Cogresistas demócratas de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos consideran que negar la salud a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers por motivos religiosos representaría un gran retroceso en materia de derechos civiles.

Una solicitud formal ha realizado un grupo de 127 demócratas en la Cámara de Representantes al director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca a fin de que se impida la aprobación de un plan impulsado por el presidente Donald Trump, que permitiría a los médicos negarse a tratar a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queers (LGBTQ) si tienen una objeción religiosa.

Esto implicaría echar para atrás la protección conseguida durante la administración del presidente Barak Obama, según la cual, los profesionales de la salud, hospitales, y compañías de seguro no podían negarse a dar cobertura, asistencia y tratamiento por motivos religiosos.

Los opositores a la eliminación destacan que esto podría significar que las personas LGBT y las personas que han tenido abortos podrían ser rechazados legalmente.

Los congresistas indicaron que de aprobarse ese plan, resultaría muy dañino para las mujeres y las personas LGBTQ, que a menudo ya son discriminadas. Además, afirman que es un precedente peligroso que incentiva la discriminación.

“Nadie debería ser rechazado para recibir atención médica por lo que son”, dijo el congresista Jerrold Nadler de Nueva York.

La congresista de California Julia Brownley agregó: “Revertir la Ley de Derechos de Atención Médica abriría la puerta para que los proveedores de atención médica y las compañías de seguros nieguen la atención a las personas en función de sus creencias personales, lo que amenazaría a las mujeres y las personas LGBTQ en todo el país”.

La carta también destacó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ha eliminado recientemente las directrices sobre identidad de género y orientación sexual de su sitio web.

Por otra parte, Caitlyn Jenner ha insistido nuevamente, en esta ocasión durante una entrevista con la revista Broadly, que la política del presidente Trump contra los derechos de las personas LGBTI en Estados Unidos la tiene decepcionada. “Ha sido, para todos los asuntos LGBT, el peor presidente que hemos tenido”, dijo quien en un principio había mostrado su simpatía por el mandatario.

“Quiero que sepa políticamente, estoy decepcionada, obviamente. No quiero que nuestra comunidad retroceda”, afirmó. También destacó que “creo que es bueno que yo esté en el bando republicano porque los republicanos lo saben, y tengo una relación inmediata con ellos para cambiar sus ideas”.

Fuente Universogay

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 Oklahoma da el primer paso para seguir a Texas, Alabama y Dakota del Sur a la hora de imponer la libertad religiosa a las agencias de adopción que podrían aplicar la libertad religiosa para negar entregar un menor a familias de acogida del mismo sexo, personas solteras o aquellas que no sean católicas.

Con 60 votos contra 26, la Cámara Baja de Oklahoma aprueba el jueves, 28 de abril, un proyecto de ley que permitiría a las agencias de adopción de carácter religioso rechazar como familias de acogida en los casos en que «la colocación propuesta violaría las convicciones o políticas religiosas o morales escritas de la agencia», que entraría en vigor si es ratificada por su gobernador a pesar de no haber sido aprobada por la Cámara Alta.

En la actualidad, existe una ley que se aplica únicamente a los servicios de colocación privados que no reciben fondos estatales o federales, pero los partidarios de la conocida como Ley SB1140 están tratando de extender la exención religiosa a las agencias que sí reciben subvenciones del gobierno. De entrar en vigor, supondría una discriminación para las parejas del mismo sexo, personas solteras o postulantes que no profesasen la religión católica. Texas, Alabama y Dakota del Sur aprobaron el año pasado leyes similares, mientras que Kansas y Colorado debaten actualmente hacer lo mismo.

Subdirectora de los proyectos LGBT y VIH de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), Leslie Cooper, asegura que este tipo de leyes son «inconstitucionales», constituyendo una manera de «utilizar los argumentos de libertad religiosa para establecer el derecho de discriminación contra las personas LGBT», cuyos principales perjudicados no serían otros que «los niños más vulnerables». Actualmente la ACLU tiene dos demandas interpuestas en relación a dos casos de colocación de menores en familias de acogidas en Texas y en Michigan.

«Más de 100,000 niños en el sistema de cuidado de crianza de los EE. UU. Necesitan una familia adoptiva permanente. Aproximadamente 2 millones de adultos LGBTQ están interesados en la adopción», sostiene Cathlyn Oakley, directora legislativa estatal y asesora principal de Human Rights Campaign (HRC por sus siglas), que califica este tipo de proyectos de ley como «evidentemente discriminatorios», considerando que perjudican a los menores al no haber las suficientes familias de acogida que se adecuen a los criterios propuestos. Irónicamente, un punto de vista con el que también coinciden partidarios de la aprobación de estas medidas, como la Conferencia Episcopal de Oklahoma, que afirman que no podrían elegir ubicar a menores únicamente en hogares que compartan los valores de la agencia.

«Los prejuicios y la discriminación son malos para los niños sin importar la estructura familiar», declara Christie Appelhanz, directora ejecutiva de Children’s Alliance of Kansas, que se opone a la Ley de Protección de Adopción de Kansas y que «continuará luchando contra este proyecto de ley». Una encuesta realizada el año pasado por Public Religion Research Institute, una organización sin ánimo de lucro que no está vinculada a ninguna ideología ni religiosa ni política, en la que determina que la mayoría de las personas estadounidenses se oponen a que las agencias de adopción se rijan por este tipo de criterios discriminatorios, reciban o no subvenciones estatales.

«Yo fui uno de esos jóvenes que crecía sin pensar que alguna vez ocurriría (…). Ahora soy amada más allá de lo que casi puedo asumir», sostiene Lupe Tovar, de 32 años actualmente y residente de Oklahoma, fue acogida por una pareja del mismo sexo cuando tenía sólo 6 años de edad, que consiguieron adoptarle finalmente. Para Tovar resulta «desgarrador» pensar que te puedan quitar la oportunidad de adopción por un criterio religioso, particularmente cuando ella forma parte de una familia cristiana a pesar de que sus padres sean una pareja gay.

Fuente Universogay

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Una encuesta revela que la mayoría de los grupos religiosos, salvo los protestantes evangélicos y los mormones, se oponen a las leyes que favorecen la discriminación del colectivo LGBT, abriéndose una brecha entre los mormones, al estar los más jóvenes en contra de la discriminación por libertad religiosa. 

La mayoría de los grupos religiosos se oponen al matrimonio igualitario, la adopción por parte de familias homoparentales y muchas otras medidas en favor de los derechos de los miembros del colectivo LGBT, sin embargo, hasta un 60 % de los estadounidenses que profesan alguna religión estarían igualmente en contra de la discriminación por libertad religiosa según la encuesta publicada este martes, 1 de mayo, por el Instituto Público de Investigación Religiosa (PRRI por sus siglas en inglés: Public Religion Research Institute), que no está vinculado a ninguna religión.

