Comentarios desactivados en El Salvador: Bianka Rodríguez, la primera mujer trans en votar con su identidad
Bianka Rodríguez votó por primera vez con una identidad validada en las elecciones de El Salvador. Aldo Peña, un hombre trans, votó a pesar de no figurar en el padrón electoral, ya que el Estado no ha querido reconocer su cambio de nombre por razones de identidad de género. Falta legislación que proteja el derecho a la identidad de la población trans en El Salvador en procesos institucionales como las votaciones.
El domingo a la tarde, se dirigió al centro de votación en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo. Allí, se encontró con representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que monitorearon a distancia para asegurar un proceso sin complicaciones. En el padrón electoral, su nombre coincidía con el DUI.
«Esta es la primera vez que emito el sufragio con una identidad que me representa», resaltó Bianka. Señala que este logro supuso un desafío, reconociendo el privilegio de haber cambiado su nombre en contraste con otres compañeres trans que aún luchan por el reconocimiento de su identidad.
«Para mí, como Bianka, es un momento trascendental en mi vida porque se comienza a eliminar esa violencia institucional permeada dentro de las instituciones públicas y que tanto nos afecta a nosotros en el goce y las libertades fundamentales de nuestros derechos humanos». Bianka espera que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional para reformar la ley del nombre.
Bianka Rodríguez votó en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo, acompañada de personal de la PDDH.
Aunque los derechos de la población LGBTIQA+, incluyendo el reconocimiento de la identidad, no son completamente reconocidos, Bianka subraya la relevancia de participar en los procesos partidarios y la importancia de no renunciar al derecho al voto. Destacó que no estamos lejos de ver mujeres trans ser electas en el país y enfatizó la importancia de postularse a estos cargos para asegurar la representación de este sector de la población.
«No podemos seguir votando por personas que nos tienen en el olvido o nos tienen en la oscuridad de la democracia. Las personas LGBTIQA+ formamos parte de esta democracia, de la ciudadanía de este país y debemos ejercer el derecho al voto y que este sea libre de violencia y discriminación».
La lucha por un nombre
Aldo Peña, un hombre trans de 40 años, se presentó a votar el cuatro de febrero a pesar de no figurar en el padrón electoral. Su ausencia se debe a que el Estado no reconoce su cambio de nombre por motivos de identidad de género. El nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI) no refleja su identidad ni su expresión de género. Y no coincide con el nombre con el que se presenta y es reconocido por los demás. Desde que cumplió 18 años, abandonó ese nombre y, si hubiera sido posible, habría comenzado a usar su verdadero nombre, Aldo, desde los 8 años.
A las 9:05 de la mañana, Aldo se presentó en el Centro Escolar Juana López, Ciudad Delgado, para ejercer su voto. Le acompañaba discretamente una representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), asegurándose de que su derecho no fuera vulnerado.
Aldo Peña sigue luchando para que se reconozca su derecho al nombre.
Estas elecciones no son las primeras para Aldo. Llevar a cabo procesos oficiales y ser objeto de miradas extrañadas no es algo nuevo. No obstante, con cierto tono divertido, comenta que en las mesas receptoras de votos siempre hay sorpresa cuando se presenta, ya que su nombre no coincide con su apariencia.
En esta ocasión, la persona encargada de recibir su documento no prestó atención y pronunció en voz alta su nombre anterior. Con amabilidad, Aldo le pidió que se refiriera a él por sus apellidos.
«Venir a votar es como ir a pasar una consulta al Seguro Social. Me genera cierto nerviosismo porque me preocupa qué tipo de persona me encontraré y si enfrentaré discriminación», compartió Aldo, tras señalar que, por lo general, las personas en las mesas receptoras de votos reciben capacitación para respetar la identidad de los votantes. «Pero en esta ocasión, ella parecía muy nerviosa. Pude notar que se puso más inquieta que yo, a pesar de que venía con el temor de ser discriminado».
«Yo ya soy legalmente Aldo Alexander Peña, yo soy legalmente Aldo. Lastimosamente no cumplieron la orden de la jueza. Ella ordenó modificar mi partida de nacimiento, pero la orden no tuvo validez para el personal de la alcaldía que se negó a darme mis documentos», relata Aldo. Asegura que continuará luchando para que se cumpla ese cambio y para que a él, al igual que al resto de la población, se le garantice el derecho a su identidad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) establece en su instructivo para los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que las personas de la población LGBTIQA+ deben ejercer su derecho al voto en un entorno libre de discriminación. Subraya que a las personas trans no se les negará el derecho al voto si la fotografía del DUI no coincide con su apariencia física (expresión de género), explicando que es suficiente con verificar sus rasgos físicos y que su nombre, número y firma coincidan con los registros en el padrón electoral.
Según el personal del TSE, quienes integran las JRV están preparadas para no obstaculizar el voto de ninguna persona por su apariencia y han llevado a cabo campañas para fomentar la participación de toda la población, incluyendo la LGBTIQA+. Durante una capacitación para periodistas organizada por el TSE, Alharaca indagó sobre la implementación de estas capacitaciones. Se informó que, desde la disolución de la Secretaría de Inclusión Social durante la primera reunión de consejo de ministros de Nayib Bukele, en junio de 2019, han enfrentado dificultades para establecer contacto con diversas organizaciones a fin de crear, validar e implementar protocolos y capacitaciones. No obstante, los esfuerzos persisten para garantizar que todas las personas puedan ejercer su voto sin discriminación.
Esta nota se publica como parte de una alianza de contenidos entre Alharaca -donde fue publicada originalmente- y Presentes.
Comentarios desactivados en El Triángulo Norte centroamericano expulsa a la diversidad sexual
En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.
De entre los tres libros a la vista en un mueble de la sala, resalta uno que lleva por título El Exiliado. Es un libro de poemas de un autor argentino que le regalaron en un evento al que fue con uno de los tres amantes que ha conocido por Grindr, la aplicación más usada para encuentros entre hombres.
A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.
Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.
Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.
A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.
Una discriminación estructural
La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.
“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.
La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.
A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.
El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.
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Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.
En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.
Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.
El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.
Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.
Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.
De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.
Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.
“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.
El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.
Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.
En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.
“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022.
A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.
Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.
Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.
De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.
“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.
Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.
Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.
Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.
En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.
Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.
IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes.
El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.
Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.
El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.
Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador. Foto: Kellys Portillo.
En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.
La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.
Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.
«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.
El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.
En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.
Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.
En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.
En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.
La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS—Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.
En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.
«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.
Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.
En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.
“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.
El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.
Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.
En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.
Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.
En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.
Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.
“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.
Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.
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Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.
De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.
A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.
Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.
La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.
Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.
Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.
Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.
En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.
Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.
«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.
María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.
El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.
“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.
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De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.
Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.
No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.
La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.
Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.
En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.
Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.
En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.
Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.
En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.
Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.
La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.
Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.
“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.
Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.
Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.
Comentarios desactivados en Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras
Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.
La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. “Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.
El decreto de militarización emitido por la presidenta Xiomara Castro el 22 de junio de 2023 expuso a las personas privadas de libertad a la humillación pública.
El decreto convirtió a la población penitenciaria en víctima de torturas. Los abusos físicos en su contra replican los implementados por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. Así lo denuncian familiares y defensores documentadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo.
Golpes a personas trans, bisexuales y gays en Támara
De las golpizas del 26 de junio se salvaron muy pocos. La PMOP, creada por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013, maltrató a partir de ese día tanto a tres mujeres trans como a gays, bisexuales y heterosexuales.
Las fotografías mostraron el resultado de los abusos físicos y psicológicos en el penal. Las personas privadas de libertad tenían la piel cruzada de moretones, así como heridas profundas y graves en brazos y espalda.
CODEH: Así quedaron los cuerpos de privados de libertad, como se llama a esto, que la Sria de DDHH tipifique esta accion o la fiscalia de DDHH, o la oficina del alto comisionado para los DDHH o la CIDH.. Tampoco se puede callar y volverse cómplices estas acciones irregulares.. pic.twitter.com/Cxb4b2pIPA
“Ya salieron unas fotos donde supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes. Habría que ver si no son ellos mismos que se están haciendo estas violaciones”, dijo José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, al programa Frente a Frente.
#FrenteaFrente Jefe de las FFAA José Fortín: “Puertas están abiertas para los derechos humanos”.
Jueces Ejecutores continúan realizando inspecciones en centros penales del país a fin de implementar Hábeas Corpus Correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el Centro Penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención. pic.twitter.com/LlqEhtlgqy
Ante las denuncias de defensores por torturas y violaciones de derechos humanos, jueces ejecutores del Poder Judicial anunciaron que realizaron inspecciones en centros penales del país. Buscan implementar el hábeas corpus correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el centro penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención.
(Pincha en las fotos para ampliarlas)
Las personas defensoras de derechos humanos no permanecieron en silencio debido a las torturas y actos inhumanos en Támara, en especial contra la población LGBTIQ+.
“No es delito ser trans, gay, bisexual. Si los militares no nos aceptan, que se vayan a los carteles”, exigió una defensora de derechos de las personas privadas de la libertad.
Sin embargo, las campañas de terror en Honduras perjudican no sólo a las y los privados de libertad, sino también a quienes los defienden.
Mientras los maltratos denunciados por Hugo Maldonado se multiplican tras los muros de las cárceles, personas defensoras de derechos humanos son el blanco de campañas de calumnia y desinformación.
Defensoras en la mira de los ataques
La destrucción de reputaciones y el desprestigio se han ensañado en los últimos días contra quienes exigen respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La violencia abarca a reconocidas periodistas que alzaron la bandera de defensa de los derechos humanos.
Uno de los intentos de manchar la imagen de los defensores de derechos humanos circuló en días pasados en las redes.
La publicación atribuida al sitio web Infobae afirmó el 3 de julio que un supuesto reporte del centro de investigación internacional InSight Crime vincula a defensores y periodistas con la pandilla MS 13.
Bajo el encabezado “Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”, la publicación menciona un “informe de inteligencia de la reconocida revista InSight Crime”.
El supuesto documento revela, según el post, “cómo la temible mara MS13 de Honduras tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”.
Además, la publicación señala que los defensores “presionan al gobierno” para que les den “privilegios a los privados de libertad”.
“Esto es falso”, aseguró InSight Crime. “InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, agregó el centro de investigación criminalística.
En Honduras circula una imagen sobre un supuesto reporte de InSight Crime vinculando a defensores de DDHH y periodistas con la MS13. Esto es FALSO. InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques. pic.twitter.com/KVuSp3c7Up
— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) July 4, 2023
Unas de las defensoras calumniadas por la publicación atribuida a Infobae es la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro. Su fotografía, junto a la de Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Rihanna Ferrera de Cozumel Trans, Hugo Maldonado y Blanca Izaguirre de Conadeh, así como Delma Ordóñez de Asocide PP aparecieron bajo el encabezado de la publicación.
La organización defensora de derechos humanos no tardó en pronunciarse el 4 de julio en un comunicado. Llamó al post “infundios” y lo rechazó “rotunda y categóricamente”.
A continuación, ACI Participa acusó a los autores de la publicación de actuar “desde la sombra, como lo hacen los cobardes, con el afán de difamar y desprestigiar”.
Según la organización defensora, la intención del post es “promover ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos o justificar acciones represivas desde los órganos del Estado”.
Agregó: “Nadie en Honduras y fuera de ella desconoce cuáles son las vinculaciones del crimen organizado en Honduras. Si alguien tiene dudas, que pregunte en la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.
“A mi que me investiguen”, dijo Rihanna Ferrera la defensora de derechos humanos ante las declaraciones de las cúpulas militares que varias organizaciones tienen supuestos vínculos con el crimen organizado y pandillas.
El Estado de Honduras es alta parte contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, proteger, promover y sobre todo, garantizar el pleno ejercicio..
Ante los ataques a comunicadoras y defensoras, el medio digital Pasos de Animal Grande reprodujo hoy un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos.
