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Detienen a Óscar Muñoz Toledo, excanciller del arzobispado de Santiago por siete casos de abusos a menores

Martes, 17 de julio de 2018

oscar_munozJuan Carlos Cruz califica el arresto como “otra vergüenza más” en la crisis que asola a la Iglesia chilena

“Precisamente, Oscar Muñoz, asesor directo del cardenal Ezzati, era el encargado de recibir las denuncias sobre casos de abusos sexuales en el arzobispado de Santiago”

Hernán Reyes: “La Iglesia chilena es una iglesia enferma”

El cardenal Barreto sostiene que la Iglesia fue “cómplice” por encubrir los abusos a menores

(C. Doody/Efe).- Otro capítulo más de la historia de horrores que son los abusos en la Iglesia chilena. Óscar Muñoz Toledo, excanciller del arzobispado de Santiago y uno de los colaboradores más cercanos del cardenal Ricardo Ezzati, han sido detenido acusado de siete casos de abuso sexual contra menores y estupro.

Hechos que el defensor de las víctimas Juan Carlos Cruz ha calificado como otra vergüenza más”, y frente a los cuales el propio Ezzati ha expresado un “dolor muy grande”, “un pensamiento muy cercano y cordial a las víctimas” y el “deseo de que la justicia tenga la última voz”.

La detención del sacerdote Muñoz, de 56 años, fue ordenada por el fiscal regional de O’Higgins (centro del país), Emiliano Arias, y practicada por los Carabineros en la capital chilena.

a_uno_965255-818x460Muñoz se había denunciado a sí mismo por abusos ante la Oficina Pastoral de Denuncias y fue separado de su cargo el pasado enero, dos semanas antes de la visita a Chile del Papa Francisco.

En mayo, la Fiscalía abrió una investigación en su contra, tras darse a conocer los hechos que habrían afectado a cuatro menores, pero a la fecha actual los casos se elevan a siete. Los hechos ocurrieron presuntamente entre 2002 y comienzos de este año, cuando las víctimas tenían entre 11 y 17 años.

Cinco de los menores presuntamente objeto de abusos son sobrinos del religioso, otro es uno de sus acólitos y el último un joven que habría sufrido los abusos en 2004 en la ciudad de Rancagua, al sur de la capital.

Precisamente, Muñoz era el encargado de recibir las denuncias sobre casos de abusos sexuales en el arzobispado de Santiago y, además, era asesor directo del cardenal Ezzati.

El pasado junio, la Fiscalía ordenó la incautación de documentos y ordenadores en el obispado de la ciudad de Rancagua y en el Tribunal Eclesiástico, en Santiago. Dichas diligencias buscaban encontrar expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes que tuvieran relación con denuncias que apuntaban a un conjunto de sacerdotes de la región de O’Higgins y que integraban un grupo de abusadores denominado La Familia, caso en el que catorce curas fueron suspendidos.

Otros dos fiscales regionales -Raúl Guzmán, de la Fiscalía Metropolitana Sur, y Mauricio Richards, del Maule (centro del país)- encabezan en la actualidad pesquisas que involucran a religiosos católicos.

Guzmán investiga una serie de denuncias por abusos ocurridos desde hace años en colegios marianistas, mientras que Richards estudia acusaciones presentadas por el sacerdote Sergio Díaz contra algunos obispos y el nuncio apostólico, Ivo Scapolo, a los que tacha de encubrir denuncias presentadas anteriormente y amparar a los autores.

Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia católica chilena y, en junio, el Papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, después de que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieran sus cargos tras ser citados al Vaticano por el pontífice.

Dos de los cinco que fueron alejados, Juan Barros y Horacio Valenzuela, fueron acusados directamente de encubrir los abusos contra menores por las víctimas del párroco Fernando Karadima, caso en que el Papa debió enmendar su posición tras haber sostenido en un principio que las acusaciones contra los obispos eran calumnias.

