Según la encuesta Estado LGTBI+ realizada por 40db para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más

Según la encuesta Estado LGTBI+ realizada por 40db para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) los partidos progresistas ganarían las elecciones europeas duplicando los resultados de la derecha si solo votara la población LGTBI+ de España. Según esta investigación, la estimación de voto del colectivo daría al PSOE 24 escaños, 11 a Sumar y 4 a Podemos, sumando un total de 39 escaños cuando solo hacen falta 31 para la mayoría absoluta y frente a los 17 que conseguirían PP y Vox.

Tal y como ha explicado la analista de datos de 40dB, Sonia Townson, “el PSOE encabezaría con un 35% del voto válido, seguido por el PP con un 21.8%, Sumar con un 17.5%, Podemos con un 6.2%, y Vox con un 5.4%. Esto evidencia la fortaleza del bloque de la izquierda frente al bloque conservador”. No obstante, la investigación refleja que ni siquiera 4 de cada 10 personas LGTBI+ (36,8%) están 100% seguras de que irán a votar el próximo 9 de junio.

Por eso, según ha explicado el secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero, es importante pedir el voto de las personas LGTBI+. “Hay mucho en juego en las elecciones europeas. La Unión Europea es un árbitro, un garante, en la actualidad, de los derechos LGTBI+, y así la percibe el colectivo LGTBI+ como la 3ª institucion más comprometida con sus derechos. Europa sirve y puede servir de muro de contención frente a las fuerzas reaccionarias que ya amenazan desde varios países. Por eso hay que votar en junio de 2024 como hicimos en julio de 2023”, ha señalado.

“Un 65% de las personas votantes LGTBI+ votó para evitar retrocesos en sus derechos”

Y es que, la investigación también refleja que casi un 65% de las personas votantes LGTBI+ votó para evitar retrocesos en sus derechos en las pasadas elecciones generales, según declaran. De hecho, el informe revela que un 31,7% de las personas votantes LGTBI+ ideológicamente de derechas (de 6 al 10 en ideología) votaron al PSOE o Sumar, una clara anomalía electoral.

Paredero ha manifestado que “eso supone que un 8% de los votantes LGTBI+ son de derechas pero votan a PSOE o Sumar, muy posiblemente para proteger sus derechos. Hablamos de que un 0,66% de los votantes de España son personas LGTBI+ de derechas que votan a partidos de izquierdas, unos 150.000 votos que la derecha transfiere a la izquierda por atacar los derechos del colectivo LGTBI+. Sin considerar el resto del voto LGTBI+, solo esos votos le habrían costado el gobierno a Alberto Nuñez Feijóo”, ha expuesto.

“Un 32% de las personas LGTBI+ de derechas votaron PSOE o SUMAR en las últimas generales”

“Como conclusiones, podemos decir que el colectivo LGTBI+ no solo es más de izquierdas, sino que además un 32% de las personas LGTBI+ de derechas votaron PSOE o SUMAR en las últimas generales. Según la encuesta, en julio de 2023, por cada voto LGTBI+ al PP y Vox, hubo 2,5 votos al PSOE y Sumar”, declara el secretario de Organización de FELGTBI+.

Además, la investigación de 40Db revela que, ante unas hipotéticas nuevas elecciones generales, el colectivo volvería a votar mayoritariamente a partidos progresistas. Según ha explicado Sonia Townson, “la estimación de voto del colectivo LGTBI+ en unas elecciones generales hipotéticas sitúa al PSOE como la principal fuerza política, obteniendo un 34% de voto válido, seguido por Sumar con un 23,1%, el PP con un 22,1% y Vox con un 7,2%. El bloque de la izquierda superaría al bloque conservador por 27,8 puntos porcentuales. En contraste con la estimación para la población en general, el voto del colectivo se muestra notablemente inclinado hacia la izquierda, y Sumar duplica su porcentaje de voto.

NOTA. Estimación voto LGTBI+

Fuente FELGTBI+

General 2024, Elecciones Europeas, FELGTBI+, Ignacio Paredero, PSOE, Sumar, Voto LGTBI

Los usuarios lgtbifóbicos, la mayoría asociados a cuentas falsas, muestran más su odio en comentarios y lo hacen, sobre todo, contra las mujeres trans, según un estudio sobre la red social X de la FELGTBI+ junto a 40dB.

Un informe elaborado por la agencia de investigación 40dB para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) revela que una parte importante de los discursos de odio contra el colectivo LGTBI+ en la red social X (antes Twitter) proviene de cuentas potencialmente falsas.

El secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero, explica que “los datos apuntan a que se trata de estrategias organizadas para estigmatizar y humillar a las personas LGTBI+ que, además, Twitter permite con total impunidad”. “A día de hoy, no existe en esta red social ningún tipo de herramienta de control de bots, lo que deja a las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad completamente expuestas e indefensas ante posibles campañas de señalamiento”, denuncia.

La Federación Estatal LGTBI+ insiste en la necesidad de un Pacto de Estado contra los discursos de odio para frenar las semillas de la violencia.  

Por esta razón, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, reivindica con urgencia “un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad que incluya medidas para la prevención y la erradicación del odio en las redes sociales”.

“No podemos permitir que se siga vertiendo odio contra los grupos vulnerables en las redes sociales que a día de hoy se han convertido en una herramienta fundamental de socialización. Este odio lo sufren personas reales, con nombres y apellidos, que pagan las consecuencias a diario en forma de discriminaciones y violencias en su trabajo, en la calle e incluso, en ocasiones, en su familia. Los discursos de odio son el origen de los delitos de odio, tomemos medidas ya”.

Investigación de 40dB para la Federación Estatal LGTBI+

La investigación analiza las narrativas en torno a los derechos LGTBI+ desde la fecha en que Vox desplegó “la lona del odio”, hasta la celebración del Orgullo estatal 2023 y el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. Así, concluye que, del total de mensajes emitidos, un 86% eran de apoyo, mientras que un 14% eran discursos de odio, muy dirigidos, además, contra las personas trans.

Según explica la representante de 40dB, Erika Bejerano, “dentro de este 14% de mensajes de odio, la investigación ha encontrado dos subcomunidades emisoras: la subcomunidad trans-excluyente y la de extrema derecha, presentando, ambas, mucha cercanía e indicios de contener cantidades significativas de cuentas fraudulentas”.

Los indicios para realizar esta afirmación son los siguientes:

1. El número de cuentas con nombres de perfil ficticios (no registrados en el INE) es mayor en ambas subcomunidades que en la muestra aleatoria utilizada como referencia de comparación.

2. Tanto la comunidad de extrema derecha (7,4%), como la feminista trans-excluyente (4,6%), presentan una proporción de cuentas matrícula significativamente mayor de lo habitual en Twitter (1,9%). Las cuentas matrícula son aquellas que no han modificado el “screen name” que les otorgó aleatoriamente Twitter cuando fueron creadas.

3. Es en 2021 cuando usuarios de extrema derecha y trans-excluyentes desembarcan en Twitter a un ritmo muy superior al de la creación de cuentas en el común de la red social. La tan reciente creación de muchos de estos perfiles puede ser un indicativo adicional de una importante presencia de cuentas profesionales, bots y, en definitiva, de algún tipo de campaña dirigida.

4. El hecho de que las subcomunidades trans excluyentes y de extrema derecha hayan emitido, de media, una cantidad de tweets muy superior a la de los usuarios de la muestra aleatoria.

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Cuentas falsas, Delitos de Odio, Discursos de odio, FELGTBI+, Homofobia/Transfobia, Ignacio Paredero, Twitter, Uge Sangil

Realizada por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más(FELGTBI+) ha presentado, este miércoles (29 de Noviembre), las conclusiones de la primera radiografía de la situación socioeconómica de las personas LGTBI+ en España, elaborada por 40dB para la Federación. Así, el informe “Estado Socioeconómico LGTBI+, Estado LGTBI+ 2023”, revela que las familias LGTBI+ ingresan casi un 20% menos (18,69%) que el resto de familias de la población en España: 26.076€ de renta media anual frente a los 32.216€ anuales de la población general entre todos los integrantes de la familia.