En el documento, la Mesa consideró que el post atribuido a Infobae es una “noticia falsa”. Y que con eso “se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas”.
Además, el comunicado denunció el silencio presidencial respecto a la publicación, considerada calumniosa por varias organizaciones.
“Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”, indicó el comunicado de la Mesa.
También la mesa pidió investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, quien esta al frente de la PMOP. Hace unos días manifestó que “a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado”. Son frases estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos. Sospechosamente estas declaraciones fueron públicas antes de que se lanzara esta campaña por redes sociales.
MESA DE DERECHOS HUMANOS: “Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la
vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”. pic.twitter.com/Z8pWxnFMgS
— pasosdeanimalgrande (@pasosdeanimal17) July 5, 2023
“Hay voces que al silenciarlas harán cambios para siempre”
A los discursos de la indignación se unió la voz de Wendy Funes. La premiada periodista señaló en varias publicaciones cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público “se apoderan de la seguridad y garantizan la impunidad”.
“Criminales de las FF. AA. y la PMOP con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos”, publicó Funes. “Deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre”.
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Criminales de @FFAAHN y de la @PMOPHN con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos, deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre
La directora del medio digital independiente Reporteros de Investigación lamentó que “sicarios de élite” sigan silenciando a quienes defienden los derechos humanos en el país.
“Los criminales como ustedes que quisieron silenciar a Manuel Buendía, a Guillermo Cano, a Berta… sólo lograron potenciar su voz… sus balas son rápidas… las voces más lentas… ¡asesinos!… Berta se multiplicó y le contó al mundo que ustedes son sicarios de élite”, escribió Funes.
Los reclamos de Funes se presentan en un ambiente de violencia que no sólo atenta contra los derechos de privados de libertad y comunicadores. Con el estado de excepción y los toques de queda decretados por el gobierno, ni la ciudadanía ha escapado de que violenten sus derechos elementales.
Nos han informado que los militares Muñoz, Fortín y Melgar estarían preparando otra mayor campaña de descrédito contra mi persona, la defensora Hedme Castro de @aciparticipa, incluso con vídeos, en vista de las denuncias de militarización y narcopolítica que insistimos en revelar
Además de Funes, otros periodistas de los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han sufrido una serie de amenazas directas con ataques de bots por medio de las redes sociales.
Los colaboradores de ambos medios también han recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. Asimismo han sufrido persecución e intento de hackeo de sus redes sociales y sus páginas web.
Es necesario señalar que Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han realizado una serie de denuncias por la situación de las cárceles y las redes de poder que están detrás de ellas.
Gobierno tomó “medidas desproporcionadas”
A pesar de las denuncias constantes de torturas en las cárceles y de persecución de defensores y periodistas, el Estado no ha actuado como se esperaba para contrarrestarlas. Al contrario, no ha hecho más que ampliar las acciones contra el derecho a la libertad ciudadana.
Respecto a la situación en las cárceles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh), pidió reformar el sistema penitenciario. Para Albaladejo, es necesario pasar del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.
Para Oacnudh, dos de los grandes retos del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento y la mora judicial. En diciembre de 2022, señaló que el sistema tiene un índice de hacinamiento de 34.2%. Entretanto, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
Hoy Día Intl. de Apoyo a las Víctimas de Tortura, Isabel Albaladejo, Representante de #OACNUDH llamó a las autoridades a impulsar la reforma del sistema penitenciario pasando del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. pic.twitter.com/cfxgzR0mS5
Amnistía Internacional (AI) comparó en un comunicado las medidas estatales en Honduras contra las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general con las “políticas violatorias de derechos humanos del gobierno (del presidente salvadoreño Nayib) Bukele”.
La militarización del país como respuesta a la violencia reciente es una actitud preocupante para la organización global. Además de otorgar más poder a la Policía Militar, la mandataria Xiomara Castro impuso el estado de excepción y luego el toque de queda.
Castro decretó estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 para contrarrestar, supuestamente, la extorsión y otros delitos en el país. Sin embargo, la medida no ha sido eficaz, según los críticos del gobierno.
“El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos ha derivado en violaciones a los derechos humanos”, afirmó AI.
Entre las violaciones señaladas por AI se hallan detenciones arbitrarias, maltratos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión, tortura y desapariciones forzadas.
🚨#Honduras: Ante la imitación por parte del gobierno de @XiomaraCastroZ de políticas violatorias de los DDHH del gobierno de @nayibbukele para abordar retos de seguridad pública, llamamos al Estado hondureño a respetar los DDHH.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 29, 2023
El toque de queda decretado por Castro entró en vigor el 4 de julio de 2023 en San Pedro Sula y Choloma desde las 11:00 p.m. hasta las 4 a.m.
Supuestamente, la medida tiene como objetivo controlar el acelerado aumento de hechos criminales en las últimas semanas.
Por medio de estas iniciativas, el gobierno no sólo buscaba reducir hechos violentos como el motín en la cárcel de mujeres de Támara del 2 de junio que dejó 46 muertas.
Además, Castro impulsó el toque de queda en un supuesto intento de frenar los asesinatos múltiples registrados en varias ciudades de Honduras durante la segunda mitad de junio.
Violencia con más violencia
Los asesinatos múltiples culminaron con el que acabó con la vida de 13 personas en un billar de la ciudad de Choloma, a 16 kilómetros de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Amnistía Internacional señaló que en su intento de detener “la grave violencia del crimen organizado”, el gobierno de Honduras he tomado “medidas desproporcionadas que suspenden las garantías constitucionales”.
Las iniciativas del gobierno de Castro para detener la violencia han culminado hasta el 31 de mayo en unas 193 denuncias relacionadas con el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
Las acciones violentas denunciadas incluyen uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y amenazas, incluyendo disparos para atemorizar a la población.
Por falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) ha sido duramente criticado en un comunicado de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Entre las OSC firmantes se hallaban el Centro de Estudio para la Mujer, la Asociación de Familiares de Privados, el Centro de Desarrollo Humano, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, ACI Participa, la Asociación para Una Vida Mejor y Cozumel Trans.
Días después, el 3 de julio, el Conaprev lamentó en otro comunicado que las OSC criticaran su gestión. “Lamentamos que hayan consignado que el MNP Conaprev no goza de integridad y ética en sus actuaciones”, señaló la institución.
El Conaprev pidió a las autoridades militares asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. Muchas personas critican al funcionario por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York en espera de un juicio en enero de 2024.
“Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.
Comentarios desactivados en Activistas de El Salvador denuncian que la nueva procuradora de ddhh es cómplice de violencias
Activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Raquel Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y personas vulneradas.
SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.
Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución.
Marginó a las personas LGBT
Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.
En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.
Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.
“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
Procuradora violentó derecho a protesta
En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.
En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.
“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.
Cómplice del régimen de excepción
Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.
“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso.
La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.
Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.
«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.
“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».
Comentarios desactivados en El gobierno de El Salvador prohibió emitir contenido de identidad sexual en la televisión estatal
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
SAN SALVADOR, El Salvador. El gobierno de El Salvador anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo en la televisora estatal. Fue luego de recibir presiones ciudadanas de que estaban ideologizando a los estudiantes con contenido de identidad sexual.
El lunes 26 se viralizó un video, elaborado con animaciones digitales. En él se explicaba que, a partir de la pubertad, los adolescentes podrían tener atracción hacia otras personas, inclusive del mismo género. Luego, el material hacia una definición de las palabras heterosexual, homosexual y bisexual, pero algunos usuarios cuestionaron el contenido.
“Alguien podría decirme quién está manejando canal 10? ¿Qué necesita meter ideología de genero a nuestros niños? Video impartido a 8vo Grado. Las cosas malas no se callan señores (sic)”, escribió en Twitter un Youtuber llamado Saúl Montes.
Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter la decisión de su gobierno de suspender el contrato con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que está adscrito al Ministerio de Educación y la televisora.
Alguien podria decirme quien esta manejando canal 10? Que necesita meter Idiologia de genero a nuestros niños?
Video impartido a 8vo Grado.
Las cosas malas no se callan señores. pic.twitter.com/sXjtw0s21J
La dirección del canal advirtió que las razones de la finalización del acuerdo se deben por “incumplir los estándares educativos” por parte del Instituto a cargo de la elaboración curricular del programa que se transmite desde mayo de 2020.
Contenido para educar en pandemia
Las emisiones televisivas iniciaron en el marco de la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de centros educativos del país centroamericano.
El programa es coordinado entre el despacho de la esposa del presidente, Gabriela de Bukele y el Ministerio de Educación.
El diseño de los contenidos los realiza el centro especializado creado por ley del Congreso aprobada en 2019. Entre sus facultades está el desarrollo de una oferta curricular integral o de especialidades que se necesiten en el sistema educativo de El Salvador.
El episodio transmitido forma parte de la guía de aprendizaje vigente desde el año 2013 sobre la construcción de la sexualidad. Está dirigida a estudiantes de octavo curso cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años, donde se reconoce las identidades y orientaciones diversas.
Corto sobre identidad sexual emitido por Canal 10 de El Salvador. El contenido se creó para estudiantes de 13 y 14 años. El contenido fue elaborado por INFOD que pertenece al Ministerio de Educación.
Discursos sin discriminación
“A mí me gustó el video porque explica lo que es, sin discriminar. Está mal que el gobierno haga eso porque minimiza a un gran grupo de personas como que fueran inexistentes porque en las escuelas públicas y privadas, universidades siempre hay personas del colectivo LGBTI”, expresó a PresentesScarleth Camila, adolescente trans estudiante de séptimo año.
Previo a su ascenso como gobernante, Bukele se mostró a favor de los derechos de la población LGBTI. Pero el primer día de su mandato cerró la oficina de inclusión y en los años posteriores adoptó una actitud conservadora para mantener el respaldo a su gestión.
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y evangélica de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista”
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
“La inclusión de temas de educación sexual por parte del Ministerio de Educación en los programas de educación básica y media, es una necesidad y un derecho. Brinda a nuestrxs estudiantes los conocimientos necesarios que les acompañen en sus procesos de formación de identidad, en la exploración de su sexualidad, en romper estigmas que les rodeen y proteger de los prejuicios de nuestra sociedad”, expresó la red universitaria de diversidad y género “Fresno UCA” en un comunicado.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista. A mi edad muchos adolescentes están empezando a descubrir sus cuerpos, este es un país que tiene este tema como un tabú”, dijo Scarleth Camila.
Al cierre de la nota no hubo respuesta del INFOD, su página web fue desactivada y su director destituido por orden ministerial.
Anunciamos que hemos removido de su cargo al director del INFOD e iniciaremos una reestructuración profunda de la institución, promoviendo cambios que permitan impulsar la reforma educativa y un aprendizaje guiado por los valores que caracterizan a la sociedad salvadoreña. pic.twitter.com/kQjFIHxS7S
Comentarios desactivados en Denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador
Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.
MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.
Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.
Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.
Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.
“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.
Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.
Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.
Largas filas esperan por ingresar a las cárceles para tener datos de sus familiares detenidos en forma arbitraria. Registro: Paula Rosales. Edición: Estefanía Cajeao.
Población LGBTI
Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.
De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.
En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas. Foto: Paula Rosales.
Ninguna respuesta
Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.
“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a PresentesEsmeralda Molina.
Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.
El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a PresentesGabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra. Foto Paula Rosales.
Estigmatización y violencia
Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.
Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18.
“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.
Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.
La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.
Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.
“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. Foto: Paula Rosales.
Familias sin recursos ni información
Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.
“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.
Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.
La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos.
“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.
Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.
Comentarios desactivados en Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador
Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.
SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.
La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.
Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.
El amedrentamiento permanente
Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.
Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.
“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.
Justificando las reformas
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Mordaza al hablar de pandillas
Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.
En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.
En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.
Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.
El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.
Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.
El castigo a la prensa
“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.
“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.
El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.
“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.
“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.
De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.
Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.
“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.
El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.
