenta contra la integridad de la persona de la compañera, sino que la obliga a infringir el artículo 4° del decreto 297/2020, que declara el aislamiento social con carácter de obligatorio”, sostiene Mamóndez.

“Más de lo que ya estamos expuestas como colectivo trans y como trabajadoras sexuales, esto a mí me expone mucho más, porque yo estaba respetando la cuarentena”, dice Belén. Además, adelantó que hoy presentarán la denuncia en el Inadi “por la discriminación, los insultos y el contenido doblemente violento contra las identidades trans y contra las trabajadoras sexuales”.

Emergencia, transodio y prejuicios 

Para Alejandra Navarro, de Villa María Diversa (Córdoba), el episodio revela “una cuestión de transodio y de cierto prejuicio sobre las trabajadoras sexuales”. En un comunicado difundido por el Comité de Emergencia LBGTIQ+, la referente expresó: “Es increíble que con todas las conquistas sociales y de ejercicio de ciudadanía conseguidas, aún tengamos las mujeres trans que recibir de manera gratuita tanta infamia junta. Solicitamos al Estado se haga presente para subsanar esto y evitar que en el futuro estas terribles situaciones se sigan suscitando”.

“Esta situación destapó una olla innegable de algo conocido, que empieza a ser más visto por el total de la población y es la situación de emergencia de las compañeras trans. No sólo habitacional sino en todas las áreas”, dijo a Presentes Francisco Quiñones, director del Bachillerato Popular Trans y Travesti Mocha Celis en Buenos Aires.

El Mocha está implementando una red solidaria de apoyo y acompañamiento. Y agregó:  “Viven en hoteles en condiciones de hacinamiento paupérrimas por las que pagan mucho dinero, hasta veinticinco mil pesos por quince días. Con que una sola se enferme, dejaría un tendal de contagios. En esta imposibilidad de las compañeras trans de salir a ejercer el trabajo sexual o de salir en su situación de prostitución se encuentran con que no tienen manera de resolver estos conflictos”. También explicó que muchas no tienen sus nuevos documentos gestionados, y se les dificulta inscribirse en los planes de contención que ofrece el Gobierno: “Las compañeras se anotan en todo, pero la ayuda todavía no llega”.

Desalojos en Ciudad de Buenos Aires 

En Rosario un grupo de trans también estuvo a punto de ser desalojado pero se logró frenar. Lo mismo ocurrió en la Ciudad de Bs As, donde existen al menos diez hoteles donde viven mayoritariamente compañeras trans. Fuentes que conocen el territorio confiaron a Presentes “No todos están echado a las travas, pero tres de ellos lo intentaron, sin exito”.

Uno de estos desalojos frenados se difundió en los medios.  El viernes 27 de marzo, un día después que el presidente de la Nación Alberto Fernández exhortara públicamente a que se suspendieran, el dueño del hotel Saavedra del barrio de Once, donde viven más de 15 personas, la mayoría trabajadoras sexuales travestis y trans, estuvieron a punto de quedar en la calle.

Georgina Orellano difundió la denuncia en sus redes sociales: “Ocho compañeras del colectivo travesti trans se encuentran en situación de emergencia habitacional. Viven en Hotel Saavedra del Barrio de Once, abonan 800 pesos por día. En ese hotel viven y además trabajan”. “Desde el sábado dejaron de pagar imposibilitadas de poder trabajar, el dueño desde este lunes las hostiga y amenaza con dejarlas en la calle sino le abonan la deuda. Hoy a la mañana ya les cortó la luz de sus habitaciones”. Minuto a minuto fue compartiendo en un hilo de Twitter la situación de las compañeras:

URGENTE | Estamos ahora mismo en el Hotel Saavedra donde desde hace días su dueño quiere desalojar a las ocho compañeras trans que viven acá. Hoy empezó a sacar sus cosas a la calle. Nuestra Secretaria @GeorOrellano se encuentra encerrada ahí con ellas resistiendo el desalojo. pic.twitter.com/fTjemfJLsf

