El primer ministro húngaro, Viktor Orban,

Activistas de derechos humanos de Hungría condenan la ley de adopción como un “día oscuro para las personas LGBT +”

Los nacionalistas dijeron que la ley anti-LGBT + se había “vuelto necesaria” debido al coronavirus.

Los legisladores en Hungría aprobaron una medida para prohibir efectivamente la adopción de parejas del mismo sexo, continuando una ola de acciones preocupantes anti-LGBT + en el país.

El martes (15 de diciembre), el parlamento húngaro dio luz verde al proyecto de ley defendido por la ministra de asuntos familiares, Katalin Nova, que define a la familia como “basada en el matrimonio y la relación entre padres e hijos. La madre es una mujer, el padre un hombre ”.

La legislación enmienda la ley fundamental del país para atacar a las familias LGBT +, dejando en claro: “Hungría defiende el derecho de los niños a identificarse con su género de nacimiento y garantiza su crianza basada en la identidad constitucional de nuestra nación y los valores basados en nuestra cultura cristiana”.

La ministra de Justicia, Judit Varga, explicó que salvo algunas excepciones limitadas para los miembros de la familia, “solo las parejas casadas pueden adoptar un niño, es decir, un hombre y una mujer casados”. Las personas solteras que deseen adoptar deberán obtener un permiso especial del gobierno para garantizar que se mantengan en línea con los valores húngaros.

David Vig, director de Amnistía Hungría, dijo: “Este es un día oscuro para la comunidad LGBT + de Hungría y un día oscuro para los derechos humanos. Estas nuevas leyes discriminatorias, homofóbicas y transfóbicas, aprobadas apresuradamente al amparo de la pandemia del coronavirus, son solo el último ataque contra personas LGBT + por parte de las autoridades húngaras”.

El grupo de defensa de los derechos humanos, el Comité Húngaro de Helsinki, dijo que la constitución del país se ha “convertido en una herramienta de propaganda homofóbica”, y prometió “brindar la mayor ayuda posible a las víctimas del régimen antiliberal”.

Katrin Hugendubel del grupo europeo de defensa LGBT + ILGA-Europe dijo: “Estos proyectos de ley restringen aún más los derechos de los niños y padres LGBT + en Hungría. Los niños LGBT + se verán obligados a crecer en un entorno que les impide poder expresar sus identidades, y los niños de toda Hungría no tendrán familias seguras y amorosas, ya que la adopción está restringida solo a parejas heterosexuales casadas. Este intento de aprobar rápidamente estas nuevas leyes discriminatorias, homofóbicas y transfóbicas es parte de un ataque en curso contra las personas LGBTI por parte de las autoridades húngaras”.

El primer ministro nacionalista del país, Viktor Orbán, ha supervisado una serie de ataques contra personas queer en los últimos años, impulsando una nueva constitución que prohíbe las uniones entre personas del mismo sexo y aprobando una ley para poner fin al reconocimiento legal de las personas transgénero.

Masen Davis, director ejecutivo de Transgender Europe dijo: “A principios de este año, Hungría hizo imposible que las personas trans cambiaran sus nombres y su marcador legal de género. Estamos profundamente preocupados por la salud y la seguridad de los niños y adultos trans en Hungría en un clima tan hostil. Hacemos un llamado al presidente de la Comisión de la UE, von der Leyen, para que aborde los derechos de los padres LGBT +, el intento de borrar a los niños con diversidad de género y la prohibición del reconocimiento legal del género en la evaluación del estado de derecho de la Comisión y los procedimientos en curso del Artículo 7 del TUE contra Hungría. “

Novak afirmó extrañamente antes de la introducción del proyecto de ley que se había “vuelto necesario” debido a la pandemia: “Debido a COVID, se ha hecho necesario un cambio en la ley fundamental. El gobierno también inicia una enmienda para reflejar los desafíos contemporáneos: Hungría protegerá la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer establecida por decisión voluntaria y la familia como la base de la supervivencia de la nación. Los lazos familiares se basarán en el matrimonio y la relación entre padres e hijos. La madre es mujer, el padre es hombre “.

