La alcaldesa de Barcelona, en uso de sus atribuciones legales para delegar en otros ediles la celebración de matrimonios, retirará dicha posibilidad a aquellos que se nieguen a casar a parejas del mismo sexo. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido, en este tema, seguir la recomendación del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) y del Consejo LGTBI de Barcelona.

Así les ha sido comunicado en un escrito a todos los cargos electos de la corporación barcelonesa. La decisión de Ada Colau (Barcelona en Comú) tiene lugar después de que, a raíz de un caso de “objeción de conciencia” ocurrido en el año 2014 (cuando el éntonces concejal del PP Óscar Ramírez se negó a celebrar la boda de una pareja de mujeres), Consejo LGTBI de Barcelona y Síndic de Greuges recomendaran al Ayuntamiento que estipulase formalmente que los concejales que tengan algún inconveniente en celebrar estos matrimonios no podrían celebrar matrimonios en ningún caso. “Consideramos que la objeción de conciencia para casar parejas del mismo sexo vulnera los derechos del colectivo LGTBI”, ha explicado, en este sentido, la concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez.

Para quienes no lo conozcan, el Consejo Municipal LGTBI de Barcelona no es precisamente una creación reciente. Se trata de un órgano consultivo y de participación sectorial constituido en julio de 2004, y cuya finalidad no es otra que la de fomentar la igualdad de derechos, las libertades y el reconocimiento social de las personas gais, lesbianas, transexuales e intersexuales. La de la capital catalana fue entonces una iniciativa pionera.. y de hecho lo sigue siendo. Más de once años después, su Consejo Municipal LGTBI sigue siendo una rara avis en el panorama municipal español.

El futuro Centro Municipal de Recursos LGTBI ya tiene local

El Consejo LGTBI de Barcelona tuvo conocimiento de la decisión de Ada Colau durante la sesión plenaria que celebró este jueves 4 de febrero, en el que el Ayuntamiento informó también de la ubicación del futuro Centro Municipal de Recursos LGTBI, una entidad que pretende ser un equipamiento público de atención, información y derivación, pero que también incorporará espacios para que las entidades LGTBI puedan ofrecer servicios especializados. El centro se ubicará en un local municipal situado en la calle del Compte Borrell 22, en el céntrico barrio de Sant Antoni. Se trata de un espacio con planta baja y altillo con una superficie de 1.314 metros cuadrados.

Según ha informado el Ayuntamiento, para decidir el funcionamiento del centro se está llevando ya a cabo un proceso de participación con las entidades LGTBI de la ciudad, que definirá sus roles y futuros servicios, así como las características del espacio y la dinamización. De momento, el local se distribuye en un espacio único y las obras de adecuación se harán según las necesidades que se definen en el plan de funcionamiento.

Insertamos a continuación unas breves declaraciones (en catalán) de la concejala Laura Pérez, explicando ambas decisiones:

Fuente Dosmanzanas

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Karina Araya y Mitzi Negrón fueron golpeadas brutalmente durante la madrugada del 31 de diciembre de 2015. El agresor fue un vecino que irrumpió a su casa mientras dormían.

Un cobarde y brutal ataque recibieron Karina Araya y Mitzi Negrón el pasado 31 de diciembre. Mientras ambas mujeres dormían, uno de sus vecinos consiguió entrar en su hogar por una ventana y sin mediar provocación comenzó a golpearlas.

Mitzi recibió reiterados golpes de puños en su rostro, los que le significaron la fractura de su nariz, mientras que Karina fue pateada en el rostro por este hombre, terminando con su mandíbula fracturada en dos partes, contusiones y moretones en distintas partes del cuerpo, lesiones que fueron constatadas en la comisaría al interponer la denuncia.

Este miércoles la pareja asistió a una audiencia en la Fiscalía Centro Norte a cargo de su causa. En la cita prestaron declaración y entregaron los antecedentes de testigos que aportaron detalles de la agresión que sufrieron por parte del agresor y tiene orden de ser investigado desde el 6 de enero pasado.

Aunque Mitzi y Karina tienen una medida cautelar que contempla rondas de vigilancia periódicas a su hogar, la pareja asegura que no se están realizando: “hasta ahora no las han hecho. Hoy tenemos miedo por nuestras vidas, él está suelto y puede dar con nosotras en cualquier momento. Exigimos que se haga justicia y que este tipo de hechos no queden impunes, ya que afectan tanto la integridad física como emocional”, dijo Karina.

El próximo 19 de febrero deben asistir al Servicio Médico Legal para que este organismo analice la magnitud del daño sufrido durante la paliza.

Para Daniela Santana, directora legislativa de Fundación Iguales, “es necesario que las situaciones de violencia contra las personas LGBT se denuncien. No pueden pasar desapercibidas, ni se puede normalizar ningún tipo de violencia, ni física, ni verbal”.

Fuente Cáscara amarga

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Ampliación de la noticia que publicamos el pasado 15 de enero:

Nuevo -y espantoso- asesinato de una mujer lesbiana en Sudáfrica. El cuerpo de Motshidisi Pascalina, de entre 18 y 20 años, fue encontrado el 18 de diciembre con muestras de haber sido torturada, posiblemente violada, asesinada y horriblemente mutilada.

El asesinato ocurrió en Evaton, localidad del cinturón industrial de Johannesburgo. El cuerpo de Pascalina fue encontrado en un área despoblada, semidesnudo, atado y quemado. según informan medios sudafricanos le habían arrancado los ojos y mutilado los genitales. Sus padres, que no sabían nada de ella desde dos días antes, la identificaron gracias a un tatuaje en la pierna. Representantes del colectivo local Vaal LGBTI se han mostrado absolutamente horrorizados por lo sucedido. “Había aprobado su examen de graduación. La gente la quería. Su familia está destrozada por lo sucedido. En Vaal LGBTI estamos tristes y en estado de shock por la forma en que la asesinaron. Ningún padre merece que asesinen a sus hijos de esa manera”, ha declarado Lindiwe Nhlapo.

Cuatro sospechosos han sido ya detenidos, y aunque aún no han trascendido detalles, todo apunta, por cómo fue encontrado el cuerpo de Pascalina, que la joven ha sido víctima de una de las tristemente conocidas “violaciones correctivas”, una espantosa forma de agresión contra mujeres lesbianas, sobre todo de raza negra, que con frecuencia llegan al asesinato. En dosmanzanas hemos recogido en el pasado diversos casos, como el de Dudulike Zozo, una joven de 26 años violada y asesinada en junio de 2013, encontrada también medio desnuda cerca de su domicilio, con una escobilla de baño introducida en su vagina. Su asesino fue condenado a 30 años de prisión a finales de 2014. No es el único caso que hemos recogido. En agosto de 2014 fue descubierto el cuerpo sin vida de Gift Makau, a quien habían violado, estrangulado e introducido una manguera en la boca. Otros casos han sido los de Patricia Mashigo, de 36 años, apedreada hasta la muerte en abril de 2013; Sihle Skotshi, una jovencísima jugadora de fútbol, asesinada por un grupo de salvajes en noviembre de 2012; una adolescente de solo 13 años violada en mayo de 2011; Noxolo Nogwaza, activista brutalmente violada y asesinada en abril de 2011, o la futbolista Eudy Simelane, también violada y asesinada en el año 2009.

Casos que no son más que la punta del iceberg, al no llegar en todos los casos al asesinato: se calcula que solo en Ciudad del Cabo se producirían cada semana hasta diez violaciones de este tipo. No fue hasta mayo de 2011 que el Gobierno de Sudáfrica decidía crear una comisión para perseguir los crímenes de odio de raíz homófoba, después de que le llegara una petición firmada por 170.000 personas en la que se pedía al Gobierno que tomara cartas en el asunto (una iniciativa promovida por activistas lesbianas locales). Una comisión que sin embargo no parece haber conseguido gran cosa, y cuya pasividad fue denunciada ya en 2013 por los activistas. Ello ocurre, no lo olvidemos, en el país de África con un mayor nivel de protección jurídica de las personas LGTB -gracias a su avanzada legislación en derechos civiles tras el final del apartheid– y en el que en mayo de 2014 conocíamos la noticia del nombramiento de la primera ministra abiertamente lesbiana en la historia del continente.

