La recién elegida candidata socialista, Marina Silva, que releva al desaparecido Eduardo Campos en la carrera presidencial, ha defraudado a la comunidad LGTB de Brasil al retirar de su programa el compromiso de respaldar el matrimonio igualitario apenas unas horas después de publicarlo. Su proximidad con el potente electorado evangélico parece una de las razones más factibles.

Habíamos leído en La Nación que Marina Silva, candidata presidencial brasileña, en el capítulo titulado «Ciudadanía e Identidades» del programa de gobierno lanzado este viernes en Sao Paulo, se planteaba «apoyar propuestas en defensa del casamiento civil igualitario», así como «eliminar obstáculos a la adopción de niños por parte de parejas homoafectivas«. Miembro de la conservadora iglesia evangélica Asamblea de Dios, Marina Silva no se refirió directamente a este tema cuando pronunció un discurso al ser lanzado el programa.

Pues bien, el comando de campaña de la candidata socialista a la Presidencia de Brasil Marina Silva informó este sábado que fueron retirados del programa de Gobierno, que presentó este viernes, los párrafos en que se manifestaba su apoyo al matrimonio homosexual. Paso en falso, presiones o miedo a perder apoyos. Sea como fuere, lo cierto es que Marina Silva, Silva, ferviente creyente de la religión evangélica, que condena la homosexualidad y candidata socialista a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, ha retirado de su programa la reivindicación del matrimonio igualitario. Y lo ha hecho tan solo unas horas después de haberlo publicado. La aspirante a medirse con la actual presidenta, Dilma Rousseff, parece más preocupada de no perder el voto evangélico que de defender la igualdad total del colectivo LGTB. Silva, aunque bien posicionada en las encuestas, sustituye a Eduardo Campos, fallecido en un accidente aéreo el pasado 13 de agosto. En este sentido, el equipo de Silva demuestra un decepcionante abandono de los compromisos adquiridos por el anterior candidato.

 Pero Silva quiere consolidarse como la candidata de los ciudadanos descontentos con la política actual y que no se identifican con el Partido de los Trabajadores (en el poder hace 12 años) y el opositor socialdemócrata PSDB. Según las últimas encuestas, Silva ganaría en segunda vuelta a la presidenta Dilma Rousseff, que aspira a la reelección en los comicios de octubre. En tercer lugar de las preferencias aparece el candidato Aecio Neves del PSDB.

Su equipo ha querido salir al paso de la polémica difundiendo un comunicado que, sin embargo, no aparece en el apartado de prensa de la web del partido. En la nota, recogida por medios de comunicación internacionales, los socialistas alegan que la redacción del texto ya retirado “no representa fielmente los resultados de la discusión interna”, matizando que “nuestro compromiso es con el Estado laico, con respeto a las libertades individuales y religiosas. El Estado laico es defender los intereses de todos, el que cree y no cree, independientemente de su color, religión u orientación sexual”.

El programa de Gobierno de la abanderada del Partido Socialista Brasileño (PSB) fue presentado en un acto celebrado en Sao Paulo y en uno de sus trechos manifestaba su apoyo al «casamiento civil igualitario» y a la aprobación de leyes que garanticen ese derecho. Sin embargo, según una nota divulgada este sábado por los responsables de su campaña, el texto «no retrataba con fidelidad los resultados del proceso de discusión sobre ese tema en la formulación del programa de Gobierno». En lugar de los párrafos suprimidos, se ha agregado uno en el que se afirma que «permanece intocable el compromiso irrestricto» de la candidata «con la defensa de los derechos civiles» de los homosexuales y «con la promoción de acciones que eduquen a la población para la convivencia respetuosa con las diferencias».

El influyente pastor evangélico brasileño Silas Malafia, en cuyas cuentas de Twitter se constata su profunda homofobia y su tenaz obsesión en contra de los derechos LGTB, que él mismo justifica hasta la saciedad en su “derecho democrático” a difundir libremente los postulados cristianos, cargaba contra la versión inclusiva del programa socialista. Según rezaba Malafia en un tuit, “el programa de gobierno de Marina es una defensa vergonzosa de la agenda gay, y lo peor, con datos mentirosos sobre asesinatos gays. Voy a esperar”. El pastor tiraba la piedra y escondía rápidamente la mano, añadiendo en tuits sucesivos que antes de un pronunciamiento rotundo quería comprobar la reacción de la propia Marina Silva. Y una vez esta echaba marcha atrás en sus compromisos electorales LGTB, Malafia no dudaba en transmitir su euforia con las siguientes palabras: “el activismo gay está enojado con Marina. ¡Comenzando a estar satisfecho! Gracias a toda la presión. No estamos aquí para tragarnos la agenda gay”.

Es un hecho  el cúmulo de presiones ejercidas por el lobby evangélico en Brasil en contra de la igualdad de las personas LGTB, así como de sus mensajes de represión y de odio. El año pasado, sin ir más lejos, cerca de 100.000 personas convocadas por diversos grupos evangélicos mostraron en Río de Janeiro su oposición al derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, reconocido judicialmente en ese país. La convocatoria coincidió con la “Marcha por Jesús”, un evento que anualmente congrega a decenas de miles de fieles evangélicos de todo el país.

La fuerza del evangelismo brasileño consiguió asimismo el esperpéntico nombramiento del diputado Marco Feliciano como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta finales de 2013. Feliciano es un socialcristiano, marcadamente homófobo y racista, que fue colocado en aras del acuerdo que su formación mantiene con el partido de Rousseff.

En cualquier caso, pese a la obcecación de pastores evangélicos como Malafia o incluso el negacionismo de los crímenes motivados por el odio LGTB, es tristemente cierto que la homofobia está instalada en buena parte de la sociedad brasileña y que a menudo se traduce en violencia, crímenes y suicidios. Y, desde luego, es inegable la responsabilidad del lobby evangélico mediante sus discursos vejatorios, como la interesada y falsa asociación entre homosexualidad y pederastia.

El Grupo Gay de Bahía, el colectivo LGTB más antiguo del país, hacía público un dato que ejemplifica bien la situación: desde 1980 hasta 2009 se produjeron 2.998 asesinatos homófobos. El último caso que recogimos expresamente fue el homicidio de Bruno Borges de Oliveira, un muchacho gay de 18 años que volvía a casa en compañía de dos amigos tras disfrutar de una noche de fiesta. El brutal ataque fue llevado a cabo por 6 jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 23 años, que formaban una banda que se había especializado en acudir a una de las zonas de ambiente de São Paulo y allí atacar a víctimas desprevenidas, a las que humillaban, robaban y agredían.

En Brasil no existe ninguna legislación sobre el casamiento entre personas del mismo sexo, pero se permite en los registros civiles en función de una decisión judicial adoptada a mediados del 2013. La justicia brasileña determinó que las oficinas públicas que celebran matrimonios no pueden rechazar a parejas homosexuales que deseen casarse, a pesar de que el Congreso no ha aprobado una ley federal al respecto. El 14 de mayo de 2013, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, órgano de gobierno del poder judicial, decidía por 14 votos contra 1 emitir una orden que obliga a los registros civiles de todo el país a adoptar un único criterio y registrar los matrimonios entre personas del mismo sexo. La orden venía a despejar la situación jurídica existente hasta entonces en Brasil, donde 13 jurisdicciones (12 de los 26 estados y el Distrito Federal) reconocían ya el matrimonio igualitario. Por lo tanto, el matrimonio igualitario es una realidad de facto, a pesar de no contar con una legislación específica.

Con información de La Nación , Dosmanzanas y NTN 24

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Mientras la Conferencia Episcopal colombiana rechaza la adopción por parejas homosexuales afirmando que “Se perderían los valores”, nosotros nos alegramos enormemente y os preguntamos qué valores defienden ellos…

Solo como “histórica” se puede calificar la jornada de ayer para los derechos LGTB en Colombia. Por un lado, la Corte Constitucional avaló por seis votos contra tres el acceso de las parejas del mismo sexo a la adopción, aunque por el momento limita ese derecho a que uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro. Por otro lado, en un hito de visibilidad lésbica sin precedentes, dos ministras del gobierno confirmaron públicamente la existencia de una relación de pareja entre ellas.