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Más: Hungría, familias lgbt, adopción del mismo sexo, viktor orban

Fuente Pink News

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 La policía de Bruselas interrumpió una fiesta en el centro de Bruselas durante la noche del viernes al sábado, en la que, según el medio belga NHL, estaba el ya ex eurodiputado de Fidesz Jozsef Szajer, quien intentó fugarse por el tejado antes de alegar inmunidad parlamentaria

Un eurodiputado del partido de Viktor Orbán, el primer ministro ultranacionalista húngaro que está bloqueando el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones, ha sido cazado en una orgía saltándose todas las restricciones por la pandemia de la COVID-19 en Bruselas. Fue en la noche del viernes al sábado, y el nombre del eurodiputado es Jozsef Szajer (Fidesz/PPE), quien dimitió el domingo alegando “fatiga“. La fiesta sexual tuvo lugar en el primer piso de un edificio, encima de un café en el centro de Bruselas. Las 25 personas presentes, principalmente hombres, fueron todas multadas, según adelantaron medios belgas.

“Los medios belgas han informado sobre una fiesta privada en Bruselas el viernes. Yo estaba presente”, explica Szajer, ex vicepresidente de los populares europeos en la Eurocámara en un comunicado: “Después de que la policía me preguntara por mi identidad, ya que no tenía identificación, declaré que era diputado al Parlamento Europeo. La policía continuó el proceso y finalmente emitió una advertencia verbal oficial y me condujo a casa”.

“No tomé drogas”, asegura el ya ex eurodiputado húngaro: “Me ofrecí a la policía para hacer una prueba, pero no lo hicieron. Según la policía, encontraron píldoras de éxtasis, pero no eran mías, no tengo conocimiento de quién y cómo las llevaron. Lamento profundamente haber violado las restricciones de la COVID, fue una irresponsabilidad de mi parte. Estoy dispuesto a pagar lo que corresponda. Con mi renuncia el domingo asumí las consecuencias políticas y personales”. Eso sí, cuando dimitió el domingo alegó “fatiga”, no dijo nada de la fiesta.

Szajer concluye: “Pido disculpas a mi familia, a mis colegas, a mis votantes. Les pido que evalúen mi error en el contexto de 30 años de trabajo arduo y dedicado. El paso en falso es estrictamente personal, yo soy el único responsable de él. Les pido a todos que no lo extiendan a mi patria, ni a mi comunidad política”.

De acuerdo con NHL, en la fiesta también estuvieron presentes “varios diplomáticos” y el eurodiputado, quien “supuestamente intentó huir por la canaleta del techo, pero la policía lo pudo atrapar”. Los agentes también encontraron drogas en el lugar, según el mismo medio.

El eurodiputado Szajer es uno de los miembros fundadores de Fidesz, el partido ultranacionalista de derechas del primer ministro húngaro. Szajer fue líder del partido en el Parlamento húngaro de 1994 a 2002. Luego pasó al Parlamento Europeo, de donde dimitió este domingo, cuando comunicó su marcha al presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

Fidesz se opone abiertamente a la igualdad de derechos para las personas LGTB, y el Gobierno húngaro hizo imposible en mayo trasponer los cambios de género en los documentos oficiales. Al mismo tiempo, busca prohibir la adopción para parejas homosexuales.

El propio Szajer, según medios húngaros, “no solo es un aliado cercano del primer ministro Orbán, él personalmente reescribió la constitución de Hungría para incluir la siguiente línea: ‘Hungría protegerá la institución del matrimonio como unión de un hombre y una mujer”.

Fuente Agencias

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Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».

El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan

Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.

Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.

Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.

El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?

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Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

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Fuente Dosmanzanas

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El pasado viernes, el Parlamento Europeo incluyó, en una amplia resolución referida a la respuesta europea al coronavirus, una referencia expresa al ataque a los derechos de las personas trans e intersexuales que el Gobierno húngaro ha pergeñado con esta excusa. Por otra parte, un grupo de 63 eurodiputados ha dirigido una carta al Gobierno húngaro en la que solicitan que dé marcha atrás en su proyecto de negar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y de las personas intersexuales. Solo cuatro de ellos son españoles. 

Hace un par de semanas informamos de que el Gobierno húngaro ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil con objeto de impedir que las personas trans (así como las personas intersexuales en desacuerdo el sexo que les fue asignado al nacer) puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. La reforma, de amplísimo calado, aparece sin embargo «disimulada» como un apartado más (el 33) más dentro de un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias.

