Comentarios desactivados en Una diputada de VOX cuestiona la existencia de niños gays y trans
La diputada Alicia Rubio asegura que la ley LGTBI tiene “taras ideológicas”, que “vulnera derechos” y promete derogarla en cuanto sea posible.
Tras las elecciones, se ha confirmado lo peor: VOX es la tercera fuerza política de España y, además de tener un programa homófobo, machista y xenófobo, por el que han apostado millones de españoles, también tiene diputadas como Alicia Rubio, que cuestiona la existencia de la infancia LGTBIQ y su necesidad de protección con frases como “No hay que proteger a niños gays, si es que existe semejante cosa”.
Su intervención se produjo el pasado 14 de febrero y ante la entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien después pactaron un acuerdo de investidura. El nombre de Alicia Rubio toma relieve ahora tras recomendar sustitur el feminismo , al que tacha de “cáncer“, por cursos de costura en las aulas escolares:
Alicia Rubio (Vox Madrid)
Yo pondría como asignatura obligatoria costura. Empodera mucho coser un botón. lesboterrorismo, pornofeminismo Negacionistas, Terraplanistas. El feminismo es Cáncer
son algunas de las expresiones usadas por ella hoy pic.twitter.com/dNcEJnVHd3
De estas declaraciones se hacían eco en Los Replicantes, donde recogen las frases de la diputada de VOX en la Asamblea de Madrid y dirigente del partido, que dice cosas como:
“El problema es que no hay que defender a los niños homosexuales o a los niños trans, si es que existe semejante cosa, sino que hay que defender a todos los niños”
Alicia Rubio hace referencia a la ley LGTBI, de la que dice que «está plagada de taras ideológicas y vulnera derechos fundamentales». La Ley LGTBI a la que Rubio se refiere es la norma 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. La finalidad de esta ley, aprobada en la Asamblea de Madrid durante la etapa de Cristina Cifuentes, es defender al Colectivo LGTBI de la violencia, en una región en la que se registra una agresión diaria. El texto con el que se busca combatir esta problemática se puede consultar íntegramente en la web oficial de la Comunidad de Madrid pulsando en este enlace.
A juicio de la diputada de VOX, situada en la cúspide del partido al ejercer como vicesecretaria de movilización, la norma representa una “ley ideológica” porque considera que “vulnera derechos fundamentales. El problema es que no hay que defender a los niños homosexuales o a los niños trans, si es que existe semejante cosa, sino que hay que defender a todos los niños”. Nadie en la mesa rebate ese argumento y Rubio prosigue asegurando que la ley que protege al colectivo solo sirve para “crear redes clientelares“, sin explicar cuáles ni aportar datos.
Rubio finalmente considera que esta ley es “una vergüenza social” y ha prometido que la derogará en cuanto tenga influencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde actualmente sostiene el gobierno de PP y Ciudadanos.
Aquí os dejamos su intervención en Intereconomía:
La verdad es que oír esto y pensar que ha recibido el respaldo de millones de personas es aterrador. Sí, por supuesto que hay que defender y cuidar a todos los niños para que vivan en un entorno de amor y educación que les permita crecer felices.
El problema es que mientras que existe infancia que efectivamente, vive con una familia donde es aceptado y querido, con un profesorado y compañeros donde puede desarrollarse plenamente, otras personas viven con miedo. Con miedo al que dirán. Con miedo la opinión de sus padres. A que sus compañeros de clase se rían, les agredan verbal o físicamente.
Hay infancia que crece pensando lo que siente está mal y que es un bicho raro. Sí, esas personas también necesitan ser defendidos, unos referentes y que alguien les diga que son perfectamente normales. Y es que la igualdad no es dar a todas las personas lo mismo, sino ayudar a que todos seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades.
Comentarios desactivados en Vox quiere implantar el Pin parental para cuestiones LGTBI en la Comunidad de Madrid y se pregunta “dónde termina la educación en diversidad sexual” y “dónde comienza la corrupción de menores”
Vox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.
Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.
Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.
No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.
Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.
Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.
Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.
Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.
La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.
“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.
En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.
“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . “Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.
El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.
En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.
Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».
Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.
La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…
Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.
Comentarios desactivados en Vox pide a la Comunidad de Madrid los nombres y apellidos de las personas que imparten talleres LGTBI en los colegios
El partido de extrema derecha solicita a la Asamblea de Madrid una relación de colegios que dan cursos afectivo-sexuales con detalles sobre los contenidos
Rocío Monasterio, quien registra la petición, intenta en estos días cerrar un acuerdo de investidura con PP y Ciudadanos
La Consejería de Educación avanza que no facilitará esta información al partido porque vulnera la ley de protección de datos
Vox pide a la Comunidad de Madrid que identifique a las personas que han impartido talleres afectivo-sexuales en los colegios madrileños desde 2015. La portavoz de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, ha registrado una petición de información en la Asamblea de Madrid para conocer la “relación de colegios en los que COGAM –la asociación LGTBI que los da– ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole”, con detalles sobre el “temario”, “una breve descripción de la actividad” y la identidad de los ponentes.
La formación de Santiago Abascal ya ha actuado de forma similar en el Parlamento Andaluz, donde solicitó identificar a los funcionarios que evalúan los casos de violencia de género para depurar “casos ideológicos”, y también en la Generalitat Valenciana. Ahora, extiende este tipo de peticiones a la Comunidad de Madrid mientras intenta cerrar un acuerdo de investidura con el Partido Popular y Ciudadanos. Los tres partidos se reunieron este martes por primera vez y ahora tratan de encontrar una fórmula para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso sin necesidad de firmar por escrito un pacto conjunto. Los votos de Vox son imprescindibles para que el gobierno de coalición acordado por Díaz Ayuso e Ignacio Aguado sea realidad.
