El Tribunal Supremo de EE.UU. se niega a tomar en consideración un caso de discriminación hacia matrimonios homosexuales en Houston y abre la puerta a la desigualdad jurídica de las parejas homosexuales.

El mismo Tribunal está estos días escuchando los argumentos del caso del pastelero homófobo de Colorado que podría sentar la base para el blindaje de la Ley de Libertad Religiosa.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchó este martes los argumentos de las partes en el caso Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, un nuevo desafío judicial de los conservadores estadounidenses al matrimonio igualitario. En este caso, el Supremo estadounidense deberá decidir si el pastelero Jack Phillips tiene derecho a discriminar a una pareja del mismo sexo y no elaborar su pastel de boda, pese a que la normativa de su estado (Colorado) prohíbe a los negocios privados discriminar a sus clientes por razón de orientación sexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Aunque pueda resultar anecdótico, el caso tiene una gran importancia legal, dado que una sentencia de Supremo favorable a Phillips abriría la puerta a que multitud de negocios en todo el país pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo con independencia de que en sus estados existan leyes locales que las protegen contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Es importante, en este sentido, tener en cuenta los argumentos de los abogados de Phillips. La línea de defensa del pastelero no se basa propiamente en que su “libertad religiosa” haya sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica casos de discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a la libertad de expresión, expresamente protegido por la 1ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Phillips argumenta que diseñar un pastel de boda es un proceso “creativo”, y que hacerlo para una pareja del mismo sexo supone forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo.

Argumentos retorcidos, pero que en caso de ser tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo facilitarían que todos aquellos negocios con un componente “creativo” pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo. Las posiciones, en este sentido, aparecen divididas al 50% tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo han dirigido a las partes en la jornada de ayer. Los analistas consideran más que probable que los cuatro miembros conservadores del Supremo (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinen por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro miembros considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado.

El voto que desharía el empate sería el de Anthony Kennedy, un juez “bisagra” cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario ya resultó clave en el pasado. En el año 2013, su votó en el caso United States v. Windsor hizo posible derribar por 5 votos contra 4 la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Una sentencia que todos coinciden allanó definitivamente el camino para que dos años después, al resolver el caso Obergefell v. Hodges, el Supremo legalizase el matrimonio igualitario en todo el país, también con los votos de Kennedy (ponente de la sentencia) y de los cuatro jueces progresistas. Está por ver, en este caso, cual será la decisión de Kennedy, que en la jornada de este martes se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con argumentos de las dos partes.

En septiembre, conocíamos que de cara a la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump apoya al empresario pastelero condenado por violar la Ley Contra la Discriminación de Colorado al negarse a hacer una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo y en octubre publicábamos que un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips.  

El Supremo rechaza pronunciarse sobre un fallo discriminatorio en Texas

Lo que suceda con el caso del pastelero de Colorado, será, pues, de gran importancia. Muy especialmente después de que el pasado lunes el Tribunal Supremo rechazase revisar una decisión judicial adoptada en junio por la conservadora Corte Suprema de Texas, y que daba la razón a dos activistas anti-LGTB que demandaron a la ciudad de Houston por extender los beneficios que concedía a los cónyuges de distinto sexo de sus empleados a los cónyuges del mismo sexo. El mismo Tribunal se ha negado a aceptar un caso (Pidgeon contra Turner) y ese movimiento ha dejado claro, a pesar de haber legalizado el matrimonio igualitario, no las tienen todas consigo sobre la igualdad de derechos entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. Jack Pidgeon y Larry Hicks denunciaron a la ciudad de Houston cuando la entonces alcaldesa, Annise Parker, anunció que ofrecería a los cónyuges del mismo sexo de los empleados públicos los mismos beneficios que tenían los cónyuges de los empleados heterosexuales.

Tras un proceso legal bastante largo y complicado el Tribunal Supremo de Texas se posicionó a favor de esa demanda y dictaminó que las parejas homosexuales no tienen por qué recibir los mismos beneficios y derechos que las parejas heterosexuales. Y eso a pesar de que en la sentencia del Supremo del país que legalizó el matrimonio igualitario se dejó claro que las parejas homosexuales podían casarse “en los mismos términos y condiciones que las heterosexuales“. Curiosamente en la misma semana de enero en la que Texas mantenía la discriminación el Supremo del país dictaminaba -otra vez- que en un caso sobre los derechos de los padres homosexuales (Pavan contra Smith) que los matrimonios homosexuales han de tener los mismos derechos y beneficios que los heterosexuales.