El fallo del alto tribunal, del que fue ponente el magistrado Luis Guillermo Guerrero, expresa que “la Corte encuentra que se pueden comprometer los derechos constitucionales de los niños, cuando el Estado se abstiene de reconocer jurídicamente las relaciones de afecto y solidaridad, sólidas y estables, entre niños que tienen una única filiación, y los compañeros permanentes del mismo sexo del progenitor, con el que comparte la crianza, cuidado y manutención del menor. En esta hipótesis en las que de hecho se ha conformado este tipo de lazos, con el consentimiento del padre o madre, y que redundan en beneficio del menor, la falta de reconocimiento jurídico de tal vínculo se traduce en un déficit de protección del niño que amenaza el goce efectivo de sus derechos”.

La sentencia pone fin a la acción de tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, dos mujeres que ante la imposibilidad de formalizar su matrimonio en Colombia contrajeron en 2005 unión civil en Alemania. Más tarde decidieron ser madres, para lo cual Leiderman se inseminó artificialmente con esperma donado por un conocido de la pareja. Tuvieron una niña, pero solo Leiderman figura legalmente como tal. En enero de 2009 Verónica Botero presentó una acción de tutela para que se le permitiera adoptarla, lo que dio lugar a una espiral judicial que acabó encallando en la Corte Constitucional, que en varias ocasiones anteriores había amagado con emitir una sentencia favorable para después demorarla. La pareja, de hecho, tiene ya otro hijo, del cual la madre biológica es en este caso Verónica Botero.

Aunque la semana pasada se daba prácticamente por hecho que el resultado sería favorable a la adopción por cinco votos a cuatro, la votación del jueves 21 quedó empatada cuatro a cuatro. Una novena magistrada, la doctora Martha Sáchica (que ocupa el puesto desde hace unas pocas semanas) se abstuvo de votar y pidió estudiar el expediente durante una semana más. Este jueves 28 se conocía el fallo, apoyado finalmente por seis de los nueve magistrados de la Corte.

Una decisión coherente con las previas

La decisión de la Corte Constitucional, es importante dejarlo claro, se refiere específicamente a la familia recurrente y no supone la apertura generalizada de la adopción a todas las parejas del mismo sexo. Quizá por eso el resultado de la votación final ha sido menos ajustado de lo que se preveía. Pero sí establece un precedente fundamental para que en casos similares (parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros quiera adoptar a los que ya son reconocidos legalmente como hijos del otro) la justicia proceda del mismo modo.

El avance es importantísimo, y unido a lo que ya en 2011 determinó la Corte y posteriormente ha ratificado el Consejo de Estado (que las parejas del mismo sexo deben ser reconocidas como familia) configuran un marco jurídico considerablemente avanzado para las parejas LGTB en Colombia, un país en el que la realidad política hace muy complicado que puedan producirse avances por vía exclusivamente legislativa.

La Corte Constitucional de Colombia, recordemos, está también obligada a pronunciarse en algún momento sobre el matrimonio igualitario y así despejar la incertidumbre jurídica existente después de que ya existan al menos tres matrimonios entre personas del mismo sexo cuya validez ha sido reconocida por los tribunales.

La decisión de la Corte supone por último un jarro de agua helada a la estrategia de la Procuraduría General de la Nación, al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra los derechos LGTBI uno de los ejes de su acción. Este jueves fue, sin duda, un día muy triste para Ordoñez.

Dos ministras del gobierno, pareja lésbica

Gina Parody y Cecilia Álvarez.

La histórica decisión de la Corte Constitucional se acompañaba además de otro hito, en este caso de visibilidad LGTB, aunque no deja de tener un marcado significado político.  La ministra de Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez, confirmaba públicamente su relación de pareja con su compañera de gabinete Gina Parody, ministra de Educación. Fue en una entrevista a RCN La Radio, donde Álvarez era preguntada expresamente por las implicaciones que su relación podría tener en su acción de gobierno. “Yo me pregunto, ¿por qué estas preguntas no se las hacen a los hombres? ¿Cuántos hombres con tendencias como la nuestra han estado en los gabinetes? Yo no puedo desconocer lo que soy y nunca se habló de eso; el presidente, como ser humano que es, siempre habló de mis capacidades y me imagino que en el caso de Gina también”, respondió.

“Le doy gracias al presidente porque nunca, nunca, se metió en el tema personal, sino que vio las cualidades profesionales de nosotras”, añadió Álvarez, que ya fue ministra de Transporte en el anterior gobierno de Santos. “Hay una persona que tiene méritos, y yo lo he demostrado en el sector privado y en el sector público. Y afortunadamente las épocas de persecución y rechazo ya pasaron”, apostilló.

Cecilia Álvarez es ingeniera industrial y ya ocupó la cartera de Transportes entre 2012 y 2014, respaldada por el Partido de la U (el partido del presidente Santos).  Gina Parody, abogada, se convirtió en 2006 en la senadora más joven de la historia del país por el Partido de la U, cargo y formación que luego abandonó por diferencias ideológicas para presentarse como independiente a la alcaldía de Bogotá. Fue de hecho consejera presidencial para los asuntos de la capital. Tras la reelección de Santos, el presidente decidió contar con ella para la cartera de Educación.

Un gobierno, el de Juan Manuel Santos, claramente más comprometido con las personas LGTB en su segundo mandato después de este colectivo fuera uno de los que hicieron posible su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, fuertemente apoyado por las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, para las cuales la oposición a los derechos LGTBI es clave.

Fuente Dosmanzanas

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Es un spot promovido por la organización lituana LGL como parte de su campaña Keisk (“Cámbialo”) contra la discriminación de las personas LGTB. Las imágenes muestran escenas cotidianas en las vidas de personas LGTB, absolutamente “blancas”, sin elementos que puedan ser considerados “provocativos”. No se ve ni un solo beso. A pesar de ello, las televisiones lituanas se niegan a emitirlo por considerar que se exponen a ser acusados de violar la legislación homófoba vigente. Una actitud que LGL califica directamente como censura. Lituania, recordemos, es miembro de pleno derecho de la Unión Europea.

Insertamos a continuación el spot, en su versión inglesa (el original es exactamente igual, con los textos en lituano). Keisk cuenta por cierto con el patrocinio, entre otras organizaciones, de ILGA Europe, de Amnistía Internacional y de la propia Comisión Europea:

¿A qué se debe exactamente el temor de las televisiones lituanas, algunas de las cuales han rechazado directamente el spot mientras que otras se han negado a emitirlo hasta que no haya garantías suficientes de la Oficina de Inspección de Ética Periodística de que no viola la ley? Muy sencillo. Lituania, pese a ser un estado de pleno derecho de la Unión Europea, ha aprobado leyes de carácter homófobo… sin que ello le haya supuesto sanción alguna. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a “orientación sexual”. Prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores.

Meses antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la llamada ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública”. Pese a que su versión inicial fue corregida tras las numerosas protestas (prohibía informar de forma positiva sobre homosexualidad en escuelas, lugares públicos y medios de comunicación que pudieran ser vistos por niños), su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad: se eliminaron la referencias explícitas a esta pero se prohíbe toda aquella información “que promueva el abuso sexual a menores, las relaciones sexuales entre menores y en general las relaciones sexuales”, estipulando además que no podrán promocionarse “concepciones de la familia distintas a las determinadas por la Constitución de la República y el Código Civil”. Esta es la ley por la cual las televisiones lituanas se resisten ahora a emitir el spot.

Homofobia de estado, sin matices

Posteriormente ha habido diversas iniciativas para endurecer aún más la legislación contra la visibilidad LGTB. La última de ellas, un paquete de medidas homófobas que incluía la aprobación de una ley contra la “propaganda homosexual” similar a la rusa. La iniciativa quedó en suspenso en el Parlamento lituano en marzo, no tanto porque no dispusiera de suficientes apoyos como por el temor a las consecuencias diplomáticas que una decisión así puede acarrear al país. Ello fue posible porque la mayor parte de los diputados del principal partido de centro-derecha no votaron, con lo cual la iniciativa, pese a reunir la mayoría simple, no consiguió suficientes votos para ser tomada en consideración.

