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Atacaron a cuchillazos a una travesti en Malvinas Argentinas: “No fue un crimen pasional”

lunes, 27 de abril de 2020
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Diapositiva1-677x338Por María Eugenia Ludueña

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

Gabriela y su amigo atacado llegaron en ambulancia al hospital de Trauma y emergencias de Malvinas Argentinas, donde quedó internada y días después pidió el alta voluntaria para irse a su casa, con su madre. “Estoy viviendo de onda en este momento y este plano. Tengo una mano inútil y la voz ronca. Me dio 9 puñaladas y me salvé porque no tocó la aorta”, dice a Presentes en voz muy baja, sentada en la cama de dos plazas y con temor de que sus cuerdas vocales hayan sufrido un daño irreparable. La investigación fue caratulada como tentativa de homicidio y está en manos de la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas.

La violencia contra Gabriela se suma a la larga lista de violencias, denunciada por distintas organizaciones en Argentina y en América Latina, donde las personas LGBT+ y en especial las trans están entre los grupos más afectados por el impacto de la pandemia. Porque las medidas para restringir la propagación del Coronavirus evidenciaron y agudizaron desigualdades preexistentes, tal como vienen expresando distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La causa está en plena investigación, es muy reciente. Se había pedido la detención del acusado al juzgado de Garantías nro. 2”, dijeron a Presentes desde el área de prensa de la Fiscalía de Malvinas. “El martes 21 de abril se intentó efectivizar la detención, pero no lo encontraron en su casa, de modo que no pudo hacerse. Ayer la fiscal pidió su captura. Aunque no está resuelto aún por el juzgado”, informaron.

Gabriela tiene la mano derecha completamente vendada e inmovilizada, otra venda que le cubre parte del cuello y la nuca, y mucho miedo de que su agresor, que vive a dos cuadras, regrese. Es una persona que ella conoce, alguien del barrio, un hombre de unos 30 años, que –cuenta –, había salido hace tres meses de un penal, después de pasar 13 años preso, y con consumos problemáticos. “Por prostitución a veces tengo que atender a un montón de esos tipos”.

“Me vi muerta, tirada en el piso”

Hace tiempo, él le había enviado un mail con otro nombre y le había mandado una foto íntima a su teléfono. “Lo bloqueé. Pero un día lo terminé atendiendo. Me pareció un muchacho extraño. Lo atendí otra vez. Me decía que quería que fuera de él, que si quería, no nos cuidábamos. Yo le decía: soy una mina grande para esto. Y esta última vez, aquel domingo a la noche, ya había venido con algo de dinero y con drogas. Yo le decía hasta acá llegamos. Si vas a volver volvé con lo que hablamos. Se fue, tardó como 20 minutos. Le pedí que me diera el dinero. Me decía que antes quería cocinar. Yo le decía primero lo primero. Soy una mina grande. Y empezó “no seas así”, quería cocinar (pasta base). Le di la espalda y cuando yo estaba desprevenida, me clavó de atrás una puñalada que me cruzó la garganta y luego varias más. No aceptó el no”.

Gabriela dice que cayó al piso y aunque sintió que se ahogaba con la sangre “Parecía American Horror Story”), se agarró las manos a la nuca para protegerse. “Me vi muerta, tirada en el piso, pensé que no me levantaba más. Cuando entró el cuchillo, sentí el sonido del filo, como si clavaran un telgopor”.

Mientras ella yacía sangrante en el piso, el agresor fue a la otra habitación y empezó a apuñalar al amigo. “Él se pudo defender, porque no lo agarró desprevenido, y luego huyó. Mi amigo llamó al 911, llegaron la Policía y la ambulancia”.

Hace muchos años Gabriela sufrió otra agresión, pero de un ex marido.”Cuando me dejó casi morí de depresión. Cuando me puse bien, quiso volver e intentó ahorcarme con un toallón. Hay hombres que no aceptan el no. Se creen que tenemos que acceder a todo”.

Del hospital se dio el “alta voluntaria” porque no soportaba estar sola: por la cuarentena estaba prohibido que alguien la viera. Quería volver a su casa, donde vive junto a su madre Elsa, adulta mayor. Ella no puede quitarse de la mente lo que vio. “Parecía que habían matado a una vaca. Yo perdí a mi hijo de 32 años, que falleció en un accidente laboral. Esto es distinto, pero la imagen no se me va”, dice Elsa.

Madre e hija pasan los días en la misma habitación donde duermen, comen, cocinan, miran las noticias de la pandemia por televisión mientras esperan otra noticia: la detención del agresor.

Ayuda estatal

Después del intento de travesticidio y en medio de la cuarentena, las redes se activaron. En distintos momentos de su vida, Gabriela además ha participado como militante activa de organizaciones de la diversidad y derechos humanos. Por estos días recibió muchos llamados de sus compañeras. Algunas se acercaron hasta la puerta para alcanzarle comida. Otras sirvieron de enlace para gestionar la ayuda con el Estado.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de una activista trans, Alba Rueda, le hizo llegar módulos alimentarios, artículos de higiene y medicación.

“Estamos acompañando a Gabriela con la Línea 144 la parte judicial y articulando con el Estado. Además hay una valiosa red de compañeras en las tareas de cuidado. Es una tarea horizontal que hace nuestra generación, dando alertas, perspectivas, acercando demandas. Saben qué quieren del Estado, cómo exigirle. Y lo que falta en esta emergencia a veces es la articulación integral para acompañar y estar a la altura”, dice Rueda a Presentes. Desde su rol, dice que ve a funcionarixs preocupadxs por estos temas. “No es un dato indiferente. De esa preocupación hay que generar algo para trabajar en la integralidad en la prevención de las violencias. Es un desafío a nivel burocracia del Estado, que las acciones sean coordinadas y tengan sustentabilidad en esta emergencia. Dar una respuesta integral a las compañeras desde las insituciones en este momento es el desafío”.

Desde la dirección de DDHH de Malvinas Argentinas, van a acompañarla también en la causa judicial para que se investigue lo que pasó como un intento de travesticidio. La directora del área, Zulma Vela, se acercó hoy y se comprometió a acompañar el lunes a la madre a retirar el DNI de la víctima, que nadie sabe por qué quedó en la fiscalía.

Gabriela estaba en un tratamiento para adicciones cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Hoy, a partir del intento de travesticidio, está con acompañamiento terapeútico desde el Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual.

Cada tanto mira su celular, lleno de mensajes solidarios de sus compañeres. Espera la noticia que la tranquilice. “Como no me morí, dije tengo que vivir. Estoy intentando hacerlo, por todos los medios”.

Un Municipio “familiar”

Violeta Alegre – que creció y vivió hasta hace tres años en Grand Bourg- es una de las activistas que se acercaron hasta la casa de Gabriela. Se conocían de la militancia, hace muchos años. “El eslogan de Malvinas Argentinas es “el lugar de la familia” y se ve el relieve de una familia (Mamá, papá y sus niñxs). Me preocupa mucho que aun los intendentes municipales no asuman un compromiso con el colectivo LGBT. En el Hospital municipal de Trauma realizan hace muchos años cirugías “estéticas” pagas usufructuando de las instalaciones del hospital, hace unos 5 años atrás recuerdo haber ido a averiguar con el equipo de cirugía estética por los implantes mamarios, me dieron un turno y me vio el equipo, me dio sus recomendaciones, pero me informaron al final de la consulta que la cirugía no me la podían realizar porque el jefe de cirugía era religioso y no aceptaba hacer ese tipo de intervenciones a personas trans en el hospital”, dice. Y afirma que el municipio de Malvinas Argentinas no cumple al día de hoy con la ya reglamentada en Provincia de Buenos Aires, la Ley de Cupo laboral Trans.

“La mayoría de las chicas de Malvinas necesitan políticas públicas que mejoren sus calidades de vida, y podremos decir que ese es un problema en general de la población, pero en esa zona es muchísimo peor, la discriminación, el abandono y la estigmatización que se vive”.

“No fue un crimen pasional”

Gabriela convive con otras afecciones y desde hace varios meses, dejó de tratarse. Por ahora lo que se está trata a diario son las curaciones de las heridas. Aún se siente muy dolorida, pero más avergonzada: “Como abolicionista me da vergüenza tener que reconocer que me estoy prostituyendo”. Desde junio de 2019, cuando le dijeron que tenía pólipos cancerígenos, “volví a la prostitución y a consumir. Yo no salía a trabajar sino a regalar. Regalé mi orgullo, regalé ego, regalé dignidad”, dice, y su voz se apaga. Pero algo de la furia trava que la hace una sobreviviente se vuelve a encender:

Quiero que se sepa la verdad, no la mentira que inventó Crónica –dice y no está enojada sino llena de pena–. No fue un crimen pasional. No era un ex cliente enamorado. Yo no estaba con mi pareja, sino con mi amigo que vive al fondo. Fue un intento de travesticidio

Fuente Agencia Presentes

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Movilh denuncia a grupo «cristiano» que llama a retiro para «curar» la homosexualidad en plena pandemia

sábado, 25 de abril de 2020
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El denominado Ministerio de Restauración tiene previsto un retiro para la próxima semana en Las Condes, porque lo que el Movilh llamó al Minsal y al municipio a que lo prohíban.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy la existencia de un grupo “cristiano”, denominado Ministerio de Restauración, que entre otros fines “promueve la conversión de la homosexualidad, lo cual es un atentado contra la salud y la dignidad humana”.

El dirigente del Movilh, Ramón Gómez, precisó que el Ministerio de Restauración, “un grupo al parecer argentino”, tiene programado realizar entre el 1 y 3 de mayo próximo un retiro en Las Condes “donde insta al desprecio a la diversas orientaciones sexuales e identidades de género, además de ser desde todo punto de vista contrario a las exigencias sanitarias que exige el coronavirus”.

En efecto, el Ministerio de Restauración señala en su sitio web que “provee ayuda y apoyo cristocéntrico a las personas que luchan con diferentes problemas emocionales, relacionales y sexuales. Nuestro apoyo está basado en el fundamento bíblico de la compasión, la integridad y la dependencia en Dios”.

retiro-santiago-movilhAñaden que el retiro en Las Condes  beneficiará especialmente a  “aquellos que luchan para poder amar bien. Son bienvenidos todos los que luchen con relaciones, emociones y una sexualidad desalineada. Esto puede incluir a muchas personas, por ejemplo, aquellos que tienen tendencia hacia la dependencia emocional, co-dependencia, narcisismo, adicciones sexuales, atracción indeseada a personas del mismo sexo, fantasías emocionales o sexuales desordenadas, personas que fueron abusadas, abandonadas o descuidadas en el pasado, entre otras”.

Para el Movilh “esta una abierta violación a los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto a los ojos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) todo intento por revertir las orientaciones sexuales o identidades de género provocan daños irreparables en las personas que rayan en la tortura. El Minsal también rechaza estas terapias”

“La situación es doblemente grave porque mantienen en pie el desarrollo de un retiro en Las Condes, en circunstancias que reuniones de cualquier tipo son desaconsejables a raíz de la pandemia del Covid-19. Hemos enviado una misiva al ministro Jaime Mañalich y al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, para que prohíban este retiro y cualquier acción futura que denigre a las personas LGBTI y/o ponga en jaque la salud de la población”, finalizó Gómez.

Fuente MOVILH

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Oficial de policía nigeriano bisexual y su compañero a punto de ser asesinados por matones.

sábado, 25 de abril de 2020
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1587654014_26_94322380_265116404889841_6955829618774280726_nEl comando de la policía del estado de Imo ha rescatado a un agente casado, Chibuike Ukazu, y a su supuesta pareja gay, Yellow, en Umueze, estado de Imo, por presuntamente participar en actos homosexuales.

Todo lo que hizo un agente de policía fue presuntamente tener sexo con su pareja masculina en Nigeria, sin embargo, Chibuike Ukazu y su pareja fueron brutalmente golpeados y desnudados por una turba de jóvenes.

Una fuente dijo a The National que Ukazu, que supuestamente está casado, fue «atrapado in fraganti teniendo sexo» en una casa en Orlu, Imo. Fuentes y fuerzas del orden familiarizadas con la publicación describieron una escena perturbadora en la que los hombres fueron atacados por los lugareños el martes y procedieron a «golpearlos hasta el estupor» antes de que un oficial de policía de la división los fichara.

