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Arcópoli recibe con indignación el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos para la Comunidad de Madrid

Sábado, 13 de julio de 2019

15590657714605La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

La probable futura presidenta del Gobierno regional madrileño, Isabel Díaz, ha hecho caso a todas las propuestas de VOX, lo que incluye derogar partes de las leyes LGTB y Trans, con la aquiescencia de Ignacio Aguado.

El pasado lunes 8 de julio PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para constituir el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo no podía ser posible sin el apoyo de la ultraderecha de VOX. Por ello Isabel Díaz Ayuso, anunció que el pacto al que han llegado recoge todas las medidas que exigía el partido de extrema derecha, que tenía varias propuestas contra el colectivo LGTB. Si bien en el acuerdo no hay ninguna medida contraria al colectivo LGTB, en las declaraciones posteriores la candidata del PP anunció que se llevarían a cabo cambios en las Leyes LGTB y Trans de la Comunidad de Madrid, como reclamaba la formación de ultraderecha.

Desde Arcópoli exigimos una aclaración sobre la supuesta aceptación de la propuesta del “pin parental” que exigía VOX. No se puede hurtar al alumnado de recibir educación en el respeto y la convivencia ante cualquier persona, en función de su orientación sexual o identidad de género. No existe el derecho a educar a los niños en el odio al colectivo LGTB, por ejemplo, aunque esas sean las convicciones de los padres.

Arcópoli considera fundamental la educación en las aulas tal y como está aprobado en la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de todos los partidos. A día de hoy según el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia llevamos 154 incidentes de odio recogidos en lo que va de año. Los agresores siguen siendo muy jóvenes. Necesitamos hablar de igualdad y eliminar prejuicios en las aulas tal y como exige la Constitución y las leyes. Dejar al albur de los padres el prohibir que tus hijos escuchen hablar de respeto al colectivo LGTB es atentar contra la igualdad.

Asimismo, consideramos esencial en la Ley el apartado de sanciones, cuestionado por VOX y recientemente por la candidata del PP. Dicho apartado es la esencia de la Ley y desde el primer momento en el que se negoció la misma se exigieron las sanciones, ya que una Ley que no sanciona su incumplimiento no es una Ley, sino un compendio de sugerencias.

Isabel Díaz afirmó ayer que “no se va a retroceder en nada” mientras hablaba de poder dar carta de libertad a padres y madres para prohibir a sus hijos asistir a “talleres afectivos en los colegios”. Eso es retroceder una década, afirma Áxel Sarraillé, nuestro Coordinador General. 

Exigimos a Ciudadanos y en particular a Ignacio Aguado que aclare su postura sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, puesto que él y su partido fueron redactores de la ley y ahora callan ante el anuncio de una revisión. El Coordinador de Arcópoli afirma que: “No es momento de revisarla, sino de desarrollar sus reglamentos tal y como firmaron los diputados de Ciudadanos en nuestro manifiesto durante la campaña electoral, revisar la ley para eliminar puntos es una traición al colectivo LGTBI”

Fuente Arcópoli

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Chile: Con ausencia del Gobierno, Comisión del Senado reinicia debate sobre el matrimonio igualitario

Viernes, 11 de enero de 2019

matrimonioigualitario2019-820x394Debate estaba paralizado desde noviembre del 2017. La Comisión citará a expertos/a en derecho civil y luego votará la idea de legislar. El Movilh llamó al Gobierno a cumplir con sus compromisos internacionales y e Evópoli a colaborar con los derechos humanos LGBTI desde el Ejecutivo. 

 Con la ausencia del Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado reinició hoy el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario enviado por la ex presidenta Muchelle Bachelet en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de solución Amistosa (ASA)  firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD).

En la ocasión el presidente de la Comisión, Francisco Huenchumilla (DC), resaltó los avances en materia de diversidad, mientras que los senadores Alfonso De Urresti (PS) y Felipe Harboe (PPD) se pronunciaron a favor del matrimonio igualitario. En contra se manifestó Víctor Pérez (UDI), mientras Andrés Allamand (RN) salió de la sala.

La Comisión acordó citar a docentes en Derecho Civil para, tras ello, votar la idea de legislar, lo que se espera ocurra este mes. Del mismo modo, los senadores de oposición lamentaron la ausencia de Blumel, pues había sido citado a exponer la postura del Gobierno

“Creo que el gobierno cometió un error al no venir a tratar un proyecto que le interesa a un sector de la ciudadanía. Esperamos que en las próxima sesión concurran y nos digan su opinión sobre el tema”, dijo el parlamentario”, sostuvo Huenchumilla.

El senador enfatizó que “necesitamos la opinión del Ejecutivo, porque es el Gobierno. Independiente de si esté o no en su programa, el Ejecutivo es el gobernante de todos los chilenos cualquiera sea su posición. Por lo que siempre es importante saber lo que opinan los gobernantes”.

El Movilh, organismo que firmó con el Estado de Chile el ASA ante la CIDH para la promoción del matrimonio igualitario en Chile, valoró el inicio de la discusión, pero “lamentó que ocurra de manera tan tardía y sin garantías de debate sistemático, pese a ser la ley un compromiso del país ante el sistema interamericano de derechos humanos”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “la ausencia de Blumel explicita el profundo desprecio del Ejecutivo con el matrimonio igualitario y su falta de estatura estatal. Lo más paradojal es que Blumel junto a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, son de Evópoli, un partido que dice apoyar el matrimonio igualitario, pero cuyos representantes en el Gobierno solo han intentado bloquear la ley”.

“Bajo el primer de Gobierno de Piñera nos fue mejor que ahora, y no estaba Evópoli. Animamos a este partido a promover activamente desde el Gobierno los derechos que dice defender, pues ahora no solo no lo han hecho. Sus fuerzas en el Gobierno han apuntado en al sentido contrario, a tal nivel que hemos encontrado mayor receptividad a nuestros derechos en el Ejecutivo en otras fuerzas de Chile Vamos”, finalizó Jiménez.

El Movilh recordó, por último, que ayer la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara determinó que oficiará a la Contraloría General de la República por el incumplimiento del Gobierno con el matrimonio igualitario.

