Cataluña dio un paso adelante aprobando la primera Ley contra la Homofobia en España el pasado 2 de octubre de 2014 por 128 votos a favor, los de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP mientras que UDC apoyaba solo una parte de una norma que está beneficiando a un millón de personas, ya que se calcula que entre un 10% y un 15% de la población catalana pertenece al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Se trataba de garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

Ahora, la portavoz de Igualdad de Convergència en el Congreso, Lourdes Ciuró, cree que esta normativa es insuficiente y, por ello, ha presentado una proposición no de ley para la defensa de los derechos de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales en la que solicita al Gobierno partidas presupuestarias para políticas de erradicación de cualquier tipo de discriminación y fomento de valores de igualdad, respeto, tolerancia. “Instamos al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación de este colectivo”, exige Ciuró, coincidiendo con la celebración estos días en Barcelona del Circuit Festival.

Ciuró lamenta que en los últimos años las estadísticas ofrecen “claros indicios” de que la discriminación, o incluso agresiones por motivo de orientación sexual, “en ningún caso han dejado de producirse”.

Según denuncia la diputada de CDC, el número de casos reales es “muy superior” a lo que muestran las estadísticas. “Muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o situación de irregularidad”, destaca. “Nos hacemos eco de la demanda del colectivo LGTB y creemos necesario tomar medidas para garantizar sus derechos y facilitar su participación en todos los ámbitos de la vida social”, dice Ciuró.

CDC también exige al Ejecutivo que garantice el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos y a tal efecto, “abordar la modificación de la denominación de los permisos de maternidad por nacimiento, adopción o acogimiento, a fin de evitar la discriminación en las familias con progenitores del mismo sexo“.

Foto de portada: Genoveva Seydoux Fotografía

Fuente Ragap

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Para Zerolo, según informa el PSOE, “es inaceptable que las autoridades españolas exijan pruebas de una situación conocida mundialmente y condenada en reiteradas ocasiones por el propio Parlamento español”. El dirigente socialista ha recordado al Gobierno las resoluciones aprobadas por unanimidad en el Debate del Estado de la Nación de 2014.

Entre ellas figuraba “instar al Gobierno español a buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas“.

También ha recordado que la Comisión de Asuntos Exteriores del 24 de septiembre de 2014 aprobó de forma unánime “instar al Gobierno a facilitar la posibilidad de admitir solicitudes de asilo del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que se encuentren en territorio español“.

Y es que Christelle Nangnou se encuentra en un  duro momento. Si el Ministerio del Interior se mantiene impasible y no da marcha atrás en la posible deportación a Camerún de esta mujer lesbiana, la estará enviando a la boca del lobo. Camerún es uno de los países africanos más beligerantes contra las personas LGTB y que menos respeto muestran por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales. De hecho, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel y, aunque solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”, aumentan las detenciones arbitrarias vinculadas a la orientación sexual. En este sentido, la FELGTB ha enviado una misiva a Interior en la que exige que “cumpla la ley” en el caso de Nangnou, a la que la policía camerunesa acusa de “lesbiana”.

“Estando en Camerún la policía fue a buscarme acusándome de lesbiana. Fue así como mi familia se enteró de mi orientación sexual. Mi propia familia me dijo que me repudiaba por ello. El asunto se extendió por toda mi comunidad de un día para otro, recibí cartas amenazantes, incluso con amenazas de muerte y por eso decidí huir”. Atemorizada por las amenazas y sin el apoyo de su entorno familiar, Christelle Nangnou decidió huir el pasado 25 de marzo. Para poder escapar, Nangnou camufló su identidad, utilizando la documentación de otra persona, pero no consiguió pasar la frontera aeroportuaria española. Emprendió rumbo a Madrid en busca de protección y en lugar de ello, se encuentra recluida en la zona de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y ya ha sufrido tres intentos de expulsión y devolución a su país. “Han intentado expulsarme y meterme en un avión tres veces, pero me he resistido. Tengo un golpe en el ojo derecho, una uña arrancada, me duele todo el cuerpo y estoy mareada por todo el trajín. Les he dicho que no puedo volver a mi país porque allí no puedo tener vida”, ha narrado entre lágrimas.

La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’

Christelle se encuentraba recluida en Barajas porque en el momento de su huida portaba un documento de identidad falso y a pesar de haber aportado pruebas de la persecución que estaba sufriendo en Camerún por causa de su orientación sexual, las autoridades le han denegado el asilo político. Su abogado ha explicado que han puesto sobre la mesa varios recortes de prensa de Camerún donde aparece la foto de Christelle junto con la oferta de una recompensa para quien la entregue a las autoridades para su detención por cometer “prácticas satánicas” pese a la posición del gobierno frente a la homosexualidad. “Pese a ello, la Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’ y que no les quedaba claro si realmente era perseguida en su país o no. Debe ser que tienes que llegar con un cuchillo clavado en la espalda para que tu versión sea ‘creíble’”, lamenta el abogado. La defensa interpuso entonces el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional y solicitó junto a él, como medida cautelar, que Christelle no fuera expulsada hasta que se resolviera el recurso. Pero la Audiencia Nacional también denegó esa solicitud. El caso se encuentra ahora en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha ordenado que se paralice temporalmente la expulsión. Christelle tiene hasta el próximo 17 de abril para aportar más documentación que demuestre el verdadero peligro que corre en Camerún.

Al parecer, uno de los argumentos esgrimidos por el instructor del caso para denegar el asilo político de Nangnou estaba estaba embarazada cuando solicitó el estatuto de refugiada.  Se trata de un argumento fácilmente desmontable ya que sabemos que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que esta (voluntaria o involuntariamente) se haya quedado embarazada”. La maternidad se utiliza, nuevamente, como una supuesta “prueba” de que en realidad la activista camerunesa no sería lesbiana. La misma acusación que sufre Aderonke Apata en el Reino Unido, tal y como se desprende del auto del juez John Bowers. Tanto en lo referente a Apata como a Nangnou, lo que sí parece probado es el desconocimiento de la realidad social y familiar de las personas LGTB por parte de los magistrados e instructores responsables de sendos casos. Vincular la maternidad exclusivamente a la heterosexualidad no hace sino reforzar la idea de que quien utiliza este argumentarlo ignora la diversidad familiar y afectivosexual del colectivo LGTB.