El Pontífice invitó también a algunas víctimas a Roma, les pidió perdón y anunció cambios en la Iglesia chilena, tras señalar que su negativa inicial a creerles se debió a que recibió información falsa sobre la situación.

Alejandro Goic, otro de los obispos que renunció, aunque se indicó que era por motivos de edad, admitió haber sido negligente por el caso llamado “La Familia”, mientras Gonzalo Duarte, obispo de Valparaíso, que también dejó el cargo por edad, ha sido acusado de abusos sexuales por seminaristas, novicios y sacerdotes jóvenes.

foto_0000001520180714133640Por otra parte, el sacerdote Jorge Laplagne fue separado de sus funciones luego de que el arzobispado de Santiago iniciara una investigación en su contra por pederastia, ante una nueva acusación de abuso en la iglesia chilena.

Laplagne, que tenía a su cargo dos parroquias en barrios residenciales de la capital chilena, fue denunciado por abuso sexual a un menor hace 13 años, según un escueto comunicado difundido el viernes por la noche por el arzobispado, que recibió la notificación hace dos semanas.

“Ante esto, el Arzobispado de Santiago ha instruido una nueva investigación previa. Mientras dure el proceso -cuyo plazo máximo será de 60 días- el sacerdote ha sido apartado del oficio de párroco de San Crescente y Nuestra Señora de Luján, y no puede realizar actos públicos propios del ministerio sacerdotal”, indicó el comunicado.

El arzobispado tenía conocimiento de las denuncias en contra del cura, por las que ya lo había investigado en 2010. Sin embargo, en aquél momento, “no pudo acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados”, detalló el comunicado.

El nuevo caso se dio a conocer horas después de que el reconocido sacerdote Oscar Muñoz fuese enviado a prisión preventiva por un tribunal de la ciudad de Rancagua, 120 km al sur de Santiago. Muñoz había sido acusado por la fiscalía de abuso sexual y estupro contra cinco menores entre 2002 y 2018. Algunos de ellos serían familiares del clérigo.

Ahora, la fiscalía evalúa incluir otros dos casos que involucran a Muñoz.

Los abusos ocurrieron en las ciudades de Santiago y Rancagua, donde el sacerdote aprovechó la cercanía con las víctimas y sus familias para llevarlos a su casa donde según el Ministerio Público- ocurrieron los delitos.

El encarcelamiento de Muñoz, que se extenderá por los seis meses que durará la investigación, fue un golpe duro para la iglesia chilena, ya que el clérigo ocupaba hasta este año el cargo de canciller del Arzobispado de Santiago, una posición de alta jerarquía.

Muñoz se había auto denunciado por abuso sexual de menores ante autoridades eclesiásticas en enero pasado, tras lo cual había sido suspendido. La fiscalía tuvo detalles del caso luego de allanar oficinas de la Iglesia en junio.

El papa Francisco aceptó en mayo la renuncia de cinco obispos chilenos en medio de la crisis que enfrenta la iglesia local por la seguidilla de escándalos sexuales de religiosos denunciados en los últimos años.

Fuente La tercera/Religión Digital

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Balance: el segundo Gobierno de Bachelet y los derechos LGBTI

Sábado, 17 de marzo de 2018

michelle-bachelet-asume-su-segundo_655x438Querida Presidenta, te echaremos de menos… Al tiempo…

Con motivo del término de Gobierno de la mandataria, el Movilh lanza un balance de los últimos 4a años de gestión, calificándola como la más progresista conocida hasta ahora.

El segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) dio saltos significativos para la no discriminación, la inclusión y la igualdad de derechos de las personas lesbianas gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, transformándose en el más progresista en estas materias conocido hasta ahora en la historia del país.

Desde lo simbólico; aspecto relevante para el debate sociocultural y para la visibilidad; a lo concreto; que impacta directamente en la calidad de vida de las personas; la administración de Bachelet mejoró la situación LGBTI en políticas públicas, leyes y de derechos humanos, luciéndose sus gestiones para asegurar la permanencia de las transformaciones más allá de su gobierno y/o, si se quiere, para dificultar cualquier estancamiento o retroceso futuro.