La Corte Suprema de Texas consideró entonces que la sentencia sobre el caso Obergefell v. Hodges, que hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país, no obliga necesariamente a tratar igual a los matrimonios entre personas del mismo y de distinto sexo. No sorprende saber que hubo un juez del Supremo de EE.UU. que votó en contra de esa sentencia igualitaria y no fue otro que Neil Gorsuch, que fue puesto ahí por… Donald Trump.

El caso, cuyo origen se remonta en realidad a una fecha anterior a la de la sentencia del Supremo sobre el matrimonio igualitario, no está de todas formas cerrado: al rechazar el Supremo revisarlo (sin pronunciarse en ningún sentido sobre la cuestión de fondo), el asunto volverá de nuevo a los tribunales de Texas, donde continuará la litigación. Y aunque los activistas LGTB consideran que la justicia acabará dandoles la razón, la negativa del Tribunal Supremo a resolverlo de forma definitiva en este momento arroja dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el más alto tribunal estadounidense en defensa de sus propias decisiones sobre el matrimonio igualitario.

Y es que al negarse a juzgarlo y al no hacer ningún comentario al respecto han sentado un precedente tremendamente preocupante y es que -tras los cambios de Trump- podrían estar de acuerdo en que los matrimonios homosexuales no han de tener los mismos derechos.

Como explica la presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, “el Tribunal Supremo acaba de dejar que prevalezca una preocupante sentencia del Supremo de Texas que recorta de forma clara los derechos de las parejas homosexuales casadas. La abnegación del mayor tribunal del país abre la puerta a una embestida de demandas contra los derechos de las personas LGTB+ en todas las instancias.”

Huelga decir que si después de esto el Supremo de EE.UU. decide sentenciar a favor del pastelero de Colorado y proteger así la “libertad religiosa” la situación de las parejas homosexuales en EE.UU. volvería a ser tremendamente complicada.

Seguiremos atentos a lo que suceda. La decisión definitiva sobre el pastel de bodas, en cualquier caso, no se conocerá hasta la primavera de 2018.

Fuente LGTBQ Nation, vía Dosmanzanas/EstoyBailando/Cristianos Gays

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Un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips, que rechazó hacer una pastel de boda para la boda de una pareja del mismo sexo.  

José Andrés, Elizabeth Falkner y Carla Hall, son algunos de los populares chefs que junto a los dueños de una popular tienda de cupcakes de Washington D.C. y un pastelero de Mississippi han suscrito un memorando escrito por Human Rights Campaign en apoyo a la pareja que fue discriminada por Jack Phillips, propietario de Masterpiece Cakeshop, que en 2012 rechazó hacer un pastel de bodas para Charlie Craig y David Mullis en función de la libertad religiosa.

Según estos profesionales de la hostelería, una vez que abres las puertas de tu establecimiento, no puedes escoger a tus clientes y cumplir con las leyes que prohiben la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género no te quita el control creativo sobre tu trabajo. En enero de 2014 un juez de Denver daba la razón a los demandantes al afirmar que no es legal negarse a hacer un pastel sólo porque sea para una pareja gay. No conforme con este resultado Phillips inicia un largo proceso que le ha llevado hasta el Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en diciembre. Visto que la libertad religiosa no le ha servido anteriormente, su estrategia ahora es la libertad creativa, sosteniendo que, como artista, no deberían obligarle ha hacer un pastel en contra de sus creencias.

«No se trata de tu arte. Cuando estás abierto al servicio de la gente, no puedes decidir a quién atender no atender», asegura Falkner, propietaria de varios restaurantes en Nueva York y San Francisco, que ha sido concursante y juez en diferentes competiciones culinarias. En la misma línea se manifiesta Mary Jennifer Russell, propietaria de Sugaree’s Bakery en New Albany (Misisipi), afirmando que «puedes decidir qué crear y qué servir, pero no decir que ni vas a servir a una persona gay, a una transexual o a un mujer o a una persona de color».