Pronunciamiento frente a las amenazas de muerte que ha recibido nuestro Secretario de Comunicaciones, @EIvanOrtiz, defensor de Derechos Humanos y activista político en El Salvador: pic.twitter.com/fmWuIEZRug
— Federación Salvadoreña LGBTI (@feslgbti) April 20, 2022
Comentarios desactivados en El Salvador: Una mujer trans fue arrestada arbitrariamente en el marco del régimen de excepción
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
EL SALVADOR, San Salvador. La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. Fue detenida por no presentar su documento de identidad personal.
“Mi hermana se encontraba en la casa de mi mamá. Llegaron a la casa a revisar, y por ser la única persona que no tenía documentos se la llevaron detenida”, dijo a Presentes, Carlos Rivera, hermano de Alessandra.
Alessandra no ha tramitado el Documento Único de Identidad (DUI), por negarse a utilizar el nombre masculino asignado al nacer. El Salvador aún no cuenta con una ley de identidad de género que acredite el nombre de acuerdo a su expresión autopercibida.
La familia de Alessandra expresó que no es la primera vez que la policía hace revisiones de rutina en las viviendas. Los ingresos deben ser autorizados por cada vecino, y son permitidos porque se enmarcan dentro del plan Casa Segura de la institución encargada de la seguridad pública. Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción, policías y soldados pueden entrar sin previo aviso a las casas.
“La han llevado detenida injustamente porque ella no es delincuente, ni nada por el estilo y solo por no tener el documento está detenida. Los policías se enojaron por eso y se la llevaron”, expresó Carlos.
Un régimen que quita derechos
El régimen de excepción, aprobado en el congreso el 27 de marzo, fue renovado por treinta días más esta semana. Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
Alessandra se dedica a la venta de ropa de segunda mano igual que su hermano Carlos. Desde la detención de ella, no pudo salir a entregar los pedidos que le hacen por las redes sociales. Tampoco tiene los recursos suficientes para pagar los servicios de asesoría legal.
La falta del documento de identidad de Alessandra dificulta. Sin él, no pueden solicitar la constancia de antecedentes penales o solvencias de la policía que exigen las autoridades para su liberación.
Los abogados penalistas cobran entre quinientos y tres mil dólares por defender a las personas detenidas durante el régimen de excepción.
Más de 19.000 personas han sido detenidas durante 32 días acusadas de pandilleros. Ninguna de estas capturas tuvo orden de un juzgado.
El Congreso aprobó en marzo reformas para aumentar los años de prisión en los delitos contemplados en el código penal, procesal penal, ley antiterrorista y ley penal juvenil. El objetivo era disuadir a quienes integren y colaboren con las violentas pandillas. Los menores de edad de 12 a 16 años podrían ser condenados hasta una década de prisión.
“Exigimos que por lo menos exista el mínimo de respeto de la probabilidad de inocencia. Mientras eso se comprueba, deberían tener un mínimo de cuidado de no hacer detenciones arbitrarias por el simple hecho de cumplir con un número o meta que les han dado a los policías”, expresó Mónica.
La situación de Alessandra
La policía le informó a la familia de Alessandra que sería acusada de colaborar con las pandillas y podría ser condenada entre 20 y 30 años de prisión.
“Estoy bastante mal. Me dijo el policía que si no nos rebuscamos a mi hermana la van a poner como colaboradora (de la pandilla) y ella no es nada de eso”, expresó llorando Carlos a Presentes.
Para la organización Amnistía Internacional el régimen de excepción ha provocado “una tormenta perfecta” en la violación de derechos humanos a las personas detenidas durante este período.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó el organismo en un comunicado difundido esta semana.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cinco detenidos murieron después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
Hasta el 27 de mayo están suspendidos en el país centroamericano las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Los detenidos en este periodo no tienen derecho a tener un defensor y pueden ser detenidas hasta seis meses mientras duran las investigaciones fiscales.
La cuenta de Twitter Halcón Azul publicó las fotografías de dos mujeres trans desnudas durante la detención, dirigiéndose a ellas por sus nombres de identidad de género como “alias”.
Comentarios desactivados en Venezuela, Nicaragua y El Salvador, en la mira por violaciones de DD.HH. contra las personas LGBT+
Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega.
Son tres de los países latinoamericanos con mayor cantidad de menciones negativas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo. Brasil, señalado por el aumento de asesinatos de personas trans.
En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.
Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)
Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.
El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.
“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.
Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.
Desprotección y persecución
Con respecto a Nicaragua, vale recordar que el país recién despenalizó la homosexualidad en el Código Penal de 2008, tras haberlo hecho brevemente a principios de los 90s. Se trata de otro país latinoamericano donde las violaciones contra las libertades y los DD.HH. son moneda corriente en relación a toda su población, situación que solo ha empeorado en los últimos años.
La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.
“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.
Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.
La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.
La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.
Presidente millennial, agenda ultra-conservadora
Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, el ex alcalde de San Salvador prometió una renovación de la política salvadoreña (“Nuevas Ideas” llamó a su partido), cautivando a numerosos medios internacionales que hicieron énfasis tanto en su juventud (37 años al momento de asumir) como en sus estrategias de comunicación alejadas del proselitismo de antaño y enfocadas en el uso de redes sociales y el trato directo con los ciudadanos.
Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.
“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.
“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.
Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.
El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.
El caso brasileño
Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.
Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.
Comentarios desactivados en El doble estigma de ser afro y LGBT en El Salvador: la historia de Carlos Lara
A Carlos le exigieron que se cortara el pelo y no hiciera visible su homosexualidad en el instituto donde daba clases de inglés.
Carlos Lara comenzó a trabajar como profesor de inglés en el Instituto Nacional de San Antonio Silva, un cantón ubicado en San Miguel, en el oriente de El Salvador, en 2016. Era primera vez que trabajaba en esta escuela, que queda en el lugar de donde es originario. Lara hablaba abiertamente sobre su homosexualidad y ese enero, cuando iniciaron las clases, usó el pelo corto, pero se lo dejó crecer y sus rizos quedaron visibles. El director del instituto le puso dos condiciones para renovar su contrato. Una era que se cortara el pelo y otra que dejara de hablar sobre su orientación sexual.
Él no aceptó las condiciones. Al no contar con una justificación válida para renovar el contrato, confrontó al director con la Ley de la Carrera Docente y la Constitución. Pero prefirió no denunciar el caso en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).
Lara se reconoce como afrodescendiente en un país que invisibiliza a las minorías. La población afro en El Salvador es un tema que no se aborda en ningún plan de estudios de las escuelas o universidades, y que recientemente la academia ha comenzado a investigar.
Empezar a reconocerse
Hubo un tiempo en el que el joven reprimió su gusto por el pelo largo y rizado. Lo usó corto y se lo alisó. Se sentía incómodo con su color de piel moreno y con sus ojos negros.
La abuela paterna de Lara es la que tiene el pelo rizado y su mismo color de piel. Con su papá y otras tías, maternas y paternas, comparten el color de piel. Las visitas a casa de la abuela paterna no eran tan constantes como las visitas que hacían a la abuela materna.
En casa, escuchaba burlas sobre la piel negra y el pelo rizado que predominaban en la familia. “Las ideas de racismo y supremacía también pasan en la familia. Hacen que uno rechace a ciertos parientes y ame o tenga respeto u obediencias a otros”, reflexiona.
Para 2017, la relación de Lara con sus padres no estaba bien. Ellxs sabían que su hijo es gay, pero no lo aceptaban. Entonces él viajó a Tela, una ciudad del caribe hondureño. Iba por una semana y se quedó por cinco meses.
En Honduras conoció a su pareja, un activista, y decidió no volver a dar clases en escuelas, sino dedicarse de lleno a la pintura. Pintaba desde pequeño, pero ese año se alejó de pintar escenas de la cotidianidad salvadoreña para reflejar en su arte el LGBTIQ+ odio.
Al volver a El Salvador, la vida cambió. Sus padres, con quienes visitaba casi todos los días la iglesia católica, lo expulsaron de casa. Su padre lo golpeó en dos ocasiones y en una de ellas le lesionó fuertemente la quijada.
Mientras estaba en el proceso de asumirse como un hombre gay y se desprendía obligado de su familia, Lara comenzó a interesarse por sus orígenes. Entonces conoció a Marielba Herrera, una antropóloga afrosalvadoreña, en una ponencia sobre afrodescendencia que ella dio en el Teatro Nacional de San Miguel.
Hacia el origen
Herrera recuerda el día que conoció a Lara. Vio que, entre lxs asistentxs, había un chico con rasgos afros, que tocaba tambores, hablaba portugués y que vestía una camisa africana. Y pensó inmediatamente que se trataba de un afrodescendiente.
Tras su ponencia, Lara se le acercó y le planteó que posiblemente él también fuera afrodescendiente. “Te toca a vos investigar si sos o no”, le encomendó Herrera.
A sus 28 años y ante la falta de un registro familiar sobre su descendencia afro, la información de la que parte Lara para afirmarse como tal, además de sus rasgos físicos y los de su familia, es que en San Antonio Silva hubo producción de añil y allí posiblemente trabajaron africanxs.
Afrodescendencia y racismo en El Salvador
Durante la colonia, explica la antropóloga Herrera, miles de africanxs esclavizaxs llegaron a El Salvador y establecieron vínculos con otras personas. Eso permitió que la población afrodescendiente creciera.
Su llegada fue parte de una política de repoblación del territorio que ocurrió en toda América Latina ante la muerte de indígenas por diferentes causas. La corona española pretendía seguir creciendo económicamente con el trabajo que los africanxs realizaban en estas tierras.
Yohalmo Cabrera, un exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el único partido de izquierdas, es también afrodescendiente y un profesor de Estudios Sociales ya jubilado. Él ha realizado investigaciones sobre la afrodescendencia salvadoreña. Sostiene que, desde mediados de 1500 y por 300 años más, cuando El Salvador fue productor de añil, muchxs africanxs vinieron esclavizadxs a trabajar en las haciendas añileras.
Marielba Herrera hace referencia a un documento de 1807, elaborado por Antonio Basilio Gutiérrez Ulloa, quien fue intendente de San Salvador a finales de la colonia. Allí se indica que para entonces el país contaba con “enorme” descendencia de africanxs.
En 1933, agrega, el general Maximiliano Hernández Martínez decretó la Ley de Migración, la cual prohibía la entrada de africanos, chinos y otras razas, como consecuencia de una política eugenésica tomada por países de la región en un contexto de guerra mundial.
Con la ley se pretendía empezar a “limpiar” a las sociedades y hacer creer que lxs latinoamericanxs provenían de una “raza superior”. Pero no se expulsó a lxs afrodescendientes de El Salvador. Hay documentos que sustentan que al país podían entrar personas de otros lugares si justificaban que llegaban a trabajar, como el caso de los afros que trabajaron en ferrocarriles.
Un racismo con historia y sin registro
La antropóloga afirma que el racismo que hay en el país centroamericano viene desde la colonia.
“La gente dice que no, que aquí no somos racistas, que respetamos a todo el mundo. No es cierto, nada que ver. Somos un país altamente racista. Cuando viene alguien afro al país es una sorpresa, la gente hasta gira para verlo, porque les parece un ser exótico”, menciona Herrera.
Señala que actualmente, sin la ley del martinato (del período gobernado por Martínez), aún hay restricciones migratorias para las personas afros.
Ejemplifica un caso salvadoreño de discriminación racial. En 2018, una delegación de personas del Congo, en África, había sido invitada oficialmente a un festival de cultura, pero del grupo de 30, solo tres pudieron ingresar al país.
En el censo de Población y Vivienda de 2007, el último censo realizado en el país y que arrojó que había 7 millones de habitantes, 7,441 respondieron que se autoreconocían como negrxs.
Sin embargo, Herrera cuestiona que la pregunta para obtener ese dato fue muy abierta y mal planteada. Se limitaba a conocer si las personas eran “negrxs de raza”. Faltó enumerar un listado de indicadores, como preguntar si en la familia había un ancestro negro o africano o si las personas habían nacido en un territorio con prácticas culturales afros.