Fuente Dosmanzanas

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Recogimos la historia hace ya casi tres años: una pareja de mujeres de Oregón denunció a una pastelería por negarse a elaborar su pastel de boda. Su dueño les dijo que sus creencias religiosas le impedían elaborar la tarta para una boda homosexual. La pastelería ha tenido que abonar ahora una multa de 144.000 dólares. Desde 2007 el estado de Oregón prohíbe a los establecimientos comerciales discriminar a los clientes por su orientación sexual o identidad de género.

Aaron Klein, dueño de la pastelería Sweet Cakes en Gresham (Oregón), negó haber insultado a la pareja, pero admitió que había rechazado elaborar el pastel por razones religiosas. “Les pedí disculpas por las molestias ocasionadas y les dije que no servimos a matrimonios del mismo sexo (…) No quise ofender a nadie, es simplemente algo en lo que creo profundamente“, declaró Klein, que se escudó en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para defender su supuesto derecho a “practicar mi religión de la forma en la que yo la veo“.

Han pasado casi tres años, y ahora hemos conocido que el estado de Oregón ha obligado por fin a Aaron y Melissa Klein, dueños de la pastelería, a abonar una multa de 137.000 dólares a Laurel y Rachel Bowman-Cryer, la pareja que fue víctima del episodio discriminatorio. Una cifra que se suma a los 7.000 dólares que ya habían abonado a principios de este mes. El estado de Oregón prohíbe a los establecimientos comerciales discriminar a los clientes por su orientación sexual o identidad de género, y únicamente reconocer exenciones a esta norma a organizaciones religiosas.

La multa, en realidad, les había sido impuesta hace ya seis meses, pero los Klein se habían negado hasta ahora a pagar la multa alegando dificultades financieras, y ello a pesar de haber recaudado más de medio millón de dólares en varias cuentas abiertas para que quienes les quisiesen ayudar pudieran hacerlo. El dinero, no obstante, permanecerá en depósito y no será entregado al matrimonio Bowman-Cryer hasta que la sanción sea firme, dado que los Klein han recurrido la multa ante los tribunales.

Una negativa que desencadenó una gran polémica 

En su momento, la lamentable noticia desencadenó una gran polémica en los Estados Unidos, gracias sobre todo a que los grupos de la derecha cristiana se movilizaron a favor de los pasteleros (ahí está el más de medio millón de dólares recaudado) y desencadenaron una formidable campaña mediática construida en buena parte a base de falsedades para convertir a los pasteleros en una especie de “mártires de la causa cristiana” (un artículo publicado por The New Civil Rights Movement la analizaba con detalle hace unos meses).

También la pareja discriminada recibió innumerables muestras de apoyo. Una de las más celebradas fue el ofrecimiento de Duff Goldman, dueño de la pastelería Charm City Cakes de Baltimore, para elaborar gratuitamente el pastel de boda de la pareja y hacerse cargo de los gastos de su traslado. Goldman es un pastelero conocido en todo el país por haber sido el protagonista de Ace of Cakes, un reality en torno al mundo de la pastelería emitido con gran éxito entre 2006 y 2011 por Food Network, un canal de televisión especializado en alimentación y cocina.

Fuente Dosmanzanas

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Sorprendente portada del diario digital El Español, que en su edición del día 23 titulaba: “Más se arrastra ante la CUP: ofrece banca pública, SMI de 1.000 euros y ayudas a lesbianas”. Que no se alegren nuestras lectoras catalanas: las “ayudas a lesbianas” de las que se escandaliza el El Español como símbolo del “arrastre” de Artur Mas ante la Candidatura d’Unitat Popular para lograr su investidura como presidente de la Generalitat no es un sobresueldo por ser lesbiana. Se trata de algo mucho menos original: “que la sanidad pública se haga cargo de las reproducciones asistidas a mujeres lesbianas o sin pareja masculina, otra reclamación que aparecía en el documento de mínimos de la CUP. El plan prevé una partida de casi 2 millones de euros para este cometido” (así lo describe, ya en el artículo, el propio diario El Español).

El Español es el diario digital que Pedro J. Ramírez ha puesto en marcha tras su salida del diario El Mundo, en el que muchos habían puesto sus esperanzas de ver un medio de centro-derecha capaz de competir en el mundo digital y atraer a lectores críticos. Portadas como la que reproducimos hoy, sin embargo, le acercan más bien al amarillismo de La Razón o de los medios del grupo Intereconomía. Hablar frívolamente de “ayudas a lesbianas” cuando de lo que se trata es de rescatar para las mujeres sin pareja masculina un derecho del que fueron privadas por el gobierno de Mariano Rajoy y que incluso la justicia ha reconocido no puede calificarse más que de amarillismo lesbófobo.

La exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el gobierno cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. El Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en el año 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”. La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque son varias las comunidades autónomas que plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

¿Cristina Cifuentes, una radical de la CUP?

A este respecto, incluso el nuevo gobierno de Cristina Cifuentes en Madrid, seguramente presionado por la sentencia que hace pocas semanas condenó al Hospital Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública, ha decidido incluir esta prestación en la cartera regional.

“La asistencia sanitaria pública debe respetar escrupulosamente el principio de igualdad, independientemente de la condición sexual o circunstancias de los usuarios. Por eso, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid va a incluir en su cartera de servicios complementaria la reproducción asistida para mujeres sin pareja masculina. La ampliación del tratamiento de fertilidad viene a dar respuesta a la necesidad existente en un sector de la población que se estaba viendo discriminado a la hora de recibir este tipo de procedimientos”, escribía Cifuentes en su propio blog el 7 de octubre…

Lo cierto es que la portada de El Español no hace más que abonar la lesbofobia. Reconocer el derecho de las mujeres sin pareja masculina a no ser discriminadas por una sanidad pública que ellas, al igual que el resto de los ciudadanos, contribuyen a financiar con sus impuestos nada tiene que ver con recibir “una ayuda”. Esperábamos más de este nuevo medio…

Fuente Dosmanzanas

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La asociación Promouvoir ha conseguido parar la exhibición de la película «La Vida de Adèle» después de que pusieran una demanda el pasado año 2014 dónde criticaban que el contenido era para mayores de 18 años.

La película de «La Vida de Adélè» se ha encontrado con unos problemas que ciertamente, ya se esperaban después de que quedase denunciada por la asociación Promouvoir, una organización fundada en 1996 y que lucha por la promoción de los valores judeocristianos, a razón del contenido de la película.

La justicia francesa revocó la autorización de distribución a la película La vida de Adèle, del director francés de origen tunecino Abdellatif Kechiche, que se estrenó en 2013 tras ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La película, que narra la historia de amor entre dos chicas (interpretadas por las actrices Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos) e incluye gráficas secuencias de sexo lésbico, llegó entonces a las salas prohibida a los menores de 12 años. Viendo el contenido de la película dónde hay tantas escenas de sexo esto fue criticado por muchos espacios aunque el único que denunció fue la asociación ultracatólica.

La cinta francesa ha sido todo un hito lésbico y aun hoy se habla por todas partes de ella. Ahora, la justicia francesa ha reconocido el fallo y mediante el Tribunal Administrativo de París, se acaba de retirar esa calificación a la película considerando que el Ministerio de Cultura cometió «un error de apreciación». El tribunal exige a su titular, Fleur Pellerin, que le conceda otra clasificación más apropiada respecto a las numerosas “secuencias de sexo entre dos mujeres jóvenes presentadas de manera realista”, que considera susceptibles de “herir la sensibilidad del público joven”, no, supuestamente, por el contenido lésbico sino por el rango de edad . De esta manera, para volver a disfrutar de la cinta en los espacios, tendrán que ponerle una calificación mucho más adecuada es decir, dieciocho años.