Según el secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero, “este dato, junto con otros datos adicionales, como los indicadores de la tasa AROPE y la incidencia del sinhogarismo, señalan que, lejos del estereotipo de que las personas LGTBI+ son económicamente pudientes, las familias LGTBI+ son, de media, más pobres. Esto puede explicarse debido a factores como el abandono temprano del hogar por expulsión, que afecta directamente en la formación y la trayectoria laboral; junto con otros datos adicionales, como los indicadores de la tasa AROPE y la incidencia del sinhogarismo; o la inestabilidad laboral en personas LGTBI+ debido a su alta tasa de autónomos y bajo nivel de trabajo por cuenta ajena”.

Y es que, otro de los datos obtenidos en la encuesta Estado LGTBI+ es que solo el 72,5% de la población LGTBI+ son personas asalariadas por cuenta ajena, trece puntos menos que la población general, lo que empuja, por su parte, el porcentaje de la población LGTBI+ que recurre al autoempleo, 7,4 puntos más que la población general.

“Parece que, ante las mayores dificultades para encontrar trabajo por cuenta ajena y la dificultad de visibilizarse en el ámbito empresarial, el colectivo LGTBI+ recurre más al autoempleo”, expone Paredero.

Necesidad prioritaria de implementar la Ley Estatal LGTBI+ en materia de empleo

Por este motivo, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha incidido durante la presentación en “la necesidad prioritaria” de implementar la Ley Estatal LGTBI+ en materia de empleo. “Desde la Federación, hemos solicitado una reunión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para trasladarle las necesidades del colectivo en materia de empleo y pedirle que convoque con urgencia la mesa sectorial de diálogo social para avanzar con el desarrollo del reglamento de la Ley 4/2023 de 28 de febrero”, informa Sangil.

“No obstante, y aunque la ley es una herramienta imprescindible para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, desde Federación pedimos a las empresas que combatan el odio en sus espacios laborales y trabajen sus planes de igualdad LGTBI+. A partir de febrero, será obligatorio para todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras, pero invitamos también a las pymes a que construyan espacios de igualdad y se conviertan en aliadas. Así, animamos a todas las empresas a que conozcan nuestros programas EMIDIS y Yes, we trans para acompañarlas en esta labor”, afirma la
presidenta.

¿Quiénes son las personas LGTBI+?

Según los datos del CIS, entre el 7% y 8% de población española es LGTBI+. De entre las personas LGTBI+ que participaron en la encuesta Estado LGTBI+ de 40db, un 55% se identifica como bisexual; un 19,6% como gais; un 8% como lesbianas; un 8% como no binaries, un 6,3% como asexuales y un 3% como trans, identidades que no son mutuamente excluyentes.

“Un elemento interesante recogido por el CIS es que hay un porcentaje mayor de población LGTBI+ en los grupos de edad más jóvenes, por lo que la población LGTBI+, en conjunto, es más joven”, señala el secretario de Organización de FELGTBI+. Así, un 19,3% de la población de entre 18 y 24 años se declara LGTBI+, datos que se reduce hasta un 13,5% en las personas de entre 25 y 34 años y llega al 2,7% entre las personas de entre 55 y 64 años.

Un 25% de la población LGTBI+ aún no ha salido del armario

Según la encuesta Estado LGTBI+, un 25% de la población LGTBI+ aún no ha salido del armario, pero las nuevas generaciones se visibilizan con más frecuencia y antes que las generaciones mayores, “lo cual indica que las personas LGTBI+ jóvenes cada vez son más libres” apunta.

Para la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, “la edad de salida del armario por tramos de edad muestra la evolución histórica de la conquista de derechos y la evolución de la sociedad. Y es que se observa que, en los tramos de edad más jóvenes, las personas LGTBI+ salen del armario mucho antes”.

Así, de entre quienes tienen entre 18 a 24 años y los que tienen entre 25 y 34 años, entre un 13,7% y un 11% salió del armario con 14 años y menos, cifras que se reducen a menos de la mitad a partir de los 35 años. En el mismo sentido, el porcentaje de quienes salieron del armario con 15 y 17 años pasa del 45% entre los de 18 y 24, al 20% a partir de los 35 años.

NOTA. 28112023 Informe situación socioeconómica personas LGTBI I Informe Estado socioeconomico- Federación Estatal LGTBI+

General DerechosLGTBI, Familias LGTBIQ+, FELGTBI+, Ignacio Paredero, Ley Estatal LGTBI, Uge Sangil, “ Estado Socioeconómico LGTBI+. Estado LGTBI+ 2023”

Según una encuesta realizada por 40db para  la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), los cerca de 3.000.000 de votantes LGTBI+ se inclinan por votar mayoritariamente a partidos que defienden sus derechos. Según la estimación de voto realizada por 40dB, los votantes LGTBI+ prefieren apostar por partidos que son percibidos como comprometidos con los derechos del colectivo LGTBI+.

Se estima, en base al CIS, que entre un 7% y un 8% de la población es LGTBI+; un 20% en el caso de quienes tienen entre 18 y 24 años

Tal y como ha apuntado durante la presentación de la encuesta el secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, sociólogo y politólogo, Ignacio Paredero, “en base a la última encuesta del CIS, estimamos que entre un 7% y un 8% de la población es LGTBI+;  un 20% en el caso de la población de entre 18 y 24 años”. Además, señala que “los datos que recoge nuestra encuesta de 40dB muestran que el colectivo vota mayoritariamente a los partidos que defienden sus derechos y que la Ley Trans y LGTBI es apoyada con rotundidad por el colectivo”.

Según 40db, el 27,8% de las personas LGTBI+ votaría al PSOE; el 22,6% a Unidas Podemos; el 19,6 % al PP; el 7,1% a Vox, el 4,8% Ciudadanos y el 9,9% a otros partidos

Según los datos de estimación de voto de 40dB, el 27,8% de las personas LGTBI+ votará al PSOE; el 22,6% a Unidas Podemos; el 19,6 % al PP; el 7,1% a Vox, el 4,8% Ciudadanos y el 9,9% a otros partidos, lo cual está vinculado a la percepción del apoyo al colectivo por parte de los partidos.

Así, el colectivo LGTBI+  considera que Unidas Podemos está “Muy comprometida” (29,5%) o “Bastante comprometida” (26,3%) con sus derechos y que el PSOE está “Muy comprometido” (12.4%) o “Bastante comprometido” (33,8%). Por el contrario, un 65% de las personas encuestadas consideran que Vox está “Nada” comprometido con los derechos del colectivo y un 39,5% piensa igual sobre el PP.

El colectivo LGTBI+ apoya la Ley Trans y LGTBI: un 21,6% la valora “muy positivamente” y un 41,4% “positivamente”. Solo un 11,8% la valora “negativamente” o “muy negativamente”

Respecto a la Ley Trans y LGTBI, el colectivo LGTBI+ la apoya y la valora “muy positivamente” (21,6%) y “positivamente” (41,4%). Solo un 11,8% la valoran negativamente o muy negativamente.

Otro dato que la Federación Estatal LGTBI+ y 40dB han destacado es que la probabilidad de ir a votar de las personas del colectivo afines a Vox, es casi 40 puntos más baja que la de la población general. Para Paredero,“esto demuestra que los insultos a las personas LGTBI+ tienen consecuencias electorales. Es muy complicado movilizar a las personas para que te voten cuando a la vez las estás insultando”.

Se trata de la primera investigación realizada para desvelar la intención de voto de las personas LGTBI+. Se ha elaborado con una muestra de 800 personas LGTBI+ mayores de 18 años y se ha presentado este jueves en el espacio META de Facebook en Madrid.