Incontables nigerianos honosexuales se sienten atrapados. Sus vidas son consideradas ilegales en todo el extenso país, y son castigadas con 14 años de prisión y, en algunos estados del norte, con la muerte.

 El miércoles, la banda apuntó al compañero del oficial y lo desnudó. Un miembro de la mafia dijo: «Inmediatamente entramos en la casa, el policía se bajó los pantalones y se quitó la camisa, se agachó y […] comenzó a tener sexo anal con él. Inmediatamente nuestros hombres irrumpieron, los arrestaron y los llevaron al salón comunitario. Los artículos recuperados de ellos son tres bolsitas de condones de diferentes marcas y la tarjeta de identidad del oficial de policía».

La policía estatal de Imo confirmó el incidente y señaló que Ukazu fue encontrado con su «amigo», dijo un portavoz, que los investigadores aún no han identificado. Cuando la pareja fue encontrada «en actos de homosexualidad», la policía dijo en un comunicado, «los jóvenes se abalanzaron sobre ellos y los golpearon hasta dejarlos estupefactos, luego los llevaron al palacio del gobernante tradicional antes de ser rescatados por la DPO y su equipo».

Los policías instaron al público a no tomar la «ley en sus propias manos», presionando a los ciudadanos para que en su lugar reportaran «quejas» a la policía. «Sin embargo, la investigación del asunto ha comenzado con miras a desentrañar lo que realmente ocurrió y si se encuentra culpable se enfrentará a la ira de la ley», añadieron las autoridades.

LGTBfobia de Estado en Nigeria

Mientras la Comunidad LGTBI de Nigeria nos da una lección de Orgullo a todos, la última noticia que publicábamos el pasado enero, era la referente a un hombre azotado 14 veces en un día como “terapia de conversión” por ser gay.  En 2018, Adeniyi Raji, un solicitante de asilo en el Reino Unido quien tras rechazar su solicitud de asilo  se enfrenta a la deportación a Nigeria anteriormente, Nneka Obazee, que intentaba suicidarse tras ser detenida para ser deportada a su país de origen, Nigeria, donde podría enfrentarse a la cárcel o incluso la muerte por lapidación al ser lesbiana.

Estas noticias lamentablemente no son novedad en el país africano. De hecho, esta redada se suma a otras similares. Recientemente, seis personas fueron arrestadas con los mismos cargos. Fue en el estado de Abia, donde de nuevo se enfrentan a penas de cárcel. Hace un año recogíamos en esta página la detención de otras 40 personas tras participar en un evento informativo sobre el VIH. Y en abril de 2017 nos hacíamos eco de la detención de otras 53 personas, acusadas de haber participado en una «boda gay». La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años.

Todas estas detenciones se dan bajo el amparo de un Estado que es agente perseguidor. En Nigeria, país con un influyente movimiento evangélico cristiano en el sur y un fuerte apoyo a la ley islámica en el norte, las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio). El pasado mes de abril recogíamos que 53 personas fueron detenidas en el país, acusadas de haber participado en una “boda gay”. La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, que ya prestaron declaración ante el juez y que todavía esperan que se dicte sentencia.

Asímismo cabe recordar que a principios de 2014 el presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley, que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

Así, por ejemplo, en enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisión por haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

En abril de  2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de 2017 nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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Las personas LGBT + en Japón temen ser expulsadas contra su voluntad si contraen coronavirus

viernes, 24 de abril de 2020
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GettyImages-1209023167-1024x683Carl Court / Getty

 

Con las autoridades de salud en Japón investigando las rutas de infección por coronavirus, muchas personas LGBT + temen que puedan ser expulsadas contra su voluntad si se enferman con el virus.

Al igual que Corea del Sur, las autoridades de salud en Japón han comenzado a buscar pacientes con coronavirus para averiguar cómo se infectaron y detener la propagación del virus.

La política actual permite a los gobernadores organizar el interrogatorio de los pacientes y autorizar una investigación de sus contactos y los lugares que han visitado. Esto significa que las personas LGBT + que aún no están fuera podrían identificarse a través de las personas con las que se han reunido o de los bares y clubes que han estado visitando.

Las preocupaciones fueron reveladas en una encuesta de 180 personas LGBT + realizada por Marriage for All Japan, un grupo de defensa que lucha por la igualdad en el matrimonio.

Se enteraron de un hombre de 34 años que vive con su pareja del mismo sexo en Fukuoka, suroeste de Japón, y ha optado por no ser abierto sobre su orientación sexual en su oficina. Le preocupa que pueda verse obligado a salir del armario si contrae el coronavirus, ya que tendría que contarle a un centro de salud pública sobre su pareja cuando se le preguntara sobre las personas con las que ha tenido contacto cercano.

Las familias LGBT + temen no ser reconocidas. La encuesta también encontró que las personas LGBT + están preocupadas acerca de si ellos o su pareja podrán recibir información médica si son hospitalizados con coronavirus, o si su pareja será consultada en decisiones médicas importantes.

Entre los interesados está Kohei Inagaki, de 28 años, cuya unión es reconocida por la ciudad de Saitama como equivalente a un matrimonio legal, pero aún no es suficiente estar con su pareja si está gravemente herido o enfermo. «Es posible que no se me notifique el estado de salud de mi pareja y que no pueda participar en la toma de decisiones sobre el tratamiento», dijo.

Quizás debido a esta inconsistencia, la encuesta también reveló un malentendido entre algunas parejas LGBT + de que no son elegibles para la compensación del gobierno por el cuidado de niños, ya que las escuelas están cerradas. Haru Ono, quien está criando a tres niños junto con su pareja, dijo que el gobierno no ha aclarado que el programa está dirigido a todas las personas con niños. «Hay muchas personas [LGBT +] que han renunciado a solicitarlo sin saber [que también se aplica a ellos]», dijo. «Quiero que digan que las parejas del mismo sexo también están cubiertas».

Gon Matsunaka, quien encabeza una organización LGBT + sin fines de lucro, advirtió a Kyodo News que las minorías podrían soportar la peor parte de la crisis e instó al gobierno a brindar un mayor apoyo. «Entendemos que la principal prioridad del gobierno es proteger las vidas de las personas, pero queremos que eche un vistazo a las personas LGBT + y otras personas que tienen problemas graves con respecto a la privacidad y tome medidas para que no caigan en la red de seguridad,» afirmó Matsunaka.

Fuente Pink News

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Policías de Jujuy detuvieron a una chica trans por violar cuarentena y la abusaron sexualmente

viernes, 24 de abril de 2020
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Captura-de-pantalla-2020-04-20-a-las-12.57.03-784x392Por Elena Corvalán, desde Jujuy

Delfina Antonella Díaz es una chica trans de 19 años que vive en Libertador General San Martín (la ciudad del Ingenio Ledesma), en la provincia de Jujuy, donde el domingo pasado fue detenida por cuatro policías, tres varones y una mujer. Lo hicieron, supuestamente, en el marco de las medidas de prohibición de circulación por el coronavirus. Según contó a Presentes, la llevaron a un descampado donde abusaron de ella diciendo que la iban a “hacer macho”. Luego uno la amenazó para que no hablara. Recién fue liberada al día siguiente. Y tras dominar el temor, se decidió a hacer la denuncia penal contra sus agresorxs.

Delfina Diaz tiene el acompañamiento de representantes de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Derechos Sociales (ANDHES) y el Movimiento Ailen Chambi, que el viernes último denunciaron este hecho ante el Ministerio de Seguridad de la provincia y pidieron al gobierno de Jujuy que se inicie una investigación administrativa, se aparte de la fuerza a lxs policías involucradxs y se garantice la seguridad de la denunciante.

La agresión se cometió en los primeros minutos del lunes 13. La joven estaba junto a unas amigas en la vereda de una vivienda en el barrio Eva Perón, de Libertador. Hubo una intervención de la Comisaría Nº 39, por violación a la cuarentena por el coronavirus, con colaboración del Cuerpo de Infantería. Según contó Delfina, los policías “muy agresivamente” les dijeron que se levantaran y “comenzaron a tirar las sillas a la calle”, ella les recriminó la violencia e intentó meter las sillas en la casa, entonces uno de los policías la sujetó del cuello y la llevó a la patrulla.

Delfina pidió a sus amigas que avisaran a su madre. En esa circunstancia la “policía femenina me mete una piña en la cara diciéndome que me calle”, Delfina gritó, y “me volvió a pegar dos veces más” en la cara. La llevaron a la vuelta, al costado de un canal, donde hay un descampado que se usa como cancha. “Frenan y me comienzan a insultar, que ahora me van a volver macho, que soy un puto, me pegaban, me metían patadas en las piernas”. Le ordenaron bajarse el pantalón, Delfina se resistió, un policía le sacó el pantalón y comenzaron tocarla y a pegarle en sus genitales. Según cuenta Delfina, la mujer policía les dijo que la violaran con la cachiporra. En esas circunstancias, en medio de los golpes y el abuso sexual, Delfina fingió una convulsión.

“La enfermera me miraba y se reía”

Esto asustó a lxs policías y abandonaron los vejámenes y la llevaron a una dependencia del sistema de emergencias médicas SAME, la subieron a una ambulancia, donde Delfina reveló su estrategia para salvarse y relató la situación que había pasado. Sin embargo, “la enfermera me miraba y se reía, ‘no podés decir eso así, tan mentira’”, la retó. Luego habló con uno de los policías, “me miraban y se reían, y la enfermera anotó unas cosas”.

Tras eso la subieron de nuevo en la patrulla, pasaron por la Comisaría Seccional N° 39, Hugo Salomón Guerra, donde subieron a dos menores de edad y lxs trasladaron al Hospital Oscar Orías. Pero Delfina nunca fue bajada para que la revisara un médico. En cambio, en un momento quedó con uno de lxs cuatro policías agresorxs: “Él sube, me agarra del cuello y me dijo que si yo llegara a hablar, si llegaba a decir algo de lo que ellos me habían hecho, que ellos me iban a seguir haciendo lo mismo, me iban a llevar a la celda, me iban a meter con los presos y me iban a seguir pegando”, dijo Delfina a Presentes. Allí respondió con un insulto y recibió una bofetada en la boca. “Me dijo ‘ahora te vamos a hacer una causa por narcotráfico’”, y la llevaron a Toxicomanía.

Lxs policías denunciaron que en una riñonera que la joven llevaba encontraron una sustancia alucinógena. Delfina aseguró que esa riñonera le pertenecía a una amiga a la que le había pedido un poco antes, y aseguró que firmó el texto que lxs policías le acercaron porque “estaba tan mal” que ni lo leyó. Ya era cerca de las 4 de la mañana.

Las comisarías ocultaron información

“Al ratito llegó mi mamá. Ellos me pidieron que no gritara, que no diga nada. La escuchaba a mi mamá llorar afuera, diciendo que no le querían dar información de donde estaba yo”. Delfina relató que desde el momento de su detención su madre “estuvo buscando en todas las comisarías” y “en las ocho comisarías le ocultaron la información”.

La joven pasó la noche en la Comisaría N° 24 y recuperó la libertad recién a las 12.30 de ese lunes. “La verdad es que tenía miedo de hacer la denuncia”, pero “la tuve que hacer porque hoy me tocó a mí, mañana le puede pasar a otra persona, sea trans, sea chica, sea varón”, relató a Presentes. Añadió que es la segunda vez que sufre la violencia policial, la primera vez, hace unos tres años, la detuvieron junto a otras dos chicas trans y las obligaron a tener relaciones sexuales a la vista de un grupo de policías.

Intervención de organizaciones de ddhh

Cuando se conoció la denuncia de Delfina por la agresión del lunes, la joven recibió llamadas de organismos del Estado provincial, como el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género y organizaciones no gubernamentales como ANDHES y el Movimiento Ailen Chambi. También, del INADI y la Secretaría de la Derechos Humanos de la Nación.

Las abogadas Malka Manestar y Marina Vilte vienen acompañando a Delfina y a su madre desde que el hecho se hizo público. El viernes ambas presentaron la denuncia ante el Ministerio de Seguridad.