Asimismo, Sophie Kallnis LaMontagne, copropietario de Georgetown Cupkace, en Washigton D.C., asegura que tanto ella como su hermana, Katherine Kallinis Berman, piden al Tribunal Supremo que tengan en cuenta su declaración y escuchen «por qué creemos que es tan importante que no autoricen a las empresas a discriminar. Esto es sobre hacer lo correcto y dar la bienvenida a todos», asegurando que las leyes contra la discriminación en Colorado y otros 21 estados son regulaciones razonables que no reprimen su creatividad artística. Sorprendentemente, hosteleros y restauradores tienen en su contra al Departamento de Justicia de la Administración de Donald Trump, que habría elaborado un amplio informe de 41 páginas en apoyo a la actitud discriminatoria del pastelero de Dever.

Fuente Universogay

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Charlie Craig, David Mullins y en la esquina el pastelero Jack Phillips

De cara a la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump apoya a un empresario pastelero condenado por violar la Ley Contra la Discriminación de Colorado al negarse a hacer una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo.

Fuente Universogay

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Una empleada de un hospital de Denver renuncia porque no le permiten tener una foto de la bandera LGTB porque es “ofensiva”.

Michelle Hurn llevaba un año y medio trabajando como dietista en el Boulder Community Health Center de Denver sin ningún problema hasta que su jefa le dijo que tenía que quitar la bandera LGTB que usaba como parte de un salvapantallas de su ordenador.

Por su parte, el Hospital ha asegurado que “las imágenes que se comparten en los lugares de trabajo deben ser neutrales para mantener un espacio centrado en el trato al paciente. En este caso, la empleada prefirió dimitir antes que aceptar la política de neutralidad”. Eso sí, no han aclarado qué es una imagen neutral para ellos.

Fuente: PinkNews,vía EstoyBailando

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“Arreglen esto ya”. Era el titular que ocupaba el martes la portada de Indianapolis Star, el diario local más importante del estado. Un ruego a los legisladores de Indiana para que pongan remedio a la situación abierta por la aprobación de una ley que da carta blanca para discriminar a las personas LGTB argumentando motivos religiosos. Y es que la reacción social ha sido tal que el gobernador Mike Pence, que hace pocos días sancionaba la ley rodeado de líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos, ha anunciado ya su retoque. La tormenta ha llegado también a Arkansas, otro estado cuya legislatura acaba de aprobar una ley muy similar, y donde el gobernador se niega ahora a sancionarla hasta que no quede claro que no podrá usarse para discriminar a las personas homosexuales.

El editorial de Indianapolis Star no era otra cosa que la expresión de la gran inquietud que ha cundido en Indiana ante la inesperada (para muchos) reacción contra la ley. Como comentamos hace pocos días, ya en el mismo momento de aprobarse comenzaron a desatarse las alarmas: la llamada al boicot al estado de Indiana, que el actor George Takei (Star Trek) impulsaba en Twitter con el hashtag #BoycottIndiana, se convertía casi inmediatamente en Trending Topic. Marc Benioff, presidente de la tecnológica Salesforce, anunciaba la cancelación de aquellos programas que supusieran a sus trabajadores la necesidad de viajar a Indiana. Gen Con, una de las principales convenciones mundiales de juegos (juegos de rol, cartas, estrategia, etc.), y que el año pasado atraía a casi 60.000 visitantes a Indianápolis, avisaba por carta a Pence de que se estaba planteando marcharse del estado. Otros líderes empresariales, sin llegar a amenazar directamente con el boicot, expresaban su contrariedad en Twitter. Era el caso de Max Levchin, fundador de compañías como Affirm, HVF, Slide o PayPal, o del presidente de Apple, Tim Cook.

Precisamente fue la actitud de Cook la que acabó de precipitar la situación. El presidente de Apple no se limitó a su tuit inicial, sino que el domingo 29 de marzo publicó un artículo de opinión en The Washington Post en el que alertaba de los peligros que este tipo de leyes suponen al abrir la puerta a la discriminación. El artículo no descubría nada nuevo, pero el hecho de que su autor sea el presidente de una de las marcas más influyentes del mundo -quizá la que más en este momento- hizo que diera la vuelta al mundo. “Tim Cook se pasa al activismo y alerta del ‘peligro’ de las nuevas leyes contra los gays en EEUU”, llegaba a titular El Mundo, ejemplo de un medio español que hasta entonces no se había hecho eco de lo sucedido. El final del artículo de Cook marcaba además el rumbo a seguir. “Esto no es una cuestión política. No es una cuestión religiosa. Se trata de como los seres humanos nos tratamos entre nosotros. Oponerse a la discriminación supone valor, pero cuando las vidas y la dignidad de tantas personas están en juego, es la hora de que todos seamos valientes”, finalizaba el texto.