Según Víctor Pérez-Gumán, analista de 40dB, “aunque el estudio del voto y el comportamiento electoral en el colectivo LGTBI+ es complejo técnicamente y no está extendido en nuestro país, es fundamental si se quiere tener una imagen real de la sociedad española, cada vez más plural y diversa”. “Uno de los puntos más interesantes de la investigación es el momento en el que se realizó el campo de la encuesta: en paralelo al del barómetro del País y la Ser que 40dB publica mensualmente. Este hecho nos permite tener una perspectiva comparada y conocer más en profundidad las particularidades del voto en el colectivo LGTBI+”, apunta.

Fuente FELGTBI+

General 40db, CiU, Ciudadanos, Derechos LGTBI, Elecciones autonómicas, Elecciones Forales, Elecciones municipales, España, Esquerra Republicana de Cataluña, FELGTBI+, Ignacio Paredero, LGTBI, PSOE, Unidas Podemos, Víctor Pérez-Gumán, VOX, ‘

Afronta este nuevo mandato con dos grandes retos sobre la mesa: la aprobación de la legislación estatal trans y LGTBI+ y la adopción de un Pacto de Estado para combatir los discursos de odio

La activista Uge Sangil ha sido reelegida, por un 80% de los votos afirmativos, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) este fin de semana durante el IX Congreso de la entidad, celebrado bajo el lema “Frente a los discursos de odio, ni un paso atrás”. Junto a ella, Mané Fernández y Paula Iglesias ocuparán las vicepresidencias e Ignacio Paredero, la Secretaría de Organización. Fran Rebollero asumirá la Tesorería y la Comunicación y Sisi Cáceres la Secretaría. Completarán la Comisión Ejecutiva activistas de toda España como Niurka Gibaja, Miriam Guijarro, Óscar Rodríguez, Hayar Lagranja, Laura González y Prado Velázquez.

Durante su intervención en la inauguración del Congreso, Uge Sangil recordó asimismo como los tres años de su pasado mandato estuvieron marcados por la pandemia y el confinamiento, “en el que nuestras debilidades y nuestras discriminaciones rebrotaron” y por una elevada convulsión política. “Casi cada día teníamos que reinventarnos”, ha asegurado pero, además, ha recordado que ha sido un trienio en el que  “la irrupción de Vox ha hecho mella en el colectivo, pero también en el que FELGTB ha ganado independencia”.

Según ha asegurado, afronta este nuevo mandato con dos grandes retos sobre la mesa: la aprobación definitiva de la legislación estatal trans y LGTBI+ y la adopción de un Pacto de Estado para combatir los discursos de odio en la esfera pública, germen de los delitos de odio que sufre a diario el colectivo.

“Sabemos dónde tiene que crecer la ley, en la protección de las personas no binarias y de las migrantes en situación no regulada, así como en los derechos de los menores, y nos queda tiempo para seguir con las alianzas. El camino aún no ha terminado, nos queda mucho trabajo y seguiremos luchando para conseguir los derechos que necesitamos y que se nos deben”, ha destacado.

Inauguración del Congreso de FELGTB

Durante su intervención por vía telemática en la inauguración del Congreso, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado que “pronto verá la luz la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+ de la que el Ministerio de Justicia es coproponente”. Esto supondrá, según la ministra “la culminación definitiva del camino recorrido hacia la igualdad y la justicia social, un nuevo avance que permita impulsar y consolidar un cambio de concepción social sobre las personas LGTBI”.

“Con esta ley, queremos desarrollar y garantizar los derechos de las personas LGTBI, erradicando todas las situaciones de discriminación para asegurar que en el Estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar de manera plena. También, para garantizar todos los derechos de las personas LGTBI removiendo todos los obstáculos que impiden su condición de plenos ciudadanos y ciudadanas”, ha señalado Llop. Así, ha apuntado que “durante décadas el movimiento LGTBI ha impulsado y reivindicado todos los derechos de estos colectivos” y ha agradecido a FELGTB la “aportación en esta magnífica y necesaria ley”, ha manifestado.

Irene Montero, ha reconocido que “faltan cosas” en la Ley

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que “faltan cosas” en la Ley y que desde el Ministerio de Igualdad seguirán trabajando “para que se garantice también la protección para las personas no binarias y las personas migrantes en situación no regulada, así como para dotar a la legislación de todas las garantías para su cumplimiento, incluso, el presupuestario”.

También ha agradecido a FELGTB su papel durante las negociaciones y en la redacción del borrador de ley que sirvió de base para el anteproyecto que hoy está en trámite y que, según ha señalado, “esperamos que en los próximos meses pueda pasar esa vuelta porque seguiremos trabajando para que sea la ley que todas las personas LGTBI+ necesitan”. “Vamos a seguir yendo de la mano y vais a seguir siendo decisivas para conseguir incluir en la ley los derechos que no ha sido posible incluir todavía”, ha declarado Montero.

El responsable del Área Confederal LGTBI de UGT, Toño Abad, ha puesto el acento en la necesidad de “implementar medidas específicas que tengan que ver con el entorno laboral” porque “el entorno laboral es el entorno en el que desarrollamos nuestra vida”. Por parte de Comisiones Obreras, su secretaria federal de Mujer e Igualdad, Elena Blasco, reconoció el “trabajo incontestable y necesario de la Federación en relación al desarrollo de la Ley”. De esta manera, ambos sindicatos se han posicionado a favor de la aprobación de la Ley.

La vicepresidenta de Chrysallis, Soledad Fernández  y el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, reconocieron el importante trabajo realizado por la Federación y, especialmente, el de Uge Sangil en relación al desarrollo de la ley que ya ha sido tramitada por el Consejo de Ministras.

 La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales pasará a llamarse Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más

Durante el IX Congreso de FELGTB se ha aprobado incluir a las personas intersexuales así como a cualquier otra forma de diversidad o disidencia sexual. En ese sentido, el IX Congreso de FELGTB ha decidido que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales pasará a llamarse Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, la FELGTBI+, dando cabida a todas las nuevas realidades de la diversidad sexual y/o de género.

Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, se ha comprometido a establecer un espacio de debate, en el plazo de tres meses, para fijar definitivamente y con suficiente debate la postura de FELGTBI+ sobre la gestación subrogada. Asimismo, se ha acordado apoyar la defensa de los derechos humanos de las personas mayores LGTBI como línea de acción política. También se ha apoyado de manera explícita el activismo de las personas jóvenes en FELGTBI+ por sus particulares dificultades. Como resolución de urgencia, se ha aprobado una condena del asalto por parte de la ultraderecha al sindicato CGIL en Italia, con un rechazo frontal hacia la ultraderecha.

Para terminar, las entidades de FELGTBI+, dada la situación de extrema vulnerabilidad socio-económica que tienen las personas LGTBI que ejercen el trabajo sexual, han apoyado, entre otras medidas, crear estructuras de emergencia social y generar sinergias con las administraciones para que se ayude a estas personas LGTBI en situación precaria, condenando firmemente la trata de personas.

Nota-Congreso Elecciones comisión ejecutiva

Fuente FELGTB+

General, Historia LGTBI Área Confederal LGTBI de UGT, Chrysallis, Comisiones Obreras, Delitos de Odio, DerechosLGTBI, Elecciones, Elena Blasco, FELGTB, FELGTBI+, Fran Rebollero, Fundación Triángulo, Hayar Lagranja, Ignacio Paredero, Irene Montero, IX Congreso de FELGTB, José María Núñez, Laura González, Ley Estatal LGTBI, Mané Fernández, Miriam Guijarro, Niurka Gibaja, Óscar Rodríguez, Paula Iglesias, Pilar Llop, Prado Velázquez, Sisi Cáceres, Soledad Fernández, Toño Abad, Uge Sangil

La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ABC, Amanda Azañón, Asociación Española de Abogados Cristianos, Castilla y León, Ciudadanos, Discriminación, Educación, FECyLGTB, Fernando Rey, Ignacio Paredero, Lesgavila, LGTBfobia, Personas transgénero, PP, Rocío Lucas, Transexualidad, Transfobia, VOX

Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, Amanda Azañón, Castilla y León, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Francisco Igea, HazteOir, Ignacio Paredero, Junta de Castilla y León, Lesgavila, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, PP, Transexualidad, VOX

PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Alfonso Fernández Mañueco, Ana Carlota Amigo, ATC Rainbow, Castilla y León, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, FECyLGTB, Federación LGTB+ de Castilla y León, Foro de la Familia, Francisco Igea, Fundación Triángulo, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Paredero, IU, Junta de Castilla y León, Laura Domínguez, María del Carmen Sánchez Bellota, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unión del Pueblo Leonés, UP-Ecuo, Valladolid Diversa, Virginia Barcones, VOX

Es lo que tiene el pactar con la ultraderecha para impedir que gobierne el más votado (PSOE). El Trifachito en acción. Luego se extrañan algunas de que no sean bienvenidas en la Manifestación del Orgullo. ¿Esto es defensa de las personas LGTBI+?

La Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses y que la formación naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En este sentido, dosmanzanas ha tenido acceso al primer borrador de anteproyecto propuesto por el Gobierno regional, y lo que hemos podido leer resulta muy preocupante. La Junta introduce significativos recortes a la propuesta de los colectivos, muy especialmente en materia de Educación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los menores trans.

Hace ahora un mes recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos han vuelto a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), ha dado un giro de 180 grados y apostaba ahora por un texto recortado que pudiera ser consensuado con el PP, su socio de gobierno. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que el texto del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

Pues bien, dosmanzanas ha tenido acceso a un primer borrador de dicho texto, y más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes nos llaman la atención aspectos como:

• La desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• La desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• La eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Estos son algunos de los elementos que «desaparecen» del borrador de proyecto de ley de la Junta. Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Se abre la puerta a los baños «apartheid» para menores trans

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos, que en su momento contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos. «Es fundamental que se apruebe la ley de los colectivos, que garantiza todos nuestros derechos. El texto que está impulsando el PP incluye recortes que ya conocemos y que se negociaron en la pasada legislatura con grupos contrarios a la diversidad sexual, por lo que una ley así no puede ser nuestra ley. Le pedimos al PP que por una vez deje de bloquear nuestros derechos y a Ciudadanos que demuestre su compromiso y mantenga su apoyo al texto que apoyó la anterior legislatura», ha manifestado a dosmanzanas Ignacio Paredero, presidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+).

Cabe señalar, al respecto de las negociaciones que señala Paredero entre el PP y grupos contrarios a los derechos LGTB, que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado al Gobierno de Murcia, también una coalición entre PP y Ciudadanos). También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. Una avalancha de comentarios que pese a resultar obvio que son fruto de una acción coordinada de sabotaje bien podría ser utilizada por el Gobierno de Castilla y León para justificar sus recortes. leone

Estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión, y muy especialmente de si Ciudadanos en Castilla y León persiste en su alianza con el PP o decide volver a dar su apoyo a las medidas que en su momento defendió.

Comunicado de la Asociación Valladolid Diversa

Las organizaciones ATC Rainbow, Chrysallis, Fundación Triángulo y Valladolid Diversa, tras la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de Ciudadanos, queremos expresar nuestra satisfacción por el compromiso mostrado por este grupo parlamentario con la igualdad real y los derechos de la Diversidad Sexual y de Género en Castilla y León, al aceptar y comprometerse a apoyar las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de Ley LGTB+ de la Junta.

Entendemos que esta ley es absolutamente necesaria, pues necesitamos derechos y herramientas válidas para su defensa, y en este sentido han ido nuestras aportaciones al texto remitido por la Junta. Entre otras medidas, hemos incluido en nuestras enmiendas la continuidad y garantía de aplicación del protocolo de Educación, la mejora del protocolo de Sanidad, derechos como la tarjeta sanitaria para las personas trans menores de edad, la garantía de la atención integral sanitaria para todas las personas con diversidad sexual y de género, así como medidas para proteger del acoso escolar y del maltrato familiar a todas las personas de nuestro colectivo.

Asimismo, queremos recordar que las organizaciones LGTB+ somos las auténticas expertas en la materia que trata esta ley, pues somos nosotras, las personas con Diversidad Sexual o de Género, quienes sufrimos en nuestras propias carnes y en nuestro entorno todos los males que esta ley pretende erradicar o mitigar. En ese sentido llevamos luchando desde hace años y conocemos mejor que ninguna otra organización o profesional de fuera de nuestro colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos para acabar con las discriminaciones que sufrimos y garantizar nuestra igualdad real.

Las cuatro organizaciones entendemos que será necesario el consenso parlamentario para sacar adelante esta ley. Por ello hemos empezado hoy nuestra ronda de reuniones con los grupos políticos, en primer lugar con Ciudadanos por ser el primer grupo en responder a nuestra petición, pero también nos reuniremos próximamente con el resto de grupos políticos. En dichas reuniones expresaremos nuestro deseo de alcanzar el consenso partiendo de nuestras medidas presentadas hoy como un mínimo para garantizar que la ley que finalmente se apruebe por las Cortes sea una herramienta efectiva para nuestra igualdad y nuestros derechos. De todas formas, entendemos que nuestras aportaciones siempre pueden ser ampliadas y mejoradas con más aportaciones en positivo. Lo que no estamos dispuestas a aceptar son recortes en igualdad y derechos. Deseamos mantener esta necesaria colaboración durante el trámite parlamentario de la ley, hasta que el texto sea finalmente aprobado por las Cortes de Castilla y León.

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Asociación Valladolid Diversa
Luchamos por la diversidad

Fuente Dosmanzanas/Valladolid Diversa

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, ATC Rainbow, Castilla y León, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Equo, Francisco Igea, Fundación Triángulo, HazteOir, Ignacio Paredero, IU, Junta de Castilla y León, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

Y luego les extraña que no se les quiera en la Manifestación del Orgullo… es el pago por los votos de la ultraderecha.

Giro de Ciudadanos en Castilla y León. Tras haber apoyado en la anterior legislatura la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses, la formación naranja ha decidido ahora desmarcarse de la misma y optar por un texto alternativo al que pueda sumarse el PP. El movimiento de Ciudadanos ha generado inquietud en los colectivos LGTB de la región, que ven en la maniobra la intención de rebajar el alcance del texto.

Para entender la dimensión de lo sucedido es necesario hacer un poco de historia: a finales de 2016 diferentes colectivos LGTBI+ de Castilla y León  presentaron en las Cortes regionales una primera propuesta de ley de igualdad LGTBI. Utilizaron como base una ley promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que de hecho fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos se mostraron incluso dispuestos a hacer concesiones «dolorosas», pero finalmente los populares dieron carpetazo al proceso. Los colectivos consiguieron, sin embargo, el apoyo del resto de las formaciones representadas entonces en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Un compromiso que se materializó en marzo de 2018, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite aquella proposición de ley.

El proceso que siguió dicha admisión fue, sin embargo, infructuoso. Solo el voto sorpresa de la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, permitió la toma en consideración de la proposición, en contra del criterio del que era entonces su partido, el PP. Clemente también unió sus votos a los de la oposición para poner fin al bloqueo de su tramitación. Pero no fue suficiente. La legislatura terminó sin que la propuesta fuese aprobada (Silvia Clemente, curiosamente, fichó por Ciudadanos y fue promovida por su dirección nacional a candidata a presidenta de la Junta. Sin embargo, las elecciones primarias en las que ganó por un puñado de votos se desvelaron fraudulentas, lo que llevó a que finalmente fuera su rival, Francisco Igea, el candidato de los naranjas).

A Ciudadanos ya no le gusta el texto de los colectivos

En las elecciones del pasado mayo el PP (que en la anterior legislatura tenía la mitad exacta de los diputados)  cayó a la segunda posición, siendo superado por el PSOE. Pero los populares llegaron a un acuerdo con Ciudadanos para mantenerse en la presidencia de la Junta a cambio de repartirse el Gobierno regional y dar a los naranjas la presidencia de las Cortes. En el plano parlamentario, sin embargo, se registraba una clara mayoría de los partidos que en la legislatura anterior registraron la proposición de ley propuesta por los colectivos. No había ya impedimento alguno… Si no fuera porque Ciudadanos ha decidido desmarcarse.