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. La respuesta expresa del resto de países y de la propia institución comunitaria es, por el momento, tibia, más allá de advertencias genéricas sobre la evolución del Estado de derecho en Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y ha asegurado estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans).

Por el momento, lo único que nos consta que el Parlamento Europeo incluyó en su resolución de este viernes 17 de abril en la que demanda una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones «rechaza enérgicamente toda tentativa de retroceder en lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI y, en este contexto, condena las tentativas de penalizar más severamente la asistencia en caso de aborto, estigmatizar a las personas seropositivas por HIV y reducir el acceso de los jóvenes a la educación sexual en Polonia, así como los ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Un rechazo que se agradece, pero que por el momento no tiene más valor que el meramente declarativo.

Más interesante nos resulta, como termómetro de la preocupación real que esta cuestión genera entre los eurodiputados, la carta que un grupo de ellos ha dirigido al Gobierno húngaro reclamando que dé marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explica que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. De hecho, la legislación aún vigente en Hungría contempla que sus ciudadanos pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género con un informe médico al respecto pero sin están obligados a acreditar, por ejemplo, que se han sometido a tratamiento hormonal o a cirugía de reasignación. En este sentido, se trata de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Lamentablemente, la carta está firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros. Solo cuatro de ellos son españoles. Se trata de los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Mónica Silvana González (del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), el diputado de Catalunya en Comú Ernest Urtasun (grupo Verdes/Alianza Libre Europea) y el diputado de Junts per Catalunya Antoni Comín (no inscrito). Ello no le quita valor, pero nos hubiera gustado ver más firmas respaldándola.

Fuente Dosmanzanas

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El vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil, para impedir que las personas trans puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus.

El pasado lunes día 30, el Parlamento húngaro votó a favor de otorgar poderes especiales al primer ministro Viktor Orbán, debido a la situación de emergencia creada por la crisis del coronavirus. Con esos poderes, Orbán podrá aprobar leyes por decreto sin control parlamentario de manera indefinida, lo que convierte a Hungría en una dictadura de facto.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género en los archivos registrales. Este es el texto del proyecto de ley:

El concepto de género no se incluye actualmente en la legislación, dado que su definición se basa en razones biológicas. Se puede determinar en función de los caracteres sexuales primarios o de los cromosomas. El género asignado en el registro se basa en los hechos declarados por los médicos para su anotación registral. A menos que se demuestre lo contrario, el registro certifica los hechos así declarados, aunque en principio no tiene ningún efecto legal.

Sin embargo, existen derechos y obligaciones que pueden surgir en función del género declarado en el registro y, por lo tanto, es necesario definir el concepto de género al nacer. Dado que no es posible cambiar completamente el género biológico, es necesario indicar en la legislación que tampoco es posible cambiarlo en el registro.

De esta manera, utilizando los poderes especiales otorgados para la lucha contra el coronavirus, el Gobierno de Orbán aprovecha para cercenar y dejar sin efectos el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género. Ocurre tan solo dos años después de que entrara en vigor la ley que permite el cambio del género en los datos registrales, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Según la normativa aún vigente, los ciudadanos húngaros pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitan un informe médico al respecto, aunque no están obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Domanzanas/Cristianos Gays

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El Partido Popular Europeo (PPE) ha abandonado el modelo de familia tradicional y «ha caído en los brazos de la ideología de género». Es lo que ha expresado en una carta Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010 al frente de Fidesz. La formación, a la que el mandatario ha empujado a la extrema derecha, sigue vinculada al PPE, aunque su afiliación se encuentra parcialmente suspendida desde hace un año. Una situación que podría terminar si el Fidesz se desmarca de los populares y cambia de grupo político, como ha amagado con hacer. La Hungría de Orbán ha experimentado un auge del discurso de odio LGTBfobo, en el marco de graves agresiones a los principios básicos de la democracia liberal que han sido condenadas por la Unión Europea.

El pasado 3 de febrero, los populares europeos decidieron prolongar indefinidamente la suspensión de Fidesz. El partido húngaro, que bajo el mandato de Viktor Orbán ha transitado desde el centroderecha hasta la extrema derecha, estaba parcialmente suspendido parcialmente desde marzo de 2019. La medida se traduce en que los miembros de Fidesz no pueden participar en las asambleas del PPE ni postularse para sus cargos, aunque siguen formando parte del grupo popular en el Parlamento Europeo.

