Obispo Sanctus Lino Wanok

Un obispo de Uganda utilizó una liturgia del Miércoles de Ceniza para condenar la homosexualidad, pocas semanas después de que el Papa Francisco denunciara las leyes de criminalización que siguen vigentes en ese país.

Monitor informó sobre el obispo que hizo los comentarios negativos LGBTQ en su homilía para marcar el comienzo de la Cuaresma:

“En Lira, el obispo de la diócesis católica de Lira, Rt Rev Sanctus Lino Wanok, hizo un llamado a los cristianos que atraen a las personas hacia la homosexualidad para que utilicen esta temporada de Cuaresma para el arrepentimiento y busquen las bendiciones de Dios.

“Dijo que Dios no puede bendecir lo que él considera pecado, y que la Iglesia Católica no aceptará la homosexualidad.

“‘No atraigas a nadie al pecado de la homosexualidad ya que no es humano; es la muerte, de la cual la humanidad debe arrepentirse. Dios quiere la salvación para esa persona y esa persona puede salvarse si la liberamos de eso”, dijo el obispo Wanok.

“El obispo Wanok dijo que la homosexualidad es inaceptable y que la Biblia la condena, pero dado que se promete la salvación para todos, incluidos los homosexuales, deben arrepentirse de tales actos. . .

“‘Es algo realmente vergonzoso, se están burlando de la Iglesia al decir que queremos bendiciones para nuestra unión. Esa burla debe cesar, de lo contrario, es una ofensa a Dios como nuestro creador’, explicó”.

En otro lugar, el encuadre de la homosexualidad en una perspectiva de derechos humanos fue condenado por el P. AGabito Arinaitwe de la Parroquia Católica de los Mártires de Uganda, quien sugiere: “Es hora de que nos alejemos de nuestras malas acciones y volvamos al Señor”. Monitor también informó sobre varios obispos y sacerdotes anglicanos que hicieron comentarios aún más duros sobre las personas LGBTQ+.

A principios de este mes, Global Network of Rainbow Catholics (GNRC) emitió una declaración de preocupación por la represión del gobierno de Uganda contra los grupos LGBTQ+, que puede despojar a unos 22 grupos de su estatus de organización no gubernamental. Los líderes de la GNRC dijeron que “el buen trabajo social y pastoral” de grupos como Freedom and Roam Uganda (FARUG) está “siendo desmantelado por el gobierno de Uganda”.

Marianne Duddy-Burke, una de las copresidentas de GNRC, comentó:

“FARUG y grupos similares han trabajado incansablemente para cuidar a algunas de las personas más vulnerables de Uganda durante muchos años. Apoyamos de todo corazón sus esfuerzos para cuidar a nuestras hermanas, hermanos y familiares LGBT+, especialmente aquellos que han sufrido violencia o han sido expulsados de sus hogares”.

Chris Vella, otro copresidente, declaró:

“El hostigamiento, las limitaciones a su derecho de asociación y su derecho a trabajar para y en nombre de las personas LGBT en su país son inaceptables. Hacemos un llamado al respeto fundamental de los derechos humanos”.

La situación de las personas LGBTQ+ en Uganda es grave. Las relaciones entre personas del mismo género siguen siendo ilegales, con una pena potencial de cadena perpetua, y la violencia y la discriminación anti-LGBTQ+ son comunes. Dado que alrededor del 40% de los ugandeses son católicos, la iglesia institucional continúa influyendo en la política y la cultura de la nación. Pero los líderes católicos tienen un historial preocupante de apoyo a la criminalización, incluidos los esfuerzos para fortalecer los castigos en 2014.

El Papa Francisco ha dejado claro este año que la Iglesia Católica se opone estridentemente a las leyes de criminalización. En comentarios menos informados, sugirió que los obispos con actitudes LGBTQ negativas deben someterse a un “proceso de conversión” y centrarse en tratar a las personas homosexuales con la misma “ternura“. . .[que] Dios tiene para cada uno de nosotros.”

La retórica utilizada por el obispo Wanok y otros clérigos para hablar sobre la homosexualidad no solo es inaceptable, es inconsistente con lo que la iglesia realmente enseña y la visión inclusiva que este Papa tiene para la iglesia. La Cuaresma es de hecho un tiempo para alejarse del mal y volverse hacia Dios. El obispo Wanok, el padre Arinaitwe y otros clérigos ugandeses con actitudes similares deberían alejarse de la homofobia y acercarse a los derechos humanos de las personas homosexuales.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 25 de febrero de 2023

Fuente New Ways Ministry

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Cristianos Gays

Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Chris Vella, Diócesis de Lira, Freedom and Roam Uganda (FARUG), Global Network of Rainbow Catholic (GNRC), Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Marianne Duddy-Burke, Miércoles de Ceniza, Sanctus Lino Wanok, Uganda

El arzobispo retó a la Iglesia de Inglaterra a salir de la «Comunión Anglicana» por su, según él, alejamiento de la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio y les puso como ejemplo de fidelidad el testimonio de los mártires católicos ugandeses.

La Iglesia Anglicana de Uganda ha condenado enérgicamente a la Iglesia de Inglaterra por su aceptación y bendición de las uniones entre personas del mismo sexo.

En una carta publicada el 10 de febrero, el arzobispo de la Iglesia de Uganda, Stephen Samuel Kaziimba, respondió a la reciente votación de la Iglesia Anglicana de Inglaterra aprobando la bendición litúrgica de las uniones del mismo sexo, una decisión alabada por el arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, quienes afirmaron en una declaración conjunta: «Por primera vez, la Iglesia de Inglaterra acogerá públicamente, sin reservas y con alegría a las parejas del mismo sexo en la Iglesia».

Criticando la decisión como un intento de apaciguar a ambas partes en el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo proponiendo una contradicción, el arzobispo Kaziimba dijo que la Iglesia de Inglaterra ha «decidido permitir que el clero presida bendiciones de uniones del mismo sexo y han aprobado oraciones y liturgias suplementarias para tales ocasiones. A la Iglesia de Inglaterra se le da muy bien hacer declaraciones contradictorias y esperar que todo el mundo crea que ambas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Eso es lo que han hecho con esta decisión».

Kaziimba continuó: «La única diferencia significativa entre una boda y un servicio de “bendición” es la terminología utilizada. La Iglesia de Inglaterra insiste en que no está cambiando su doctrina sobre el matrimonio. Pero, en la práctica, están haciendo precisamente eso».

Distanciando a la Iglesia de Uganda del cambio efectivo de doctrina, Kaziimba insistió: «Pero, lo que quiero que sepan es que, si parece una boda, y suena como una boda… ES una boda».

Reiterando que la condena de la sodomía está contenida en las Escrituras, el arzobispo expuso la concepción cristiana tradicional del matrimonio, la familia y la moral sexual.

Declaró: «Desde la primera página de la Biblia en el libro del Génesis hasta la última página de la Biblia en el libro del Apocalipsis, está claro que el diseño de Dios para el florecimiento humano es que formemos parte de una familia – una familia que se define como un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio para toda la vida y, si Dios quiere, una unión que produzca hijos. La Palabra de Dios ha dicho que el único contexto para las relaciones sexuales es en el contexto de un matrimonio de un hombre y una mujer».

Y continuó:

«Dado que el matrimonio de por vida y exclusivo entre un hombre y una mujer es el único contexto para las relaciones sexuales, la Biblia califica de pecado cualquier otro tipo de relación sexual. Ya sea adulterio, o fornicación, o poligamia, o relaciones homosexuales. Todas son pecado y todas nos separan de Dios.

Eso significa que dormir con tu novia o tu novio antes del matrimonio es pecado.
Eso significa que, si estas casado y tienes un «segundo plato», eso es pecado.
Eso significa que, si tomas una segunda o tercera esposa, eso es pecado.
Eso significa que, si te involucras en relaciones homosexuales, eso es pecado».
Dios no puede bendecir lo que llama pecado

El arzobispo afirmó que la Iglesia de Uganda se mantendría fiel a la enseñanza bíblica sobre «el matrimonio de por vida y exclusivo entre un hombre y una mujer», negándose a aceptar o bendecir los “pecados sexuales”. Condenó a la Iglesia de Inglaterra por apartarse de esta enseñanza diciendo: «Nuestro mensaje es el mensaje de la Biblia, que es: ‘Vete y no peques más’. La Iglesia de Inglaterra, por otra parte, se ha apartado de la Biblia y su nuevo mensaje es el mensaje opuesto de la Biblia. Ahora dicen: “Ve y peca más”. Incluso ofrecen bendecir ese pecado. Eso está mal. Como Iglesia de Uganda no podemos aceptarlo. Dios no puede bendecir lo que llama pecado».

A continuación, el arzobispo recordó el testimonio de los mártires católicos ugandeses,: «Todos conocemos la historia de los mártires de Uganda, que se negaron a mantener relaciones homosexuales con sus líderes. Se mantuvieron firmes en su fe cristiana y fueron martirizados por ello. No podemos traicionarlos a ellos ni a nuestro Señor Jesucristo. No traicionaremos la Palabra de Dios ni Sus caminos. La Biblia nos dice que sólo Jesús es ‘el camino, la verdad y la vida’, y que es el mismo ‘ayer, hoy y siempre’».

El arzobispo retó entonces a la Iglesia de Inglaterra a salir de la «Comunión Anglicana» por su alejamiento de la enseñanza De la Iglesia sobre el matrimonio. Declaró: “Ahora queremos preguntar a la Iglesia de Inglaterra: ‘¿Tenéis la integridad de salir de la Comunión Anglicana porque os habéis apartado de la fe anglicana? Dios os llamó a predicar un Evangelio de arrepentimiento y fe. En vez de eso, eres como Jonás. Has desobedecido y corres en dirección contraria».

«Rezamos para que se arrepientan», continuó el arzobispo. «Y, si se niegan a arrepentirse, entonces les pedimos que tengan la integridad de formar su propia Comunión de Canterbury porque lo que creen no es anglicanismo y no es la fe una vez entregada a los santos. Si quieren llevar a toda su Iglesia al vientre de una ballena, son libres de hacerlo; después de todo, somos Provincias Anglicanas autónomas. Nosotros pensamos que es una mala idea, pero ellos son libres de hacerlo. Pero NO son libres de arrastrar a toda la Comunión Anglicana con ellos. La Comunión Anglicana NO es una extensión de la Iglesia de Inglaterra».