Ello no significa, como bien ha quedado demostrado, que la actual legislación homófoba no sea suficiente para amedrentar a los medios de comunicación e impedir que los colectivos LGTB consigan una mínima cuota de visibilidad. Aunque sea con spots tan políticamente correctos como el que nos ocupa, que ahora debe pasar el filtro de la mencionada Oficina de Inspección de Ética Periodística  -un organismo público que “supervisa” la información que ofrecen los medios lituanos- para poder ser emitido por televisión.

Funte Dosmanzanas

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Las familias homoparentales con hijos “funcionan igual de bien”

Pareja de lesbianas en Colombia luchan por poder adoptar

Colombia: Con la adopción gay triunfa el sentido común, y 3 opiniones más para que se forme la suya

El anuncio de que la Corte Constitucional se pronunciará en breve sobre una acción de tutela de una mujer lesbiana que pide ser reconocida como madre adoptiva del hijo biológico de su pareja ha alentado una serie de reacciones positivas por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo. Se trata de hecho de la primera vez el gobierno de Juan Manuel Santos se pronuncia explícitamente a favor del reconocimiento de derechos LGBTI en Colombia. Todo un signo del cambio operado después de que el colectivo LGTBI apoyara a Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al candidato uribista.

El Ministerio de Salud ha avalado en un concepto jurídico la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En el documento el director jurídico de esta entidad, Luis Gabriel Fernández, sostiene que “no existe ningún riesgo para la salud y el bienestar de los menores de edad derivada de la adopción por parte de parejas del mismo sexo (…) Por el contrario, la orientación sexual de los padres es, en general, indiferente para el desarrollo cognitivo y social de los menores. Adicionalmente, en muchos casos, como en la adopción de menores de alto riesgo, puede contribuir a su bienestar”.

De la misma forma indica que “el único factor diferenciador en el bienestar de menores adoptados o criados por parejas del mismo sexo está en el estrés y las dificultades que pueden causar las restricciones legales y el estigma”. En otras palabras, el mayor problema para los menores adoptados es la homofobia de la sociedad, no la orientación sexual de los padres adoptivos.

El propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha puesto mucho énfasis en declaraciones radiofónicas en que la recomendación de su ministerio se basa estrictamente en la evaluación de la evidencia científica disponible. El ministro también respondió a la pregunta de si la sociedad colombiana está preparada para este cambio, argumentando que esa es precisamente una de las funciones del estado: divulgar la evidencia centífica y así permitir cambios sociales y culturales de ideas que en buena parte están sostenidas por el desconocimiento.

También el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se ha posicionado a favor de la adopción homoparental. “Personalmente he venido defendiendo la posibilidad de que el ordenamiento constitucional permita la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. De todas maneras respetamos la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que las parejas de homosexuales puedan adoptar”, ha declarado.

La Defensoría del Pueblo, organismo independiente que vela por los derechos humanos en Colombia, se ha manifestó también de acuerdo. “La posición de la Defensoría debe estar acompañada de una política humanitaria clara, hay familias que tienen las comodidades de adoptar niños que se encuentran en difícil situación, ¿cómo prohibirle a unas personas con una inclinación sexual diferente que puedan darle educación y dedicación a esos niños?”, ha declarado el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Caben pocas dudas, en cualquier caso, de que la actitud proactiva del gobierno Santos sobre la adopción homoparental en este segundo mandato se relaciona con el hecho de que el colectivo LGTBI fuera uno de los que hicieron posible su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, fuertemente apoyado por las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, para las cuales la oposición a los derechos LGTBI es clave.

Mientras tanto, en la Corte Constitucional…

El pasado 21 de agosto la Corte Constitucional sesionó para resolver por fin la acción de tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, después de tenerla tres años sobre la mesa. Se trata, recordamos, de dos mujeres que ante la imposibilidad de formalizar su matrimonio en Colombia contrajeron en 2005 unión civil en Alemania. Más tarde decidieron ser madres, para lo cual Leiderman se inseminó artificialmente con esperma donado por un conocido de la pareja. Tuvieron una niña, pero solo Leiderman figura legalmente como tal. En enero de 2009 Verónica Botero presentó una acción de tutela para que se le permitiera adoptarla, lo que dio lugar a una espiral judicial que acabó encallando en la Corte Constitucional, que ya en varias ocasiones anteriores ha amagado con emitir una sentencia favorable para después demorarla.

Aunque se daba prácticamente por hecho que el resultado sería favorable por 5 votos a 4, la votación del pasado jueves quedó empatada cuatro a cuatro. Una novena magistrada, la doctora Martha Sáchica (que ocupa el puesto desde hace unas pocas semanas) se abstuvo de votar y pidió estudiar el expediente cuidadosamente durante ocho días más. Sí la votación final es positiva, habrá qué ver además en que términos el fallo es extensivo a otras parejas del mismo sexo. En cualquier caso, quedaría como un precedente fundamental para procesos similares.

La única institución oficial contraria a la adopción homoparental es la Procuraduría General de la Nación, al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez (un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra los derechos LGTBI uno de los ejes de su acción), quien ya presentó su concepto contrario a la Corte Constitucional. La Iglesia católica también ha enviado una carta manifestando su oposición.

La organización Colombia Diversa, por su parte, presentó ante la Corte dos estudios sobre el desarrollo de los menores de edad entre parejas del mismo sexo, uno de la Sociedad Estadounidense de Sociología y otro del Instituto Williams de la Universidad de California. Se han posicionado también a favor la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes. La Universidad de La Sabana, del Opus Dei, se ha posicionado en contra. Todas han hecho llegar sus conceptos a la Corte Constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo episodio de violencia homófoba en Grecia, donde una pareja gay ha sido víctima del ataque de entre 10 y 15 matones con la cabeza rapada y ataviados con camisas negras. En los últimos años está aumentando de forma alarmante este tipo de acciones en el país heleno. Solo en el último mes, según denuncia la Asociación de Apoyo Transgénero, este es el cuarto caso registrado. El auge de la formación política filonazi Amanecer Dorado y sus constantes mensajes homófobos y xenófobos contribuye a fomentar este clima violento en Grecia y da alas a sus acólitos radicales para el “control” de las calles, mediante la coacción, el miedo y la fuerza. Como recogió dosmanzanas, esta formación extremista llegó a repartir folletos, tras las elecciones legislativas de 2012, en los que amenazaba al colectivo LGTB diciendo que “después de los inmigrantes, sois los siguientes”.

Al parecer, una pareja gay se encontraba el pasado sábado departiendo en un banco de la plaza Bernabé Pagrati de la ciudad de Atenas (capital del país), sobre las 12:30 de la madrugada, cuando empezó a recibir insultos hómofobos y burlas por parte de dos o tres personas que se encontraban en las inmediaciones. Poco después, apareció un grupo extremista de entre 10 y 15 hombres con las cabezas rapadas y camisas negras que les propinaron una brutal paliza. Las víctimas tuvieron que ser atendidas en el hospital. Uno de ellos, incluso, ha precisado una cirugía en el tobillo. La policía asegura estar investigando los hechos.

Sin embargo, hasta las fuerzas de seguridad griegas están en el ojo del huracán homófobo. El pasado 31 de julio, 12 organizaciones LGTB firmaron un comunicado de prensa conjunto en el que denunciaban una agresión a otra pareja gay que caminaba cogida de la mano por el casco histórico de Atenas, perpetrado en este caso por agentes de policía. “Encontramos este incidente particularmente preocupante, ya que proviene de la policía, cuya misión es la protección de todos los ciudadanos y no asustar o atemorizar, aplicando violencia verbal y física racista”, argumentaban las entidades en su escrito.