La prolongación de la suspensión ha provocado la reacción de Orbán. El primer ministro ha enviado un memorándum en el que ataca duramente lo que él percibe como tibieza ideológica de sus correligionarios. El líder de Fidesz pide un claro giro a la derecha y a los «valores cristianos» en varios asuntos, entre los que la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI ocupa un lugar destacado.

En su carta, Orbán reclama un regreso del PPE a los valores «de inspiración cristiana» y en particular al «modelo cristiano de familia y el matrimonio de un hombre y una mujer». El primer ministro húngaro achaca la pérdida de poder de los populares europeos en los últimos años a una supuesta claudicación ante «teorías sociales socialistas e igualitarias». «Renunciamos al modelo de familia basado en el matrimonio de una mujer y un hombre y caímos en los brazos de la ideología de género», se lamenta Orbán.

La contundencia de la carta contra sus aún compañeros son un indicio de una posible salida del PPE, con la que el propio líder del Fidesz ha amagado varias veces. La formación, más cercana a la extrema derecha polaca de Ley y Justicia (PiS), podría unirse a ellos en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). En materia LGTBI, ambos partidos defienden un discurso hostil muy similar.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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“El racismo de la extrema derecha actual no es biológico, sino cultural”

“Las grandes manifestaciones de plataformas como Hazte Oír a principios de los años 2000 contra el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto son muestras de esta agenda conservadora de la iglesia que sale a la calle”

“El fundamentalismo surge en momentos de miedo y cambio en todas las religiones”

18.01.2020 | Toni Conde/Efe

La socióloga de la religión Mar Griera y el teólogo y jesuita Víctor Codina han alertado del aprovechamiento que hace la extrema derecha del cristianismo para difundir su mensaje y han alertado del fundamentalismo cristiano que fomentan dirigentes como Donald Trump (EE.UU.), Jair Bolsonaro (Brasil) o Jeanine Áñez (Bolivia).

Griera, que participó el pasado lunes junto con Codina en la conferencia “Fundamentalismos cristianos y autoritarismos” organizada por Justícia i Pau y Cristianisme i Justícia, ha advertido, en declaraciones a Efe, de la instrumentalización del cristianismo que llevan a cabo estos dirigentes políticos.

Griera defiende que “las personas que forman parte de comunidades cristianas votan menos a la derecha radical”, pero que entre los votantes de la extrema derecha se encuentra “una identidad cristiana no practicante que opone la cultura cristiana a los migrantes musulmanes que rechazan”.

Simbolismo cristiano de la ultraderecha

La socióloga pone como ejemplo de este simbolismo cristiano el que utiliza “la extrema derecha a Santiago Abascal, cuya primera boda fue por lo civil, pero después del divorcio, se casó por la Iglesia”.

“El racismo de la extrema derecha actual no es biológico, sino cultural”, advierte Griera, que ha señalado que la ultraderecha “usa el discurso de que la civilización judeocristiana tiene que separarse de la civilización islámica para justificar el racismo”.

El fundamentalismo cristiano surgió en la década de 1910 en Estados Unidos, y según Griera, en aquél momento “eran comunidades cerradas que rechazaban entrar en política y que se centraban en interpretar la Biblia de forma literal”.

Esta reclusión cambia a lo largo del siglo XX, hasta que aparece “un fundamentalismo con características de movimiento social”, que se vincula con una derecha radical que “formalmente respeta el método democrático pero que ataca las bases de la democracia”.

“Las grandes manifestaciones de plataformas como Hazte Oír a principios de los años 2000 contra el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto son muestras de esta agenda conservadora de la iglesia que sale a la calle”, expone Griera.

Más incógnitas que certezas

Aun así, la socióloga alerta que existen “más incógnitas que certezas” en cuanto al fenómeno de la extrema derecha, ya que es un fenómeno reciente: “estudios de hace dos años explicaban que en España no era previsible un surgimiento de una fuerza de extrema derecha como en el resto de Europa”, recuerda.

El teólogo Víctor Codina explica que la instrumentalización del cristianismo “aporta seguridad a la extrema derecha” para justificar un discurso de “pensamiento único, vertical, sin diálogo y machista“ y pone el ejemplo del político italiano Matteo Salvini, que habló en contra de los migrantes “rosario en mano”.