Este fallo judicial llega tras la demanda interpuesta en 2014 por la asociación Promouvoir, de perfil ultracatólico y próxima a algunos círculos de la extrema derecha francesa, que estimó que La vida de Adèle no debía ser vista por menores de 18 años. El ministerio francés de Cultura anunció que presentará un recurso contra la decisión judicial ante el Consejo de Estado, última instancia de la jurisdicción administrativa en Francia.

De momento, Promouvoir se apunta un nuevo tanto en la defensa por sus valores. La organización fue fundada en 1996 por el abogado André Bonnet, que militó hasta la década pasada junto al político ultraderechista Bruno Mégret. Este padre de ocho hijos y ferviente partidario de la misa en latín ya había emprendido acciones judiciales para evitar que los menores vean películas como Saw 3D, Nymphomaniac o Love, lo nuevo del director francoargentino Gaspar Noé, que fue recalificada el pasado verano como prohibida a menores de 18 años cuando ya se encontraba en salas comerciales. Los efectos de esta prohibición no son simbólicos, ya que conllevan la retirada de ciertos cine y el descenso del coste de la película de cara a su emisión en televisión.

Bonnet afirma que distintos directores “sin escrúpulos” pretenden “reintroducir la pornografía en los circuitos para el gran público”, según declaró en agosto a la página Allociné. “A menudo, este cine tiene como objetivo confeso participar en la destrucción de las estructuras sociales y familiares en nombre de un libertarismo sin límite”, opinó el abogado. “Tenemos la impresión de que [Bonnet] tiene más influencia que el ministro de Cultura o el CNC [Centro Nacional del Cine]. Es el hombre que decide la clasificación de las películas en Francia”, respondió entonces el productor y distribuidor de Love, Vincent Maraval. Gaspar Noé, por su parte, temió que las acciones de Promouvoir terminen provocando “una autocensura” de los creadores franceses y comparó su “anacronismo absoluto” con “el del Estado Islámico”.

Fundada en 1996 y formada por cerca de 400 miembros, Promouvoir lucha por “la promoción de los valores judeocristianos” y se suele enfrentar a la representación cinematográfica de la homosexualidad, que Bonnet consideró en 2001 “contra natura” y “ligada a la pedofilia, según una correlación estadística”. En 2013, el abogado participó en un mitin contra el matrimonio homosexual en Francia, en la que comparó el texto que lo legalizaba con “el ascenso del nazismo y el marxismo-leninismo”. Su primera gran batalla fue la que ganó, en el año 2000, contra la película ¡Fóllame!, de la escritora (y cineasta ocasional) Virginie Despentes. La justicia obligó a retirar la película de los cines solo dos días después de su estreno. El Ejecutivo francés decidió crear la clasificación “prohibida a menores de 18 años” a consecuencia de aquel fallo judicial.

Fuente Agencias

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Una agente de la Guardia Civil de Fene fue ingresada hace unos días tras dispararse en el estómago con su propia arma. El colectivo LGTB ALAS Coruña ha denunciado un posible caso de acoso homofóbico vivido dentro del cuartel por parte de la víctima, debido a su orientación sexual. Así lo reflejan los dos mensajes que la agente escribió en su muro de Facebook tan solo una hora antes del suceso. En el primero de ellos escribió: “Mi capitán, ha conseguido lo que quiere”. En el siguiente, publicado tan solo unos minutos después, podía leerse: “Que a los que nos gusta nuestro trabajo intenten hundirnos por su homofobia”. 

Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del pasado martes, en la Casa Cuartel de Pontedeume, en La Coruña, donde Vanesa, nombre de la agente, reside con su madre y su mujer, con quien se casó recientemente. Fuentes cercanas a la Guardia Civil confirmaron que la víctima empleó el arma reglamentaria para, según se asume, acabar con su vida.

El colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) Alas A Coruña ha denunciado que «parece bastante probable» que se trate de un caso de acoso homofóbico debido a lo escrito por la agente en las redes sociales como a testimonios de su entorno.

El vicepresidente de esta asociación, David Fuentes, ha denunciado un posible caso de «acoso homofóbico» con una agente de la Guardia Civil de la localidad de Fene, en La Coruña, que se disparó este martes de madrugada. Fuentes ha aludido a lo escrito por la agente en las redes sociales, donde apareció el 7 de diciembre un mensaje diciendo «mi capitán, ha conseguido lo que quiere», unas palabras que, según el activista LGTB, coinciden con testimonios de allegados de la agente. Además, ha recalcado que la guardia civil, que vivía en Pontedeume, y que se había casado recientemente con una mujer, utilizaba el término de «homofobia» en los mensajes que ponía en las redes sociales. Con todo, ha dicho que habrá que esperar «a ver que sale de la investigación» abierta por la Benemérita. «Pero es bastante probable que se trate de un caso de acoso homofóbico», ha insistido.

Cuartel guardia civil Pontedeume

El vicepresidente de ALAS Coruña, David Fuentes, ha señalado a Dosmanzanas que “no tenemos constancia de en qué punto se encuentra la investigación porque lo que se hace público es prácticamente nada”. Según apunta, “hay declaraciones del delegado del gobierno en Galicia indicando que no les consta que haya habido ninguna denuncia interna y que en un entorno así ‘no puede haber acoso’”. En definitiva, “el típico discurso de ‘eso en mi casa no pasaría nunca, ‘¿en mi familia?, ¡jamás!, eso solo le pasa a otros’”. Aunque nos asegura que desde ALAS Coruña han intentado ponerse en contacto con la familia de la víctima “por diferentes vías”, comenta que les ha resultado “imposible”.

Además de la denuncia que la víctima realizó públicamente a través de las redes sociales, Fuentes sostiene que “personas allegadas a la víctima coinciden en la acusación de homofobia”. Así, la propia hermana de Vanesa daba las gracias a través de su perfil en Facebook a todos aquellos que “de una manera o de otra os habéis preocupado por mi hermana y nos habéis expresado vuestras muestras de cariño”. En el mismo mensaje, añadía que “a todos esos hijos de…, sinvergüenzas y homófobos que han conseguido que mi hermana llegara a esto decirles también que, aunque son momentos duros y estamos destrozados, las fuerzas que le faltaron a ella me sobran a mí para luchar por mi hermana”.

Por otro lado, ALAS critica también la manipulación de “ciertos medios” a la hora de informar sobre lo ocurrido y tratar la noticia, por emplear “datos irrelevantes como titulares para desviar la atención de lo realmente importante”. En uno de esos titulares, publicado en un medio local, se pudo leer que “La guardia civil de Fene que se disparó tenía abierto un expediente sancionador“, sin ni siquiera molestarse en hacer explícito el motivo por el cual se le impuso dicho expediente, y como si ese dato restase un ápice de gravedad a la situación de acoso laboral que la víctima podría haber sufrido durante bastante tiempo por parte de un superior. Según hemos podido saber, la agente permanece ingresada en la uci del CHUAC en estado estacionario dentro de la gravedad de las lesiones que presenta.

Por otra parte, se había avanzado que estaban en contacto con otras organizaciones LGTB de Galicia para convocar una concentración conjunta, «posiblemente en Pontedeume», ha explicado sobre el lugar donde la guardia civil, ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), residía. Finalmente, ALAS Coruña convocó este pasado sábado una concentración, a las 17:00 horas, ante la Casa Cuartel de Pontedeume, en apoyo a Vanesa y también de su familia. Además, la agente de la guardia civil está propuesta para la concesión de una medalla por su intervención en la tragedia de la última edición del rally de Cambre, en la que fallecieron un total de siete personas.

Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

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El dueño de la hamburguesería australiana The Beaufort and Ike’s contestó de manera contundente a unos blogueros gastronómicos, que habían ofendido en su crítica al local a dos de sus clientes por considerarlas lesbianas. Los insultos lesbófobos le parecieron impropios de ciudadanos del siglo XXI que residen en una ciudad moderna y cosmopolita como Melbourne. Tras la polémica, los blogueros han decidido cancelar su cuenta en Instagram.

Dave Kerr, dueño de The Beaufort and Ike’s, se sorprendió al encontrar en la red social Instagram una crítica a su establecimiento por parte de un grupo de blogueros autodenominado Burger Bun Day’s (abreviado como BBD), cuyos rostros podéis contemplar en la fotografía de cabecera. Se trata de cuatro amigos que hasta entonces se dedicaban a compartir sus impresiones sobre restaurantes y casas de comidas de la localidad australiana de Melbourne.

Su crítica a The Beaufort and Ike’s era inicialmente positiva, pues alababan sus “sabrosas hamburguesas con panecillos enharinados, suaves como el culito de un bebé”, y calificaban el ambiente del local como de “atmósfera de salón tejano tenuemente iluminado”. Sin embargo, dejaron a un lado la crítica estrictamente gastronómica para comentar lo siguiente:

Mientras esperábamos a que dos chicas dejaran libre la mesa de billar, uno de los miembros de BBD señaló que probablemente eran dos ‘bolleras comecoños’, a lo que otro de los miembros contestó sorprendido ‘sinceramente, creía que eran tíos’.

El comentario lesbófobo fue capturado por el blog Brow Cardigan, desde donde se difundió ampliamente hasta llegar a conocimiento de Dave Kerr. Este no dudó en contestar a la crítica, con indignación no exenta de mordacidad:

Vaya, los viejos Burger Bun Day’s. Un poco de racismo informal y una pizca de homofobia. Pocas veces contestamos así, pero en serio, tíos, coged vuestras mamarrachadas políticamente incorrectas y metéoslas por donde os quepan.

Dicho educadamente, os podéis ir a la mierda. Y tener un poco de respeto. Os habéis criado y vivís en una ciudad cosmopolita… Así que cerrad el pico, imbéciles.

Esperamos que volváis por aquí para serviros una bolsa de gilipollas fritos, con un poco de mayonesa racista y un poco de sal kosher lesbófoba.

La entrada de la crítica en Instagram se llenó de comentarios de protesta hacia los blogueros por su manifiesta lesbofobia, hasta el punto de que intentaron disculparse con estas palabras:

Hola, chicos. Solo queremos decir que lo sentimos de verdad si os hemos ofendido. Lo que dijimos no significa que seamos racistas u homófobos y nos disculpamos sinceramente. Solo queremos dejar claro que no tenemos nada en contra de las lesbianas ni de nadie, pero entendemos que los comentarios se hayan podido tomar como ofensivos…

Sin embargo, poco después, la cuenta en Instagram de Burger Bun Day’s fue borrada por ellos mismos, aunque las capturas que se habían hecho seguían siendo difundidas por la red.

Por su parte, Dave Kerr, el dueño de la hamburguesería, explicaba el motivo por el que había reaccionado de manera tan vehemente:

Fue una respuesta apasionada, sin pararme a pensar, de ahí el lenguaje tan colorido. Me tocaron la moral y les pagué con la misma moneda. Yo no estaba allí en ese momento, pero sabía que estaba defendido a gente a la que conocía personalmente, y que no podía permitir que esos tíos hablasen así de nuestros clientes. Todo el mundo se pasa un poco y dice estupideces, pero estamos en 2015, y esos términos no deberían estar en el vocabulario de nadie que quiera vivir en una ciudad avanzada y cosmopolita como Melbourne.

Fuente Dosmanzanas

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La noticia se conocía este pasado miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una coincidencia que de hecho pone aún más de manifiesto lo espeluznante de la historia. Uno de los dos detenidos habría tratado de mantener una relación con la mujer cuando residía en Quintanar de la Orden (Toledo), pero ella se negó, informándole además de su condición de lesbiana. Ello fue, según asegura la Guardia Civil, el desencadenante del macabro plan.

Los detenidos son J.B.G.P., de 39 años, y S.C.R. de 49, ambos de nacionalidad española. La que iba a ser su víctima estuvo viviendo en Quintanar durante un año, hasta este verano. Tuvo que dejar el pueblo por el acoso que sufría por parte de uno de ellos, que no aceptó verse rechazado por una mujer lesbiana. Fue por ello que, siempre según la versión de la Guardia Civil, urdió un plan para violarla y asesinarla junto al segundo detenido, propietario de varias chatarrerías, que al parecer también conocía a la mujer y al que el primero iba a dar 9.000 euros por ayudarle. El urdidor del plan ya había sido condenado con anterioridad a una pena de diez años de prisión por otra agresión sexual.

Afortunadamente una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Quintanar de la Orden y la Fiscalía de Toledo y llevada a cabo por especialistas de la Guardia Civil desbarató el plan, que incluía la ocultación del cadáver de la víctima en un foso situado en una de las chatarrerías, cuya foto ha hecho pública la propia Guardia Civil:

No podemos sino felicitarnos de que en este caso el macabro plan, que demuestra que también las mujeres lesbianas y bisexuales pueden ser objeto de la violencia machista, no pudiera completarse.

Fuente Dosmanzanas

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Parece increíble que algo así pueda seguir sucediendo en España. Una chica de Alicante tuvo que aguantar que la médica de cabecera que la atendía en su Centro de Salud le dijera, después de que ella le informara de su condición de lesbiana, que “ser homosexual es anormal” y que ello era la razón por la cual las lesbianas “tenéis muchas más enfermedades”.

Aunque ha sido ahora cuando se han conocido los hechos, el incidente ocurrió hace varias semanas. María Eugenia Gieco, de 33 años, acudió a su Centro de Salud para solicitar una consulta con el ginecólogo. La atendió por primera vez una médica que había reemplazado a su médico habitual. Durante la conversación, María Eugenia la puso al corriente de su condición de lesbiana. En ese momento la médica le dijo ”¿sabes que ser homosexual es anormal, verdad?” y añadió que “esa es la razón por la que tenéis muchas más enfermedades relacionadas con ser lesbianas, al ser un hecho anómalo”.

Según ha explicado María Eugenia al diario El Mundo, el comentario de la médica, por inesperado, la dejó “absolutamente bloqueada”. La mujer explica además que ella le comentó que era lesbiana como un aspecto más de su intimidad que sin embargo nada tenía que ver con el motivo de consulta, un problema ginecológico que al parecer arrastra desde que era niña. Sin saber bien cómo reaccionar, María Eugenia pidió a la médica su tarjeta sanitaria y abandonó la consulta. “Lo único que pude decirle fue: ‘te ahorro un turno’. Me sentí absolutamente impotente y no pude evitar llorar”, añade. Más tarde interpuso una reclamación en el servicio de Atención al Paciente del Centro de Salud y pidió, como no podía ser de otra forma, un cambio de médico.

Pero María Eugenia no se ha conformado con una reclamación ordinaria ante la administración sanitaria y ha denunciado lo sucedido al colectivo alicantino Diversitat para su valoración por los servicios jurídicos de la entidad. También ha decidido hacerlo público para defender a otras personas que se puedan encontrar en una situación más vulnerable que ella y tengan la desgracia de toparse con esta médica. “Yo tengo 33 años y estoy segura de quién soy y de mi sexualidad. Pero imagina si lo mismo que me dijo a mí se lo suelta a una chiquilla de 18 años o a alguien que acuda con sus padres o que albergue dudas. Un comentario así la machaca”, ha declarado a El Mundo.