Fuente MOVILH

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Chile: Gobierno excluye expresamente a la adopción homoparental en el artículo 28 de su proyecto de ley

Sábado, 9 de junio de 2018

familias-homoparentales-300x350Por tanto, no es efectivo que el tema quede a criterio del juez. 

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) considera de la máxima relevancia aclarar lo que explícitamente señalan las indicaciones a la Ley de Adopciones presentadas por el Gobierno, pues lejos de lo señalado por sus ministros sí discriminan a las parejas del mismo sexo y NO dejan a criterio del juez la adopción homo-parental.

1.- En efecto, el artículo 28 señala que sólo se acogerá la solicitud de cuidado personal en caso de que el tribunal tenga por acreditado el cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo y tercero de este artículo”

2- El inciso segundo del artículo 28 exige el cumplimiento del inciso segundo del articulo 39, el cual señala que “tratándose de dos postulantes relacionados entre sí, se deberá considerar (…) un ambiente familiar donde se pueda ejercer adecuadamente el rol de padre y madre”.

3.- El Inciso tercero del artículo 28 indica que “para los efectos de la selección” como adoptante se “considerará especialmente la existencia de un ambiente familiar donde se pueda ejercer adecuadamente el rol de padre y madre”

4.- En síntesis solo se acogerá la solicitud de adoptante a quienes garantizan ambientes familiares con rol de padre y madre.

5.- Aunque el proyecto indica en su artículo 39 que “en caso alguno se podrá denegar la certificación por causales que constituyan discriminación arbitraria conforme a lo establecido en la ley”, lo cierto es que:

a) esa misma ley propuesta no considera una discriminación arbitraria negar la adopción a parejas homoparentales, es más exige que solo sean parejas heterosexuales.

b) en ninguna parte se señala que la adopción por parte de parejas del mismo sexo quedará a criterio del juez, pues no hay mención alguna a este tipo de relaciones en el proyecto de ley,

c) la norma que prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género es la Ley Zamudio, pero esta misma señala que ello no faculta para modificar y/o reinterpretar otras leyes, como la de adopción o de matrimonio igualitario. Caso contrario, ya contaríamos con esos derechos.

6.- Lamentamos que el Ejecutivo privilegiara resguardos homofóbicos de la derecha menos representatativa de los derechos humanos, violentando asú el interés superior del niño y los derechos humanos de las familias diversas.

7.- La opinión pública, y especialmente nuestra organización, ha sido literalmente engañada cuando se señaló que no habría discriminación en el proceso y que respetarían el acuerdo que el Estado de Chile y firmó ante la CIHD. Nos sentimos violentados y dañados en términos institucionales y humanos. Hemos sido víctimas de un engaño sin precedentes en la historia del movimiento LGBTI en Chile.

9.- En estos momentos estamos evaluando con nuestros abogados Ciro Colombara y Hunter Carter los pasos a seguir ante la CIDH y ante la Contraloría General de la República.

La Contraloría declaró vinculante y legal el acuerdo que el Estado de Chile firmó ante la CIDH, donde se comprometió a impulsar la adopción homoparental previo trabajo conjunto con todas las organizaciones LGBTI

Más aún, el Ministerio de Justicia  ha transgredido con su actuar la propia Ley 20.885 que da origen a la Subsecretaría de Derechos Humanos. La norma señala que es un deber de la Subsecretaría velar por el cumplimiento de las “soluciones amistosas y sentencias internacionales en que Chile sea parte, y en la implementación, según corresponda, de las resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado”.

10.- En ese sentido, estamos evaluando la pertinencia de que el Congreso Nacional cite al Ministerio de Justicia por abandono de deberes e incumplimiento de la ley 20.885

11.- En relación al Acuerdo de Solución Amistosa tomaremos una determinación definitiva en los próximos días.

12.- Llamamos a manifestarse por el interés superior del niño el 23 de junio a las 14:00 en Plaza Italia. Estas movilizaciones irán en ascenso y radicalizándose en alianza con organismos de derechos humanos que velan por derechos de otros grupos discriminados, como los de las mujeres.

13.- Llamamos a la opinión pública a interiorizarse sobre lo que explícitamente dice el proyecto de ley, pues es muy distinto a lo que está transmitiendo el Ministerio de Justicia.

Fuente MOVILH

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El gobierno argentino llamó a “visibilizar” la heterosexualidad como parte de la “diversidad sexual”

Jueves, 5 de abril de 2018

dzoqywex0ayip_fCambiemos pretende posar de “inclusivo”, cuando la misma Iglesia a la que banca y los grandes medios de comunicación, son los que se encargan de bombardear a la sociedad diariamente con la idea de que la única sexualidad normal es la heterosexual. 

La Secretaría de Derechos Humanos lanzó ayer una campaña en Twitter para promover la “diversidad sexual” y en cuestión de horas se convirtió en tendencia. Lo que captó la atención de los usuarios y dio lugar a múltiples respuestas e ironías fue el llamado que en ese marco se realizó a “visibilizar” la heterosexualidad.

La campaña fue lanzada desde la cuenta oficial de la secretaría que conduce Claudio Avruj. “Cualquiera sea tu orientación, todxs somos parte de la diversidad sexual”, dice el primer posteo la campaña.

En la red social rápidamente le salieron al cruce con comentarios y memes que advierten lo llamativo del planteo cuando se trata de una campaña destinada justamente a visibilizar a las minorías.

Con el hashtag #Visibilizar, desde la Secretaría, el gobierno impulsó una campaña con la frase “la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual”. Una burla para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex que al día de hoy continúa peleando contra la discriminación y todo tipo de injusticias que justamente no padecen las y los heterosexuales.

Mientras el gobierno financia con millones de pesos a la Iglesia católica que se opone a la implementación de la educación sexual, son los mismos jóvenes estudiantes los que se movilizaron el #8M contra el oscurantismo del Vaticano y los organizan talleres en sus colegios junto a los docentes, para abordar la temática en respuesta a la implementación deficiente que hay al día de hoy. Cambiemos pretende posar de “inclusivo”, cuando la misma Iglesia a la que banca y los grandes medios de comunicación, son los que se encargan de bombardear a la sociedad diariamente con la idea de que la única sexualidad normal es la heterosexual.