“El fundamentalismo surge en momentos de miedo y cambio en todas las religiones”, argumenta Codina, que expone que cualquier movimiento que cuestione principios aceptados en ese momento, como el comunismo o el feminismo, pueden provocar una reacción fundamentalista.

Codina cita como ejemplo a Donald Trump, que apoya a movimientos neopentecostalistas “muy conservadores en materia de moral sexual”, y a los grupos evangélicos estadounidenses “que fueron a América Latina para contrarrestar los grupos cristianos de base y la teología de la liberación”.

La mujer, campo de batalla

Griera entiende que “la mujer es el campo de batalla donde se expresa el fundamentalismo cristiano”, y vincula el miedo al cambio del fundamentalismo con lo que denomina “políticas del cuerpo, que son las que hacen referencia al aborto, al movimiento LGTBI o la eutanasia”.

En América, el fundamentalismo cristiano está vinculado a iglesias evangélicas, que según Griera triunfan por su “flexibilidad y su elemento emocional y catártico, que conecta con la gente”, y en Europa el vínculo es con el catolicismo.

“En Europa estamos en una sociedad más secularizada que la de los 90, pero la paradoja es que Dios está más presente en la esfera pública que entonces”, según Griera, que señala los casos de Salvini en Italia, Viktor Orbán en Hungría, Le Pen en Francia o Vox en España como muestra de la reintroducción de Dios en el discurso.

Fuente Religión Digital

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“‘Primero nosotros. Nosotros… nosotros…’: estos son pensamientos aterradores”

Francisco denuncia que el soberanismo “es una exageración que siempre termina mal: conduce a guerras”

Su entrevista a La Stampa coincide con la deriva del ministro del Interior italiano, que acaba de anunciar una moción de censura contra el presidente Conte

09.08.2019 | RD/Agencias

El papa Francisco criticó el “soberanismo” por conducir “a guerras” y estimó que el populismo no refleja “la cultura popular”, en una entrevista publicada este viernes en el diario La Stampa en medio de la crisis política desatada en Italia por el ultraderechista Matteo Salvini.

“El soberanismo es una actitud de aislamiento. Estoy preocupado porque escuchamos discursos que se parecen a los de Hitler en 1934. ‘Primero nosotros. Nosotros… nosotros…’: estos son pensamientos aterradores”, dijo el pontífice.

Concedida días antes de la crisis de gobierno protagonizada por Salvini, entre los líderes europeos de la corriente soberanista junto con el húngaro Viktor Orban y la francesa Marine Le Pen, el papa argentino intervino indirectamente en un momento delicado de la política italiana.

“El soberanismo es cerrazón”, dijo. “Un país debe ser soberano, pero no cerrado. La soberanía debe ser defendida, pero las relaciones con otros países y con la Comunidad Europea también deben ser protegidas y promovidas. El soberanismo es una exageración que siempre termina mal: conduce a guerras”

En caso de elecciones anticipadas en octubre en Italia, como exigió Salvini tras hacer saltar por los aires la coalición gubernamental y reclamar comicios rápidos, el líder ultraderechista se perfila como el posible gran triunfador, según las encuestas.

“Los ‘ismos’ nunca hacen bien”

Interrogado sobre el populismo, el papa argentino, que vivió en carne propia los años de Juan Domingo Perón en su país, explicó que el populismo también “cierra a las naciones” como el soberanismo.

“Al principio no lograba entenderlo, porque, estudiando Teología, profundicé el populismo, es decir la cultura del pueblo: pero una cosa es que el pueblo se exprese y otra es imponerle al pueblo la actitud populista. El pueblo es soberano (tiene una manera de pensar, de expresarse y de sentir, de evaluar), en cambio los populismos nos llevan a los soberanismos: ese sufijo, ‘ismos’, nunca hace bien”, explicó.

Il papà di tutti gli italiani ⚡️sua eccellenza feldmaresciallo matteo benito salvini ⚡️ pic.twitter.com/bXHoJdrE1P

— POLVERE DI STELLE (@freezoneforever) August 9, 2019

Fuente Religión Digital

General Marine Le Pen, Matteo Salvini, Papa Francisco, Soberanismo, Viktor Orbán

Indignación en la comunidad LGTB húngara ante las declaraciones homófobas del presidente del Parlamento, del partido gobernante Fidesz. László Kövér equiparó el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». Los asistentes al Orgullo de Budapest, celebrado este sábado, pidieron la dimisión del político, mientras que la multinacional de muebles y decoración IKEA ha aprovechado para difundir una campaña publicitaria por la igualdad.