“Estamos acosados por ellos”, dice Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM. Desde la asociación denuncian una situación de “presión” e “insultos” en los últimos meses que estudiarán en los próximos días para tomar medidas, avanza su presidenta.
La diputada socialista, Carla Antonelli, que ha compartido en su cuenta de Twitter el registro de Vox, señala que la extrema derecha está “obsesionada” con el colectivo LGTBI y que ha iniciado en Madrid “una caza de brujas” contra ellos. “¿Va a admitir a trámite Ciudadanos y PP esta petición que vulnera la ley de protección de datos?”, se pregunta Antonelli.
Gravísimo VOX en su particular cacería brujas e inquisición al colectivo LGTBI pide los datos, nombres y apellidos de quienes han impartido cursos o talleres de sensibilización en colegios de la CM ¿va admitir a trámite Cs y PP esta petición que vulnera Ley Protección de datos? pic.twitter.com/87eL6dRnfo
Fuentes de la Consejería de Educación avanzan que no facilitarán esta información a Vox porque vulnera la ley de protección de datos y afirman que no tienen “un listado de acciones formativas” de cada colegio. “Está dentro de la autonomía de los centros. La Consejería no tiene por qué tener control sobre lo que se hace fuera del horario lectivo”, añaden las mismas fuentes. COGAM, sin embargo, señala que algunas de estas actividades sí se pueden hacer en horario de tutorías por iniciativa docente o del orientador u orientadora del centro.
Comentarios desactivados en Arcópoli recibe con indignación el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos para la Comunidad de Madrid
La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).
La probable futura presidenta del Gobierno regional madrileño, Isabel Díaz, ha hecho caso a todas las propuestas de VOX, lo que incluye derogar partes de las leyes LGTB y Trans, con la aquiescencia de Ignacio Aguado.
El pasado lunes 8 de julio PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para constituir el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo no podía ser posible sin el apoyo de la ultraderecha de VOX. Por ello Isabel Díaz Ayuso, anunció que el pacto al que han llegado recoge todas las medidas que exigía el partido de extrema derecha, que tenía varias propuestas contra el colectivo LGTB. Si bien en el acuerdo no hay ninguna medida contraria al colectivo LGTB, en las declaraciones posteriores la candidata del PP anunció que se llevarían a cabo cambios en las Leyes LGTB y Trans de la Comunidad de Madrid, como reclamaba la formación de ultraderecha.
Desde Arcópoli exigimos una aclaración sobre la supuesta aceptación de la propuesta del “pin parental” que exigía VOX. No se puede hurtar al alumnado de recibir educación en el respeto y la convivencia ante cualquier persona, en función de su orientación sexual o identidad de género. No existe el derecho a educar a los niños en el odio al colectivo LGTB, por ejemplo, aunque esas sean las convicciones de los padres.
Arcópoli considera fundamental la educación en las aulas tal y como está aprobado en la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de todos los partidos. A día de hoy según el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia llevamos 154 incidentes de odio recogidos en lo que va de año. Los agresores siguen siendo muy jóvenes. Necesitamos hablar de igualdad y eliminar prejuicios en las aulas tal y como exige la Constitución y las leyes. Dejar al albur de los padres el prohibir que tus hijos escuchen hablar de respeto al colectivo LGTB es atentar contra la igualdad.
Asimismo, consideramos esencial en la Ley el apartado de sanciones, cuestionado por VOX y recientemente por la candidata del PP. Dicho apartado es la esencia de la Ley y desde el primer momento en el que se negoció la misma se exigieron las sanciones, ya que una Ley que no sanciona su incumplimiento no es una Ley, sino un compendio de sugerencias.
Isabel Díaz afirmó ayer que “no se va a retroceder en nada” mientras hablaba de poder dar carta de libertad a padres y madres para prohibir a sus hijos asistir a “talleres afectivos en los colegios”. Eso es retroceder una década, afirma Áxel Sarraillé, nuestro Coordinador General.
El Coordinador de Arcópoli @AxelSkye96 afirma que: “No es momento de revisarla, sino de desarrollar sus reglamentos tal y como firmaron los diputados de @Cs_Madrid“
Exigimos a Ciudadanos y en particular a Ignacio Aguado que aclare su postura sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, puesto que él y su partido fueron redactores de la ley y ahora callan ante el anuncio de una revisión. El Coordinador de Arcópoli afirma que: “No es momento de revisarla, sino de desarrollar sus reglamentos tal y como firmaron los diputados de Ciudadanos en nuestro manifiesto durante la campaña electoral, revisar la ley para eliminar puntos es una traición al colectivo LGTBI”.
Comentarios desactivados en Murcia: Vox también exige a PP y Ciudadanos derogar la ley regional contra la discriminación de las personas LGTBI para reeditar sus alianzas municipales
No solo ha sucedido en Madrid. Vox, la formación de extrema derecha, ha endurecido también en la Región de Murcia sus condiciones para trasladar al Gobierno regional la alianza con PP y Ciudadanos que ha permitido a estos hacerse, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. Entre otras medidas reaccionarias, Vox exige en Murcia hacer explícito el compromiso de derogar la ley contra la discriminación de las personas LGTBI que fue aprobada por la Asamblea Regional en 2016. Eso sí, a diferencia de Madrid, donde Vox pide una derogación parcial, en Murcia los ultras piden la derogación total.