Escalada de violencia homófoba

Desgraciadamente, estos sucesos no son casos aislados sino que se suman a una creciente ola de agresiones en todo el país. Asimismo, la fuerza pujante de la extrema derecha, así como el discurso intolerante e intimidatorio de la Iglesia ortodoxa griega, no contribuyen a frenar estos ataques físicos y verbales motivados por el odio. Antes al contrario, los azuzan.

El año pasado, Tasso Stafilidis, hijo de inmigrantes helenos en Suecia y primer miembro del parlamento nórdico abiertamente gay, fue víctima de una agresión homófoba, mientras se encontraba con un acompañante de vacaciones en Grecia. Tres encapuchados los asaltaron, primero con insultos homófobos y luego a golpes. Stafilidis, que diputado en Suecia por el Partido de la Izquierda entre 1998 y 2006, manifestó entonces su preocupación ante el auge de sentimientos hostiles hacia las minorías, debido a la crisis económica.

Lejos de predicar con el buen ejemplo, destacados miembros de la jerarquía ortodoxa griega han instigado la repulsa social hacia el colectivo LGTB, fomentando con ello algunas manifestaciones violentas. En 2012, por ejemplo, alrededor de cincuenta personas atacaron a los participantes de la primera marcha del Orgullo LGTB de Salónica, tras la enérgica condena a la marcha multicolor por parte de un obispo local.

Ante la impotencia de estos y otros sucesos, especialmente las agresiones en la calle a parejas gais, las agrupaciones LGTB griegas han solicitado ayuda internacional en varias ocasiones. OLKE (Comunidad Lésbica y Gay de Grecia) llegó a dirigir una carta a otras organizaciones LGTB europeas en la que manifestaba su preocupación por el incremento de las agresiones homófobas y tránsfobas acaecidas en el país.

14 entidades urgen la aprobación de la ley anti racista

Organizaciones LGTB y pro derechos humanos de toda Grecia han suscrito la petición al Gobierno de “la aprobación inmediata de la llamada ley ‘anti racista’, con la inclusión de la orientación sexual e identidad de género”, con la consiguiente “integración y adopción de enmiendas a la protección de las víctimas de crímenes de odio racistas”. Además, consideran que es imprescindible la integración y la adopción de la enmienda en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la unión civil “para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual e identidad o expresión de género y la protección de los derechos sociales fundamentales”.

Fuente Dosmanzanas

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Publicamos de nuevo esta noticia que ya hicimos el pasado 5 de agosto, porque amplía la misma y da cuenta de las consecuencias que le ha reportado a Ludovic Mohamed Zahed

Ludovic Mohamed Zahed, un imán gay de origen argelino, ha oficiado en Estocolmo la boda entre dos lesbianas iraníes, en el marco de la celebración del Orgullo LGTB de la capital sueca. Como cabía esperar, la noticia ha suscitado la ira de los grupos musulmanes más conservadores, que no han tardado en mostrar su rechazo hacia Zahed.

Las contrayentes, Sahar Mosleh y Maryam Iranfar, son una pareja de lesbianas residentes en Suecia y que se conocieron a través de Internet hace nueve años. Hace cuatro contrajeron matrimonio civil, y ahora han querido celebrar la que posiblemente es la primera ceremonia religiosa en la que dos mujeres iraníes se casan, lo que supone también un acto de autoafirmación de la diversidad. Según declaraba a un medio local Iranfar, “es un gran reconocimiento que nuestro amor sea bendecido públicamente por un imán” en un mundo en el que “la xenofobia islamófoba aumenta”. No hay que olvidar que el código penal iraní castiga el lesbianismo con cien latigazos para cada una de las participantes, y con la aplicación de la pena de muerte en el caso de haber reincidencia.

La celebración de la boda tuvo lugar el pasado 2 de agosto, pocos días antes de que se produjese el nacimiento de su primer hijo. Mosleh sufre las consecuencias de una extraña enfermedad congénita conocida como la de ‘los huesos de cristal’ que le obliga a utilizar una silla de ruedas eléctrica para desplazarse. “Muchos dan por sentado que soy la asistente personal de Sahar y no su esposa“, se lamentaba Maryam Iranfar en relación a este asunto. Debido a esta razón Iranfar ha sido la madre gestante.

La difusión del evento, grabado por las cámaras de la televisión sueca, ha sido bastante amplia, llegando incluso a tierras afganas. “Es muy especial porque es la primera vez que una pareja de lesbianas se casa en público delante de un imán”, comentaba orgulloso Zahed. Pero no todos lo han celebrado de la misma forma: la condena no se ha hecho esperar por parte del movimiento salafista argelino, uno de cuyos líderes, Abdelfatah Hamaddach, ha pedido a su gobierno que retire la nacionalidad a Zahed “para lavar el honor de Argelia de este perverso”. Ha añadido además que “en el islam no existe el imán homosexual” y, haciendo gala de su odio irracional hacia el colectivo LGTB, añade que “al homosexual en el islam se le trata con la espada y la muerte”. Una triste realidad que se ha cobrado muchas vidas, como por ejemplo documenta un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de las personas LGTB en Irán presentado a finales del año 2010.

Zahed ha sufrido las consecuencias de la homofobia en más de una ocasión. Experto en el Corán y conocido activista LGTB y contra el VIH (él mismo es seropositivo), Zahed conoció a su marido, el sudafricano Qiyam Al Din (también musulmán) en una convención sobre el VIH que tuvo lugar en Sudáfrica en 2011. Se enamoraron y decidieron contraer matrimonio civil. La pareja se instaló finalmente en Francia, país del que Zahed es ciudadano. Allí celebraron una boda religiosa y solicitaron además el reconocimiento de su matrimonio, que entonces les fue denegado (Francia no había aprobado por entonces el matrimonio igualitario).

Os dejamos con el reportaje de la televisión sueca que muestra imágenes de la ceremonia. Pese a estar en sueco (salvo las declaraciones del imán Zahed, en inglés) creemos que resulta de interés:

 Fuente Dosmanzanas

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Magnífico vídeo futurista elaborado para promocionar una marcha a favor del matrimonio igualitario que tuvo lugar este domingo en Dublín, convocada por la organización LGTB Noise. El vídeo muestra a una pareja heterosexual irlandesa, Mary y John, parapetados en su casa en 2017, dos años después de que un referéndum aprobara en 2015 el matrimonio entre personas del mismo sexo en Irlanda. Una decisión que desembocó en un escenario postapocalíptico…

“¿Ya vienen? ¿Ya vienen, verdad?”, dice Mary. “No veo a nadie, pero no quiere decir que no estén”, responde John, oteando el exterior a través de la rendija del correo. La pareja explica después en un vídeo el drama vivido en Irlanda tras la aprobación del matrimonio igualitario… “Hubo un referéndum (…) No nos preocupó demasiado (…) Pensamos incluso que el asunto quedaría cerrado. Hasta donde sabemos, por aquel entonces solo había cinco o seis gays operando en Irlanda”, comentan.

Pero las cosas no fueron como ellos habían previsto. Incluso gente de su entorno votó a favor, pensando que todo el mundo tenía derecho a casarse con quien quisiera… El matrimonio igualitario fue aprobado, y ello supuso la llegada de un auténtico “armagayddon”. Y es que “tanta igualdad” convirtió a Irlanda un país irreconocible. “Intentamos adaptarnos (…) Pero aquellas bodas…”, dice John. “Y esos pasteles…” añade Mary.

La pareja se mantiene desde entonces encerrada en casa, aguantando como la que puede ser única familia heterosexual que no ha sido vencida por la epidemia. Mantiene a su hijo encerrado en una caja para que se mantenga inmune, convenientemente estimulado para que crezca como heterosexual…

Os aconsejamos disfrutar del vídeo hasta el final:

El referéndum, en 2015

Como recogimos en julio, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, admitió que la anunciada reforma constitucional para introducir el matrimonio igualitario en la República de Irlanda será sometida a referéndum en la primavera de 2015.