Francisco Igea, lider de Ciudadanos en CyL con Albert Rivera

Lo ha hecho, además, por sorpresa. «No supimos que Ciudadanos daba marcha atrás a su compromiso de mantener su apoyo al registro del texto acordado la pasada legislatura hasta la misma mañana del registro de la ley cuando no aparecieron», ha indicado en un comunicado la FECyLGTB+ (Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), entidad que el pasado miércoles registraba de nuevo la proposición en las Cortes de Castilla y León de la mano de los grupos socialista y mixto (salvo, en este último caso, el único diputado de Vox) y con la llamativa ausencia de la formación naranja.

Y propone recortar un 30% y consenso con el PP

Especial inquietud ha causado entre los colectivos las explicaciones dadas por Ciudadanos. Su portavoz en las Cortes ha argumentado que ahora prefieren aprobar un texto que pueda apoyar su socio de gobierno, el PP, después de escuchar «a los profesionales de la educación o la sanidad». En el mismo sentido se ha pronunciado Francisco Igea, ahora vicepresidente de la Junta, que ha anunciado que será el propio Gobierno regional el que enviará a las Cortes un proyecto de ley que recogerá «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

«Sabemos perfectamente cuáles son nuestros derechos», responden desde la FECyLGTB+ a Ciudadanos. «Proponer ahora que sean los profesionales médicos los que opinen sobre qué derechos necesitamos o reclamamos para alcanzar nuestra igualdad legal es tratarnos como menores de edad o algo peor. Y eso por no hablar de que se reúnan con colectivos religiosos contrarios a nuestros derechos para consultarles nuestra ley, algo que, en el pasado, ya ha hecho la Junta», continúa el comunicado. «Si la ley que quiere promover la Junta recoge, como ya han dicho, el 70% de nuestro texto, ¿cuál es el 30% de nuestros derechos que no se van a recoger? ¿Qué colectivo o derechos se van a quedar fuera?», añade. En este sentido, la FECyLGTB+ se muestra especialmente preocupada por la posibilidad de que un texto recortado y descafeinado perjudique especialmente a las personas trans y a los menores.

«No vamos a volver a caer en lo que sucedió la anterior legislatura, en la que estuvimos reuniéndonos con la Junta años para que al final, tras reunirse con colectivos religiosos, cambiasen de opinión y bloqueasen nuestra ley. Vamos adelante con la proposición de ley presentada con el texto acordado con Ciudadanos, PSOE, Podemos y UPL en la anterior legislatura, por supuesto, abierta a negociar debatir y enmendar con todos los grupos y que esperamos se discuta hasta su aprobación final en las Cortes. Es lo mínimo que merecemos tras cuatro años luchando por sacar adelante esta ley. Esperamos que se esté a la altura y se deje de una vez a un lado protagonismos, trabas, bloqueos, el interés electoral y la búsqueda de medallas y, simplemente, se apoyen nuestros derechos e igualdad tras el debate democrático», ha declarado el presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero.

Estaremos atentos a lo que sucede…

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Castilla y León, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Equo, FECyLGTB, Francisco Igea, Ignacio Paredero, IU, Podemos, PP, PSOE, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés

Rayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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Lamentable episodio el ocurrido este miércoles en Aguilar de Campoo, al norte de la provincia de Palencia, cuya alcaldesa (del Partido Popular) ordenó retirar con una grúa una bandera arcoíris que el grupo de Izquierda Unida había colocado en una ventana del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Tanto Chiguitxs LGTB+ Palencia como la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) han condenado lo sucedido, que consideran “un ejercicio de diversexfobia institucional”. Lo cierto es que el gesto ha atraído la atención sobre esta provincia, una de las menos pobladas de España.

La bandera había sido colocada en la ventana del despacho del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la tarde del martes, con motivo de la celebración, este miércoles 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Un gesto que no gustó a la alcaldesa popular, María José Ortega, que ante la negativa del concejal de IU, Alberto García, a acudir al despacho a retirarla, decidió nada más y nada menos que enviar un camión-grúa a hacerlo desde el exterior. Un momento que fue inmortalizado en una fotografía que el coordinador general de IU en Castilla y León, José Sarrión, difundía en Twitter:

El PP acaba de enviar un camión a retirar la bandera del Orgullo del despacho de IU en Aguilar de Campoo, Palencia. pic.twitter.com/Reb7lHj0yU

— José Sarrión Andaluz (@jsarrionan) 28 de junio de 2017

Un momento bochornoso que ha sido justificado por la alcaldesa con el argumento de que la colocación de la bandera “carecía de autorización”. María José Ortega negaba que se tratase de un gesto homófobo, algo que no comparten ni el colectivo palentino Chiguitxs LGTB+ Palencia ni la FECyLGTB+ que han emitido un comunicado conjunto en el que califican la retirada de la bandera de “un claro ejercicio de homofobia, de diversexfobia institucional, una autentico desprecio a la diversidad sexual y de género, realizada utilizando recursos públicos para ello y vulnerando la autonomía y los espacios de un grupo político”.

Chiguitxs LGTB+ ha querido recordar además que ya el año pasado se solicitó desde el colectivo la colocación de la bandera de la diversidad sexual y la alcaldesa se negó expresamente a hacerlo. “Esta retirada es un retroceso de veinte años, una clara homofobia institucionalizada. Por eso exigimos que la presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular desautorice este ejercicio de autoritarismo y desprecio a la diversidad sexual por parte de la alcaldesa de Aguilar y diputada provincial”, ha declarado Adolfo Infante, coordinador de Chiguitxs LGTB+. “Es increíble que, a día de hoy, en Castilla y León veamos cómo hay responsables políticos que están dispuestos a todo, incluso a utilizar una grúa municipal para retirar una bandera arcoíris de un espacio de un partido político, para no respetar la diversidad sexual”, ha añadido por su parte Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+.

Se da por cierto la circunstancia de que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo lucía sin problemas un cartel alusivo a las fiestas de San Juan y San Pedro. Un detalle que en las redes sociales no pasaba desapercibido:

Alcaldesa del PP de Aguilar de Campoo y diputada provincial #Palencia celebra #Orgullo2017 retirando bandera arcoiris del despacho de IU pic.twitter.com/ldHziaMHdx

— IU Palencia (@IUPalencia) 28 de junio de 2017

El gesto de la alcaldesa de Aguilar de Campoo protagonizaba este jueves, por cierto, el debate del pleno de la Diputación Provincial de Palencia, de la que María José Ortega forma parte, y en la que precisamente se aprobaba por unanimidad de todos los grupos una moción de apoyo al colectivo LGTBI. El portavoz de Ganemos Palencia, Félix Iglesias, hacía entrega a Ortega de una bandera arcoíris:

La alcaldesa de Aguilar, muy educadamente, la ha recibido con un par de besos y ha asegurado que en el futuro se colocará en el Ayuntamiento si así se aprueba, mencionando el hecho de que en otros pueblos de Palencia gobernados por el PP sí ha ondeado la bandera arcoirís. Sorprendente “buenrrollismo” cuando el día anterior había ordenado movilizar un camión-grúa para retirar la bandera que representa los derechos del colectivo que ahora asegura apoyar…

Lo cierto es que el tiro puede haberle salido por la culata a la alcaldesa de Aguilar de Campoo y a los homófobos palentinos. Lo sucedido en este pueblo, con gran eco a nivel nacional, ha puesto aún más en valor el hecho de que en otras localidades de la provincia (como Herrera, Paredes, Venta de Baños o Villamuriel) sí que haya ondeado la bandera arcoíris:

Los Ayto. de Villamuriel, Venta de Baños, Paredes, Herrera lucieron la bandera ArcoIris en este #28J #DiversidadSexual en el medio rural. pic.twitter.com/dlEwa2lDr5

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

En la propia capital provincial, Palencia, el pasado miércoles tenía lugar la primera concentración con motivo del Orgullo LGTBI, con una asistencia más que apreciable para ser la primera vez en una ciudad de su tamaño, como podemos apreciar en las fotos que Chiguitxs LGTB+ ha difundido en redes:

Algunas fotacas del orgullo de Palencia. ArcoIris de la diversidad sexual y de género para combatir la #Diversexfobia #Orgullo2017 pic.twitter.com/cCCRAmf2sH

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

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Transexualidad, Educación, Salud y Seguridad son temas centrales en la Ley.