Movilizaciones sociales a favor de Christelle

Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para su expulsión, varias asociaciones y ONG por los derechos humanos se han movilizado para exigir al gobierno que proporcione asilo político a la joven camerunesa, dado el grave peligro que corre si la devuelven a su país. La propia Christelle ha hecho su petición: “Pido a Estrasburgo que no me devuelva a mi país, porque allí no voy a poder vivir. Todas las mujeres que conozco que fueron condenadas por lesbianas han desaparecido, nunca más he sabido de ellas. En Camerún iría a la cárcel por ser lesbiana y mi propio entorno me repudia”.

La FELGTB ha enviado una carta al Ministerio de Interior, responsable de las concesiones de asilo político, exigiéndole que cumpla la ley que ampara a Christelle Nangnou para que sea protegida en España. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha movilizado para evitar la extradición de Christelle Nangnou a Camerún. Además de presentar en el Ministerio del Interior una carta para exigirle que “cumpla la ley” en el caso de Christelle Nangnou (a la que la policía camerunesa acusa de lesbiana), la FELGTB ha pedido a los miembros que conforman la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se impliquen en el caso de Nangnou y no permitan que la devuelvan “a un país donde será excluida y posiblemente encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres”. A la carta de la FELGTB pidiendo al Ministro de Interior que cumpla la ley, se suma una acción de recogida de firmas a través de Change.org pidiendo la concesión de asilo. En el momento de redactar este post, se habían recogido más de 60. 699  firmas. La diputada socialista en la cámara autonómica madrileña Carla Antonelli es una de las muchas personas que ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a la campaña.

Para la Fundación Triángulo, “la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior debe replantearse la decisión que ha tomado ante esta petición de Christelle, dado que devolverla a Camerún la condena a la cárcel, como mínimo, además de al escarnio público. Es inhumano deportar a una mujer que se sabe que está abocada a ser encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres. No podemos permitirlo”, ha afirmado José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación. En Extremadura, donde cuenta con un especial arraigo, Fundación Triángulo está además trabajando con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno para instar a Interior “a que cambie su decisión de manera inminente”.

Patricia Bárcena, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado la mala praxis en cuanto a la gestión de las peticiones de asilo político en España. Bárcena lamenta que, a pesar de que la ley no exige una prueba plena de la situación de peligro, en la práctica sí que se está exigiendo. “Para aceptar la solicitud no hace falta que haya una amenaza concreta justo contra la persona demandante de asilo, sino una situación de guerra o persecución contra un grupo de gente que implica riesgo para esa persona“, ha explicado.

La violación de los derechos humanos del colectivo LGTB es una triste y reiterada realidad en Camerún, una situación de la que han alertado las ONG,s. En los últimos años, hemos conocido numerosas historias de amenazas, ataques, encarcelamientos y asesinatos de personas debido a su orientación homosexual. En una carta abierta al presidente Paul Biya, la organización Human Rights Watch (HRW) denunciaba en 2013 los oídos sordos que hacen las autoridades al acoso al que son sometidos los abogados que defienden a las personas acusadas bajo la ley contra la sodomía vigente en el país africano. Cabe señalar que la profundidad de la homofobia en Camerún no solo afecta a la administración, sino que está instalada en todas las capas de la sociedad. En septiembre de 2014, por ejemplo, un activista LGTB se veía obligado a abandonar su domicilio por las amenazas de muerte de sus vecinos.

En 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún. Cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido: dos hombres condenados a dos años y a un año de prisión, respectivamente, tras ser encontrados culpables de homosexualidad en julio de 2013, la detención de al menos tres mujeres lesbianas en febrero de 2012, cuatro jóvenes detenidos acusados de homosexualidad en enero de 2012, otros cuatro hombres arrestados en agosto de 2011. Y las detenciones siguen remontándose en el tiempo: en abril de 2011, en octubre de 2010, en mayo de 2010 (los dos detenidos entonces fueron luego condenados a cinco meses de cárcel), en marzo de 2010 (en este caso la detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano) o en diciembre de 2009 (en este caso el joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables).

También son interesantes la serie de 5 vídeos realizados por Quijada Producciones, que llevan por título “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano. Son pequeños reportajes que recogen cinco testimonios personales. Su objetivo es doble: por un lado, denunciar internacionalmente la situación de hostigamiento que sufren las personas homosexuales en Camerún; por otro, darles visibilidad dentro de su propio país. Ya os hemos presentado tres: el primero recoge la historia de Roger, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor por SMS a otro hombre. El segundo vídeo nos presenta a Pascaline, violada cuando era solo una adolescente, madre de dos hijas y repudiada por su familia por ser lesbiana. El tercero recoge la historia de Esther, pareja de Pascaline, junto a la que en febrero de 2011 fue detenida (su caso está pediente de un tribunal de apelación).

A continuación podéis ver el testimonio de Marc Lambert, en francés con subtítulos en castellano:

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Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

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Como consecuencia de la venta de la obra homófoba Comprender y Sanar la homosexualidad, de Richard Cohen, en los establecimientos de la Casa del Libro, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y el Observatorio contra la homofobia han asegurado que “si no quieren acatar la Ley, las autoridades deben sancionar”. Diversos activistas de las citadas entidades, junto con representantes de ERC, PSC, CUP e ICV-EUiA, se presentaron el jueves de la semana pasada por la mañana en una de las librerías de la Casa del Libro de Barcelona, donde exigieron la retirada del libro de Cohen por vulnerar la legislación catalana contra la homofobia. Mientras esta petición no sea escuchada, el activismo LGTB catalán llama al boicot contra la Casa del Libro.

No es la primera vez que colectivos LGTB solicitan la retirada de publicaciones homófobas que atentan contra la integridad sexual o de género. Y a pesar de tratarse de una ley reciente, tampoco es la primera ocasión en que las entidades igualitarias de Cataluña se apoyan en la ley catalana contra la LGTBfobia para solicitar la descatalogación de libros discriminatorios. Sin ir más lejos, dosmanzanas se hizo eco el pasado mes de noviembre de la denuncia presentada contra El Corte Inglés por vender la obra homófoba de Joseph Nicolosi. Ahora se señala la venta en la Casa del Libro de Comprender y sanar la homosexualidad, una publicación que define la homosexualidad como una “conducta” modificable, como si se tratara de la alimentación o el sueño.

Activistas del FAGC y del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, así como representantes de distintas formaciones políticas y personas a título individual se citaron el pasado jueves por la mañana en una de las librerías de la Casa del Libro de Barcelona, para trasladar su malestar por la venta del libo de Cohen y exigir su retirada, aludiendo a la legislación catalana contra la homofobia. Según recoge la Directa, la responsable del establecimiento aseguró desconocer la ley y se negó a retirar el libro “hasta que no me lo ordenen mis superiores”.