El documento hecho público por Vox en Murcia comienza exigiendo «una negociación visible, transparente y simultanea de los tres partidos, incluyendo a Vox, si es que solicitan nuestro apoyo para la investidura». para luego pasar a detallar sus condiciones, de forma más detallada que en el documento madrileño. Entre estas, la «instauración del PIN parental y de la autorización expresa de los padres para cualquier actividad relacionada con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales», así como «la derogación de la ley autonómica de 8/2016 de 27 de Mayo de igualdad social LGTBI, por vulnerar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de libertad de educación, de expresión y de comunicación, entre otros».
Habrá que esperar a ver qué sucede finalmente. Por lo pronto, Ciudadanos ha hecho público su rechazo a aceptar las condiciones plasmadas en el documento de Vox. Por lo que se refiere al PP, este no se ha pronunciado expresamente sobre el retroceso exigido en materia LGTB (como sí hizo la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se mostró dispuesta a valorarlo). En cualquier caso, el entendimiento entre PP y Vox en Murcia parece más sencillo, dado que los populares murcianos ya han cedido a Vox varias concejalías en Puerto Lumbreras, Ceutí y Fuente Álamo para «engrasar» el pacto.
Como ya comentamos en el caso madrileño, habrá que ver si Vox mantiene su pulso o todo obedece a la enésima «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose finalmente con una reedición de la alianza de facto entre las fuerzas de derecha. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con el PSOE, formación con la que en la Región de Murcia reúne mayoría absoluta, dejando a la extrema derecha fuera de juego (en el caso de Madrid sería necesario además el concurso de Más Madrid). Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses respecto al PSOE.
También en Murcia estaremos muy atentos a lo que suceda.
Comentarios desactivados en La extrema derecha exige a PP y Ciudadanos un compromiso LGTBfobo explícito para reeditar en la Comunidad de Madrid su alianza en el Ayuntamiento de la capital
La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).
Escalada LGTBfoba en la política madrileña. Vox, la formación de extrema derecha que sostiene a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha endurecido sus condiciones para que la alianza de las formaciones de derecha se repita en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, exige que las tres formaciones se comprometan a reformar las leyes de contra la LGTBIfobia y la ley integral de transexualidad.
El documento hecho público por Vox exige (reproducimos literalmente) «Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio». Estas dos últimas leyes son precisamente la ley integral de transexualidad y la ley contra la LGTBIfobia, aprobadas en la pasada legislatura. La primera, por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP de Cristina Cifuentes. La segunda, por unanimidad de todos los grupos, aunque dos diputados del PP se ausentaron para no votarla. Uno de ellos fue David Pérez, el ya exalcalde de Alcorcón, que precisamente ha sido el número dos de los populares en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y que parece destinado a ocupar una posición destacada en un hipotético futuro gobierno de las derechas.
Según la lista enumerada en una comparecencia ante los medios de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los artículos que la extrema derecha quiere derogar son numerosos y vaciarían de contenido ambas leyes por lo que se refiere a políticas de diversidad familiar, medios de comunicación y medidas educativas. Desaparecerían, además, los capítulos sancionadores, así como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación (un principio por el que, cuando el interesado aporte hechos o indicios «razonables, fundamentados y probados» de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria demostrar que esta no ha existido).
Habrá que ver qué sucede en próximos días. Por lo pronto, la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a estudiar las peticiones de Vox. «Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas», ha declarado. Más complicado parece tenerlo Ciudadanos, partido que en su momento se implicó en el proceso de discusión y aprobación de ambas leyes. Además, aceptar de forma explícita las exigencias de Vox echaría por tierra su machacona estrategia mediática, consistente en negar la existencia de pactos con la extrema derecha e insistir en que ellos solo pactan con el PP. Hacerlo además en este punto (que no es el único: Vox también exige, por ejemplo, retirar la asistencia sanitaria a los migrantes «sin papeles») sería además reconocer (sin posibilidad de coartada) que tienen razón los colectivos LGTB que no permiten la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos en la próxima Manifestación Estatal del Orgullo por no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba.
Todo ello a pesar de que PP, Ciudadanos y la extrema derecha ya han establecido una alianza de facto en el Ayuntamiento, que por cierto no ha dudado en mutilar la campaña promocional del Orgullo heredada de Carmena y eliminar las banderolas con mensaje activista que debían haber sido colgadas de las farolas de la capital. Sin embargo, Vox no disimula la molestia que le ha producido que su acuerdo secreto con el PP, que incluía el que la formación de extrema derecha ocupase concejalías y «responsabilidad directivas en entes municipales», no haya sido, a su juicio, respetado. Para Vox, la presidencia de varias juntas de distrito y los cargos intermedios que el PP estaba dispuesto a cederles no satisfacían dicho acuerdo, motivo por el cual ahora endurecen sus condiciones de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad.
Habrá que ver si Vox mantiene su pulso (lo que podría llevar a una situación de bloqueo e incluso a nuevas elecciones) o todo obedece a una nueva «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose con una reedición de la alianza municipal. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con PSOE y Más Madrid, dos formaciones que desde el principio se han mostrado abiertas a una alianza que haga innecesario el concurso de la extrema derecha en el proceso. Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.
Comentarios desactivados en David Pérez, uno de los dos únicos diputados que no votó la ley madrileña contra la LGTBfobia y que amenazó con demandar a Arcópoli, número dos del PP en las elecciones autonómicas
El alcalde de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid David Pérez ha sido el elegido por Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, como su número dos en las próximas elecciones autonómicas madrileñas. Pérez, que se significó por no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia y que ha impedido que la bandera arcoíris ondee en el balcón del Ayuntamiento, llegó a amenazar al colectivo LGTB Arcópoli con una demanda.