Las investigaciones sobre afrodescendencia salvadoreña las inició en la última década el historiador Pedro Escalante Arce y a partir de sus hallazgos las han continuados otrxs académicxs. Herrera, la presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, se ha especializado en investigar religiosidad popular.
Ella destaca que hay presencia de población afro en todo el país, en algunos lugares más visibles que en otros, como el caso de San Alejo, un pueblo del departamento de La Unión, cercano a San Antonio Silva, el cantón donde nació y creció Lara.
Para explicar la interseccionalidad, Arévalo recurre a la académica estadounidense Kimberlé Crenshaw. quien indica que la interseccionalidad no es la suma de características negativas, pero existen marcadores, como en este caso, la afrodescendencia y la sexualidad, que confluyen y actúan negativamente, lo que genera menos posibilidades de una adecuada inserción social.
“Esa situación de interseccionalidad te va mostrar que sos más vulnerable a sufrir más situaciones de violencia en tu cuerpo, en tu identidad, como tal, por tener esos marcadores que interaccionan en vos. Van aumentando esos rasgos de violencia”, dice el investigador.
Uno de los trabajos de Arévalo es la historia de Rosaura Pereira, una chica trans hondureña que llegó El Salvador y vivió entre San Miguel y La Unión, dos departamentos rodeados de playas en el oriente del país. Leer más…
Comentarios desactivados en Encontraron asesinada a Alexa, la joven trans desaparecida desde diciembre en El Salvador
La joven de 22 años estaba desaparecida desde diciembre. Es el primer crimen del año contra la población LGBT.
SAN SALVADOR, El Salvador. Autoridades salvadoreñas confirmaron el crimen de Alexa Valle Landaverde, una mujer trans de 22 años que estaba reportada como persona desaparecida desde la segunda semana de diciembre de 2021. El supuesto responsable del hecho será procesado por el delito de privación de libertad.
Este es el primer asesinato contra la población LGBTI en el país centroamericano.
De acuerdo con su familia, Valle Landaverde salió el viernes 10 de diciembre de la casa que compartía con su mamá. Luego perdió la comunicación, por eso, ella emprendió su búsqueda.
Un familiar relató a Presentes que Alexa salió junto a su pareja desde tempranas horas de su vivienda ubicada en el municipio de Quezaltepeque, unos 21 kilómetros al norte de la capital. Al finalizar el día, intentaron tener comunicación con ella, pero su teléfono aparecía apagado.
El director de la policía, Mauricio Arriaza, informó el viernes 28 de enero sobre el hallazgo de los restos humanos, presumiblemente de Alexa. Pero fue hasta el lunes 31 que las autoridades forenses realizaron el examen de ADN para confirmar la identidad de la víctima.
“Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas, quien en fecha 11 de diciembre de 2021 en Quezaltepeque privó de libertad al joven G.A.V.L, conocido como Alexa”, dijo el director policial, Mauricio Arriaza Chicas a la prensa.
Durante el evento, Arriaza se refirió a Alexa en masculino. Los restos humanos de Valle Landaverde fueron encontrados en un pozo seco en el municipio de Ciudad Arce, 26 kilómetros al oeste del último sitio donde fue vista.
“En el lugar se localizó un pozo seco donde se encontraron osamentas humanas, a los cuales se les realizarán los análisis de ADN y así determinar si estos pertenecen a la víctima”, informó la fiscalía.
El Ministerio Publico informó el martes que José Elías Hernández Morales está acusado del delito de privación de personas. Las investigaciones indican que Hernández Morales citó a Alexa el día de su desaparición para cenar juntos. Durante la audiencia inicial se decretó detención provisional mientras continúa la investigación.
@Director_PNC Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas; quien en fecha 11/12/2021 en Quezaltepeque, privó de libertad al joven Gerardo Alexander Valle Landaverde, conocido como Alexa. https://t.co/OAGd9mAyG6pic.twitter.com/AMFkd9AXdk
“Se esperan los análisis dentro de estas diligencias de investigación, pues se ha logrado también encontrar unos restos humanos en el Cantón Zapotitán. Hasta estos momentos estamos a la espera de los resultados de ADN”, dijo la fiscal del caso al finalizar la audiencia inicial.
De confirmar que los restos encontrados en el pozo son de Alexa, el delito cambiará a homicidio, dijo la fiscal del caso.
“Ya hicieron la prueba de ADN, pero todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a dejarlo en manos de Dios”, dijo a Presentes un familiar de Alexa.
Facebook y Whatsapp activos posteriores a la desaparición
Alexa mantenía activa su perfil en la red social Facebook, ahí mostraba sus actividades cotidianas. Una de sus últimas publicaciones fue una serie de cuatro fotografías junto a un hombre que no es el detenido.
La familia de Alexa confirmó a Presentes que la ropa que viste en las imágenes, se encontró en su casa, por tanto, eran antiguas. Y, por lo tanto, fueron publicadas posterior a su desaparición.
“Ella me aparecía conectada. En mi historia de Facebook aparecía que ella había visto mi historia, le escribí al messenger para preguntarle cómo estaba y el mensaje aparecía visto”, dijo Jessica a Presentes.
La organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS Trans, reportó en 2020 ocho asesinatos en contra de la población LGBTI. Hasta el 16 de diciembre de 2021 se contabilizaban siete personas asesinadas: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gay. Alexa no había reportado amenazas en su contra, se dedicó al comercio informal de ropa en su municipio.
Agravante de odio no se aplica a las sentencias
El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.
En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.
El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.
Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán”no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.
“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.
Comentarios desactivados en Excluidas de la educación: otras violencias contra personas trans en El Salvador
Sin ley de identidad de género, las personas trans no pueden estudiar dignamente. Su nombre no se respeta en los títulos. Algunas ni siquiera terminan la educación básica por la discriminación que viven en las aulas.
San Salvador, EL SALVADOR. Cuando Amalia Leiva había logrado que la departamental educativa de San Salvador, amenazara con sancionar al director de la escuela pública que no la dejaba inscribirse en la modalidad nocturna para retomar su séptimo grado, el maestro -cuenta ella- usó a pandilleros para amedrentarla. Era 2015 y Amalia comenzaba su vida en la capital. Cinco años antes su familia la había echado de casa por encontrarle un kit de maquillaje. Entonces, la vida de aquella niña que cursó sus primeros años entre colegios católicos, vivió la crisis económica de sus padres, pero siempre tuvo su atención, cambió.
Su padre, recuerda Amalia, la amenazaba desde Estados Unidos por la identidad de género femenina que ella estaba descubriendo. Su madre le dio la espalda. Se refugió por eso en la casa de su abuelo paterno, donde aprendió a cortar caña y se enteró de la desigualdad que sufren lxs jornalerxs. Por ese tiempo también llegó el activismo.
Fuera de casa
Amalia había llegado a la ciudad con muchas ganas de estudiar. Aunque era abril y el año escolar había comenzado tres meses atrás, una maestra le permitió llenar su ficha de inscripción y retomar su séptimo grado, cuenta. Las cosas, dice, no le fueron fáciles desde el primer día: el director de la escuela la sacó de la clase bajo la excusa que se había inscripto tarde.
Amalia cuenta que ella inició la denuncia en la departamental educativa y cuando, con respaldo de esa instancia, logró que el director se reuniera con ella y con la planta de docentes para tratar el tema, él comenzó preguntándole si creía en dios.Volvió a justificarse en que ella no podía estudiar por haberse inscrito fuera del plazo.
Amalia insistió en su derecho a entrar a la escuela y cuenta que el director le espetó que prefería que ahí estudiaran pandilleros a que lo hiciera una chica como ella.
La negativa de la escuela
La reunión quedó grabada en el teléfono de Amalia. El audio lo presentó en la departamental educativa, que le extendió una carta al docente con la amenaza de sancionarlo si no la admitía en la escuela. La carta citaba los derechos de Amelia que, según la Constitución, el director estaba violando. Allí se citaba el inciso 20 del artículo 56 de la Ley de la Carrera Docente, que considera como falta muy grave que unx docentx no admita a alumnxs por diferentes motivos, como las diferencias sociales, raciales, políticas o “de otra índole”.
El director, mientras tanto, terminó sacándola de la escuela con pandilleros, dice ella. A esta denuncia le dio seguimiento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero sin una legislación que proteja su condición de persona trans en El Salvador.
Amalia, sin embargo, volvió a intentar cursar su séptimo grado. Esta vez bajo la modalidad a distancia. En la escuela la quisieron obligar a posar para una foto con el pelo amarrado. Se opuso y la escuela borró todos sus datos del sistema.
“Para El Salvador, Amalia solo tiene séptimo grado. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque es una pelea que me dejó muchas gratificaciones y muchas lecciones de vida”, dice ella. Hoy es una activista de los derechos de la población LGBTIQ+.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINEDUCYT) cuenta con una Unidad de Género y una política de género, que no es difundida a lxs docentxs, de acuerdo a lo que afirmaAmalia.
Y en el caso de las universidades, la Universidad de El Salvador (UES, la universidad estatal) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) son las únicas que respetan el derecho a la identidad de las personas trans, dice la activista.
Pero estas instituciones, como todas las del sistema educativo público y privado, pueden emitir diplomas de reconocimiento con el nombre elegido por las personas trans. No así títulos, porque al no haber una Ley de Identidad de Género, las personas trans, para el Estado salvadoreño, seguirán llamándose por el nombre según su documento.
Este año, lxs diputadxs de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, archivaron varios proyectos de ley presentado por la sociedad civil, entre ellos la Ley de Identidad de Género.
Brenda Rosales es una escultora que, en 2006, sin haber hecho su transición, se graduó de la carrera de Artes Plásticas de la UES y hace unos días fue reconocida por la universidad como unx de sus exalumnxs y profesionales destacadxs.
El diploma de reconocimiento lleva su nombre elegido, pero en el título universitario se mantiene su nombre de acuerdo a su documento de identidad.
Rosales, sin embargo, considera que este reconocimiento es significativo porque la universidad le ha reconocido su identidad de género.
Lo mismo pasa en el lugar donde trabaja, el Ministerio de Cultural, donde le han permitido que use su carnet de empleada con su nombre elegido.
“Es engorroso llegar a un lugar en el que de repente las personas no sepan ni cómo tratarnos, porque se basan en un documento. Hay muchas que tienen ética a la hora de dirigir la pregunta de cómo quieren que nos llamen. Admiro la voluntad que tienen, pero otras no lo hacen adrede o no saben cómo tratarnos”, sostiene la artista.
A pesar del decreto 56, hay desamparo
En el Ministerio de Cultural está la Unidad de Género y Diversidad, a la cual el gobierno de Bukele asignó las funciones de la Secretaría de Inclusión Social que él y su gabinete desaparecieron a inicios de su gestión, en junio de 2019, y que entre sus objetivos tenía velar por la aplicación del Decreto Ejecutivo 56.
Rosales es Técnica y Especialista en dicha unidad, pero en esta entrevista no quiere profundizar sobre el trabajo de la instancia, porque dice que es nueva en el área.
Amalia señala que, de todos los ministerios, el MINEDUCYT fue el reacio en aplicar el Decreto Ejecutivo 56. Por hoy, la aplicación de este decreto es uno de los cuestionamientos que más realizan las organizaciones de la población LGBTIQ+, porque sigue vigente, pero la población no ve visible el trabajo de la Unidad de Género y Diversidad.
Agencia Presentes solicitó una entrevista a lxs encargadxs de la Unidad de Género del MINEDUCYT, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Universidades sin políticas contra LGBTIQ+fobia
Danilo Ramírez es el director ad honorem del Centro de Estudios de Géneros de la UES. Esta universidad cuenta solo con una política de equidad de género, pero no tiene una unidad de género. Para el próximo año, la política será actualizada y contemplará acciones a favor de las personas de la diversidad sexual.