Hubo altos y bajos, por cierto, y deudas no saldadas. También es efectivo que al momento de asumir Bachelet, las condiciones socioculturales estaban dadas para perfeccionar o ampliar los cambios que venían ocurriendo desde antes, lo cual es una realidad tanto local como internacional.

Sin embargo, hay elementos cruciales que explicitan, por si solos, la existencia de transformaciones selladas por la gestión de la mandataria y con impacto en la calidad para los derechos humanos LGBTI.

En primer lugar, y para comprender el proceso, debe recordarse que el gobierno previo de la mandataria (2006-2010) fue lamentable para la igualdad de derechos de las personas LGBTI, pues además de no cumplirse ninguna de las promesas electorales, obstaculizó las transformaciones que venían en ascenso desde 1991. Su segunda gestión, sin embargo, además de superar las deficiencias de la primera, avanzó más y mejor, pues en algunos casos rompió los límites de algunos de los grupos homo/transfóbicos de la época.

De la mano de lo anterior, viene el segundo punto. La mandataria pasó a ser la más criticada y rechazada por los sectores opositores a la igualdad, quienes con desesperación llegaron al extremo de ofenderla, agredirla y calumniarla con afirmaciones y calificativos tan deleznables como irracionales e inverosímiles.

presidenta-bachelet-1024x568El hecho más representativo de ello fue el Te Deum evangélico del 2017, donde la mandataria fue insultada (“vergüenza nacional”, “asesina”, “hija del demonio”) además de sufrir un montaje con fines político-electorales sin precedentes para perjudicar su gestión, sólo por su aporte a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.

En otras palabras, la mandataria fue a todas luces víctima de la homofobia, de la transfobia y de la misoginia por liderar el avance de los derechos humanos para sectores históricamente postergados.

Más aún, la Presidenta y buena parte de sus ministros, ministras y otros servidores/as públicos/as efectivamente comprometidos/as con los derechos LGBTI, debieron sortear los rechazos u obstáculos a estos temas de figuras de su propio conglomerado, y por cierto, de aquella parte de la Oposición que tiene tintes abiertamente homo/transfóbicos.

La posibilidad de transformaciones chocó además con la baja de Bachelet en las encuestas luego de que en febrero del 2015 dos de sus parientes, su hijo Jorge Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon, fueran acusados de enriquecimiento ilícito o irregular, lo cual dinamitó la popularidad de la presidenta.

Pese a ello y a las variadas e injustas deslealtades que enfrentó en la arena política, Bachelet avanzó, lo que vuelve doblemente elogiable su aporte en temática LGBTI.

La administración de la Presidenta adquiere con propiedad el calificativo de progresista, cuando transformó a la prevención y erradicación de la homofobia y la transfobia en un compromiso de Estado que trasciende su gestión.

Tal aporte, el más significativo en materia LGBTI, ocurrió en 2016 cuando el Ejecutivo firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solución amistosa donde el Estado se comprometió a impulsar todas y cada una de las demandas de la población de la diversidad sexual y de género, entre esas el matrimonio igualitario.

Fue en este contexto que en 2017 la presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario al Congreso Nacional y lanzó los primeros sitios web estatales sobre la plena igualdad para las parejas del mismo sexo y sobre la ley de identidad de género, previa realización de dos históricas ceremonias sobre la materia que encabezó en La Moneda.

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En paralelo, la mandataria ingresó al Parlamento un proyecto de ley que sanciona la incitación a la violencia física, incluyendo a la población LGBTI como sector protegido, y dio, también desde el 2017, un decidido impulso al proyecto de ley de identidad de género.

Además de presentarse proyectos, se promulgaron leyes. A tal punto que se pasó de una sola norma que mencionaba explícitamente a los derechos de las personas LGTI, la Ley Zamudio 20.609, a contar con cinco más que protegen las categorías de orientación sexual e identidad de género y/o a las parejas del mismo sexo.