El que es conocido como el Atlas de Valores Americanos 2017 desvela que casi todas las congregaciones religiosas importantes están en contra de permitir que los dueños de negocios y empresas puedan discriminar a las personas LGBT, incluyendo a los protestantes afroamericanos, los católicos blancos, los cristianos ortodoxos y los protestantes latinoamericanos, además la mayoría de los Unitarios Universalistas, los budistas, los judíos los musulmanes y los hindúes, en orden de mayor a menor aceptación, pero siempre por encima del 50 %.

«Si bien la libertad religiosa es un valor ampliamente aceptado, la mayoría cree que las pequeñas empresas que están abiertas al público deben servir a todos los clientes, y que las objeciones religiosas personales de los propietarios no deben ser motivo para rechazar el servicio a clientes homosexuales (…). Los protestantes evangélicos blancos y los mormones, los únicos grupos religiosos importantes que respaldan estas medidas, son una clara minoría, incluso entre los estadounidenses religiosos. Si bien pueden tener una influencia política desmesurada, en conjunto representan menos de uno de cada cinco estadounidenses en la actualidad», sostiene Robert Jones, director de PRRI.

Las únicas congregaciones que se muestran a favor de la discriminación por libertad religiosa son los protestantes evangélicos y los mormones, sin embargo, una sección de la encuesta, denominada «Excepcionalismo Mormón», advierte diferencias entre sus feligreses en función de su edad, dado que más del 50 % de los mormones menores de 30 años se oponen a la discriminación basada en la libertad religiosa, en comparación con los mormones mayores de 65 años que generalmente sí estarían a favor.

En todos los estados menos en tres, Utah, Dakota del Norte y Dakota del Sur, la mayoría de los encuestados se oponen a permitir que los propietarios de negocios rechacen el servicio a los clientes LGBT, mientras que desde un punto de vista político, el 52 % de los republicanos está favor de la discriminación, mientras que el 76 % de los demócratas y el 60 % de los independientes estarían en contra de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. La encuesta concluye que el 70 % de los estadounidenses favorecen las leyes contra la discriminación, a las que se opone sólo un 23 %. Casi tres años después de que el Tribunal Supremo legalizara el matrimonio igualitario, el apoyo popular es más alto que nunca al haber ascendido hasta un 61 %.

Fuente Universogay

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Kim Davis presenta una demanda para evitar que la gente siga demandándola por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales en el estado de Kentucky.

Los abogados de Davis argumentan que Davis tiene derecho a negarse y que los demandantes pueden ir a pedírsela a otro funcionario y no molestarla a ella. 

Kim Davis,  es una señora funcionaria que se casó y se divorció tres veces pero se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales cuando se legalizó el matrimonio igualitario en EE.UU. porque decía que así se lo había pedido Dios. Davis pasó 5 días en la cárcel por incumplir la ley, se convirtió en una mártir de la ultra-derecha religiosa en el país de Donald J. Trump y hasta ha exportado su homofobia a Rumanía. Por desgracia (para nosotros) su drama legal terminó cuando el gobernador de Kentucky cambió esa ley y se aseguró de que Davis dejara de molestar (y de ser molestada).

Pero las demandas contra Davis han seguido presentándose y ella, que está cansada de que todo el mundo la denuncie ha decidido pasar a la ofensiva y junto a sus abogados, los ultra-cristianos del Liberty Counsel, ha presentado una demanda en la Corte de Apelaciones del 6º Circuito de EE.UU. exigiendo que se archiven dos procesos judiciales que aún están abiertos contra ella.

Y es que según sus abogados, el hecho de que Davis se negara a entregar esas licencias a los demandantes no quebrantó ningún derecho de los mismos porque podían habérsela pedido a otra persona y así no violar la “libertad religiosa” de la funcionaria. “Davis tiene derecho a inmunidad frente a los demandantes” dice el texto de la demanda, “puesto que los demandantes no han establecido una violación de su derecho constitucional al matrimonio, de hecho no han demostrado tener ningún derecho constitucional claramente establecido.”

Añade el Liberty Counsel que los demandantes no han especificado en qué lugar de la ley (ya sea bajo la sentencia del supremo del caso Obergefell v. Hodges -el que legalizó el matrimonio igualitario– o cualquier otra) pone que tengan derecho a recibir su certificado de matrimonio de un funcionario en particular (en este caso, Davis) o en un lugar particular (el condado de Rowan, donde trabaja Davis); y básicamente protestan porque se ha vulnerado el derecho de Davis a su libertad religiosa cuando los demandantes podrían haber ido a buscar a otro funcionario en cualquier otro lugar de Kentucky. Con lo cual nadie ha quebrantado sus derechos.

Es decir: que si tú vas a hacer un trámite legal y el funcionario de turno se niega por homófobo, no puedes quejarte porque puedes ir a otro funcionario que te lo haga. Es un poco como decir que si te atracan en mitad de la calle la culpa es tuya porque podrías haber ido por otra calle en la que no te atracaran.

No sabemos hasta qué punto esta demanda de Davis puede llegar a alguna parte, aunque siendo Estados Unidos podemos esperar cualquier cosa. De hecho el mismo Liberty Counsel hace unas semanas quisieron demandar a las Girl Scout y prohibir la venta de sus famosas galletas porque consideran que promueven el aborto y la promiscuidad.

Fuente | Pink News, vía estoyBailando

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Una tienda de vestidos de novia en Bloomsburg, Pennsylvania, anuncia que echa el cierre para evitar que una lesbiana les demande por no querer venderles un vestido de novia.

La propietaria de la tienda confía en que Dios le “abrirá puertas”. 

Ya sabéis que con el matrimonio igualitario abriéndose paso por medio mundo ahora tenemos un nuevo enemigo: las leyes de libertad religiosa. En Estados Unidos están a la orden del día, aunque en países como Australia (que aprobaron el matrimonio hace pocos meses) también se ha abierto ese debate. ¿Tiene derecho una persona de profundas convicciones religiosas a no ofrecer sus servicios a un homosexual porque está en contra de la homosexualidad? No. Eso es discriminación. Debate cerrado. Mira qué fácil.

Pero en la ciudad de Bloomsburg, en Pennsylvania, hay una tienda de vestidos de novia que no quiere cerrar ese debate… y prefieren cerrar sus puertas. W.W. Bridal ha decidido cesar su actividad y no seguir vendiendo vestidos de novia por para evitar que las lesbianas los compren para sus bodas. El estado acaba de introducir una legislación anti-discriminación LGTB que, precisamente, prohíbe la discriminación por motivos religiosos: una ley anti-libertad religiosa (por así decirlo, la libertad de creer en un ser imaginario la van a seguir teniendo).