Por su parte, Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la homofobia, ha recordado que es responsabilidad de la administración pública difundir la ley entre la ciudadanía. Rodríguez también ha anunciado que han remitido el caso al Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), ante la carencia de un organismo específico para tramitar las denuncias de homofobia, bifobia o transfobia. De momento, el Sindic lo ha derivado a la Fiscalía, pero las entidades solicitan la intervención de la Generalitat, amparada en la ley contra la LGTBfobia.

El fracaso de las “terapias reparadoras”

Aunque las mal llamadas “terapias reparadoras” (que carecen de cualquier aval científico) están en franca decadencia y muchos de sus históricos protagonistas e impulsores se han desvinculado públicamente de las mismas, todavía persisten sus ecos y las acciones de los que se resisten a abandonar su homófobo y poco ético medio de vida. Cabe recordar que, en 2013, la organización Exodus International, originaria de los Estados Unidos, cesó sus actividades y el que hasta ese momento fuera su vicepresidente, Randy Thomas, se disculpaba “por mi participación inexperta en cuestiones de políticas públicas, poniendo mi ambición personal por encima de servir a la comunidad homosexual de forma auténtica, como un amigo cristiano”. Un año después, nueve líderes de distintas organizaciones internacionales optaban por una disculpa similar a la que la de Thomas, entre ellos varios responsables de Exodus International.

Los firmantes aseguraban en su carta que “la terapia de conversión refuerza la homofobia internalizada, la ansiedad, la culpa y la depresión. Esto conduce al odio hacia uno mismo y al daño emocional y psicológico pues el cambio no sucede”. En este sentido, continuaban, muchas de sus víctimas optarán por el suicidio “como resultado de su sentimiento de fracaso” razón por la que, ahora, “unidos en nuestra convicción de que la ‘terapia’ de conversión no es ‘terapia’” reconocían que “es ineficaz y perjudicial”.

No obstante, otros personajes como Richard Cohen siguen manteniendo sus particulares teorías sobre la “curación” de la homosexualidad. Pero los intentos de “curar” la homosexualidad no son solo algo que ocurra o que haya ocurrido en Estados Unidos o en otros países de África, Asia o América Latina. En España, algunos pseudo profesionales y centros, sobre todo vinculados directa o indirectamente a la Iglesia católica, dicen aplicar los métodos “reparadores” de Richard Cohen, un supuesto “psicoterapeuta” que carece de licencia para ejercer como tal en Estados Unidos y que fue expulsado de la Asociación Americana de Counseling por múltiples violaciones éticas. Sin ir más lejos, el obispado de Alcalá de Henares (encabezado por el homófobo Reig Pla) ofrece “terapias para revertir la orientación sexual”, a partir de las teorías de Cohen, que fueron denunciadas en 2012 en un reportaje televisivo.

Recordemos, además, que en junio de 2014 el hotel Tryp Chamartín de Madrid canceló en su sede un seminario sobre la “cura de la homosexualidad” del polémico Cohen. Asimismo, unas semanas después, se inició una recogida de firmas en Change.org para que las librerías retirasen su último libro Hijos gay, padres heterosexuales. ¿Qué hacer? Un plan familiar, que pretende ser una guía para padres que prefieren para sus hijos gais una orientación heterosexual.

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La norma prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia.

Se contemplan medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

FELGTB: Felicitamos a Catalunya por la aprobación de una ley innovadora contra la LGTBfobia

La FALGBT celebra la sanción de la ley catalana contra la discriminación hacia el colectivo LGBT

El Parlament ha aprobado este jueves la Ley contra la homofobia y para garantizar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), una norma que ha prosperado con los votos a favor de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP, mientras que UDC ha apoyado solo una parte de la norma.

El régimen sancionador ha sido uno de los puntos más polémicos de la norma, que prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, discriminar el acceso de personas LGTBI a un servicio público, asediarles y convocar actos que inciten al odio contra este colectivo.

Las sanciones por estas infracciones varían en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia –569,12 euros en 2014– a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.

CDC y UDC han votado separados la ley ya que los 15 diputados democristianos han explicado que rechazan aquellos aspectos de la norma vinculados con el régimen sancionador, la educación y la inversión de la carga de la prueba, que implica que quien sea acusado de discriminación debe demostrar que no ha sido así.

Violant Cervera (CDC) ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la norma y ha negado que las sanciones vayan contra la libertad de expresión sino contra la violencia, mientras que Mercè Jou (UDC) ha explicado que los democristianos se oponen a cualquier tipo de discriminación pero no comparte algunos de los aspectos de la ley aprobada.

La tramitación de esta norma ha causado un intenso debate en el seno de la federación, coronado este viernes cuando el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, lamentó que su partido no presentase una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la ley porque “tiene más de promoción que de no discriminación”.

Críticas a Duran

Las palabras del dirigente democristiano han estado muy presentes a lo largo del pleno, ya que han despertado las críticas tanto de los defensores de la norma como del PP, que ha asegurado que “algunos dirigentes de UDC tenían mucho interés en que el PP presentase una enmienda a la totalidad, seguramente porque ellos no se atrevían”.

Los grupos favorables a la norma han cargado también contra Duran, que la semana pasada cargó contra la aprobación de esta ley, y han lamentado que definiese como “chiringuitos” las entidades que luchan contra la discriminación: “Chiringuito es lo que algunos tienen montado desde hace 40 años en el Palace a costa de los recursos de los ciudadanos”, ha replicado David Fernández (CUP).

El secretario cuarto de la Mesa del Parlament, David Companyon, ha considerado radicalmente falso que esta ley suponga un privilegio para el colectivo LGTB, y ha agradecido a Duran sus palabras porque han ayudado a poner el foco mediático sobre la ley.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado contra los que han tachado de innecesaria esta ley y han considerado que promueve la homosexualiduad, y ha explicado que él, al ser un homosexual con proyección pública, ha escuchado relatos aterradores de LGTBI: “¿Cómo se atreven a negar una realidad de discriminación y sufrimiento?“.

La vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó (ERC) –una de las principales valedoras de la norma desde el inicio de su tramitación–, ha negado que esta norma esté dando más derechos a determinadas personas si no que garantiza los que en la práctica siguen sin estar garantizados: “Vamos haciendo camino, pero no hemos llegado ni por asomo al final”.

La diputada de C’s Inés Arrimadas ha celebrado que durante el trámite parlamentario la ley se haya mejorado lo suficiente como para poder ser aprobada, y ha aplaudido que el debate sirva también para evidenciar que todavía existe discriminación contra este colectivo y que se debe luchar contra ella.