“Denunciamos la gravedad de cómo se dio la situación esta”, contó Manestar a Presentes. La abogada puso énfasis en el pedido de garantía de seguridad para Delfina Díaz. “Muchas veces cuando hay hechos de violencia institucional, las víctimas tienen miedo de denunciar por las represalias que pueda tener la Policía. En este caso entendemos que Delfina está siendo súper valiente en denunciar y por ese motivo también nosotras estamos decididas a acompañarla en todo lo que podamos, porque entendemos la gravedad de la denuncia que está haciendo, porque no solamente estamos hablando de la violencia institucional que se ha ejercido sobre ella, sino que también estamos hablando de una violencia de tipo sexual, explicó.

Manestar y Vilte también pidieron que el gobierno de Jujuy “implemente políticas públicas destinadas a la formación de su personal, y más teniendo en cuenta que tenemos en vigencia Micaela, que evidentemente no se está aplicando, porque Delfina sufrió no solamente la violencia en el momento de su detención y todo lo que ello implicó (…), sino que también sufrió violencia institucional” porque no se le respetó su identidad autopercibida, “sino que se coloca el nombre que ella tiene en el DNI, y esto sabemos que es totalmente violatorio de su dignidad, del trato que se le tiene que dar”. Precisamente, la ley de identidad de género establece que a “la persona, independientemente que haya o no haya hecho el cambio de identidad, se le tiene que respetar su identidad autopercibida. Y ella permanentemente comenta esto que la trataban como él”, además de que el procedimiento fue realizado por policías varones, sostuvo Manestar.

Una causa contra la víctima

El jefe de la Policía de Jujuy, el comisario mayor Juan Segovia, dijo a Presentes que hay denuncias cruzadas. “Hay una causa judicial en principio en contra de esta chica”, se le atribuyen “una contravención por violación de la cuarentena y por ebriedad escandalosa” y también una causa penal por “un secuestro de sustancias también allí, en el lugar”, sostuvo. Añadió que por otro lado está la denuncia de Delfina Díaz contra los policías, en la que está interviniendo la Fiscalía Penal de San Pedro, y “nosotros también en la faz administrativa tenemos que adoptar medidas”, pero “nos tenemos que ajustar conforme se vaya expidiendo la justicia”. Añadió que a lxs cuatro policías, tres de Infantería y uno de la Comsiaría 39, se lxs están trasladando, “para evitar cualquier otra cuestión u otro inconveniente entre la chica esta y los policías, los estamos sacando de Libertador”.

Para Manestar, este hecho es la expresión de “la violencia histórica, estructural, sistemática que atraviesan las mujeres trans y que tiene que ver también con estas cuestiones discriminatorias, estigmatizantes y violentas que aún persisten en nuestra sociedad”.

Vilte, por su parte, consideró que esta “es una nueva oportunidad que tiene el Estado jujeño para dar una respuesta significativa que empiece a marcar una profundización en la garantía de los derechos de toda nuestra comunidad. Estamos en Jujuy muy golpeados a nivel institucional, a nivel justicia, pero creemos que es sumamente necesario que esto no quede en la nada, porque la comunidad, a lo largo de estos años ha conquistado un montón de derechos a nivel legal pero necesitamos este cambio cultural para que haya una igualdad real”.

Vilte coincidió en que en Jujuy existe una violencia estructural contra las disidencias. En ese contexto, cualquier demora o detención “tiene siempre en Jujuy la veta de que nunca se respeta la identidad de las personas trans sobre todo”.

Contexto de discriminación a personas LGBT

Como muestra de la violencia institucional imperante, la abogada contó que en el año de existencia del Movimiento Ailen Chambi, recibieron denuncias “respecto a detenciones arbitrarias o irregulares” y de “violencia institucional en otros ámbitos, por ejemplo, en cuanto a la registración de infancias trans, a la inscripción de comaternidades”. Dijo que hubo casos de niños que estaban anotados con una sola madre, “pudimos avanzar en tres casos de comaternidades irregulares, eran compañeras que estaban casadas, tenían la inscripción de matrimonio a su favor y no les inscribían a los hijos”. Incluso, “a partir de estos casos hemos tomado conocimiento que hasta el año pasado, estamos hablando de 2019, algunos registros civiles de Jujuy se negaban a casar a las compañeras”.

Vilte destacó que una de las motivaciones para acompañar a Delfina Díaz es la necesidad de que “Jujuy empiece a marcar precedentes”. “Lo único que hay a nivel institucional acá es un poco de asistencialismo, que no viene mal, pero que si no va acompañado de políticas públicas, del respeto a los derechos y las garantías de la comunidad, de poco sirven, porque después pasan estos casos de abusos, se naturalizan”, advirtió. En ese sentido interpretó que es necesario un trabajo “desde las instituciones”, porque, si no, “esto se va a seguir repitiendo porque se naturaliza la violencia”.

También el delegado del INADI en Jujuy, Walter Méndez, consideró “importante” que haya una articulación “con otras organizaciones y organismos de ddhh” para prevenir que no vuelva a suceder un hecho similar. “La gravedad de lo sucedido no se puede tolerar”, sostuvo ante la consulta de Presentes. Añadió que con ANDHES y el Movimiento Ailen Chambi están trabajando para exigir a la Policía “cuál sería el compromiso de la fuerza de seguridad para que eso no se repita”.

Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que poco antes del inicio de la cuarentena habilitó Centros de Atención Integral a la Diversidad, acompañó a Delfina en presentaciones formales que hizo en los Tribunales de la ciudad de San Pedro, a cuya jurisdicción corresponde Libertador. Desde el Consejo se indicó a Presentes que también brindarán asistencia psicológica y que la patrocinarán en una querella, si es que decide hacerla. El Consejo informó que en lo que lleva de funcionamiento de los Centros de Atención Integral, recibieron 160 llamados denunciando situaciones de violencia institucional o desamparo de integrantxs de la comunidad LGTTTBIQOA+.

Manestar, por su parte, destacó que en los controles por la pandemia ven “muchos hechos de abuso policial”. En este marco, lo que sufrió Delfina “tiene que ver con su condición de identidad de género, con que las mujeres trans sufren de manera sistemática violencia por parte de la fuerza, y también tiene que ver con que en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el estado provincial al implementar políticas paliativas de corte totalmente punitivo represivo, como que agrava aún más la situación”.

Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que poco antes del inicio de la cuarentena habilitó Centros de Atención Integral a la Diversidad, acompañó a Delfina en presentaciones formales que hizo en los Tribunales de la ciudad de San Pedro, a cuya jurisdicción corresponde Libertador. Desde el Consejo se indicó a Presentes que también brindarán asistencia psicológica y que la patrocinarán en una querella, si es que decide hacerla. El Consejo informó que en lo que lleva de funcionamiento de los Centros de Atención Integral, recibieron 160 llamados denunciando situaciones de violencia institucional o desamparo de integrantxs de la comunidad LGTTTBIQOA+.

Manestar, por su parte, destacó que en los controles por la pandemia ven “muchos hechos de abuso policial”. En este marco, lo que sufrió Delfina “tiene que ver con su condición de identidad de género, con que las mujeres trans sufren de manera sistemática violencia por parte de la fuerza, y también tiene que ver con que en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el estado provincial al implementar políticas paliativas de corte totalmente punitivo represivo, como que agrava aún más la situación”.

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Fuente Agencia Presentes

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Guatemala: Falleció Marbella, trans de 28 años: estaba internada tras sufrir ataque

jueves, 23 de abril de 2020
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mafer-marbella-santos-e1587478889740-720x360Por Pilar Salazar, desde Guatemala

Mafer “Marbella” Santos, una mujer trans de 28 años, que había sufrido un ataque con varios impactos de bala el 4 de marzo, falleció tras pasar más de un mes internada en el Hospital Nacional de Amatitlán, el 16 de abril. Fue por complicaciones durante una cirugía para extraerle un proyectil de arma de fuego, que comprometía su ya delicado estado de salud. En el ataque dirigido a Marbella fallecieron dos personas más.

Mónica, una amiga cercana de Mafer, contó a este medio que Marbella trabajaba de encargada en el bar “Siboney” en Nueva Concepción, la localidad donde vivía, en el Departamento de Escuintla (a 147 kilómetros de la misma ciudad). La víctima era originaria del municipio de San Andrés Iztapa, Departamento de Chimaltenango (a 54 kilómetros de la ciudad capital). Mafer mantenía relación con su familia y cada mes se hacía tiempo para viajar a verla en San Andrés Iztapa.

Había recibido amenazas

comunicado-coalicion-trans-1024x768Su amiga contó que a Mafer la habían amenazado de muerte, luego de un altercado en la discoteca “Gardenias” en Nueva Concepción, Escuintla.

Los restos de Marbella fueron inhumados en el cementerio Municipal de San Andrés Iztapa. Por las restricciones a causa de la pandemia Covid-19, al sepelio asistieron solamente familiares cercanos.

Cinco transfeminicidios en Guatemala

En los primeros cuatro meses del año han asesinado al menos a 5 personas trans en Guatemala, según documentación que viene relevando este medio y el seguimiento de denuncias públicas que ha identificado de parte de organizaciones de sociedad civil. El Observatorio por muertes violentas de la Red Nacional de la Diversidad también dio la alerta de este deceso, confirmando que durante la contingencia por la pandemia van 3 muertes violentas de mujeres trans.

Organizaciones con base comunitaria de mujeres trans (Redmmutrans, Redtrans-GT, Otrans Reinas de la Noche) en una coalición se manifestaron con un comunicado por la violencia que viven las mujeres trans en medio de esta pandemia.

Denunciaron públicamente: “El Estado de Guatemala sigue empecinado en negar nuestra existencia. Bajo la crisis que desata el COVID-19 este hecho se magnifica ya que como personas paupérrimas y en extrema vulnerabilidad, solo guardamos el momento de morir y no necesariamente como consecuencia de coronavirus”.

Covid y derechos humanos: llamado a organismos internacionales

comunicado-Marbella-rednacionalEn el mismo comunicado, las organizaciones hicieron un llamado a las instancias internacionales de derechos humanos para que intervengan y velen por la población trans, la más golpeada en esta crisis. A las instancias internacionales solicitamos nos acompañen y velen por nuestro sagrado derecho a la vida, tan reiterativamente violentado en esta tierra del quetzal.

Esta semana la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de la Diversidad Sexual se comprometió a solicitar información pública y dar seguimiento a los casos de violencia que se están dando en el país en este año a la población LGBT.

“Lamentamos que en medio de la crisis desatada por el Covid-19 la violencia en nuestra contra no solo no se detenga sino que se invisibiliza, dejando los crímenes en total impunidad”, expresaron en las redes sociales.

comunicado-coalicion

Fuente Agencia Presentes

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Chile: Tribunal Constitucional falla por sexta vez contra derechos LGBTI: ahora desconoce la doble maternidad y violenta interés del superior del niño

martes, 21 de abril de 2020
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TC-movilh-700x394El Movilh, que se  hizo parte el recurso de inaplicabilidad con un amicus curiae, alegó que en “virtud de prejuicios y homofobia el TC ha violentado derechos humanos básicos de dos madres y de su recién nacido hijo»

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) rechazó hoy “una homofóbica sentencia del Tribunal Constitucional contra las familias homoparentales, así como su falta de respeto total con las víctimas y las organizaciones involucradas, pues el resultado de fallo fue informado por primera vez a  un diario y no a  quienes son parte del proceso, lo que constituye una burla y un desprecio a quienes sufren la discriminación”.

El proceso había iniciado cuando un pareja de lesbianas que contrajo matrimonio en España presentó al TC un recurso de inaplicabilidad alegando que  el artículo 12 de la Ley 20.830 que Crea el Acuerdo de Unión Civil y el al artículo 80 de la Ley Nº 19.947 sobre matrimonio igualitario, son inconstitucionales en tanto les impide el reconocimiento de su vínculo en Chile, además de dejar en la desprotección a su hijo, tras someterse a un proceso de fertilización asistida en mayo del 2009.

Por 5 votos contra 4 el TC el rechazó el recurso con el argumento de que la desigualdad legal a las parejas del mismo sexo no es insconstitucional ya que, a su juicio, este grupo humano puede optar a la unión civil. Votaron contra el requerimiento los ministros los ministros Ivan Aróstica, Juan José Romero, Cristian Letelier, Juan Ignacio Vasquez, y Miguel Ángel Fernández. Estuvieron por acoger el recurso la presidenta del TC, María Luisa Brahm y los/as ministros/as Gonzalo Garcia, Nelson Pozo y María Pia Silva.