— Putas Feministas (@ammarsindicat) March 27, 2020

En diálogo con Nueva Ciudad, Silvana Patricia Chocobar, quien vive en el hotel Saavedra, relató que el dueño es muy agresivo, que las amenazaba con desalojarlas si no pagaban los 800 pesos por día que cobra por las habitaciones y que, pese a firmar un convenio con la fiscalía para dejar de cobrar y de desalojar a personas, continúa intentando obtener dinero o expulsarlas:  “No sé a dónde quiere llegar esta persona, el asunto de él es hacer plata, es lo único que le importa. Me decía que le pague y yo le dije que cuando levanten la cuarentena voy a ir a trabajar, pero me dijo que llame a clientes para que vengan y yo no lo iba a hacer porque tengo que cumplir la cuarentena”, explicó Chocobar.

Finalmente y a raíz de la intervención de distintos organismos públicos, se evitó el desalojo y se logró reubicar a algunas de las compañeras. Sin embargo, se mantendrán en instancia de alerta para comprobar que el dueño del Hotel Saavedra no intente nuevamente dejarlas en la calle.

Aislamiento en emergencia habitacional 

En La Plata, Otrans Argentina está pidiendo ayuda para resolver otra situación de emergencia. “Las compañeras Nicole y Gisela viven al fondo de Los Hornos, en una casilla precaria que no tiene paredes ni baño, en un terreno fiscal, encima de las vías de un tren. Es preocupante que vivan así. Esperamos que el Estado pueda dar respuesta inmediata”, dijo Vasquez Haro.

Mientras dure el aislamiento general, no sólo se potencia el problema habitacional, también el acceso a la salud. “Muchas tienen dificultad para acceder a la medicación que necesitan. No pueden salir de su casa y son población de riesgo. Por eso hay que pensar políticas al revés, las compañeras no se pueden trasladar, no deben ir a los hospitales en este contexto, tiene que haber un mecanismo que pueda asistirlas. En los hospitales no las están atendiendo porque se están dedicando exclusivamente  al coronavirus y ellas empiezan a circular de hospital en hospital quedando más en riesgo”, dijo Quiñones a este medio.

“En la Plata seguimos esperando los alimentos de Nación y provincia, hemos enviado los listados pero aun no les han llegado a las compañeras los bolsones de alimento. Desde Otrans Argentina los alimentos que hemos entregado desde que empezó la cuarentena ha sido la mercadería que nos gestionó la Red de migrantes y refugiados en la Argentina. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil activa lazos de solidaridad y genera contención a través de políticas de cuidado”, dice Vasquez Haro.

Y reflexiona: “Lo que esto entre otras cosas nos enseña es que no sólo se puede vivir de la prostitución. Tenemos que hacer un esfuerzo por militar y exigirle al Estado que sancione una ley de inclusión laboral trans a nivel nacional. Es urgente y necesario que las compañeras puedan estar contenidas por el Estado para acceder a todas las políticas que se llevan adelante como subsidios y ayudas que las tienen como beneficiarias”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, COVID-19, Desahucios, Desalojos, Homofobia/Transfobia, Personas trans

Fotos: Ariel Gutraich/Archivo Presentes y gentileza Orgullo en Lucha

Ante la pandemia de coronavirus (Covid-19), organizaciones en todo el mundo están tejiendo redes para acompañar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad social. En Argentina, a partir del Covid-19 el activismo de la diversidad sexual creó la Red LGBTI+ «Nos cuidamos entre todes».

Esta iniciativa, a la que convocan a sumarse, apunta a asistir y acompañar a personas LGBTI+ en situación de extrema vulnerabilidad social a través de distintas acciones: campaña de donaciones, acompañamiento para acceder a subsidios estatales de emergencia y monitoreo de las políticas públicas específicas, entre otras.