En 2014 W.W. Bridal ya tuvo follón cuando se negaron a vestir a dos lesbianas para su boda, y en verano del año pasado volvieron a negarse porque en la tienda creen en el “matrimonio bíblico“. “Supongo que lo que pasaría es que si una clienta entra y una vez dentro nos negamos a atenderle, nos demandará“, explica Lisa Boucher al periódico The Christian Post, “Es lo que le ha pasado a otros negocios“.

Lisa probablemente está pensando en la pastelera hetera Melissa, que se negó a hacer un pastel de boda para dos lesbianas y, después de un importante follón judicial, acabó condenada a pagar daños y perjuicios y las costas del juicio. Decisión que, por cierto, Melissa y su marido han recurrido a pesar de que la campaña de recaudación de fondos llevada a cabo por extremistas religiosos les ha generado un importante beneficio.

Pero volviendo a Lisa y a W.W. Bridal, la propietaria de la tienda teme a las lesbianas que entren por la puerta (no estoy seguro de si las lesbianas pueden entrar por otro sitio, pero no me extrañaría nada), e incluso a las que no: “Dirán que han estado aquí y mentirán sobre el hecho de que han estado aquí aunque no tengamos ningún registro de que hayan estado aquí. No solo dirán ‘¡Eh! ¡Son intolerantes!’. También lo harán de forma que parezca que han estado aquí y les hemos rechazado o hemos sido maleducados o lo que sea. Es difícil promocionar un negocio cuando estás siendo atacado.”

Y viendo el pánico que parece que Lisa le tiene a que unas lesbianas “estén aquí”, casi mejor que cierre el negocio y se dedique a otra cosa. Aunque por ahora no tienen claro qué van a hacer para ganarse el pan pero tampoco les preocupa: “Vamos a cerrar y éste nuestro sustento. En este momento no tenemos planes sobre qué vamos a hacer en el futuro. En cierta manera nos apoyamos en la palabra de Dios y esperamos que Él nos ayude a pasar este trago y abra algunas puertas. Estoy segura de que Él nos bendecirá y nos llevará a donde quiera que le sirvamos, ya sea en nuestra parroquia o como voluntarios en nuestra comunidad.”

Y esto es lo que pasa cuando dejas de ser un ser humano decente que ofrece sus servicios al resto de seres humanos sin importar su orientación sexual o su identidad o expresión de género.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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El Senado estadounidense ha nombrado para el cargo de “Embajador General Para la Libertad Religiosa en el Mundo” a Sam Brownback, un político conservador conocido por sus posturas LGTBfóbicas y antiabortistas.

El Senado de EEUU acaba de nombrar a Sam Brownback, el actual gobernador de Kansas, como “Embajador General para la libertad religiosa en el mundo”. La persona que ostenta este cargo, creado hace 20 años por una ley que el propio Brownback contribuyó a que se aprobara, tiene como misión “combatir la persecución que sufren las personas de distintas religiones alrededor del mundo”. Entre otras cosas, es el encargado, por ejemplo, de asegurar que se respeta la libertad religiosa en los países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales.

Brownback es ex-senador y también lleva un tiempo siendo gobernador del estado de Kansas, al que algunos ya llaman Brownbackistan. Su principal exitazo, que le ha llevado a ser uno de los gobernadores estatales menos queridos, ha sido revitalizar la economía estatal a base de recortes (o más bien verdaderos hachazos). Ha limitado la inversión pública en prácticamente todo, e incluso se ha negado a aceptar fondos federales para financiar algunas partidas como la de sanidad. Él, por otro lado, vende una cierta recuperación económica tras su gestión como un éxito, aunque otros estados que limitan con el suyo han visto como la economía mejoraba igual sin tener que sufrir su administración.

Nuestro amigo Sam el gobernador se convirtió al catolicismo (de hecho es el primer católico que ocupa el cargo) y en general defiende con el entusiasmo del fanático neoconverso todas sus posturas más retrógradas. Precisamente su línea antiabortista y LGTBfóbica es lo que tiene a la caverna aplaudiendo el nombramiento de un católico pro-vida y pro-familia. En realidad, la única cosa buena que podemos decir de este señor es que en general, salvo casos muy concretos, no está a favor de la pena de muerte porque considera que es contraria a su discurso pro-vida.

La LGTBfobia de Brownback no es ningún secreto y viene de lejos. Considera la homosexualidad una inmoralidad contraria a la doctrina católica a y la ley natural, sin aditivos ni colorantes. Se ha opuesto sistemáticamente a cualquier ley que supusiera un avance para el colectivo LGTB+ y está en contra tanto de las uniones civiles para parejas del mismo sexo como del matrimonio igualitario, del derecho a la identidad de género, de las leyes federales contra los crímenes de odio. A ojos de la mayoría de líderes religiosos esa lista de “convicciones” ha supuesto un enorme mérito para acabar ocupando este cargo. Brownback, además, fue un firme defensor del “Don’t ask, don’t tell” y trabajó activamente con grupos homófobos para intentar prohibir el matrimonio igualitario a nivel federal.

Su nombramiento se realizó después de una votación especialmente ajustada, en la que ganó por 50 votos a favor frente a 49 en contra, y en la que fue definitivo el voto a favor del vicepresidente (y compañero en la LGTBfobia) Mike Pence.

Once again: Gov. Brownback is about to become an international ambassador for “religious freedom”. He has refused to condemn anti-#LGBTQ laws, including those with death penalty sentences. “Concerning” is an understatement. pic.twitter.com/TOlHUpF6eb

— Lambda Legal (@LambdaLegal) 24 de enero de 2018

Poco antes de ser elegido grupos LGTB+ como Lambda Legal, que ven en esta elección un intento de internacionalizar la política poco nada LGTBfriendly de Trump y Pence, recordaban lo poco apropiado de una persona como él para el cargo, como dicen en este tuit: “El Gobernador Brownback está a punto de convertirse en embajador internacional de la “libertad religiosa”. Se ha negado a condenar las leyes anti-#LGBTQ, incluso las que suponen una condena de pena de muerte. ‘Preocupante’ es decir poco”.

Durante la sesión de nombramiento Tim Kaine, un senador demócrata, quiso saber sobre su decisión de derogar las leyes que protegían a los empleados LGTB+ contratados por el estado de Kansas contra posibles discriminaciones, y también le señaló que había personas LGTB que eran perseguidas por su identidad y orientación en muchos de esos países en los que Brownback defenderá la libertad religiosa.

En concreto, la pregunta que le hizo al que ya es embajador fue “¿Existe alguna circunstancia en virtud de la cual penalizar, encarcelar o ejecutar a personas basándose en su condición de LGBT podría considerarse aceptable porque alguien afirma que están motivadas por motivos religiosos para hacerlo?”