“Este fallo es abiertamente homofóbico e inconstitucional, pues por un lado niega la igualdad legal a una pareja del mismo sexo y por otro impide que un niño sea protegido por las dos madres que tiene. El desconocimiento legal sobre la existencia de una segunda madre, es inhumano, abusivo y violenta el interés superior del niño. Estamos seguros que este caso llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el acuerdo de Unión Civil no reconoce la doble maternidad y ni siquiera permite adoptar.”, dijo el dirigente del Movilh, Óscar Rementería.

 El dirigente recordó que “esta la sexta vez el TC rechaza recursos a favor de personas LGBTI y la segunda en que niega abrir el matrimonio a todas las parejas. Solo hemos ganado una vez, cuando se negó a impedir la distribución en jardines infantiles del libro “Nicolás tiene dos papás”.”.

«Repudiamos particularmente que en esta oportunidad el TC llegara a la insensibilidad extrema de comunicar el resultado de un fallo a través de un diario que ha sido históricamente opositor a los derechos humanos a las personas LGBTI, en vez de comunicarlos a la pareja afectada y las organizaciones que somos parte del proceso, como es el caso del Movilh, luego de que presentaremos al TC un Amicus Curiae”, añadió.

 “Sí o sí, incluiremos al TC en un nuevo Ranking contra la homofobia y la transfobia y apoyaremos todas las acciones legales internacionales que sean necesarias para hacer justicia.

Fuente MOVILH

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Denuncian una agresión homófoba por parte de un vigilante en un mercado de Barcelona: «Que sepas que el perro ha detectado que eres maricón»

lunes, 20 de abril de 2020
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F33AC8BE-5B80-45C7-94F9-E5E74413EF38El Observatori contra l’Homofòbia ha denunciado una agresión verbal de carácter xenófobo y homófobo contra D. P., un joven de origen ecuatoriano de 28 años, por parte de dos vigilantes de seguridad del Mercado Municipal del Clot, en Barcelona. «Que sepas que el perro ha detectado que eres maricón», le llegó a espetar uno de ellos.

Según relata TOT Barcelona, la agresión ocurrió este viernes, alrededor de las 13:oo horas, cuando el joven guardaba cola para entrar al recinto (una medida habitual en el acceso a establecimientos de alimentación debido a las restricciones impuestas por la crsis del coronavirus). El joven asegura que dos vigilantes de seguridad que controlaban el acceso dejaron pasar por delante de él a una chica. «Primero nosotros», se habría justificado uno de ellos, en lo que parece una alusión al origen ecuatoriano del chico. Pero la cosa no terminó ahí. A la salida del mercado, tras hacer sus compras, se volvió a encontrar a los mismos vigilantes de seguridad, acompañados de un perro. «Que sepas que el perro ha detectado que eres maricón», le espetó el mismo que a la entrada ya se había dirigido a él. Su compañero, siempre según el relato de joven, no le dirigió la palabra pero rió los comentarios despectivos de su compañero.

El joven puso inicialmente lo sucedido en conocimiento del Observatori contra l’Homofòbia, aunque horas después interpuso también denuncia ante los Mossos d’Esquadra. En este sentido, el presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez, ha destacado el hecho de que el del Clot es un mercado municipal, por lo que ha pedido que el Ayuntamiento de Barcelona intervenga directamente y depure todas las responsabilidades:

En este sentido el concejal de Derechos de la Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, ha comentado en Twitter que «ni ahora ni nunca podemos permitir la LGTBIfobia ni la xenofobia» y ha asegurado que la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento ya ha activado el protocolo de investigación sobre lo ocurrido:


La LGTBIfobia no descansa durante el estado de alarma

El Observatori contra l’Homofòbia ha registrado 13 episodios discriminatorios en Cataluña desde la declaración del vigente estado de alarma, la mayoría de ellos insultos, humillaciones y vejaciones a través de redes sociales. Uno de los más preocupantes, dada la naturaleza de sus protagonistas, fue una acción policial en la que los agentes se dirigieron a un hombre trans sin respetar su identidad de género pese a la insistencia de la víctima.

Fuente Dosmanzanas

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Polonia podría estar a punto de criminalizar la educación sexual y denunciar a los docentes como pedófilos y «activistas homosexuales»

viernes, 17 de abril de 2020
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Screenshot-2020-04-16-at-08.35.01-1024x447Manifestantes en Polonia con un cartel que dice: «Alto a la pedofilia: ¿qué quiere el lobby LGBT para enseñar a nuestros hijos?» (Michal Fludra / NurPhoto / Getty)

Polonia se está preparando para votar una nueva ley que penalizaría la educación sexual y denunciaría a quienes la enseñan como pedófilos y activistas LGBT +. El proyecto de ley «Detener la pedofilia» iniciado por los ciudadanos encarcelaría a las personas que «promueven el sexo de menores de edad» en las escuelas por hasta tres años.

Sus autores lo justifican con la afirmación de que quienes enseñan educación sexual a menudo son personas que «preparan y familiarizan a los niños con la homosexualidad. Las organizaciones y activistas más involucrados en la promoción de la» educación «sexual en nuestro país son el lobby LGBT +», dijeron los patrocinadores del proyecto de ley en un documento enviado al Parlamento. «En Europa occidental, los miembros de estos movimientos involucrados en la implementación de la educación sexual en las escuelas fueron condenados por pedofilia».

Además, afirman que «los niños se despiertan sexualmente y se familiarizan con la homosexualidad» durante las lecciones de educación sexual, que son utilizadas «por el lobby LGBT + para lograr objetivos políticos radicales», incluida la legalización de la adopción por parte de parejas LGBT +.

La ecuación de la homosexualidad con la pedofilia es profundamente preocupante para los activistas LGBT + polacos, a quienes también les preocupa que quienes enseñan sobre orientación sexual, discriminación y salud reproductiva también puedan ser procesados por la ley. «Esto haría imposible para nosotros como educadores venir a las escuelas y enseñar a los niños sobre los hum anos, sobre lo que nos hace y sobre la identidad de género u orientación sexual», dijo Ola Kaczorek, un defensor LGBT +, a Reuters. «Por lo general, la escuela no es un ambiente amigable para los niños no heterosexuales, pero ahora será aún más difícil».

El controvertido proyecto de ley, que ha sido condenado formalmente por la UE, fue presentado ante el Parlamento después de una petición constitucional firmada por más de 250,000 ciudadanos. Los legisladores votarán hoy si rechazarán el proyecto de ley, lo enviarán a una comisión parlamentaria para un trabajo adicional o lo llevarán a una segunda lectura para un mayor debate.

Se produce a raíz de un fallo judicial clave que se alineó con una importante campaña publicitaria anti-LGBT + que vincula la homosexualidad con la pedofilia. «La pedofilia es 20 veces más común en los homosexuales», afirman los anuncios. “Quieren enseñar a tus hijos. ¡Páralos!»

Screenshot-2020-02-20-at-16.31.30Un tribunal en Polonia falló a favor de Fundacja Pro, que fue demandado por conducir una camioneta con lemas anti-LGBT + en (Twitter / @ LGBTpl)

En su sentencia, el tribunal desestimó una demanda contra la campaña porque su mensaje era «informativo y educativo».

Refleja un preocupante repunte del sentimiento anti-LGBT + en Polonia que ha visto a más de un tercio del país prometiendo convertirse en una zona «libre de LGBT». La homofobia está en aumento en Polonia. La retórica nacionalista anti-LGBT está aumentando en Polonia. Casi 100 gobiernos municipales o locales polacos se han proclamado zonas “libres de la ideología LGBTI”, que abarcan casi un tercio del país.

La intolerancia es impulsada en gran medida por el partido gobernante PiS, que con frecuencia ha apuntado a los derechos LGBT + como una influencia extranjera invasiva que amenaza la identidad nacional del país.

La parte previamente condenó los planes de enseñar un programa de educación sexual aprobado por la Organización Mundial de la Salud que incluyera las identidades LGBT +, calificándolo de «una violación de los valores católicos tradicionales».

Fuente Pink News

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Un ingeniero aeroespacial gay gana un caso de discriminacion

jueves, 16 de abril de 2020
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IMG_0505-1024x741Peter Allen  (Foto: suministrada)

 

Un ingeniero ganó un caso en el tribunal laboral luego de sufrir acoso y discriminación en el trabajo mientras buscaba formar una familia con su esposo.

Peter Allen, quien ha trabajado en ingeniería desde los 16 años, se unió al fabricante de componentes aeroespaciales Paradigm Precision en 2012 como gerente de calidad y ascendió a través de la compañía durante seis años.

Este hombre casado de 41 años le explicó a PinkNews que estaba en línea para asumir el cargo de gerente general del sitio de la compañía en el Reino Unido en Burnley, pero las cosas salieron mal cuando salió al trabajo en 2018 e hizo preguntas para la licencia de adopción.

«Empecé a seleccionar personas en mi equipo, así como al director de recursos humanos», dijo. “Le confié que habíamos comenzado a considerar la adopción. Fue entonces cuando todo cambió. Sentían que no podían tener un gerente general  que estaba en una posición en la que iba a estar fuera por 12 meses con permiso parental».

El ingeniero continuó: “Una pareja heterosexual pensando en formar una familia nunca hubiera estado en la misma situación que yo. Me forzaron a elegir entre ser padres o si tenía un trabajo, que en última instancia es a lo que se redujo ”.

El ingeniero se enfrentó a un «torbellino de tormento» después de salir al trabajo. Después de que lo pasaron a promoción y su matrimonio con un hombre se hizo de conocimiento común, Allen se enfrentó a una serie de incidentes homofóbicos, incluidos correos electrónicos despectivos y «gestos con las manos irrisorias» de colegas.

Él dijo: «Había dado un salto de fe para salir al trabajo, y toda esta horrible evolución estaba evolucionando frente a mí. Era casi como si mis peores pesadillas sobre salir al trabajo estuvieran sucediendo. Eran gerentes sénior, personas por encima de mí, no eran personas que formaban parte de mi equipo. Realmente estaba en un torbellino de tormento. Estaba recibiendo estos correos electrónicos que eran inapropiados, había notas post-it, todas estas cosas estaban sucediendo en esta época. Me sentí devastado porque [la compañía] no me respaldaba en lo que estaba sucediendo. Estaba en la posición de «¿qué demonios hago? «. Pasé de ser un gerente superior en ese negocio a ser excluido y aislado. Es bastante triste, porque tuve una buena carrera. Estaba devastado en ese momento. Solo quería salir de allí «.

Allen finalmente dejó la empresa y decidió emprender acciones legales por acoso y despido injusto. Dijo: “Cuando buscaba otros trabajos, siempre estaba en el fondo de mi mente, acerca de cómo sería la compañía conmigo. ¿Puedo ser tan abierto como he construido para ser? Hablé con abogados, familiares y mis amigos, pero no sabía la tarea que iba a emprender [con el desafío legal]. Fue tan desalentador, pero era una pelea que quería enfrentar. Tuve la suerte de contar con el respaldo de la compañía de seguros [para cubrir los costos judiciales]. Pero sentí que no se trataba solo de mí, sino de responsabilizarlos por sus acciones. Sentí que era mi deber hacer eso «.

El caso se prolongó durante dos años, pero en una decisión del mes pasado, el juez del tribunal de empleo de Manchester, Mark Leach, afirmó que el ingeniero había sido «objeto de acoso relacionado con la orientación sexual» y fue pasado por alto para los ascensos «porque buscó tomar una licencia de adopción adicional».

Se le concedió un total de 174.645 libras esterlinas, incluidas 96.645 libras esterlinas por infracciones a la Ley de Igualdad y 23.873 libras esterlinas por despido improcedente. Allen dijo: «Estaba eufórico. No creo que esté totalmente asimilado todavía, pero estoy feliz de haber puesto mi fe en el sistema judicial. «Obviamente creo muy firmemente en ello porque lo viví y me pasó a mí, pero para que se plantee en el tribunal de la manera que fue… fue la decisión correcta, y estoy tan feliz de que se haya resuelto. Durante mucho tiempo, dudas de ti mismo y de lo que está pasando. ¿Lo tomé en el contexto correcto, ese tipo de cosas? Fui capaz de conseguir un cierre en mi situación.»