El anuncio de Kenny fue la confirmación del calendario que ya se empezó a esbozar a finales del año pasado. La modificación de la carta magna del país para autorizar de forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo fue una de las propuestas de la Convención Constitucional. La propuesta fue remitida oficialmente al Gobierno a principios de julio de 2013, abriendo un plazo de cuatro meses tras los cuales el Ejecutivo decidió darle su apoyo.

Una clima social cada vez más favorable

Pese a ser un país de fuerte tradición católica, en los últimos años el peso de la Iglesia irlandesa se ha reducido considerablemente, en buena parte debido al conocimiento de los abusos cometidos durante décadas sobre niños y adolescentes. Un proceso que ha debilitado su capacidad de influencia y que permitió por ejemplo que en 2010 el Parlamento aprobara una ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo por práctica unanimidad de las fuerzas políticas pese a la declarada oposición de la Iglesia.

Ello no significó que la lucha a favor del matrimonio igualitario se detuviera, y de hecho las muestras de apoyo han ido acumulándose. Una muy relevante que recogimos en su momento fue el respaldo de la corporación municipal de Dublín por una mayoría de 38 votos a favor frente a solo cuatro en contra. Y la expresidenta Mary McAleese, una figura especialmente respetada en el país, se pronunciaba hace dos años a favor.

Pero quizá lo más significativo es el apoyo que las encuestas de opinión vienen detectando ya desde hace años. En 2008 ascendía al 68%, en 2012 alcanzaba el 73%, a principios de 2013 rompía la barrera del 75% y en febrero de este año llegaba al 76%. Un apoyo que permite albergar esperanzas de que el referéndum de 2015 arroje un resultado favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Entre sus derechos está el respeto de su intimidad, su orientación sexual, su imagen y su dignidad en el trabajo, así como a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo y orientación sexual.

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con la Ley en el caso del profesor gay casado que ha sido expulsado por el Obispado de Canarias y señaló que el mismo sigue siendo en la actualidad profesor nombrado.

«El nombramiento se hizo antes de que el expediente quedara resuelto. Faltan una serie de trámites para que el mismo quede resuelto. Sí es cierto que este profesor sigue siendo profesor nombrado», dijo este viernes durante una rueda de prensa.

Por su parte, señaló que el Gobierno de Canarias «cumplirá con la ley» y recordó que para el profesorado de religión hay una orden desde 2009 que regula sus derechos y deberes.

Señaló que entre sus derechos está el respeto de su intimidad, su orientación sexual, su imagen y su dignidad en el trabajo, así como a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo y orientación sexual.

«O lo que es lo mismo –agregó Pérez–, nosotros cumpliremos con la Ley. Es cierto que en la orden se estipulan las circunstancias en las que el Obispado puede retirar la licencia que le convierte en profesor de religión. En el caso de que lo haga tiene que motivarlo suficientemente y ese expediente no se ha concluido«, aseguró.

Fuente Cáscara Amarga

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Arzobispo John Baptist Odama

El arzobispo católico de Gulu, en Uganda, ha afirmado que no debe “hacerse daño” a los homosexuales, aunque al mismo tiempo ha reafirmado la desaprobación de las relaciones entre personas del mismo sexo. Estas declaraciones se producen poco después de la anulación de la ley que endurecía el trato penal a las personas homosexuales, castigándolas en algunos casos con cadena perpetua, y que incluso obligaba a la delación.

Las declaraciones de John Baptist Odama tuvieron lugar en la Iglesia del Santo Rosario el pasado lunes 18 de agosto, en el contexto de una boda. Según este arzobispo, debemos aprender “a amar a las criaturas humanas de Dios. No es que defienda las prácticas homosexuales en el país, pero no deberíamos tomar las leyes a nuestra disposición para hacer daño y odiar a los homosexuales porque todos tenemos debilidades”.

Según Odama, la lucha contra la homosexualidad debe centrarse en “concienciar” a la juventud acerca de su supuesto impacto negativo, dado que “va contra los parámetros y normas culturales”.

Cardenal Peter Turkson

Las declaraciones del arzobispo de Gulu, que por cierto un recibió en 2012 un premio por su labor pacificadora, no dejan de tener relevancia en un país como Uganda, donde numerosos líderes religiosos se han encontrados entre los principales valedores de su legislación homófoba. La postura de la Iglesia católica, en este caso, ha sido relativamente moderada. De hecho, no es la primera vez que un alto miembro de la jerarquía católica se declara en contra de los castigos que preveía la ley. Ya en marzo pasado el cardenal africano Peter Turkson, en unas declaraciones informales, afirmaba que los homosexuales no debían ser “tratados como criminales”.

Sí que es la primera vez, con todo, que las declaraciones las hace un clérigo de alto nivel incardinado en la misma Uganda, lo que podría entenderse como un implícito apoyo de la Iglesia católica ugandesa al nuevo statu quo creado tras la reciente anulación por el Tribunal Constitucional de Uganda de la ley homófoba, escudándose en un defecto procedimental, y que no pocos observadores creen que ha sido inducida por el propio presidente ugandés, Yoweri Museveni, a la que esta ley ha traído grandes quebraderos de cabeza en la escena internacional.

Una anulación que de todas formas ha sido recurrida y que en cualquier caso ha dado pie a que sus partidarios se hayan puesto en marcha para volver a aprobarla. El que fue su principal promotor, el diputado David Bahati (con conocidas conexiones con la derecha religiosa estadounidense) confía de hecho en que al final “la moral del pueblo de Uganda prevalecerá”.

Dudas sobre una denuncia de lapidación de varias personas LGTB

La anulación de la ley, de hecho, provocó el temor a que se recrudeciera la violencia contra las personas LGTB. Un temor comprensible, teniendo en cuenta el clima de odio desatado en Uganda desde que se empezó a discutir la ley y que ha propiciado decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.

Hace pocos días, de hecho, numerosos medios recogían la noticia del salvaje asesinato mediante lapidación de seis personas LGTB en una zona rural de Uganda, difundida mediante un comunicado de Friends New Underground Railroad, una organización cuáquera cuyo objetivo sería ayudar a escapar de Uganda a personas LGTB perseguidas. Pero la noticia no estaba contrastada por ninguna otra fuente y no provenía de las organizaciones que habitualmente y de forma fiable trasmiten información sobre la situación de las personas LGTB en Uganda. Días después, persisten serias dudas sobre la veracidad de la noticia, que activistas locales de contrastada trayectoria creen falsa y sobre la que no han encontrado evidencias tras trasladarse al lugar en el que supuestamente tuvieron lugar los hechos. Seguiremos en cualquier caso pendientes del tema.

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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha anunciado que la unión de hecho entre personas del mismo sexo será reconocida como derecho constitucional.

Correa ha destacado que se trata de un avance en materia de derechos que se logró a partir de conversaciones entre el presidente y organizaciones GLBTI el pasado 18 de agosto.

Simbólico pero importante paso hacia la igualdad en Ecuador. El presidente Rafael Correa anunció el pasado viernes que las uniones de hecho para las parejas del mismo o de distinto sexo serán reconocidas como un estado civil en el documento nacional de identidad (la llamada cédula de ciudadanía). Correa también estudiará la posibilidad de que las personas transexuales puedan modificar dicho documento para que refleje su identidad de género.

«Es su derecho registrar una unión de hecho entre heterosexuales o personas del mismo sexo este es un derecho constitucional y de ser negado, las autoridades tomaremos cartas en el asunto«, ha afirmado Correa durante su informe semanal, según recoge la agencia de noticias oficial, Andes.

Asimismo el presidente Correa aseguró que durante la reunión con grupos GLBTI se comprometió a analizar una posible inclusión de identidad de género en el documento de identidad para evitar humillaciones a las personas.

El acuerdo con el Registro Civil, con fecha 22 de agosto, ordena derogar la prohibición de ingresar la unión de hecho como un estado civil, asimismo establece registrar las uniones de hecho como un dato complementario del estado civil y crear un registro especial para estas uniones. Este servicio se prestará desde el 15 de septiembre. La unión es una figura jurídica que reconoce la alianza entre dos personas libres de vínculo matrimonial.