Homofobia y cinismo en un mismo paquete viniendo de la Secretaría de Derechos Humanos, cuando el gobierno nacional y los provinciales persiguen constantemente a las y los LGBTIs. Fue la propia policía de Larreta la que detuvo a Mariana Gómez el pasado octubre y le inició una causa por estar besándose con su esposa en la estación de Constitución. La acusación formal es que estaba fumando un cigarrillo en un lugar prohibido, la realidad es que eran muchas personas fumando pero la única detenida fue una lesbiana. El pasado lunes ocurrió una nueva audiencia del juicio donde se reclama justicia por el travesticidio de Diana Sacayán. Y también continúa la exigencia de absolución para Higui, que estuvo presa durante 9 meses por defenderse de una violación por ser lesbiana y pobre.

En la década de los 70, el movimiento LGBTI surgió en las calles para visibilizar la represión que atravesaban en manos de las fuerzas policiales. Una política que suena conocida. Ni más ni menos que Patricia Bullrich fue la que impulsó un protocolo para detención a personas LGBTIs. La posibilidad de acceder al matrimonio igualitario o a la autopercepción de la identidad de género no eliminaron la persecución y la estigmatización.

Fuente: Página 12, La Izquierda Diario

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Balance: el segundo Gobierno de Bachelet y los derechos LGBTI

Sábado, 17 de marzo de 2018

michelle-bachelet-asume-su-segundo_655x438Querida Presidenta, te echaremos de menos… Al tiempo…

Con motivo del término de Gobierno de la mandataria, el Movilh lanza un balance de los últimos 4a años de gestión, calificándola como la más progresista conocida hasta ahora.

El segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) dio saltos significativos para la no discriminación, la inclusión y la igualdad de derechos de las personas lesbianas gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, transformándose en el más progresista en estas materias conocido hasta ahora en la historia del país.

Desde lo simbólico; aspecto relevante para el debate sociocultural y para la visibilidad; a lo concreto; que impacta directamente en la calidad de vida de las personas; la administración de Bachelet mejoró la situación LGBTI en políticas públicas, leyes y de derechos humanos, luciéndose sus gestiones para asegurar la permanencia de las transformaciones más allá de su gobierno y/o, si se quiere, para dificultar cualquier estancamiento o retroceso futuro.

Hubo altos y bajos, por cierto, y deudas no saldadas. También es efectivo que al momento de asumir Bachelet, las condiciones socioculturales estaban dadas para perfeccionar o ampliar los cambios que venían ocurriendo desde antes, lo cual es una realidad tanto local como internacional.

Sin embargo, hay elementos cruciales que explicitan, por si solos, la existencia de transformaciones selladas por la gestión de la mandataria y con impacto en la calidad para los derechos humanos LGBTI.

En primer lugar, y para comprender el proceso, debe recordarse que el gobierno previo de la mandataria (2006-2010) fue lamentable para la igualdad de derechos de las personas LGBTI, pues además de no cumplirse ninguna de las promesas electorales, obstaculizó las transformaciones que venían en ascenso desde 1991. Su segunda gestión, sin embargo, además de superar las deficiencias de la primera, avanzó más y mejor, pues en algunos casos rompió los límites de algunos de los grupos homo/transfóbicos de la época.

De la mano de lo anterior, viene el segundo punto. La mandataria pasó a ser la más criticada y rechazada por los sectores opositores a la igualdad, quienes con desesperación llegaron al extremo de ofenderla, agredirla y calumniarla con afirmaciones y calificativos tan deleznables como irracionales e inverosímiles.

presidenta-bachelet-1024x568El hecho más representativo de ello fue el Te Deum evangélico del 2017, donde la mandataria fue insultada (“vergüenza nacional”, “asesina”, “hija del demonio”) además de sufrir un montaje con fines político-electorales sin precedentes para perjudicar su gestión, sólo por su aporte a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.

En otras palabras, la mandataria fue a todas luces víctima de la homofobia, de la transfobia y de la misoginia por liderar el avance de los derechos humanos para sectores históricamente postergados.

Más aún, la Presidenta y buena parte de sus ministros, ministras y otros servidores/as públicos/as efectivamente comprometidos/as con los derechos LGBTI, debieron sortear los rechazos u obstáculos a estos temas de figuras de su propio conglomerado, y por cierto, de aquella parte de la Oposición que tiene tintes abiertamente homo/transfóbicos.

La posibilidad de transformaciones chocó además con la baja de Bachelet en las encuestas luego de que en febrero del 2015 dos de sus parientes, su hijo Jorge Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon, fueran acusados de enriquecimiento ilícito o irregular, lo cual dinamitó la popularidad de la presidenta.

Pese a ello y a las variadas e injustas deslealtades que enfrentó en la arena política, Bachelet avanzó, lo que vuelve doblemente elogiable su aporte en temática LGBTI.

La administración de la Presidenta adquiere con propiedad el calificativo de progresista, cuando transformó a la prevención y erradicación de la homofobia y la transfobia en un compromiso de Estado que trasciende su gestión.

Tal aporte, el más significativo en materia LGBTI, ocurrió en 2016 cuando el Ejecutivo firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solución amistosa donde el Estado se comprometió a impulsar todas y cada una de las demandas de la población de la diversidad sexual y de género, entre esas el matrimonio igualitario.

Fue en este contexto que en 2017 la presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario al Congreso Nacional y lanzó los primeros sitios web estatales sobre la plena igualdad para las parejas del mismo sexo y sobre la ley de identidad de género, previa realización de dos históricas ceremonias sobre la materia que encabezó en La Moneda.

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En paralelo, la mandataria ingresó al Parlamento un proyecto de ley que sanciona la incitación a la violencia física, incluyendo a la población LGBTI como sector protegido, y dio, también desde el 2017, un decidido impulso al proyecto de ley de identidad de género.

Además de presentarse proyectos, se promulgaron leyes. A tal punto que se pasó de una sola norma que mencionaba explícitamente a los derechos de las personas LGTI, la Ley Zamudio 20.609, a contar con cinco más que protegen las categorías de orientación sexual e identidad de género y/o a las parejas del mismo sexo.