«Las medidas son vitales pero exponen la vulnerabilidad»

La Red LGBTI+ surgió por iniciativa de 100% Diversidad y Derechos y La Rosa Naranja, junto con las organizaciones del espacio Orgullo y Lucha. Greta Pena, explicó que «Las medidas de cuarentena, aislamiento preventivo y distanciamiento social son vitales. Sin embargo, también dejan expuestas situaciones de vulnerabilidad. Esta Red busca con acciones comunitarias solidarias aliviar el tránsito de las personas LGBTI+ en emergencia social y contribuir a que las políticas públicas lleguen a quienes la necesitan”, dijo Greta Pena, directora de 100% Diversidad y Derechos.

Desde La Rosa Naranja, la activista travesti Marcela Tobaldi, describe lo que atraviesan muchas de sus compañeras: “La situación de vulnerabilidad social en la cual se encuentran las personas travestis y trans es estructural, con enormes barreras para acceder a derechos humanos básicos como la educación, la salud, trabajo formal y vivienda. Las necesarias medidas de aislamiento social obligatorio han empeorado esa situación, ya que impide el desarrollo de actividades de subsistencia, frente a las cuales estamos reforzando las redes de organización territorial”.

A todo el país

La red ya trabaja para llegar a distintas ciudades de la Argentina. En una semana entregó 60 kits de ayuda a la población trans en Ciudad de Buenos Aires (en los barrios de Constitución, Villa Crespo) y en la provincia de Buenos Aires (Morón y Lanús).

“En los próximos días, en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), distribuiremos 260 kits para personas LGBTI+, especialmente a población trans migrantes en las ciudades de Neuquén, Rawson (Chubut), Salta, Mendoza, Posadas (Misiones), Mar del Plata, Tigre (provincia de Buenos Aires) y Ciudad de Buenos Aires”, informaron a este medio. Los kits incluyen por ahora 18 productos: arroz, fideos, queso rallado, arvejas, aceite, puré tomate, galletitas de agua, mermelada, te, yerba, azúcar, pate, mayonesa, alfajores, turrones y pasta dental, jabón de mano y lavandina).

Esta semana entregaron al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y al Ministerio de Desarrollo Social un relevamiento nacional de personas travestis y trans para ser incorporadas al programa “Hacemos Futuro”, a fin de que puedan acceder a un ingreso mensual, ademásde canalizar la distribución de ayuda directa de esos organismos.

“En este marco recibimos una donación de la Fundación UNILEVER, de productos de limpieza e higiene personal y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de dinero que se destinará a seguir atendiendo situaciones de emergencia”.

Vos también podés participar

La Red LGBTI+ Nos cuidamos entre todes agradece la solidaridad y sigue convocando a donar y participar a través de esta plataforma: http://bit.ly/ .

Quiénes integran Orgullo y Lucha

100% Diversidad y Derechos, Afros LGBT. Agrupación Xangó, Amiges por la Diversidad, Asociación Civil La Rosa Naranja, Travestis y Trans por los Derechos Humanos, Asociación Familias Diversas (AFDA), Asociación Mundo Igualitario (AMI – Mar del Plata), Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Conurbanes por la Diversidad, Cooperativa 7 Colores, Diversidad en Acción – Tigre, Infancias Libres, La Cámpora Diversia, La Sublevada – NE. Mala Junta-Vamos, Mujeres Trans Argentinas (MTA), Raíz Social Popular y Feminista, Scouts por la Igualdad.

Fuente Presentes

General 100% Diversidad y Derechos, Afros LGBT. Agrupación Xangó, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Amiges por la Diversidad, Argentina, Asociación Civil La Rosa Naranja, Asociación Familias Diversas (AFDA), Asociación Mundo Igualitario (AMI – Mar del Plata), Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Conurbanes por la Diversidad, Cooperativa 7 Colores, COVID-19, Diversidad en Acción – Tigre, Fundación UNILEVER, Infancias Libres, La Cámpora Diversia, La Rosa Naranja, La Sublevada – NE. Mala Junta-Vamos, Marcela Tobaldi, Mujeres Trans Argentinas (MTA), Personas trans, Raíz Social Popular y Feminista, Red LGBTI, Scouts por la Igualdad, Solidaridad, Travestis y Trans por los Derechos Humanos

Por Andrea Jiménez

Naomi Nicole, una mujer trans de 26 años conocida como “La Soñaré”, fue asesinada en la madrugada del martes en Colonia Guerrero, Ciudad de México. A las as 4.00 de la madrugada se escucharon unos disparos y testigas vieron cómo dos funcionarios de Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) huían del lugar. Cuando escucharon los tiros, sus compañeras acudieron al lugar y llamaron a la policía. Pero los servicios de ambulancia no llegaron a tiempo. Naomi yacía frente al número 94 de la calle Estrella con un tiro en la cabeza.