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Alicante, Marisol Moreno (Guanyar Alacant) ha condenado el trato recibido por María Eugenia Gieco, que ha calificado de “vejatorio”, y ha denunciado “la falta de formación de los profesionales médicos en materia LGTBI”.

Demasiados casos…

El de Alicante no es, por desgracia, el primer episodio de lesbofobia en la sanidad pública del que nos hacemos eco. En enero de 2014 un médico de otro Centro de Salud de Torremolinos (Málaga) le espetó a otra chica que la homosexualidad es“antinatural” y le recomendó “hacer excursiones por el campo y reunirse con chicos”. El caso fue denunciado públicamente por COLEGA Torremolinos, sin que hayamos tenido noticia de si el médico fue finalmente sancionado. Meses antes otra denuncia por homofobia presentada por un joven contra una médica de Jaén quedó resuelta tras unas “disculpas mutuas” sin que la Junta de Andalucía impusiera sanción alguna.

No está de más recordar la especial gravedad de este tipo de comportamientos por parte de profesionales sanitarios que se amparan en un argumento de autoridad para divulgar lo que no son más que opiniones particulares desacreditadas por la evidencia científica y contrarias a la lex artis que obliga a todo profesional sanitario. Esperemos que, con independencia de que se presente denuncia ante la justicia, las autoridades sanitarias valencianas tomen cartas en el asunto y abran la correspondiente investigación.

Fuente Dosmanzanas

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Arcópoli pide que se deje de discriminar en materia de reproducción asistida

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz a pagar una indemnización por suspender un tratamiento de reproducción asistida a una pareja de lesbianas.

La Fundación Jiménez Díaz apunta que, en la actualidad, las pacientes están pendientes de iniciar un nuevo tratamiento.

El Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha recurrido la sentencia que condena al centro y a la Consejería de Sanidad a indemnizar en casi 5.000 euros a una lesbiana por haber sido discriminada por su orientación sexual en el acceso a un tratamiento de reproducción asistida.

La demandante consideró que desde el 28 de noviembre de 2014 hasta el pasado 13 de mayo se le interrumpió en la Fundación Jiménez Díaz el tratamiento de reproducción asistida que había iniciado en abril del año pasado y que esto le supuso una violación del derecho a la no discriminación.

Alegó que, aunque se le volvió a citar para el pasado 13 de mayo, esto supuso una demora sin causa justificada que solo se produjo después de que presentara una demanda.

Para la jueza, como no puede establecerse discriminación sexual por razones de la orientación sexual, la mujer tenía derecho a seguir sometida al tratamiento.

Por ello, apunta que aunque «no existía voluntad por la Fundación Jiménez Díaz de proceder a discriminarla por su orientación sexual», la discriminación «de hecho se produjo» hasta abril de 2015, cuando la llamó igual que a otras personas a las que por distintos motivos se les había comunicado que estaban excluidas por aplicación de la orden del Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, el centro ha avanzado que ha recurrido la sentencia al considerar que la actuación del centro se limitó a aplicar «solo en un primer momento», puesto que después el proceso de reproducción asistida se reanudó, una normativa estatal vigente. La Fundación Jiménez Díaz ha recalcado que la propia sentencia deja claro «no existía voluntad por la Fundación de proceder a discriminar a la actora por su orientación sexual» ni «mala fe».

El hospital destaca además que, pensando en el beneficio de las pacientes, y pese a estar aún a la espera de recibir instrucciones de la administración sobre la adaptación de la norma estatal a la cartera de servicios de la Comunidad de Madrid, en abril el centro decidió citar a las pacientes para iniciar un segundo tratamiento, que se llevó a cabo.

A través de un comunicado, Arcópoli se ha mostrado muy satisfecha con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que ha condenado tanto a la Comunidad de Madrid como al Hospital que suspendió las técnicas de reproducción asistida a una pareja de mujeres por ser lesbianas. La magistrada Ofelia Ruiz afirma en la sentencia que a la demandante se la discrimina “por su condición sexual”.

Desde esta organización han lamentado que por falta de competencia, «la sentencia no condene también al Ministerio de Sanidad, que es quien primero dictó la Orden Ministerial claramente homófoba». Sin embargo, se felicitan por que la magistrada aclare que «ante la Ley de Reproducción Asistida que cumple los valores de la Constitución y la Orden Ministerial que vulnera el principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual, el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería haber hecho prevaler la ley».

Esta sentencia va en consonancia con la reivindicación que Arcópoli exigió a la presidenta Cristina Cifuentes en campaña electoral y que ésta negó por aclarar que debía estar en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad. Asimismo, en una reunión entre Arcópoli y el Consejero de Presidencia, «también se lo exigimos y en el borrador de la ley anti discriminación proponemos que se siga el modelo de referencia extremeño, donde viene prohibido discriminar a mujeres lesbianas y bisexuales en las técnicas de reproducción asistida».

La secretaria general de Arcópoli, Izpia Batres, ha reclamado que “la Comunidad de Madrid debe dejar de ampararse en que la competencia es del Ministerio de Sanidad y ofrecernos a las mujeres lesbianas y bisexuales las mismas posibilidades en las técnicas de reproducción asistida que a las mujeres heterosexuales, si no, como ha dicho el Tribunal, estaría siendo homófoba”.

Fuente Agencias y Arcópoli

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La activista LGTBI ugandesa Kasha Nabagesera ha sido galardonada con el premio Right Livelihood 2015. El jurado destacó “su valentía y persistencia, a pesar de la violencia y la intimidación, en trabajar por el derecho de gais y lesbianas a una vida libre de prejuicios y persecuciones“, en un acto celebrado este jueves en Estocolmo. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Parlamento sueco.

Kasha Jacqueline Nabagesera nació en Kampala, capital de Uganda, hace 35 años. Fue expulsada de varias escuelas, y a punto estuvo de serlo de la universidad en la que estudiaba para ser contable en 2002, por su condición de mujer lesbiana. Este incidente la motivó a convertirse en una activista de derechos humanos a los veintiún años y, tras varios cursos de derecho internacional en derechos humanos y una pasantía en una organización LGTBI sudafricana, decidió fundar la ONG Freedom and Roam Uganda (FARUG) en 2003. Después de diez años al frente de la organización, Nabagesera decidió dejar el cargo de Directora Ejecutiva de FARUG para centrar sus esfuerzos en la construcción y promoción de la comunidad LGTBI.

Desde que comenzase su andadura en el activismo, Nabagesera ha participado en diversos encuentros y congresos internacionales, hablando de la difícil situación que viven en su país las personas LGTBI. Su labor le ha reportado reconocimiento y diversos galardones. Pero también le ha traído más de un quebradero de cabeza. Sin ir más lejos, tras participar en el Foro Social Mundial de Nairobi 2007, fue acosada y amenazada en varias ocasiones. Sin desanimarse, continuó su lucha por la aceptación del colectivo LGTBI en su país. En 2011 recibió el Premio Martin Ennals de Derechos Humanos, y en 2013 logró el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg.

Nabagesera ha sufrido agresiones verbales y físicas en multitud de ocasiones, lo que le obliga a ocultar su rostro y esconderse con frecuencia. Estos días, apenas puede salir de casa pero, a pesar de ello, se muestra optimista y ve el lado positivo de esta situación: la gente ya no puede negar la existencia de gais y lesbianas en Uganda. “Estoy muy, muy esperanzada con el movimiento en Uganda. Incluso cuando algunos se van, otros vienen a bordo”, señala. La activista ugandesa tiene pensado seguir viajando por toda África, como embajadora de una nueva confianza dentro del movimiento LGTBI: “el reto está ahí, pero también registramos algunos éxitos que nos mantienen en la lucha”, dice. Cabe recordar que las relaciones homosexuales son ilegales en Uganda, país donde además reina una fuerte homofobia social.