Llegados a este punto, los anuncios de boicot y cancelaciones de viajes y actos se precipitaban uno tras otro: EMC, Cloudera, Amazon, el sindicato AFSCME (el más importante sindicato de empleados públicos del país), la Mid-American Conference (subdivisión regional del deporte universitario), etc. Diferentes organismos públicos anunciaban también que no financiarían desplazamientos a Indiana, entre ellos las ciudades de Denver, Oakland, San Diego, San Francisco, Seattle o Washington D.C. (la capital federal) y los estados de Oregón y Vermont. La preocupación cundía y la presión sobre los legisladores republicanos que han promovido la ley aumentaba. Finalmente, el gobernador Mike Pence anunciaba el martes la inmediata aprobación de una legislación adicional que clarificará los límites de la ley e impedirá, supuestamente, la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Pence aseguraba que la intención de la ley no había sido la de “crear un permiso para discriminar” pero aceptaba que así se había interpretado, “no solo aquí en Indiana sino en todo el país, y tenemos que afrontarlo”.

Y en Arkansas el gobernador exige retoques antes de sancionarla

Pero el “efecto Indiana” se ha hecho ya sentir también Arkansas, otro estado cuya legislatura, también bajo control republicano, acaba de dar su visto bueno a una ley similar. Y si hace solo unos días el gobernador Asa Hutchinson se mostraba dispuesto a refrendarla tal cual había sido aprobada, ahora exige que se modifique para incluir garantías antidiscriminatorias. “Lo que es importante desde la perspectiva de Arkansas es alcanzar un correcto equilibrio. Y en segundo lugar, trasladar la idea de que este no es un estado que no reconoce la diversidad en los lugares de trabajo, en la economía y en nuestro futuro”, declaraba en una conferencia de prensa en la que anunciaba su nueva posición.

En definitiva, y a la espera de conocer ambas modificaciones legislativas, a los sectores homófobos que han impulsado estas leyes puede haberles salido mal la jugada, consiguiendo como resultado final la implementación de una normativa antidiscriminatoria que antes no existía con carácter estatal ni en Indiana ni en Arkansas.

Seguiremos atentos a lo que suceda, que más allá de las fronteras de estos dos estados será un buen indicador de la fuerza de las posiciones homófobas en los Estados Unidos, a punto de perder la batalla del matrimonio igualitario a nivel federal pero empeñadas en trasladar la batalla al ámbito local.

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará el 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio (en relación a cuatro casos judiciales que tienen su origen en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee). Un proceso que podría significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el territorio estadounidense, algo que ya le piden abiertamente al Supremo numerosas personas y organizaciones, incluyendo casi 400 de las más grandes empresas del país o la propia administración Obama.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunciaba en enero que en este primer semestre de sesiones de 2015 revisaría la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2o14 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación. El fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

Ya en enero se comunicó el calendario para la presentación de informes, aunque faltaba por conocer la fecha exacta en la que tendría lugar la sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales. Finalmente será el 28 de abril. Es muy probable que la sentencia final se conozca a finales de junio.

Empresas, líderes religiosos, alcaldes, Obama…

Ya en enero, cuando informamos de la decisión del Supremo, recogíamos las reacciones esperanzadas de los grupos LGTB, como Freedom To Marry, Human Rights Campaign, ACLU (American Civil Liberties Union) o Lambda Legal. Pero en las últimas semanas se han sumado al movimiento a favor de una sentencia del Supremo favorable al matrimonio igualitario importantes organizaciones y personas, que han enviado al alto tribunal sus amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución).

