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La batalla por el matrimonio igualitario en Colombia vive sus horas más decisivas: El Gobierno apoya Matrimonio Igualitario en Audiencia Pública y propone una figura transitoria hasta que sea legalizado

Martes, 4 de agosto de 2015

corte-constitucional-colombiaLa lucha a favor de los derechos LGTB en Colombia vive momentos históricos. Tras años de batallas políticas y judiciales, la Corte Constitucional de ese país parece más próxima que nunca a pronunciarse de forma clara sobre el tema. Este jueves tuvo lugar una serie de audiencias ante la Corte en la que diferentes agentes sociales y políticos, a favor y en contra, defendieron sus posiciones, y el fallo parece próximo. Merece la pena destacar, por encima de otras, la posición del propio Gobierno colombiano, abiertamente favorable al matrimonio igualitario. Tanto los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, como de Justicia, Yesid Reyes, testimoniaron a favor.

Después de una audiencia pública promovida por la Corte Constitucional en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que “no existe ningún motivo” que justifique un trato diferenciado entre parejas heterosexuales y homosexuales.

La Corte Constitucional colombiana realizó este jueves una audiencia pública para debatir el matrimonio del mismo sexo en el que se escuchó a integrantes de la comunidad LGBTI y a representantes de la Procuraduría, la Defensoría de Pueblo y el Gobierno nacional.

La audiencia sobre unión civil de las parejas del mismo sexo se realizó públicamente por solicitud de la asociación Colombia Diversa y estudió una ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

El debate tuvo como marco la acción de tutela (recurso de amparo) que presentó el activista Luis Felipe Rodríguez Rodas contra una notaría de la ciudad de Cali (suroeste) que en 2013 negó la formalización de la unión de una pareja del mismo sexo que pidió hacerlo bajo la figura del matrimonio.

Los representantes del Gobierno de Colombia dejaron claro ante la Corte Constitucional que a su juicio no hay razones para impedir que las parejas del mismo sexo se unan en matrimonio. “Negarles el acceso a esta figura solo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad”, expresó el ministro de Justicia. Para el Gobierno colombiano no hay en estos momentos otra manera de resolver la ambigua situación jurídica en que se encuentran las parejas del mismo sexo que mediante el reconocimiento expreso de su derecho a contraer matrimonio. Cualquier otra institución, a su juicio, no pondría fin a la desigualdad en lo que a derechos de pareja se refiere. El Gobierno de Colombia considera además que la Corte Constitucional puede poner fin a la controversia sin necesidad de que el Congreso legisle. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario, según el criterio del Gobierno, sería dejar estos derechos al vaivén de la coyuntura política.

En dicha audiencia, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, dijo: “Solicitamos a la Corte que permita una figura transitoria mientras el Congreso legisla”. La solicitud, expuso Rivera,trata de dar continuidad a una decisión anterior de la Corte Constitucional, que dijo que había un déficit de derechos para las parejas del mismo sexo y que en tal sentido instó al Congreso de la República a corregirlo. De aprobarse la propuesta, explicó, cuando un juez o notario resuelva casar a una pareja homosexual, tendría los mismos derechos que hoy tiene una pareja heterosexual.

Colombia Gay MarriagePor su parte el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales “constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común”. Por lo anterior, sostuvo Reyes, ambas uniones “deben contar con los mismos instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad social”.

No fueron, por supuesto, los únicos testimonios que se escucharon. Otras voces a favor fueron las de algunas de las parejas cuyas acciones de tutela han desembocado en este proceso, así como las de Marcela Sánchez, directora del colectivo Colombia Diversa; Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, o Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, entre otras. Voces en contra del matrimonio igualitario fueron por ejemplo la de Javier Suárez, presidente de la “Fundación Marido y Mujer”, o la de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fiel a los postulados del procurador general Alejandro Ordóñez, rabiosamente contrario a la igualdad LGTB y principal bastión de la homofobia en Colombia.