El PP catalán la caligica de ley “intervencionista”

La diputada del PP Dolors López ha reclamado que no se aprobase la ley porque es intervencionista y promueve la discriminación positiva: “Esta ley concede al colectivo LGTB un sistema de protección extraordinario del que no gozan otros colectivos ¿Por qué no hay una ley de no discriminación a los inmigrantes o a determinadas etnias?“.

“No podemos hacer una ley para cada colectivo susceptible”, ha continuado López, que ha reivindicado que la condición sexual forma parte de la intimidad de las personas y ha sostenido que el Código Penal ya contempla como agravante que los delitos respondan a motivaciones homófobas.

Fuente La Vanguardia, El País, Público,

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¿Hasta ahora era el PP quien representaba el supuesto voto católico? A este paso sólo les va a quedar la Falange y toda esa caterva de grupúsculos de extrema derecha… Por cierto, si él puede decir a sus diocesanos que no voten a tal o cual partido, ¿podrán decirle sus diocesanos que  les resbalan sus palabras?… Y a las pruebas nos remitimos…

El Obispo de San Sebastián pide a los católicos que no voten al partido popular

“Un católico no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“

Munilla: “Muchos se irán del PP tras retirar la reforma del aborto”

Lamenta la “deriva” del PP, que ha asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano”

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha cargado contra el PP tras haber decidido retirar la reforma de la Ley del Aborto y ha asegurado que “muchos se darán de baja”, al igual que “un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas”.

El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha lamentado que el Partido Popular haya asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano” y ha advertido de que en el marco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

En una carta publicada en la web de la Diócesis de Guipúzcoa, titulada ‘Voz de los sin voz’, Munilla califica de “decisión política” la retirada por parte del Gobierno central del anteproyecto de ley del aborto y advierte de que tiene unas “implicaciones morales muy graves”, ya que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos”.

Tras señalar que cuando lo que está en juego es “el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más”, Munilla critica que “cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas a las que se les niega el derecho a vivir“.

“Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano“, señala en referencia a la retirada del anteproyecto de ley.

En este sentido, afirma que “desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular” y subraya que “los hechos demuestran que la supuesta ‘izquierda’ es la que termina marcando el camino a la supuesta ‘derecha'” y cada vez existen menos diferencias ideológicas “reales” entre los partidos políticos, “dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género”.

“La decisión tomada por el presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del ‘mal menor’?“, se pregunta.

A su juicio, el tiempo ha demostrado que “por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor” y remarca que “la opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña”.

“De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del PNV se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular“, considera, para añadir que “hay que optar entre situar la ideología por encima de los valores morales o al revés.

Por todo ello, advierte de que los creyentes tienen un “serio problema” porque en el arco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

“Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“, insiste.

Texto íntegro de la carta pastoral de monseñor Munilla

Aborto: Voz de los sin voz

La retirada por parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos.

El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos: el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su legislación). Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a la supuesta “derecha”. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y psicológicamente freudiano.

La decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica: ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del “mal menor”? El tiempo ha demostrado que por el camino del “mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal menor” solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su “santo y seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el mal menor.

De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular (aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho). Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores: ¿La ideología por encima de los valores morales? ¿O los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas; hay que optar.

Los creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados.

El quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la Doctrina Social Católica.

Ni qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.

La cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?

+ José Ignacio Munilla

Obispo de San Sebastián

Fuente Religión Digital

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Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya). GUILLEM SANS

El Parlament aprobará el jueves 2 de octubre la Ley de los Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia. Así lo ha resuelto esta misma mañana la mesa de la cámara catalana y su vicepresidenta primera, Anna Simó. La norma, pionera en todo el Estado -en Galicia ya existe una pero no es punitiva- es fruto de una lucha de siete años y quiere proteger el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), que en Catalunya representa casi un millón de personas.

La resolución ha sido impulsada conjuntamente por el PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP, contará con el respaldo de CDC y el rechazo frontal del PP y Unió. En este sentido, según Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), los diputados del PP y de UDC han recibido fuertes presiones del Bisbat de Barcelona. “Es terrible la campaña de intoxicación que han hecho las jerarquías católicas para evitar que se aprobara. Me ha decepcionado mucho que haya gente que se considere cristiana y esté en contra de la existencia de derechos para el colectivo LGTB, es lamentable. Han llegado a coger el teléfono y llamar a diputados del PP y de Unió para que voten en contra de la ley y les han enviado cartas diciendo que la ley va en contra de la moral“.

Rodríguez remarca que la ley ha pasado todos los filtros legales posibles, incluido el Consell de Garanties Estatutàries, que dictaminó que ninguno de sus artículos va en contra de la Carta Magna. Pese a eso, vaticina que la iglesia pedirá a Rajoy que presente recurso de inconstitucionalidad. “Puede hacerlo pero no la paralizarán, seguro que saldrá adelante”. El camino ha sido espinoso, lleno de obstáculos y reticencias: “Ha habido momentos de todo: hemos tenido que dar puñetazos encima de la mesa de algunos diputados, enfados, lloros… ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos hecho casi un trabajo de vigilancia”.

Todos los ámbitos

Formada por 34 capítulos, es una especie de hoja de ruta exhaustiva que incluye el ciclo vital de una persona del colectivo LGTB desde todos los ámbitos: educación, universidad, sanidad, medios de comunicación, prisión, la identidad de género o la inseminación/reproducción asistida de las lesbianas. “Es la ley más completa del mundo y es muy valiente“, proclama el portavoz del FAGC. En virtud de la normativa y de las competencias de la Generalitat, la persona, institución o funcionario que la vulnere se enfrentará a un castigo administrativo, que puede ir desde multas a inhabilitaciones. Más que convertirse en una solución, la ley “apunta a la existencia de un problema” y Rodríguez espera que provoque un efecto dominó en otros parlamentos autonómicos.

Hasta ahora, los diferentes códigos penales españoles limitaban las agresiones a los ataques físicos y establecían las penas en función de los puntos de sutura o los días de permanencia en el hospital. “Las palabras pueden herir más que un puñetazo porque psíquicamente te pueden dejar fatal”. Rodríguez también se queja de otras discriminaciones más sutiles, como por ejemplo “que la comunidad de vecinos te prohíba poner una bandera y dejen poner otras, o que llegues a un hotel, pidas una cama doble de matrimonio y te digan que no te la dan porque sólo es para un hombre y una mujer”.