Durante el mandato fueron promulgadas la Ley 20.750 que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre (2014), la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil (2015), la Ley 20.968 que Tipifica los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2016), la Ley 20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales (2016) y la Ley 21.042 que extiende a los convivientes civiles los 5 días de permiso laboral de los casados (2017). A estas se suman la Ley que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos (2015), que si bien no menciona explícitamente a la diversidad sexual y de género, hace clara referencia a los principios antidiscriminatorios de la Ley 20.609.

En el campo de las políticas públicas la situación fue similar.

En el área educacional, la administración de Bachelet partió por desbloquear el acceso a sitios web de los grupos LGBTI desde establecimientos escolares (2014), por pedir a las escuelas que dejaran de recomendar el homofóbico libro “Juventud en Extasis II” (2014) y por patrocinar el primer libro infantil sobre diversidad familiar “Nicolás tiene dos papás” (2014).

Luego, el Mineduc lanzó la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, donde garantiza la no discriminación a la diversidad sexual y de género (2015), e incorporó en las efemérides del Calendario Escolar el Día Internacional contra Homofobia y la Transfobia (2015-2016), mientras que en el marco del Acuerdo por la Igualdad la Superintendencia de Educación lanzó la circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la Educación” (2017) y el el texto “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo” (2017, actualizado el 2018). A estos se sumó la edición y distribución en colegios de todo el país de la más amplia documentación sobre derechos LGBTI, en el marco de la una nueva Política en Educación, Sexualidad, Afectividad y Género. Se trata de los textos Orientaciones para la participación de las comunidades educativas”,  “Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar”,  más dos polípticos sobre salud sexual y reprodutiva  y otro sobre prevención de la violencia.

maxresdefaultEn Salud, el Hospital San Juan de Dios de La Serena (2014), el Servicio de Salud de Reloncavi (2017) y el Hospital Sótero del Río (2018) se sumaron a los de Valparaíso y Talcahuano donde las personas trans pueden gestionar las cirugías de readecuación corporal, mientras que el Minsal lanzó una circular que impide someter a intervenciones a los recién nacidos intersex hasta que puedan decidir sobre sus propios cuerpos (2015), anuló una polémica y discriminatoria reforma que buscaba asociar a personas gays y trans con el Virus Papiloma Humano y la Hepatitis B (2016) y por primera vez rechazó las terapias reparativas de la homosexualidad, advertencia que replicó un año más tarde (2016-2017)

En el campo laboral, el Ministerio del Trabajo, Tricolor y el Movimiento LGBTI firmaron el primer convenio tripartito contra la homo/transfobia (2015); la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que adecuó el principio de no discriminación a lo establecido en la Ley Zamudio (2014) y resolvió, antes de la existencia de una legislación, que los cinco días de permiso laboral para quienes contrajeran matrimonio también eran aplicables a los convivientes civiles del sector privado (2016). Por su lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) otorgó igual derecho a sus trabajadores/as (2015).

En el terreno de la estadísticas, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, incluyó consultas sobre la diversidad sexual y de género (2015-2016), mientras que el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv, perteneciente a esa cartera) se lució al dar las señales más progresistas de su historia para los derechos LGBTI: auspició eventos contra la homo/transfobia, fue el primer servicio en izar la bandera del arcoíris en todo el país, creó Comisiones Regionales de la Diversidad Sexual y de Género y distinguió a activistas mujeres que luchan contra la lesbofobia y transfobia (2014-2018).

En tanto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) destacó al pronunciarse a favor de la adopción y filiación homoparental, llegando incluso a organizar un seminario sobre la materia, y al declarar idóneas para adoptar a parejas del mismo sexo (2015).

A la par, Bachelet lanzó en 2017 el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, incorporando las temáticas LGBTI.

En el terreno de los derechos humanos, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género desarrollaron un programa para orientar y ayudar a las personas LGBTI víctimas de la violencia (2016-2018), mientras que el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género consideró, al menos discursivamente, como femicidios los asesinatos de lesbianas o bisexuales en manos de sus parejas del mismo sexo (2016).

En el campo internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores jugó un rol difícil de superar. Junto con gestionar que el Estado y el Movilh lograran finalmente en 2016 firmar el Acuerdo por la Igualdad ante la CIDH, la Cancillería apoyó todas las resoluciones sobre orientación sexual e identidad de género en órganos multilaterales y lideró y empujó varias iniciativas en el extranjero.

En efecto, en la ONU Chile dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Orientación Sexual e Identidad de Género” aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos ( 2014-2016) y a una tercera que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo (2017). Además el Estado rechazó en la ONU una resolución que consideraba como válida sólo a la familia compuesta por una madre, un padre e hijos (2014), y junto a Estados Unidos consiguió que el Consejo de Seguridad abordara los derechos LGBTI (2015), lo cual nunca antes había ocurrido.

Más aún, en 2015 por primera vez en la historia una presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se manifestó a favor de los derechos LGBTI en la Asamblea General de la ONU y, un año más tarde, la mandataria se refirió en el mismo lugar a los compromisos del Acuerdo por la Igualdad que firmó con el Movimiento LGBTI.

Con anterioridad, en 2014, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay habían leído en la ONU una declaración conjunta a favor de los derechos de la diversidad sexual y de género.

En la OEA, en tanto, el Estado chileno dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Promoción y Protección de los Derechos Humanos” que incluyen a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas (2016 y 2017) y a otra específica sobre derechos LGBTI (2014), además de suscribir la “Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (2015).

A la par, en 2017 Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la denominada Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), una instancia lanzada en 2016, y junto a otros siete países nuestro Estado creó el Grupo de Trabajo LGBTI de la OEA (2016).

Además, Chile y otros 54 países lanzaron el “Llamamiento Ministerial a la acción para una Educación inclusiva y equitativa para todas y todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia” (2016), mientras que la Cancillería chilena marcó distancia con Irán en materia de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, en el marco de la visita a Santiago del ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, un hecho inédito (2016).