Durante el mandato fueron promulgadas la Ley 20.750 que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre (2014), la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil (2015), la Ley 20.968 que Tipifica los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2016), la Ley 20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales (2016) y la Ley 21.042 que extiende a los convivientes civiles los 5 días de permiso laboral de los casados (2017). A estas se suman la Ley que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos (2015), que si bien no menciona explícitamente a la diversidad sexual y de género, hace clara referencia a los principios antidiscriminatorios de la Ley 20.609.

En el campo de las políticas públicas la situación fue similar.

En el área educacional, la administración de Bachelet partió por desbloquear el acceso a sitios web de los grupos LGBTI desde establecimientos escolares (2014), por pedir a las escuelas que dejaran de recomendar el homofóbico libro “Juventud en Extasis II” (2014) y por patrocinar el primer libro infantil sobre diversidad familiar “Nicolás tiene dos papás” (2014).

Luego, el Mineduc lanzó la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, donde garantiza la no discriminación a la diversidad sexual y de género (2015), e incorporó en las efemérides del Calendario Escolar el Día Internacional contra Homofobia y la Transfobia (2015-2016), mientras que en el marco del Acuerdo por la Igualdad la Superintendencia de Educación lanzó la circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la Educación” (2017) y el el texto “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo” (2017, actualizado el 2018). A estos se sumó la edición y distribución en colegios de todo el país de la más amplia documentación sobre derechos LGBTI, en el marco de la una nueva Política en Educación, Sexualidad, Afectividad y Género. Se trata de los textos Orientaciones para la participación de las comunidades educativas”,  “Orientaciones para promover espacios de participación y sana convivencia escolar”,  más dos polípticos sobre salud sexual y reprodutiva  y otro sobre prevención de la violencia.

maxresdefaultEn Salud, el Hospital San Juan de Dios de La Serena (2014), el Servicio de Salud de Reloncavi (2017) y el Hospital Sótero del Río (2018) se sumaron a los de Valparaíso y Talcahuano donde las personas trans pueden gestionar las cirugías de readecuación corporal, mientras que el Minsal lanzó una circular que impide someter a intervenciones a los recién nacidos intersex hasta que puedan decidir sobre sus propios cuerpos (2015), anuló una polémica y discriminatoria reforma que buscaba asociar a personas gays y trans con el Virus Papiloma Humano y la Hepatitis B (2016) y por primera vez rechazó las terapias reparativas de la homosexualidad, advertencia que replicó un año más tarde (2016-2017)

En el campo laboral, el Ministerio del Trabajo, Tricolor y el Movimiento LGBTI firmaron el primer convenio tripartito contra la homo/transfobia (2015); la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que adecuó el principio de no discriminación a lo establecido en la Ley Zamudio (2014) y resolvió, antes de la existencia de una legislación, que los cinco días de permiso laboral para quienes contrajeran matrimonio también eran aplicables a los convivientes civiles del sector privado (2016). Por su lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) otorgó igual derecho a sus trabajadores/as (2015).

En el terreno de la estadísticas, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, incluyó consultas sobre la diversidad sexual y de género (2015-2016), mientras que el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv, perteneciente a esa cartera) se lució al dar las señales más progresistas de su historia para los derechos LGBTI: auspició eventos contra la homo/transfobia, fue el primer servicio en izar la bandera del arcoíris en todo el país, creó Comisiones Regionales de la Diversidad Sexual y de Género y distinguió a activistas mujeres que luchan contra la lesbofobia y transfobia (2014-2018).

En tanto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) destacó al pronunciarse a favor de la adopción y filiación homoparental, llegando incluso a organizar un seminario sobre la materia, y al declarar idóneas para adoptar a parejas del mismo sexo (2015).

A la par, Bachelet lanzó en 2017 el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, incorporando las temáticas LGBTI.