Agregó que: “Lo que quiero hacer ahora, porque seguirá sucediendo, es ayudar a las empresas a despertarse y tomarse estas cosas en serio, y ser más diversas e inclusivas. Quiero usar lo que me pasó para ayudar a otros donde pueda. Ahora tengo esa confianza, que puedo hablar sobre la situación. Hay mucho bien que está saliendo de esto. Creo que es importante dentro de un negocio saber que hay personas LGBT +, porque eso alienta a otros a ser ellos mismos y ser abiertos. Comencé a asistir a eventos con InterEngineering, que promueve LGBT + dentro de la ingeniería. Cuenta con el respaldo de las empresas más grandes, pero con las empresas pequeñas a medianas, no recibe ese soporte. Quiero usar esto para promover esas iniciativas «.

PinkNews se ha acercado a Paradigm Precision para obtener comentarios sobre la sentencia del tribunal.

Fuente Pink News

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Personas LGBTI en Chile: el 38% reporta incremento de la homo/transfobia en sus casas o barrios tras la aparición del coronavirus

jueves, 16 de abril de 2020
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Mascarilla-Movilh-Covid-LGBTI-820x394Los conflictos se han traducido en violencia psicológica (58,2%), verbal  (40,6%) y física (1.2%). El 78,4% estima que el avance de los derechos LGBTI se verá afectado en 2020 a raíz del coronavirus. El 92,6% dice que todo evento masivo pro-derechos LGBTI debe suspenderse por todo este año si el contacto social sigue siendo riesgoso.

La aparición del coronavirus y las medidas implementadas por el Estado para prevenirlo, como las cuarentenas y el toque de queda, están teniendo impacto en la realidad específica de algunas  personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI), arrojó una encuesta elaborada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El sondeo, el primero de su tipo aplicado entre el 6 y 13 de abril pasado a 523 personas LGBTI de todas las regiones del país, arrojó que para el 44,3%  “entre los efectos  del coronavirus podría encontrarse un incremento de la discriminación a las personas”. El 35,5%  descarta un aumento y el 20,2% no sabe si lo habrá.

En tal sentido, el 9,2% señala que ha sido discriminado por su orientación o identidad de género desde la aparición del primer caso de coronavirus en Chile. De estos, el  2,2%  fue víctima de agresiones físicas; el 62% de  ataques verbales y 35,8% de violencia psicológica.

El mayor incremento de la homofobia y la transfobia ha ocurrido en la propia familia o el barrio a raíz del mayor tiempo que las personas pasan en sus casas.

Así es como el 27,5% declara conocer a alguien que lo está pasando mal en su casa producto de la discriminación, mientras que del total de personas que son discriminadas por sus familias o vecinos, el 38% reporta un incremento de los episodios homofóbicos o transfóbicos en sus hogares o barrios. Estos conflictos se han traducido en violencia psicológica (58,2%), verbal  (40,6%) y física (1.2%)

Solo el 8% denunció los atropellos. Al respecto, el 45,3% reporta que las medidas implementadas para enfrentar el coronavirus impidieron u obstaculizaron que denunciaran la discriminación.

Excluyendo a los adultos mayores y a las personas de escasos de recursos económicos o con enfermedades crónicas, el 60,9% estima que los más afectados en Chile por el coronavirus son quienes viven en la calle, seguidos por los/as trabajadores/as sexuales (36,9%), las personas con capacidades diversas (36,9%), los inmigrantes (29,4%), la población LGBTI (20,6%), las mujeres (18,3%) y los pueblos originarios (18.3%)

En un ángulo similar el 78.4% piensa que el coronavirus afectará, al menos durante el 2020, el avance de los derechos LGBTI en materia de políticas públicas y leyes. Pese a ello, el 92,6% está de acuerdo con “ la suspensión durante todo el año 2020 de cualquier evento masivo  pro derechos LGBTI (marchas, festivales, tocatas, picnic, etc) mientras el contacto social siga siendo un riesgo”.

Con este sondeo, “esperamos contribuir a ampliar el conocmientos sobre el impacto del coronavirus en grupos vulnerables, como son las personas LGBTI”, sostuvo el Movilh.

Otros resultados:

 Al momento de aplicarse la encuesta, el 48.9% vivía en  una  comuna  sin cuarentena; el 28% en una comuna con cuarentena parcial y el 23,1% en una  comuna con cuarentena total. Además  el 15,3% señala encontrarse en cuarentana porque tuvo contacto con personas o lugares considerados riesgosos para la transmisión del virus.

El 98,8% reporta cambios en su vida y rutina desde el primer caso de coronavirus en Chile. Para el  34,5%  el cambio fue “total”,  para el  45,3%, “mucho”;  para el 19%, “poco” y para el 1,2% “nada”.

Nadie reporta haber adquirido el Covid-19, sin embargo el 4,3% no se ha hecho el examen aún cuando tiene sospechas de portar el virus.

En el terreno de las percepciones, solo el 29.6% considera que el coronavirus tiene efectos más graves en personas LGBTI que en las heterosexuales, mientras el 22,8% no lo sabe y el 47,6% considera que las consecuencias son las mismas.

Con todo, el 46,6% estima que en el marco de las  estrategias para enfrentar el Coronavirus el Estado debiese implementar medidas focalizadas para paliar los negativos efectos en  la población trans. La cifra disminuye al 25,9% en el caso de la población lésbica y al 23,7% cuando se trata de gays.

A la par, el 56,% estima que el Estado “no está haciendo lo necesario para ayudar a personas con VIH en el marco de la pandemia del coronavirus”, mientras el 95,8% considera que el “Estado debiese implementar medidas para garantizar a las personas con VIH el acceso a sus medicamentos por varios meses y de una sola vez para que no se expongan al salir de sus casas”.

 Ficha técnica

Con un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 95%, el sondeo fue aplicado a personas de 11 a 59 años, de las cuales el 97,1% son chilenas, el 1% venezolanas y el 1,9% de otras nacionalidades.

El 60% vive en la Región Metropolitana; el 11,4% en Valparaís; el  5,3% en Biobío;  el 3,7% en Los Lagos; el 3.5% en Coquimbo;  el 2,9% en la Araucanía,  el 2,6% en Libertador Bernardo O´Higgins, el 2.2% en Antofagasta;   el 2,2% en el Maule; el 1,4% en Atacama; el 1,4% en Tarapacá; el 1,2% en Magallanes;  el 1% en Ñuble; el 0,8 en Arica y Parinacota;  el 0.2% en Aysén y el 0.2% en Los Ríos.

El 45,6% se identifica con el sexo femenino,  el 44,2% con el masculino y el 10,2 es no binario, mientras que el 10,3% es trans y el 89,7% cisgénero,

Del total de encuestados/as, la población gay asciende al 37,7%, seguida por la  lésbica (30.7%), la bisexual (19,8), la pansexual (9,5%) y la asexual (2.3%).

Encuesta completa aquí

Fuente MOVILH

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Honduras: Detuvieron a activista trans cuando salió a buscar alimentos: “No es un caso aislado”

miércoles, 15 de abril de 2020
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Gabriela-Redondo-Honduras-Lactrans-Image-2020-04-12-at-19.35.27La activista trans hondureña y defensora de DDHH Gabriela Redondo vive con medidas de seguridad por amenazas contra su vida.

Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y directora del Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, Gabriela Redondo, fue detenida el sábado 11 de abril por la policía del país centroamericano cuando salió a buscar alimentos a pocos metros de su casa. La supuesta acusación fue incumplir un toque de queda impuesto por el gobierno para intentar frenar más brotes de coronavirus.

Tras pasar varias horas retenida en la calle, la trasladaron a la delegación de tránsito de la policía. Durante todo el tiempo que fue detenida no pudo ser asistida por ningún abogado. Al ser liberada, Gabriela Redondo denunció públicamente que se trata de una detención injustificada y arbitraria. Las organizaciones dicen que no es un caso aislado y que están recibiendo varias denuncias de hostigamiento contra personas trans por parte de las fuerzas de seguridad.

 La activista trans conversó con Presentes y contó que ese día salió de su casa, situada en la industrial San Pedro Sula (338 kilómetros al noroeste de la capital) porque estaba sin comida y sin dinero. Se dirigía a unos metros desde su lugar de habitación hacia donde su hermana, que le ofreció alimentos.

“Las fuerzas de seguridad vulneran derechos de trans”

“Iba saliendo del pasaje de mi casa y la policía estaba a dos cuadras deteniendo. Pensé que no me iban a detener porque solo iba a la vuelta de mi casa. Y le dije al policía que solamente iba a traer comida. Me dijo que me parqueara, me preguntó si tenía algún salvoconducto para estar en la calle, me tuvieron varias horas ahí, sin decirme nada”, relató a Presentes.

El gobierno del conservador Juan Orlando Hernández decretó el 23 de marzo un toque de queda absoluto en todo el territorio de Honduras con el fin de contener la transmisión del virus. La medida ha sido ampliada hasta el 19 de abril. Cifras oficiales estiman que en Honduras más 6.000 personas han sido detenidas por incumplir el toque queda y unos 2.000 vehículos han sido confiscados por las autoridades.

“El policía parecía que quería que yo me alterara y así justificar que me agrediera. Me dijo que yo le había tomado una foto y por ese motivo iba a hacer todas las gestiones para detenerme”, recordó.

“La detención de la activista en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, no es un caso aislado y se suma a las decenas de denuncias que hemos recibido donde las Fuerzas de Seguridad vulneran y violan los derechos de las personas trans que salen de sus hogares busca de alimentos o con el objetivo de asistir a otras personas en situación de vulnerabilidad”, denunció en un comunicado la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans – RedLacTrans. Las activistas exigen a los Estados incorporar la perspectiva de géneros en las estrategias de respuesta a la pandemia.

 

Discriminada por policías por su identidad de género

Gabriela Redondo lamentó que los policías que la detuvieron también vulneraron su derecho a ser reconocida de acuerdo a su identidad y expresión de género. Fue llamada por el nombre registrada en su licencia de conducir.

“Ellos hicieron burla del nombre de Gabriela, me llamaban con el nombre del documento de identidad. La Asociación ha capacitado a las fuerzas policiales sobre los derechos de la población trans de Honduras. Me hicieron pasar tanta pena, tanta vergüenza, tanta humillación y tanta discriminación solo por fastidiarnos la vida”, recalcó.

El congreso hondureño estudia desde 2018 un anteproyecto de ley de identidad de género, pero a la fecha continúa con pocos avances.

“Le pedimos al Estado que nos apoye con la ley de identidad de género para no sufrir discriminación con las personas que por tener un uniforme y arma se creen superior a uno y juegan con nuestra dignidad”, señaló Gabriela.

Miedo a represalias

Después de sufrir amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos de la población trans del país centroamericano, Gabriela tiene medidas de seguridad. Tras esta detención tiene miedo de sufrir ataques de la policía en represalia por las denuncias públicas que realizaron organizaciones sociales sobre su retención injustificada.

“La policía me escoltó hasta la casa para cuidarme, pero siento que es conocer donde yo vivo y posiblemente después en civil, atacarme o buscarme porque no lograron el objetivo de tenerme detenida 24 horas como esta estipulado. Es temor, miedo de que ellos sepan dónde yo vivo, por mi vida y la de mi familia”, denunció Gabriela.

Desde que entró en vigencia el toque de queda y el cierre de los mercados y comercios, se han registrado protestas en la capital Tegucigalpa debido al desabastecimiento de alimentos para la población. Hernández ordenó que los militares salgan a las calles para reprimir las manifestaciones. Se estima que unas tres personas fueron heridas durante el desalojo.

Población trans vulnerable en la crisis sanitaria

La Asociación Feminista Trans-AFET denunció que las condiciones de subsistencia de mujeres trans en Honduras ha llegado a niveles insostenibles debido a que muchas sobreviven gracias al trabajo sexual que realizan en las calles de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“Los problemas que enfrentamos en esta crisis es porque muchas chicas trabajan el diario para su gasto y ahora no pueden salir a las calles. No tienen alimentación, para el pago de la renta de donde viven. Nosotras queremos ayudarlas, pero no podemos salir a las calles para apoyarlas, eso nos pone en riesgo como lo que me sucedió ayer porque la policía siempre quiere agredirnos”, señaló Gabriela.