Está basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura.

 Todas las capitales de provincia y decenas de otros municipios de la comunidad, han instado a la Junta de Castilla y León a aprobar la ley.

 La Junta de Castilla y León expresó durante el debate del estado de la región su voluntad de aprobarla.

Organizaciones LGTB+ de Castilla y León han presentado en las Cortes regionales, donde además se han reunido con representantes de todos los grupos políticos, su propuesta de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, sobre cuyo borrador ya informamos hace unas pocas semanas. La propuesta tiene como base una ley muy similar que fue promovida en Extremadura por el Partido Popular y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño.

Tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado en tiempos recientes su voluntad de aprobar un ley de este tipo. El hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley así.

La propuesta de ley que han presentado los colectivos, basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura, tiene como objetivo “garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual y de género” y sus principios son, entre otros, la Igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, y la prevención de la discriminación y la desigualdad.

Para los colectivos castellano-leoneses, “existe una necesidad urgente de trabajar para eliminar la desigualdad social de la diversidad sexual, especialmente en temas como la transexualidad, la educación, la sanidad, la diversidad familiar o la seguridad”, temas centrales en la propuesta presentada este viernes. “Castilla y León es la comunidad del Estado con menor número de matrimonios del mismo sexo por población debido a su alto nivel de envejecimiento y a su ruralidad, dificultando de manera extrema el avance del respeto a la diversidad sexual, lo que hace a juicio de los colectivos que esta ley no sea solo necesaria, sino imprescindible”, expresan estos colectivos en un comunicado. Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo.

Respecto a la transexualidad, por ejemplo, el proyecto apuesta por el reconocimiento del derecho a la identidad sexual libremente manifestada, por una legislación integral para la salud de las personas transexuales así como por el reconocimiento y protección de los menores trans. En el ámbito de salud, persigue garantizar de manera integral las necesidades de las personas transexuales dentro del sistema de salud público, completando el protocolo de atención sanitaria ya existente. “Además, se apostará por eliminar las cirugías de asignación de sexo arbitrarias en bebés de los que no se conoce su identidad sexual, siempre que se garantice la salud del recién nacido. También se garantizará el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas con capacidad gestante y para terminar se avanzará en un protocolo de atención ginecológica que garantice la correcta atención a las mujeres lesbianas y bisexuales”, explica el comunicado.

En el plano educativo, la propuesta apuesta por un plan integral sobre educación y diversidad sexual y de género que proteja de manera especifica a los menores víctimas del odio a la diversidad sexual (diversexfobia), articulando un protocolo para evitar el acoso y proponiendo dos asignaturas optativas, una sobre derechos humanos y otra sobre sexualidad.

Respecto a la seguridad, el proyecto busca reforzar y potenciar las medidas de prevención, detección y sanción de cualquier conducta discriminatoria o cualquier forma de delito de odio, tanto en las empresas, a través de los planes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de la implementación del Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio. La ley, si se aprueba en los términos en los que desean los colectivos, promoverá sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas que vulneren los derechos de las personas LGTB+.

No hay razones políticas para que el proyecto no prospere…

Tal y como está conformada en la actualidad la cámara regional y en la actual coyuntura política no debería haber problemas para que el texto resulte aprobado. En las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés. Y el PP, recordemos, fue el partido que promovió, con el acuerdo de los colectivos LGTB, la ley extremeña en la que se basa este texto. También ha dado su visto bueno a leyes similares aprobadas más recientemente en Baleares y Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Estaremos atentos a la tramitación parlamentaria.

“Esta propuesta de ley es la culminación de muchos años de trabajo en la calle de los colectivos, en una comunidad dura, durísima con la diversidad sexual. Solo venimos a proponer lo que muchas otras comunidades como Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares o Valencia ya han aprobado y lo proponemos aquí, precisamente donde es más necesario. Es hora de que Castilla y León se ponga al día con el respeto de la diversidad sexual. Hace mucha falta”, ha declarado Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+. “Desde Fundación Triángulo Castilla y León consideramos fundamental apostar claramente por la educación sexual que incluya la diversidad sexual y de género, en un marco que permita el autoconocimiento y el respeto por los derechos humanos de cara a vivir en sociedad atendiendo a la diversidad. Todo ello implica el respeto por la identidad del alumnado y la prevención del acoso escolar por motivo de orientación o identidad sexual”, ha expresado por su parte Yolanda Rodríguez, miembro del patronato de Fundación Triángulo Valladolid.

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Organizaciones LGTB de Castilla y León han elaborado un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que tienen previsto presentar a la Junta de Castilla y León para su tramitación. La propuesta está inspirada en la ley que en marzo de 2015 fue aprobada en la vecina Extremadura, con la mirada puesta en lo que allí sucedió: aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos en una cámara en la que el también gobernaba el Partido Popular.

Hay que tener en cuenta que tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo. Parece que el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley de este tipo.

Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo. El texto, como mencionamos antes, adopta como modelo la Ley de Igualdad Social de Extremadura, promovida en su momento por el gobierno de José Antonio Monago y que aborda también en su articulado la realidad de las personas transexuales. No obstante, incluye mejoras que han sido tomadas de leyes aprobadas más recientemente en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Recordemos que en las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés.

“Este borrador, este texto valiente, es un paso adelante más hacia conseguir la Ley de Igualdad Social LGTB+ que llevamos pidiendo en la calle varios años. Y ya estamos cerca de lograrlo”, ha señalado Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, ha declarado por su parte Pepa Tascón, su vicepresidenta.

Fuente Dosmanzanas

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El colectivo salmantino Iguales ha denunciado públicamente tres agresiones a mujeres, bisexuales y lesbianas, ocurridas en una sola noche, en el curso de una fiesta organizada por los colectivos Iguales e Iguales USAL en un local no específicamente LGTB+. Una de las agresiones se acompañó además de lesiones físicas.

Los hechos, aunque hechos públicos ahora, ocurrieron en la madrugada del viernes 30 de septiembre, en el marco de una fiesta organizada por Iguales e Iguales USAL (esta última asociación universitaria) en un local “no específicamente LGTB+”. Las tres agresiones fueron contra mujeres. Dos de ellas ocurrieron por separado, a dos chicas activistas de Iguales. La tercera fue a una pareja de chicas. Los agresores, en todos los casos, fueron varones que las acosaron sexualmente e incluso en uno de los caso las agredieron físicamente.

“En uno de los casos, una pandilla de cinco hombres acorralaron a una activista e intentaron forzarla para recibir un beso; en otro de ellos directamente besaron a otra activista contra su voluntad”, relata el comunicado de Iguales. “En el último de los casos, el más grave, la pareja fue agredida físicamente por un grupo de cinco hombres a la salida del bar, tras ser expulsados del mismo por los propios trabajadores del local por sus intentos continuos de acoso sexual a esta pareja”, continúa el texto. Esta última agresión ocurrió a la altura de la Plaza del Mercado de la capital salmantina, acabando la pareja con varios hematomas en brazos y piernas. En palabras de una de las agredidas, “nos estaban esperando en la puerta al salir”.

Por el momento, ninguna de las agresiones ha sido denunciada ante la policía, según expresa el comunicado de Iguales, por una mezcla de miedo e indefensión. De hecho, según relata telefónicamente a dosmanzanas el secretario de Iguales, Ignacio Paredero, las propias agredidas tardaron varios días en poner en conocimiento de la asociación la verdadera naturaleza de los hechos ocurridos. En este sentido, Iguales recuerda que “solo uno de cada diez delitos de odio contra la diversidad sexual son denunciados ante la policía” y que “a día de hoy, la implementación del protocolo contra delitos de odio es claramente insuficiente”.