La Constitución ecuatoriana concede los mismos derechos a las uniones de hecho que a los matrimonios civiles o católicos, y a partir de esta decisión los homosexuales ganan más  reconocimiento legal . Sin embargo, Correa aclaró que «nunca he ofrecido (aprobar el) matrimonio homosexual», como piden los grupos GLTBI. Ecuador introdujo la figura de la unión civil para las parejas del mismo y de distinto durante la elaboración de la Constitución de 2008, que establece la igualdad de derechos y obligaciones de estas parejas y las casadas, salvo la adopción de menores. El artículo 67 de la Constitución establece que «el matrimonio es la unión entre hombre y mujer». El siguiente artículo señala que «la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo«. El texto constitucional también consagra la discriminación en el acceso al matrimonio, definido como “la unión entre hombre y mujer”; una exclusión que contradice la prohibición explícita, en la misma Carta Magna, de toda discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual. El propio Correa ha mostrado en repetidas ocasiones su rotunda oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción homoparental.

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La pasada primavera, el Parlamento de Georgia aprobó una ley contra la discriminación, que incluye la protección con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. Aunque se han levantado algunas voces críticas con la legislación, por quedarse corta, lo cierto es que supone un gran avance teniendo en cuenta la notable influencia social de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana. Además, echando un vistazo a la situación LGTB del resto de repúblicas que conformaban la antigua URSS, la realidad de Georgia arroja mucho más optimismo y esperanza en estos momentos.

En un país en el que cerca del 84 % de la población practica activamente el cristianismo ortodoxo, especialmente hostil a los derechos de la comunidad LGTB, la entrada en vigor de una ley contra la discriminación, que incluye la identidad de género y la orientación sexual entre las causas de protección, es un paso de notable importancia. Aún más teniendo en cuenta la homofobia de estado de otros países de la vieja órbita soviética, como Rusia, Bielorrusia, Lituania (en este caso siendo incluso miembro de la Unión Europea), Azerbaiyán, Armenia o Kirguizistán, entre otros.

Según ha manifestado Vano Chkhikvadze, de la Open Society Georgia Foundation, la aprobación de esta ley “es una victoria para el Gobierno de Georgia sobre la iglesia georgiana, la institución en la que más confía la gente del país”. Y de hecho, la homofobia social es un problema frecuente. Dosmanzanas ha recogido en los últimos años el relato de varios incidentes que lo confirman. Entre ellos, el ataque a los asistentes a la concentración para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en Tiflis, la capital del país, que se saldó con al menos 17 heridos en mayo de 2013.

La nueva ley, por otra parte, ha sido diseñada para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, de tal forma que se permita a los georgianos viajar a los países comunitarios, sin necesidad de visado, a corto plazo. No obstante, Irakli Vacharadze, responsable de la organización Identoba, junto a otros activistas y entidades LGTB, ha criticado al gobierno por aprobar la legislación sin una oficina de aplicación específica.

Un paso en la buena dirección, pero claramente insuficiente

Con los recursos e instituciones vigentes, las denuncias le llegarán al Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos, que en la actualidad carece de la capacidad de abordar estos casos. La Open Society Georgia Foundation, por su parte, apuesta por que se destinen fondos públicos (europeos y nacionales) que conduzcan a la aplicación efectiva de la ley. Proponen que se destine el dinero a actividades como cursos de concienciación y formación en las escuelas, hospitales, empresas privadas y en el sistema judicial. Mientras tanto, en los próximos meses, Vacharadze y el resto de activistas esperan preparar una serie de quejas que serán enviadas al Defensor del Pueblo para poner a prueba la nueva ley y, si es necesario, tomar medidas al respecto.

Las ONG y las entidades LGTB esgrimen además que la medida está lejos de ser eficiente en la práctica, ya que en la mayoría de los casos los agresores pueden salirse de rositas sin sanción económica alguna. Un castigo en el que han insistido estas organizaciones, aunque la propuesta fue rechazada por el gobierno y por los partidos mayoritarios de la cámara georgiana.

Fuente Dosmanzanas

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Photo via Denis Nzioka/Twitter.

Según los informes el proyecto de ley de Kenia que amenazaba con ‘la lapidación de los homosexuales’, fue encontrado hoy inconstitucional (14 de agosto).

Según informes no confirmados, el comité de asuntos legales del Parlamento rechazó la Ley contra la Homosexualidad al  encontrar que entra en conflicto con los intereses internacionales.

El proyecto de ley similar al de Uganda fue presentado por el Partido Republicano de la Libertad buscaba “proteger a la familia” con la prohibición de cualquier forma de relaciones entre personas del mismo sexo o la promoción de la homosexualidad.

Edward Onwong’a Nyakeriga, redactor de la norma, afirmó que:

había una ‘necesidad de proteger a los niños y jóvenes que son vulnerables al abuso sexual y la desviación como resultado de cambios culturales’.

Denis Nzioka, un activista de los derechos LGTB de Kenia que ha visto los informes procedentes de parlamento, dijo a Gay Star News:

Este es un “muy buen paso ‘para Kenia, que todavía debe ser una llamada de atención para la comunidad LGBTI.” “Hemos visto un montón de sentimientos anti-gay  por parte de la gente, los políticos, los líderes religiosos. La gente quiere ir por el camino de Uganda, el camino de Nigeria.” “Pensé que Kenya era un país seguro, de los mejores del continente, aparte de Sudáfrica por los derechos de los homosexuales.” “Pero las cosas han salido de nuestras manos. Esto demuestra cómo en un instante – las cosas pueden cambiar drásticamente.” “Esto es en realidad una llamada de atención para la comunidad.

“El hecho de que se ha rechazado ahora,  no significa que los políticos no volverán a intentarlo, y presentar un nuevo proyecto de ley. Podríamos muy fácilmente tener una ley anti-gay en dos años.” “Van a tener ideas frescas; Van a tratar de hacer todo por el libro.”

‘Y si lo hacen, estamos jodidos. “

Recordamos que el código penal de Kenia ya castiga los actos homosexuales con penas de entre cinco y 14 años de prisión.

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Una estudiante transexual de tan solo 13 años ha denunciado que su escuela no le permitía regresar este curso con su nueva identidad de género. Hasta ahora, Rachel Pepe había acudido a la escuela secundaria Thorne, en Middletown (Nueva Jersey), como Brian. Pero hace cinco meses salió del armario como chica transexual, tras años de soledad y depresión, y fue en ese momento cuando su madre, Angela Peters, comunicó a la escuela que su hija volvería a las aulas el próximo curso como Rachel y no como Brian. Para su sorpresa, el centro les comunicó que no podría hacerlo y que tampoco encontrarían otra escuela que se lo permitiese. Según los expertos, esta decisión supone una violación de las leyes federales y estatales contra la discriminación.

“Sentía que me faltaba algo, que algo andaba mal“, ha declarado Rachel en relación a su identidad de género. “Pero fue hace poco cuando me di cuenta de que lo que quería era ser una chica”, añadía, explicando que escogió el nombre de Rachel porque “le encajaba“. Angela Peters, por su parte, ha explicado que su hija ha sufrido una auténtica depresión. “Y no puedo enviarle como Brian porque volvería a entrar en depresión de nuevo”, añade preocupada. “Se bajaba del autobús llorando. Luego sea costaba durante 17 ó 20 horas y se negaba a volver [a la escuela]. “Una madre sabe cuando algo va mal”, asegura Peters.

Muchas han sido las excusas esgrimidas para justificar la negativa. Un funcionario le dijo a la madre que el centro no estaba equipado para atender a una estudiante transexual. También le argumentaron que “no pueden llamarla Rachel porque en su certificado de nacimiento pone Brian“. Sin embargo, Peters asegura que la escuela permite el uso de apodos. Por si esto fuera poco, también le comentaron que su hija podría alterar la relación chico-chica en la escuela y que los exámenes estandarizados requieren el nombre y el sexo legal.