Entre ellas, casi 400 empresas, algunas de ellas tan importantes como Amazon, American Airlines, American Express, Apple, Citigroup, Colgate-Palmolive, Delta Air Lines, eBay, Facebook, General Electric, Goldman Sachs, Google, Hilton, HSBC, Johnson & Johnson, Levi Strauss, Marriott, Microsoft, Morgan Stanley, Nike, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble, Twitter, United Airlines, Verizon o Walt Disney. Empresas que consideran, entre otras razones, que el entramado de complicadas situaciones jurídicas derivadas del no reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en todo el país les supone un grave perjuicio (puedes descargar aquí el documento enviado al Supremo por este grupo de empresas).

También han solicitado al Supremo una sentencia favorable al matrimonio igualitario casi 2000 líderes religiosos del país, pertenecientes a confesiones cristianas, tradiciones judías e incluso organizaciones musulmanas, que consideran que el respeto a la libertad religiosa implica el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario, así como la posibilidad de que aquellas confesiones que decidan libremente celebrar matrimonios religiosos entre personas del mismo sexo lo puedan hacer (puedes descargar aquí su documento); más de 200 alcaldes de ciudades de todo el país (entre ellas Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Los Ángeles, Nueva York, Portland, Salt Lake City, San Diego, San Francisco o Washington D.C., por mencionar las más importantes); más de 200 miembros demócratas del Congreso (entre ellos 44 senadores) e incluso la propia administración Obama, que argumenta en su amicus curiae que la prohibición del matrimonio igualitario, además de ser discriminatoria y suponer desventajas concretas para las parejas del mismo sexo, envía el mensaje de que “las parejas del mismo sexo y sus hijos son familias de segunda clase, no merecedoras del reconocimiento y de los beneficios que se da por sentado sí merecen las parejas de distinto sexo”. “Las prohibiciones no puede ser reconciliadas con la garantía fundamental de igual protección recogida en la 14ª enmienda a la Constitución”, añade el texto.

No se trata, de hecho, de la primera vez que la administración Obama o que empresas estadounidenses se posicionan directamente ante el Tribunal Supremo a favor del matrimonio igualitario. Ya lo hicieron en 2013, año en el que el más alto tribunal del país acabó por cierto declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esperemos que en esta ocasión el resultado sea el mismo…

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Marjorie Silva regenta una pastelería en Denver, Estados Unidos, y ha sido denunciada por negarse a escribir mensajes discriminatorios al colectivo LGBT en una tarta. El pasado mes de marzo, Bill Jack acudió a “Azucar Bakery” y encargó una tarta en forma de biblia y varios mensajes contrarios a la homosexualidad. “Quería que dibujase a dos hombres agarrados de la mano con una X encima de ellos, era un mensaje lleno de odio contra la comunidad gay” declaró la dueña del establecimiento. El cliente es cofundador de la orden religiosa “Worldview Academy” que se dedica a “ayudar a los cristianos a pensar y vivir de acuerdo a la manera de ver la vida según la biblia”. Este caso remite al de los pasteleros denunciados por no querer hacer una tarta para una pareja gay.

La propietaria accedió a hacer el pastel en forma de libro santo, pero se negó en redondo a completar el resto del encargo, “si quiere odiar a las personas puede hacerlo, pero no aquí en mi pastelería” sentenció Marjorie. Aunque la repostera puso a disposición de Bill los utensilios de su cocina para que él mismo confeccionara el diseño, a lo que este se negó. Ante la reacción de la dueña, el cliente se marchó del establecimiento. Pasado unos meses la pastelera recibió una notificación en la que se le informaba que había sido denunciada por discriminación religiosa al negarse al trabajo.

Se sospecha que este episodio es una venganza de los grupos anti-gay tras la denuncia a otra pastelería del mismo estado, Colorado, que fue sancionada por negarse a preparar una tarta nupcial para una boda lésbica. Aún queda por saber cuál será la resolución de este caso, pero ya ha levantado varias ampollas en la comunidad LGBT americana.

Fuente Ragap

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A pesar de estar ya retirado y de su avanzada edad, un pastor menonita ha visto como su iglesia le retiraba sus credenciales por haber oficiado la boda de su hijo gay en junio pasado. El hecho muestra que el debate en torno a la realidad LGTB y la discrepancia de opiniones ha llegado a todo el espectro del protestantismo norteamericano.