Por el miedo de la población LGBTIQ+ de hacer visible su identidad y expresión de género en espacios que no son de su confianza, estos centros de estudios no llevan registro de la cantidad de estudiantes diversos que tienen.
Desde la UES, dice Ramírez, todavía se planea un censo interno para contabilizarles, tomando en cuenta que uno de los errores del censo sería que muchxs prefieren que su sexualidad pase desapercibida.
La discriminación, el mal permanente
El Primer Informe Situacional de la Población LGBTI publicado por la PDDH en 2017 señaló que el 52.5 % de las mujeres trans en El Salvador han recibido amenazas de muerte o violencia. En primer lugar, por el transodio; y segundo, por la extorsión impuesta por las pandillas para quienes realizan trabajo sexual.
Ante la falta de un protocolo para atender casos de discriminación, Ramírez menciona que lo que él hace es acompañar a las víctimas a presentar las denuncias ante instancias internas de la universidad.
Pero sin protocolos de actuación respaldados por las autoridades universitarias, las denuncias quedan archivadas.
Desde el Centro de Estudios de Géneros, dice, se trabaja en capacitaciones de sensibilización en temas sobre diversidad sexual, que comenzaron con lxs docentxs, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Medicina, de donde, en su momento, recibieron denuncias por discriminación de una chica trans que ya egresó.
La formación universitaria
La UCA, por su parte, respeta internamente la identidad de género de las personas trans: les permite a estas realizar cursos, diplomados o taller con su nombre elegido. Amalia está pronta a graduarse de la Escuela de Formación Política de esta universidad.
Hasta el momento, la universidad solo ha recibido la denuncia de una ciudadana trans canadiense que no pudo inscribirse a una carrera con su nombre elegido por la falta de la Ley de Identidad de Género en El Salvador. Y al final, tuvo que hacerlo con el nombre que aparecía en su documento, cuenta Omar Serrano, encargado de la Vicerrectoría de Proyección Social, de esta universidad de la Compañía de Jesús.
La UCA, según el académico, tiene entre sus “principios y valores” la no discriminación. No cuenta con una Unidad de Género, solo con políticas contra el acoso sexual, laboral y la discriminación, además de comités de éticas que reciben denuncias.
En los casos de discriminación por razones de género y orientación sexual ocurre una autocensura: las personas no denuncian la discriminación que sufren porque saben que su denuncia será infructuosa, opina Serrano. “Creo que uno de los frutos de la impunidad es que la gente no denuncie. Estoy refiriéndome a todo nivel”, señala.
El camino de Amalia
Amalia tiene 25 años y está por publicar un libro de poesía. Le lleva la lucha al sistema que la excluyó y ha continuado estudiando cursos, diplomados y talleres de todo tipo, desde derecho hasta medicina.
Espera llegar a la edad en la que pueda ir al Centro Nacional del Registro y que sus poemas queden registrados bajo el nombre que ella ha elegido.
Pero esta es su decisión: “No voy a vivir con un título con un nombre que no me identifica. Yo sé muy bien que, si no me preparo académicamente, los años van a seguir pasando, pero estoy dispuesta a morir con dignidad”.
Comentarios desactivados en El Salvador forzó la esterilización de mujeres con VIH
Cuando Lizz se enteró de que estaba embarazada, también le informaron que tenía VIH. Al momento de parir a su única hija, a la edad de 17 años, fue esterilizada de manera forzada por el personal médico de uno de los principales hospitales públicos de El Salvador. La Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema del país centroamericano solo reconoció que se violó su derecho de salud reproductiva. A once años de lo ocurrido, mantiene el deseo de volver a ser madre. Este texto es parte del proyecto de periodismo colaborativo #CambiaLaHistoria, impulsado por la Deutsche Welle Akademie.
Lizz había recibido meses antes de forma simultánea la noticia de su embarazo y el resultado positivo a la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Asegura que le preocupaba más la noticia de su embarazo que el diagnóstico del virus
Una mañana de diciembre de 2010, Lizz* sintió en su vientre que su bebé pateaba fuerte y con ello exigía su llegada al mundo. Su embarazo, marcado por la desesperanza de un diagnóstico imprevisto, estaba por llegar a término.
Desde su llegada al Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, el más importante para la atención de la mujer en El Salvador, personal médico le preguntó si quería ser esterilizada, pero Lizz respondió que no. Por su condición de VIH le tenían que hacer una cesárea y en la noche fue llevada a la sala de operaciones.
Minutos antes de que se le aplicara la anestesia para practicarle la cesárea, una enfermera le preguntó de nuevo si se iba a esterilizar y le entregó un formulario para autorizar el procedimiento. Lizz firmó sin haber sido informada plenamente de las consecuencias.
A once años de lo ocurrido, habla sobre ese día a través de una videollamada. Hace una pausa, quita la mirada de la pantalla y dice: «prácticamente me iban a dejar morir, me dijeron que si no firmaba no me iban a atender. Yo firmé porque no soportaba el dolor».
Después de dar a luz a su única hija, a Lizz le fue mutilada una parte de su órgano reproductivo en una intervención quirúrgica para impedir que volviera a tener hijos cuando sólo tenía 17 años.
Cuatro años después, el caso de Lizz fue llevado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, donde se comprobó que no tenía la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada por el hecho de ser menor de edad.
I Un pilar de apoyo
Cuando Lizz tenía apenas 16 años, tuvo una relación con un hombre ocho años mayor que ella. A los pocos meses, comenzó a sentir malestar y dolores de cabeza intensos. Fue al médico en la comunidad de Cojutepeque, a menos de una hora de la capital, y después de hacer estudios le dijeron que estaba embarazada y que también era portadora de VIH.
“En ese momento lo que más me preocupó fue estar embarazada. No dimensioné el diagnóstico de VIH”, relata.
Cuando le dio la noticia a su pareja, él no se sorprendió. Ya sabía que era portador del virus y le ofreció vivir en pareja. Lizz salió de la casa de sus padres y suspendió sus estudios. Hoy considera que quedó embarazada por un acto de violación porque aún era menor de edad.
De su comunidad tuvo que ir los siguientes meses al Hospital de la Mujer, el único para atención materna en el país, donde recibió un tratamiento de retrovirales. Al nacer, su bebé nació con diagnóstico negativo. Estaba libre del virus.
El virus de la inmunodeficiencia humana ataca al sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.
Los datos del Estado reflejan que las probabilidades de que un menor se infecte de VIH al momento de su nacimiento son muy bajos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) uno de cada 100 bebés nacidos de madres con VIH son diagnosticados con el virus. Estos datos coinciden con los reflejados en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ONUSIDA, donde se asegura que el riesgo de que una mujer con VIH le transmita el virus a su hijo se reduce a un 5 % o menos con un tratamiento eficaz.
Lizz recibió el tratamiento estipulado por el MINSAL. Incluso, el mismo informe asegura que para el año 2010 el 100 % de embarazadas con VIH conocidas en el país, recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión infantil. Estas cifras reflejan que Lizz podía tener más hijos de forma segura.
En 2019, el Ministerio de Salud de El Salvador reportó 26,893 personas vivas con VIH en el país, de ellas el 34 % eran mujeres.
Lizz dio seguimiento a su estado de salud y el de su bebé en su hospital local, unos 18 km al sur de la capital del país, y ahí tuvo conexión con organizaciones de apoyo a personas con VIH cuando iba a sus citas médicas.
“Yo iba a controles al Hospital de Cojutepeque, ahí me uní a un grupo de apoyo y a organizaciones feministas no gubernamentales. Él (su expareja) era un hombre alcohólico y me golpeaba. Sufrí mucho abuso físico. Pero al unirme a estos grupos me empoderé. Me empoderé muchísimo”, dice en tono enérgico. Cuando su bebé cumplió tres meses, decidió separarse y volvió a casa de sus padres.
En el hospital conoció a integrantes de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, que trabaja a favor de los derechos de las personas con VIH. Ellos le brindaron una beca para terminar sus estudios de educación media. Las terapias psicológicas y las sesiones grupales contribuyeron a su formación y empoderamiento. Y asegura que después de un proceso de sanación muy difícil, ahora puede hablar con mayor facilidad sobre el tema.
II Más mujeres con VIH esterilizadas
El caso de Lizz no ha sido el único. Otras mujeres con VIH y menores de edad han sido esterilizadas de forma sistemática en El Salvador.
En su juicio de amparo, se comprobó que “en la práctica hospitalaria se esteriliza a niñas y adolescentes con el único requisito que estas suscriban un formulario de autorización para tal efecto”. En el fallo al que tuvo acceso Alharaca, se documenta que una de las doctoras interrogadas en el proceso dijo que «una menor de doce años de edad puede ser esterilizada según la normativa de planificación familiar».
La Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar (GTAPF), mencionada en el amparo, no estipula que exista esterilizaciones a ciertos pacientes en razón de edad, únicamente exige que haya un consentimiento informado del paciente.
El caso de Lizz fue llevado al Poder Judicial gracias a la Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN), enfocada en la reducción de la morbilidad del VIH en El Salvador.
Junto con otras organizaciones de la sociedad civil y autoridades, participaron en la realización del Índice de Estigma en Personas con VIH (INDEX) 2019, haciendo entrevistas a pacientes en 19 hospitales del sistema público de salud.
En el Informe se documentó que 23 de 514 personas encuestadas fueron esterilizadas sin su conocimiento o su consentimiento en el último año. Todas las que afirmaron este hecho eran mujeres. La mayoría de ellas son de escasos recursos económicos y tienen poco acceso a educación, señala Catherine Serpas, directora ejecutiva de ANP+VN.
El mismo estudio reflejó que a un 7.2 % de las personas encuestadas le aconsejaron no tener hijos y un 5.6 % menciona que fue presionado, motivado o inducido para esterilizarse de forma permanente por medio de ligadura de trompas o vasectomía.
Serpas añadió que en el estudio también encontraron tres casos más de menores de edad que contaban su experiencia.
“Fue alarmante encontrarnos con casos de esterilizaciones forzadas. El primer caso que recolectamos fue de una mujer que vivió esto en 1998. Además, aquí encontramos casos de niñas, menores de edad”, expresa Serpas. Ella dice que la asociación no guardó registro de todos, sin embargo, al realizar contacto con algunas mujeres, muchas decidieron no participar en procesos legales por miedo al estigma.
Una de las que sí lograron dar seguimiento fue Lizz, luego de realizar el estudio INDEX 1.0. “El caso ocurrió en 2010, pero ella habló de este hecho hasta 2014”, explicó.
III La batalla legal
Las organizaciones de protección de los derechos de personas con VIH suelen formar parte de los grupos de ayuda como a los que asistía Lizz. Ahí conoció a compañeras que pasaron por lo mismo y que fueron persuadidas por el personal médico para ser esterilizadas. Eso la motivó a hablar e iniciar un proceso legal con el acompañamiento de ANP+VN.
En 2014 promovieron un amparo para que se reconociera la violación de los derechos de salud reproductiva de Lizz y discriminación en razón del VIH por parte del personal médico del Hospital Nacional de la Mujer «Dra. María Isabel Rodríguez».
Un elemento clave para llevar el caso era tener el expediente médico, el cual solicitaron al hospital por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero les fue negado. Hasta que fueron llevadas al juicio de amparo, las autoridades del hospital entregaron el expediente, el cual no tenía pruebas que justificaran la esterilización.
La defensa de Lizz tuvo acceso a declaraciones de parte del equipo médico que señalaban que “no tenía sentido” que las personas con VIH siguieran teniendo bebés.
El director del hospital negó ante la Sala cualquier acto de discriminación por VIH o que se haya forzado a la paciente para ser sometida a esterilización.
La Sala de lo Constitucional declaró en 2015 que sí hubo «vulneración de sus derechos fundamentales a la salud reproductiva, a la autodeterminación reproductiva y a la integridad personal —con relación al hecho de que, siendo menor de edad, y por lo tanto no teniendo la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada».