En el terreno de los derechos humanos, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género desarrollaron un programa para orientar y ayudar a las personas LGBTI víctimas de la violencia (2016-2018), mientras que el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género consideró, al menos discursivamente, como femicidios los asesinatos de lesbianas o bisexuales en manos de sus parejas del mismo sexo (2016).

En el campo internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores jugó un rol difícil de superar. Junto con gestionar que el Estado y el Movilh lograran finalmente en 2016 firmar el Acuerdo por la Igualdad ante la CIDH, la Cancillería apoyó todas las resoluciones sobre orientación sexual e identidad de género en órganos multilaterales y lideró y empujó varias iniciativas en el extranjero.

En efecto, en la ONU Chile dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Orientación Sexual e Identidad de Género” aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos ( 2014-2016) y a una tercera que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo (2017). Además el Estado rechazó en la ONU una resolución que consideraba como válida sólo a la familia compuesta por una madre, un padre e hijos (2014), y junto a Estados Unidos consiguió que el Consejo de Seguridad abordara los derechos LGBTI (2015), lo cual nunca antes había ocurrido.

Más aún, en 2015 por primera vez en la historia una presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se manifestó a favor de los derechos LGBTI en la Asamblea General de la ONU y, un año más tarde, la mandataria se refirió en el mismo lugar a los compromisos del Acuerdo por la Igualdad que firmó con el Movimiento LGBTI.

Con anterioridad, en 2014, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay habían leído en la ONU una declaración conjunta a favor de los derechos de la diversidad sexual y de género.

En la OEA, en tanto, el Estado chileno dio su voto favorable a dos resoluciones sobre “Promoción y Protección de los Derechos Humanos” que incluyen a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas (2016 y 2017) y a otra específica sobre derechos LGBTI (2014), además de suscribir la “Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (2015).

A la par, en 2017 Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la denominada Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), una instancia lanzada en 2016, y junto a otros siete países nuestro Estado creó el Grupo de Trabajo LGBTI de la OEA (2016).

Además, Chile y otros 54 países lanzaron el “Llamamiento Ministerial a la acción para una Educación inclusiva y equitativa para todas y todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia” (2016), mientras que la Cancillería chilena marcó distancia con Irán en materia de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, en el marco de la visita a Santiago del ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, un hecho inédito (2016).

Por último, el Departamento de Extranjería lanzó una circular que permite a los matrimonios igualitarios y uniones civiles contraídos en el extranjero optar a la residencia en Chile (2015) y, junto a otros Estados, nuestro país firmó en Washington una declaración contra la homofobia y la transfobia (2014).

El Ministerio Secretaría General de Gobierno hizo lo suyo al impulsar en el Parlamento y el mundo partidario la última tramitación del Acuerdo de Unión Civil y acelerar desde el 2017,  bajo la conducción de la ministra Paula Narváez, la tramitación del Proyecto de Ley de Identidad de Género, en medio de una oposición que en muchas ocasiones provenían de sectores de alianza oficialista.

En los ámbitos más simbólicos la Presidenta marcó hitos de carácter histórico: permitió iluminar La Moneda con los colores del arcoíris con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (2016-2017), dio un mensaje en el marco de tal fecha (2017), ambos hechos pioneros y conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en compañía de la actriz Daniela Vega (2018)

Como en todo, sin embargo, hubo puntos negativos bajo la administración de Bachelet: la presentación de la ley de matrimonio igualitario a sólo seis meses de terminar su mandato, la preocupación solo en el último año de Gobierno por la tramitación de la ley de identidad de género  y, muy lamentablemente, los atropellos a derechos humanos cometidos en determinados órganos públicos, lo cual se suma a la indiferencia de algunas carteras para impulsar transformaciones.

Son los casos del Ministerio de Defensa, que sólo dejó en el papel las políticas antidiscriminatorias sin contribuir a promover los derechos de los/as uniformados/as LGBTI que fueron denigrados/as por su orientación sexual, lo cual fue un retroceso, pues las FFAA venían por un excelente camino de apertura hasta el 2014.