Entretanto, en el Congreso colombiano, el partido de La U en cabeza del presidente de esa colectividad, Roy Barreras, el senador Armando Benedetti y el presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, presentaron ante el Legislativo tres proyectos de ley. El primer proyecto busca que en Colombia se permita la Unión Solemne o matrimonio para parejas del mismo sexo; el segundo, garantiza que un menor de edad pueda ser adoptado por una pareja homosexual, y el tercero, reglamenta la práctica de la eutanasia activa o pasiva.

“Es hora de que todos entendamos que no estamos peleando por los derechos LGBTI, sino que estamos buscando es demostrar que todos somos iguales ante la ley. Y que todos tengamos derechos de casarnos, buscar la felicidad, con el matrimonio. Todos tenemos los mismos derechos, aseguró el senador Benedetti.

Por su parte el presidente de la U, Roy Barreras afirmó que el paquete de proyecto, llamado ‘Nuevos Derechos’, pretende dejar claridad jurídica frente al matrimonio homosexual o Contrato de Unión Civil Solemne.

Sobre este tema se presentaron dos proyectos con el mismo objetivo, el del senador Benedetti utiliza la palabra ‘Matrimonio’ y el del senador Barreras ‘Contrato de Unión Civil Solemne’. “En la comisión primera del senado se unificarán ambos proyectos que tienen el mismo objetivo”, explicó Roy Barreras.

Insertamos a continuación un vídeo la revista Semana con fragmentos de algunas de sus intervenciones:

Una largo proceso detrás

Para entender lo que está sucediendo en Colombia hay que mirar atrás unos cuantos años. En una histórica sentencia emitida en 2011, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció en junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, una institución inexistente en las leyes del país y que los colectivos LGTB rechazaron de plano. Los jueces pasaron entonces a ser la clave. Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como matrimonio. Otro juez ordenaba en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre de 2013 cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue luego restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

En octubre de ese año otra pareja celebró su matrimonio, y al igual que en el caso anterior fue anulado y luego restaurado. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las del procurador general. Un tercer matrimonio, sin embargo, vio su enlace confirmado en primera y segunda instancia. Son por el momento, en nuestro conocimiento, los únicos matrimonios plenamente celebrados y reconocidos como tales, a la espera de que la Corte Constitucional (ante la que hay interpuestas ya acciones de tutela en este sentido) despeje de una vez la incertidumbre jurídica y se pronuncie de forma clara. Una decisión que lleva demorándose ya cerca de año y medio  Una decisión que lleva demorándose ya cerca año y medio y que ahora parece que por fin estamos próximos a conocer (en paralelo, la Corte Constitucional tiene encima de la mesa el debate sobre la adopción homoparental, que sigue sus propios derroteros).

La decisión, imprevisible

A día de hoy la decisión de la Corte es imprevisible. La ponencia que lleva varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) es negativa. La propuesta de Pretelt rechaza autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo.

Pero ello no significa que necesariamente esa vaya a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La reciente vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente ha recuperado dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permite de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgue el sí al matrimonio igualitario por mayoría de los votos de los nueve magistrados.

Un gobierno más favorable que nunca a los derechos LGTB

guillermo_riveraEl consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera

Hace un año Colombia reelegía presidente a Juan Manuel Santos, tras una muy ajustada contienda electoral contra Óscar Iván Zuluaga. Santos, pese a que durante su primer mandato no se caracterizó precisamente por el apoyo expreso a sus derechos, contó en la segunda vuelta con el favor de la comunidad LGTB, que se movilizó para evitar la victoria del candidato uribista. Es justo reconocer que Santos está devolviendo aquel apoyo con una política mucho más proactiva. La posición de su gobierno ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, o el reciente decreto que permitirá a las personas trans rectificar sus documentos de identidad con una simple declaración ante notario, son dos buenas muestras.

Ello no basta, desde luego, para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero no cabe duda de que el caldo de cultivo es diferente. No pocos analistas consideran además que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, podría pesar también en en ánimo de los magistrados colombianos. Estaremos a la espera de lo que sucede finalmente.