Por último, el Departamento de Extranjería lanzó una circular que permite a los matrimonios igualitarios y uniones civiles contraídos en el extranjero optar a la residencia en Chile (2015) y, junto a otros Estados, nuestro país firmó en Washington una declaración contra la homofobia y la transfobia (2014).

El Ministerio Secretaría General de Gobierno hizo lo suyo al impulsar en el Parlamento y el mundo partidario la última tramitación del Acuerdo de Unión Civil y acelerar desde el 2017,  bajo la conducción de la ministra Paula Narváez, la tramitación del Proyecto de Ley de Identidad de Género, en medio de una oposición que en muchas ocasiones provenían de sectores de alianza oficialista.

En los ámbitos más simbólicos la Presidenta marcó hitos de carácter histórico: permitió iluminar La Moneda con los colores del arcoíris con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (2016-2017), dio un mensaje en el marco de tal fecha (2017), ambos hechos pioneros y conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en compañía de la actriz Daniela Vega (2018)

Como en todo, sin embargo, hubo puntos negativos bajo la administración de Bachelet: la presentación de la ley de matrimonio igualitario a sólo seis meses de terminar su mandato, la preocupación solo en el último año de Gobierno por la tramitación de la ley de identidad de género  y, muy lamentablemente, los atropellos a derechos humanos cometidos en determinados órganos públicos, lo cual se suma a la indiferencia de algunas carteras para impulsar transformaciones.

Son los casos del Ministerio de Defensa, que sólo dejó en el papel las políticas antidiscriminatorias sin contribuir a promover los derechos de los/as uniformados/as LGBTI que fueron denigrados/as por su orientación sexual, lo cual fue un retroceso, pues las FFAA venían por un excelente camino de apertura hasta el 2014.

En tanto, en 9 fallos distintos, dos de ellos de la Suprema, se demostró que Gendarmería tortura, agrede y/o discrimina a internos/as LGBTI, siendo incapaz el Ministerio de Justicia de resolver estos problemas pese a continuas peticiones del movimiento de la diversidad sexual y de género. Situaciones similares se vivieron en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya representación en el Maule fue sancionada por homofobia laboral, y en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que fue indiferente a la discriminación padecida por una madre bisexual en una Casa de Acogida, además de no implementar ninguna política focalizada en mujeres trans, ni formalizar los buenos discursos pro-igualdad a favor de lesbianas y bisexuales en alguna circular u instructivo.

En un ángulo parecido, el Ejecutivo se mantuvo al margen de los ataques verbales o físicos padecidos por defensores de DDHH LGBTI y en la casi totalidad de los abusos más públicos contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género no fijó una condena pública, pese a ser necesaria tal gestión para aminorar la sensación de impunidad de que gozan los victimarios.

El Ministerio de Salud, en tanto, fue totalmente ineficiente en el combate del VIH/SIDA al punto de  convirtir al país en el que más aumentó casos en América Latina. El Minsal tampoco cumplió ni en lo básico algunos de los acuerdos pro derechos LGBTI asumidos por el Estado ante la CIDH, además de ser incapaz para regular formalmente los recursos que Fonasa otorga al proceso de readecuación corporal de las personas trans, pese a que tal demanda se formuló apenas asumió el Gobierno.

Finalmente, algunas autoridades oficialistas establecieron alianzas  con el movimiento social según simpatías o coincidencias políticas-ideológicas, en vez de garantizar un trato igualitario y justo a la sociedad civil (lo cual de paso afecta la labor del funcionario público), mientras que el Estado no derogó y/o reformó los artículos 365 y 373 del Código Penal, aún cuando lo primero es una exigencia formulada en 2007 por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y lo segundo fue pedido al país desde su Primer Examen Periódico Universal, en 2009.

En términos generales, sin embargo, el Gobierno de Bachelet resultó ser el más progresista conocido hasta ahora en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, mereciendo por ello un gran reconocimiento de parte de la población LGBTI.

Fuente MOVILH

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La portavoz del Gobierno chileno reafirma compromisos con el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género

Miércoles, 30 de noviembre de 2016

img_6935-1-710x473-710x350Al recordar acuerdo que el Estado selló con el Movilh, organismo que ayer envió misivas los presidentes de todos los partidos y la ministra Paula Narváez para que las temáticas de la diversidad sexual integren las prioridades legislativas.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, enfatizó ayer los compromisos sobre el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, al referirse al acuerdo de solución amistosa que el Estado selló con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En relación al matrimonio igualitario sostuvo que “estamos en eso dentro del tiempo establecido, para luego enviar el proyecto de ley al Parlamento, así que ahí no hay incumplimiento”.

Sobre la Ley de Identidad de Género, sostuvo que “entendemos que se ha presentado una serie de indicaciones de parte de la Oposición. Nosotros entendemos que las indicaciones son absolutamente legítimas desde el punto de vista del proceso legislativo, y el Gobierno seguirá adelante, respetando el trámite legislativo como el de cualquier proyecto de ley”.

Ayer el Movilh envió una misiva a la Nueva Mayoría y a la ministra Narváez donde solicitó que la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario sean incorporados en la lista de prioridades legislativas que definirán el próximo 1 de diciembre.

La carta fue enviada a los/as presidentes/as del PS, Isabel Allende, de la DC, Carolina Goic; del PPD, Gonzalo Navarrete; del PC, Guillermo Teillier; del PRSD, Ernesto Velasco; del Mas, Cristián Tapia, y de IU, Francisco Parraguez.

jose_antonio_kast_ristY es que el diputado Kast pidió a la Contraloría que anule acuerdo entre el Estado y el Movilh por el matrimonio igualitario.  La odiosa arremetida es respaldada por los diputados Squella y Coloma. El Movilh acusó a Kast de utilizar los derechos de la diversidad sexual para posicionar su debilitada pre-candidatura presidencial.

El diputado José Antonio Kast (ex UDI) solicitó hoy a la Contraloría General de la República que declare ilegal el acuerdo de solución amistosa sobre el matrimonio igualitario que sellaron el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La homofóbica acción es respaldada por los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, y el ultraconservador movimiento Comunidad y Justicia, el mismo que entre el 2014 y 2015 perdió en tribunales todos los recursos que buscaban anular sentencias de los tribunales a favor de las familias homoparentales y del cuento “Nicolás tiene dos papás”.