Las declaraciones se produjeron durante un acto de la campaña electoral de Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, en Budapest. Kövér departía con los periodistas sobre las posibles formas de preservar la «cultura cristiana», supuestamente en peligro ante el auge del «liberalismo» social y cultural. El presidente del Parlamento ironizó sobre las identidades trans mofándose de los padres que «cuando se les pregunta si es niño o niña, dicen que cuando sea mayor lo decidirá».

Sobre la reivindicación de la apertura del matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo, Kövér declaró que «desde un punto de vista moral, no hay ninguna diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y los que piden esto. El niño es en ambos casos un objeto, un artículo de placer, un medio para la realización personal». El político distinguió entre las personas LGTB que exigen sus derechos y un homosexual «normal», que «intenta adaptarse a este mundo sin que lo tengan que considerar necesariamente un igual».

Las declaraciones han despertado el rechazo de los activistas LGTB y de personalidades como el politólogo Zoltán Lakner, que las califica como discurso de odio porque «determinan claramente quienes son blanco de ataque y a quienes hay que odiar». Durante la celebración del Orgullo de Budapest el pasado sábado, los asistentes reclamaron la dimisión del político del Fidesz.

La polémica ha calado en la sociedad húngara. La firma de muebles y decoración IKEA, conocida por sus campañas a favor de la normalización de las familias homoparentales, ha querido aprovechar el momento para recordar su compromiso con la igualdad. La sucursal húngara de la multinacional sueca publicaba el pasado jueves un post en Facebook con la imagen de lápices de colores y las etiquetas #equality #genderequality #beyourself y #Pride. «En IKEA creemos en la diversidad, la igualdad de oportunidades y el trato justo, independientemente del origen o las diferencias individuales. ¡Nadie es igual hasta que todos sean iguales!», proclamaba el texto publicado.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (miembro actualmente suspendido del Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), en el pasado considerado un «paria» político, está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año pasado, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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El Tribunal Constitucional de Hungría ha anulado la normativa de Ásotthalom, un pueblo húngaro que hace varias semanas se hizo conocido en todo el mundo por vetar a musulmanes y a homosexuales. Sin duda, un pequeño alivio y una señal de sensatez en un país cuya deriva política hacia la extrema derecha, acentuada desde la crisis de los refugiados pero que ya se había iniciado antes, lleva años causando inquietud en el colectivo LGTB.

Ásotthalom es un pequeño pueblo de poco más de 4.000 habitantes situado al sur de Hungría, muy cerca de la frontera con Serbia. Su alcalde es el periodista László Toroczkai, uno de los vicepresidentes del ultraderechista Jobbik (partido que en las elecciones de hace un año se consolidó como la tercera formación política de Hungría, con algo más del 20% de los votos). El propio Toroczkai se alzó en 2013 con la victoria en las elecciones municipales con más 70% de los votos gracias a su discurso ultranacionalista y desde entonces es alcalde de Ásotthalom.

Un lugar del que casi nadie había escuchado hablar hasta que hace unas semanas los medios internacionales se hicieron eco de una de las medidas aprobadas en noviembre pasado por su Ayuntamiento: la prohibición oficial en el municipio de mezquitas y lugares de oración para musulmanes, del velo y cualquier otra vestimenta tradicional musulmana y de cualquier actividad de “propaganda” de las relaciones homosexuales, incluyendo cualquier información que presentase al matrimonio como una institución no formada exclusivamente por un hombre y una mujer. La medida, de hecho, tenía una finalidad claramente propagandística, que el propio alcalde no tuvo inconveniente en reconocer. Se trataba no solo de evitar la instalación el el pueblo de musulmanes y personas homosexuales, sino de atraer a europeos cristianos que se oponen al multiculturalismo en sus propias naciones. “Le damos la bienvenida a gente de otros países de Europa occidental, personas que no quieren vivir en una sociedad multicultural”, llegó a declarar Toroczkai a la BBC.