El portavoz de la FAGC advierte del riesgo de convertir la homofobia “en un problema pequeño” y acusa los políticos y a la sociedad de falta de valentía para atajar un tema “que siempre ha estado encima de la mesa: la libertad sexual, un valor universal y un bien de todos que está en retroceso, y el derecho al propio cuerpo”. En este sentido, elogia el feminismo por su lucha para situar este derecho en el centro del debate. “Las personas tenemos dos caminos: el del placer, visto como una opción buena y saludable, y el de la reproducción, que ya no es el clásico, porque hay muchas fórmulas y variadas, empezando por la adopción. El problema es la frivolización y que estamos construyendo una sociedad más conservadora“.

Una media de una agresión diaria

Después de la aprobación de la ley, el Parc de la Ciutadella, concretamente la glorieta de la transexual Sonia, será el escenario de una fiesta con música y discursos. “Ya tenemos ganas de celebrar cosas después de un 2013 terrible en el que han sucedido cosas muy graves”.

Y es que l’Observatori contra l’Homofòbia presentó recientemente la Memoria Antidiscriminatoria 2013. El informe detalla las 384 denuncias recibidas el año pasado en Catalunya contra agresiones y discriminaciones por opción sexual y identidad género. El perfil del agresor es el de un hombre joven (de entre 18 y 30 años), de clase obrera. Entre ellas la más grave, la del empresario Juan Andrés Benítez, socio de una entidad de LGTB que murió en la calle después de una intervención de los Mossos. El próximo 5 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el colectivo organizará una manifestación en Ciutat Vella.

De casos extremos hay muchos, desde la paliza que dos chicos recibieron el pasado sábado cuando salían de una discoteca del barrio madrileño de la Moncloa a los episodios escalofriantes de otros países. Por ejemplo en Irán, donde las personas del colectivo LGTB son colgadas y decapitadas o en Sudamérica donde, a pesar de no existir “homofobia de Estado”, existen escuadrones de la muerte contra este sector en Honduras o México (llevan 24 muertos en el 2014) o en Brasil, donde los padres llegan a asesinar a sus propios hijos si se enteran que son gays, en palabras de Rodríguez.

Rodríguez ayudó a construir el movimiento LGTB en Chile, en el primer año de la transición, donde los códigos penales se inspiraban en los españoles. “Allí se castigaba la sodomía pero se penalizaba sólo quién recibía la penetración anal, todavía hoy no se ha aprobado el matrimonio gay. Ha heredado lo peor de España: la moral”. También dio su respaldo a los procesos de Colombia y Portugal, que  actualmente tiene uno de los movimientos más fuertes a nivel de Europa en la lucha a favor del colectivo.

Zapatero, “un héroe”

El paradigma en la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia es Islandia, donde la presidenta acude a los actos oficiales acompañada por su mujer. Este país nórdico, junto a Portugal, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Argentina, Sudáfrica y España, son los únicos del mundo que han reconocido por ley los matrimonios homosexuales. En algunos casos, como en México DF, sí se pueden casar pero no adoptar.

En el caso de España, Eugeni Rodríguez no tiene reparos en loar el trabajo de Zapatero. “A pesar de que estuvo muy desafortunado en otras cuestiones, siempre lo consideraré el presidente del Estado español más valiente que ha habido por su extraordinario compromiso con los derechos humanos. Para el colectivo LGTB es un héroe”. El presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia explica que en el Congreso algunos le llamaban “maricón de mierda” y que los informes de la asociación internacional gay llegaron a situar España en el primer país en la defensa de los derechos del colectivo. “Aunque no se correspondían del todo con la realidad, él hizo el tejado. Su casa no tenía cimientos ni paredes“, una obra que ha terminado esta ley catalana.

Fuente Público

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Excelente noticia: el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dado luz verde a la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento catalán (puedes descargar aquí su dictamen completo). El Partido Popular la había impugnado ante este organismo autonómico para así retrasar su aprobación, prevista para julio, al considerar que suponía un “exceso de discriminación positiva”. Cuando se apruebe, la ley catalana será la primera ley contra la LGTBfobia aprobada en España que cuente con un régimen sancionador.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto, incluyendo las enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se opusieron al dictamen final en comisión. Hace un año, recordemos, todos los grupos rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

Se trata de un muy avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarrollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. El texto se acomoda así a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Un texto que sí contempla sanciones

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación. La propuesta catalana incluye además -de forma limitada- el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar la pertinencia de las medidas adoptadas.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y decidió recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Sin embargo, el dictamen ha sido unánime: los contenidos recurridos por el PP son acordes a la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda a este respecto que “nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por admitir una dualidad de sistemas sancionadores (penal y administrativo)”, y que respetando los condicionantes jurídicos de cada sistema Cataluña tiene potestad para legislar un régimen administrativo sancionador en esta materia. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Consejo determina que“esta técnica probatoria encuentra amparo en la jurisprudencia constitucional, que la ha admitido como mecanismo de tutela ante la dificultad probatoria de los motivos contrarios a los derechos fundamentales y a la igualdad” y recuerda que la propia proposición de ley establece que no puede usarse en procedimientos penales o administrativos sancionadores.

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, la proposición de ley queda ya solo pendiente de su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de verano. Confiemos en que la apretada agenda política catalana no impida este último trámite, que supondrá un paso de gigante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

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Ya habíamos hablado acerca de este asunto, pero volemos a él porque nos parece que amplía muy bien el tema:

El Partido Popular catalán llevará ante el Consejo de Garantías Estatutarias la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento de Cataluña, impidiendo así que se apruebe antes del periodo vacacional. El PP argumenta que el proyecto, que contempla además un régimen sancionador para las conductas discriminatorias, supone un “exceso de discriminación positiva”.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto original puedes descargar aquí, y cuyas enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se han opuesto al dictamen final en comisión. Hace ahora un año, recordemos, todos los grupos del Parlamento catalán rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

La proposición de ley es un avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. En este sentido el texto se acomoda a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Una ley que contempla sanciones, a diferencia de la gallega

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado hace pocas semanas por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. Incluye además el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar su inocencia, y no al revés. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y ha decidido recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Ello supondrá, en el mejor de los casos, que el proyecto no se vote la semana próxima, como estaba previsto, retrasándose la aprobación final a la vuelta de las vacaciones. Para Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gay de Catalunya (uno de los colectivos impulsores de la iniciativa) la decisión del PP no responde más que “a una estrategia obstruccionista y de no querer erradicar la violencia homófoba”. Rodríguez ha dejado claro además que los colectivos LGTB catalanes nunca aceptarán una ley que no incluya un régimen sancionador.