Chester Wenger es un pastor menonita retirado de 96 años que vive en la pequeña ciudad de East Lampeter (en Pensilvania, Estados Unidos). En una publicación menonita, el pastor hizo público que había oficiado con gusto en la boda de su hijo con otro hombre el pasado 21 de junio. Lo hizo sabiendo que generaría polémica y consciente de las posibles consecuencias, pero convencido de la justicia de su decisión. “Sé que habrá quienes me acusen por mi transgresión. Pero mi acto de amor se hizo de parte de la iglesia que amo y mi conciencia está limpia”, expresó.

La decisión de Wenger ha supuesto la retirada de sus credenciales como ministro menonita. En palabras de Keith Weaver, moderador de la Conferencia Menonita de Lancaster (el condado al que pertenece East Lampeter), el pastor habría violado las directrices eclesiales, según las cuales “los pastores con credenciales en una conferencia de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos no están autorizados a celebrar una unión entre personas del mismo sexo”. La decisión se tomó tras un proceso que, en palabras de Weaver, fue “recíprocamente lleno de gracia y respetuoso”.

“La pasión que ha dominado a mi padre ha sido hablar con sus hermanos menonitas de la Conferencia de Lancaster y hacerlo con un mensaje de amor y un deseo de compartir su perspectiva tras una larga vida de estudio de la Biblia y consideración de este asunto que supone un desafío para nuestra comunidad”, ha declarado con orgullo el hijo de Wenger, que señala no obstante que no le habría pedido a su padre oficiar su boda de haber sabido que pasaría algo así.

Un debate creciente, también entre los menonitas

Lo sucedido con Chester Wenger es una nueva muestra de cómo el debate sobre la aceptación de la homosexualidad en particular, y la diversidad sexual en general, está sacudiendo todo el espectro de las iglesias cristianas de Norteamérica. En este caso, se trata además de una iglesia tenida habitualmente por conservadora en materia LGTB. Los menonitas se encuadran dentro del movimiento anabaptista, surgido al calor de la reforma protestante. Muchas comunidades menonitas viven de acuerdo a tradiciones centenarias, son radicalmente pacifistas, rechazan la modernidad y en algunos casos conservan el uso de la lengua alemana.

En España, por cierto, la pequeña comunidad anabaptista parece compartir plenamente esta posición mayoritariamente conservadora. Ya en una entrevista al portal Religión Digital, Antonio González, representante del Consejo Mundial de las Iglesias menonitas y Hermanos de Cristo en España, señalaba que “en algunas de nuestras Asociaciones prevalecen criterios que pudiéramos llamar ‘conservadores’, que les obligan al rechazo de los homosexuales. En otras, no se les escatima el trato pastoral, pero teniendo siempre presente su repulsa”.

No obstante, y más allá del ejemplo de Chester Wegner, el hecho es que también entre los menonitas hay un creciente movimiento a favor de la inclusividad. Así es al menos en Estados Unidos. Un ejemplo ilustrativo fue el de Theda Good, una mujer lesbiana con pareja que recibió de la comunidad de Denver la licencia para ser ordenada ministra. La decisión, obviamente, causó polémica, pero en ella los hubo en ambos lados del debate. También resultan significativas posiciones de pastores o teólogos prominentes de esta iglesia, como es el caso de C. Norman Kraus y su libro On Being Human, donde aboga por un cambio de consideración de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, explicando además su propio proceso de cambio de opinión. Y no podemos olvidar como ya en 2009 gays y lesbianas menonitas de Estados Unidos pidieron ser aceptados con ocasión de una conferencia nacional que esta confesión religiosa celebró en Ohio.

Fuente Dosmanzanas

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Interesante noticia que nos llega desde Denver, en Estados Unidos, pero que puede servir como punto de arranque de una reflexión válida en muchos otros lugares. Los dueños de un local de ambiente gay han sido encontrados responsables de discriminación por negar el acceso a un cliente ataviado como drag. El dictamen de la División de Derechos Civiles del estado de Colorado va más allá de la denuncia concreta y considera de hecho discriminatoria la propia política de acceso al local, frecuentado por “osos”, y en el cual los clientes con tacones altos, maquillaje o perfumes intensos no son bienvenidos.