A continuación, el arzobispo advirtió a todos los ugandeses contra los intentos de los grupos pro-homosexuales de captar niños en la escuela. Rechazando la táctica de la promesa y el señuelo del dinero, Kaziimba declaró: «Ahora que nuestros hijos han vuelto a la escuela, cuidado con las organizaciones gays bien financiadas que están reclutando a nuestros hijos para la homosexualidad. No sólo en Kampala, sino en todo el país. Apuntan a nuestra pobreza y prometen dinero a nuestros jóvenes».

«Mis compatriotas ugandeses: no podemos servir a Dios y a las riquezas», declaró. «No podemos servir a Dios y al dinero. No perdáis vuestra alma porque penséis que vais a ganar el mundo entero gracias al dinero que os ofrecen. No pienses que puedes aceptar el dinero, pero no caer en su trampa. Es mentira; te están explotando con ese dinero».

Volviendo de nuevo a las Escrituras, el arzobispo concluyó: «La Biblia dice: ‘Resistid al diablo y huirá de vosotros’. Así que di: ‘No’. Hoy estoy aquí para declarar: ‘En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor’». La Cámara de Obispos está unida en esto. La Asamblea Provincial está unida en esto: «En cuanto a mí y a la Iglesia de Uganda, serviremos al Señor’»

Fuente LifeSiteNews

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Anglicana Bendiciones de parejas del mismo sexo, Comunión Anglicana, Homofobia/Transfobia, Iglesia Anglicana, Justin Welby, Stephen Cottrell, Stephen Samuel Kaziimba, Uganda

Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

Los funcionarios del gobierno y los líderes religiosos están provocando una histeria anti-queer en Uganda al perpetuar la afirmación falsa, ignorante y peligrosa de que las personas LGBTQ+ en el país están “reclutando” niños.

por Luis de Barros

Los funcionarios del gobierno y los líderes religiosos están provocando una histeria anti-queer en Uganda al perpetuar la afirmación falsa, ignorante y peligrosa de que las personas LGBTQ+ en el país están “reclutando” niños.

Annet Kezaabu, presidenta del Comité de Control Anti-Pornográfico de la Dirección de Ética e Integridad, habría advertido que los miembros de la comunidad LGBTQ+ están apuntando a las escuelas para “reclutar, preparar e iniciar” a los niños en la homosexualidad.

Según los medios de comunicación ugandeses, abrumadoramente acríticos, afirmó que estos niños son “reclutados” para este “vicio” a través de obsequios y dinero que les ofrecen las personas LGBTQ+.

Annet Kezaabu,

Las afirmaciones de Kezaabu se hacen eco de las del arzobispo de la Iglesia de Uganda, Stephen Kaziimba Mugalu, que se incluyeron en su mensaje de Navidad, entregado recientemente en Kampala.

“Quiero alertar a todos los estudiantes, padres y maestros de que hay personas malas que intentan atraer a los niños a la homosexualidad prometiéndoles dinero y patrocinio”, dijo Mugalu.

“A aquellos que están reclutando niños para la homosexualidad, quiero hacerles una advertencia muy fuerte. Estas no son mis palabras, sino las palabras de Jesús: ‘Si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños… más le valdría que le colgasen al cuello una gran piedra de molino de asno y que lo hundieran en lo profundo del mar.’”, afirmó.

Mugalu pidió al gobierno que “establezca un sistema simple mediante el cual los niños puedan denunciar a estas personas a las autoridades pertinentes, quienes pueden investigar y tomar las medidas apropiadas”.

En respuesta a las palabras profundamente irresponsables del arzobispo, el defensor LGBTQ+ de Uganda, el Dr. Frank Mugisha, escribió que el clérigo anglicano estaba utilizando a las personas LGBTQ+ como chivos expiatorios.

Este insulto ‘homofóbico‘ no solo amenaza sino que también pone a esta comunidad ya vulnerable en peligro mortal.

“No sorprende que estos ataques se produzcan al final del año, cuando se supone que los feligreses deben pedir la rendición de cuentas anual. Las personas queer serían la pista falsa perfecta, ya que el tema evoca tanto la ignorancia como la emoción. Idealmente, es una opción para cualquiera que esté buscando un renacimiento de relaciones públicas”, dijo Mugisha.

Señaló que los sentimientos de Mugalu “no son simplemente palabras de cualquier Tom, Dick o Harry. Son palabras elegidas selectivamente por una persona en una posición de autoridad que tiene tanta influencia”. Mugisha agregó: “Este insulto ‘homofóbico’ no solo amenaza sino que también pone a esta comunidad ya vulnerable en peligro mortal”.

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, o SMUG. (Foto de archivo)

La creencia de que las personas LGBTQ+ son depredadores de niños se utiliza para demonizar y perseguir a la comunidad queer. Se basa en la creencia errónea de que la homosexualidad es un comportamiento desviado aprendido que se puede “enseñar” a otros. (La homosexualidad es, de hecho, una atracción romántica y sexual que es innata en algunos individuos y es una variación normal de la sexualidad humana).

Esta narrativa, ampliamente promovida por grupos religiosos estadounidenses de derecha en África, también pinta los esfuerzos para garantizar la igualdad de derechos humanos para las personas LGBTQ+ como una conspiración global para “corromper” y “reclutar” niños.

Es este pensamiento equivocado e incuestionable lo que ha ayudado a que Uganda sea una de las naciones más autoritarias del mundo en lo que respecta a la comunidad LGBTQ+. La legislación de la era colonial que penalizaba la intimidad entre personas del mismo sexo permite que el estado castigue a cualquiera que sea declarado culpable del “delito” con cadena perpetua.

El parlamento del país ha intentado en repetidas ocasiones promulgar leyes anti-LGBTQ+ aún más opresivas, pero hasta ahora estos esfuerzos han fracasado. En agosto del año pasado, las autoridades cerraron las operaciones de Sexual Minorities Uganda (SMUG), un grupo de derechos LGBTQ+ líder en el país.

– Luiz De Barros, editor de MambaOnline.

Fuente MambaOnline

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El Gobierno de Uganda ha suspendido las actividades de SMUG (Sexual Minorities Uganda), la principal organización de defensa de los derechos de las personas LGTBI.Utilizando un subterfugio legal, la administración ugandesa trata de acallar cualquier voz que se oponga a la persecución de las minorías sexuales, en un país donde las relaciones homosexuales están castigadas con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Según Frank Mughisa, director ejecutivo de SMUG, la suspensión está dictada por grupos homófobos y tránsfobos que se han infiltrado en la administración ugandesa.

El pasado 3 de agosto, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Uganda se puso en contacto con la organización SMUG para ordenarle el cese inmediato de sus actividades por no estar registrada como ONG. Según Stephen Okell, supervisor de la agencia gubernamental, SMUG estaba funcionando «ilegalmente».

Sin embargo, SMUG emitió un comunicado en el que informaba de cómo fue rechazada su solicitud de inscripción debido a que consideraron que su nombre, que hacía referencia a las minorías sexuales, era «inapropiado». Esa negativa fue recurrida ante los tribunales, que corroboraron la decisión de la agencia.

El comunicado de SMUG es el siguiente:

Declaración sobre el cese de las actividades de Sexual Minorities Uganda por parte de la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales

El miércoles 3 de agosto de 2022, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, el organismo gubernamental que regula las ONG en Uganda, suspendió las actividades de Sexual Minorities Uganda por no estar registrada en la Oficina de ONG.

Cabe señalar que en 2012, Frank Mugisha y otros solicitaron a la Oficina de Servicios de Registro de Uganda (URSB), en virtud del artículo 18 de la Ley de empresas de 2012, el registro del nombre de la entidad propuesta. En una carta fechada el 16 de febrero de 2016, la URSB rechazó la solicitud de registro del nombre «Minorías Sexuales de Uganda» por considerar que dicho nombre era «indeseable y no registrable que la empresa propuesta se constituya para defender los derechos y el bienestar de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y queer, que se dedican a actividades etiquetadas como actos delictivos en virtud del artículo 145 de la Ley del Código Penal». Una decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Uganda.

La negativa a legalizar las operaciones de SMUG, que buscan proteger a las personas LGBTQ que siguen sufriendo una gran discriminación en Uganda, fomentada activamente por líderes políticos y religiosos, fue un claro indicador de que el gobierno de Uganda y sus organismos son inflexibles y tratan a las minorías sexuales y de género ugandesas como ciudadanos de segunda clase. Esto compromete aún más los esfuerzos para exigir mejores servicios sanitarios y agrava el ya de por sí inestable ambiente para la comunidad LGBTQ.

«Se trata de una clara caza de brujas arraigada en la homofobia sistemática que está alimentada por los movimientos antigay y antigénero que se han infiltrado en las oficinas públicas con el objetivo de influir en la legislación para borrar a la comunidad LGBTQ».

Frank Mugisha, activista gay ugandés.

El articulo 145 del Código Penal al que se refería la URSB es el que castiga las relaciones homosexuales con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Existe, además, un proyecto de ley para endurecer aún más esas penas, aprobado por el Parlamento de Uganda en mayo de 2021, que fue devuelto por el presidente Yoweri Museveni para solventar algunos problemas de procedimiento, pero que aún está en trámite parlamentario.

SMUG, como coordinadora y proveedora de amparo legal ha sido decisiva en que los tribunales ugandeses hayan sido renuentes a aplicar el artículo 145, obligando incluso a que la policía utilice subterfugios como el incumplimiento de las medidas de protección contra la epidemia de la COVID-19 para efectuar redadas y detenciones masivas. También fue quien logró que los tribunales impidieran la publicación de listas de personas LGTBIpara su escarnio social. Un miembro destacado de SMUG fue el recordado activista David Kato, que fue brutalmente asesinado en su domicilio en 2011.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos LGTBI, como Council for Global Equality, OutRight Action International y Pan Africa ILGA han condenado firmemente la suspensión de las actividades de SMUG. Por su parte, en su cuenta de Twitter, SMUG ha compartido un mensaje contundente: «Volveremos».