Los presuntos homicidas, ambos militares, fueron arrestados cuando su vehículo se estrelló en la glorieta de La Palma, entre el Paseo de la Reforma y la calle Río Rhin. Mientras se encuentran bajo disposición judicial, la comunidad LGBTT expresó su rabia e indignación en las redes sociales.

Kenya Cuevas, directora de la organización trans Casa de Muñecas Tiresias, y defensora de los derechos humanos está dándole seguimiento al caso, según informó a Presentes. “Me puse en contacto con la Fiscalía y  me hice cargo del cuerpo”, dijo a Presentes. De momento, la activista ha conseguido que el asesinato de “La Soñaré” sea tipificado como feminicidio en vez de homicidio simple en la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

El miércoles Naomi fue despedida a luz de las velas y entre flores en los Velatorios García, en la colonia Algarín. El improvisado funeral, al que asistió una decena de personas, empezó a las 11 de la noche y se alargó hasta esta mañana.

Abandono y migraciones 

“Mi pobre hijo, estoy destrozada. Me hubiera encantado decirle por última vez que siempre lo quise”, dice a Presentes la madre de Naomi, que no ha dormido desde que recibió la noticia.

Naomi tenía 26 años y era trabajadora sexual. Se fue de su casa con 18 años para buscar a su padre. “Su padre abandonó a la familia y jamás se preocupó por sus hijos. Era uno de esos tipos. Nosotros somos de rancho, en la ciudad es diferente, acá en el campo no es lo mismo, no podía ser quien quería ser. Solíamos hablar por teléfono de vez en cuando. Me decía que estaba bien y que no me preocupara. Él siempre fue una buena persona, trabajadora, nos ayudaba en el campo. Un chico muy risueño”, agregó la madre de la víctima.

Tras la indiferencia de su padre, Naomi decidió buscarse la vida en la Ciudad de México.

El miércoles, el cuerpo de Naomi, acompañado por varias voluntarias de Casa de Muñecas Tiresias, incluyendo su directora, salió rumbo al municipio de Las Choapas, en Veracruz, de donde la víctima era originaria, y donde su familia le dio entierro por la noche. “Si no hubiera sido por Kenya yo no me habría enterado, y el cuerpo de mi hijo habría quedado ahí tirado en la calle. Ahora sólo quiero se haga justicia”, agregó la madre.

Cuevas se muestra más decidida y esperanzada que nunca para luchar por hacer justicia para esta compañera. “Desde Casa de las Muñecas vamos a seguir trabajando para que este crimen de odio no quede impune, como cada uno de transfeminicidios perpetuados en México”, dijo a Presentes.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Casa de Muñecas Tiresias, Ciudad de México, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Kenya Cuevas, La Soñaré, Las Choapas, México, Naomi Nicole, Personas trans, Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Transfemicidio, Veracruz

General, Homofobia/ Transfobia. Academia de Aviación Skylark, Adam Harry, Disforia de Género, Homofobia/Transfobia, India, Personas trans, Piloto transgénero

Las primarias demócratas avanzan y dibujan un claro favorito. Joe Biden ha batido a Bernie Sanders en la mayor parte de los estados que ya han votado y se acerca a la nominación como candidato en las elecciones de noviembre. Tanto el exvicepresidente como el senador por Vermont han presentado ambiciosos programas en materia de igualdad que pretenden restaurar el daño causado por la administración Trump y colocar a Estados Unidos en la vanguardia de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

La carrera por la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos ya es cosa de dos. Tras la retirada de los demás aspirantes del grupo de cabeza, incluido el abiertamente gay Pete Buttigieg, el candidato será un varón blanco, heterosexual y septuagenario: el centrista Joe Biden o el izquierdista Bernie Sanders. Los resultados de los estados y territorios que ya han celebrado primarias colocan al primero con una clara ventaja sobre el segundo, con trescientos delegados y diez puntos de margen.