“Sí logramos probar que hubo discriminación (en razón de VIH), pero la Sala no lo admitió”, lamentó su abogada y apoderada legal Crissia Pérez.
En el fallo de la Sala se ordenó la promoción de un proceso por los daños materiales y morales y garantizar un tratamiento psicológico adecuado para superar las secuelas por el acto de esterilización.
IV Maternidad. Un derecho negado
Lizz sufrió cuadros de depresión recurrentes. Después del juicio quiso recuperar su fertilidad.
La esterilización quirúrgica es un procedimiento en el que las trompas de Falopio, que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero, se bloquean. Esto puede ser por atadura y corte de los conductos, por cauterización, o cierre con un anillo o grapa.
Un 20 % de las mujeres esterilizadas se arrepiente de su decisión, pero hay casos que no se pueden revertir. Uno de ellos fue el de Lizz.
«Hay diferentes tipos de cortar las trompas, pero el corte que le hizo el médico era al ras. No había forma de reconstruir las trompas. Nosotros interpretamos esto como una práctica de violencia y un acto de lesa humanidad», señala Catherine Serpas.
Entre enero de 2013 hasta julio de 2021 se realizaron 36 esterilizaciones en mujeres que verificaron parto con un diagnóstico principal VIH de un total de 280 partos en los hospitales públicos del país, según datos del MINSAL brindados por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública.
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Una ginecóloga que trabaja para el sistema de salud público, cuyo nombre desea omitir para resguardar su seguridad, advierte que es una temática discutible el recomendar a una mujer con VIH no tener hijos.
“Si nos remontamos a los años ochenta, el diagnóstico de infección por VIH era prácticamente una muerte anunciada. Hoy tenemos la facilidad de que hay diversos programas de apoyo para estos pacientes, que incluyen la terapia antirretroviral, exámenes de control y grupos de apoyo social y psicológico”, explica.
La médica asegura que si la paciente es responsable de su salud y sus medicamentos, puede embarazarse y llevar el control periódico de su embarazo.
“Ahora, si el panorama es diferente con una paciente que ha tenido poca adherencia a su tratamiento o sea irresponsable en sus controles, que tenga enfermedades secundarias no controladas o de mal pronóstico», advierte, «se vuelve necesario evitar el embarazo para evitar complicaciones maternas o fetales”.
Serpas explica que los temas de salud reproductiva no son vistos como un problema. “Eso pasa porque vivimos en un mundo que se ve totalmente masculino, y más, en temas como el VIH”, dice.
ANP+VN recibe con frecuencia reclamos sobre la falta de apoyo en términos de planificación familiar, agrega. “Todavía se cree que la persona recibe el diagnóstico y se olvida de su vida sexual… Hemos detectado que a la hora que se les hace la citología (prueba de detección del virus del papiloma humano, que causa el cáncer de cérvix) han recibido maltrato por parte del personal de salud, siempre con la interpretación de ‘¿por qué sigue teniendo relaciones sexuales?’. La respuesta del VIH ha evolucionado, pero el pensamiento sigue siendo mediocre”.
IV Migración
Lizz no solo enfrentó la violencia obstétrica en su país, durante el juicio también recibió llamadas anónimas donde la amenazaban con atentar contra su vida. En sus visitas al hospital para recibir tratamiento psicológico, hubo personal médico que la intentó persuadir para que desistiera en su demanda.
El Jefe Departamento de VIH y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Derechos Humanos, Jaime Argueta, reconoció que “no existe un sistema de protección que pueda dar garantías a la persona que ha tenido el valor de presentar la denuncia, para protegerla contra el mismo estado. Incluso, ella empezó a ser cuestionada al momento de recibir su tratamiento».
Cada vez es menos frecuente es el estigma en ámbito de salud o en el ámbito laboral, dice, pero aún se pide la “prueba de VIH para el ingreso a un empleo como parte de la batería de exámenes”.
En el ámbito comunitario, advierte que todavía hay mucha discriminación y se divulgan los diagnósticos de personas en los lugares donde ellos viven.
“Tal vez trabajan en una sala de belleza y alguien empieza a divulgar el diagnóstico y pierden sus clientes. O venden cualquier tipo de alimentos ya preparados para el consumo y también son afectadas en sus formas de vida”, expuso.
Lizz vivía en una zona declarada de alto riesgo de violencia por pandillas. Esto se convirtió en una razón más que la llevó a migrar a Estados Unidos junto con su hija y su actual pareja. Allá, a más de 10 mil kilómetros del país que la expulsó, ahora intenta rehacer su vida.
“Quería una vida mejor para mi hija. El miedo también tuvo que ver en mi decisión de migrar”, expresó.
V Una nueva vida
A pesar de su condición migratoria irregular, Lizz ha logrado tener acceso a un tratamiento de retrovirales a través de un protocolo en un Centro de Investigación en Estados Unidos, al cual accedió por medio de un hospital.
Por ahora trabaja, estudia inglés y desea regresar a la Universidad a estudiar leyes para ayudar a otras personas: “Mi sueño es trabajar en una organización que ayude en los derechos humanos o migración”.
Según la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH Sida (ICW Latina), en El Salvador el marco legal que establece sanciones para el personal sanitario en el caso de la esterilización forzada a las mujeres con VIH tiene una calificación positiva, es decir, según esta organización los médicos sí reciben penalidad ante estos casos. Sin embargo, los que atendieron el caso de Lizz no recibieron ninguna penalidad.
Al cierre de esta investigación se solicitó una entrevista con la jefa del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Dra. Ana Isabel Nieto Gómez, para conocer su postura respecto al caso de Lizz, sin embargo no se recibió respuesta. La doctora Nieto fungía en ese mismo cargo en 2010, cuando Lizz fue esterilizada de forma forzosa.
En la actualidad Nieto es funcionaria del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Su régimen ha sido señalado por nula rendición de cuentas, dar poco acceso a la prensa y por declarar “confidencial” información pública.
En la actualidad ANP+VN trabaja para brindar apoyo legal, capacitaciones, atención psicológica, reinserción laboral y generación de alternativas de ingresos para personas con VIH. Además, tiene estrecha relación con los grupos de apoyo de personas con VIH de la red hospitalaria nacional. Cientos de personas se han visto beneficiadas por sus proyectos. Su abogada compartió que cuando la prensa cubrió el caso de Lizz, tuvieron conocimiento de más casos a los que podrían dar más seguimiento y llevar a la justicia si contaran con los fondos.
*El nombre real de Lizz no se da a conocer en protección a su integridad
Comentarios desactivados en Guardias de seguridad de una tienda golpearon a una pareja de lesbianas en San Salvador
Una pareja de lesbianas se besó en la tienda Imperio USA y los guardias de seguridad las increparon y golpearon. La policía culpó a las víctimas.
Comprar ropa se tradujo en un ataque lesboodiante en un almacén en El Salvador cuando el 14 de septiembre guardias de seguridad increparon y golpearon a una pareja en la tienda Imperio USA, ubicada frente a la plaza Francisco Morazán.
“Llegamos a la tienda por la mañana y nos dimos un beso entre los estantes. Un vigilante se acercó de forma violenta y nos exigió que saliéramos del lugar”, contó la pareja a Presentes.
Ellas exigieron que les mostraran el código de comportamiento del lugar. La respuesta fue que otros dos vigilantes armados las rodearan para expulsarlas a empujones.
“Ellas se dieron un beso e inmediatamente un vigilante se les acercó de forma violenta y empezó a decirles expresiones lesbofóbicas, a decirles que mejor se buscaran marido y que esas cosas no eran permitidas ahí”, dijo a Presentes Lissania Zelaya, integrante del colectivo AMORALES.
AMORALES es una organización de feministas, artistas y profesionales que promueve los derechos humanos y la toma de espacios públicos para mujeres y disidencias. Al día siguiente del ataque, en el Día de la Independencia, participaron de la marcha masiva contra el gobierno, en reclamo por la ley de bitcoins, la reforma constitucional y el desmantelamiento del Poder judicial.
“Hubo una mujer que las defendió ahí adentro, al parecer era una empleada quien las defendió y les dijo ‘hijas, mejor váyanse porque estos hombres son unos machos’. La compañera dice que en lo que ella se da la vuelta viene el tipo y le pega por la espalda, cuando yo llegué revisamos a la compañera y evidentemente en la espalda tiene signos de violencia”, expresó Lissania.
La policía, contra las víctimas
Al recibir el golpe por la espalda, la pareja se defendió provocando un altercado con los atacantes. El personal del almacén llamó a la policía quienes en un primer momento amenazaron con detener a las víctimas por “causar desordenes públicos”. Las víctimas fueron rodeadas por policías, militares y los vigilantes que las atacaron.
“Estos sujetos (atacantes) se han reído y se han reído enfrente de la policía y todavía el gerente del almacén indicó al vigilante, aquí también hay una protección por parte del gerente hacia este vigilante, le indica que se vaya porque nosotras estamos en ese momento interponiendo la denuncia”, acotó Lissania.
A pesar que las víctimas dieron una primera declaración a la policía en el lugar del ataque, no lograron detener al principal agresor porque fue protegido por el gerente del almacén.
“Primero lo catalogaron como un desorden público. Yo alegué que no podía ser un desorden público ni una riña o pleito porque no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza y en la posesión de armas. Mis compañeras eran dos mujeres que no estaban armadas, ellos eran tres hombres, uno de ellos tenía un arma de fuego, los demás tenían macanas y tenían esposas también, eran tres hombres armados frente a dos mujeres que no estaban armadas”, lamentó Lissania.
Presentes consultó a la delegación de la policía que está a cargo del área geográfica donde ocurrió el ataque. Al preguntarles por qué no detuvieron al agresor, se limitaron a responder que “sí interpusieron la denuncia por agresiones” sin dar mayores detalles.
“No puede haber confianza en la policía porque inclusive en el momento en que las compañeras estaban poniendo la denuncia la policía les dijo que ellas aparecen en el video y que también le levantaron la mano al vigilante. Pero en realidad las compañeras estaban defendiéndose. Ellos también han intentado que las compañeras desistan de poner la denuncia”, lamentó Lissania.
Ataques en la impunidad
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
“En El Salvador ha pasado en varias empresas, en lugares de comida, ha pasado en centros comerciales y creemos que es necesario que estas situaciones se regulen dentro de la Ley Integral Para una Vida Libre de Violencia (LEIV) expresamente como un delito motivado por odio, porque las compañeras no estaban haciendo nada que transgrediera el orden público y la paz social que es a lo que alegan siempre y ellas estaban en todo el ejercicio de su derecho”, señaló Lissania.
El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.
“Creemos que si es importante que las denuncias puedan sentar un precedente también para que las mujeres no tengamos que vivir este tipo de violencia, sino que se nos proteja y que las personas alrededor sepan que es un derecho legitimo el que se está reclamando y que también se está defendiendo un derecho, creemos que es necesario que se reconozca que existen este tipo de acciones que son motivadas por odio”, puntualizó Lissania.
La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.
Comentarios desactivados en Cómo es la nueva propuesta para que El Salvador tenga Ley de Identidad de género
El Congreso salvadoreño recibe nueva versión de la ley de identidad de género. La anterior había sido archivada.
Defensores de derechos de personas trans presentaron al Congreso de El Salvador una propuesta actualizada del anteproyecto de identidad de género. La misma busca que las personas trans tener un documento de identificación oficial acorde a su identidad, un derecho hasta ahora negado por la normativa vigente.
La propuesta de ley consta de 22 artículos, mantiene el espíritu de la propuesta previa y argumenta sobre las normativas internacionales. Entre ellas, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena a los Estados parte del Sistema a establecer un procedimiento para que las personas trans puedan adecuar su nombre a su identidad de género.