David Pérez fue uno de los dos diputados «díscolos» que en julio de 2016 prefirieron ausentarse y no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia, que el PP de la entonces presidenta Cristina Cifuentes apoyó y que de hecho fue aprobada por unanimidad de la cámara regional (el otro diputado ausente fue Luis Peral).
Un par de semanas antes de aquella votación Pérez protagonizaba otro triste episodio al negarse a izar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB, pese al requerimiento mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Alcorcón. Una actitud que desembocó finalmente en una reprobación del alcalde popular por parte del resto de grupos políticos. El equipo de Gobierno de David Pérez, de hecho, había rehusado ejecutar todas las resoluciones en materia LGTB presentadas por los partidos de la oposición y aprobadas por el pleno municipal (el PP cuenta con 10 concejales, mientras que el conjunto de la oposición alcanza los 17, si bien Pérez es alcalde gracias al apoyo que le brindó Ciudadanos). Una reprobación que en lugar de mover a Pérez a la reflexión fue despreciada por el propio alcalde en un tuit en que aseguraba de forma despectiva que «a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas». Cabe destacar que esta reprobación no es la única de la que ha sido merecedor David Pérez a lo largo de esta convulsa legislatura municipal: la pasada semana, de hecho, era reprobado por sexta vez.
En aquella ocasión, sin embargo, la reprobación de Pérez tuvo una vergonzante derivada, y fue la amenaza del alcalde de demandar al colectivo LGTB madrileño Arcópoli por haber criticado su actitud LGTBfoba. Una amenaza que Arcópoli recibió con asombro. «Creemos que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para silenciarnos. La mejor forma de que Arcópoli crea que el grupo municipal popular tiene interés por el colectivo LGTB es que lo demuestre mediante iniciativas y no a través de demandas», expresaron entonces desde el colectivo activista. «Si el alcalde quiere demostrar que no es bífobo, transfobo y homofobo denunciar entidades LGTB no parece la mejor alternativa, sino todo lo contrario», añadían.
El tiempo ha pasado, y aunque no tenemos constancia de que la amenaza de Pérez se materializase, el alcalde ha continuado con su actitud de desprecio. En junio de 2017, por ejemplo, mientras los colores del arcoíris inundaban fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, David Pérez, decidía ocultar la bandera LGTB tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no fuese visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos habían aprobado que ondease en el balcón del edificio. Lo mismo sucedió, de hecho, en 2018.
Rubén López: «parece que el PP más rancio ha escalado posiciones»
Rubén López, destacado activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha lamentado en declaraciones a dosmanzanas la decisión de los populares madrileños. «La elección de David Pérez como número dos de la lista del PP de Madrid es una muy mala noticia para las políticas de igualdad y en especial las del colectivo LGTB. Pérez es famoso por ausentarse de la votación de la ley LGTB, por negarse a poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento o por organizar en Alcorcón unas jornadas de familias excluyentes. Desde Arcópoli además nos causa un gran recelo: este señor amagó con denunciarnos tras llamarle homófobo después de su comportando tras el Orgullo de 2017», ha recordado.
«Parece que el PP más rancio ha escalado posiciones en la Comunidad de Madrid. Políticos como Pérez que estaban ya defenestrados pasan así a la primera línea de nuevo, retrocediendo una década y volviendo al PP más conservador. Colocarlo como número dos en la lista es un contundente gesto a ese sector más conservador contrario a los avances LGTB que se estaba marchando a Vox. Realmente una noticia muy negativa para quienes luchamos contra la LGTBfobia en nuestra región», ha añadido.
Comentarios desactivados en Saúl Castro: “A pesar de las carambolas para ocultar su LGTBIfobia, la Iglesia oficial nos sigue percibiendo como identidades inmorales”
“Las personas trans, categorizadas aún como ‘enfermas’ en la OMS, tiene el doble de probabilidades de ser sometidas a ‘terapias de conversión’ que las personas cis. La personas homosexuales hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años”
“A pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables”
“En el proceso de documentación que he llevado a cabo sobre las ‘terapias de conversión’ he encontrado casos de desnudez grupal forzada, castidad forzada por periodos de hasta 270 días, prácticas aversivas, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos… en España, estos grupos remiten a las víctimas que ‘no avanzan’ a psiquiatras que les prescriben medicamentos inhibidores del deseo sexual. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. Además, Obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”
“Tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios”
“La Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. El problema de esta Ley es que hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas práctica. Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, tres resoluciones. Dos de 2020 y una de 2021”
“Desde No Es Terapia exigimos al Congreso una modificación del Código Penal que criminalice las terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdicciones, entre las que se incluye Francia, Malta o Alemania”
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución“. Saúl Castro es abogado y fundador de NoesTerapia, asociación que lucha contra estas terapias, que el Gobierno pretende ilegalizar con su ley del ‘No es no’.
“Además, Obispos como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”, asegura en esta entrevista.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
– Pues desgraciadamente, en muchas partes del mundo e, incluso en España, la respuesta es sí. No hemos de olvidar que parte de nuestra comunidad sigue estando patologizada, no sólo en el acceso al reconocimiento de su identidad de género, sino también en las clasificaciones de enfermedades mentales. Tanto es así que el CIE-11 de la OMS, adoptado en 2019, sigue considerando a las personas trans como personas con “condiciones relacionadas con la salud sexual”, por lo que sólo se ha producido su despsicopatologización, pero no dejan de estar categorizadas como personas “enfermas”. De hecho, la fiscalización y policía institucional que se hace de las identidades trans es lo que determina que, estadísticamente, estas tenga un doble de probabilidades de ser sometidas a “terapias de conversión” que las personas cis, dado que tienen que ser propios profesionales de la salud quienes certifiquen y validen su identidad, lo que abre espacios para que los perpetradores de estos abusos actúen con mayor impunidad.