Ambos candidatos han publicado sus programas sobre igualdad LGTBI, que incluyen iniciativas ambiciosas para reparar los retrocesos de la administración Trump y avanzar en otros campos, especialmente en la lucha contra la discriminación y la protección de las personas trans. Un colectivo que, recordemos, ha sido de los peor golpeados por las medidas de la actual presidencia.

En este sentido, Biden reclama su papel como vicepresidente de Barack Obama, a quien se anticipó en 2012 anunciando su apoyo al matrimonio igualitario pocos días antes de que lo hiciera el entonces presidente. Su campaña ha presentado un programa basado en siete puntos:

• Proteger a las personas LGTBQ+ frente a la discriminación.
• Apoyar a las personas LGTBQ+ jóvenes.
• Proteger a las personas LGTBQ+ frente a la violencia y trabajar para acabar la epidemia de violencia contra la comunidad transgénero, en particular las mujeres transgénero de color.
• Ampliar el acceso a sanidad de alta calidad para las personas LGTBQ+.
• Garantizar un tratamiento justo de las personas LGTBQ+ en el sistema de justicia penal.
• Recopilar la información (estadística) necesaria para apoyar plenamente a la comunidad LGTBQ+.
• Fomentar los derechos LGTBQ+ y el desarrollo a nivel global.

Las propuestas de Biden alcanzan un gran nivel de concreción y se traducen en medidas contra la discriminación laboral y la permisividad con las organizaciones religiosas que deniegan servicios, el apoyo a las personas LGTBI mayores y sin techo, adopción de un tercer sexo legal, lucha contra el acoso escolar y la violencia, prohibición de las pseudoterapias de conversión y protección a los demandantes de asilo LGTBI, entre otras muchas.

Si Biden reivindica una trayectoria de apoyo a la comunidad LGTBI, Sanders puede exhibir su compromiso ininterrumpido desde su época como alcalde de Burlington, en los años 80 del siglo pasado. Las propuestas de Sanders se resumen en doce puntos. Algunas son comunes a las de Biden, como la prohibición de las «terapias» reparativas, la reversión del veto a las personas trans para servir en el ejército o la introducción de un tercer sexo legal.

• Aprobar leyes contra la discriminación de las personas LGTBQ+.
• Medidas en materia de sanidad: financiación de las cirugías de afirmación de género y la profilaxis preexposición (PrEP).
• Proteger los derechos de las personas LGTBQ+ en todo el mundo con su inclusión en los acuerdos de libre comercio.
• Lucha contra el acoso escolar, la violencia y el suicidio de jóvenes LGTBQ+.
• Proteger a las personas trans y, en particular, las mujeres trans de color frente a la violencia, incluida la policial.
• Medidas en materia de vivienda y protección de las personas sin techo.
• Prohibición de la discriminación de las personas LGTBQ+ en el acceso a servicios y productos bancarios.
• Oposición a las medidas que invocan la libertad religiosa para perpetuar la discriminación.
• Revertir la prohibición de servir en el ejército a las personas trans.
• Facilitar la formación de sindicatos de trabajadores LGTBQ+.
• Reconocimiento de las identidades no binarias con la inclusión de una tercera categoría de género en los documentos.
• Investigar todos los asesinatos de personas trans como delitos de odio federales.

Se trata, por tanto, de dos programas de amplio alcance con muchos puntos en común. Tanto si gana Biden, como todo parece indicar, como si Sanders da la sorpresa de última hora, el Partido Demócrata concurrirá a las presidenciales con el programa más avanzado en materia LGTBI de la historia. Estaremos pendientes de las próximas citas de las primarias para conocer quién se enfrentará en noviembre a Donald Trump, cuya administración ha causado tanto daño a la comunidad en solo tres años.

Fuente Dosmanzanas

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