“Esperamos que esta vez sí haya voluntad política (para aprobarla). Como ellos (diputadxs) tanto que lo han repetido de representar al pueblo o a la ciudadanía. No somos menos ciudadanos, ni menos salvadoreñas, ni salvadoreños que el resto de las personas que no tienen problemas con el nombre y que no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo un derecho que se ajusta a nuestras necesidades y a nuestras realidades”, dijo a Presentes Amalia Leiva, representante de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.
Cómo se llega a esta propuesta
El primer anteproyecto de ley de identidad de género se presentó el 22 de marzo de 2018. Se discutió tres años en la comisión de la mujer y la igualdad de género de la legislatura pasada (2018 – 2021), pero los legisladores no lograron el consenso para trasladar la propuesta a su aprobación en el pleno.
Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de lxs 84 diputadxs. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto sostienen que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
La nueva legislatura (2021 – 2024), con una súper mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, ordenaron el pasado 14 de mayo que el anteproyecto fuera archivado. Lo mismo ocurrió con 30 expedientes que estaban siendo examinados por considerarlos “obsoletos y no acordes a la realidad”, según la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
“En ningún momento la propuesta tenía algún tinte partidario, que fue el argumento que ocupó la bancada cyan (Nuevas Ideas) para archivarlo y decir que era una realidad obsoleta. Ahora nos volvimos a presentar a la Asamblea Legislativa para mejorar la propuesta hacia una mejor interpretación de la misma”, recalcó Amalia.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron cartas a las fracciones fracciones de los ocho partidos políticos representados en el Congreso para solicitar un espacio de discusión del anteproyecto de ley. Sin embargo, solamente dos partidos minoritarios respondieron: juntos suman cinco de 84 curules.
“Prácticamente no tuvimos respuesta de todos los partidos, lastimosamente solo nos respondió el FMLN y Nuestro Tiempo. Seguimos a la espera que los demás se sumen a esta iniciativa de ley”, dijo a Presentes, Britanie Castillo, asistente técnica de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre ni género de personas transgénero y transexuales. Las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. Solamente México, Argentina, Chile y Uruguay cuentan con normativas similares.
“Esperamos que hagan conciencia de la necesidad de una ley de identidad de género para las personas trans, que sean empáticos a esta realidad que vivimos las personas trans en El Salvador”, señaló Britanie.
El gobierno y la Asamblea menos “cool”
Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.
En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.
El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.
Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán”no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.
“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.
Comentarios desactivados en Procesan a joven lesbiana por defenderse de un ataque policial en El Salvador
Por Stanley Luna, desde El Salvador
Valentina y su pareja fueron detenidas por dos policías en febrero de este año. Los agentes las torturaron durante horas, pero Valentina es acusada de lesionar a un agente por auto defenderse y la Fiscalía General de la República sigue un juicio de lesiones y resistencia contra ella.
Valentina y Fernanda volvían de cenar y se detuvieron a hablar a dos cuadras de su colonia, en departamento occidental de Santa Ana, 68 kilómetros al oeste de San Salvador. Era la noche del 8 de febrero de 2020.
Valentina contó a Present que alzaron un poco la voz y tres hombres encargados de la vigilancia de la colonia donde viven se les acercaron y les dijeron que se tranquilizaran. Luego pasaron a acosarlas con preguntas incómodas.
A las 10:30 de la noche, 15 minutos después de estar con los vigilantes, los policías German Ernesto Ruíz Olano y Cruz Alberto Castro Sánchez llegaron en un pick up policial, según la denuncia fiscal.
Valentina recuerda que los dos policías se bajaron enojados de la patrulla y comenzaron a insultarlas. Fernanda les intentó explicar que estaban por volver a casa, que simplemente hablaban, y que no podían llevárselas detenidas sin ningún motivo, ya que ellas conocían sus derechos.
Estas palabras bastaron para que Ruíz Olano la tirara al suelo, boca abajo, y la esposara. Su compañero Castro Sánchez esposó a Valentina con los brazos atrás de su espalda.
“Yo, como pude, traté de defenderme a mí y traté de defenderla a ella. A ella la tenían en el suelo. La estaba pateando el otro hombre, que es el que mí me está acusando de agresión”, cuenta Valentina.
Los policías las subieron a la cama del pick up y Ruíz Olano les pateó la cara a ambas con sus botas, mientras el otro policía, por 30 minutos, condujo hasta llegar a una delegación policial.
En la delegación, los policías que las capturaron las lanzaron a un suelo de graba, las ataron las celdas y las obligaron a hincarse. Les rociaron agua sucia y fría de una pila, las siguieron golpeando y les tomaron fotografías.
Encerradas e incomunicadas
A las dos les robaron los zapatos. Además, a Valentina le robaron su celular y a Fernanda 22 dólares. Luego las encerraron en una celda en la que convivieron con nueve pandilleras.
Por las pandilleras lograron comer, debido a que, desde su captura hasta el día de la audiencia inicial, no tuvieron comunicación con su familia. Los primeros días tampoco contaron con un abogado, lo cual viola el principio de la presunción de inocencia.
Valentina recuerda que después de la tortura, sus caras quedaron irreconocibles. Antes del amanecer, fueron trasladas a otra delegación policial en la que esperaron la audiencia por resistirse a la captura. Pero el agente Ruíz Olano también denunció a Valentina por lesiones.
Las mujeres llegaron descalzas a la audiencia del 11 de marzo, con las marcas y lesiones de los golpes en su cuerpo. Las dos quedaron libres y, de todo lo que les robaron, lo único que pudieron recuperar fue parte de los 22 dólares.
Fernanda fue absuelta, pero Valentina sigue todavía en libertad condicional el proceso por resistencia y lesiones. El policía intentó conciliar con $100 dólares a cambio de terminar el caso, pero ella no aceptó. La jueza, entonces, le impuso medidas a cumplir mientras termine el juicio.
Valentina tiene 30 años y Fernanda 26. Nunca antes habían sufrido un ataque lesbofóbico como el de esa noche. Por temor, prefieren no revelar su identidad.
Una denuncia que no avanzó
Angélica María Rivas es la abogada de Valentina y Fernanda. Ella pertenece a la Colectiva Feminista, una organización de mujeres en El Salvador.
En una entrevista con Presentes dijo que desde la defensa se presume que fue uno de los tres vigilantes que se acercó a la pareja el que llamó a la policía para que capturaran a las víctimas.
“Ambas se defendieron, pero como la primera que fue tirada a la cama (del carro) fue Fernanda, la otra compañera tuvo como un poquito más de margen de defenderse. Pero claramente a esto no se le puede llamar lesiones, porque una mujer con su complexión física, imposible que va a golpear a un policía entrenado con armas”, señala.
Rivas acompañó a Valentina y Fernanda a denunciar a los policías en la Fiscalía General de la República (FGR), en marzo, por los delitos de lesiones, tortura, actos arbitrarios y privación de libertad por funcionario público. Las víctimas ya lo habían hecho, días después de los hechos, en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Ana.
A ocho meses de la denuncia, la abogada dice que los agentes todavía no han sido acusados en un juzgado, pero la FGR tiene un año para presentar la acusación.
Una audiencia contra Valentina
El 4 de diciembre es la audiencia de instrucción en la que Valentina es acusada de lesiones y resistencia. Esta audiencia se ha suspendido tres veces. La última suspensión fue a finales de octubre, ya que Rivas le pidió tiempo a la jueza para llegar a un acuerdo que no favorezca al policía, pero que tampoco deje impune la tortura de la pareja.
La FGR, por medio de su unidad de comunicaciones, señaló que Valentina y Fernanda desistirán de continuar la denuncia contra los policías y luego Valentina conciliará con Ruíz Olano en el juzgado.
Esta información es descartada por Rivas, quien aclara que ante la renuencia de Ruíz Olano de que su expediente policial no quede manchado, han hablado sobre la posibilidad de que él retire la denuncia contra Valentina y que la pareja retire la denuncia contra los policías por la salud mental de Valentina. Pero esto todavía no es un acuerdo.
Presentes intentó conocer si la Policía Nacional Civil (PNC) ha abierto una investigación interna contra los agentes, pero no hubo respuesta del encargado de la unidad de comunicaciones de la institución.
El crimen no fue tipificado como un crimen de odio, pero el modo de operar de los acusados fue similar al de los policías Ruíz Olano y Castro Sánchez, pues los condenados detuvieron ilegalmente a Díaz y la golpearon, desde el momento de su captura hasta dejarla tirada en una calle solitaria a las afueras de San Salvador.
El Salvador aún no cuenta con una política criminal, ni con un protocolo para investigar y procesar los crímenes de odio. En noviembre del año pasado, tras los continuos asesinatos de cuatro mujeres trans, la Organización de las Naciones Unidas exigió a las autoridades procesar y castigar a los responsables.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Comentarios desactivados en Juan José Tamayo: “La extrema derecha de Dios”
“La internacional cristo-neofascista al asalto del poder blandiendo la Biblia”
Una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista ensombrece el mundo, y muy especialmente América Latina. Ejemplos de ello son España, Colombia, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Bolivia…
Actúa coordinadamente en todos los continentes, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal
Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía
El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso para la sociedad en todos los sentidos
¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto
Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria
En América Latina, Estados Unidos y Europa estamos asistiendo a un avance de las organizaciones y partidos políticos de extrema derecha, que conforman un entramado perfectamente estructurado y coordinado a nivel global y están en conexión orgánica con grupos fundamentalistas cristianos, hasta conformar lo que Nazaret Castro llama “la Internacional neofascista” y yo califico de “Internacional Cristo-neofascista” y “Extrema derecha de Dios”.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta Internacional en España es la complicidad y total sintonía entre las organizaciones católicas españolas ultraconservadoras HazteOír, El Yunque, Infocatólica y otras, y el partido de extrema derecha Vox.
En Colombia fracasaron los acuerdos de paz porque los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas hicieron campaña en contra alegando que en ellos se defendían el matrimonio igualitario, el aborto y la homosexualidad. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2018 ganó el pastor evangélico Fabricio Alvarado con un discurso a favor de los “valores cristianos” y del neoliberalismo y contra el aborto y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo.
En Brasil, los partidos evangélicos fundamentalistas fueron decisivos en la reprobación de Dilma Rousseff y en la elección del exmilitar Jair Messias Bolsonaro como presidente del país. Son ellos realmente los que inspiran y legitiman su política declaradamente homófoba, sexista, xenófoba y antiecológica.
El Gobierno de El Salvador parece seguir similares derroteros. En su toma de posesión el presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, conocido por sus vínculos con pastores ultraconservadores de Estados Unidos. La diputada de Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas.
En Bolivia, los militares y los grupos religiosos fundamentalistas dieron un golpe de Estado contra Evo Morales, presidente legítimo de la República Plurinacional, que colocó a las comunidades indígenas en el centro de su política social, cultural, económica y en la cartografía mundial. Y lo hicieron con la Biblia y el crucifijo para legitimar el golpe, lavar las muertes producidas por el mismo, confesionalizar cristianamente la política, negar la identidad de las comunidades indígenas, justificar la represión contra ellas y desprestigiar sus cultos, calificándolos de “satánicos”.
Felizmente la ciudadanía ha devuelto la democracia a Bolivia en las elecciones del 18 de octubre, en las que el candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ex ministro de Economía con Evo, ha obtenido la mayoría absoluta en la primera vuelta con el 53% de los votos y tomará posesión de su cargo como presidente de la República Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre para un periodo de 2020 a 2025.
Tras los fenómenos aquí analizados producidos en diferentes países creo puede hablarse de una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista que actúa coordinadamente en todos los continentes, muy especialmente en América Latina, y utiliza irreverentemente el nombre de Cristo. Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía y que nada tiene que ver con la orientación liberadora e igualitaria del cristianismo originario.
La Internacional cristo-neofascista ha cambiado el mapa político y religioso en Estados Unidos, está cambiándolo en América Latina y va camino de hacerlo en Europa. El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso en la autonomía de la política y de la cultura, en la secularización de la sociedad, en la separación entre Estado y religión, en la autonomía de la ciencia, en las políticas ecológicas y en la opción por las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos.