Confiemos en que la maniobra no le salga bien al PP y la apretada agenda política catalana no impida la aprobación de un proyecto que supone  un gigantesco paso adelante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Cataluña, CDC, CiU, Discriminación, ERC, Eugeni Rodríguez, EUiA, FAGC, Galicia, ICV, Parlament de Catalunya, PP, PSC, UDC

Último repaso a los candidatos españoles a las elecciones europeas que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out. Tras nuestro último recuento se han incorporado 46 candidatos más, hasta sumar un total de 178. La del PSOE se mantiene como la lista con más firmantes: 57 (casi todos sus integrantes). Podemos se coloca en segundo lugar, con 24. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue también destacada con 22 candidatos. La Izquierda Plural suma 6 candidatos más, hasta llegar a los 16. Les siguen ERC, Partido Andalucista y Piratas.

Como ya hicimos en las dos últimas entradas que dedicamos al tema, no mencionaremos los nombres de los candidatos, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen, agrupadas por listas (interesante cara a elegir la papeleta adecuada):

• PSOE (incluyendo 2 del PSC): 57.
• Podemos: 24.
• Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (14), Compromís (7) y Por Un Mundo Más Justo (1): 22.
• La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (14) e Iniciativa per Catalunya Verds (2): 16. Entre ellos está el activista LGTB Javier Sáez, a quien esta misma semana entrevistábamos en dosmanzanas.
• L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 14.
• Partido Andalucista (que experimenta un alza importante en esta última semana): 12.
• Confederación Pirata: 11.
• Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
• Partido X: 6.
• Partido de la Libertad Individual: 3.
• Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
• Partido Animalista (PACMA): 2.
• Ciudadanos: 1
• Iniciativa Feminista: 1
• PP: 1.

Como vemos, aparecen por primera vez varias formaciones nuevas en la lista. Muy singularmente el Partido X (con seis nombres), pero también el Partido de la Libertad Individual (con tres), Ciudadanos (uno) y el PP (uno). Este último es el eurodiputado Gabriel Mato, número 13 de la lista popular. Una presencia que hace aún más sorprendente la ausencia total de candidatos de UPyD, uno de los partidos de ámbito estatal más importantes, cuya línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB.

España se coloca finalmente como el primer país en número de candidatos explícitamente comprometidos a favor de los derechos LGTB, por delante de Italia (168), Finlandia (91), Reino Unido (85) y Bélgica (74). Merece la pena destacar, como hecho positivo, que en los dos únicos países en los que hasta hace unos días no había firmado ningún candidato, Bulgaria y Rumanía, ya hay también políticos comprometidos: cuatro en Bulgaria y una en Rumanía (la eurodiputada liberal Renate Weber, a la que le deseamos toda la suerte del mundo para que repita mandato).

Los diez compromisos de Come Out (que en España coordina la FELGTB bajo el lema “Da el paso”) buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

La mitad de los eurodiputados españoles podrían ser firmantes

España elegirá el domingo 54 eurodiputados. Si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, el PP será de nuevo el partido ganador, aunque podría perder varios de los escaños que actualmente tiene (24). El PSOE sería segundo -siempre según las encuestas- aunque también perdería varios de sus 23 eurodiputados. Obtendrán varios escaños La Izquierda Plural y UPyD, pero no sabemos cuantos, al igual que las listas de las que forman parte ERC, BNG, Bildu, CiU o PNV. Solo el domingo por la noche sabremos qué resultado obtienen Primavera Europea, Podemos y otros partidos de reciente creación, y si las encuestas tienen o no razón respecto a la victoria popular.

Creemos que en cualquier caso que está al alcance de la mano conseguir que al menos la mitad de los eurodiputados españoles en el próximo Parlamento Europeo sean firmantes del compromiso Come Out.

Besos de Compromís a favor de los derechos LGTB

No queremos finalizar esta entrada sin felicitar a la Coalición Compromís, una de las formaciones que forman parte Primavera Europea, por sus fotografías de besos entre personas del mismo sexo, protagonizadas en este caso por cuatro de sus representantes. Se trata de Mònica Oltra y Mireia Mollà, diputadas de Compromís en el Parlamento valenciano, y de Pedro Sánchez y Tomàs Mestre, candidato a eurodiputado y portavoz de Compromís en Alicante, respectivamente.

Las fotografías han sido publicadas por la revista digital nosGustas.com. “No es necesario ser mujer para apoyar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. No es necesario ser de raza negra para oponerse al apartheid, y por supuesto no es necesario ser homosexual para apoyar los derechos de la gente LGTBI”, reza el texto que las acompaña.

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En apenas una semana se han duplicado los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento Europeo que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea promovido por Come Out. De los 65 de hace unos días hemos pasado a 132. El mayor salto lo ha dado el PSOE, que de 13 candidatos ha pasado a 50, lo que supone que casi todos sus candidatos ya se han comprometido. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue destacada con 19 candidatos. Y hace su aparición por puerta grande Podemos: no sabemos si el toque de atención que modestamente les dábamos hace pocos días ha influido, pero 19 candidatos de esa formación se han comprometido ya. Izquierda Unida sigue con 10 candidatos, a los que hay que sumar 2 de Iniciativa per Catalunya Verts, que comparte con ellos lista. La Confederación Pirata suma por su parte dos más y alcanza los 11.

Como ya hicimos en la entrada anterior, no mencionaremos los nombres de los candidatos que han firmado, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen. En esta ocasión nombraremos además las listas que han configurado, lo que puede ser interesante cara a elegir la papeleta adecuada:

• PSOE (incluyendo 2 del PSC): 50.
• Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (13), Compromís (5) y Por Un Mundo Más Justo (1): 19.
• Podemos: 19.
• La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (10) e Iniciativa per Catalunya Verts (2): 12.
• Confederación Pirata: 11.
• L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 10.
• Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
• Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
• Partido Animalista (PACMA): 2
• Partido Andalucista: 1.

Sigue sin haber rastro del Partido Popular ni de UPyD, dos de los más importantes partidos de ámbito estatal. Este último caso es sin duda el que resulta más sorprendente, dado que su línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB. Esperemos que en la próxima revisión de la lista podamos ver también a sus candidatos.

Los diez compromisos de Come Out, recordemos, buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

En cuanto al resto de países, Italia sigue en cabeza con 137 adheridos. España es el segundo, al cual le siguen Finlandia con 87 y Reino Unido con 70. A la cola siguen Bulgaria y Rumanía, los dos únicos países de la Unión en los que ningún candidato se ha adherido al compromiso.