Fuente LimaGay.net y Dosmanzanas

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Población LGBTI tendrá política pública

Lunes, 8 de septiembre de 2014

5c1f12b0811a09dc558f01ab5bb02ce7Anuncia el ministro del Interior

Juan Fernando Cristo asegura que antes de finalizar el año Colombia protegerá los derechos de esta comunidad.

“Una política pública para los LGBTI no se va a dar porque el ministro lo haya dicho”: Juan Florián, director de la Fundación Procrear.

El Gobierno de Colombia respaldó a la comunidad LGBTI al anunciar ayer que este año tendrán una política pública.

Ante una comisión legislativa de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró que el Gobierno expedirá medidas para prevenir, proteger y sancionar la violencia contra esta población. El ministro reconoció que la intervención del Gobierno frente a este tema ha sido demorada. Sin embargo, aclaró que sí existe “un compromiso de comenzar a trabajar de inmediato”.

Cristo dejó clara la posición del Gobierno ante el tema y confirmó la necesidad de mejorar la seguridad y reducir los ataques a la comunidad LGBTI que para el año 2012, según el último estudio de Colombia Diversa, fue de 87 homicidios y 28 hechos de violencia policial.

La postura de Juan Florián, director general de la Fundación Procrear, que trabaja con poblaciones en alta vulnerabilidad como la LGBTI, señaló que “el tema de la política pública para esta población no se va a dar porque el ministro lo haya dicho. La comunidad viene buscando su espacio para hacerse visible desde hace más de cuatro años”.

Florián comentó que en el país se han abierto espacios de discusión con mesas de trabajo, en donde la comunidad ha planteado los temas centrales que debe incluir esta política pública. Algunos de los más importantes son la salud, que implica mejorar la atención en los hospitales y la capacitación del personal, la participación e inclusión de este grupo en las distintas esferas de la sociedad, y la protección de los derechos fundamentales que requiere atender los altos índices de homicidio a los que están sujetos en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.

“El país está crudo en entender las dificultades que atraviesa esta comunidad”. Así lo expresó el experto, y remató al decir que “más que de admirar y de felicitar los anuncios del ministro, esto es una obligación del Estado”.

En la última década el debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo ha estado en la agenda pública y en las últimas semanas ha estado marcada por la orden de la Corte Constitucional al ICBF, para tramitar una solicitud de adopción de un menor por una pareja de lesbianas, y por la demanda de pérdida de investidura contra las congresistas de la Alianza Verde, Angélica Lozano y Claudia López, ante una supuesta unión de hecho que las inhabilitaría para desempeñar sus cargos.

Fuente El Espectador

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El Gobierno de Colombia pone fin a su largo silencio en materia de derechos LGTBI y se posiciona a favor de la adopción homoparental

Jueves, 28 de agosto de 2014

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Las familias homoparentales con hijos “funcionan igual de bien”

Pareja de lesbianas en Colombia luchan por poder adoptar

Colombia: Con la adopción gay triunfa el sentido común, y 3 opiniones más para que se forme la suya

El anuncio de que la Corte Constitucional se pronunciará en breve sobre una acción de tutela de una mujer lesbiana que pide ser reconocida como madre adoptiva del hijo biológico de su pareja ha alentado una serie de reacciones positivas por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo. Se trata de hecho de la primera vez el gobierno de Juan Manuel Santos se pronuncia explícitamente a favor del reconocimiento de derechos LGBTI en Colombia. Todo un signo del cambio operado después de que el colectivo LGTBI apoyara a Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al candidato uribista.

El Ministerio de Salud ha avalado en un concepto jurídico la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En el documento el director jurídico de esta entidad, Luis Gabriel Fernández, sostiene que “no existe ningún riesgo para la salud y el bienestar de los menores de edad derivada de la adopción por parte de parejas del mismo sexo (…) Por el contrario, la orientación sexual de los padres es, en general, indiferente para el desarrollo cognitivo y social de los menores. Adicionalmente, en muchos casos, como en la adopción de menores de alto riesgo, puede contribuir a su bienestar”.