Vito Marzano, un hombre gay de 27 años, quiso acceder a The Wrangler, un conocido local de ambiente gay de Denver, tras participar en un evento drag el 31 de agosto de 2013. En aquel momento iba ataviado con vestido, peluca, gafas de sol, tacón alto y maquillaje. El local le denegó el acceso, motivo por el cual Marzano lo denunció por discriminación ante la División de Derechos Civiles de Colorado e inició una petición de boicot. Marzano acusó al local de discriminar a hombres de apariencia femenina y mujeres transexuales para mantener un ambiente de “hipermasculinidad”. The Wrangler, conviene precisar, es un local especialmente frecuentado por hombres gays que se identifican con la subcultura bear (los “osos”).

El local argumenta que el acceso le fue denegado a Marzano al considerar el portero que su apariencia física no coincidía con la fotografía de su carnet de conducir, y que ello se debe a su normativa de seguridad como local que vende bebidas alcohólicas. También acusa a Marzano de ir bebido y de haberse portado de forma agresiva. Marzano lo niega y defiende que en el momento de la identificación accedió a quitarse la peluca y las gafas de sol, y que en ocasiones anteriores había accedido sin problemas al local con la misma identificación vistiendo ropa masculina.

La División de Derechos Civiles de Colorado ha dado la razón a Marzano al considerar que la negativa se debió a la apariencia femenina que en ese momento lucía. Steven Chavez, firmante del dictamen (que puedes descargar aquí), hace de hecho un repaso al código de vestimenta del local, que prohíbe expresamente acceder al mismo con tacones altos, con maquillaje y peluca o usando un perfume intenso, con dos excepciones explícitas: las “fiestas temáticas” y la noche de Halloween. Chavez considera que esta normativa de selección de personas de apariencia “masculina”, con independencia de su orientación sexual, viola la legislación de Colorado, uno de los estados de Estados Unidos en los que está prohibido a los prestadores de servicios la discriminación de clientes por razones de orientación sexual o identidad de género (en diciembre de 2013, por ejemplo, una pastelería de Denver fue condenada por la justicia por negarse a servir pasteles para una celebración de boda entre dos mujeres).

Los colectivos LGTB han acogido positivamente el fallo de la División de Derechos Civiles de Colorado, que obliga a The Wrangler a llegar a un acuerdo con Vito Marzano, y lo consideran acorde con el principio de que la libre expresión de género debe ser protegida frente a la discriminación en la misma medida que la orientación sexual o la identidad de género. Kenneth Upton, de la organización Lambda Legal, considera de hecho que hoy día los dueños de locales de ambiente deben ser capaces de hacer compatible el legítimo deseo de dirigirse a un nicho de mercado específico con la no discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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Colorado y Florida se han sumado esta semana a la ya larga lista de estados en los que un juez ha declarado contraria a la Constitución de los Estados Unidos la prohibición del matrimonio igualitario. En ambos casos la aplicación de las sentencias se mantienen en suspenso en espera de las posibles apelaciones. En cualquier caso, parece cada vez más complicado para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión en un tiempo menor al previsto.

En el caso más reciente, el de Florida, ha sido la jueza del condado de Miami-Dude Sarah I. Zabel la que ha dado la razón a la organización Equality Florida y a seis parejas del mismo sexo que demandaron al condado al no permitirles tramitar su solicitud de matrimonio. En la sentencia conocida este viernes la jueza Zabel considera que la prohibición del matrimonio igualitario en Florida viola “el debido proceso y las cláusulas de protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos y ofende a la dignidad humana básica” (puedes acceder a la sentencia íntegra aquí).

En el caso de Colorado era el juez federal Raymond P. Moore el que daba a conocer el miércoles la sentencia que declara contraria a la Constitución de Estados Unidos la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado. La sentencia de Moore, a la que puedes acceder aquí, daba la razón a otras seis parejas del mismo sexo a las que Colorado o bien no permitió contraer matrimonio o bien no reconoció su matrimonio celebrado en otro estado.

La sentencia de Moore se producía además en un contexto ya de por sí revuelto. Algunos condados de Colorado ya habían comenzado a emitir licencias del matrimonio a parejas del mismo sexo en junio, al considerar que una sentencia del 10º Circuito de Apelaciones referida a Utah (y favorable al matrimonio igualitario) obligaba a Colorado, que también pertenece al área jurisdiccional del 10º Circuito (de hecho su sede es Denver). Días después la Corte Suprema de Colorado ordenaba paralizar la emisión de dichas licencias. En paralelo, solo un par de semanas antes de conocerse la sentencia del juez federal Moore un juez local consideraba también inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario.