“Le pido al Estado hondureño que cumpla lo que han prometido para que la gente no ande en la calle pidiendo o buscando su pan de cada día, que les den las bolsas solidarias o la bolsa Honduras solidaria donde supuestamente están dando un saco de alimentación. A nosotras como mujeres trans no estamos incluidas porque supuestamente es solo para familias y nosotras no tenemos familia, puntualizó Gabriela.

Honduras reporta al día 12 de abril 393 casos confirmados de coronavirus y 25 personas fallecidas.

En el vecino El Salvador, el presidente Nayib Bukele, también ha sido denunciado por organismos de derechos humanos y por la misma Corte Suprema de Justicia, quien le ha ordenado abstenerse de realizar detenciones de personas que hayan incumplido una cuarentena domiciliar obligatoria. Unas 1,716 personas en El Salvador han sido detenidas y enviadas a un centro de contención durante 30 días.

Fuente Agencia Presentes

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Argentina: Atacan a mujer una trans en Merlo tras haberla amenazado en redes

lunes, 13 de abril de 2020
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ana-lucia-ataque-trans-merlo-750x375Por LG con MEL

Ana Lucía Lola Soraire, una trans de 39 años que vive en Merlo (provincia de Buenos Aires), denunció que mientras cumplía la cuarentena por el Covid19 fue víctima de un ataque de odio en su casa, y que intentaron matarla. Según contó a Presentes Karla Benítez, una compañera trans que la acompañó en los últimos días, el 6 de abril un grupo de conocidos atacó a Lola -como la conocen- en la puerta de su vivienda con una masa, cadenas y piedras hasta dejarla inconsciente. Karla denuncia también que hace tiempo a Lola la estaban amenazando por redes sociales. Y dice que a su amiga la justicia le tomaron la denuncia por robo y lesiones pero que “no dimensionaron el ataque que sufrió”.

Mientras Lola estaba en los Tribunales intentando ampliar la denuncia, Karla explicó: “Nos dijeron que el agresor ya había sido allanado, pero tampoco lo sabemos con certeza. Y que no podían hacer mucho más que aplicar una restricción o perimetral porque no saben a quién hacérsela. Mientras tanto, esta gente con Facebook falsos nos siguen enviando amenazas a Lola, a mí y al entorno. No es un hecho aislado, es un intento de transfemicidio contra una compañera. Querían matarla y lo decían: ‘te voy a matar gordo puto’ ”.

Karla cuenta que desde noviembre del año 2019 la agredida recibía amenazas por Facebook “de un círculo de personas que antes frecuentaba y ya no”. Sigue diciendo que a pesar de alejarse, las amenazas por redes sociales y Whatsapp continuaron: “para amenazarla y denigrarla. La trataban de ‘Gordo puto’ y ‘Elefante blanco’, cosas que se utilizan como para agredir a una chica trans”. El domingo 5 -según narra- Lola volvió a recibir amenazas pero las tomó como una más.

Su amiga cuenta que el lunes 6 mientras Lola hablaba por teléfono en su casa de Merlo, escuchó que desde afuera la llamaban. Reconoció la voz de un conocido y salió a la puerta. “Pero cuando puso un pie afuera para abrir la puerta de rejas, sintió un golpe desde atrás con algo contundente que la hizo caer al piso”, contó Karla.

“En medio del desconocimiento vio como una persona más le pasa una masa al agresor y le pegaba mazazos en la cabeza. Ella se cubrió con las manos mientras él le decía “Te voy a matar, puto de mierda” y otras cuatro personas con cadenas y cascotes le pegaban. Según cuenta Karla, “los vecinos salieron, gritaron y los agresores se fueron corriendo y se subieron a un auto. En esa corrida se llevaron sus pertenencias, documento y celular. Antes de irse le advirtieron: ’A la noche volvemos y te prendemos fuego la casa, puto’”, cuenta Karla, quien la fue a ver a su amiga al Hospital Municipal Eva Perón y se enteró de todo.

En el contexto de pandemia por Covid-19, su acompañante explica que Lola fue atendida pero enviada a su hogar lo antes posible para evitar un contagio: “A 15 cuadras del hospital Eva Peron teníamos la Comisaria de la Mujer. Solo la dejaron acercarse a ella. Ahí contó que la golpearon y le llevaron el celular. Dijeron que si era un robo tenía que hacerse denuncia en la comisaría zona. Y pusieron como motivo robo de celular y plata. Esa no es la realidad”.

Ivana Gutiérrez es Directora de Políticas para la Diversidad dentro de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Equidad, Diversidad y DDHH del municipio de Morón, provincia de Buenos Aires y dice: “Acceder a la justicia debería ser un derecho como ciudadano y ciudadana pero hay algo que no está funcionando, no se respeta la Ley de Identidad de Género, no se respeta a la persona como se autopercibe. La vida de las travestis y trans sigue valiendo nada para ciertos sectores institucionales de la sociedad”

Karla contó que de la Comisaría de la Mujer la enviaron a la Comisaría Cuarta ubicada en la localidad de Libertad dónde le dijeron que debía ampliar la declaración. En Tribunales le dijeron que debía hacerlo de puño y letra y pasarlo por mail para incorporarlo a la denuncia. “Al no acceder a la justicia son muy pocos los casos que se llevan adelante. De diez casos son dos los que se animan a denunciar. Las personas trans no tienen dónde recibir acompñamiento para hacer estas denuncias”, amplía Ivana Gutiérrez.

“Desde el centro Vivir Sin Violencia donde está la Dirección de Políticas para la Diversidad de Morón abordamos toda las temáticas que tiene que ver con la violencia de género y violencia hacia el colectivo lgbt, tenemos una línea que funciona las 24hs”, dice Gutiérrez.

Karla dice que las agresiones por redes sociales a Lola, ella y el entorno continúan. “Lo que pasa en redes no es un mensaje de odio sino una acción de odio que lamentablemente muchas compañeras travestis y trans la siguen recibiendo”, explica Ivana Gutiérrez. “La sociedad todavía no está aggiornada, en el discurso todo bien pero la realidad la práctica es otra por que las agresiones hacia la comunidad sigue existiendo en todos los planos. No podemos hablar de una conquista cuando nuestros derechos y nuestras identidades siguen siendo vulneradas”

“Estoy con ella que vive sola porque amenazaron con volver a prenderle fuego la casa con ella adentro”, dice Karla, mientras el país sigue en aislamiento general frente a la pandemia de Covid-19.

Fuente Agencia Presentes

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Balean a joven gay en Guatemala: ayudaba a investigar otro crimen de odio

jueves, 9 de abril de 2020
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Guate-En recuerdo de todxs lxs crucificadxs de la tierra…

Por Pilar Salazar

Luis Fernando Reyes García de 26 años, era un joven gay , transformista, orginario de la aldea Entre Ríos, en el departamento de Izabal, municipio de Puerto Barrios a 287 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Fue asesinado de 8 balazos el 1 de abril por la mañana, mientras atendía su negocio de barbería cerca de su domicilio.

Desde la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos dijeron a Presentes que se solicitó la colaboración de la Auxiliatura Departamental de Izabal para dar seguimiento al caso de Luis Fernando y abrir un expediente y vincularlo a las investigaciones del Ministerio Público.

Según informó a Presentes alguien cercano a la víctima, Fredy estaba colaborando con las autoridades en el caso del transfemicidio de Luisa Sandoval Lemus, ocurrido en la misma aldea el 2 de marzo. Vivía con su mamá y 3 hermanos.

Luis Fernando era hermano de Karla Reyes, una mujer trans que fue asesinada por su conviviente el 19 de abril del 2016, cuyo caso fue emblemático, pues aunque no se pudo llevar un juicio por transfemicidio ha sido el primero y único caso que ha tenido sentencia por homicidio a personas de la población LGBTIQ+.

“Era alguien humilde, sencillo y servidor”, dijo una amiga suya a Presentes. Luis Fernando fue inhumado en el cementerio de la Colonia las Flores en la Aldea, Entre Ríos.

Según Carlos Romero, de la Red Nacional de la Diversidad y del Observatorio por Muertes Violentas, Izabal se ha identificado como uno de los departamentos de Guatemala con patrones reincidentes de violencia hacia la población LGBT.

“En menos de un mes, han asesinado a dos personas LGBTIQ+ en la aldea Entre Ríos, de Puerto Barrios Izabal. Luis Fernando Reyes García era hermano de una mujer trans asesinada también en Puerto Barrios hace tres años. El municipio de Puerto Barrios y las aldeas de Sto Tomás de Castilla y entre Ríos han sido escenario de varios asesinatos de personas LGBTIQ+ y la documentación de estos hechos aportado evidencia irrefutable de patrones delictivos basados en el prejuicio, por los nuevamente exigimos a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público y la Defensoría de la Diversidad Sexual de la IPDH que asuman con seriedad la identificación y sanción de los responsables.”, dijeron en un comunicado desde la Red.

Violencia intrafamiliar en pleno toque de queda

Hasta el día de ayer Presentes tuvo reportes de dos personas LGBT+ agredidas en plena crisis del Covid-19. Se trata de una mujer trans y un gay de 16 años que han sido violentades por su familia.

Amnes tiene 26 años y es una mujer trans que hasta hace dos días vivía con su papá y hermana. Salió de su casa el sábado pidiendo ayuda a pesar del toque de queda, por una emergencia de violencia, víctima constante de malos tratos, negación de necesidades básicas a causa de la transfobia familiar. Amnes vive del comercio informal y ahora está refugiada en la casa de una amiga, donde se siente más segura que con su familia, según contó a Presentes.

Marvin* es un chico de 16 años residente de San Antonio Sija, perteneciente al Municipio de San Francisco el Alto, Departamento de Totonicapán, ubicado a 173 kilómetros de la ciudad capital. Le contó a su familia hace unos meses que es gay y desde entonces no ha dejado de recibir violencia. La crisis que agravó la situación fue el martes,  cuando fue agredido físicamente por familiares.

Visibles, una organización de sociedad civil LGBTIQ+, recibió la denuncia de parte de un amigo de Marvin* quienes se contactaron con la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos que en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (la PGN tiene a su cargo representar a niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, ante cualquier tribunal de justicia, cuando no tienen representación). Desde allí procedieron a visitar su domicilio y verificar la situación.

“Sostuvimos un diálogo con su núcleo familiar y les hicimos saber que si esta situación se volvía a repetir, Marvin* quedaría al resguardo del Estado de Guatemala. Sugerimos que ingresaran al sistema de “Escuela para padres” para no pasar a la institucionalización del menor de edad”, dijo a Presentes Henry España de la Defensoría.

Marvin* en este momento solo puede comunicarse a través de un amigo cercano.

#NOEstasSolx

La organización de la diversidad Visibles, desde que el Covid -19 ingresó al país, se dio a la tarea de elaborar una campaña llamada “#NoEstasSolx”, donde se dice que la casa no siempre es un lugar seguro para las personas LGBTIQ+. También se habla del ocio y tiempo libre y el impacto económico y laboral en la crisis.

Daniel Villatoro Director Ejecutivo de dicha organización, dijo a Presentes que con esta campaña se espera recordar que en estos tiempos las personas LGBTIQ+ siguen siendo víctimas de violencias y que las acciones de respuesta tienen que incluir también a este grupo vulnerable. En una situación en que los tiempos que vivimos y las condiciones en las que trabajamos ya no son las mismas. Es necesario reforzar los mecanismos de denuncia en época de aislamiento y confinamiento.

Según datos no oficiales aún, desde la crisis del Covid-19 ha habido 5 denuncias por violencias en la Defensoría de la Diversidad Sexual.