Se llegó, de hecho, a diseñar paneles “informativos” con señales de prohibición de mezquitas, de velos islámicos y de muestras de afecto entre personas del mismo sexo, que dieron la vuelta al mundo. El pueblo de Hungría que no quería “ni a musulmanes ni a gais” se hizo famoso, y su alcalde muy posiblemente consolidó su popularidad y consiguió su momento de gloria. Hoy, por fortuna, hemos conocido que el Tribunal Constitucional de Hungría ha anulado la normativa, al considerar que las corporaciones locales húngaras carecen de competencia para restringir derechos fundamentales, algo que la Constitución húngara reserva al Parlamento. Laszlo Székely, defensor del pueblo húngaro, fue el que recurrió la normativa ante el alto tribunal.

Sin duda una (pequeña) buena noticia, y más viniendo de Hungría, un país que en los últimos años no se ha caracterizado precisamente por sus avances en materia LGTB. No siempre fue así: Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Poco después la derecha populista, representada por el partido Fidesz y su líder Viktor Orbán, conseguía un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución del país para, entre otras medidas autoritarias, “proteger” al matrimonio que se celebra “entre un hombre y una mujer”. El panorama político húngaro no mejoró mucho en 2014: el Fidesz se desgastó mínimamente y revalidó su aplastante mayoría, con casi en 45% de los votos, mientras que Jobbik, abiertamente ultra, ascendía hasta más del 20% y se situaba a solo cinco puntos de Unidad, la coalición de centro-izquierda que a duras penas mantuvo el tipo. Orbán, entretanto, no ha dudado en utilizar el voto húngaro en la Unión Europea para impedir la adopción de medidas de protección de los ciudadanos LGTB a nivel continental.

Fuente Dosmanzanas

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El gobierno conservador de Hungría bloquea un acuerdo para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB propuesto a la Comisión de la Unión Europea por Holanda.

El Consejo de la Unión Europea, integrado por los representantes de los gobiernos de los estados miembros, ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre igualdad de las personas LGBTI. La oposición del gobierno húngaro impidió que una lista básica de acciones propuestas por la Comisión Europea recibiera el respaldo unánime del Consejo. Un nuevo ejemplo de hasta qué punto la la pujanza de la derecha más conservadora en los países del Este de Europa arrastra a la Unión Europea hacia posiciones cada vez más alejadas de la igualdad.

El gobierno holandés, que actualmente preside la Unión Europea, ha presentado el borrador de un acuerdo al Consejo de la Unión Europea haciendo un llamamiento para hacer frente a la discriminación homofóbica a través de diversas medidas con el objetivo de avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB e intensificando esfuerzos para recoger datos sobre el tratamiento de los ciudadanos homosexuales, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ha quedado vetado por los representantes de Hungría, el mismo día que también han bloqueado una propuesta de acuerdo con Turquía referente a la crisis migratoria. «Hungría no está en posición de aceptar la lista de acciones para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB», ha manifestado en un comunicado del gobierno conservador de Viktor Orbán.

La actual presidencia holandesa de la Unión Europea quería impulsar el desarrollo de las políticas de igualdad en lo referente a la situación de las personas LGBTI, y por eso había situado la discusión de la propuesta de la Comisión Europea (que puedes descargar en su totalidad aquí) en la agenda de Consejo sobre Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores que los representantes de los gobiernos europeos celebraron el pasado 7 de marzo en Bruselas. La propuesta daba respuesta a la petición del Parlamento Europeo de una hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (el ya conocido como “informe Lunacek”, aprobado en febrero de 2014 pese a las protestas de los grupos ultraconservadores) y enumeraba una serie de diez acciones a desarrollar de aquí a 2019:

1. Cerrar la brecha existente en la Unión Europea en lo referente a la protección contra la discriminación en materia de educación, protección social y acceso a bienes y servicios.
2. Facilitar la vida cotidiana de las familias LGBTI que se trasladan de un lugar a otro de Europa.
3. Reforzar y monitorizar la transposición e implementación del derecho comunitario en materias como la reasignación de sexo, la atención a la víctimas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, el asilo, la libertad de circulación o el acceso al empleo.
4. Promover campañas de comunicación para mejorar la aceptación social de las personas LGTBI.
5. Dar apoyo a los estados miembros para el desarrollo de políticas clave para las personas LGTBI en materia de no discriminación, delitos de odio, educación y salud.
6. Dar soporte financiero a organizaciones que trabajan aspectos clave en materia LGBTI, tanto públicas como privadas.
7. Dar apoyo a las empresas y entornos de trabajo inclusivos.
8. Mejorar la disponibilidad de datos acerca de la situación de las personas LGBTI en áreas como la discriminación, desigualdades en salud, educación, delitos de odio, libertad de movimiento de las familias LGBTI, situación de las personas intersexuales o reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transexuales.
9. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en territorios vecinos a la Unión Europea, como los Balcanes o Turquía, en el contexto de las negociaciones de adhesión o asociación.
10. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en terceros países.

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Los gobiernos de Hungría y Polonia, puntas de lanza de la derecha populista europea, prevén bloquear una nueva normativa sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. El principal motivo, cómo no, su homofobia.

Lo cuenta este martes el diario El País. En la próxima reunión de ministros de Justicia de la Unión, los representantes húngaro y polaco prevén bloquear una propuesta de normativa para uniformizar la ejecución de las resoluciones en materia de regímenes económicos de las uniones registradas en el territorio de la Unión. Se trata, en definitiva, de dar garantías uniformes a los diferentes tipos de unión legalmente reconocidos por los países de la Unión Europea, sin que ello signifique ni mucho menos obligar a ningún país a reconocer el matrimonio igualitario.

Algo que por otra parte está en la línea de la jurisprudencia europea. Ya en 2010 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia referida a Austria, determinó que aunque los estados europeos no están obligados a permitir el matrimonio igualitario las parejas del mismo sexo sí merecen protección jurídica en el territorio de la Unión. Este año 2015, de hecho, el mismo tribunal ha condenado a Italia por no permitir a las parejas del mismo sexo ni contraer matrimonio ni ofrecerles una regulación alternativa.

Una protección que en cierto modo es la que buscan extender los ministros de Justicia de la Unión Europea, al menos en lo referido a los derechos de propiedad. Hungría y Polonia, dos países actualmente gobernados por la derecha populista católica, se niegan sin embargo a aceptar una propuesta que exige unanimidad y que para ellos supone reconocer regímenes de familia “que no responden a sus valores ni están en su constitución”.

Hungría y Polonia, un panorama inquietante

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos… La derecha populista representada por el partido Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución del país para, entre otras medidas autoritarias, “proteger” al matrimonio que se celebra “entre un hombre y una mujer”. El panorama político húngaro no mejoró mucho en 2014: el Fidesz se desgastó mínimamente y revalidó su aplastante mayoría, con casi en 45% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente ultra, ascendía hasta más del 20% y se situaba a solo cinco puntos de Unidad, la coalición de centro-izquierda que aduras penas mantiene el tipo.

No conviene olvidar que el actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), otrora considerado una especie de “paria político”, está considerado hoy día uno de los referentes del Partido Popular Europeo gracias a sus duras posiciones en materia migratoria. Hace pocas semanas Orbán era recibido en Madrid por los líderes populares europeos con toda clase de parabienes.

En Polonia, un país que en tiempos recientes había dado prometedores pasos adelante en materia LGTB, la situación ha dado este 2015 un giro parecido al que Hungría dio hace ahora cinco años. El primer signo de los nuevos tiempos fue la elección como presidente de Andrzej Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia (conocido por muchos como “el partido de los gemelos Kaczyński”), una de cuyas primeras medidas fue vetar una nueva ley de identidad de género que había sido aprobada por el Parlamento polaco, y que definitivamente ha quedado arrinconada. Pero el golpe definitivo llegó con las elecciones parlamentarias del pasado octubre, que otorgaron a Ley y Justicia la mayoría absoluta y que supusieron, de hecho, la desaparición absoluta de los partidos de izquierda del Parlamento polaco. Muchos temen, de hecho, que esta nueva situación política propicie un giro autoritario al estilo húngaro (Ley y Justicia, por cierto, ya intentó en el pasado promover una nueva Constitución que consagrase la prohibición del aborto, de la fecundación in vitro y del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la presencia del crucifijo en las aulas).

Un panorama inquietante al que la Unión Europea no parece interesada, antes al contrario, en poner freno.

Fuente Dosmanzanas

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