Tras presentar la acción, Kast explicó a “Opine Chile” que “hemos levantado una solicitud a la Contraloría para que revise la legalidad de un acto de gobierno firmado por varios ministros junto con el Movilh que pasa a llevar las sentencias de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema”.

Añadió que “el gobierno ha vulnerado, a nuestro juicio, el Estado de derecho que nos rige, ha desconocido sentencias del máximo tribunal, frente a una presentación que hacen particulares a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana planteando que sus derechos fueron vulnerados en Chile al no permitir que dos hombres fueran casados frente a un oficial del Registro Civil”.

El parlamentario redondeó que “ellos presentan esta reclamación y el Estado no se defiende. Perdón, primero sí se defiende y después llega a un acuerdo extrajudicial, siendo que ello no está dentro de las facultades de los ministros. Por tanto, esto sería como si Chile después de una demanda en La Haya por parte de Bolivia, llegara a un acuerdo extrajudicial y entregara el río Silala. Eso es inaceptable y aquí ocurrió lo mismo”.

Para Kast “se vulneran los derechos de cualquier chileno si es que no se respetan los tribunales de nuestro país. Aquí por así decirlo, el gobierno se dejó ganar, y eso no puede ser porque le resta seguridad a todas las personas en Chile. Cualquiera podría ver vulnerado sus derechos: si no queda conforme con las sentencias de la Corte Suprema, va a un tribunal internacional, reclama, demanda al gobierno y el gobierno le da la razón por una vía extrajudicial. Eso atenta contra la igualdad ante la ley, atenta contra el Estado de derecho y es una forma en que el gobierno ha ido manejándose en temas de derechos humanos. Cuando algo no le gusta, busca una manera de soslayar la ley y hacer acuerdos de este tipo”.

Puntualizó que “doy un defensor de los derechos humanos de las personas, soy un defensor de la legalidad y creo que todos deberían estar en contra de este tipo de situaciones. Son los activistas de ciertas causas los que están dispuestos a romper con la ley, para llegar a su fin. Aquí priman las ideologías más que las leyes”

Utilización política

En respuesta, el Movilh acusó a Kast “de utilizar los derechos humanos de las personas lesbianas, gays,, bisexuales, transexuales e intersexuales para publicitar su debilitada y a claras luces fracasada pre-candidatura presidencial”. “No somos ingenuos. No creemos que Kast desconozca sobre competencias para firmar soluciones amistosas y, por tanto debe saber, que los firmantes si están habilitados. También Kast debe saber que el Estado no cedió en nada que no solicitáramos y que el acuerdo no fue fácil. Si está usando argumentos que se caen por su propio peso, es claro que su único objetivo es figurar, antes que conseguir que sus homofóbicas posturas sean aceptadas por la Contraloría”, dijo el Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “Kast debería tener la decencia de dedicarse 100% a su labor parlamentaria, en vez de andar preocupado de su campaña presidencial, que también sabe no prosperará. Sus aleteos homofóbicos están destinados al fracaso, al igual que sus aspiraciones presidenciales”.

“Esperamos que el Gobierno haga una férrea defensa del acuerdo ante esta arremetida, pues el lo que corresponde hacer a la luz del compromiso firmado”, puntualizó el Movilh.

Fuent MOVILH (1, 2)

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“El nuevo gobierno: todos somos responsables”, por José M. Castillo

Miércoles, 16 de noviembre de 2016

la-honestidad-es-como-la-virginidad-pintura-de-ernesto-bertani_edited_2De su blog Teología sin censura:

Por lo que se lee y se oye, por todas partes, el nuevo Gobierno, que acaba de nombrar Rajoy, está dando pie a reacciones para todos los gustos. Era de esperar. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, cada cual piensa y habla según le conviene, le interesa, le agrada o le desagrada. Unos se sienten más o menos felices. Y los otros más o menos indignados.

Esto es lo que era de esperar. Pero, ¿es lo razonable? ¿es lo que más conviene? Respondo a estas preguntas, lo más pronto y lo más claro que me es posible. Y mi respuesta está determinada, como es lógico, por los conocimientos que, en muchos años de trabajo y estudio, de búsqueda y diálogo, de aciertos y desaciertos, he ido acumulando y madurando. He dedicado mi vida a las cosas de la religión, al estudio de la teología, en universidades de Europa y América. Y, sobre todo, en la lectura y la meditación sosegada de lo que, para mí, es el centro de mis convicciones y, en cuanto eso es posible, el centro también de mi vida.

Pues bien, todo esto supuesto, lo que a mí me da más que pensar es que la clave del problema, y la clave también de la solución, no está donde la mayoría de la gente se imagina que está. No. La felicidad o la desgracia de un país no depende primordialmente de quien manda en ese país. La felicidad o la desgracia de un país depende, ante todo y sobre todo, de la honradez de sus ciudadanos. La tendencia a cargar en los demás la responsabilidad de lo que nos pasa (sobre todo, si se trata de males y desgracias), es la maldita tendencia que nos ciega y nos engaña. Por más cierto que sea el hecho patente de que ahora mismo haya en España ministros que gestionan los asuntos públicos de manera que, por el mismo trabajo realizado con la misma competencia, uno gana cien y otro gana tres, si es que gana algo. Porque de sobra sabemos que, en la España del crecimiento imparable del señor Rajoy, hay millones de criaturas que no tienen que llevar a su casa. ¿Qué les decimos a esas criaturas? ¿Qué “se conviertan”? ¿En qué?