Y no podemos hacer más que aplaudir con las orejas, porque ya sabéis que parte de la tontuna en la que basan la LGTBfobia católica es que dicen estar en contra de cualquier discriminación injusta de las personas LGTB+ (sin dejar claro jamás cuáles son las justas) mientras siguen oponiendose, por ejemplo, a la despenalización de la homosexualidad en todos los países donde exista ese debate.

Todos los senadores demócratas votaron en contra de su nombramiento y varios de ellos no dudaron en justificar su rechazo en base a su historial de discriminación LGTBfóbica. Además recordaron que Brownback tampoco ha sido especialmente tolerante con personas de otras religiones.

Sam Brownback has a history of discrimination against our country’s LGBT and Muslim communities. That is troubling for someone who is supposed to fight for religious freedom across the globe. I voted against this terrible nomination. https://t.co/IltmRxFwxX

— Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) 25 de enero de 2018

“Sam Brownback tiene un historial de discriminación contra las comunidades LGTB y musulmana en nuestro país. Es algo preocupante para una persona que se supone ha de luchar por la libertad religiosa por todo el planeta. He votado en contra de esta terrible nominación.“

De hecho hay muchos en Estados Unidos que dicen que el nuevo embajador lo va a tener difícil, por decirlo suavemente, para presentarse a defender la libertad religiosa en países como Siria cuando la administración de Trump sigue obsesionada con evitar la entrada de personas de muchos países basándose únicamente en que ellos consideran que son musulmanes.

Fuente | The Washington Post, vía EstoyBailando

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Roger Severino, el ultraconservador al cargo de la Oficina de Derechos Civiles del HHS (gracias a Trump)

La administración Trump quiere proteger al personal sanitario que se niegue a llevar a cabo tratamientos que vayan contra su “moral” o “libertad religiosa”.

La medida permitiría a un sanitario negarse a tratar a una persona trans, ofrecer medidas de control de la natalidad, tratar a pacientes de VIH/SIDA o incluso informar sobre el aborto.

Como no ha tenido suficiente con instaurar el Día de la Libertad Religiosa y posicionarse en un juicio del Supremo del lado del derecho a discriminar a las personas LGTB+ en base a las convicciones religiosas de cada uno, ahora la administración de Donald Trump quiere que el personal sanitario pueda negarse a atender a determinados pacientes si eso entra en conflicto con fe o su moralidad.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales tiene una política de derechos civiles que prohíbe a un trabajador del mismo negarse a, por ejemplo, atender a una persona trans durante su proceso de transición en base a esas convicciones personales. Hasta ahora en ese departamento (el HHS) imperaban los derechos civiles y la ley federal por encima de la conciencia.

Pero la Casa Blanca está revisando una propuesta de cambio en esa norma, que ha surgido desde el propio HHS, para proteger a esos trabajadores y asegurar que puedan expresar sus objeciones morales o religiosas frente a esas situaciones. Desde que Trump designó a Roger Severino como director de la oficina de de derechos civiles del HHS el organismo ha mostrado públicamente en varias ocasiones su disconformidad con la política instaurada por Obama que anteponía la salud y el servicio al paciente. En 2011 se reescribieron varias protecciones estipuladas durante el mandato de George Bush que protegían a los trabajadores que quisieran negarse a tratar a personas trans, ofrecer técnicas de control de la natalidad, cuidados paliativos, abortos o incluso tratamientos contra el VIH/SIDA. Este giro, que se espera se anuncie de forma oficial hoy mismo, se ha interpretado como un claro ataque a la comunidad LGTB+.

No es más que el uso de la religión para herir a las personas porque alguien no aprueba quiénes somos“, ha explicado Harper Jean Tobin, del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero, “Cualquier Norma que garantice el derecho a discriminar será una desgracia y una burla al derecho a la libertad religiosa que todos apreciamos.” Y es que el colectivo LGTB+ nunca se ha mostrado contrario a esa libertad, pero sí que pretenden luchar contra los que quieren utilizar esa libertad para justificar la discriminación LGTBfóbica.

Desde la otra cara de la moneda Melanie Israel, de la Heritage Foundation (una organización ultraconservadora con un largo historial de confrontación con los derechos LGTB+ a la que, como puedes ver ahí arriba, pertenecía el propio Severino) ha asegurado que las violaciones de la conciencia de los trabajadores son demasiado habituales y es primordial que el gobierno les proteja: “Asegurar que los fondos del HHS no apoyan prácticas discriminatorias o moralmente coercitivas, o políticas que violan la ley federal no debería ser en absoluto controvertido.”

Con esta nueva reforma se establecería, dentro de la oficina de derechos civiles del HHS, un nuevo organismo, la División de Conciencia y Libertad Religiosa, que revisará las quejas de los trabajadores que consideren que su fe o su moral se ve comprometida por las prácticas sanitarias que tengan que llevar a cabo. Y, por supuesto, protegerán su “derecho” a la objeción de conciencia.

Varias organizaciones de pacientes y grupos legales han avisado ya de que plantarán cara si algún trabajador del HHS se niega a ofrecer un servicio sanitario en base a la orientación sexual, el género o la expresión de género de un paciente. “Si la administración decide seguir adelante en la implantación de esta política discriminatoria, nos veremos en los juzgados” ha explicado en un comunicado Louise Melling, de la ACLU.

Fuente | Politico, vía EstoyBailando

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En vigor desde el mes de octubre de 2017, desde que el Tribunal de apelaciones del Quinto Circuito del estado de Mississippi le diera vía libre al no apreciar discriminación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechaza revisar la Ley HB 1523, que autoriza la discriminación de manera legal en base a tres «creencias religiosas o convicciones morales» específicas. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechaza revisar la homofóbica ley de Misisipi que permite a empresas y funcionarios del gobierno la discriminación a personas del mismo sexo en base a la libertad religiosa. Aprobada por el gobernador Phil Bryant el 5 de abril de 2016, la Ley HB1523 era bloqueada por un juez federal de distrito, Carlton Reeves, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito del estado de Misisipi daba vía libre en junio del año pasado al considerar que no estaba probado que fuera una ley discriminatoria, entrando en vigor hace cuatro meses.

«Como he dicho desde el principio, esta ley fue promulgada democráticamente y es perfectamente constitucional. El pueblo de Mississippi tiene derecho a garantizar que todos nuestros ciudadanos puedan vivir y trabajar pacíficamente sin temor a ser castigados por sus más sinceras creencias religiosas» declara Phil Bryant celebrando la decisión del Tribunal Supremo, al igual que el sector religioso más conservador.