We shall be back. #stillweshallrise pic.twitter.com/gpGMbeJyWv

— Sexual Minorities Uganda | SMUG (@SMUG2004) August 5, 2022

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Homofobia/Transfobia, LGTBIfobia, Sexual Minorities Uganda, Stephen Okell, Uganda, Yoweri Museveni

Continúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Demandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Coronavirus, Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Kampala, LGTBIfobia, Nansana, Rebecca Kadaga, Sexual Minorities Uganda, Tortura, Uganda, Violencia policial, Yoweri Museveni

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

La comunidad LGBT + de Uganda se encuentra entre las más perseguidas del mundo. Un nuevo grupo de defensa, Pride Uganda, está luchando por el cambio.

En enero de 2021, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, declaró que los homosexuales son “desviados”, al tiempo que niega la simple verdad de su realidad. “No los matan”, afirmó, “no son arengados, no son perseguidos”.

Museveni habló en medio de la peor violencia política que Uganda ha visto en décadas, en el período previo a una elección presidencial en la que él y otros aprovecharon la homofobia para ganar votos. En una manifestación, Museveni afirmó que grupos LGBT + extranjeros habían financiado protestas (en realidad por el arresto de su rival) que terminaron en violencia policial y la muerte de 50 personas.

Contrariamente a las afirmaciones de Museveni, las personas LGBT + son el objetivo habitual de la policía, la represión del gobierno y un poder judicial corrupto, dice el grupo de defensa Pride Uganda, recientemente lanzado.

Este mes, el parlamento de Uganda aprobó un proyecto de ley que criminaliza aún más las relaciones entre personas del mismo sexo con la amenaza de la cárcel (el código penal de Uganda ya prohibía el sexo gay). Se ha descrito como una reintroducción por la puerta trasera de un proyecto de ley contra la homosexualidad promulgado en 2014, conocido como el “proyecto de ley Kill the Gays” debido a la pena de muerte que conllevaba. Afortunadamente, los tribunales anularon el proyecto de ley, pero la amenaza ha persistido.

La situación es desoladora, pero la comunidad continúa luchando por sobrevivir, y Pride Uganda está trabajando para apoyar a los activistas que están en el terreno protegiendo vidas LGBT +, educando a las comunidades y abogando por el cambio.

Uno de esos activistas, que debe permanecer en el anonimato por temor a la persecución, explicó a PinkNews cómo su grupo está enseñando a otros a “luchar por sus derechos” y “tener confianza” a pesar de todo. “Muchos de ellos no saben cómo desenvolverse en la vida”, dijo, y señaló que a las personas queer se les niega habitualmente el acceso a servicios básicos como la educación. Una de las cosas que hacemos es acercarnos a ellos, empoderarlos y recordarles que como individuo, como ser humano, usted tiene derecho a vivir”.

En términos prácticos, esto significa que las personas LGBT + en Uganda reciben orientación y acceso a asesoría legal. Aquellos que necesitan apoyo económico también reciben asesoramiento empresarial y se les ayuda en el camino para establecer sus propias pequeñas empresas, lo que no es poca cosa en medio de la pandemia.

Es un trabajo “arriesgado”, dice, “pero alguien tiene que hacerlo. La gente ha perdido la vida, la gente está perdiendo la vida ”. En este momento las cosas se sienten como si se “estuvieran saliendo de control”, dijo la activista. Las olas de violencia se sienten “estacionales”, explicó, y agregó: “Hay períodos en los que se vuelve tan intenso … todos los días dejas tu casa y no estás seguro de si vas a regresar”.

Hay informes regulares de redadas contra personas LGBT + en Uganda, incluida una en 2019 que vio a 16 arrestados bajo sospecha de sexo gay, y otra en 2020 en la que las autoridades se abalanzaron sobre un refugio para personas sin hogar, arrestando y torturando a 20 jóvenes homosexuales bajo el disfraz de COVID. Cargos relacionados. Entre los destinos más temidos está el acabar en la parte trasera de un “drone”, una furgoneta sin matrícula y vidrios polarizados, conducida por agentes armados que “te sacan y desaparece”.

En una redada de 2020, los oficiales azotaron a hombres ugandeses antes de encadenarlos y caminar hasta la estación de policía. (Captura de pantalla a través de YouTube)

El odio viene “de todos los ángulos”, agregó la activista. “No sabes quién es quién. Tienes que ser muy cauteloso “.

Él y otros que realizan este importante trabajo deben tener cuidado de no llamar la atención, pero están dispuestos a compartir sus historias para llamar la atención sobre la situación. “Cuanto más sepamos a la gente sobre la situación en el terreno, tal vez las cosas cambien”, dijo. “La comunidad LGBT tendrá acceso a ayuda, serán bienvenidos, el sistema cambiará, la policía cambiará”.

Para que esto suceda alguna vez, es crucial que las personas y las naciones de todo el mundo hablen, dijo. “Hay un dicho, el mal prospera cuando la gente buena se calla”.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Uganda, Yoweri Museveni

Uganda es uno de los 70 países donde ser homosexual se castiga con la cárcel.

El parlamento de Uganda ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe aún más las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el sexo anal y el trabajo sexual, duplicando así un código penal que ya considera ilegal ser LGBT+. El proyecto de ley pasó su tercera lectura en el parlamento el 3 de mayo. Ahora se debe a la firma del presidente Yoweri Museveni, después de lo cual se convierte en ley.

El Parlamento de Uganda confirmó el lunes (3 de mayo) en Twitter que el proyecto de ley sobre delitos sexuales había sido aprobado en tercera lectura, poniendo fin a su largo paso por la cámara. Gran parte de lo que el proyecto de ley de delitos sexuales penaliza ya es ilegal en Uganda. Las personas sorprendidas manteniendo relaciones con personas del mismo sexo ya se enfrentan a cadena perpetua, y parte de la redacción del proyecto de ley de delitos sexuales está extraída de la Ley del Código Penal de 1950. Una modificación del código en el año 2000 supuso la penalización de los actos sexuales entre mujeres, ya que el sexo oral y anal entre parejas del mismo sexo y mixtas se castigaba con una pena de siete años de prisión por “indecencia grave“.

Presentado por primera vez en 2015, el proyecto de ley de delitos sexuales se vendió como un esfuerzo de línea dura para acabar con la violencia sexual abordando los “defectos” del código penal. Sin embargo, al cubrir las lagunas del código penal, la ley también criminaliza aún más el hecho de ser LGBT+ y establece amplias restricciones a la vida sexual de los ugandeses. Según la cláusula 11, los “delitos contra natura” incluirán tanto la zoofilia como a quienes “realicen un acto sexual con otra persona en contra del orden de la naturaleza”.

El Comité de la Cámara en pleno, compuesto por todos los diputados en ejercicio, también añadió una “prohibición de los actos sexuales entre personas del mismo sexo”. Los legisladores también aprobaron las recomendaciones del comité de que, “para completar”, se añada a la lista de “delitos contra natura” el hecho de “penetrar el ano de otra persona con su órgano sexual o con cualquier objeto”.

The Parliament of Uganda yesterday passed the Sexual Offences Bill,2019

The unjust recommendations and clauses in the bill which criminalise same sex acts and sex work create avenues for further infringement on the rights of persons targeted under the guise of enforcing the law pic.twitter.com/i9nOJgzMnA

— hrapf (@hrapf_uganda) May 4, 2021

La amplia ley incluye la introducción de un registro de delincuentes sexuales y la tipificación como delito del uso de drogas para la violación o la difusión de una cinta o grabación de un acto sexual sin el consentimiento de esa persona. Sin embargo, durante el examen en comisión, se eliminó una cláusula fundamental que habría permitido la retirada del consentimiento antes o durante los actos sexuales.

Otras nuevas medidas son el endurecimiento de las medidas de salvaguardia para proteger a los niños del acoso sexual en las escuelas. Los legisladores también ampliaron una cláusula para que no sólo se considere delito el trabajo sexual, sino que también se penalice a quienes pagan por sexo.

Si bien los legisladores estaban divididos en cuanto al género sobre algunas de las cláusulas del proyecto de ley, como la retirada del consentimiento, la Cámara estaba de acuerdo sobre las cláusulas que criminalizan la homosexualidad. Después de todo, el proyecto de ley llega más de un año después de que los legisladores dieran un brusco giro al llamado proyecto de ley “Matar a los Gays”, que pretendía introducir la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”.

The already existing criminalization in the penal code Act has already caused great damages to LGBTQ persons. This move by @Parliament_Ug to further criminalize consensual same sex intercourse is not only threat to bodily autonomy but as well to access to health. pic.twitter.com/R5X2sfblUd

— LET’S WALK UGANDA (@LWUGANDA) May 4, 2021

No era la primera vez que la tan temida legislación estuvo a punto de hacerse realidad. El Parlamento la aprobó por primera vez en 2014, pero el Tribunal Constitucional la rechazó en medio de una fuerte reacción internacional.

Las Naciones Unidas están pidiendo a Uganda que enmiende un proyecto de ley para prohibir las relaciones entre personas del mismo sexo que suscita “serias preocupaciones sobre los derechos humanos” y amenaza con socavar la salud pública.

Las relaciones sexuales entre hombres ya son ilegales en Uganda, pero el muy denostado proyecto de ley sobre delitos sexuales (Sexual Offences Bill ) va un paso más allá al clasificar todos los actos entre personas del mismo sexo como “delitos no naturales” junto con la bestialidad.

Otras disposiciones alarmantes incluyen la prohibición del trabajo sexual, el sexo oral y anal para todas las parejas, y la prueba del VIH obligatoria y forzada de los acusados de delitos.

Un portavoz del alto comisionado de la ONU, Rupert Colville, señala que el castigo del proyecto de ley para las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se ha reducido a 10 años de cárcel en lugar de cadena perpetua; sin embargo, representa una grave violación de los derechos humanos.

“El hecho es que esas relaciones todavía están criminalizadas”, dijo. “Esto, en un país donde el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas por su orientación sexual e identidad de género están generalizados y a menudo se cometen con impunidad, dado que las víctimas suelen tener demasiado miedo para denunciar cualquier ataque en su contra”.

Los activistas han expresado especial preocupación por las pruebas de VIH forzadas en una región donde las tasas de infección y estigmatización son altas.

“Tales disposiciones no solo violan las obligaciones de Uganda en materia de derechos humanos y también corren el riesgo de socavar la salud pública, lo que hace que las personas tengan miedo de presentarse para las pruebas y el tratamiento esenciales, lo que afecta los esfuerzos críticos de prevención y tratamiento del VIH”, dijo Colville. “También corren el riesgo de alimentar aún más el VIH en Uganda y África subsahariana”.