Nota: el listado incluido refleja la situación en el momento de elaborar la entrada. Pasados unos días volveremos a hacer un repaso de la situación…

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A principios de abril hacíamos una primera revisión de los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento Europeo que se habían adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea promovido por Come Out. Entonces eran 20 los candidatos adheridos. Hoy son ya 65. Sigue siendo destacado el caso de Equo, la formación ecologista, 13 de cuyos candidatos han firmado. Si les unimos otros 5 de Compromís, formación valenciana con la que comparte candidatura, su lista común suma 18 candidatos. Destacamos también los casos de PSOE (13 candidatos, incluyendo en este número a 1 del PSC), Izquierda Unida (10 candidatos) y la Confederación Pirata (9 candidatos).

Los diez compromisos de Come Out buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave por lo que a la promoción de los derechos LGTBI en en mundo se refiere.

Debido a su elevado número, en esta entrada no mencionaremos ya los nombres de los candidatos que han firmado (por otra parte, al ser unas elecciones en las que se vota una lista cerrada los electores carecen de la capacidad de discriminar entre los candidatos de una misma lista). Puedes consultar los nombres concretos junto a los del resto de países pinchando aquí. Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen. Además de los ya mencionados Equo-Compromís, PSOE-PSC, IU y  Confederación Pirata, se trata de Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), Esquerra Republicana de Catalunya (2), Iniciativa per Catalunya Verts (2), el Partido Animalista (2), Bloque Nacionalista Galego (1), CiU (1), Partido Andalucista (1), PNV (1) y Por Un Mundo Más Justo (1).

Destacamos, por lo negativo, la ausencia de candidatos del PP, de UPyD o de Podemos, por lo que se refiere a formaciones de ámbito estatal. La ausencia de los populares no sorprende, pero sí la de UPyD (partido que tradicionalmente se ha alineado con los derechos LGTB, más allá de las salidas de tono de alguno de sus miembros) y la de Podemos (formación de izquierda que ha irrumpido con cierta fuerza, pero cuyos candidatos no parecen especialmente motivados a adherirse al compromiso).

Por lo que se refiere al resto de países, destaca muy positivamente el ejemplo de Italia, país del que en abril solo habían firmado 3 candidatos y que ahora lidera el ranking con 125 adheridos (un alza que se debe en buena parte a formaciones no tradicionales, como el Movimiento 5 Estrellas o la Lista Tsipras). Le siguen Finlandia con 71 y Reino Unido con 68. A la cola, Bulgaria y Rumanía, los dos únicos países de la Unión en los que ningún candidato se ha adherido al compromiso.

General, Historia LGTBI BNG, Bulgaria, campaña Come Out, CiU, Compromís, Compromiso por Galicia, elecciones europeas 2014, Equo, ERC, España, Finlandia, ICV, Italia, IU, Lista Tsipras, Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Parlamento Europeo, Partido Andalucista, PNV, Podemos, Por Un Mundo Más Justo, PP, PSC, PSOE, Reino Unido, Rumanía, Unión Europea, UPyD

Nota de Prensa:

Pedimos al Gobierno medidas para garantizar los derechos LGTB dentro y fuera

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la celebración del año 2014 por el reconocimiento de los Derechos Humanos LGTB, una demanda que la FELGTB ha ido trasladando a todos los grupos políticos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la celebración del año 2014 por el reconocimiento de los Derechos Humanos LGTB, una demanda que la FELGTB ha ido trasladando a todos los grupos políticos.

La iniciativa de la FELGTB para mostrar la necesidad de abordar los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales como Derechos Humanos ha sido recogida por los grupos parlamentarios de ERC, PSOE y PP, que la han incorporado a la propuesta de condena de las leyes que criminalizan la diversidad sexual y de género fuera de nuestras fronteras e instan a la Unión Europea y la ONU a trabajar activamente contra la homofobia.

El Congreso de los Diputados, a través de esta resolución, insta al Gobierno a actuar para que el colectivo LGTBI vea reconocidos sus Derechos Humanos y para ello debe tomar medidas concretas que están en sus manos. El derecho a una vida libre de violencia requiere que el Ministerio de Educación adopte medidas dentro de los colegios e institutos que protejan a niños y niñas LGTB; el derecho a la salud, sin discriminación, que incluye también una salud sexual y reproductiva en igualdad, lo que el Ministerio de Ana Mato no debe en ningún caso coartar a través de recortes discriminatorios. Asimismo las personas transexuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que según la comunidad autónoma donde residan ven reconocidos sus Derechos Humanos o no (salud, trabajo, educación..)

“El reconocimiento de los Derechos Humanos de homosexuales, bisexuales y transexuales pasa por trabajar contra todas las trabas existentes. Si el acceso a un trabajo o a una educación libre de discriminación pasa por que no sepan quién soy, se están vulnerando mis Derechos Humanos. Abordar esto es urgente y nos ponemos a disposición del Gobierno para trabajar en ello”, ha destacado Boti G. Rodrigo, presidenta de la FELGTB

General, Historia LGTBI Ana Mato, Boti G. Rodrigo, Congreso de los Diputados, ERC, FELGTB, PP, PSOE

Nos cuenta Dosmanzanas que no ha pasado ni una semana desde que el presidente de Uganda, Yoweri Museweni, firmara -y defendiera con pasión- la ley que castiga con penas de hasta cadena perpetua a a gays y lesbianas e incluso criminaliza a todo aquel que les de cobertura o no los denuncie, y ya se empiezan a conocer las primeras consecuencias del clima homófobo generado por esta infame legislación. A las denuncias de intentos de suicidio, de historias de acoso e incluso de algún asesinato se une, y esto sí es un hecho cierto, la publicación por un tabloide ugandés de los nombres de supuestos 200 homosexuales, que ven como sus vidas pueden convertirse en un infierno de la noche a la mañana.

El tabloide Red Pepper ha publicado lo que ha llamado “el top 200″ de los homosexuales de Uganda, dando a conocer 200 nombres entre los cuales hay conocidos activistas LGTB (como Pepe Julian Onziema) pero también personas que nunca han expresado públicamente su orientación sexual y otras que sin ser LGTB han apoyado la igualdad de derechos. No se trata, desgraciadamente, de la primera vez que una publicación ugandesa hace algo así. Cómo no recordar el asesinato en enero de 2011 del activista gay David Kato, uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (otra publicación local), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la Horca”). Es cierto que el asesino de Kato fue finalmente detenido y condenado a 30 años de cárcel y que un juez llegó a prohibir la publicación de este tipo de listas, pero la propia Red Pepper hacía oídos sordos a la prohibición y seguía hace un año los pasos de Rolling Stone publicando una nueva lista de supuestos “reclutadores gays” que incluía nombres y fotos. Ahora, con el nuevo marco legal, es seguro que las publicaciones ugandesas se sentirán mucho más respaldadas para cometer este tipo de barbaridades.