Con respecto a la orientación sexual, hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años, ya que con la modificación del CIE-11 se eliminó la patologización de la “homosexualidad egodistónica”, que era aquella dolencia consistente en el rechazo a la orientación sexual propia y el deseo de modificarla, y que empleaban muchos profesionales para tratar médicamente a “homosexuales que querían dejar de serlo”.
Y bueno… en relación con el pecado, pues no se ha avanzado mucho realmente. El Catecismo de la Iglesia indica en sus párrafo 2357-59 que “las personas homosexuales están llamadas a la castidad” debido a que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso”. Tal como señala la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1986, “la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral”. Por tanto, a pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables.
– En el libro desentrañas las terapias de conversión. ¿En qué consisten? ¿Qué prácticas son las más aberrantes?
– No existe una definición estandarizada y común de las “terapias de conversión” ni a nivel internacional ni nacional. Desde la Asociación, y a nivel personal, las definimos poniendo en el centro su finalidad, es decir, el hecho de que todas las “terapias de conversión” se caracterizan por el objetivo común de querer modificar o anular la identidad y/o expresión de género de las personas contra las que se dirigen, así como su orientación sexual, para «acomodarlas» a los cánones cisheteronormativos imperantes en nuestras sociedades. Tal como afirma el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU, “todas las “terapias de conversión” comparten la premisa de que la orientación sexual y la identidad de género pueden ser extirpadas —expulsadas, curadas o rehabilitadas—, como si fueran algo ajeno a la persona, lo que constituye una visión sumamente inhumana de la existencia”.
En el proceso de documentación que he llevado a cabo, he encontrado casos de desnudez grupal forzada, la castidad forzada por periodos de hasta 270 días, realización de ejercicios “biodinámicos” –consistentes en dar golpes y gritos para liberar energía–, prácticas aversivas –como ponerse una goma elástica en la muñeca y golpearse con ella cuando se sentía deseo sexual–, rezo continuado y del rosario en los momentos de mayor deseo sexual, empleo de técnicas de reprocesamiento traumático como el EMDR–ya que parten que la diversidad sexual y de género es fruto de traumas que hay que sanar–, abrazo-terapia, logopedia, terapia hablada, estudio de textos acientíficos sobre la orientación sexual y la posibilidad de modificarla, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos, así como control diario a través de aplicaciones de mensajería y telefonía como Telegram.
Hay que destacar que el funcionamiento de estos grupos se centra en separar a las víctimas de sus círculos familiares y de amistad, para que dependan emocional y socialmente de los grupos de “itinerantes” y de la propia organización. Les asignan grupos de compañeros, orientadores o supervisores, que les monitorean diariamente, obligándoles a escribir tres veces al día por los chats y exigiéndoles que contacten inmediatamente al grupo cuando tengan deseos sexuales no heterosexuales. También les requieren que asistan a quedadas semanales en las que practican deporte, van a bares o al cine, con el objetivo de afianzar relaciones de “masculinidad sana”. Al integrarles de una forma tan completa en estos grupos, las víctimas cortan lazos con el resto de círculos y los perpetradores se aprovechan de ello para mantener un control leonino sobre ellas, así como para chantajearlas con el ostracismo en el caso de que no progresen adecuadamente.
Finalmente, en España, estos grupos también remiten a aquellas víctimas que “no avanzan en su recuperación de la cisheterosexualidad” a psiquiatras con los que colaboran. Estos, tras realizarles una suerte de cuestionarios que no están avalados por la práctica clínica, les diagnostican el origen de su homosexualidad, bisexualidad o identidad de género no cis, y les prescriben medicamentos para otras dolencias –generalmente para tratar trastornos bipolares, esquizofrenia o epilepsia–, entre cuyos efectos secundarios se encuentra la reducción o eliminación de la lívido. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente.
– ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en estas prácticas?
– La Iglesia tiene una doble responsabilidad que, desgraciadamente, está ignorando de forma deliberada. En España, los principales perpetradores de “terapias de conversión” son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. En concreto, estos grupos se llaman “Es Posible la Esperanza” y “Verdad y Libertad”, operando en distintas regiones de España y con muchas sedes organizadas jerárquica y estructuralmente.
Por un lado “Es Posible la Esperanza” o EPE fue fundada y es coordinada por Santiago Olmeda Sánchez – capellán del Convento Carmelitas Descalzas de Ruiloba en Cantabria– y por Belén Vendrell Sahuquillo –colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae de Alcalá de Henares y mano derecha del obispo de Alcalá. En 2015, EPE remitió un dossier de 450 páginas a todos los Obispos españoles y otro con unos 118 testimonios de víctimas a la Santa Sede para solicitar que, de forma institucional, se impartieran “Itinerarios de Maduración Integral” para salir de la Atracción sexual al Mismo Sexo no deseada en todos los Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COF) y en los Seminarios. Es decir, desde la institucionalidad se conoce que estas prácticas se llevan a cabo y, a pesar de ello, no se han puesto barreras para cortarlas de raíz.