Fuente Universogay

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El Movilh reaccionó al diputado luego de que negara derechos a parejas del mismo sexo y a personas trans, mintiera, atacara al activismo LGBTI y, en un hecho insólito, hablara en nombre de supuestos amigos homosexuales.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) afirmó hoy que el ex candidato presidencial y diputado, José Antonio Kast, “solo tiene agenda y figuración cuando incurre en prácticas y lenguajes abiertamente homofóbicos o transfóbicos, lo cual refleja su distanciamiento con el país y con los problemas y necesidades de todas las personas, sea cual sea la orientación sexual o identidad de género de éstas”.

De esa manera el Movilh reaccionó a los dichos de Kast publicados hoy por La Tercera, donde el diputado, “niega a derechos a parejas del mismo sexo y a personas transexuales, miente, ataca al activismo LGBTI y, en un hecho insólito, habla en nombre de supuestos amigos homosexuales suyos”.

En efecto, por un lado Kast dice que rechaza la el proyecto identidad de género porque sólo beneficia al “0,01 y vamos a obligar al 99,9% a someterse a la ley”. Luego indicó que es contrario los derechos LGBTI porque obedecen a una “ideología de género, que no respeta la familia, no respeta la sexualidad con la que nacemos” y advierte que avanzar en más normas contra la homofobia y la transfobia se acabará la libertad religiosa.

A la par, “ataca constantemente a activistas gays, en particular a nuestro dirigente Rolando Jiménez, a quien cuestiona por luchar por la adopción homoparental, pese a que no está en su interés el criar niño/as”, indicó el Movilh.

“Estas declaraciones además de explicitar homofobia y transfobia y ser una distorsión de la realidad dan cuenta de un egoísmo social evidente: Para Kast el Estado no debe dar respuestas los grupo humanos que sufren abusos si es que su población es baja y los ciudadanos y ciudadanas sólo debe luchar por algo que los beneficie en términos personales, sin importar los principios o valores”, dijo Gómez

“A ello, preferimos mejor responder a Kast que pase una feliz noche buena y navidad y que su año pueda iniciar con amor, paz y respeto a todas las personas. Liberarse del odio y de las ataduras de los prejuicios, seguro lo beneficiará y lo hará más feliz”, finalizó Gómez, tras enviar por redes sociales al diputado una tarjeta navideña.

A horas de Navidad y a días de un nuevo año @joseantoniokast vuelve a ofender a las personas LGBTI y a la diversidad familiar en entrevista con @latercera. Preferimos responder al diputado de esta manera. #FelizDomingo https://t.co/SIPSlj6i3x pic.twitter.com/Nhhw9yjjj6

— Movilh Chile (@Movilh) 24 de diciembre de 2017

Fuente MOVILH

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Joanne Lockwood Facebook – Foto: Uso permitido

El propietario de una empresa de impresión del Reino Unido, Nigel Williams, rechaza hacer las tarjetas de SEE Change Happen, una consultora que promueve la igualdad, la diversidad y la inclusión de las personas transexuales gestionada por Joanne Lockwood, transexual ella misma, además de lesbiana.

Joanne Lockwood promueve la igualdad, la diversidad y la inclusión de las personas transexuales a través de la consultora SEE Change Happen, con base en Southampton, Hampshire. A sus 52 años de edad, ella misma comienza su transición en enero de este año, cambiando su nombre en julio, para ser ahora víctima de la discriminación tras ser rechazada su solicitud para imprimir unas tarjetas de visita. A través de un correo electrónico, Nigel Williams, rechaza su petición en base a la libertad religiosa.

«El nuevo modelo de diversidad se usa (o se usa mal) para marginar (o de hecho discriminar) a los cristianos en sus lugares de trabajo y otras partes de la sociedad si no se suscriben a él. Aunque estoy seguro de que no tiene intención de marginar a los cristianos, pesaría mucho sobre mí si a través de mi propio trabajo hubiera empeorado la presión para otros compañeros cristianos», declara Williams en un correo electrónico que ha dejado «atónita» a su destinataria. «No esperaba una lección. No creí que esto podría suceder en 2017. He estado angustiada y lloré y mi esposa me consoló. Creo que está en juego un punto de principio. Quería señalarme deliberadamente por sus propios motivos. He sido víctima de discriminación», asegura Lockwood, quien había conocido a Williams en septiembre, en un evento de networking durante el que nada parecía indicar que rechazaría su propuesta siendo no sólo transexual sino también lesbiana.

«Durante años advertimos sobre la creciente hostilidad hacia las personas con puntos de vista predominantemente cristianos. Nigel Williams dejó claro que estaría dispuesto a hacer el trabajo para Jo Lockwood. Los términos ‘igualdad’, ‘diversidad’ y ‘tolerancia’ se han desviado de todo reconocimiento en un intento de marginar, avergonzar y castigar a los cristianos. De hecho, su correo decía: ‘Estoy encanto de imprimir para usted’. Sin embargo, no estaba preparado para trabajar para un negocio que promoviera activamente una causa que podría tener un impacto negativo en aquellos con una fe cristiana», declara un portavoz del Christian Institute desde donde no han tardado en ofrecer su apoyo al Sr. Williams.

Aparte de que resulte confuso negarse a hacer unas tarjetas para una compañía que defiende los derechos de los transexuales, pero no para una persona transexual y homosexual, quizás a Williams le convendría saber que el Christian Institute es un grupo radical religioso que ya respaldara la discriminación a un cliente gay por parte de la pastelería Ashers Bakery, en Belfast, propiedad de Daniel y Amy McArthur, quienes se negaron a hacer un pastel de bodas para un matrimonio del mismo sexo. Un tribunal da la razón a la pareja gay, así como también el Tribunal de Apelaciones al que apelaron los radicales homofóbicos cristianos, quedando ahora a la espera de que les escuche el Tribunal Supremo.

Fuente Universogay

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Salvo la mediación en última instancia del Tribunal Supremo, la Ley HB 1523 entra en vigor en el estado de Mississippi, permitiendo una salvaje discriminación en base a la libertad religiosa que afecta a los miembros del colectivo LGBT, madres y padres solteros o personas divorciadas.

Mientras Biloxi se recupera de los efectos del huracán Nate, el estado de Mississippi se prepara para la entrada en vigor de la entrada en vigor de la más draconiana ley contra el colectivo LGBT en los Estados Unidos de América este mismo martes, 10 de octubre, ante la inanición del Tribunal Supremo. Se trata de la Ley HB 1523, que permite la discriminación de homosexuales, bisexuales y transexuales en lo que supone un considerable retroceso de los derechos del colectivo, así como un terrorífico avance de la libertad religiosa después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto. Circuito rechazara por defectos de forma una demanda que alegaba que es una ley inconstitucional.