He pensado mucho en todo esto cuando he leído en los evangelios que un día le fueron a decir a Jesús que el procurador romano, Poncio Pilatos, había mandado degollar a unos galileos en el Templo de Jerusalén (Lc 13, 1). Como es lógico, aquello fue el crimen de un tirano, de un canalla, algo que clamaba al cielo. Pues bien, la respuesta de Jesús no consistió en clamar venganza contra el tirano. Ni siquiera interpelar a la gente para exigir justicia y libertad. Jesús dijo lo que seguramente a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido: “Os digo que si no os convertís (“metanoete”), todos vais a perecer también” (Lc 13, 3). ¿Fue Jesús cobarde? De sobra sabemos cómo acabó sus días: colgado como un delincuente. Y colgado por decreto del propio Pilato. Quien dejó constancia de estos hechos, sabía de gobernantes. Y sabía cómo se las gastan los gobernantes. Pero se cuidó, sobre todo, de poner el dedo en la llaga. Y la llaga no está – a juicio de Jesús el Señor – en la responsabilidad de los gobernantes, sino en la honradez de los gobernados. Y añado, a lo dicho, que lo mismo nos viene a decir el hecho patético y repugnante del asesinato de Juan Bautista, degollado en una noche de juerga, por la cobardía y la desvergüenza de un reyezuelo de mala muerte, el canalla de Herodes Antipas. ¿Protestó Jesús por este crimen el día que se enteró de lo que había pasado? No hay noticia de tal denuncia en los evangelios. Jesús siguió su camino, explicando su Evangelio, su “proyecto de vida”, interpelando a todos a vivir en la honradez y la bondad.

El problema no está en que Rajoy ponga otros ministros. El problema está en que nosotros, los ciudadanos, seamos íntegros, honrados, transparentes, libres, coherentes a carta cabal. Pero, en realidad, lo que pasa es que no estamos dispuestos a cambiar de vida. Y, menos aún, a complicarnos la vida. Resulta más cómodo culpar a quienes nos gobiernan, echando mano de lo inútil que es el “buenismo”. ¿Inútil? Que se lo pregunten a todos los tiranos que en el mundo han sido. De ellos, sólo nos queda el recuerdo hediondo de “lo insoportable”.

En estos días en que recordamos la importante aportación de la Reforma Luterana, recientemente reconocida por el papa Francisco, no puedo olvidar lo que representó, y sigue representando, lo que Max Weber denominó acertadamente la “concepción cristiana de la profesión”. Lo absolutamente nuevo, que nos dejó la Reforma, fue integrar en nuestras vidas que “el más noble contenido de la propia conducta moral consiste precisamente en sentir como un deber el cumplimiento de la profesión (de cada cual) en el mundo”. Es sencillamente vivir la “profesión” como la propia “vocación”. Antes que las devociones, las piedades y los ritos, lo primero es la honradez profesional. Con todas sus consecuencias.

Si los países del Norte de Europa tienen una manera de vivir la vida, la religión y el trabajo de forma que rinden más y respetan mejor los derechos de los demás que en los países del Sur, ¿no nos obliga esto a pensar por qué, en nuestro querido Sur, somos tan “religiosos” como “cainitas”? Esto no se arregla protestando del Gobierno de turno. Entre otras razones porque, cuando la propia “profesión” se vive como la propia “vocación”, las protestas no hacen falta. El que comete una indignidad, una bajeza, una injusticia, algo que tiene que ocultar (sea lo que sea), no necesita que otros protesten. La primera de todas las protestas es la del propio responsable, que presenta inmediatamente su dimisión.

Cuando, en 1999, el ministro de finanzas alemán Oskar Lafontaine dimitió inesperadamente de todos sus cargos políticos por causa de sus desacuerdos con la política equivocada de Helmut Kohl, publicó un libro precioso, “La rabia crece”, que terminaba recordando, entre otras, estas dos sentencias que Gandhi no toleraba: “Política sin principios”… “Religión sin sacrificio”.

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“Aviso para gobernantes: está prohibido jurar el cargo”, por José María Castillo

Viernes, 4 de noviembre de 2016

scale-phpEstamos en vísperas del nombramiento de un nuevo Gobierno. Y, como es costumbre, los nuevos gobernantes, en presencia del rey, prometerán o jurarán sus cargos. Es presumible que, dado que el Gobierno será de derechas, abundarán los que opten por jurar su fidelidad al desempeño del cargo que les asignen. Pues bien, para éstos, los que prefieren los juramentos, “aviso para gobernantes”: Está prohibido jurar.

En realidad, este aviso es para gobernantes y no gobernantes. Es para todo el mundo. ¿Por qué? Hace mucho tiempo, en 1855, Soren Kierkegaard nos hizo caer en la cuenta de una cosa tan simple y tan clara como ésta: “el juramento es una contradicción tan grande como dejar que un hombre jure poniendo la mano sobre el Nuevo Testamento donde dice: No debes jurar” (“El Instante”, nº 3). Y efectivamente así es. La prohibición tajante del juramento está en el evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte (Mt 5, 33-37). Y está también en la carta de Santiago (Sant 5, 12). De modo que el que jura invocando a Dios, hace eso poniendo su mano sobre un libro que le prohíbe jurar. Así de simple, así de claro y así de contradictorio es el juramento, por más que lo haga el mismísimo presidente de los Estados Unidos, el día que jura su cargo, ante las cámaras de televisión de todo el mundo. ¡Una patraña más! Entre las muchas que nos televisan cada día.

Pero este asunto es más serio de lo que parece a primera vista. Prescindiendo de otras cuestiones (históricas y religiosas), que aquí se podrían plantear, lo que quiero destacar es que el juramento de no pocos cargos públicos es la primera señal de incompetencia que da el gobernante de turno. Porque, en definitiva, lo primero que (sin darse cuenta) está diciendo el tal gobernante es que su palabra, por sí sola, no merece el crédito que necesita para ejercer el cargo que le han encomendado. Por eso tiene que echar mano de Dios, invocar a Dios, poner a Dios por testigo, para que la sociedad acepte que él merece estar donde está y ejercer el cargo que piensa ejercer.

Por supuesto, casi nadie se da cuenta de toda la tramoya que entraña este teatrillo. Pero el teatrillo ahí está. Y en el centro de la escena, el protagonista del sainete, jurando – ante Dios y ante los hombres – que piensa seguir mintiendo, con pomposas apariencias de verdad absoluta, que le permitirán seguir ocultando la cantidad de mentiras, robos y otras lindezas por el estilo, todas ellas, ¡eso sí!, garantizadas con el sagrado nombre del Altísimo. Le sobraba razón a Flavio Josefo, escritor judío del s. I, cuando aseguraba que nadie debe jurar por Dios, porque nadie tiene derecho a profanar y manchar el nombre divino. Pero, sobre todo, a lo que nadie tiene derecho es a utilizar al santo nombre de Dios, para luego terminar prometiendo lo que no piensa hacer, engañando a la gente, protegiendo a los ricos, oprimiendo a los pobres, sometiendo a los débiles y tolerando, con su impunidad pasiva, el desastre de sociedad que tenemos. Y, para colmo, sacando pecho con la vanidad pueril del que asegura que tenemos la España que preside, como buque insignia, el crecimiento de Europa.