Su alarma fue compartida por Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, quien instó a los legisladores a reconsiderar el proyecto de ley antes de que deshaga el progreso de Uganda en la reducción del impacto del VIH. “Estoy profundamente preocupada por la aprobación por parte del parlamento de Uganda de partes de este proyecto de ley que criminalizan y marginan aún más a los grupos vulnerables de conciudadanos y les niegan sus derechos humanos, incluido el derecho a la salud”, dijo en un comunicado. “Dirigirse a las personas que viven con el VIH, las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y los trabajadores sexuales aumenta el estigma y la discriminación y socava la respuesta al VIH al impedir que las personas reciban el tratamiento, la prevención y los servicios de atención del VIH que necesitan con tanta urgencia”.

La ONU da la bienvenida a algunas partes de la ley de amplio alcance, que incluye la introducción de un registro de delincuentes sexuales y tipifica como delito el uso de drogas para violación durante una cita o la publicación de un video sexual sin el consentimiento de esa persona. Sin embargo, Colville insiste en que el proyecto de ley en su conjunto no cumple con el derecho y las normas internacionales y debe ser enmendado con urgencia.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/ Transfobia, ONU, ONUSIDA, Rupert Colville, Sexual Offences Bill, VIH/SIDA, Winnie Byanyima

“Ningún lugar adonde ir”: los jóvenes LGBT + ugandeses “denunciados” durante el confinamiento

Un estudiante cuenta cómo él y otros fueron arrestados por cargos relacionados con Covid, humillados públicamente y sin un lugar donde quedarse.

Raj Juuko: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”

En la foto tomada el jueves 11 de junio de 2020, el refugiado gay ugandés Martin Okello muestra las cicatrices que sufrió en un ataque en mayo, afuera de la casa que comparte con otros refugiados LGBT en Nairobi, Kenia. Su vida en Uganda se hizo añicos en 2014 cuando un trabajador sexual masculino trató de extorsionarlo por $ 10 y lo declaró gay. Okello fue despedido de la estación de radio cristiana donde trabajaba y sus padres católicos lo echaron de su casa. (Foto AP / Brian Inganga) Fotografía: Brian Inganga / AP

Cuando le preguntas a Ronald Ssenyonga, un ugandés de 21 años, que te cuente sobre su arresto, él pregunta: “¿Cuál?” Como muchas personas homosexuales que luchan por sobrevivir en un país que ha utilizado el Covid-19 como excusa para reprimir los derechos humanos, Ssenyonga está acostumbrado a arrestos y redadas.

Incluso antes de la pandemia, Uganda fue catalogada como el peor lugar para ser gay después de que su parlamento propusiera la pena de muerte para algunos actos homosexuales. La corte constitucional anuló la ley en 2014, pero las agencias de seguridad continúan acosando a los homosexuales, confiando en la información de los vigilantes comunitarios para atacarlos y sacarlos de lugares que creían seguros.

Ssenyonga acaba de regresar de su segundo período en prisión en tres meses. Él y su vecino, Tevin Haris Kifuba, fueron acusados de robar una televisión. Un malentendido, dicen, en comparación con el caso instigado por el estado que pesa sobre sus cabezas: se encuentran entre las 20 personas acusadas de llevar a cabo “actos negligentes que pueden propagar la infección” después de que las agencias de seguridad allanaron su albergue.

Todo comenzó un domingo por la mañana en el refugio administrado por una organización sin fines de lucro, Children of the Sun, dice Ssenyonga, mientras se sienta en su litera en una habitación pequeña. Se retuerce las manos, todavía mojadas y pálidas de lavar la ropa que acaba de colgar en el tendedero. Ha lavado toda la suciedad de la prisión. Pero los recuerdos no se borran tan fácilmente.

La primera señal de peligro, dice, fue ver botas verdes a través de un hueco debajo de la puerta. Algunas personas todavía estaban en la cama en el refugio, que les ha dado un hogar a los homosexuales de Uganda durante el cierre. Algunos estaban en la veranda lavándose la cara con agua salpicada de vasos de plástico de colores. Otros tenían sus cepillos de dientes en las manos mientras los hombres con botas verdes abrían la puerta de una patada. Todos empezaron a correr. Pero no había ningún lugar adonde ir. La policía los reunió a todos y les ordenó que se sentaran y se enfrentaran a los periodistas que habían sido llevados en la redada.

Nos ataron como esclavos y nos hicieron marchar por un centro comercial lleno de gente homofóbica. Ronald Ssenyonga. “Después de la ‘sesión de fotos’, nos ataron como esclavos y nos hicieron marchar por un centro comercial lleno de gente homofóbica. Algunas personas nos abofetearon. Otros nos golpean con piedras o lo que encuentran. Nos gritaron y nos condenaron ”.

Un video de la redada se difundió en las redes sociales. En él, Haji Abdul Kiyimba, alcalde del ayuntamiento donde se encuentra el refugio, exige que los jóvenes le digan los números de teléfono de sus padres mientras los azotan.

Luego, los hombres fueron llevados a prisión donde, según dicen, pasaron un mes siendo objeto de burlas y torturas. Se les impidió ver a sus abogados, una acción que los tribunales de Uganda dictaminaron que constituía una violación de su derecho a una audiencia imparcial. Su proveedor de asistencia legal, el Foro de Promoción y Concienciación de los Derechos Humanos, también demandó al gobierno por las torturas que los hombres dicen que sufrieron mientras estaban en prisión.

“Ellos pensaban que no éramos nadie y no teníamos a nadie de nuestro lado. Nos quemaron con leña y nos obligaron a confesar que somos homosexuales. Usaron palos de tamaño anormal y barras de hierro [para golpearnos], y pusieron a otros prisioneros en nuestra contra ”, dice Ssenyonga. En el momento de su arresto, estaba esperando sus resultados de nivel A y con ganas de ir a la universidad. “Pero después de que mostraron mi cara en el video, todos saben que soy gay. Estoy demasiado avergonzado para mostrar mi cara en la escuela. Así que no sé qué me depara el futuro cuando ni siquiera puedo salir a recoger mis resultados ”.

Kifuba solía editar videos en una pequeña tienda de medios. Cuando salió de la cárcel, escuchó que su jefe “movilizó a la gente para impulsar el video”. No pudo regresar a su trabajo ni a la casa de sus padres. “Tuve que aceptar que era gay porque es quien soy. Rompió el corazón de mi madre. El pueblo escupía fuego. Antes, al menos podía volver a casa. Pero tuve que dejar el pueblo y ahora no tengo adónde ir “.

Severus Hama-Owamparo es director ejecutivo de la Taala Foundation (Fundación Taala), que ha estado brindando apoyo de salud mental a las personas detenidas. La fundación  Children of the Sun Foundation están proporcionando comida, dinero de alquiler y otros elementos básicos durante seis meses a personas como Kifuba y Ssenyonga que no pueden volver a sus vidas después de ser arrestadas y expuestas. “Cuando el gobierno impuso las reglas de encierro, no pensó en personas que no tienen hogar. Se esperaba que todos regresaran a un hogar lleno de amor, y las personas que no pueden ser castigadas ”, dijo Owamparo.

Human Rights Watch dice que Uganda está usando la cobertura del coronavirus para marginar y atacar a las personas homosexuales. “En la raíz de las detenciones está la homofobia”.

Raj Juuko, uno de los ayudados por Children of the Sun y Taala para alquilar una casa, dice que es posible que no siempre tenga dinero para comida u otras necesidades, pero se siente aliviado de no tener que volver a casa. “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona. Cuando ocurre Covid-19 y su video se filtra, debe saber que está solo “.

Antes de la redada, Juuko era mesero en una importante cadena de restaurantes. “Después de regresar de la cárcel, mi jefe me dijo: ‘Somos musulmanes y no podemos tolerar a los homosexuales’. Antes del Covid-19, podía pagar el alquiler y cuidarme. Luego tuve que volver a cero, así como así “.

El compañero de casa de Juuko, Oketch Edward, dice que su mayor preocupación es que el alquiler solo dure hasta enero. Después de eso, no tendrán adónde ir.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Hace unos meses, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente The Guardian/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Children of the Sun Foundation, COVID-19, Cristianismo, Fundación Taala, Haji Abdul Kiyimba, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Islam, Martin Okello, Ronald Ssenyonga, Severus Hama-Owamparo, Tevin Haris Kifuba, Uganda

Mweru Aneste, un orgulloso hombre y padre gay, fue encontrado muerto fuera de las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. (Facebook)

Terrible noticia que nos llega de Kenia. El cuerpo sin vida de Aneste Mweru, un joven gay de 25 años procedente de Uganda, ha aparecido junto a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Todo indica a que Mweru se ahorcó tras ser agredido por guardias de seguridad y policías al intentar acceder a la sede de la organización, que estaba cerrada, el pasado lunes de Pascua. El joven había huido de su país de origen en 2017 por la creciente hostilidad LGTBfoba y tenía el estatus de refugiado en Kenia desde hace un año. Su situación era cada vez más desesperada por los recortes en la ya reducida ayuda económica que recibía y por la perspectiva de acabar en un campo de refugiados.

El triste suceso ocurrió el pasado lunes. Según activistas que ayudan a los refugiados, Aneste Mweru, de 25 años, intentó acceder a las oficinas de ACNUR de la capital keniana a pesar de que era festivo. La policía y los agentes de seguridad privada se enfrentaron a él y lo rechazaron violentamente. El joven decidió quitarse la vida ahorcándose con una bufanda en un árbol cercano al lugar.

Aneste Mwiru fue una de más de doscientos solicitantes de asilo LGBT + que se trasladaron del campamento de refugiados de Kakuma a la ciudad capital en 2019, dijeron activistas a PinkNews.  Como muchas otras personas LGTBI, Mweru había huido de Uganda en 2017 para escapar de la creciente hostilidad social y gubernamental contra la comunidad. En marzo de 2019, las autoridades kenianas lo reconocieron finalmente como refugiado. Recientemente su situación se había vuelto cada vez más desesperada por los recortes en las ayudas a los demandantes de asilo y por la política del Gobierno de Kenia de concentrar a los refugiados en campos como el de Kakuma, en el norte del país. Las condiciones de vida de las personas LGTBI en estas instalaciones, donde están de nuevo expuestas a la hostilidad y a la violencia, son especialmente duras.