En cualquier caso, con independencia de lo que decidan hacer finalmente las víctimas, Iguales ha querido denunciar públicamente lo sucedido. En palabras de Enrique Blanca, vicepresidente de Iguales, “es inadmisible que grupos de chicos acosen sexualmente a chicas lesbianas y/o bisexuales en un espacio seguro, una fiesta por la diversidad sexual”. “La sociedad salmantina debe tomar conciencia de que, a día de hoy, nos siguen acosando y agrediendo por nuestra orientación sexual”, ha declarado por su parte Thide E. Llorente, presidente del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Bifobia, Castilla y León, Delitos de Odio, Discriminación, Enrique Blanca, Homofobia, Ignacio Paredero, Iguales, Iguales USAL, Lesbofobia, Machismo, Salamanca, Thide E. Llorente

La formación contra delitos de odio es fundamental para garantizar la seguridad de las minorías.

La máxima autoridad de la Universidad Católica de Ávila es Jesús García Burillo, que considera que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad.

FECyLGTB+ pide a la Junta de Castilla y León que apoye a su Universidad Pública de Salamanca, como garantía de calidad e imparcialidad científica en la docencia.

 La FECyLGTB+, Federacion Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, considera preocupante para la protección de las minorias que una Universidad católica asuma la docencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de los funcionarios que nos protegen a todas y todos. Una institucion con una ideología religiosa determinada, contraria a la igualdad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, no puede impartir una docencia de calidad, imparcial y científica, que garantice la formación que necesitan los policias para identificar, comprender y proteger a las minorías frente a los delitos de odio.

Queremos recordar que la Universidad Católica de Ávila está encabezada jerarquicamente por el Obispo de Ávila, que considera la homosexualidad como menos legítima que la heterosexualidad llegando a afirmar estar alarmado de que con la aprobación del matrimonio igualitario “la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”. A juicio de FECyLGTB+, una institución encabezada jerarquicamente por alguien que afirma que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, dificilmente podrá impartir la formación necesaria para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de delitos de odio, como recoge el Protocolo de Actuacion para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación , aprobado por el ministerio del interior.

Queremos recordar que en los dos últimos años, el numero de delitos de odio, especialmente las agresiones a la diversidad sexual, no han hecho más que aumentar en España. Es necesario mejorar la implementación del protocolo y promover nuevas medidas contra las agresiones a la diversidad sexual, pero esta concesión a una Universidad con una ideología que no respeta dicha diversidad nos genera, como colectivo, gran inquietud, pues tememos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lejos de avanzar para protegernos de los delitos de odio, sean formados en la creencia de que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, con las consecuencias que ello puede tener para nuestra seguridad.

Para Ignacio Paredero, Presidente de FECyLGTB+ “Una Universidad Católica no puede formar a la policía que nos protege a todos, incluso a los que dicha iglesia considera ilegítimos. Como colectivo LGTB+, que los policías que nos protegen reciban formación de una Universidad encabezada por quien nos considera ilegítimos, sencillamente, nos da miedo”.

Pepa Tascón, vicepresidenta de FECyLGTB+ ha afirmado que “España ya no es que sea aconfesional, es que es multicultural y está poblada por habitantes de diferentes religiones y creencias. Confiamos en que se inste a la Junta de Castilla y León a que la formación de nuestra Policía, la de todos, vuelva a la Universidad pública, neutral y aconfesional”.

Fuente FECyLGTB+

General Ávila, Castilla y León, Cortes de Castilla y León, Daniel Hernández, Escuela Nacional de Policía, España, FECyLGTB, Homofobia, Ignacio Paredero, Jesús García Burillo, Jorge Fernández Díaz, María del Rosario Sáez, Ministerio del Interior, Pepa Tascón, Podemos, Policía, Policía Nacional, PSOE, Universidad Católica de Ávila, Universidad de Salamanca

(FECyLGTB+) La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales denuncia la aprobación ayer en la Diputación de Burgos de una moción, en teoría, en apoyo del colectivo LGTB+, una moción que consideran insuficiente y que constituye una declaración genérica de buenas intenciones vacía de contenido real. Además considera que se desprecia la propuesta que se hizo llegar desde la propia asociación que recogía los siguientes puntos:

1. La implementación de un Plan de igualdad Social LGTB+, con diversas medidas: de reconocimiento, sanitarias, educativas, de seguridad, juventud, mayores LGTB+, transexualidad y culturales.
2. El reconocimiento del 17 de Mayo como día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, abriendo así el 17 de Mayo a la lucha contra la bifobia.  
3. El reconocimiento institucional del 28 de Junio como día de la diversidad y la igualdad del colectivo LGTB+, comprometiendo a la Diputación a visibilizar dicho compromiso colocando la bandera arcoiris durante ese día en la Diputación.
4. Trabajar dentro de los programas de cooperación internacional una línea específica hacia los países donde ser LGTB+ es perseguido con cárcel o pena de muerte.
5. Instar a la Junta de Castilla y León a aprobar una Ley de Igualdad social LGTB+ similar a la aprobada en Extremadura.

Según informan desde la Federación, todas estas reivindicaciones han sido ignoradas y traducidas a una moción vacía de contenido  que es incluso discriminatoria, pues no rechaza la bifobia, no la incluye en el 17 de Mayo, ni se compromete a hacer políticas contra esta discriminación.

Además, la moción está claramente escrita desde el desconocimiento de la realidad LGTB+, permitiéndose realizar afirmaciones como que el acoso escolar a la diversidad sexual es “presumiblemente” alto, despreciando los estudios que existeal respecto e incluso desconociendo el estudio El acoso entre adolescentes en España, basado en un estudio  y encuesta estatal del Ministerio de Educación, que detecta el rechazo a la diversidad sexual como el primer motivo de acoso escolar.

Por todo ello, solicitan a la Diputación de Burgos que rectifiquen una declaración institucional insuficiente, hecha a espaldas de los colectivos, que desprecia las demandas del colectivo LGTB+ de la comunidad y que, además, discrimina explícitamente al colectivo bisexual.

Para Ignacio Paredero, Presidente de FECyLGTB+ “No entendemos por qué la diputación nos ha ignorado ni por qué ha despreciado nuestra propuesta, aprobando en su lugar una moción escrita desde la ignorancia y abiertamente discriminatoria para las personas bisexuales. Enfada profundamente que desde las instituciones se crea que se puede cumplir el expediente de trabajar contra la homofobia, transfobia y bifobia, contra la diversexfobia, sin contar con los colectivos, discriminando a partes del mismo y con declaraciones genéricas apelando a la paz mundial. O hay compromiso explícito, integro, específico y con los colectivos en la lucha contra la discriminación diversexfóbica o no lo hay.”

• Puedes descargar el texto con la moción aquí.

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“Ya he dicho que no voy a cambiar la ley, no está en mi programa electoral. Y por tanto, esa ley de 2005 está en vigor. Lo demás, pues usted misma”. La intervención de Mariano Rajoy respondiendo a preguntas de un grupo de ciudadanos en el programa La Sexta Noche dejó momentos interesantes. El más recordado será posiblemente cuando aseguró que la precariedad laboral “no llega al 1% de las personas que trabajan en España”… Desde el punto de vista estrictamente LGTB, sin embargo, hoy destacaremos su negativa a reconocer como un error la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

La pregunta a Rajoy, explícita y clara, la hizo Andrea García, estudiante de Derecho y Criminología de Valencia. “Señor Rajoy, su partido presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el Partido Socialista en 2005 y que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Hoy por hoy sigue pensando que hicieron lo correcto?”, inquirió a Rajoy la joven, de 19 años.