Tras la polémica, marcha atrás

William O. George, superintendente del distrito escolar, anunciaba sin embargo este lunes que trabajaría con el equipo del centro para garantizar que Rachel pueda volver. También aseguró que el personal de las escuelas públicas de Middletown recibiría una formación especial en materia LGTB.

Andrea Bowen, directora ejecutiva de la organización Garden State Equality, ha felicitado al superintendente George “por dar los pasos correctos para garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes”. “Esta es una victoria para los estudiantes transexuales de todo el mundo”, añadía. Rachel, por su parte, desea que su historia pueda ayudar a otros adolescentes que estén viviendo la situación que ella ha vivido. Se da la circunstancia de que el pasado mes de abril el Departamento de Educación de Estados Unidos aclaró que el Título IX, la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en la educación, se extendía también a los estudiantes LGTB.

En cualquier caso, la falta de sensibilidad respecto a la realidad de los menores transexuales en los centros educativos parece ser un problema que no conoce de fronteras. Ahora ha sido en Estados Unidos, pero no debemos olvidar lo sucedido hace pocos meses mucho más cerca: en Málaga, donde una menor transexual que acudía a un colegio religioso concertado (es decir, subvencionado con fondos públicos) se vio obligada a trasladarse de centro, pese a lo cual el colegio vio renovado su concierto (aunque la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad en Andalucía y el nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz deberían hacer imposible su continuidad si persiste la misma actitud).

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Ampliación de la noticia que ya habíamos publicado:

Medios internacionales recogen esta semana como noticia el que sería “primer no” que se recuerda en la historia de la Asamblea Nacional de Cuba, donde las leyes suelen ser aprobadas de forma unánime por polémica que resulte su discusión. La protagonista de dicho “no” no es otra que la diputada Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) que el pasado diciembre se opuso a la reforma del Código de Trabajo por no estar aseguradas sus demandas en favor de la no discriminación de las personas transexuales y seropositivas.

El nuevo Código de Trabajo supone un avance importante, al recoger expresamente la no discriminación por razones de orientación sexual por primera vez en la historia de la isla. “Todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal; sin discriminación por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”, reza el texto finalmente publicado. Pero activistas y organizaciones LGTB locales, como el Proyecto Arcoíris, así como la propia Mariela Castro, habían propuesto también mencionar de forma expresa la no discriminación por identidad de género y seroestatus frente al VIH.

Al no tener seguridad de que dicha propuesta sería recogida (pese a contar con el apoyo de otros diputados e incluso del primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel) Mariela Castro votó en diciembre en contra. Durante los meses siguientes, durante los cuales una comisión parlamentaria procedió a formalizar la redacción final de la ley, los activistas LGTB mantuvieron la esperanza de que la mención a la identidad de género y al seroestatus fuera finalmente incluida, pero no ha sido así. El junio era publicado el texto final, que dejaba fuera dicha mención.

El Proyecto Arcoris pidió formalmente una explicación, que se produjo en una reunión con José Luis Toledo, presidente de la comisión encargada de la redacción de la ley, pero dicha explicación no ha satisfecho a los activistas. El argumento de Toledo fue que la comisión solo era “de estilo”, pero que no tenía capacidad para hacer cambios esenciales sobre lo discutido en diciembre en la Asamblea Nacional. Sin embargo, como bien explica el bloguero Paquito el de Cuba (Francisco Rodríguez, integrante del Proyecto Arcoíris y presente en dicha reunión) la comisión no tuvo problema alguno en incluir la referencia a la discapacidad, que no estaba incluida en la propuesta inicial y que también fue sugerida en diciembre por Castro. “El asunto es muy grave. Pone en entredicho los métodos y formas de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cumplimiento de los procedimientos legislativos por parte de la dirección del máximo órgano del Estado y la transparencia en la toma de decisiones a partir de la voluntad de los diputados y las diputadas”, ha declarado el activista.

El porqué del “no” de Mariela Castro

En su blog, Paquito el de Cuba ha querido honrar a Mariela Castro por oponerse en diciembre a una norma que consideraba positiva al sospechar que algo así pasaría finalmente. Lo ha hecho publicando una entrevista que hizo en esas fechas a la diputada pero que en su momento prefirió no publicar. “Yo realmente hubiera querido votar a favor, porque creo que la ley es avanzada y refleja elementos muy importantes que recogen el sentir de nuestra población, de nuestro pueblo, sobre todo por la manera en que se hizo, de consulta popular. Ahora, no podía dejar de ser consecuente con mis planteamientos. Si no tengo seguridad de que la Comisión redactora de la Ley recoja, con todos los elementos que corresponden, los planteamientos que hice, no puedo ser parte de aprobar una ley que contradice los principios fundamentales del derecho que estoy defendiendo”, declaraba por entonces Mariela Castro.

En definitiva, una muestra más de las dificultades a las que una sociedad como la cubana se enfrenta a la hora de normalizar la realidad LGTB, pese a la indudable mejora de los últimos años y a contar con una aliada política del peso de Mariela Castro dentro del entramado institucional del régimen político cubano. En cualquier caso, se están produciendo avances, que ojalá pronto veamos acrecentados.

Fuente Dosmanzanas

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La ola de brutal homofobia que recorre África se extiende. Pocas semanas después del alivio temporal que supuso la anulación de la ley ugandesa que pretendía castigar más duramente la homosexualidad, ahora es su vecina Kenia la que discutirá un proyecto de ley para elevar las penas por estos “delitos” hasta la muerte por lapidación en determinados casos.

La iniciativa presentada por Edward Nyakeriga, del Partido Republicano de la Libertad, pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. Esta cruel forma de ejecución también estaría reservada para casos de “homosexualidad agravada”, como los llevados a cabo con menores de edad o por personas seropositivas. El texto ha sido admitido por el portavoz de la Asamblea Nacional, Justin Muturi, que se lo ha adjudicado al Comité de Justicia y Asuntos Legales, donde pasará su primer trámite parlamentario.

El origen de esta propuesta se remonta a febrero de este año, cuando un grupo de parlamentarios creó un grupo de trabajo para endurecer las leyes existentes contra la homosexualidad del país. Nyakeriga afirma que pretende “proteger a los niños y a los jóvenes” de los “abusos sexuales y las desviaciones” que según él provocan los “cambios culturales” o “los intentos crecientes de los homosexuales de criar a niños en relaciones homosexuales mediante adopción, acogida u otras formas”. Los activistas LGTB kenianos, por su parte, ya avisaron de que lucharán para que un proyecto así “nunca vea la luz”.

La difícil situación de las personas LGTB en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica). Según un estudio del Pew Global Attitudes Project del pasado 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable.

Sin embargo, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB muy productivo. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez una persona abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos y ser escuchado.

La reciente salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que no sobrevivirá al clima de fuerte homofobia que previsiblemente se desencadenará tras la presentación del proyecto de ley homófobo: recordemos las terribles atrocidades que se han sucedido tanto en Uganda como en Nigeria tras la promulgación de este tipo de leyes.

Fuente Dosmanzanas

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«Yo quiero ser consecuente, pero la Iglesia no. ¿A qué está jugando la Iglesia?»

«Mis dudas, aunque incómodas, son claras, y cuando las resuelvan las instituciones seguiré con mi vida»

(Luis Alberto González).Que yo mismo reconozca la posibilidad de no encajar en el perfil de lo que la Iglesia espera de un profesor de religión es una oportunidad que la Iglesia, en lugar de aprovechar, está malgastando. El debate ha salido del patio de un obispado a la plaza pública, simplemente por los silencios ambiguos y una gestión del asunto tan pésima que debería ser más mediática que mis declaraciones.

Como afectado por la paradoja de contar ahora con un cese por parte del Obispo de la Diócesis de Canarias y un nombramiento por parte de la Consejería de Educación del Gobierno Autonómico, voy preparando poco a poco mi reincorporación a la labor docente en septiembre. Y entre libros de religión y programaciones, reflexiono de la siguiente manera:

Al trascender mi caso como noticia ha habido una lógica avalancha de opiniones de todos los gustos y «colores», pero resulta que mi caso no se puede resolver desde lo opinable, sino de desde lo legislado.