Aneste Mwiru celebrando el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma,

Pero después de luchar para obtener la asistencia financiera vital que necesitaba para mantener a su hijo en febrero, sin hogar y hambriento, comenzó a acampar fuera de las oficinas de la UNCHR en Westlands.

Poco después de ser encontrado muerto en un presunto suicidio, aturdir a la comunidad local y capturar lo que los activistas dicen que es el patetismo de esos ugandeses queer que arriesgan todo para huir de la persecución. Al acercarse a la oficina para pedir comida, los guardias le informaron que la oficina estaba cerrada hasta el martes.

Según los informes, Mbazira Moses, fundador de Refugee Flag Kenya, un grupo de presión de los derechos LGBT +, dijo que los guardias supuestamente “lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia nuevamente, les dijo a los agentes de seguridad que preferiría morir allí donde se le conoce, que no sea en otro lugar”. Los guardias le dijeron a los refugiados homosexuales que murieran “si quería escapar de [sus] problemas“, afirma activistaLos guardias privados le dijeron entonces al joven de 28 años que se suicidara “si quería escapar de los problemas”, afirmó Moses.

Mwiru sufrió abrasiones en sus tobillos y brazos alrededor del momento de su muerte. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 a.m. por los transeúntes, muchos de los cuales son un salvavidas para los refugiados que viven en las calles y que dependen de los folletos de los lugareños.

Compañeros migrantes acamparon debajo de una pasarela cercana que se burló de las oficinas de seguridad privadas y armadas que patrullan las oficinas de ACNUR, culpándolos por la muerte de su amigo cuando las autoridades transfirieron el cuerpo de Mwiru.

La biografía de Mwiru era una incesante serie de abuso homofóbico y de devoción a su hijo.

Moisés fue “golpeado y herido” habitualmente durante su estancia en Kakuma, dijo Moses, convirtiéndolo en una de las muchas víctimas de un espectro de violencia lanzado en la comunidad LGBT + vulnerable del campo por ciudadanos locales homofóbicos que “nunca los quisieron allí“.

Mwiru era, según funcionarios de las Naciones Unidas, un ciudadano ugandés reconocido como refugiado por el gobierno de Kenia. Pero el movimiento del ACNUR para retirar los estipendios mensuales para los refugiados que viven en áreas urbanas sumió su vida en incertidumbre. Tales recortes se hicieron como parte de la política del gobierno, informaron 76 crímenes. “Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente”.

El socio de Mwiru, Nathan Shimwe del Congo, dijo que estaba sufriendo una depresión después de perder su trabajo a medida que la pandemia de coronavirus comienza a apoderarse del país sin litoral. “Habíamos alertado constantemente al ACNUR sobre los peligros y la desesperación a los que estaban sometidos los antiguos refugiados de Kakuma al retirar la asistencia financiera que se les daba”, dijo Moses. “Fueron traídos de allí y ahora abandonados sin ningún programa de lo que pueden hacer para obtener al menos comida y alojamiento. Las frustraciones entre todos los restantes que no reciben asistencia son tan graves como lo confirma el suicidio de Mwiru. Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente.

El UNHCR confirmó en un comunicado emitido el lunes que la agencia sigue de cerca las investigaciones policiales del incidente. “Nosotros, en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte y el aparente suicidio de un refugiado hoy en Nairobi. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos. La declaración continuó: “El ACNUR está preocupado por los crecientes desafíos que enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo, así como las comunidades que los acogen, para satisfacer sus necesidades básicas en el difícil contexto actual. ¿Cuántos ugandeses quieres morir antes de empezar a escucharnos?”

Entre las muchas fotografías de Mwiru están las de él sonriendo con amigos. Otros lo muestran sosteniendo a su hijo en alto, con los ojos brillantes de orgullo. Sin embargo, para muchos de los seres queridos de Mwiru, las fotografías de su cuerpo serán la forma en que la gente lo recuerde. Las imágenes gráficas de la muerte de Mwiru rebotaron en las redes sociales el lunes, impulsando la atención pública a las historias personales de refugiados individuales, tan a menudo oscurecidas por el ruido de, a veces, los cáusticos debates sobre la migración en Kenia.

Para Doreen Andrewz, subdirector de la Iniciativa de Trans refugiados, el fallecimiento de Mwiru es un recordatorio conmovedor del peligroso viaje que enfrentan los migrantes para escapar de la grave homofobia de Uganda. “¿Cuántos ugandeses quieres que mueran antes de empezar a escucharnos”, dijo. “Estoy cansado de la muerte, esto no es lo que vinimos a buscar en este país. [Mwiru], perdónanos a todos ”.

 La policía keniana investigará ahora las circunstancias de la muerte de Mweru. Por su parte, ACNUR ha hecho público un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide respeto por la dignidad del fallecido y que se detenga la divulgación de las fotos de su cuerpo. El organismo de la ONU asegura que colaborará con las autoridades kenianas para esclarecer el suceso y para asistir al casi medio millón de refugiados que vive en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda y Kenia

Mweru había huido de una situación muy complicada para las personas LGTBI en Uganda. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.En noviembre, la policía  detenía a 127 personas y acusaba  a 75 después de una redada en un bar gay. Hace apenas unos días, veinte personas LGTBI eran arrestadas en el albergue en el que vivían, acusadas de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

Esta hostilidad constante lleva a muchas personas LGTBI a buscar refugio en la vecina Kenia, donde la situación es algo menos opresora, aunque sigue siendo difícil. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de ese país decidía mantener la criminalización de las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma, como en Uganda, una marcada homofobia social. La prensa ha contribuido en buena parte a alentarla: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Fuente Pink News/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Alrededor de 127 ugandeses en un bar gay-friendly supuestamente arrestados por “fumar”.

Docenas de ugandeses sentados con las piernas cruzadas, la policía patrullando a su alrededor, frente al bar RAM en la capital del país, después de una redada policial.

La policía y los soldados irrumpieron en un bar gay en Uganda este lunes pasado, arrestando a unos 120 clientes por “frecuentar un lugar de fumadores”.

RAM Bar, en el distrito central de la capital, ha servido durante años como un espacio subterráneo gay-friendly para los ciudadanos de Kampala. En un país atrapado por la legislación homofóbica y una creciente división pública sobre los derechos de los LGBT+, era un santuario poco común cada domingo por la noche.

El bar está situado en el distrito de negocios de la ciudad, rodeado por otros clubes y empresas de consultoría. Pero los que iban a los bares se derramaron en Hannington Road, rodeados de policías armados, soldados del ejército y oficiales de la Unidad de Defensa Local en las primeras horas, según los medios de comunicación locales.

127 personas sospechosas de fumar sustancias prohibidas fueron arrestadas anoche en una redada policial en un bar de la calle Hannington. 2 liberados, 125 para comparecer ante el tribunal hoy. La comunidad LGBTQ ha llamado a esto un ataque a su libertad, ya que un gran número de ellos fueron arrestados en la redada. Las imágenes mostraban a los clientes acurrucados en el suelo, tratando desesperadamente de cubrirse la cara agarrando mochilas mientras las fuerzas de seguridad los rodeaban. La realidad es que la redada se fraguo por ser el bar de un ambiente gay. Hoy se ha confirmado que 75 personas serán acusadas de actos homosexuales.

Los activistas sobre el terreno dijeron al portal PinkNews que el incidente tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana del lunes. Mientras que las autoridades afirmaron que se incautaron narcóticos en el bar durante la operación. Los estupefacientes están prohibidos en virtud de la Ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 2019. Patrick Onyango, portavoz de la Policía Metropolitana de Kampala, dijo que no conocían a ningún cliente LGBT+, según dijeron a la BBC.

Las 127 personas arrestadas iban a la Comisaría Central de Policía, dijeron los activistas. Dos fueron liberados, mientras que 125 comparecieron hoy ante el tribunal. El activista también denunció a PinkNews que los que siguen bajo custodia policial están “hambrientos e indefensos”.

El bar RAM, con su techo cubierto de hierba y sus luces fluorescentes en el piso de la discoteca, abría todos los días. Pero durante seis horas cada domingo, los lugareños  acuden en masa al pub. Un defensor describió el local como un “lugar de paseo popular donde las personas LGBTI de todas las razas se reúnen pacíficamente para divertirse”.

Este espacio ha sido un salvavidas para los ugandeses LGBT+, que han sido acosados por la violencia de la policía estatal y del público durante años. Pero en el último año, la comunidad ha visto a activistas ser apaleados con machetes y arrestados en Kampala después de que una turba anti-gay rodeara su oficina con un fuerte aumento de la violencia anti-LGBT+.

Más aún, los ministros afirmaron un supuesto plan para traer de vuelta la “Ley de Matar a los Gays”. Una medida que habría aplicado la pena de muerte al sexo gay. Recordamos que Uganda vuelve a castigar la homosexualidad con penas de cárcel y quieren castigarlo con la pena de muerte. Un portavoz de la policía ha negado que la redada fuera contra el colectivo LGTB.

Un abogado de los derechos humanos ha informado que 50 de los arrestados fueron puesto es libertad, y una activista por los derechos de los homosexuales ha comunicado que el bar donde se produjo la redada, se suele usar para promocionar programas de salud. Solo quieren silenciarnos como comunidad.

Los 67 acusados podrían enfrentar hasta un año de prisión si se los encuentra culpables, dijo un abogado del grupo Patricia Kimera.

El activista LGBT + Raymond Karuhanga dijo a Reuters que los arrestos son “solo un ataque homofóbico. Estas eran personas en un club, ni siquiera en las calles”, dijo. “Se estaban divirtiendo, escuchando música. Luego arrestas a casi 130 y los acusas de ser una molestia pública … Solo quieren silenciarnos como comunidad “.

La policía afirmó que no sabían que RAM Bar era conocido como un espacio amigable para los homosexuales y dijo que las personas estaban detenidas bajo la Ley de Control del Tabaco y negaron que estén apuntando a personas homosexuales. “No los estamos atacando y no lo haremos”, dijo el portavoz policial Patrick Onyango. “Lo que escuchó en la corte son los cargos (de molestia común) que el fiscal estatal presentó”.