No sólo eso, sino que diferentes personalidades de la Iglesia, obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge–en connivencia con seglares al frente de los diferentes COF –como José María Gea Rosat, Federico Mulet Valle, Isabel Lacruz Silvestre o Marisa Vendrell Sahuquillo– han promocionado los itinerarios ofrecidos por EPE, “acompañado” a personas en su proceso de maduración de la masculinidad/feminidad, captado a potenciales itinerantes y participado en las convivencias periódicas que se hacían en esta asociación, así como fungido como orientadores y miembros de los grupos de apoyo.
Por otro lado, está el caso de Verdad y Libertad (VyL), que es quizás todavía más sangrante. Esta agrupación, fundada en 2013 por Miguel Ángel Sánchez Cordón –un pediatra granadino actualmente jubilado– y Alberto López –que se desligó de la misma en 2015 y lucha contra las terapias desde entonces– ha sido abiertamente investigada por la Santa Sede en el año 2020. En diciembre de dicho año, el cardenal Beniamino Stella remitió un informe, que no se ha hecho público, a la Congregación para el Clero en el que concluía que “un grupo de 6 o 5 obispos” –entre los que se incluyen Xavier Novell i Gomà, Arturo Pablo Ros Murgadas o Francisco Javier Martínez Fernández– habrían colaborado en sus retiros, compartiendo su testimonio y derivando a jóvenes y adultos a las “terapias” que se practicaban en el seno de VyL.
En abril de 2021, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española abordó este tema y el informe, limitándose a destacar que VyL no es una organización reconocida por la Iglesia y a animar a “quien se considere afectado o víctima que denuncie por la vía civil, porque desde el punto de vista canónico no se puede frenar lo que hacen”. Es decir, al igual que en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia, esta institución se ha desmarcado sin cesar a ningún miembro del clero ni publicar los informes y las investigaciones llevadas a cabo.
Junto a estos miembros de la Iglesia, operan otros sacerdotes de diferentes diócesis y parroquias como la Parroquia de San Mateo Apóstol, la de San Leandro Obispo, la de San Carlos Borromeo de Ontinyent, la de la Sagrada Familia de Torrent, la de la parroquia de S. Pío X de Algemesí o la de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla. No sólo eso, sino que en VyL, para poder acceder a los grupos e iniciar el itinerario de 270 de castidad, Miguel Ángel obligaba a los futuros itinerantes a asistir durante 6 u 8 semanas a sesiones de “terapia psicológica” con Lourdes Illán Ortega o con Juan Mayo, quienes hacían un test para evaluar la herida de los pacientes y trabajaban fichas, por un “módico” precio de 60 euros/sesión.
Así mismo, tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios, así como a conocidos psiquiatras ultra-conservadores como Aquilino Polaino o Enrique Rojas, que de acuerdo con el testimonio de estas víctimas, prescriben fármacos, previo pago de tarifas de entre 100 y 200 euros/sesión, pautados para tratar enfermedades y trastornos mentales graves como la bipolaridad, esquizofrenia o la epilepsia.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
– El Gobierno está a punto de aprobar la ley que prohibirá las terapias de conversión.
– Bueno, realmente la Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. Lo que ha sucedido es que el Consejo de Ministros a aprobado el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI y ha acordado registrarlo como Proyecto de Ley ante el Congreso, comenzándose ahora el procedimiento de tramitación parlamentaria y pudiendo modificarse el texto mediante enmiendas.
Con respecto a la ley, el problema es que replica un modelo desfasado, inútil e inefectivo, ya que impone un prohibición genérica de “practicar terapias de conversión” y establece un régimen sancionador en el que se pena con multa a quienes las practiquen o las promuevan. Este régimen no es nuevo, sino que, en la actualidad, 8 Comunidades Autónomas –la Comunidad de Madrid,Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, la Región de Cantabria, Canarias, La Rioja y Castilla La Mancha– ya tienen un sistema sancionador. Sin embargo, en los seis años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ningún caso de práctica o promoción de “terapias de conversión”, a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos años. Esto se debe a varios factores:
Por un lado, hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas prácticas, que deriva de una imposibilidad competencial de ordenar la práctica de diligencias de investigación para esclarecer hechos, como la práctica de “terapias”, que no trascienden a la esfera pública, se lleva a cabo en locales privados de la Iglesia y se capta a las víctimas por redes de contactos y clientelares. Ello se debe a que, para la intervención de comunicaciones, entrada y registro de instalaciones; así como incautación de diferentes materiales, es necesaria la intervención judicial.
Paralelamente, los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, sin reconocer ningún derecho a las víctimas o a la sociedad civil más allá de conocer la decisión de sobre la iniciación del procedimiento o el archivo de las denuncias. Ello impide que las víctimas o la ciudadanía pueda participar efectivamente en la investigación de estos abusos, y abre la mano a que los órganos competentes no actúen con el celo necesario, limitando las posibilidades de que rindan cuentas por su inacción. Por ejemplo, el único caso de “terapias de conversión” que fue sancionado, en septiembre de 2019, fue anulado por el 13 de julio de 2021, por la sentencia núm. 898/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se indicaba que la Comunidad de Madrid había tardado más de 31 meses en instruir el procedimiento vulnerando los derechos de la sancionada, actuando de forma fraudulenta.
Análogamente, el 5 de noviembre de 2021, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social acordó no iniciar un procedimiento sancionador, tras 31 meses de espera, contra el Obispado de Alcalá alegando que sólo disponía de pruebas obtenidas sin el consentimiento de los infractores. A la sociedad civil, nos notificaron esta decisión en mayo de 2022, cuando ya habían prescrito las infracciones. Este hecho, deja entrever que el modelo de tutela administrativa de estos abusos se queda absolutamente corto ya que las autoridades competentes no tienen facultades para ordenar la práctica de diligencias de investigación necesarias, para las que sería necesario contar con la intervención de un órgano judicial.
Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad” así como contra una coach madrileña que ofrece un curso online titulado “Camino a la heterosexualidad”; Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad”. Así mismo, ni el Govern de la Comunidad Valenciana ni la Junta de Andalucía han actuado contra la asociación Verdad y Libertad, a pesar de que se han denunciado estos hechos.
En segundo lugar, las sanciones que llevan aparejadas las infracciones de terapias de conversión no son eficaces ni disuasivas para los perpetradores. En el caso de Elena Lorenzo de septiembre de 2019, esta “coach de identidad” que diagnostica Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual y promete curarlo a través de su web profesional, esta señora fue sancionada con una multa de 20.001 euros –anulada posteriormente. La cuantía de esta multa fue recaudada en menos de dos semanas a través de una campaña de crowdfunding orquestada por Hazte Oir. Elena Lorenzo nunca cesó, y continúa a día de hoy, ofreciendo estos servicios previo pago de 80 euros/sesión.
Por tanto, el empleo de sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil.
En tercer lugar, el contexto criminológico en el que se producen y perpetran las “terapias de conversión” en España determina que las víctimas tarden muchos años en decidir ejercer acciones o visibilizar la violencia a la que han sido sometidas. Diversos estudios, como el titulado “Conversion Therapy and LGBT Youth” y publicado por el Williams Institute, indica que más de la mitad de las víctimas de “terapias de conversión” las sufren durante su minoría de edad.
Paralelamente, el estudio “The Global State of Conversion Therapy. A Preliminary Report and Current Evidence Brief”, de la LGBT Foundation, señala que sólo una de cuatro víctimas se somete a terapias de conversión sin coacciones de su entorno y que, entre las restantes, un 22% asiste por presión familiar, un 11% por recomendación de su comunidad/líderes religiosos y hasta un 17,5 % por insistencia de profesionales de la salud, autoridades educativas o de sus propios empleadores. Este contexto victimológico determina que las víctimas no tengan posibilidad ni incentivos para denunciar ante las autoridades administrativas y sufrir un procedimiento que las revictimice y las aísle de sus entonos.
Finalmente, los tipos penales existentes –estafa, intrusismo profesional, delitos contra los consumidores o el delito de lesiones– no cubren suficientemente los contextos en que se dan estas prácticas y sólo se centran en las consecuencias de las conductas materiales, ignorando lo criminalmente reprobable de las ‘terapias de conversión’ en sí. Es decir, su objetivo tendente a la eliminación y represión de la identidad y de la diversidad sexual y de género.
Es por todo esto que desde No Es Terapia exigimos ahora a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que modifiquen el Código Penal, creando un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdiccionesentre las que se incluye Francia, Malta, Alemania, Canadá, Nueva Zelandia, Ecuador o diferentes Estados Mexicanos.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Comentarios desactivados en El Gobierno británico confirma que la prohibición de la terapia de conversión no cubrirá a las personas trans ni a los adultos que “consientan”
El Príncipe Carlos, Príncipe de Gales, lee el discurso de la Reina junto a su Corona del Estado Imperial en la Cámara de los Lores.(Beca Alastair – Grupo WPA/Getty Images)
La prohibición de la terapia de conversión de Gran Bretaña se presentará inminentemente en el Parlamento británico este año, y excluirá tanto a las personas trans como a los adultos “con consentimiento”.
El martes (10 de mayo), el Príncipe Carlos, hijo y heredero de la Reina Isabel II, prometió la tan buscada prohibición durante su discurso en la Apertura Estatal del Parlamento. Hubo una sensación de déjà-vu cuando Charles se hizo eco de las palabras de su madre pronunciadas el año pasado durante el Discurso de la Reina cuando ella confirmó por primera vez la prohibición, luego plagada de demoras y críticas furiosas.
Pero el gobierno confirmó en las notas de orientación del discurso, vistas por ITV News, que el proyecto de ley de terapia de conversión (prohibición) excluirá tanto a las personas trans como a los llamados adultos “que consientan“.
El gobierno del Reino Unido ha confirmado que su propuesta de prohibición de la ‘terapia de conversión’ no se extenderá a las personas transgénero o adultos lesbianas, gays o bisexuales que ‘consienten’ la práctica.
Por segundo año consecutivo, se incluyó un compromiso de prohibir la práctica ampliamente desacreditada en el Discurso de la Reina que describe los planes legislativos propuestos por el gobierno para el año, pero la versión de 2022 se ha diluido significativamente en comparación con la promesa incumplida de 2021.
El discurso de la reina del martes (10 de mayo) fue leído en el Parlamento por el príncipe Carlos por primera vez después de que la reina Isabel II se viera obligada a retirarse del evento por primera vez en casi 60 años debido a “problemas de movilidad”.
“Introducir una prohibición que proteja a todas las personas LGBTQ+”
Sigue al gobierno que tiene que revertir una decisión de abandonar los planes por completo y volver a comprometerse con una prohibición incompleta.
Teniendo en cuenta que la medida se tomó ante la feroz protesta de los grupos de defensa LGBTQ+ y las principales instituciones médicas, la noticia de que la prohibición seguirá abandonando a las personas trans fue calificada de “inmoral” por una activista contra la terapia de conversión.
Esto casi confirmó los temores planteados por los activistas el año pasado de una laguna flagrante que aún permitirá que la práctica peligrosa y desacreditada en comparación con la tortura por parte de los grupos de derechos humanos contra la tortura.