Activismo y batalla judicial

Nabagesera es una de las pocas activistas en Uganda que ha participado en el proceso judicial para avanzar en los derechos de la comunidad LGTBI. Cuando un tabloide ugandés publicó los nombres y fotos de supuestos gais y lesbianas, ella fue una de las tres personas que denunció al periódico ante los tribunales y ganó el juicio. Y no solo eso. Cuando en 2012 el Ministro de Ética cerró un taller en el que participaban varias organizaciones LGBTI, con la excusa de que tales reuniones eran ilegales, Nabagesera formó parte del grupo que demandó al ministro por violar su libertad de reunión. Este y otros episodios contribuyeron a cambiar la opinión pública de una parte de la sociedad ugandesa, que comenzó a tomar conciencia de que las personas homosexuales también poseen derechos constitucionales. La activista es también miembro del Comité directivo de la Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law, que engloba a más de sesenta organizaciones ugandesas que colaboran para detener el progreso de la ley antigay vigente en el país.

En agosto de 2014, nos hacíamos eco de la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de anular la ley aprobada en diciembre del año anterior por el Parlamento de ese país y que endurecía el trato penal a las personas homosexuales, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua, y castiga a las personas y organizaciones que les presten ayuda o soporte. Nabagesera fue una de las diez personas que presentaron una petición contra esa ley.

Pero además, Nabagesera decidió vengarse de la cruzada antigay llevada a cabo en su país en los últimos cuatro años, a través de varios medios de comunicación locales que contribuyeron a la intimidación y el acoso de las personas LGTBI, proporcionando sus datos personales y avergonzándoles. Por ello, a finales de 2014 decidió contraatacar lanzando Bombastic, una nueva revista de 72 páginas publicada y distribuida de forma privada. En ella, se pueden encontrar ensayos, historias personales y poemas escritos por gays, lesbianas, bisexuales y transexuales ugandeses, algunos de ellos utilizando seudónimos. La creación de la revista ha permitido a la activista poder sentarse y dialogar con funcionarios del gobierno. Nabagesera también ha puesto en marcha una web, Kuchutimes, donde se ofrece información y acceso a la revista.

Premios Nobel: activistas LGTB no, homófobos sí

Resulta, cuando menos llamativo, que en toda su historia el Premio Nobel de la Paz “oficial” jamás haya sido concedido a alguien que luche en favor de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. En cambio, sí ha premiado a homófobos, como el ex presidente de Polonia Lech Wałęsa, ganador del Nobel en 1983 y que en una entrevista concedida en 2013 no dudaba en afirmar que los diputados homosexuales debían sentarse “en la última fila, e incluso más allá, al otro lado de la pared”. Para rematar, Wałęsa añadió que era “de la vieja escuela” y que no pensaba cambiar. “Entiendo que hay gente diferente, diferentes orientaciones y que tienen derecho a su identidad. Pero que no cambien el orden establecido desde hace siglos. No quiero ni oír hablar de eso. Que lo hagan entre ellos y que nos dejen en paz a mí y a mis nietos”, añadía. Y en 2011 una de las ganadoras del Nobel de la Paz fue la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, que solo unos meses después se posicionó en contra de la despenalización de la homosexualidad en su país, declaraciones que luego matizó.

Este año, las apuestas señalan a Angela Merkel como una de las grandes favoritas al Nobel de la Paz, por su gestión en la crisis de refugiados. La canciller alemana ha manifestado públicamente su posición contraria a la adopción homoparental y al matrimonio igualitario. “Para mí el matrimonio es entre hombre y mujer”, ha señalado en más de una ocasión.

Fuente Dosmanzanas

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Importantísima sentencia de Ofelia Ruiz Pontones, magistrada del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, que ha condenado por daños patrimoniales y morales al Hospital Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública.

Lo contábamos hace pocas semanas. Tania y Verónica (nombres simulados, puesto que desean mantener hasta donde sea posible su anonimato) demandaron al Ministerio de Sanidad, a la Consejería madrileña de Sanidad y a la Fundación Jiménez Díaz por obstaculizar su acceso a la prestación de reproducción asistida (como consecuencia directa de la decisión del gobierno del PP de retirarla a las mujeres sin pareja masculina). La pareja consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la vida privada y familiar y a la protección de la salud reproductiva.

La exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el gobierno cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. El Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en el año 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”. La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque son varias las comunidades autónomas que plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

En el caso de Tania y Verónica, ellas ya habían comenzado el tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz (Tania se había sometido a un primer ciclo, sin conseguir embarazo). Un mes después de la publicación de la orden ministerial, la pareja fue informada de que quedaba excluida. Tras formalizar sus quejas y presentar la demanda, en mayo de 2015 la clínica les informó de que reevaluaría la situación, y de hecho reiniciaron el tratamiento, pese a lo cual la pareja, asistida por Women’s Link Worldwide, mantuvo la demanda.

Sentencia clara: esta excusión es discriminatoria

La sentencia sobre el caso, conocida hoy, considera que la Ley 14/2006, que establece con carácter general qué personas tienen acceso a este tipo de tratamientos, y que no discrimina por razones de orientación sexual, es de rango superior a la mencionada orden ministerial, que por jerarquía normativa no puede contradecir a aquella. El fallo condena a hospital y Consejería a indemnizar a la pareja con 4.875 euros en concepto de daños patrimoniales y morales, aunque deja fuera de la condena al Ministerio de Sanidad, al considerar que este no es el que tiene la competencia en la prestación de la asistencia sanitaria. “El hecho de que se dicte una Orden por un Ministerio y que se esté o no de acuerdo no puede enjuiciarse en este procedimiento”, explica el fallo, que concluye que “se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora a no ser discriminada por su orientación sexual”.

La sentencia ha sido celebrada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que la considera “un espaldarazo” a la denuncia pública que desde la publicación de la orden ministerial impulsada por Ana Mato ha venido defendiendo esta y otras organizaciones LGTB otras organizaciones: la exclusión de las mujeres sin pareja varón de la reproducción asistida es discriminatoria. en palabras de su portavoz, Isabel Gómez, “la igualdad y la no discriminación están por encima de la cerrazón de algunos miembros de este Gobierno que han querido imponernos un modelo único de familia. El Ministerio de Sanidad debe arreglar este desaguisado rápidamente y mientras tanto las Comunidades Autónomas que no lo estén haciendo deben volver a ofrecer los servicios a todas las mujeres, sin importar su orientación sexual o estado civil, o estarán contraviniendo la ley”.

También Women’s Link Worlwide ha mostrado su satisfacción. ”La decisión supone una victoria para todas las mujeres que quieren acceder a este tipo de tratamientos (…), sin importar si tienen pareja masculina y sin importar su lugar de residencia”, ha declarado Glenys de Jesús, su directora legal. “El espíritu de la sentencia no deja lugar a dudas sobre la necesidad de derogar o no tener en cuenta una ley de rango inferior que además es claramente discriminatoria”, ha añadido.

Puedes consultar la sentencia completa pinchando aquí.

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Ampliamos la noticia que adelantamos hace unos días…

Salvando enormes distancias, Francia ya tiene su “Kim Davis”, solo que en lugar de cristiana evangélica es musulmana… y de izquierdas. Un tribunal de Marsella ha condenado a cinco meses de prisión a Sabrina Hout, consejera del Partido Socialista francés en el sector 8 de Marsella, que no quiso celebrar el matrimonio de Claude y Hélène, una pareja de mujeres, debido a sus reservas sobre el matrimonio igualitario, haciéndose sustituir por otro concejal no habilitado para dicha función. La pareja vio como su matrimonio era anulado por defecto de forma y tuvo que celebrar un segundo enlace.