Las imágenes desgarradoras de la redada policial que se publicaron en línea a principios de esta semana mostraron a los clientes aterrorizados encogidos en el suelo y escondiendo sus rostros con mochilas mientras la policía los rodeaba.

La noticia de los arrestos es particularmente escalofriante para la comunidad LGBT + de Uganda después de las recientes afirmaciones de que la infame ley “Matar a los gays”, que implementaría la pena de muerte para las personas homosexuales, podría reintroducirse.

El ministro de ética e integridad de Uganda, Simon Lokodo, anunció planes el mes pasado para volver a presentar el proyecto de ley, que fue presentado por primera vez hace varios años pero no fue promulgado.

Sin embargo, un portavoz del presidente luego negó que impondría la pena de muerte para las personas homosexuales y dijo que el castigo actual de cadena perpetua “ya maneja problemas de comportamiento sexual antinatural”.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Hace un mes, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos gays

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Patricia Kimera, Patrick Onyango, Pena de Muerte, Raymond Karuhanga, Redada, Simon Lokodo, Uganda

Hace unos días, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

Uganda, donde las relaciones llamadas “contra natura” son castigadas con cadena perpetua por una ley de la época de la colonización británica, adoptó en diciembre de 2013 una nueva legislación que reprime sobre todo la “promoción de la homosexualidad” y vuelve obligatoria la denuncia de homosexuales.

Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad del país, comunico a Reuters Foundation que la homosexualidad no es natural en la cultura de los ugandeses. Según Lokodo, “las personas gay han hecho ‘reclutamientos’ en los colegios, sobre todo en los más jóvenes, creando la falsedad de que la gente nace gay”.

Actualmente el Código Penal de Uganda está limitado, solo el acto homosexual esta criminalizado. Lokodo ha explicado que el gobierno quiere aclarar que toda persona que se dedique a promocionar o reclutar para cualquier cosa relacionada con la homosexualidad, deben ser condenados a muerte.

Se espera que esta ley, respaldada por el presidente del país, Yoweri Museveni, vuelva a estar en vigor antes de que acabe el año, su votación se producirá en las próximas semanas.

Uganda, no es el único país africano que castiga duramente la homosexualidad. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se siguen considerando tema tabú, el considerado un delito muy grave, en algunos países siguen aplicando la ley colonial británica, en la que especifica que el sexo homosexual se castiga con cadena perpetua.

La respuesta por parte de los partidarios de los derechos LGTB, han informado que volver a criminalizar a los homosexuales solo va a provocar ataques contra los homosexuales. Ya en su momento, cientos de personas LGTB se vieron obligados a huir del país y ahora se espera que vuelva a ocurrir lo mismo.

Lokodo, ha expresado que existe cierta preocupación por la reacción internacional ante este movimiento de su gobierno. Pero ha afirmado que no se asustaran ante el chantaje.

En otros países los movimientos para restringir los derechos LGTB han provocado protestas y sanciones de otros países. En Brunei, tuvieron que extender una moratoria sobre la pena de muerte a quienes practicaran sexo homosexual, por la condena de celebridades por la ley de azotar y lapidar hasta la muerte. En Tanzania, unas declaraciones de un funcionario el año pasado, llevaron a la retención de nueve millones de euros en ayudas por parte de Dinamarca.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Reuters/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Pena de Muerte, Simon Lokodo, Uganda

El Ministro de Seguridad de Uganda, General Elly Tumwine y el opositor Robert Kyagulanyi (Bobi Wine)

El ministro de seguridad de Uganda ha llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios.

El actual presidente del país, Yoweri Museveni, ha gobernado la república africana durante décadas, pero su gobierno se enfrenta a una ferviente oposición del grupo People Power, Our Power.

Con el apoyo del cantante y candidato presidencial Bobi Wine, el movimiento de resistencia pretende poner fin a la administración de Museveni a medida que se acercan las elecciones de 2021.

El 3 de octubre, el Ministro de Seguridad de Uganda, Elly Tumwine, habló con NBS TV y criticó abiertamente el movimiento, declarándolo una “organización terrorista” con vínculos con la criptomoneda.

Pero el político lanzó su espina más afilada cuando dijo que el grupo “se asocia” con personas LGBT+, una declaración condenatoria en un país donde ser gay se castiga con cadena perpetua.

VIDEO: Minister for Security Gen Elly Tumwine on ‘People power’ movement.

“I want to inform the public that there is a threat to the world called the Red Movement….” #NBSMorningBreeze #NBSUpdates pic.twitter.com/eQvE9XB2wG

— NBS Television (@nbstv) October 3, 2019

VIDEO: Elly Tumwine, Ministro de Seguridad, sobre el movimiento “Poder popular”

El líder ugandés llama “terroristas” a las personas LGBT+. “Quiero advertir al público que hay una amenaza para el mundo llamada el Movimiento Rojo [Poder Popular]”, dijo en NBS TV Morning Freeze. “Es una organización terrorista.” Continuó: “Está asociado con el movimiento LGBT y las criptomonedas y cosas que quieren romper el orden establecido de las cosas.”

El general Elly Tumwine Presidió jurando su cargo de Ministro de Seguridad en la Casa de Estado, Entebbe (foto del Facebook del presidente Yoweri Kaguta Museveni.

El mensaje de Tumwine llega en medio de una violenta represión en el país sin salida al mar, donde el gobierno de Museveni está obstaculizando el apoyo al Poder Popular. Esta misma semana, los militares ugandeses anunciaron que cualquier civil que sea sorprendido con boinas rojas -un símbolo del Poder Popular- será castigado con hasta cinco años de prisión.

Los partidarios ya están emprendiendo acciones legales contra la prohibición, informaron los medios de comunicación locales esta semana.

El músico y candidato de la oposición Robert Kyagulanyi (Bobi Wine) durante una conferencia de prensa en la que animó a sus partidarios del People Power a seguir usando sus boinas rojas de marca registrada. (Sally Hayden / SOPA Images / LightRocket a través de Getty Images)

Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, declaró su intención de presentarse a la presidencia en julio. Con una crítica audaz y franca del presidente, las autoridades ugandesas, se vieron sacudidas por la noticia, que considera que este hombre de 37 años de edad es una amenaza de enormes proporciones para Museveni.

Sin embargo, el candidato de la oposición no siempre fue bien recibido por la población LGBT+ de Uganda. El cantante escribió una vez una canción en la que animaba a los oyentes a “quemar a todo hombre loco“, lo que llevó a pedir que se cancelara su gira por el Reino Unido. Desde entonces, la estrella del pop, convertido en legislador, se ha suavizado en su postura.

Un año antes de ser elegido en el parlamento en 2017, Wine comenzó a reunirse con activistas LGBT y declaró que abogaba por “la paz y la tolerancia de los diferentes puntos de vista” en Twitter.

in the past year I have advocated for peace and tolerance of different views. I despise violence. @usmissionuganda

— BOBI WINE (@HEBobiwine) May 25, 2016

En el último año he abogado por la paz y la tolerancia desde diferentes puntos de vista. Desprecio la violencia. @usmissionuganda

Yoweri Museveni

El gobierno de Museveni ha gobernado el país desde 1986, más de tres décadas, en las  que ha eliminado las excepciones de la legislación antiLGTBI.

Además, Museveni, de 72 años, firmó el draconiano Proyecto de Ley contra la Homosexualidad en febrero de 2014, que exigía que los reincidentes fueran condenados a 14 años de prisión y que no denuncien a nadie por ser gay.

Sin embargo, la Corte Constitucional del país rechazó posteriormente el proyecto de ley y concluyó que el presidente del parlamento actuó ilegalmente al seguir adelante con la votación de la ley a pesar de que al menos tres legisladores se opusieron por la falta de quórum.

Museveni ha afirmado anteriormente que el sexo oral es un invento occidental que es “más terrible” que la homosexualidad.

Los ugandeses LGBT+ han denunciado las comparaciones del ministro de seguridad., mientras los defensores locales LGBT+ condenaron las palabras de Tumwine.

“El movimiento LGBTIQ no es parte del grupo terrorista”, dijeron los Defensores de los Derechos Humanos en una declaración en Facebook. “Somos personas pacíficas que predican la paz, la igualdad, los derechos humanos para todos y el amor.“

Mientras Frank Mugisha, un defensor de los derechos de los homosexuales, tuiteaba: “Los ugandeses LGBT siempre han sufrido en el centro de todas las culpas”.

LGBT Ugandans have suffered always at the center of every to blame.

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) October 3, 2019

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Bobi Wine, Elly Tumwine, Frank Mugisha, Our Power, People Power, Uganda

Una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresará al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La joven de 26 años llegó al Reino Unido en 2011 y presentó una solicitud de asilo sobre la base de su sexualidad. Su solicitud fue rechazada en 2013 y fue deportada rápidamente bajo el sistema de detención acelerada del Ministerio del Interior, que se cerró en 2015 después de que el Tribunal Supremo dictaminara que era “estructuralmente injusto”.

Tras una apelación, un juez dictaminó que la PN debía ser devuelta al Reino Unido, ya que las dos semanas que se le habían concedido en el marco del sistema de vía rápida para luchar contra su caso no eran suficientes. El gobierno está apelando la decisión.

En los seis años que ha pasado en Uganda, PN ha dado a luz a un niño que, según ella, es el resultado de una violenta violación en grupo. “Una noche estaba durmiendo, la gente vino, golpearon la puerta, robaron todo y me violaron. Estaba sola en la habitación”, le dijo a The Independent. “No pude decírselo a la policía porque no quiero que sepan quién soy.”

Después de huir de su casa y mudarse a un nuevo lugar, PN le pidió a un médico que interrumpiera su embarazo, pero se le dijo que podría perder la vida durante el procedimiento.

PN dijo que tenía 17 años cuando huyó por primera vez al Reino Unido después de que su abuela fuera asesinada a causa de su sexualidad. “Me quedaba con mi abuela y la gente conocía mi sexualidad, así que me hacían daño a mí y a la chica con la que estaba. Luego le quitaron la vida a mi abuela porque me conocían”, dijo. “Murió a causa de mi sexualidad. Me buscaban y yo me escapé y encontraron a mi abuela allí en nuestra casa, cuando regresé mi abuela estaba acostada, muerta”.