El cristo-neofascismo no tiene intención de abandonar el escenario político y religioso. Ha venido para quedarse, posee un importante protagonismo en la agenda política internacional y está consiguiendo cada vez más seguidores. Actúa coordinadamente en todos los continentes, y muy especialmente en América Latina, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal. Y, a decir verdad, lo hace con excelentes resultados: refuerza gobiernos autoritarios, derroca a presidentes elegidos democráticamente, da golpes de Estado enseguida legitimados por otros Estados y organismos internacionales, impide la aprobación de leyes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los derechos LGTBI y de los derechos de la Tierra, encarcela a dirigentes políticos, etc.
¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto.
Coincido con la intelectual alemana Carolin Emcke en su brillante ensayo Contra el odio (Taurus) en la necesidad de hacer un elogio de lo diferente y lo “impuro”, enfrentarnos al odio como condición necesaria para defender la democracia, adoptar una visión abierta de la sociedad y ejercer la capacidad de ironía y duda, de la que carecen los generadores de odio.
Este artículo es una reelaboración actualizada y ampliada del publicado en la Agenda Latinoamericana 2021.
Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria.
Comentarios desactivados en Ser LGBTI en el Triángulo Norte de América Central es vivir en peligro
Por Paula Rosales, desde El Salvador
Foto: Portada informe Human Rights Watch (HRW)
Los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica no han hecho los esfuerzos suficientes para garantizar la integridad y seguridad de las personas LGBTI en sus países. Por eso, muches se ven obligades a escapar principalmente a Estados Unidos donde rechazan su solicitud de asilo, señala un informe realizado por la organización Human Rights Watch (HRW).
Según el estudio de HRW, los principales actores que atentan contra la comunidad son los cuerpos de seguridad del Estado, como policías, soldados, las pandillas, el crimen organizado y sus propias familias, sin que los estados garanticen su protección.
“Los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.
Los gobiernos de los tres países son conservadores, como el del hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemaltecoAlejandro Giammattei, o el estilo totalitario del salvadoreño Nayib Bukele, quién suprimió la dirección de la diversidad sexual en 2019 y adoptó otras medidas que contravienen los derechos de la población como la anulación de la única línea telefónica para recibir denuncias de discriminación y ataques.
Huyendo de la pobreza y los altos niveles de violencia, miles de centroamericanos salen de sus países en busca de mejores oportunidades. Desde 2018, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, formaron caravanas de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, muchos perdieron la vida y fueron deportados hacia sus países.
Trump y el rechazo de Estados Unidos
El éxodo desató el enojo del presidente Donald Trump, quien reforzó las medidas de seguridad en las fronteras y coordinó estrategias de contención de los países de origen para frenar el flujo de personas.
El presidente estadounidense Donald Trump también anunció el 20 de abril, en el marco de la crisis por coronavirus, que su país estableció la suspensión temporal de peticiones de asilo humanitario, afectando a la población de la diversidad sexual.
Para las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI, esta política pone en riesgo de muerte a las personas migrantes que huyen de sus países de origen para salvar su vida.
“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”, expresó Neela Goshal investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de HRW.
Sin condena para los crímenes de odio
Human Rights Watch destaca que tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos.
Camila Díaz, que era perseguida por la pandilla Barrio 18, viajó a Estados Unidos y solicitó asilo, pero le fue denegado por las autoridades.
Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), dijo a Presentes que en Centroamérica no existen las condiciones necesarias para que la población LGBTI pueda desarrollarse plenamente, debido a políticas de exclusión y discriminación, muchas veces impulsadas desde el Estado.
“Vivimos en países cimentados por sistemas o patrones heteropatriarcales y a esto se le suma a la crisis económica, política y de poca transparencia, que también contribuyen a que no se obtengan esos medios necesarios para asegurar el sostenimiento de la vida de las personas LGBTI y de sus familias”, dijo a Rodríguez a Presentes.
Según COMCAVIS registra desde 2015 hasta la fecha, unas 450 personas de la población LGBTI han salido del país, en busca de protección internacional, mientras que de enero a junio de 2020, unas 110 personas se debieron desplazar, en el contexto de la pandemia, por razones de violencia, persecución y amenazas en El Salvador.
Comentarios desactivados en Asesinan a mujer trans en El Salvador: activistas reclaman investigación
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Organizaciones LGBTI de El Salvador condenaron el asesinato de Katherine Rosmery Duvall, una mujer trans cuyo crimen no ha sido esclarecido por las autoridades. Informes preliminares de la fiscalía señalan que Katherine fue asesinada a balazos la noche del 3 de septiembre en la populosa residencial Altavista, municipio de Ilopango, 14 kilómetros al este de la capital. Pero hasta hoy no se ha podido reconstruir qué pasó. Las instituciones del Estado tampoco dieron mayores detalles sobre el hecho o capturas de los responsables.
Katherine se dedicaba a la lectura del tarot, y lo último que se supo de ella fue que se preparaba para la celebración de su natalicio. “Ya casi cumplo años, mis amores”, escribió el 3 de septiembre en su cuenta de Facebook.
“Katherine era acosada por la policía. La policía era la que le ponía renta (extorsión), llegaba a la casa de ella y la extorsionaba, llevándose televisores y cosas así. Y amenazándola con que si no se las daba, le iban a imponer cargos y se la iban a llevar presa”, dijo Linares.
Presentes solicitó información oficial sobre la muerte de Katherine a la Policía Nacional Civil, pero la institución no respondió.
“Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras. ¡Las mujeres trans, no están seguras! ¡Exigimos justicia!” expresó a través de un comunicado la organización salvadoreña AMATE. Desde HT también condenaron el asesinato “pidiendo al universo brinde fortaleza a sus familiares y amigos y a la vez exigimos a las autoridades correspondientes realizar una exhaustiva investigación y que el peso de la ley caiga sobre quienes acabaron con su vida”.
Trans violentadas por el Estado en El Salvador
El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por ASPIDH y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) da cuenta de cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado.De acuerdo al estudio, mujeres trans reportaron que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso de parte de instituciones estatales: el 46% en los hospitales, un 36% en la Policía, un 6% en la Fuerza Armada y alcaldías, y un 3% en las universidades.
“Exigimos a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras”, expresó la organización Amate.
Esta es la segunda muerte de una mujer trans en El Salvador en lo que va de 2020. En enero fue asesinada Briyit Michelle Alas en el municipio de Ciudad Delgado.
El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el Código Penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Por medio de un proceso deductivo, el juez primero de sentencia consideró que los agentes de seguridad del Estado Luis Alfredo Avelar, Carlos Valentín Rosales Carpio y Jaime Geovany Mendoza Rivas tuvieron participación del hecho, por lo que la condena de veinte años fue por el delito de homicidio agravado. Pero no se reconoció que fuera un crimen de odio hacia la identidad de género.
“Para nosotras como ASPIDH es un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, es dulce porque por lo menos ha habido una condena por fin por la muerte de una compañera trans y amargo porque al final no pusieron el agravante de crimen por odio y eso nos deja un mal sabor de boca porque no llegamos a la sentencia que esperábamos que eran 50 años. Obviamente estos 20 años pueden ser apelados y pueden ser disminuidos a la mitad”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
Para el magistrado, los agentes sometieron y esposaron a Camila en la parte de atrás de la patrulla, no la llevaron a un lugar donde estableció la bitácora policial, la abandonaron en un lugar solitario y peligroso y descartó que haya sido arrollada por un automóvil, tal y como sostenía la defensa.
“Los imputados han tenido participación en el hecho, porque los únicos que lesionaron a la víctima son los agentes”, dijo el juez.
La mayoría de casos contemplados como crímenes motivados por odio a la identidad, orientación y expresión de género han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda y Tita Andrade.
El fallo a favor de Camila Díaz es el primero con una condena en el país centroamericano.
El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno.
“Como Fiscalía nos sentimos satisfechas porque creemos que se le hizo justicia a Camila verdad, el juez decidió condenarlos a 20 años de prisión a cada imputado por el delito de homicidio agravado”, dijo a la prensa la fiscal del caso, Gisela Meléndez.
Todavía está pendiente una resolución de tipo civil, luego que la fiscalía pidiera la cantidad de 1,000 dólares de reparación a la familia de Díaz por cada agente procesado.
“Yo sé que se hizo justicia, porque agarraron a estas personas desde el momento que asesinaron a mi hijo, las están procesando y si no hubiera sido así no hubiera llegado este proceso hasta donde está ahorita, por eso pienso que se ha hecho justicia”, dijo a Presentes la mamá de Camila, Edith Córdova a Presentes.
Camila fue deportada en 2017 desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario por carecer de arraigo en el país del norte, emigró por las amenazas a muerte de la pandilla del barrio, una de las más sangrientas de Centroamérica.
“Mi sentimiento más grande es que desde el momento en que a mí me dijeron ‘tu hijo no está, tu hijo desapareció’ desde que lo asesinaron mi sentimiento más grande es que mi hijo jamás va a volver a estar conmigo, nadie lo va a borrar de mi mente, de mi corazón, siempre va a estar ahí”, agregó la madre.
La última noche de Camina
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías sentenciados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.
Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias, que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida minutos más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.
“Me quedo sorprendida de verdad, creo que era algo que yo esperaba, esta es una de las mejores noticias que he tenido después de tanta situación que hemos pasado, de tanta espera, de tanta lucha, de tanta zozobra, todo esto fue muy largo, pero ahora he recibido una de las mejores noticias”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.
Los acusados
El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.
El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.
El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.
“No compartimos el criterio del juez por haberse basado en una imputación, como el mismo lo manifestó, en una imputación subjetiva, ya que nosotros consideramos que no se logró establecer que efectivamente ellos lo hayan golpeado”, dijo a la prensa el abogado José Cabezas, uno de los defensores de los agentes.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Bianka Rodríguez votó por primera vez con una identidad validada en las elecciones de El Salvador. Aldo Peña, un hombre trans, votó a pesar de no figurar en el padrón electoral, ya que el Estado no ha querido reconocer su cambio de nombre por razones de identidad de género. Falta legislación que proteja el derecho a la identidad de la población trans en El Salvador en procesos institucionales como las votaciones.
Bianka Rodríguez votó en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo, acompañada de personal de la PDDH.
Aldo Peña sigue luchando para que se reconozca su derecho al nombre.
Angélica Ramírez / Alharaca
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.
Activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Raquel Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y personas vulneradas.
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega. 
A Carlos le exigieron que se cortara el pelo y no hiciera visible su homosexualidad en el instituto donde daba clases de inglés.
Para 2017, la relación de Lara con sus padres no estaba bien. Ellxs sabían que su hijo es gay, pero no lo aceptaban. Entonces él viajó a 
Durante la colonia, explica la antropóloga Herrera, miles de africanxs esclavizaxs llegaron a El Salvador y establecieron vínculos con otras personas. Eso permitió que la población afrodescendiente creciera.
La joven de 22 años estaba desaparecida desde diciembre. Es el primer crimen del año contra la población LGBT.
Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.
El Primer Informe Situacional de la Población LGBTI publicado por la PDDH en 2017 señaló que el 52.5 % de las mujeres trans en El Salvador han recibido amenazas de muerte o violencia. En primer lugar, por el transodio; y segundo, por la extorsión impuesta por las pandillas para quienes realizan trabajo sexual.
Cuando Lizz se enteró de que estaba embarazada, también le informaron que tenía VIH. Al momento de parir a su única hija, a la edad de 17 años, fue esterilizada de manera forzada por el personal médico de uno de los principales hospitales públicos de El Salvador. La Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema del país centroamericano solo reconoció que se violó su derecho de salud reproductiva. A once años de lo ocurrido, mantiene el deseo de volver a ser madre. Este texto es parte del proyecto de periodismo colaborativo #CambiaLaHistoria, impulsado por la Deutsche Welle Akademie.
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