El 14 de agosto de 2014 Sabrina Hout, consejera delegada de familia del sector 8 de Marsella (el único de la ciudad gobernado por la izquierda) celebró cuatro matrimonios entre personas de distinto sexo. Cuando llegó el turno de Claude y Hélène, desapareció del lugar y se hizo sustituir por otro consejero de distrito al no querer celebrar una boda entre dos mujeres. Sin embargo, este consejero no estaba habilitado legalmente para celebrar bodas, por lo que Sabrina Hout sí que firmó la documentación pese a que en ningún momento vio ni escuchó a las contrayentes, algo absolutamente  ilegal. La ”mascarada” urdida por Hout (así la ha calificado el tribunal) tuvo como consecuencia la anulación del matrimonio, lo que obligó a  Claude y a Hélène a celebrar una segunda boda meses después.

Ahora la justicia francesa condena a Sabrina Hout a una pena de cinco meses de cárcel en régimen de libertad condicional (no llegará a ingresar en prisión, por tanto) además de una indemnización de 1.200 euros a cada una de las dos esposas como reparación del perjuicio moral causado. El tribunal ha fijado también el pago de una indemnización (que puede considerarse simbólica) de 150 euros a las organizaciones SOS Homophobie y Mousse, que se habían personado como acusación. El tribunal, de hecho, se ha mostrado más duro con la condenada que la fiscalía, que solamente solicitaba tres meses de prisión. “Resulta imperativo que todo ciudadano, con independencia de su edad, minusvalía, raza, opiniones políticas, y por supuesto su orientación e identidad sexual, no tenga duda de la neutralidad del servicio público y de la lealtad republicana de cargos electos y funcionarios”, ha señalado el tribunal, que ha considerado probada la intención de Hout de discriminar por razón de orientación sexual en el ejercicio de sus funciones públicas.

El fallo del tribunal ha sido bien recibido por las asociaciones LGTB que se habían personado en el proceso, SOS Homophobie y Mousse, que consideran que sienta un adecuado precedente para casos similares que puedan darse en el futuro. En ese sentido, el “affaire Hout” ha causado cierta sorpresa en Francia, dado el perfil de izquierda de la condenada. “En la lucha a favor del matrimonio para todos, las asociaciones esperaban tener que vérselas con heterosexuales católicos, machistas y fachas, y de repente tenemos enfrente a una mujer joven, de izquierda, soltera, moderna y musulmana”, declaraba al inicio del proceso Philipe Vouland, abogado de la pareja damnificada. Sabrina Hout, por su parte, negó durante el juicio ser homófoba, aunque reconoció ser creyente musulmana y admitió tener reservas sobre el matrimonio igualitario, que la llevaron a eludir la celebración de la boda mediante una triquiñuela. De ahí que, como decíamos al principio, se trate de una historia distinta a la de Kim Davis, en tanto no se ha tratado de una oposición pública y militante sino de una chapucera reserva personal.

Cabe destacar que Samia Ghali, alcaldesa del sector 8 de Marsella y senadora socialista (ella misma hija de padre musulmán y madre judía) destituyó a Sabrina Hout como delegada de familia tras conocer lo sucedido y en señal de desagravio quiso celebrar ella misma la segunda y definitiva boda de Claude y Hélène el 14 de febrero de 2015.

Fuente Dosmanzanas

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Un matrimonio de chicas, de 27 y 31 años, ha denunciado una agresión de tintes lesbófobos ocurrida el 21 de junio en Cuchía (localidad costera de Cantabria), donde residen desde hace cuatro años, a manos de un joven que se encontraba de vacaciones en el lugar. Una de las agredidas sufrió lesiones en un ojo. Los hechos están denunciados pero a día de hoy todavía no se han abierto diligencias.

Lo cuenta con detalle El Diario Montañés. La pareja se encontraba en su chalé. Sobre las nueve y media de la noche, al bajar una persiana, una de ellas vio como un joven (de unos 27 años, según el relato de las víctimas) estaba en casa de su vecina provocando un altercado. “Había roto el cristal de la ventana y en ese momento había tirado un tiesto al suelo, mientras la insultaba y gritaba”, asegura. Sin dudarlo, salió de la vivienda y pidió al chico que se tranquilizara. “Tú cállate, tortillera de mierda, y métete en casa que te mato”, le respondió este. “Salí corriendo hacia mi casa pero se me había cerrado la puerta y no podía entrar. Entonces vino corriendo hacia mí, y me lanzó a la cara la sangre que le chorreaba por la mano”, prosigue la chica.

En ese momento salió su pareja, a la que en un primer momento el agresor le dijo “A ti no te pego, que eres mujer”. Esta le hizo saber al joven que era la pareja de la chica a la que estaba insultando. En ese momento el agresor le dio una patada en la pierna, la tiró al suelo y la golpeó brutalmente, al tiempo que le metió un dedo en el ojo con la intención, según las denunciantes, de sacárselo. La aparición de un familiar del agresor puso fin al incidente. “Los padres del chico, que estaba de vacaciones, viven a cien metros de mi casa, pero nunca hemos tenido problemas”, señala una de las víctimas. “Aquí todo se sabe y al mes de llegar una mujer mayor me dijo que ya nadie veía mal que dos chicas estén juntas. Es la abuela del chaval que nos dio la paliza”, añaden. “Lo que más me entristece es la cara de odio que puso el chaval. Yo pensaba que este tipo de conductas habían cambiado, sobre todo en gente joven, pero veo que no es así”, cuenta la chica que al principio se dirigió al joven.

Las dos chicas fueron atendidas en un primer momento en el Hospital de Sierrallana, en Torrelavega. La agredida en el ojo fue remitida al Marqués de Valdecilla, en Santander, por una úlcera corneal. Al día siguiente presentaron la denuncia. El asunto se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Torrelavega, donde diversas trabas burocráticas lo han mantenido en el limbo (al parecer el atestado de la Guardia Civil no llegó al juzgado y tuvo que ser reclamado por la funcionaria, tras lo cual el titular se fue de vacaciones y no ha regresado hasta esta semana). De hecho la pareja, anteel retraso, ha contactado con la FELGTB y esta lo ha hecho con Alega (la Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria) en busca de soporte. Alega se ha dirigido a la Fiscalía Superior de Cantabria para dar cuenta de un supuesto delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas.

Fuente Dosmanzanas

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La conocida intérprete de la serie «Orange is the New Black» ha hablado en una entrevista sobre cómo es la situación de muchas lesbianas masculinas en la sociedad y sobre la idea de ostracismo que se le impone.

A estas alturas de la película suponemos que la actriz Lea DeLaria no necesita presentación alguna y es que pertenece al elenco interpretativo de la famosa serie de «Orange is the New Black» dónde da vida a Boo, una de las presas más reconocidas de la cárcel de esta producción de Netflix.

Al margen de quién es DeLaria y por qué la conocemos todos, lo cierto es que nos ha resultado bastante interesante unas últimas declaraciones que ha hecho a la prensa sobre la realidad de las lesbianas masculinas en la sociedad a las cuáles, se las sigue discriminando incluso, dentro de los propios grupos de lesbianas.

DeLaria no solo ha hablado de las Butch lesbians sino que además, ha contado parte de su propia historia y también de por qué le entusiasmó de primeras la idea de hacer el personaje de Big Boo por el que todos la conocemos.

La chica ha hablado de la historia de Boo y de cómo de alguna manera en un principio se sintió muy identificada con ella. No obstante, y aunque asegura que le costó mucho trabajo, DeLaria dice que tuvo en todo momento el arropo de su familia y de sus amigos más allegados pero que esto por lo general, no es así.

La discriminación existe de muchas maneras y la actriz ha querido hacer referencia a esta manera en la que se hace un vacío a las lesbianas Butch con las que ella se siente muy identificada y está buscando que la historia cambie de alguna forma.