“El Tribunal Constitucional ya ha fallao [sic], dijo que la ley era constitucional, y yo no he modificado la ley, por tanto la ley de 2005 está en vigor, y no tengo intención de modificarla”, respondió Rajoy, sin contestar a la pregunta que Andrea García le había hecho realmente.

Ante su resistencia, la joven repitió su pregunta, de otra manera. “Entonces… ¿Cree que lo que hicieron no estuvo bien? ¿Cree que las personas de un mismo sexo tienen derecho a casarse?“. “Ya he dicho que no voy a cambiar la ley, no está en mi programa electoral. Y por tanto, esa ley de 2005 está en vigor. Lo demás, pues usted misma…”, le volvió a responder Rajoy, dando por cerrado el tema.

Javier Maroto defiende a Rajoy en Twitter

La negativa de Rajoy a pronunciarse sobre el recurso fue inmediatamente destacada en redes sociales. “Rajoy se niega a reconocer que hizo mal recurriendo el matrimonio igualitario. Hala, la boda de Maroto por el desagüe”, tuiteaba por ejemplo el activista salmantino Ignacio Paredero, en referencia a la asistencia de Rajoy a la boda de Javier Maroto, exalcalde de Vitoria y vicesecretario de Acción Sectorial del PP, abiertamente gay.

Curiosamente, el propio Maroto defendía la actitud de Rajoy en su propia cuenta de Twitter. “No te da vergüenza haberlo invitado a tu boda oyendo a tu jefe?”, le preguntaba un usuario.  “Pero no has oído la respuesta? Ha dicho que no quiere cambiar la ley. A veces pienso que lo que molesta es que haya pasado página”, le respondía Maroto. “Me ha encantado cuando no ha querido contestar si se confundieron al recurrir la ley de matrimonio igualitario…”, le decía otra usuaria. “Está tan claro que se equivocaron como que asumimos la ley como propia desde hace ya años. Vemos juntos el acierto en ello..?”, le respondía Maroto. “Mismos derechos para todos. Pasamos página. Nos dejáis?”, zanjaba el político popular en otro tuit.

Mariano Rajoy, un político tóxico para los derechos LGTB

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005 Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un recurso que no se limitaba a una mera cuestión “nominalista”, como de forma tramposa argumentan incluso los políticos del PP favorables al matrimonio igualitario, como el propio Maroto. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por el PP en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.

Rajoy también encabezó, como líder de la oposición, la negativa de su partido a aprobar una ley de identidad de género, a consensuar una asignatura de Educación para la Ciudadanía que contribuyera a fomentar el respeto a la diversidad familiar, a aprobar una ley de igualdad de trato… Ya siendo presidente promovió la eliminación de la que ya era una descafeinada Ciudadanía; volvió a bloquear una posible ley de igualdad de trato; impulsó el infame Real Decreto 16/2012 que puso fin a la sanidad universal y que los especialistas en VIH/sida no han dejado de criticar; dio cobertura a la decisión del Ministerio de Sanidad de modificar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para excluir a las mujeres sin pareja masculina de la prestación de reproducción asistida (una decisión que por cierto sentencias judiciales posteriores han considerado discriminatoria), de forma que ahora cada comunidad autónoma hace en este campo lo que quiere… Por no hablar de todo lo que simplemente no ha hecho o ha dejado de hacer durante estos años en materia LGTB y de lucha contra el VIH.

Fuente Dosmanzanas

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Nueva agresión de tintes homófobos, esta vez en Salamanca. Ocurrió sobre las 07:00 horas del domingo, según cuenta salamanca24horas, cuando una pareja de chicos regresaba a casa tras una noche de fiesta. Un joven les llamó “maricones” y posteriormente propinó a uno de ellos un puñetazo en la boca. En el forcejeo también resultó herida en un brazo una amiga de la pareja al ser arrojada al suelo.

Según la versión del digital salmantino, las víctimas recibieron atención sanitaria en el Hospital Virgen de la Vega. La Policía Nacional busca al agresor, que huyó del lugar, a partir de la descripción facilitada por las víctimas.

Se trata de la segunda agresión de carácter homófobo ocurrida en Salamanca que salta a los medios de comunicación este año. En enero se conoció otra agresión muy similar: un joven gay y un amigo suyo que intentó defenderlo, que también iban acompañados de una amiga, fueron golpeados por dos individuos que antes les gritaron “maricones” y que escaparon antes de que se personase la Policía. Ambos tuvieron que recibir asistencia sanitaria por heridas y contusiones en el rostro. Uno de ellos precisó un punto de sutura y el otro sufrió fractura nasal.

El colectivo LGTB salmantino Iguales considera, en una nota hecha pública este lunes, que estas dos agresiones de Salamanca, así como otra denunciada en redes sociales por Fundación Triángulo Valladolid, representan solo la punta del iceberg de las agresiones realizadas en Castilla y León, y denuncia lo que considera “irresponsable pasotismo” de las instituciones políticas tanto de Salamanca como de Castilla y León.

“Es por eso que desde IGUALES apoyamos la reivindicación de la FECyLGTB+ [la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más] para Castilla  y León de una Ley de Igualdad Social LGTB+ y, en el ámbito municipal de Salamanca, emplazamos a los grupos políticos a que pongan en marcha las propuestas que las asociaciones LGTB+ les hemos trasladado reiteradamente, entre ellas la implementación por parte de la policía local del protocolo contra delitos de odio que el Ministerio del Interior ha diseñado, que se garantice que durante las fiestas se respete la diversidad sexual y/o de género y que se implemente una Concejalía de Igualdad que incluya un plan integral de actuación por la igualdad, incluida la del colectivo LGTB+”, expresa Iguales. “Las instituciones no pueden quedarse quietas viendo como nos persiguen y agreden como si fuéramos animales. Queremos, de una vez por todas, hechos, leyes y políticas por la igualdad y contra la discriminación”, ha declarado su secretario, Ignacio Paredero.

Un patrón que se repite de forma preocupante

Lo decíamos hace unos pocos días, al referirnos al incremento de incidentes violentos motivados por el odio a la orientación sexual o a la identidad y/o expresión de género de las víctimas. Al menos en parte, esta apreciación podría estar sesgada por la mayor predisposición a denunciar agresiones que antes se mantenían en secreto, así como por la mayor facilidad, gracias a las redes sociales, para que la información difunda rápidamente. Pero hay hechos incuestionables: según datos del propio Ministerio del Interior (los referidos al año 2014 fueron hechos públicos en abril) la mayor parte de los delitos de odio que se cometen en España lo son por LGTBfobia (513, un 39,9% del total). Y las denuncias fueron en 2014 más numerosas que en 2013. Y como la FELGTB ha recordado en varias ocasiones, según sus datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

En varias de las últimas denuncias, por otra parte, parece apreciarse un mismo patrón: jóvenes LGTB visibles, que tras disfrutar de la noche como cualquier otro de sus coétaneos vuelven a casa y son agredidos al grito de “maricones” al rebasar, a veces por solo unos metros, el espacio de seguridad que proporcionan los locales o las zonas específicas de ambiente. En Madrid, por ejemplo, se han producido varias agresiones en la Gran Vía o en la confluencia de esta con la Calle Alcalá, espacios urbanos muy cercanos a Chueca pero que no lo son propiamente. Casualidad o no, resulta inevitable no pensar que en algunos casos se trate de una violencia organizada.

Sea como sea, la necesidad de un marco legislativo integral tanto contra la discriminación como contra los delitos de odio resulta cada vez más imperiosa. Es cierto que Interior ha desarrollado un primer protocolo de delitos de odio, pero de ahí a que haya una atención eficiente a las víctimas en todo el territorio y por parte de todos los cuerpos policiales dista un largo trecho. Y solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Extremadura, han aprobado hasta el momento legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB dignas de tal nombre (la ley gallega carece de capítulo sancionador). Una legislación a nivel estatal sería sin duda un grandísimo avance, aunque sin un cambio profundo en la composición de las Cortes Generales se nos antoja difícil.

Fuente Dosmanzanas

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