La Ley HB 1523 permite a los proveedores de servicios, propietarios de empresas y sus empleados recurrir a la libertad religiosa para negarse a proporcionar cualquier tipo de servicio, justificando de esta forma la discriminación no sólo contra cualquier miembro del colectivo LGBT, sino contra aquellos cuya forma de vida vaya en contra de sus principios, madres y padres solteros o personas divorciadas, siendo principalmente tres las situaciones específicas contra las que se manifiestan: el matrimonio igualitario al afirmar que el matrimonio sólo puede contraerse entre un hombre y una mujer; las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, al estar la relaciones sexuales «adecuadamente confinadas» al matrimonio (que no puede producirse según ellos entre personas homosexuales, como tampoco entre personas solteras o divorciadas); y las personas transexuales, al especificar que el sexo es una característica innata asignada al nacer y que no se puede cambiar.

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En un nuevo intento por mermar las prestaciones del Obamacare, la Administración de Donald Trump aprueba una normativa que autoriza la restricción del acceso a los anticonceptivos en los seguros médicos por motivos religiosos, así como abre a la discriminación laboral al permitir a las empresas rechazar candidatos o despedir trabajadores por motivos, no sólo religiosos, sino meramente morales.

Sigue adelante el plan de Donald Trump para «hacer grande América de nuevo», para lo que su única estrategia parece no ser otra cosa que deshacer todas y cada una de las medidas aprobadas por Barack Obama. Después de que en marzo le fuera imposible revocar el Obamacare al votar en su contra los «halcones» republicanos, este viernes, 6 de octubre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos aprueba una nueva normativa dirigida al personal sanitario a quienes amplia el margen para la discriminación por motivos morales y religiosos, que afectaría principalmente a las mujeres y al colectivo LGBT.

Una de las prestaciones del Obamacare era cubrir los métodos anticonceptivos de la mujer, pero con esta nueva normativa, las asociaciones sin ánimo de lucro, grandes compañías y empresas privadas tienen autorización para dejar de ofrecer anticonceptivos a través de sus planes de seguro de salud si tienen una «objeción religiosa o moral sinceramente sostenida». Pero además, esta misma disposición se extiende a pequeñas empresas y organizaciones que tengan objeciones «sobre la base de la convicción moral que no sea base en ninguna creencia religiosa particular».

Según Helth and Human Services, el impacto de esta medida afectaría solamente a un «99,9 % de las mujeres», basándose en que la mayoría de las 165 millones de mujeres que viven en los Estados Unidos no están en edad de procrear y teniendo en cuenta que sólo alrededor de 120.000 podrían ser afectadas al trabajar en alguna de las 200 entidades que han estado relacionadas con alguna demanda sobre el control de la natalidad. Sin embargo, expertos legales como Tim Jost, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee, argumentan que esta medida podría abrir la puerta a que cientos de empresas abandonen esta cobertura basándose en la libertad religiosa, como podrían ser los cientos de hospitales católicos, hogares de ancianos y organizaciones vinculadas con la iglesia, que simplemente podrían dejar de proporcionar preservativos de manera gratuita.

«La protección constitucional de las creencias religiosas y el derecho a ejercer esas creencias han servido bien a este país, nos han hecho uno de los países más tolerantes del mundo y también han ayudado a convertirnos en los más libres y generosos (…). El presidente Trump prometió que esta administración predicaría con el ejemplo en lo relativo a la libertad religiosa, y está cumpliendo esa promesa», declara Jeff Sessions, el ultraconservador fiscal general de la administración Trump, aludiendo a aquella afirmación de su presidente cuando aseguraba en marzo que «jamás, nunca defenderemos la discriminación religiosa, nunca, nunca». De acuerdo a la directiva del gobierno estadounidense, esta medida tiene efecto inmediato, algo que ha sido aplaudido por los sectores más conservadores, aunque organizaciones como la Unión americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional de la Mujer, el Centro de Derechos Reproductivos y hasta la oficina del Fiscal General de California, Xavier Becerra, se han apresurado a interponer diferentes demandas con el objetivo de impedir su aplicación inmediata. 

Pero esta normativa va mucho más allá, dado que en favor de la libertad religiosa, entre los 20 «principios» que señala se encuentra la posibilidad de permitir a estas organizaciones, empresas y compañías la posibilidad de contratar únicamente a aquellas «personas cuyas creencias o conductas sean consistentes con los preceptos religiosos del contratante», permitiendo indirectamente que se pueda despedir a cualquier personas en base a su orientación sexual su identidad de género, o si simplemente son madres solteras, personas divorciadas o profesen otra religión. Una medida que en realidad ya había sido aprobada en marzo, aparte de que su administración ya se habría posicionado en contra del colectivo LGBT en los juicios contra empresas como Masterpiece Cakeshop y Altitude Express Inc, la primera por no querer hacer un pastel de boda a una pareja gay y la segunda por despedir a uno de sus trabajadores por ser gay. Asimismo, esta normativa permitiría que hospitales católicos podrán negar tratamientos a personas homosexuales o transexuales, como ya sucede en los servicios de salud mental en algunos estados.

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La Unión Americana de Libertades Civiles presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito con el objetivo de impugnar que las agencias de adopción infantil contratadas por el estado puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union) presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito este miércoles, 20 de septiembre, con el objetivo de que agencias de adopción infantil como Catholic Charities (presente en España con el nombre de Cáritas Española) y Bethany Christian Services, contratadas por el estado no puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa en lo que consideran una violación de la Constitución de los Estados Unidos. La Conferencia Católica de Michigan, brazo político de la iglesia en Michigan, ha criticado la demanda tachándola de «mezquina, divisiva e intolerante (…). Es imperativo que la ley estatal sea defendida de otro ataque flagrante a la fe religiosa en la vida pública».

A pesar de declarar su intención de proteger a sus ciudadanos de la homofobia, en 2015, el gobernador de Michigan, Rick Snyder, firma una ley que dice que las agencias de colocación infantil no están obligadas a prestar servicios que entren en conflicto con sus creencias religiosas. En ese momento, al menos un 25 % de las agencias de adopción del estado eran religiosas, teniendo la única obligación de entregar a los solicitantes rechazados una lista de otros proveedores. Sin embargo, fue firmada antes de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizara el matrimonio homosexual. Según ACLU, permitir la discriminación por parte de las podría marcar la diferencia «entre un niño que encuentra un hogar permanente que le proporcione amor o seguir en el sistema», declara Jay Kaplan, abogado de ACLU.

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Charlie Craig, David Mullins y en la esquina el pastelero Jack Phillips

De cara a la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump apoya a un empresario pastelero condenado por violar la Ley Contra la Discriminación de Colorado al negarse a hacer una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo.