En tanto, en 9 fallos distintos, dos de ellos de la Suprema, se demostró que Gendarmería tortura, agrede y/o discrimina a internos/as LGBTI, siendo incapaz el Ministerio de Justicia de resolver estos problemas pese a continuas peticiones del movimiento de la diversidad sexual y de género. Situaciones similares se vivieron en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya representación en el Maule fue sancionada por homofobia laboral, y en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que fue indiferente a la discriminación padecida por una madre bisexual en una Casa de Acogida, además de no implementar ninguna política focalizada en mujeres trans, ni formalizar los buenos discursos pro-igualdad a favor de lesbianas y bisexuales en alguna circular u instructivo.

En un ángulo parecido, el Ejecutivo se mantuvo al margen de los ataques verbales o físicos padecidos por defensores de DDHH LGBTI y en la casi totalidad de los abusos más públicos contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género no fijó una condena pública, pese a ser necesaria tal gestión para aminorar la sensación de impunidad de que gozan los victimarios.

El Ministerio de Salud, en tanto, fue totalmente ineficiente en el combate del VIH/SIDA al punto de  convirtir al país en el que más aumentó casos en América Latina. El Minsal tampoco cumplió ni en lo básico algunos de los acuerdos pro derechos LGBTI asumidos por el Estado ante la CIDH, además de ser incapaz para regular formalmente los recursos que Fonasa otorga al proceso de readecuación corporal de las personas trans, pese a que tal demanda se formuló apenas asumió el Gobierno.

Finalmente, algunas autoridades oficialistas establecieron alianzas  con el movimiento social según simpatías o coincidencias políticas-ideológicas, en vez de garantizar un trato igualitario y justo a la sociedad civil (lo cual de paso afecta la labor del funcionario público), mientras que el Estado no derogó y/o reformó los artículos 365 y 373 del Código Penal, aún cuando lo primero es una exigencia formulada en 2007 por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y lo segundo fue pedido al país desde su Primer Examen Periódico Universal, en 2009.

En términos generales, sin embargo, el Gobierno de Bachelet resultó ser el más progresista conocido hasta ahora en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, mereciendo por ello un gran reconocimiento de parte de la población LGBTI.

Fuente MOVILH

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La ONU aprueba histórica resolución contra violencia y discriminación a personas LGBT

Domingo, 28 de septiembre de 2014

ONU_ginebraBan Ki -moon pide a la ONU  que no dejen de “levantar la voz” para luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual 

La resolución es considerada un logro de importancia crítica para la defensa de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

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Asociaciones de Derechos Humanos Y LGTB han destacado que “a pesar de algunas diferencias durante el debate, Latinoamérica mostró una postura unificada a favor de la igualdad en la votación final”.

En el marco de su 27ª sesión ordinaria, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha aprobado por 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones una importante resolución sobre discriminación y violencia hacia las personas LGBT, presentada por Chile y Brasil y copatrocinada por varios países de la región y del mundo. Esta resolución pide al Alto Comisionado en Derechos Humanos actualizar el informe sobre la cuestión presentado por la entonces Alta Comisionada Navy Pillay en 2012.

La resolución sobrevivió a 7 enmiendas hostiles presentadas por once estados, en su mayoría africanos y del mundo árabe, tratando de quitar de la resolución cualquier referencia a orientación sexual e identidad de género. Brasil y otros estados hiceron frente a estos intentos de destruir la resolución, “dejando claro que de aprobarse esas enmiendas quitarían todo sentido a la resolución propuesta, que es justamente mostra la necesidad de que los estados se enfrenten a la violencia y la discriminación que sufren aún personas en todo el mundo debido a su orientación sexual o identidad de género”, apuntan desde Fundación Triángulo. Todas las enmiendas fueron rechazadas, principalmente con los votos de países europeos y latinoamericanos, además de Sudáfrica, Japón y Corea del Sur.