En respuesta al discurso, Stonewall ha pedido al Gobierno del Reino Unido que “deje de jugar a la política con nuestras vidas”.
La organización benéfica dice: “Una prohibición de las prácticas de conversión que no cubre tanto la orientación sexual como la identidad de género no protege a nadie. Aquellos que quieren borrar o impedir que las personas LGBTQ+ vivan sus vidas no diferencian entre los dos. A nivel mundial, todas las prohibiciones recientes han cubierto ambas porque la comunidad internacional reconoce que las motivaciones detrás de la práctica provienen de una cosa: el odio hacia las personas LGBTQ+. El gobierno del Reino Unido debe dejar de jugar a la política con nuestras vidas e introducir una prohibición que proteja a todas las personas LGBTQ+”.
For the second year, the Queen’s Speech has promised to #BanConversionTherapy. But today it made explicit that trans conversion practices will not be included and adults will be able to “consent”.
Las notas informativas que acompañan al discurso de hoy establecen claramente que el propósito de un proyecto de ley de ‘terapia de conversión’ sería únicamente “Prohibir las prácticas de terapia de conversión destinadas a cambiar la orientación sexual”.
Además, la legislación propuesta no prohibirá la ‘terapia de conversión’ para adultos lesbianas, gais o bisexuales que ‘consientan’ en ella, afirmando que la nueva ley “protegerá a los menores de 18 años, independientemente de las circunstancias, y a los mayores de 18 años que no consentimiento y que son coaccionados u obligados a someterse a prácticas de terapia de conversión”.
Pero otro elemento principal enumerado es: “Proteger la libertad de expresión, garantizar que los padres, los médicos y los maestros puedan continuar conversando con las personas que buscan apoyo”, lo que podría considerarse una laguna.
Aclara que el proyecto de ley se aplicaría a Inglaterra y Gales antes de decir: “Reconociendo la complejidad de los problemas y la necesidad de una reflexión más cuidadosa, llevaremos a cabo un trabajo separado para considerar más a fondo el tema de la Terapia de Conversión Transgénero”.
También se introducirá un delito penal que “prohíba las terapias de conversión no físicas para complementar la legislación existente que protege a las personas de actos que infligen daño físico”.
Como informó The Guardian, un portavoz de Downing Street dijo a los periodistas con respecto a la protección de los menores de 18 años únicamente: “Esta es un área difícil y debemos lograr el equilibrio adecuado. Creo que es importante esperar los detalles completos del proyecto de ley”. para ser puesto en marcha”.
“Al crear una laguna en el consentimiento, el gobierno continúa ignorando los consejos de expertos legales y sobrevivientes como yo, que saben que esto seguirá poniendo en riesgo muchas vidas”, dijo a PinkNews Jayne Ozanne, exasesora del gobierno LGBTQ+. “Es absolutamente inmoral que hayan omitido a las personas trans de una prohibición y hayan creado tantas lagunas, que corren el riesgo de que esta sea una prohibición solo de nombre”.
El gobierno ha dicho anteriormente que su definición de consentimiento será “robusta y estricta”, pero aún permitirá que los adultos se “ofrezcan como voluntarios” para hablar sobre la terapia de conversión.
Sin embargo, no está claro si una segunda laguna que aparentemente permite que las formas basadas en la fe de la práctica sigan siendo legales permanecerá en la prohibición. Sobre si la laguna podría hacer que las personas aún puedan acceder a asesoramiento religioso, el portavoz dijo: “Es importante que la libertad de expresar enseñanzas religiosas no se vea afectada por la prohibición, las personas aún podrán acceder al apoyo y asesoramiento de los líderes religiosos en caso de que deseo. Pero ese es un tema aparte de tratar de forzar esta práctica abominable en las personas”.
La terapia de conversión basada en la fe, desde “rezar para que el homosexual se aleje” hasta inquietantes exorcismos, es la forma más común de la práctica. El cincuenta y uno por ciento de las personas que han soportado la terapia de conversión la realizaron grupos religiosos, según la Encuesta Nacional LGBT de 2018 del gobierno.
El primer ministro Boris Johnson dijo en abril que su gobierno prohibirá la terapia de conversión gay “abominable”, una declaración que hizo después de cambiar parcialmente los planes filtrados para eliminar la prohibición por completo.
Pero por mucho que el gobierno reviviera la prohibición, se redujo drásticamente al excluir a las personas trans, algo que, según Johnson, era demasiado “complejo” para legislar.
Según la propia investigación del gobierno, las personas trans tienen casi el doble de probabilidades de haberse sometido a una terapia de conversión o de que les hayan ofrecido terapia de conversión que sus contrapartes cisgénero.
“El deber del gobierno es proteger a los más vulnerables del abuso”, dijo Ozanne, “no ponerse del lado de los abusadores”.
La debacle de la prohibición de la ‘terapia de conversión’ en abril provocó una indignación masiva contra el gobierno, incluso dentro de sus propias filas. Más de 100 organizaciones LGBTQ boicotearon la conferencia de derechos LGBTQ del gobierno, ‘Safe To Be Me’, que luego fue cancelada.
***
El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre, por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
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La diputada Alicia Rubio asegura que la ley LGTBI tiene “taras ideológicas”, que “vulnera derechos” y promete derogarla en cuanto sea posible.
Ampliamos con esta entrevista la 
El Príncipe Carlos, Príncipe de Gales, lee el discurso de la Reina junto a su Corona del Estado Imperial en la Cámara de los Lores.
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