Fuente Universogay

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Si no fuera tan grave, habría que decirles a muchas personas LGTBI, disfruten lo votado…

El Poder Ejecutivo envió un proyecto sobre las libertades religiosas que pone en peligro a la educación sexual y al matrimonio igualitario.

Por el hecho, la organización Amnistía Internacional le envió una carta a Mauricio Macri para manifestar preocupación por el proyecto.

Se trata del proyecto 0010/PE/2017 sobre Libertad Religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el 12 de junio de 2017.

“Según el texto, el proyecto busca consagrar una protección más completa a la libertad religiosa. Sin embargo, este derecho ya se encuentra garantizado en nuestro país. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, afirma Amnistía en el comunicado.

Sobre el proyecto, la organización de Derechos Humanos advierte por el artículo 7 del proyecto. “Este apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica, incluyendo a los funcionarios públicos”, informa.

Además, describe sobre este apartado: “Este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la ‘objeción de conciencia’, pasando ésta a ser casi la regla. En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea ‘sincera’ presumiendo la ‘buena fe’ del objetor por la existencia de dicha norma religiosa”.

Si este proyecto avanza, puede correr peligro el matrimonio igualitario y la educación sexual. Amnistía puso ejemplos de situaciones cotidianas donde podría impactar esta norma de “libertad religiosa”.

Allí relata que “un docente podría negarse a impartir una clase sobre la ‘teoría de la evolución’ por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación”. Además, en cuanto a la ley de Educación Sexual Integral advierte que “el docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión”.

Sobre el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, Amnistía afirma que “un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas“.

Y el proyecto hasta podría dificultar a pacientes en obras sociales. “Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.

Fuente El Destape, vía SentidoG

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El gobernador republicano de Kentucky aprueba una ley que permite a los grupos estudiantiles en colegios públicos discriminar a sus posibles miembros basándose en su “libertad religiosa”.

Al gobernador de Kentucky ya le conocemos. Se llama Matt Bevin y es el señor que cambió la legislación sobre cómo se entregan los certificados de matrimonio en su estado para evitar que Kim Davis fuera a la cárcel. Sí, evidentemente es republicano.

Y como buen republicano que es está ahora empeñado con el tema de las leyes de libertad religiosa, que son la excusa que se han buscado ahora para poder legalizar la LGTBfobia y poder discriminar a los demás sin que se les acuse de nada. Y pasa esto porque aún hay mucha gente que dice que apoya mucho al colectivo LGTB pero que entiende que todo el mundo tiene derecho a su opinión, algo que no dicen sobre, por ejemplo, el racismo. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en que la LGTBfobia no es una opinión, gente como Matt Bevin no podría hacer lo que ha hecho.

Y es que el gobernador de Kentucky acaba de anunciar que ha aprobado la ley SB 17. Esa ley anula el requisito fundamental de que todas las organizaciones estudiantiles sean inclusivas y permite que se salten la cláusula del “todos bienvenidos”, una cláusula que obliga (más bien obligaba) a esas organizaciones a no discriminar a ningún estudiante en base a su raza, sexo, religión, orientación sexual o identidad de género.

La nueva ley redefine eso del “todos bienvenidos” y le da la vuelta al concepto de la discriminación para convertir al opresor en oprimido. La ley dice: “Ningún cuerpo educativo debe interferir en organizaciones estudiantiles religiosas o políticas para provocar que sean discriminadas en cuanto a sus asuntos internos, la selección de líderes o miembros, la definición de sus doctrinas y principios, la resolución de disputas organizativas con respecto a su misión, o en su determinación de que sólo personas comprometidas con dicha misión formen parte de sus actividades.”

Básicamente: la ley prohibe a los centros educativos prohibir a las organizaciones que discriminen a los posibles miembros en base a los criterios que les dé la gana (mayoritariamente, criterios de “libertad religiosa”). Y no sólo eso, la ley también protege la “libertad de expresión” de los estudiantes que quieran compartir sus puntos de vista, opiniones o material religioso o político aunque éste sea LGTBfóbico.

La directora legal de la Human Rights Campaign ya ha tildado esta ley de vergonzosa y discriminatoria y asegura que pone en riesgo las políticas antidiscriminación de los centros educativos públicos: “Ningún alumno debería temer ser excluido de un club escolar o de participar en una actividad por ser LGTBQ. Mientras que los grupos privados deben tener toda la libertad de expresar sus ideas religiosas, no se les debería permitir discriminar injustamente a nadie con dinero de los contribuyentes.”

Fuente: Human Rights Campaign, vía EstoyBailando

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La Casa Blanca asegura que Donald Trump no ha dado la espalda al colectivo LGBT y desmiente los rumores sobre la posibilidad de que estuviera desarrollando un borrador para derogar, parcial o totalmente, la Ley de Igualdad en lo que respecta a la orientación de género y la identidad sexual. ¿Por qué será que no les creemos?

El equipo de Donald Trump asegura que la supuesta orden ejecutiva LGTBfóbica no es una prioridad ni está sobre la mesa, pero no la descartan. Mientras, siguen apoyando la FADA, que legalizaría la “libertad religiosa”.

Varias fuentes parecían confirmar que el gobierno de Donald Trump está trabajando en una orden ejecutiva antiLGTB que iba a dejar a la comunidad tremendamente indefensa y que iba a tirar por tierra todos los derechos que se han conseguido hasta hoy (bajo el mandato de Obama) en Estados Unidos.

La supuesta orden ejecutiva sería, básicamente, una de las famosas leyes de “libertad religiosa“. Estas leyes son las que legalizan la discriminación a personas LGTB en base a las creencias religiosas: si alguien cree que tu orientación sexual, tu género o tu matrimonio contradice sus creencias tiene derecho a negarte un servicio. No es casualidad que el vicepresidente, Mike Pence, fuera uno de los mayores defensores de este tipo de leyes cuando era gobernador de Indiana; de hecho llegó a aprobar la suya y fue duramente contestada. En ese momento te dijimos que lo de Indiana era muy importante, y por desgracia resulta que teníamos razón.

Según las fuentes anónimas que han hecho saltar la liebre, la orden que legalizará la discriminación a personas LGTB (vamos a dejar de hablar de “libertad religiosa” esto es LGTBfobia institucionalizada como la de Rusia) incluiría los siguientes casos:

• Permitiría la discriminación a personas LGTB en los servicios sociales, con lo que se aceptaría que se utilice dinero público para ir en contra del colectivo.
• Las agencias de adopción podrían negarse a atender a padres LGTB, incluso aquellas financiadas con dinero público.
• Se eliminaría las protecciones anti-discriminatorias en los puestos de trabajo, lo que hará que sea legal despedir a alguien (incluso un empleado público) en base a su orientación sexual o su identidad de género.
• Los empleados públicos podrían negarse atender a alguien si sus creencias religiosas afirman que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer. Como fue el caso de Kim Davis.