En su preámbulo, la resolución aprobada expresa “gran preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género”, y acoge “con beneplácito los positivos avances a nivel internacional, regional y nacional en la lucha contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”, así como “los esfuerzos realizados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para combatir la violencia y la discriminación”.

Por otro lado, en su parte resolutiva, “toma nota con aprecio del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado ‘Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género’ (A/HRC/19/41), así como de la mesa redonda celebrada durante el 19º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos“.

Además, la resolución “solicita al Alto Comisionado que actualice el informe (A/HRC/19/41) con miras a compartir buenas prácticas y formas para superar la violencia y la discriminación, en aplicación de las normas y el derecho internacional de los derechos humanos en vigor, y que se lo presente en su 29º período de sesiones y que le informe al respecto cada dos años”.

“Hoy vivimos un hecho histórico, pues un país identificado a nivel internacional como conservador  ha encabezado una texto que enfrenta a la homofobia y la transfobia a nivel mundial. Felicitamos al Gobierno de Chile por este paso que nos enorgullece, así como a Brasil, Colombia y Uruguay por ser copatrocinadores”, ha expresado Rolando Jiménez, presidente de la asociación LGTB chilena Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Resolución-ONUPara Jose María Núñez Blanco, presidente de Fundación Triángulo, “es una magnífica noticia, además estamos muy orgullosos de que haya sido patrocinada por países hermanos iberoamericanos, y agradecemos a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores de España que, en cuanto se lo pedimos, inmediatamente nos confirmase que la iban a patrocinar. Es un mensaje de esperanza, a pesar de los intentos de Rusia y los integristas, la oposición a la violencia y a la discriminación avanza. Sólo ver el horror de los países que se oponen y como oprimen a sus ciudadanos, da una idea del tipo de mundo que quisieran imponernos. Por suerte, parece que están siendo derrotados.”

Al respecto, Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) expresó: “celebramos otro gran avance del activismo LGBTI internacional y de sus aliados y aliadas, ya que este tipo de resoluciones muestran que el camino de reconocimiento y ampliación de derechos en el mundo para nuestro colectivo no tiene vuelta atrás. Sin embargo, que países del peso de China o Rusia se opongan a reconocer la violencia y la discriminación motivadas en la orientación sexual y la identidad de género, nos alerta para no bajar los brazos y trabajar más intensamente aún en nuestros países y a nivel global”.

En el mismo sentido Alejandro Nasif Salum, secretario de Relaciones Internacionales de la FALGBT, agregó que “la postura casi unificada de Latinoamérica nos muestra que el movimiento LGBTI latinoamericano es cada día más fuerte y que debemos trabajar en conjunto para lograr la igualdad legal y real en toda la región. La postura ambigua de Venezuela y Cuba son un llamado de alerta y muestran que aún hay mucho trabajo de incidencia por hacer. Llamamos a gobiernos aliados como el argentino a dialogar estas cuestiones para alcanzar mayores niveles de consenso regional a favor de la igualdad”.

Texto de la resolución:

http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_27_L27_rev1.pdf

Madrid, 26 de septiembre de 2014

La votación en cifras:

Estados que la han apoyado: Argentina, Austria, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, México, Montenegro, Perú, Filipinas, República de Corea, Rumanía, Sudáfrica, La Antigua República Yugoslava de Macedonia, Reino Unido, Estados Unidos de América, Venezuela, Vietnam

Estados en contra: Argelia, Botsuana, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Indonesia, Kenia, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Paquistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Federación Rusa.

Abstenciones: Burkina Faso, China, Congo, Kazakhastán, India, Namibia, Sierra Leona

Ausente: Benin

Co-patrocinadores de la resolución: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Holanda, Nueva Zealanda, Nicaragua, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Uruguay.

Fuentes Fundación Triángulo, FALGTB, SentidoG y Cáscara amarga

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