De la misma forma indica que “el único factor diferenciador en el bienestar de menores adoptados o criados por parejas del mismo sexo está en el estrés y las dificultades que pueden causar las restricciones legales y el estigma”. En otras palabras, el mayor problema para los menores adoptados es la homofobia de la sociedad, no la orientación sexual de los padres adoptivos.

El propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha puesto mucho énfasis en declaraciones radiofónicas en que la recomendación de su ministerio se basa estrictamente en la evaluación de la evidencia científica disponible. El ministro también respondió a la pregunta de si la sociedad colombiana está preparada para este cambio, argumentando que esa es precisamente una de las funciones del estado: divulgar la evidencia centífica y así permitir cambios sociales y culturales de ideas que en buena parte están sostenidas por el desconocimiento.

También el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se ha posicionado a favor de la adopción homoparental. “Personalmente he venido defendiendo la posibilidad de que el ordenamiento constitucional permita la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. De todas maneras respetamos la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que las parejas de homosexuales puedan adoptar”, ha declarado.

La Defensoría del Pueblo, organismo independiente que vela por los derechos humanos en Colombia, se ha manifestó también de acuerdo. “La posición de la Defensoría debe estar acompañada de una política humanitaria clara, hay familias que tienen las comodidades de adoptar niños que se encuentran en difícil situación, ¿cómo prohibirle a unas personas con una inclinación sexual diferente que puedan darle educación y dedicación a esos niños?”ha declarado el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Caben pocas dudas, en cualquier caso, de que la actitud proactiva del gobierno Santos sobre la adopción homoparental en este segundo mandato se relaciona con el hecho de que el colectivo LGTBI fuera uno de los que hicieron posible su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, fuertemente apoyado por las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, para las cuales la oposición a los derechos LGTBI es clave.

Mientras tanto, en la Corte Constitucional…corte-constitucional-colombia

El pasado 21 de agosto la Corte Constitucional sesionó para resolver por fin la acción de tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, después de tenerla tres años sobre la mesa. Se trata, recordamos, de dos mujeres que ante la imposibilidad de formalizar su matrimonio en Colombia contrajeron en 2005 unión civil en Alemania. Más tarde decidieron ser madres, para lo cual Leiderman se inseminó artificialmente con esperma donado por un conocido de la pareja. Tuvieron una niña, pero solo Leiderman figura legalmente como tal. En enero de 2009 Verónica Botero presentó una acción de tutela para que se le permitiera adoptarla, lo que dio lugar a una espiral judicial que acabó encallando en la Corte Constitucional, que ya en varias ocasiones anteriores ha amagado con emitir una sentencia favorable para después demorarla.

Aunque se daba prácticamente por hecho que el resultado sería favorable por 5 votos a 4, la votación del pasado jueves quedó empatada cuatro a cuatro. Una novena magistrada, la doctora Martha Sáchica (que ocupa el puesto desde hace unas pocas semanas) se abstuvo de votar y pidió estudiar el expediente cuidadosamente durante ocho días más. Sí la votación final es positiva, habrá qué ver además en que términos el fallo es extensivo a otras parejas del mismo sexo. En cualquier caso, quedaría como un precedente fundamental para procesos similares.

La única institución oficial contraria a la adopción homoparental es la Procuraduría General de la Nación, al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez (un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra los derechos LGTBI uno de los ejes de su acción), quien ya presentó su concepto contrario a la Corte Constitucional. La Iglesia católica también ha enviado una carta manifestando su oposición.

La organización Colombia Diversa, por su parte, presentó ante la Corte dos estudios sobre el desarrollo de los menores de edad entre parejas del mismo sexo, uno de la Sociedad Estadounidense de Sociología y otro del Instituto Williams de la Universidad de California. Se han posicionado también a favor la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes. La Universidad de La Sabana, del Opus Dei, se ha posicionado en contra. Todas han hecho llegar sus conceptos a la Corte Constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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