Fuente Agencia Presentes

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Corte IDH declara a Perú responsable por torturas y violación a una persona LGBT

miércoles, 8 de abril de 2020
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azulPor Vero Ferrari

En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por las torturas y violación sexual que sufrió Azul Rojas Marín de parte de agentes policiales de la Comisaría de Casa Grande (Trujillo), el 25 de febrero del 2008, cuando fue interceptada, según la policía “para identificarla”. Allí fue retenida cuatro horas en la dependencia policial, siendo torturada y violada sexualmente por cuatro policías. Cuando Azul intentó interponer la denuncia en la comisaría ese mismo día, no se la recibieron, por lo que fue a los medios de comunicación. Dos días después volvió a la comisaría para interponer nuevamente la denuncia. Dos días después se le realizó un reconocimiento médico legal y una pericia psicológica que revelaron lesiones y afectación psicológica por lo vivido.

Un proceso judicial que duró una década

24 de marzo de 2008, la Fiscalía peruana dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial de la Comisaría de Casa Grande por el delito “contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual” en agravio de Azul. Es ahí que empieza todo el arsenal de defensa de la impunidad contra Azul. Policía, Fiscalía y Poder Judicial rechazaron, negaron, pusieron en duda y no valoraron la violencia vivida por Azul como un daño efectivo contra su integridad física y psicológica.

21 de octubre de 2008, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa requirió el sobreseimiento del proceso seguido contra tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual agravada y abuso de autoridad en perjuicio de Azul.

9 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope “declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público” y “sobreseyó el proceso por ambos delitos y contra los tres imputados”, ordenando el archivo del expediente, indicando que no existía credibilidad en la versión de la presunta víctima, que ella no había sido uniforme en su declaración sobre los hechos, y además, había continuado con sus labores habituales el 25 de febrero, y que el examen médico se realizó cuatro días después de los hechos por lo que las pericias generaban una duda razonable en su contra.

22 de enero de 2009, Azul interpuso un recurso de apelación contra la resolución anterior. El 23 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope lo declaró improcedente de plano por extemporáneo. Es ahí cuando Azul recurre a instancias internacionales.

20 de noviembre de 2018, la Segunda Fiscalía Supraprovincial, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso la apertura de investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura, pero el 4 de diciembre de 2018, la Quinta Fiscalía Superior de La Libertad declaró nulo el requerimiento. El 16 de enero de 2019, la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope solicitó al Juez Penal de Investigación Preparatoria de Ascope la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los tres oficiales de policía. El 14 de agosto de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar improcedente el pedido de nulidad argumentando que el expediente tenía autoridad de cosa juzgada y que las recomendaciones de la Comisión no tenían la misma fuerza vinculante que las decisiones de la Corte. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope presentó recurso de apelación, señalando que el Estado debía hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la Comisión. El 3 de septiembre de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación por considerar que no respetaba los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa procesal penal peruana.

Lo que ordenó la Corte

Gracias a esta sentencia, el Estado peruano deberá continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por Azul, evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante.

Como medidas de satisfacción, la sentencia deberá publicarse en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y deberá realizarse u acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Así también, se le deberá dar asistencia médica y psicológica a Azul de forma gratuita e inmediata; y como garantías de no repetición, se deberá adoptar un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, se sensibilizará y capacitará de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, se diseñará e implementará de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI y se eliminará el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.

También se ha fijado una compensación por daños materiales e inmateriales contra Azul y su madre, que deberá ser pagado por el Estado. 70 mil dólares para Azul y 20 mil para su madre.

Fuente Agencia Presentes

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Covid-19 en El Salvador: falta de atención, ataques en redes y discriminación a trans

martes, 7 de abril de 2020
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WhatsApp-Image-2020-04-04-at-10.43.33-e1586022329418-1024x719Por Paula Rosales, desde San Salvador

En medio de la pandemia por Covid-19, organizaciones LGBT+ exigen al Estado salvadoreño garantizar la salud y derechos de las personas LGBT+ y en especial de las trans, a raíz de la falta de asistencia y de las denuncias por discriminación y ataques en las redes.

Karla C, una adolescente trans de 16 años, tenía fiebre, tos y dolor de garganta, y le pidió a una amiga que la llevara a un hospital público del departamento de San Miguel, al este de la capital (El Salvador). Por los síntomas, temía ser portadora del coronavirus que ha causado más de 58 mil fallecidos en el mundo. Pero Karla denunció que no fue atendida.

“Le dijo al doctor que se sentía mal de verdad. El médico nos dijo que ahí no estaban atendiendo ese tipo de casos y que nos fuéramos para la casa. Una enfermera que estaba ahí nos dijo cosas bien feas”, recordó Stephanie Martínez, una amiga que la acompañó en las diligencias.

Después que los médicos y enfermeras de turno se negaran a atenderla en ese hospital* del departamento de San Miguel, la adolescente y su amiga se dirigieron a una unidad de salud. Allí sí fue atendida, descartaron que los síntomas estuvieran relacionados con el coronavirus, y le dieron tratamiento para infección en la garganta.

Presentes consultó al ministerio de Salud sobre el caso de Karla, pero al cierre de la nota no se recibió respuesta.

A pesar de ser una adolescente, Karla C. sobrevive como trabajadora sexual en las calles de la ciudad de San Miguel. De lo poco que gana debe pagar el alquiler de la habitación en la que vive. Desde que el Congreso aprobara por solicitud del ejecutivo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a la libertad de circulación y una cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Karla no tiene ingresos para su subsistencia. Se las arregla gracias al apoyo de vecinas que le regalan comida.

Sin ingresos para la subsistencia

WhatsApp-Image-2020-04-04-at-10.43.33-2-1024x943Aunque el presidente Bukele anunció la noche del viernes 27 de marzo la entrega de 300 dólares para alimentación de 1,5 millones de hogares salvadoreños, Karla no puede acceder. El gobierno deberá erogar 450 millones de dólares para cumplir con la entrega del beneficio económico, que ha colapsado los centros de registro de la subvención y ha generado malestar en miles de personas que no fueron beneficiadas.

Stephanie Martínez, trabajadora sexual y compañera de Karla, asegura que no recibió el beneficio. No sabe cómo sobrevivirá en el marco de esta epidemia. “Nadie ha sido beneficiado, ni en mi familia, ni yo salí beneficiada ni ninguna de mis amigas trans. No podemos salir a trabajar porque la mayoría somos sexoservidoras y no podemos salir a la calle. El gobierno no nos da ninguna ayuda ni apoyo porque. Aquí en El Salvador hasta nuestro presidente es muy discriminativo”, expresó Stephanie a este medio.

“A consecuencia de la coyuntura que en la actualidad atraviesa nuestro país a raíz del COVID-19, ha dado lugar, en algunos casos, a la desprotección de las poblaciones más vulnerables, entre estas la población LGBTIQ+, debido a la falta de medidas concretas o programas de asistencia y protección por parte del Estado específicamente a la población trans”, detalló en un comunicado el ombudsman, José Apolonio Tobar.

Transfobia en las redes

Una imagen de  la defensora de derechos humanos, Camila Portillo sosteniendo en su mano derecha el Documento Único de Identidad (DUI), fue publicada en paginas de Facebook insinuando que no fue beneficiada por el bono de 300 dólares anunciado por el gobierno por “ser travesti”.

“He soportado la vulneración de calumnias y difamación, a partir de una foto mía del 2014, cuando no me dejaron votar. Ahora la han puesto en varios temas de noticias diciendo que no pude acceder a los 300 dólares por el DUI y lógicamente lo han hecho en situación de burla hacia las personas trans, dijo a Presentes Camila Portillo.

El gobierno ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos de provocar ataques virtuales a quienes considera como sus opositores.

“Hay un montón de gente comentando cosas bien feas. Dejé de leerlos por salud mental, porque hay comentarios bastante fuertes que nos puede afectar psicológicamente porque entramos en una psicosis que pensamos que todo el mundo nos quiere hacer daño” señaló Camila.

Los ataques a Camila comenzaron desde que ella cuestionó el manejo de la crisis sanitaria que tiene al país centroamericano con 56 casos activos y tres muertes. Los comentarios de muchas personas en las redes sociales están orientados a difamar y ridiculizar a la población trans.

Exigen al Estado garantizar seguridad de las trans

WhatsApp-Image-2020-04-04-at-10.43.33-4-1024x759(pincha en la imagen para ampliarla)

“Desde la Red Salvadoreña de Defensoras condenamos estas agresiones transfóbicas y expresamos profunda preocupación por las Defensoras de Derechos Humanos que están aconteciendo por la defensa que se ejercen en el marco de las medidas adoptadas por el GOES ante el Covid19. Exigimos al Estado salvadoreño garantizar la seguridad integral de la defensora Camila Portillo y de las personas transgénero, reconociendo la exposición y vulneración que enfrentan al no ser reconocida legalmente su identidad” expresaron en un comunicado.

Tengo miedo que continúen los ataques, que más que ataques cibernéticos se vuelvan ataques físicos al terminar esta situación y no solo por la parte de la divulgación de la fotografía, sino que por pertenecer a los grupos que estamos constantemente denunciando las violaciones de derechos humanos que se están realizando con estas medidas de represión que el gobierno ha tomado”, lamentó Portillo.

El congreso salvadoreño estudia desde 2018 una propuesta de ley de identidad de género. Aun sigue sin avanzar.

*Nota de edición: el nombre del hospital se mantiene en reserva para preservar la seguridad de quienes sufrieron discriminación.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

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Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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“Policías” queman a compañera en Chiapas (México) por confesar que es lesbiana

martes, 7 de abril de 2020
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fotoPertenecer al colectivo LGTBIQ+ sigue siendo motivo suficiente para sufrir violencia. En algunos casos del entorno, en otros de la sociedad o incluso a nivel institucional. Por eso siempre insistimos en lo importante que es el día del orgullo, aunque muchos crean que ya no es necesario o que no les representa. Por ser lesbiana hemos visto casos de violaciones incluso en el ámbito intrafamiliar, de agresiones simplemente por serlo y ser además la profe de tus hijos . Y no nos llega un triste suceso desde México, donde una policía lesbiana ha sido quemada viva por sus propios compañeros.

Todo comenzó con algo tan duro y valiente como salir del armario con sus compañeros de trabajo, como cuenta el Observatorio Ciudadano de Derechos de la Población LGBTI de Chiapas, algo que parece ser no gustó a sus compañeros. Y es que los que eran sus compañeros de trabajo presuntamente le prendieron fuego por hacer pública su orientación sexual, si bien se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Más allá de la dureza de la agresión en sí, se pide que esta se realice desde la perspectiva de género y la orientación sexual de la agente de policía agredida, que se encuentra en el hospital con graves heridas.

El suceso ha causado gran revuelo entre la comunidad y las organizaciones LTGBIQ+, que piden una sanción ejemplar para que esto no se vuelva a repetir, y es que ¿qué se puede esperar de las fuerzas de seguridad en materia de protección de derechos cuando actúan así? También la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del país centroamericano ha actuado de oficio, para presentar cargos y proporcionar la protección a la víctima.

Fuente El Heraldo de México, vía AmbienteG

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Chile: Isapre Colmena insiste con su transfobia: ahora se niega a cubrir la readecuación corporal de las personas trans porque «es solo un cambio estético»

sábado, 4 de abril de 2020
Comentarios desactivados en Chile: Isapre Colmena insiste con su transfobia: ahora se niega a cubrir la readecuación corporal de las personas trans porque «es solo un cambio estético»

índiceAntes la Isapre había rebajado un 75% la cobertura a las personas trans afirmando que la transexualidad sí era una enfermedad,  lo cual fue revertido por la Corte Suprema tras un recurso presentado por el Movilh. Ahora dice que al no ser una enfermedad, tampoco puede cubrir las necesidades de las personas trans.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que la Isapre Colmena Golden Cross “ha vuelto a discriminar a las personas trans en razón de su identidad de género, negándoles todo tipo de cobertura para su readecuación corporal, lo cual es ilegal e inmoral”

“Primero esta Isapre se negó a dar cobertura a las personas trans alegando que la transexualidad era una enfermedad pre-existente. Tras un recurso que presentamos contra Colmena, la Corte Suprema sentenció que la identidad de género no era una patología. Ahora, la Isapre, dice lo contrario, es decir que al no ser la  transexualidad una patología, no puede dar cobertura a las personas trans, Esta situación es tan abusiva,  como ridícula”, señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

En efecto, precisó el Movilh, Colmena se negó a cubrir  las cirugías de readecuación a una persona trans de 54 años, Alexandra Orrego, que requiere una genitoplastía feminizante y una reconstrucción corporal y facial feminizante.