Desde que regresó a Uganda, PN dijo que ha quedado aterrorizada de que la misma gente la encuentre. Durante su estancia en Uganda ha sido apoyada financieramente por el grupo Movement for Justice, con sede en el Reino Unido, y emocionalmente por la organización benéfica Sexual Minorities Uganda.

Karen Doyle, organizadora nacional del Movimiento por la Justicia, dijo a The Independent que el sistema de vía rápida que vio a PN deportado es un “escándalo a la par de Windrush“. “Miles de solicitantes de asilo que fueron sometidos a un proceso injusto y que ahora mismo podrían estar viviendo con miedo, encarcelados o asesinados”, dijo Doyle.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Karen Doyle, Movement for Justice, Refugiados LGTBI, Reino Unido, Sexual Minorities Uganda, Uganda, Violación

La declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

General, Iglesias Evangélicas Diane Sydney Bakuraira, Discriminación, Frank Mugisha, Freedom y Roam Uganda, Homofobia, Kasha Nabagesera, Le Monde, Lesbofobia, LGTBfobia, Mirakel Rakkaus Hossy, Orgullo LGTB, Pontificia Universidad Urbaniana, Premio René Cassin 2017, Rebecca Kadaga, Sexual Minorities Uganda, Simon Lokodo, Stella Nyanzi, Tribunal Constitucional de Uganda, Uganda, Val Kalende, Victor Mukasa

Tras una protesta en el mostrador de Qatar Airways, el Ministerio de Interior cancela la deportación de Gloria Namuzungu, a quien habían rechazado su solicitud de asilo, dándole sólo tres días para recurrir esta decisión antes de su deportación a Uganda, donde se enfrentaba a la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel. Una situación a la que se enfrentan otras personas en el Reino Unido.

Tras rechazar su solicitud de asilo en el Reino Unido y después de cuatro días detenida en Yarls Wood, las autoridades notifican a Gloria Namuzungu, de 22 años de edad, que tiene 72 horas para reclamar contra esta resolución por la que se enfrenta a la deportación de vuelta a su país de origen, Uganda, donde solo le espera la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel debido a su orientación sexual. Ni se le habría dado el suficiente tiempo para demostrar el riesgo que corre volviendo a su país ni estarían siguiendo el protocolo habitual en estos casos, según los activistas que la defienden. Tras iniciar una campaña solicitando la cancelación de su deportación en Change.org, prevista para este martes, 29 de mayo, organizan un acto de protesta en el mostrador de Qatar Airways en los almacenes Harrods de Londres, que ha llevado a que el Ministerio del Interior ha terminado rectificando.

«El gobierno habla con orgullo de su récord de igualdad LGBT y, aun así, envía personas LGBT de forma rutinaria a países donde enfrentan abusos y persecución (…). G no está sola, hay personas LGBT que luchan por sus vidas en centros de detención en todo el Reino Unido (…). Los solicitantes de asilo LGBT se enfrentan a un sistema racista que trata a todos como si fueran mentirosos. Si los gobiernos declaran que el compromiso con los derechos LGBT es más que palabras vacías, G debe permanecer», asegura un portavoz de Movement for Justice. No es la primera vez que se producen este tipo de situaciones. El año pasado, a un jugador de fútbol, Abbey Kyeyune, le rechazaban el asilo por no haber demostrado que suficientemente que era homosexual, siendo deportado el 10 de mayo de 2017, mientras que hace siete meses otra refugiada, Nneka Obazee, intentaba suicidarse ante la posibilidad de ser deportada de vuelta a Nigeria.

«Gloria es un miembro activo de la comunidad de Leeds. Ella es una voluntaria muy querida y trabajadora en Rainbow Junktion Pay, ya que siente que el café comunitario ha expresado su angustia y preocupación por su seguridad», declara un representante de Leeds No Borders, un grupo que lucha contra las deportaciones de inmigrantes. En abril de este mismo año, el Gobierno de Uganda debate la posibilidad de reintroducir una ley contra las personas homosexuales mediante la que podrían confinarlas a la cárcel de por vida. Mientras que el gobierno de Theresa May lamenta la herencia colonialista en lo que respecta a las leyes homofóbicas, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se adelantaba en diciembre, yendo bastante más lejos al asegurar que son los colonizadores quienes introducen la homosexualidad en el continente africano, una idea que está ampliamente extendida en Uganda, donde todavía se practican las violaciones correctivas.

«Este no es un caso aislado y también hay otras dos mujeres en el mismo vuelo que son deportadas a Filipinas que no cuentan con el apoyo de la comunidad y están igual de aterrorizadas (…). Haremos todo lo posible para seguir resistiendo la agenda institucionalmente racista del ambiente hostil de este gobierno y exigiremos que Qatar Airlines se niegue a llevar a las tres mujeres. Nadie es ilegal», explicaba Emily Jennings, amiga de Namuzungu, durante la protesta. Asimismo, un abogado especializado en inmigración, señala las dificultades que las personas homosexuales tienen a la hora de expresar con naturalidad su orientación sexual debido a la represión a la que están acostumbradas, lo que contribuye a que las autoridades no las vean como personas homosexuales y les sometan a interrogatorios intrusivos y humillantes sobre su vida sexual».

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Abbey Kyeyune, Asilo, Emily Jennings, Gloria Namuzungu, Homofobia/Transfobia, Movement for Justice, Nneka Obazee, Qatar Airlines, Rainbow Junktion Pay, Theresa May, Uganda, Yoweri Museveni

El Tribunal Supremo de Corea del Sur alega falta de credibilidad para revocar el estatus de refugiada de una ciudadana de Uganda que había escapado de su país por ser bisexual.

Una ciudadana de Uganda entra como estudiante de idiomas en Corea del Sur en febrero de 2014, donde solicita el asilo como refugiada alegando que podría ser arrestada o asesinada en su país de origen, donde actualmente se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido denunciada por su orientación sexual por su madrastra. A pesar de que inicialmente se le habría concedido el asilo, el domingo pasado, 7 de enero, la juez Kim Shin, del Tribunal Supremo de Corea del Sur, anula esta decisión citando falta de credibilidad en su testimonio y devuelve el caso un tribunal de Seúl.

«Los testimonios de ella y su compañera sobre cuándo comenzaron su relación no coinciden. Además, es muy raro que haya podido partir hacia Corea a través del aeropuerto de Uganda y cumplir con los trámites necesarios para solicitar una visa como estudiante de idiomas aquí, sin ningún problema (…). No podemos excluir la posibilidad de que la citación presentada, emitida por el gobierno local, y los documentos de su fianza también sean falsos», reclama la juez, que considera que el testimonio de la solicitante carece de coherencia y cuestiona el razonamiento de las afirmaciones mediante las que asegura ser bisexual.

En el segundo juicio del caso, en junio del año pasado, el tribunal dictamina reconocer el estado de refugiada de la solicitante, argumentando que «las minorías sexuales están sujetas a crímenes y discriminación en Uganda», encontrado verosimilitud en su testimonio de que fue atacada sexualmente por un oficial de policía después de haber sido arrestada como sospechosa de ser homosexual. Sin embargo, el Tribunal Supremo percibe «inconsistencias en el testimonio sobre el momento de su primer encuentro sexual», considerando «la posibilidad de que las denuncias de agresión sexual por parte de un oficial de policía sean falsas» y cuestionando asimismo que sea perseguida por su orientación sexual.

Si bien no es la primera vez que un tribunal de Corea del Sur alega falta de verosimilitud para rechazar una solicitud de asilo, esta sería además la segunda ocasión en la que el Tribunal Supremo de Corea del Sur anula un veredicto de un tribunal inferior tras reconocer el estatus de refugiado para un miembro del colectivo LGBT. En julio del año pasado se anula el fallo de un tribunal de apelación que reconoce la condición de homosexual de un ciudadano egipcio de 27 años de edad. «No había anunciado su orientación sexual (…) o participado activamente en actividad relacionada con la homosexualidad», según el juez del Tribunal Supremo, excluyendo de esta manera a cualquier persona que se considere homosexual, pero que no haya mantenido todavía ninguna relación sexual.

Los observadores legales han expresado su preocupación sobre el hecho de que el Tribunal Supremo pueda estar ignorando la naturaleza especial de las solicitudes de refugio basadas en la orientación sexual. Si bien la evidencia en forma de certificados o informes es relativamente fácil de asegurar en casos de persecución política o religiosa, los casos de persecución LGBT se basan en relatos basados en el testimonio del solicitante. «De acuerdo con la lógica del Tribunal Supremo sobre ‘no poder confiar en las declaraciones’, sería extremadamente difícil que se otorguen solicitudes de refugiados LGBT en el futuro», asegura un juez superior de un tribunal local. Uganda intenta introducir actualmente una ley contra la homosexualidad que incluye una disposición sobre la pena de muerte.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Corea del Sur, Kim Shin, Uganda

La policía de uno de los peores países para ser LGTB+ ha organizado un curso de formación para sensibilizar a sus agentes en materia LGTB+ y aprender los derechos que tienen las minorías.

Ser homosexual en Uganda es ilegal y está penado con la cadena perpetua.

Que Uganda es uno de los peores (si no el peor) país del mundo para ser una persona LGTB+ es algo que todos tenemos ya más o menos asumido. Que la policía de Uganda organice un seminario para sensibilizar a sus agentes en materia de diversidad y enseñarles cómo tratar con respeto a una personas LGTB+ pues no lo asumimos. Ni lo entendemos. “Hola, venimos a detenerte y condenarte a muerte por ser gay, pero lo hacemos con respeto.”

Por increíble que parezca en un país en el que casi aprueban una ley que imponía la pena de muerte a las personas homosexuales., lo que provocó la indignación internacional y fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014, el cuartel general de la Policía en kampala envió un mensaje a diferentes comisarías del país para que ayer, 16 de noviembre, enviaran varios agentes al Hotel Tick Kawempe para participar en un curso de “sensibilización” LGTB.

Imagen del seminario LGTB+ publicada por la Policía ugandesa en Facebook

El mensaje, enviado por el agente James Kusemererwa y en el que figuraba en copia el Inspector General del cuerpo, pedía a las comisarías que enviaran a ese curso a los agentes que estén a cargo de investigaciones criminales, a los agentes que ejercen de enlace entre diferentes agencias y también a aquellos que nunca hubieran asistido a un curso de ese estilo (o sea, probablemente TODOS).