Tres partes están implicadas en este asunto, que ante todo es laboral: Iglesia, Administración Pública y yo como trabajador. ¿Por qué sólo resuenan declaraciones mías y de políticos, hechas ambas con mayor o menor acierto, y no interviene una voz autorizada de la Iglesia?

¿Qué está pasando dentro de la propia jerarquía católica española para que un profesor de religión ponga su puesto a disposición de la institución por diferencias «de doctrina y moral» y sea mejor defensor de la Iglesia el propio profesor que el Ordinario del lugar?

Mis dudas, aunque incómodas, son claras, y cuando las resuelvan las dos instituciones seguiré con mi vida. El debate ideológico está en un plano diferente y por mi parte no hay animadversión hacia la Iglesia. Con normativa y jurisprudencia en la mano, ¿Soy apto para continuar trabajando o no? ¿Se trata realmente de una ineptitud sobrevenida que debe terminar en despido?

No siempre el «puedes seguir mientras no se enteren», tan habitual en la Iglesia, funciona. En lugar de ser beligerante o de esconderme lancé hace más de un año la pregunta: ¿He dejado de ser apto por lo que enseño en mis clases de religión y por haberme casado con otro hombre? Respuesta actual: «Sí, pero no», pues el Vicario Hipólito Cabrera emite un cese sin fundamento jurídico para dejarme en el limbo, que vuelve a existir. Parece que yo quiero ser consecuente, pero la Iglesia no. ¿A qué está jugando la Iglesia?

Fuente Religión Digital

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Excelente noticia: el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dado luz verde a la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento catalán (puedes descargar aquí su dictamen completo). El Partido Popular la había impugnado ante este organismo autonómico para así retrasar su aprobación, prevista para julio, al considerar que suponía un “exceso de discriminación positiva”. Cuando se apruebe, la ley catalana será la primera ley contra la LGTBfobia aprobada en España que cuente con un régimen sancionador.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto, incluyendo las enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se opusieron al dictamen final en comisión. Hace un año, recordemos, todos los grupos rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

Se trata de un muy avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarrollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. El texto se acomoda así a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Un texto que sí contempla sanciones

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación. La propuesta catalana incluye además -de forma limitada- el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar la pertinencia de las medidas adoptadas.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y decidió recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Sin embargo, el dictamen ha sido unánime: los contenidos recurridos por el PP son acordes a la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda a este respecto que “nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por admitir una dualidad de sistemas sancionadores (penal y administrativo)”, y que respetando los condicionantes jurídicos de cada sistema Cataluña tiene potestad para legislar un régimen administrativo sancionador en esta materia. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Consejo determina que“esta técnica probatoria encuentra amparo en la jurisprudencia constitucional, que la ha admitido como mecanismo de tutela ante la dificultad probatoria de los motivos contrarios a los derechos fundamentales y a la igualdad” y recuerda que la propia proposición de ley establece que no puede usarse en procedimientos penales o administrativos sancionadores.

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, la proposición de ley queda ya solo pendiente de su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de verano. Confiemos en que la apretada agenda política catalana no impida este último trámite, que supondrá un paso de gigante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

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La productora Gestmusic Endemol ha anunciado, a través de un comunicado y tras recibir indicaciones de Televisión Española, que cambiará las reglas de participación de ¿Quién manda aquí?, el nuevo concurso de la cadena pública estatal, para permitir que las parejas homosexuales con hijos puedan tomar parte en el programa. “Debido a la polémica surgida respecto a las bases del casting aclaramos que serán corregidas“, han señalado en un comunicado en el que explican que al concurso podrá optar cualquier pareja que conviva junta y que tenga un hijo en común o de uno de los dos miembros de entre 8 y 12 años.

Y es que hace unos días contábamos que Gestmusic pondría en marcha un nuevo concurso “familiar” para Televisión Española que, sin embargo y según constaba en las normas de participación en el programa, pretendía contar únicamente con equipos integrados por familias compuestas por un hombre, una mujer y un hijo de entre 8 y 12 años, lo que suponía una clara discriminación para las familias LGTB.

Desde luego, las excusas esgrimidas por Jordi Rosell, director de programas de la popular productora, para defender la discriminación de ciertos modelos de familia eran más que absurdas. Entre otras cosas, alegaba la búsqueda de una supuesta igualdad de oportunidades, al contar el espacio con pruebas que requieren cierta fuerza física, y también que se trata de la adaptación de un programa turco, país donde no existe el matrimonio igualitario y en el que las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo no se ven con naturalidad.

Así, Gestmusic ha decidido rectificar y ha adelantado que las nuevas normas permitirán participar a las parejas homosexuales con hijos, y que “quedará a su libre elección decidir qué miembro de la pareja competirá en la ronda de padres y quién en la de madres”. Por su parte, la productora ha apuntado que “queremos dejar constancia que el programa está abierto a todo tipo de familias, sin ningún tipo de discriminación“.

Por otro lado, cabe recordar que la petición puesta en marcha a través de change.org para solicitar a José Ramón Díez, director de la televisión pública estatal, la retirada de las discriminatorias normas sigue en pie y, además, cuenta ya con más de 10.100 firmantes. Ojalá no haga falta volver a hablar de casos de discriminación homófoba en una cadena de televisión financiada con el dinero de todos los contribuyentes, también los LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Trevor Burgess, CEO of C1 Financial (izda), con su marido, Gary Hess.

Jeremy ScottEl mundo de los negocios sigue siendo uno de los terrenos menos transitados para la visibilidad LGTB. El consejero delegado del banco floridano C1 Financial, Trevor Burgess, ha abierto camino al convertirse, el pasado jueves, en el primero abiertamente gay de un banco con cotización en bolsa en Estados Unidos.

La orientación sexual de Burgess, quien afirma no haberla escondido desde la adolescencia, se hizo dominio público al cumplimentar los formularios para la salida a Bolsa del C1 Financial, un pequeño banco de Florida. En ellos, el empresario tuvo que especificar que su marido posee acciones de la compañía. Un requerimiento legal que afecta a las personas LGTB desde la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2013 que abrió la puerta al reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El banquero, que anteriormente había trabajado durante 10 años en el gigante financiero Morgan Stanley, ha declarado sentirse “emocionado” de que haya “al menos un ejemplo” de visibilidad LGTB en el mundo de las finanzas. “Tenemos buenos ejemplos de jugadores de baloncesto, en el arte, el fútbol [americano], pero, ¿dónde está Wall Street?”, se preguntó. Burgess recuerda también la tristeza que sintió ante la ausencia de referentes durante los primeros años de su trayectoria profesional y cómo, en una ceremonia con 200 empresarios, él fue el único que asistió con una pareja del mismo sexo.

Entre los escasos ejemplos de empresas estadounidenses cotizadas en Bolsa con dueños abiertamente LGTB se encuentra también Jason Grenfell-Gardner, director ejecutivo de IGI Laboratories, y Todd Sears, de PlanetOut, que tuvo presencia bursátil durante varios años. Sears expresó su deseo de que casos como el de Burgess sean cada vez más frecuentes. Aunque el reto de verdad, afirma, está en que personas abiertamente LGTB asciendan en sus empresas hasta las más altas posiciones de responsabilidad.

Felicitaciones en Wall Street

La llegada a Bolsa de C1 Financial ha sido recibida con muestras de apoyo de varias grandes empresas. Jacques Brand, de la división norteamericana de Deutsche Bank, felicitó a Burgess “por su valentía y autenticidad”, mientras que Irene Dorner de HSBC le brindó sus “mejores deseos de un éxito continuado”. John Browne, expresidente ejecutivo de British Petroleum (BP) que tuvo que dejar el cargo después de que un tabloide británico revelara que había mentido a los tribunales sobre su relación con un antiguo amante canadiense, afirmó que casos como el de Burgess “demuestran que ser abierto y auténtico no es una barrera para el éxito”.

Fuente Dosmanzanas

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