¿Es que se puede usar y abusar del santo nombre de Dios para semejante cantidad de despropósitos? Pue eso, ni más ni menos, es lo que – indudablemente sin darse cuenta – hacen quienes, poniendo a Dios como garante y testigo de sus conductas, gestionan las cosas de manera que la distancia entre los más ricos y los más pobres se hace en España, de día en día, más enorme y asombrosa.

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El gobierno de Chile y MOVILH se reúnen para tratar la legalización del matrimonio igualitario

Sábado, 29 de noviembre de 2014

matrimonio_gay_chileEl acercamiento se acordó en una inédita reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De llegarse a acuerdo, se firmaría en marzo

El Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) sostuvieron el lunes su primera reunión conjunta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) tras la denuncia internacional, presentada por la organización LGTB contra el país, por la prohibición del matrimonio igualitario.

En la cita, desarrollada en el Salón Protocolar de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en Santiago, estuvieron la Comisionada y Relatora para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Belle Antoine, representantes de la Cancillería y del Ministerio Justicia y el Movilh, que estuvo acompañado por el abogado de esta causa, el jurista Ciro Colombora.

El punto explorado fue la posibilidad de “una solución amistosa” a la demanda presentada por el Movilh, en especial al tener en consideración que el actual Gobierno contiene en su programa presidencial un apoyo explícito al matrimonio igualitario, así como la promesa de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre la materia.

Al respecto, Colombora propuso someter a consideración del Estado una propuesta de solución amistosa, la que será enviada el próximo viernes a la CIHD, para su respectiva entrega al Poder Ejecutivo.

Entre otros aspectos, la propuesta incluirá plazos para el avance del matrimonio igualitario, así como una agenda de largo, mediano y corto plazo para igualdad de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en los campos legislativos y de políticas públicas, cuyos alcances se mantendrán en reserva mientras se dialoga la solución amistosa.

“Apreciamos una buena disposición del Estado para una solución amistosa, así como un reconocimiento claro de que la prohibición del matrimonio igualitario vulnera derechos humanos. Esperamos que estas posturas se mantengan”, puntualizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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“¿En qué creen quienes nos gobiernan?”, por José María Castillo.

Martes, 18 de febrero de 2014

Rajoy-saluda-Rouco-Varela-presencia-principesContundente artículo que hemos leído en su blog Teología sin Censura:

No dudo de que nuestros gobernantes (políticos, militares, jurídicos, económicos, religiosos…) tienen creencias. Y bastante sólidas, por cierto, dadas las no pocas dificultades que tienen que superar. Lo que yo me pregunto no es si tienen creencias, sino en qué creen. Una pregunta que se acentúa cada mañana cuando uno lee los periódicos o escucha los informativos.

Por eso yo pensaba estos días pasados: ¿en qué demonio creerán quienes dieron la orden de disparar (lo que fuera) contra unos hombres que se estaban ahogando junto a la playa de Ceuta? Entiendo que nuestros obispos están en su derecho (y en su deber) cuando claman en defensa de la vida siempre que esa vida es la de un no-nacido. Pero, ¿han denunciado con la misma fuerza y la misma eficacia lo que ha ocurrido en el patético incidente de los inmigrantes que han muerto en la playa de Ceuta? ¿Por qué no claman al cielo cuando se enteran de los incesantes recortes que está sufriendo nuestro sistema sanitario? ¿Es que esto ya no es defender la vida? Cuando sabemos que en España hay ahora mismo cerca de tres millones de niños hundidos en la pobreza, pasando hambre, ¿en qué creen los que han hecho eso posible? ¿Y los que lo permiten en silencio, haciendo la vista gorda como el cura aquél de la parábola del buen samaritano?

Ceuta-circunstancias-Guardia-Civil-Mpode_EDIIMA20140209_0204_13Todo esto me da mucho que pensar. Porque ando ahora estudiando el tema de la fe en los evangelios. Y lo que más me llama la atención es que, en esos relatos, la fe no se relaciona directamente con la religión, sino con la salud. Es decir, la fe es una fuerza que se centra en el que sufre. Y en la curación del sufrimiento del enfermo. La cosa no falla. Siempre que Jesús repite: “tu fe te ha salvado” (una y otra vez), no se refiere a la salvación eterna, sino a la curación de los males y penas de esta vida. Y que nadie me venga haciendo apologética religiosa con los presuntos milagros, que probarían la divinidad de Jesucristo. No entro ahora en esa cuestión, que rebasa los límites de esta reflexión. Vamos a quedarnos en lo más claro que hay en los relatos, que es sencillamente esto: que las personas que sufrían, si tenían fe, esa fe se relaciona constantemente con la solución del sufrimiento y sus causas.

1356804634_449174_1356816222_noticia_normalAsí las cosas, vuelve mi pregunta: ¿en qué creen quienes nos gobiernan? Yo veo que juran sus cargos poniendo la mano sobre los evangelios, que, por cierto, en ellos se prohíbe jurar. Y veo que asisten a actos religiosos. Y con frecuencia están a partir un piñón con obispos, curas y frailes. Todos clamando en defensa de la vida de los no nacidos (repito que en eso estoy de acuerdo, ya que no soy abortista). Pero por qué no son igual de intolerantes en la lucha contra tantas y tantas agresiones a los derechos de la vida del resto de los mortales? ¿No habrá inconfesables connivencias entre los anti-abortistas y los que, desde intereses que no conocemos, han hecho posibles unas condiciones sociales y económicas que atacan la dignidad, los derechos y la seguridad de los más indefensos de esta vida? No quiero ser mal pensado. Pero, tal como se han puesto las cosas, resulta imposible evitar que a uno se le ocurran este tipo de preguntas.

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