Un portavoz de la policía, Emilian Kayima, explicó a la prensa del país que en ningún caso se trataba de un taller que “promoviera” la homosexualidad (algo por lo que literalmente todos los asistentes podrían acabar en prisión), si no que “el entrenamiento está dirigido a enseñar a los agentes a apreciar que las minorías tienen derechos que deben ser respetados.” Así, por ejemplo, explicó que “si una persona intersexual es arrestada, los agentes han de saber cómo tratar al sospechoso. Los oficiales han de ser capaces de averiguar si la persona detenida ha de ir a una celda para hombres o para mujeres.”

Emilian Kayima, portavoz de la policía

Nadie entiende exactamente a santo de qué en Uganda la policía hace un curso de este tipo, pero evidentemente no nos vamos a quejar. Algunos medios ugandeses afirman que se trata de un movimiento por parte del cuerpo policial (que es, precisamente, el que más veces ha violado los derechos humanos de las personas LGTB+) para relajar un poco la persecución y violencia hacia el colectivo y suavizar sus métodos (y su imagen internacional, claro).

El año pasado la policía de Uganda hizo redadas en varios eventos relacionados con el Orgullo LGTB+ y detuvo a decenas de asistentes. Uno de los asistentes a esos eventos llegó a saltar desde una azotea para evitar ser detenido por la policía.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Emilian Kayima, Homofobia/Transfobia, Hotel Tick Kawempe, James Kusemererwa, Uganda

El Orgullo LGTB, cuya celebración estaba prevista esta semana, ha sido definitivamente cancelado por sus organizadores tras las amenazas del ministro ugandés de Ética e Integridad, Simon Lokodo. Unas amenazas que unidas al antecedente del año pasado, cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas, han llevado a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La cancelación del Orgullo ugandés, compuesto por una serie de actos que iban a tener lugar desde el miércoles 16 de agosto hasta hoy, sábado 19, cuando debía tener lugar el evento principal, ha sido anunciada “con gran tristeza” a través de un comunicado de prensa por sus organizadores. En el comunicado, los activistas LGTB explican que tras lo sucedido el año pasado la celebración suponía un enorme desafío que en principio estaban dispuestos a acometer, pero que las amenazas de Lokodo de intensificar la persecución y las advertencias de la policía ugandesa, que el día de la gala de apertura se personó en el lugar e impidió su celebración, les han hecho cambiar de opinión. “Tristemente, el coraje y la determinación que llevamos en nuestros corazones no son suficientes como para poner en peligro tantas vidas inocentes”, explican.

El ministro ugandés de Ética e Integridad, que por cierto es un antiguo sacerdote católico que hace once años dejó el sacerdocio por la política (se graduó en Arte y en Teología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma) no solo ha advertido que habría detenciones masivas, sino que ha llegado a amenazar físicamente a la activista Kasha Nabagesera si se la volvía a encontrar frente a frente. Así lo asegura el comunicado de prensa de los organizadores del Orgullo (sin nombrar expresamente a la conocida activista) y así lo ha confirmado la propia Nabagesera en una entrevista a Le Monde, en la que explica que ella y el ministro mantuvieron una conversación de más de 15 minutos el pasado lunes, tras la cual quedó claro que las amenazas de Lokodo iban muy en serio. “Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero ante todo tenemos que pensar en la seguridad de la comunidad”, declaraba Nabagesera al diario francés. El argumento del Gobierno ugandés para prohibir los actos del Orgullo, según asegura el comunicado y confirma Kasha Nabagesera, es que el Orgullo LGTB tiene como finalidad “reclutar” nuevos miembros para el colectivo.

“No estamos cancelando el Orgullo por vuesta homofobia [en referencia a las autoridades ugandesas] y falta de respeto a nuestros derechos, esta es una decisión que tomamos para protegernos. ¿Cómo lucharemos contra vuestra opresión si nos matáis o si nos metéis en la cárcel?”, explican sus organizadores en el comunicado. “Debe quedar claro para todos nuestros socios clave y para el resto del mundo que la lucha por la igualdad en Uganda está lejos de haber terminado. De hecho, acaba de empezar, y no pararemos hasta que las minorías sexuales y de género vean reconocidos sus derechos como seres humanos”, añaden.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Sexual Minorities Uganda es un grupo de activistas del colectivo LGBT de Uganda, un país en el que la homosexualidad está penada por la ley y es habitual la violencia contra las minorías sexuales, que ha llevado a su gobierno ante los tribunales por negarse a registrarles como asociación. 

Sexual Minorities Uganda es un grupo de activistas de Uganda que lleva intentando formalizar su registro como asociación oficial desde 2012, pero ante las reiteradas negativas de la oficina del Servicio de Registro, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo de Kampala, esperando una notificación oficial para finales de este mes. Estar registrados como asociación les garantiza ciertos beneficios y obligaciones por parte del estado, cruciales para poder llevar a cabo su labor.

«Decidimos presentar una demanda ante el tribunal deliberadamente para abogar por los derechos de asociación y reunión, porque una organización legal es incapaz de cometer un acto criminal», explica Patricia Kimera, una de los abogados que representa SMUG, como también se refieren a sí mismos, explicando que optaron por la demanda tras recibir una carta oficial del Registro en la que especifican que su nombre, Minorías Sexuales Uganda (en español), es «indeseable y porque los homosexuales y las relaciones del mismo sexo son ilegales en Uganda, la oficina no puede legitimar una ilegalidad».

El objetivo de SMUG, es el de luchar por los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en Uganda a través de la promoción de reformas políticas, además de ofrecer asesoramiento y otros servicios similares que hasta la fecha han proporcionado de manera clandestina, todas ellas actividades que no suponen ningún delito por mucho que la homosexualidad esté penada en su país desde 1952. Como gran parte del África subsahariana, el país es socialmente conservador y profundamente religioso, lo que hace que asociaciones de derechos humanos como SMUG no consigan ser registrados como organización legal. Aseguran que la decisión de la agencia gubernamental viola una serie de derechos consagrados en su constitución, incluyendo la libertad de asociación, expresión, reunión y los derechos de las minorías a participar en los procesos de toma de decisiones de la asociación.

«Hay tantos retos al dirigir una organización que no está registrada. Uno es el hecho de que tienes que operar de manera clandestina, por ejemplo, no puede pedir directamente a los donantes, no puedes obtener fondos, no puedes tener espacios para tus actividades, lo que significa que la mayoría de las cosas que haces tienes que hacerlas de manera clandestina», explica Daglous Mawadri, coordinador legal de SMUG. En los últimos años, Yoweri Museveni, presidente de Uganda, ha intentado aprobar leyes para restringir aún más todavía los derechos del colectivo LGBT, siendo revocadas en algunos casos por el tribunal constitucional, pero su actitud es públicamente notoria en contra de los homosexuales, llegando a acusar a determinados grupos de «reclutar deliberadamente a personas que no son homosexuales en la homosexualidad» a cambio de dinero. La comunidad internacional ha condenado tanto sus leyes como sus declaraciones, llegando en alguna ocasión a perder subvenciones internacionales.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Ministra de Asuntos de Género y Culturales

La presidenta de la ONG cristiana Mother’s Union cree que la mejor forma de evitar que “se creen” más lesbianas en los colegios de Uganda es “convertirlas” en heterosexuales.

Un ministro del país asegura que en los colegios hay “espías” que detectan a los estudiantes LGTB.

Uganda es uno de los países más LGTBfóbicos de África, y eso ya es mucho decir porque todo el continente africano tiene unos grandes índices de odio e intolerancia.

Ahora se ha sabido que el gobierno de Uganda tiene “espías” en los colegios e institutos que vigilan a los estudiantes para detectar a aquellos que son LGTB y en el caso de “detectar” uno, se le expulsa del colegio. ¿Y qué hacen con ese menor? Mandarlo a otro colegio.

Ruth Sennyonyi, es la presidenta de la Mother’s Union, una ONG cristiana que se dedica a ayudar a las familias en países africanos. Pues esta ONG ha recomendado al gobierno ugandés que en lugar de expulsar a las alumnas que muestran “lesbianismo”, se introduzcan “terapias de conversión” en las escuelas para evitar que esas lesbianas vayan a otros colegios y creen más lesbianas. Porque claro, las lesbianas son como los aliens.

“No podemos seguir apartando a las niñas por culpa del lesbianismo“, ha dicho Sennyonyi, “Tenemos de lidiar con el problema, porque luego viene gente desde Nabingo, desde Gayaza ¿y qué hacen? Me las envían y me dicen: ‘habla con ellas, las hemos expulsado’. ¿Y a dónde van? Necesitamos solucionar este problema en las escuelas. Estamos trabajando en ello porque no queremos lesbianismo, no queremos homosexualidad. Pero necesitamos prevenir que ocurra en lugar de simplemente apartarla.”

Las “terapias” de conversión, por cierto, no sirven absolutamente para nada porque la orientación sexual no se puede modificar.

La ministra de Asuntos de Género y Culturales del país, Peace Mutuuzo, ha sido la que en declaraciones al periódico The Observer Uganda ha dicho lo de que tienen espías en los colegios para detectar a los alumnos homosexuales, y ha añadido además que hay que incluir asignaturas obligatorias en las universidades que prevengan a las estudiantes de primer año de mantener relaciones lésbicas: “Es peligroso porque, para empezar, estas chicas han aprendido sobre este lesbianismo en las escuelas. No es normal que estos actos empiecen en casa, empiezan en las escuelas. Así que es muy importante que solucionemos este problema en las escuelas. Los centros deben identificarlas. Solíamos tener prefectos, solíamos tener espías. Aún los hay. Esas estructuras no deben desaparecer.”

La forma que propone Mutuuzo de “lidiar” con el problema del lesbianismo en los colegios son las “terapias” de conversión que la muy cristiana presidenta de Mother’s Union tiene en mente: “En lugar de castigar a esas niñas enviándolas a enfrentarse con la ira del mundo o a transmitir sus comportamientos de un colegio a otro, preferiríamos solucionar el problema desde los colegios.”

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Oregón, Illinois y Vermont, el año pasado. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país emitía hace pocas semanas un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, en marzo del año pasado tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en a cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente | Pink News, vía estoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Mother’s Union, Peace Mutuuzo, Ruth Sennyonyi, The Observer (Uganda), “Terapias de conversión”