Otra espantosa noticia que han recogido algunas webs es el asesinato de un joven, supuestamente gay, que habría sido quemado vivo en los días posteriores a la aprobación de la ley por el Parlamento de Uganda, que tuvo lugar a finales de diciembre. La historia no ha sido confirmada, y aunque algunas de las páginas que la recogen reproducen una terrible fotografía del cuerpo del joven aún en llamas siendo observado por un grupo de niños, bien podría corresponder a otro tipo de incidente (terrible en cualquier caso). Más fiable parece el testimonio de Kasha Nabagesera, una de las activistas LGTB más importantes de Uganda, que puesta con comunicación con Fundación Triángulo (ver más abajo) ha contado, entre otras cosas, que una pareja de chicos gays ha sido asesinada en Kampala “al no dejarse detener por la policía”.

También merece credibilidad el testimonio a la web británica Gay Star News del activista Pepe Julian Onziema (antes mencionado como una de las personas incluidas en la lista de Red Pepper) según el cual varias personas habrían intentado suicidarse -tres de ellas lo habrían conseguido- al no poder soportar la situación que se les viene encima.

Condena internacional y suspensión de la ayuda

En otro orden de cosas, la aprobación de la ley homófoba ha merecido la condena de personalidades y organismos internacionales. Algunas de ellas, como las de Desmond Tutu o las de la Casa Blanca, ya las recogíamos el lunes. Pero ha habido muchas más, entre ellas la del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que al igual que hizo Tutu comparó la legislación homófoba de Uganda al nazismo y al apartheid; la del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon; la de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navanethem “Navi” Pillay, o la de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la inglesa Catherine Ashton, por mencionar algunas de las más relevantes.

También resulta significativo que varios países hayan anunciado ya la paralización de las ayudas económicas a Uganda o al menos su revisión. Es el caso de Dinamarca, Holanda, Noruega, Reino Unido o Suecia. Varios de estos países han anunciado que derivarán dichas ayudas, en lugar del al Gobierno de Uganda, a organizaciones de la sociedad civil favorables a los derechos humanos. Conviene precisar, en este punto, que la retirada de ayuda internacional a Uganda es rechazada por la mayoría de los activistas LGTB de ese país, al considerar que no mejorará la situación y que incluso podría generar más hostilidad interna hacia las personas LGTB. El Gobierno de Uganda, entretanto, se muestra desafiante y ya ha manifestado a través de su portavoz que las amenazas de retirada de la ayuda occidental por este tema le son indiferentes.

Condena de los colectivos españoles

También en España se han sucedido las condenas, sobre todo por parte de los colectivos LGTB. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha hecho extensiva la condena a la situación que viven las personas LGTB en numerosos países de África y ha pedido al Gobierno español “que trabaje activamente por un cambio en esta zona del mundo, por la garantía de los Derechos Humanos, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género, y las garantías para el libre movimiento de las familias LGTB”.

Más rotunda se ha mostrado la Confederación COLEGAS, que ha exigido una condena pública del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Desde COLEGAS solicitamos al gobierno español a que se pronuncie oficialmente sobre estos temas y que haga unas reconvenciones a estos países, algo que tradicionalmente realizan la mayoría de países occidentales pero que no acaba de incorporarse a la política exterior española”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez. COLEGAS ha demandado a la Agencia Española de Cooperación Internacional que haga públicas las cantidades que España entrega a Uganda, Nigeria, Zimbabue y Gambia en concepto de ayudas y los conceptos en los que se entrega, así como la congelación inmediata de toda ayuda enviada directamente a sus gobiernos “con excepción de las ayudas a ONG y otro tipo de organizaciones humanitarias”.

La activista Kasha Nabagesera, “aterrorizada”

Fundación Triángulo, por su parte, se ha puesto en contacto con Kasha Nabagesera, una de las activistas LGTB más importantes de Uganda, que les ha transmitido que por el momento se encuentra bien pero “aterrorizada”. Nabagesera les ha comunicado, como hemos recogido arriba, que una pareja de chicos gays ha sido asesinada en Kampala “al no dejarse detener por la policía”. Si antes Nabagesera tenía que cambiar habitualmente de residencia, ahora no puede ni siquiera pensar en esto ante el miedo a ser descubierta.

“Esta situación nos ha llevado a replantearnos no solo el retroceso de derechos humanos de personas LGBT en Uganda, sino la demonización y la criminalización de personas que no elegimos amar de manera diferente. Desde Fundación Triángulo estaremos vigilantes de nuestros compañeros activistas con nombre propio que sin miedo y con toda la valentía que les caracteriza, han comandado una lucha por el respeto de sus derechos. Es en nombre de ellos y de David Kato que el activismo africano debe seguir en pie de lucha”, ha declarado el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez.

El Congreso declara 2014 año de los derechos LGTB

Siguiendo en España, es obligado referirse a la resolución del Congreso de los Diputados, que por una vez ha sido sensible a la ola homófoba que viven numerosos países de África y del mundo y ha aprobado por unanimidad una propuesta que la FELGTB había remitido a los grupos políticos y que ha materializado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tras acordarla con los grupos popular y socialista. La resolución condena “la persecución y criminalización de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, así como las leyes homófobas que las institucionalizan, en cualquier lugar del mundo” y declara 2014 “Año por el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB”.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

• Mantener el compromiso de defensa en la ONU y otros foros internacionales de la aplicación efectiva de las normas de derechos humanos, en especial del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, promoviendo la protección en todos los ámbitos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
• Seguir trabajando, en el marco de la UE y en otros foros, para promover activamente la derogación de las leyes que en numerosos países penalizan a las personas homosexuales y transexuales. Especialmente en los países del mundo que todavía permiten la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas.
• Buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación sexual y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas.
• Colaborar en los trabajos y actividades que se desarrollen con motivo del ‘Año por el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB’.

Desde dosmanzanas felicitamos tanto a la FELGTB como al Congreso por la aprobación de esta resolución. Ahora queda lo más difícil: que no quede en papel mojado y que el Gobierno español la haga efectiva. “Nos ponemos a disposición del Gobierno para trabajar en ello”, ha declarado al respecto Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB.

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