“La identidad de género no constituye una enfermedad, una  patología o condición de salud al constituir procedimientos de carácter estéticos. Siendo así las cosas, las prestaciones por las cuales usted solicita cobertura no cumple con los parámetros” del Minsal, señaló la Isapre en una carta  que dirigió a Orrego.

Añadió que las cirugías solicitadas por la mujer, “no tienen una finalidad  estrictamente curativa o reparadora”, equiparándolas así intervenciones de carácter estético.

“Esta situación vulnera la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género, la Constitución y las directrices del Minsal, en tanto además de estar prohibida la discriminación por identidad de género,  garantizan el acceso igualitario a la salud. Las cirugías de readecuación corporal si tienen un efecto reparador en las personas trans que lo soliciten. Negarse a ello, solo obedece a criterios mercantiles y transfóbicos”, añadió Rementería.

El dirigente señaló que, en función de todo lo expuesto, la afectada ya presentó un recurso de protección con el patrocinio del abogado Ciro Colombara.

Fuente MOVILH

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Activista trans egipcia dice que es tratada como «el enemigo» y que está «lista para la guerra» con su propio país

viernes, 3 de abril de 2020
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D0-1tLJVYAEnviwLa activista LGBT + y mujer transgénero Malak Al-Kashef ahora ha sido liberada de prisión. (Twitter)

Una activista trans de Egipto dijo que es tratada como «el enemigo» en su propio país, donde las identidades de las personas LGBT + generalmente no son aceptadas.

Malak El-Kashif dijo que las personas en Egipto que se declaran «diferentes» deberían estar «listas para la guerra», según ABC News. «La sociedad te pisoteará y te tratará como si fueras el enemigo», dijo.

La activista trans Malak El-Kashif dijo que no quiere «ocultar» su identidad en Egipto. «Si quisiera esconderme, entonces me hubiera escondido y me hubiera quedado en casa de mis padres y no me hubiera convertido en [transgénero] y me hubiera salvado de todo esto.«

Malak es una de las activistas trans más abiertas y visibles del país, un movimiento que no es tarea fácil en un país hostil a las personas LGBT +. Se ha abierto sobre su experiencia de asumir su identidad de género, revelando que le dijo a su madre cuando tenía nueve años que era una niña. Más tarde fue golpeada por su padre por expresar su identidad de género.

La sociedad te pisoteará y te tratará como si fueras el enemigo. Desde que dejó su hogar a los 13 años, ha luchado por los derechos de las personas trans en Egipto. El año pasado, fue arrestada después de abogar por una huelga tras un accidente de tren en su país. Fue encarcelada en un centro para hombres, una medida que puso de relieve la discriminación que sufren las mujeres trans en Egipto. Las personas LGBT+ se enfrentan a arrestos arbitrarios en Egipto, a pesar de que el gobierno insiste en que no existen en absoluto.

En ese momento se informó que fue capturada por la policía en la madrugada del 6 de marzo después de ser atraída a la casa de su madre en una aparente «operación encubierta». Después de su arresto fue detenida durante tres días en un lugar no revelado sin acceso a un abogado. Fue liberada en julio pasado después de 120 días de confinamiento solitario.

Los comentarios de El-Kashif llegan sólo días después de que el gobierno egipcio fuera criticado por Human Rights Watch por negar la existencia de personas LGBT+ mientras continuaba arrestándolas. Más de 90 personas fueron arrestadas el año pasado en Egipto por presunta conducta sexual entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la ley de libertinaje del país. A pesar de esto, los funcionarios han sugerido que «no reconocen» la existencia de personas homosexuales en absoluto.

Más de 90 personas fueron arrestadas el año pasado en Egipto por presuntas conductas entre personas del mismo sexo según la ley de libertinaje del país. A pesar de esto, los funcionarios han sugerido que «no reconocen» la existencia de personas queer en absoluto.

Ataques a la diversidad en los medios egipcios

En Egipto la homosexualidad no está penada teóricamente, pero lo cierto es que a los homosexuales se les persigue en nombre de la moral. Este caso, además de sus claros tintes de homofobia, es también un atentado a la libertad de expresión, algo habitual en un país que vive actualmente bajo la dictadura del exgeneral Abdelfatah al Sisi.

El daño que ha sufrido la comunidad LGTBI al verse negada del derecho a la libertad de expresión y ser estigmatizada también se extiende hacia mujeres y otros colectivos alejados de la doctrina oficialista. El periodismo egipcio es con este hecho otro de los grandes perjudicados de una legislación que niega el derecho de opinión y de libre información, base de una sociedad libre y democrática.

El caso de este programa guarda cierta similitud con el que se daba a conocer en febrero de 2018 en la cadena privada Alhadath Alyoum. Comenzaba un espacio de actualidad por el debate promovido por los legisladores egipcios de si el ateísmo debía ser prohibido en la sociedad. El programa contó con la presencia del presentador, de un imán y un joven que defendería la postura de no condenar la no creencia religiosa. Tras identificarse el joven como ateo, no se le permitió exponer sus argumentos y fue invitado a abandonar el programa tras ser acusado de hereje y suponer un peligro para la juventud egipcia. Además, cuando el joven citó la teoría del Big Bang en su más que breve discurso, el presentador le espetó que no se dirigiera al público con grandes palabras en inglés, que hablara en árabe de ideas sencillas ya que se estaba dirigiendo «a gente simple». Este insulto a la inteligencia de la audiencia continuó con la despedida del invitado y las disculpas del presentador por «invitar a un egipcio así al programa». Tras ser invitado a recibir ayuda psiquiátrica, el joven fue expulsado del programa y todo el espacio estuvo dedicado a las ideas del imán:

Egipto intensificó la LGTBfobia de Estado en 2017

Si bien la homosexualidad no está explícitamente prohibida por la actual legislación egipcia (aunque podría llegar a cambiar), la policía persigue a la población LGTB con cargos como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”.

El pasado 2017 no fue un buen año para en colectivo LGTB en Egipto. Ese año se produjo una intensificación de la persecución LGTBfoba de Estado: en octubre nos hacíamos eco de que, hasta ese momento 57 personas habían sido detenidas, básicamente, por su orientación sexual o identidad de género, así como por el mero apoyo a los derechos igualitarios (con los cargos oficiales anteriormente referidos).

De esas 57 detenciones, según EIPR (Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales) 54 todavía están en prisión. No obstante, hay que leer las cifras con precaución, pensando que la falta de transparencia de la administración y de la justicia de Egipto puede falsear la realidad y suponer, por lo tanto, un escoyo para esclarecer si hay otros casos ocultos por razones desconocidas e incluso por supuestos intereses de las élites.

En octubre de 2017 también conocíamos la noticia de que el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) daba la orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios.

Un mes antes, siete personas eran detenidas por ondear banderas arcoíris durante el concierto en la capital egipcia de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay. Además de estos arrestos, el grupo musical se enfrentó a descalificaciones y de momento no volverá a tocar en el país, debido al veto del Sindicato de Profesiones Musicales egipcio (ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica). Dos de los siete detenidos quedaron en libertad bajo fianza a comienzos de este año.

Los antecedentes LGTBfóbicos ya eran preocupantes

En abril de 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

Un año antes (abril de 2015) nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentesLa última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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La universidad que castiga a los estudiantes por ser homosexuales les dijo a los alumnos que fueran a clase durante el coronavirus. Ahora están realmente enfermos

jueves, 2 de abril de 2020
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la-universidad-que-castiga-a-los-estudiantes-por-ser-gays-les-dijo-a-los-ninos-que-fueran-a-clase-durante-el-coronavirus-ahora-estan-realmente-enfermosEl presidente de Liberty University, Jerry Falwell, con Donald Trump. (Chip Somodevilla / Getty)

 

Una universidad anti-LGBT + que les dijo a los estudiantes que regresaran al campus a pesar de las pautas de distanciamiento social del coronavirus ha visto su primer caso confirmado de COVID-19.

La Universidad Liberty, con sede en Virginia, se encontró en el centro de una tormenta mediática la semana pasada cuando decidió reabrir en contravención directa de las pautas COVID-19.

La universidad, que prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo, invitó a 5.000 estudiantes a regresar al campus la semana pasada pocos días después de que las escuelas cerraran debido a la pandemia.

El presidente de la universidad, el aliado de Trump Jerry Falwell Jr, fue informado por el médico que dirige el servicio de salud estudiantil de la institución que habían «perdido la capacidad» de controlar la crisis de salud en el campus.

El médico, el Dr. Thomas W. Eppes, le dijo al New York Times que no le había ordenado a Falwell que cerrara la universidad, sino que le informó sobre los riesgos.

Como era de esperar, ha habido un brote de COVID-19 en el campus desde que la universidad decidió traer a los estudiantes de regreso al campus. Hasta el viernes pasado, había al menos 12 estudiantes que presentaban síntomas del coronavirus y tres fueron remitidos a un hospital local para ser examinados.

Hasta ahora, uno de esos estudiantes dio positivo por el virus, uno dio negativo y el tercero todavía está esperando los resultados. «Liberty notificará a la comunidad según lo considere apropiado y requerido por la ley», dijo Falwell ayer.

Se cree que la mayoría de los estudiantes que regresaron al campus la semana pasada se han ido nuevamente después del brote en la universidad.

El incidente no será una gran sorpresa para aquellos familiarizados con las opiniones de Falwell sobre el coronavirus. El presidente de la universidad sugirió recientemente que el virus en realidad es solo un plan mediático diseñado para dañar las posibilidades de Trump de ser reelegido a finales de este año. «Creemos que es irresponsable que tantas universidades simplemente digan ‘cerrado, no puedes regresar’, empujen el problema a otras comunidades y se sienten allí en sus torres de marfil», dijo Falwell al comentarista y teórico de la conspiración de extrema derecha Todd Starnes. en una entrevista de radio.

El presidente de la universidad afirmó previamente que la pandemia COVID-19 fue inventada por los medios de comunicación para evitar que Trump fuera reelegido. «Somos conservadores, somos cristianos y, por lo tanto, estamos siendo atacados», agregó.

También dijo en Fox & Friends a principios de este mes que era «extraño» para él ver a tanta gente «reaccionando de forma exagerada» ante la pandemia mundial. “Hace que te preguntes si hay una razón política para eso. La acusación no funcionó y el informe Mueller no funcionó y el Artículo 25 no funcionó, por lo que tal vez ahora este sea su próximo intento de conseguir a Trump «.

Liberty University prohibió todos los grupos LGBT + en 2006 por «moralidad», y en 2014 obtuvo una exención de las leyes federales contra la discriminación para permitir que discriminara a las personas LGBT +.

Se requiere que todos los estudiantes firmen una declaración que promete no tener sexo homosexual o sexo con una persona transgénero, incluso si están casados. Según el código de honor de la universidad: «Las relaciones sexuales fuera de un matrimonio ordenado bíblicamente entre un hombre natural y una mujer natural no están permitidas en la Universidad Liberty».

Las violaciones de la regla pueden ser castigadas de varias maneras, incluyendo una multa de $ 300, 30 horas de servicio comunitario o expulsión.

Sin embargo, Jerry Falwell Jr. apareció en los titulares cuando se informó que Michael Cohen supuestamente ayudó a detener la publicación de fotos del activista antigay poco antes de apoyar a Trump para presidente en 2016.

Según Reuters, Falwell se puso en contacto con Cohen en 2015 para solicitar ayuda en relación con un “asunto personal embarazoso” que involucraba a él, a su esposa y a su hijo de 20 años, perdón, encargado de la piscina de Miami.

Se rumoreaba que el chico de la piscina poseía fotos sucias de Falwell y las usaba para chantajear al líder evangélico por valor de 1,8 millones de dólares. Falwell negó que tales fotos existieran, y el chico de la piscina negó haberle chantajeado, pero tampoco negó el pago de 1,8 millones de dólares, lo que aún no se ha explicado.

Por supuesto, Falwell no es el primer líder de la iglesia antigay en verse envuelto en un extraño escándalo sexual, alegado o confirmado.

Fuente Pink News

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