• Se establecería la noción de que el género es una característica de nacimiento inmutable.

Efectivamente: la supuesta orden ejecutiva se atrevería a negar de cuajo la existencia de las personas trans.

Evidentemente la noticia de que Trump estaba planeando firmar esta orden hizo que la red ardiera y desde la Human Rights Campaign aseguraron que el simple rumor era “profundamente preocupante“. En palabras de su vicepresidenta, JoDee Winterhof: “Ya sabemos que el presidente tiene en su punto de mira a las comunidades marginadas y en riesgo para su supuesta ganancia política. Mientras el presidente y su equipo planean sus próximos pasos, queremos dejar clara una cosa: no vamos a ceder ni un milímetro a la hora de defender la igualdad, ya sea de un ataque frontal o de uno bajo el disfraz de la religión. Mike Pence debería saber dónde se mete mejor que nadie dado su historial en Indiana.”

Durante la campaña electoral Trump se mostró premeditadamente ambiguo con respecto a los derechos del colectivo LGTB. Sus defensores no se cansaron de sacar vídeos de Hilary Clinton o Barack Obama diciendo, años atrás, que estaban en contra del matrimonio igualitario; pero olvidaban reconocer que mientras los candidatos demócratas habían cambiado su parecer Trump no sólo admitía seguir estándolo sino que muchos miembros importantes del partido republicano estaban deseando ir un paso más allá. Dominic Holden, de BuzzFeed, publicó en su Twitter que había confirmado que varios senadores republicanos planeaban presentar una ley, la First Amendment Defense Act (FADA), que no es otra cosa que una ley de “libertad religiosa”.

La única diferencia entre la supuesta orden ejecutiva y la FADA es que ésta sería una ley que tendría que aprobarse en el Congreso, cosa que no sería muy complicada. Trump sí ha dejado claro que está a favor de la FADA y su elegido para ser el nuevo Fiscal General no sólo la apoya sino que la ha defendido en los tribunales más de una vez.

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Donald Trump, el gran defensor de los derechos LGTB (del revés). (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Y ya sabemos que quiere decir eso…

Cuando Donald Trump ganó las elecciones el mes pasado todos sabíamos que venía el desastre. Estamos muy atentos a los pasos que la nueva administración dé en cuanto a los derechos del colectivo LGTB. Básicamente porque la administración de Obama ha sido la encargada de algunos de los mayores avances en materia de derechos del colectivo, cosa que indignó mucho a los republicanos que ahora están deseando tirarlo todo por tierra.

Aunque oficialmente no han dicho nada sobre el tema, es bastante desalentador comprobar que todos los miembros o posibles miembros del nuevo gabinete de Trump son conocidos por su flagrante homofobia; encabezados cómo no por Mike Pence, el vicepresidente, que instauró una ley de “Libertad religiosa” cuando era gobernador de Indiana.

Ahora un congresista republicano, Steve Russell, ha dicho que desde el equipo de Trump le han dado garantías de que en cuanto lleguen a la Casa Blanca empezarán a eliminar esos derechos. Hace unos días el gobierno saliente aprobó una ley sobre el gasto en defensa que incluía una cláusula que prohibía al gobierno federal dar dinero público a empresas que discriminaran a las personas LGTB. Russell presentó una enmienda a la ley con la intención de incluir la “libertad religiosa” como excusa para poder seguir discriminándonos, pero no prosperó.

Steve Russell.

Aún así Russell asegura estar muy tranquilo porque el nuevo gobierno le ha asegurado que acabará siendo aprobada: “Estos problemas se resolverán, y nos han dado buenas garantías de que seguirán adelante. Estoy muy animado por las señales que recibo desde la próxima administración.”

Y lo peor es que Russell asegura tener “señales muy positivas” de que el nuevo gobierno tiene toda la intención de hacer eso.

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Las parejas homosexuales que denunciaron a Kim Davis por negarse a emitirles una licencia de matrimonio exigen que  se haga cargo de las costas del proceso judicial

Kim Davis es un señora que trabaja como secretaria del condado de Rowan (Kentucky), lo que viene a ser una oficial del registro civil. Davis, que fue elegida para el cargo, se negó a entregar licencias de matrimonio a parejas homosexuales a pesar de que el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó el año pasado la validez del matrimonio igualitario. Como Davis (que se ha divorciado  varias veces y se ha vuelto a casar otrastantas) decía que su religión le impedía cumplir la ley porque para ella el matrimonio es una institución sagrada, los de la derecha más reaccionaria salieron en su defensa ondeando la bandera de la “libertad religiosa“. Pero Davis acabó en la cárcel (poco tiempo, eso sí) por no cumplir la ley.

Cuando salió Davis se había convertido en un símbolo de los fundamentalistas y se paseó por todo el país (y hasta se montó una película en el Vaticano que tuvo que salir a desmentirlo…) y se convirtió en un símbolo en la defensa de los derechos religiosos y al final el caso contra ella se fue a pique porque el gobernador de Kentucky emitió una nueva ley que retiraba la figura del secretario del condado en el proceso de emitir licencias de matrimonio.

Aunque evidentemente a Davis la salvaron por los pelos sus amigos republicanos, sus abogados afirmaron que habían ganado el caso. Por cierto, abogados que no le costaron un duro porque el bufete antiLGTB Liberty Counsel trabajó gratis en el caso. 233,058$, son los gastos legales que las cuatro parejas que denunciaron a Davis han tenido que soltar de su bolsillo. Y parece que Davis va a tener que hacerse cargo de esos gastos.

Las cuatro parejas, apoyadas por la Unión de Libertades Civiles Americana (la ACLU) han presentado un recurso frente al Juez de Distrito David Bunning pidiendo que Davis pague las costas. ¿Y por qué, si al final no hubo sentencia? Porque como explican desde la ACLU, cuando el ganador de un caso civil obtiene un beneficio directo de esa victoria (como ha sido el caso) se le puede exigir que cubra los costes del proceso para que en un futuro otros oficiales del gobierno no quebranten los derechos civiles. Que es lo que hizo Davis. “Al presentar esta moción esperamos conseguir ese objetivo: enviar un mensaje a los funcionarios de que las violaciones a conciencia de los derechos individuales tendrán un coste.“, ha dicho el director legal de la ACLU en Kentucky, William Sharp.

Como el condado de Rowan se niega a pagar las costas porque dicen que Davis actuaba por su cuenta y que además no era una empleada del condado sino un cargo electo, parece que Davis al final no se irá de rositas y tendrá que soltar la pasta. Aunque aún falta ver qué decide el juez, porque la defensa de Davis argumenta que su clienta no debería pagar nada ya que no hubo sentencia, puesto que el cambio en la ley la libró de toda culpa.

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