Fuente PinkNews, vía Universogay

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El pasado mes de abril nos hacíamos eco de la denuncia por discriminación homófoba presentada por una pareja de mujeres contra la cafetería Store Café de Barcelona. Una entrada en la que hacíamos también referencia a la versión de los responsables del local, que reconocían que sí se pidió a las denunciantes que modificaran su actitud “inapropiada” pero sin que en ello tuviera que ver con su orientación sexual. Es por eso que consideramos de máximo interés publicar el comunicado de prensa emitido por el Observatorio contra la Homofobia –entidad que respaldaba la denuncia– en el que su presidente, Eugeni Rodríguez, hace una serie de aclaraciones que suponen una rectificación de la versión que inicialmente dieron las denunciantes.

Reproducimos literalmente el comunicado:

Rectificaciones sobre la presunta discriminación lesbòfoba en el STORE CAFÉ de Barcelona, el 25 de abril de 2015:

1.- Que el 27 de marzo de 2015, D. Eugeni Rodríguez Giménez, Presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, recibió a dos mujeres que aportaron una denuncia ya interpuesta ante el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya contra el STORE CAFÉ, sito en C/ Travessera de Dalt, 25-27 de Barcelona, por una presunta discriminación por ser una pareja de lesbianas, afirmando que habían sido expulsadas del local por haberse intercambiado entre sí muestras de afecto.

2.- Que ante la convicción que los hechos relatados por las denunciantes eran ciertos y en pro del compromiso con la defensa de los derechos LGTBI, en abril 2015 se difundió la noticia a los medios de comunicación y a las redes sociales, señalando el establecimiento en el que se habían –supuestamente– producido los hechos, sin dar a conocer la identidad de las denunciantes.

3.- Que días después, a instancias de la dueña del STORE CAFÉ, D. Eugeni Rodríguez Giménez pudo escuchar su relato de los acontecimientos y visionar el vídeo de los hechos, que recoge el momento posterior a que el camarero se acercara a las dos mujeres, puesto que hasta ese momento las cámaras no enfocaban a la pareja, pero sí se puede ver que desde el momento inmediatamente posterior a que el camarero hablara con ellas hasta el momento en que las dos mujeres abandonan el local pasaron unos 20 minutos. Antes de irse las mujeres se intercambian muestras de afecto y no se observa en ellas ninguna incomodidad.

4.- Que ante todo ello, y sin prejuzgar la veracidad de una versión u otra, sí que es de justicia matizar que también cabe que la denuncia de la pareja de lesbianas se aparte de la verdad y los hechos afirmados no se correspondan con la realidad.

5.- Que a fin de preservar el correcto desarrollo y estricta aplicación de la normativa antidiscriminatoria en pro de los derechos de LGTBI, es razonable rechazar la utilización indebida de la misma, en el caso de que ello se produzca.

Siendo que en el momento de hacer declaraciones ante los medios de comunicación, este quien suscribe, no contaba con las dos versiones de los hechos, procede hacer las precisiones que preceden como forma de rectificación, dado que se difundieron por los medios de comunicación los cortes más perjudiciales para el prestigio del STORE CAFÉ, descontextualizándolas y obviando las matizaciones de respeto a la presunción de inocencia del personal del referido establecimiento.

Eugeni Rodríguez i Giménez
President de l’Observatori Contra l’Homofòbia

Fuente: Dosmanzanas

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La copresentadora de Hable con ellas dio un paso al frente en el programa para dar a conocer que su pareja es una mujer. Ahora, Sandra Barneda ha contado lo duro que es en algunos círculos reconocer que no es heterosexual.

«Parece que hemos normalizado todo, pero no es así. Yo nunca me he ocultado, nunca he mentido. Otra cosa es que haya que ir por ahí dando explicaciones sobre la condición sexual de cada uno. Yo creo en la normalidad«, comenta en la entrevista realizada para la revista Glamour sobre cuando en el programa que presenta, Hable con ellas, habló sobre su pareja.

Incluso llega a desvelar que ha perdido algún trabajo por ser lesbiana: «He perdido algún trabajo. Insisto, todavía falta terreno por recorrer. Y, sobre todo, para los homosexuales es duro llevar el subtítulo. Hablas tranquilamente de tu condición, y en segundos te están poniendo la etiqueta. ¡Vale, soy lesbiana, pero también soy muchas otras cosas!«.

Además, la presendora también habla de la, muchas veces, titánica labor que tiene al moderar un programa político. Sandra Barneda tiene que saber calmar los ánimos cuando el ambiente se enturbia. Porque los temas políticos siempre crispan y más con la crisis que atravesamos. No obstante, la presentadora siempre ha sabido moderar los debates que se crean.

Fuente Cáscara Amarga

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Los asesinatos ocurrieron hace más de uno año, cuando Britney y su novia Crystal, ambas de 24 años de edad, fueron encontradas sin vida y abandonadas dentro de un basurero en Houston, Estados Unidos.

Las autoridades acusaron a James Cosby, de 47 años, tras encontrar evidencia de una gran cantidad de sangre en su habitación, además de un arma faltante, la cual encajaba en la descripción de la encontrada junto a los cuerpos de las víctimas.

Los resultados de la autopsia mostraron que Britney murió a causa de un fuerte traumatismo en la cabeza, y Crystal, que tenía una hija de 5 años de edad, murió por una herida de bala.

Cosby fue liberado de prisión en octubre de 2013 por un caso relacionado con el abuso sexual a una joven de 22 años, tras lo cual, su hija y su novia le habían permitido que viviera con ellas en su casa.

La madre de Britney dijo a los medios de comunicación que James estaba muy enfadado por la homosexualidad de su hija: «Me dijo un par de veces que no le gustaba la idea de que fuera lesbiana. Pero, como le dije, no hay nada que pudiéramos hacer al respecto. ‘Eso es lo que es'».

Fuente Cáscara Amarga

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Una nueva biografía apunta que Whitney Houston era bisexual, o al menos, que al igual que se le conoció relaciones con hombres, también las tuvo con mujeres. Se trata de ‘Whitney & Bobbi Kristina: El precio mortal de la fama’ (‘Whitney & Bobbi Kristina: The deadly price of fame’), escrita por la periodista canadiense Ian Halperin y que recoge la vida de la protagonista de ‘El Guardaespaldas’ así como de su hija, la cual está en coma desde enero.

Uno de los capítulos que más han dado de qué hablar ha sido el de su orientación sexual, y en el que Halperin apunta que en 1992 Whitney fue chantajeada para que no trascendiese una relación que habría sido un escándalo para la época, y más teniendo en cuenta que fue entonces cuando se casó con Bobby Brown.

El chantajista fue un abogado que afirmaba tener “conocimiento de detalles íntimos de las relaciones románticas de Whitney Houston”, y pedía 250.000 dólares a cambio del silencio. Lo que podría parecer un rumor sin fundamento (recordemos que por ejemplo a Marlene Dietrich se la relacionó con Imperio Argentina en un libro), la autora lo ha podido documentar gracias a la Ley de Libertad de Información acceso a documentos del FBI, si bien no se indica exactamente cuáles eran las relaciones, pero todo apunta a que fue un romance lésbico entre Whitney Houston y Robyn Crawford, su amiga y asistente, algo que fue muy rumoreado por aquel entonces.

Sobre cómo se solucionó este chantaje, todo indica que sí se llegó a un acuerdo de confidencialidad, en el cual intercedió el padre de la artista, John Houston, aunque no se dice ni si se pagó dinero ni cuánto. Y es que al parecer, el padre estaba al tanto de este idilio sentimental, y de hecho, uno de sus mayores temores era que Robyn pudiese irse de la lengua y hacer pública esta historia de amor lesbiana; sin embargo, no lo hacía con buenos ojos, y la obra recoge que John dijo a Kevin Ammons, un antiguo guardaespaldas de la cantante y refiriéndose a Crawford: “Tenemos que hacer algo respecto a esa jodida puta. Está arruinando a mi familia y volviendo a todo el mundo loco”.

Fuente Ragap

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