Dos jalones más en una larga carrera de fondo

Desde que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), todas las sentencias dictadas por tribunales federales o estatales han sido favorables al reconocimiento del matrimonio igualitario.

Se ha generado así una pendiente deslizante que de momento ha consolidado el matrimonio igualitario en Oregón y Pensilvania, donde las sentencias adquirieron firmeza al no presentarse apelación, y que ha dado ya lugar a dos pronunciamientos favorables en Corte de Apelaciones, el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo. Se trata de las apelaciones referidas a Utah y a Oklahoma. Eso sí, también en estos dos casos la aplicación de la sentencia queda en suspenso hasta que decida una instancia superior, ya sea al pleno de los doce jueces que integran la Corte de Apelaciones (y no solo un panel de tres jueces) o directamente el Tribunal Supremo. Oklahoma no ha decidido aún que opción tomar, pero en Utah la Fiscalía General del estado acudirá directamente al Supremo.

Pero aunque Utah y Oklahoma son los dos estados en los que la situación judicial está más avanzada, son muchos los estados con sentencia favorable al matrimonio igualitario que esperan la correspondiente apelación. Junto a Colorado y Florida (en el primer caso por acción de la justicia federal, en el segundo por acción de la justicia local) se encuentran Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho, Wisconsin, Indiana y Kentucky, cuyas sentencias de inconstitucionalidad permanecen también en suspenso.

En Ohio y en Tennessee, por su parte, hay sentencias que obligan a reconocer los matrimonios celebrados en otros estados, también pendientes de apelación. Ligeramente diferente es la situación en Nevada, donde la Corte de Apelaciones de 9º Circuito debe pronunciarse sobre la materia, aunque aquí no existe una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque algunas de las parejas demandantes tienen uniones civiles en Colorado, la demanda alega que son un sustituto desigual e inadecuado al matrimonio.

Un juez federal en la ciudad estadounidense de Denver declaró el miércoles que la prohibición de Colorado al matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, pero suspendió temporalmente su decisión para darle tiempo al estado para apelar.

El fallo del juez Raymond P. Moore (en la fotografía) fue en respuesta a una demanda presentada el 1 de julio por seis parejas gays que pidieron un fallo que desestimara la prohibición estatal.

John Suthers, procurador general del estado de Colorado, y el gobernador John Hickenlooper habían solicitado una suspensión para que el asunto pueda dirimirse definitivamente en la Corte Suprema, aunque los dos concuerdan en que la prohibición estatal debe declararse inconstitucional.

Las parejas entablaron la demanda después que la Corte de Apelaciones del 10° Circuito en Denver falló contra la prohibición de Utah al matrimonio gay, pero suspendió su fallo a la espera de una apelación.

El juez Moore dio a los abogados de Colorado hasta el 25 de agosto para solicitar una suspensión a la Corte de Apelaciones del 10° Circuito en Denver o a la Corte Suprema federal.

Poco después del fallo, Suthers presentó un aviso de apelación ante la Corte del 10° Circuito.

Moore dijo que la Corte Suprema ha indicado que podría abordar la constitucionalidad de las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo, citando una decisión la semana pasada que otorgó una suspensión temporal en el caso de Utah. La Corte Suprema dijo que las autoridades estatales no tienen que reconocer los matrimonios gay en su demarcación hasta que se escuche su apelación.

La lucha por legalizar el matrimonio gay tomó ímpetu después que el año pasado la Corte Suprema derogó parte de la Ley de Defensa del Matrimonio, que data de la era Clinton. La mayoría de los magistrados fallaron que es inconstitucional que la ley niegue prestaciones federales a parejas casadas del mismo sexo.

El matrimonio gay es legal en 19 estados, varios de ellos de tendencia conservadora. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses apoya el matrimonio gay.

Los votantes de Colorado prohibieron el matrimonio gay en el 2006, aunque las uniones civiles se legalizaron en el 2013.
Aunque algunas de las parejas demandantes tienen uniones civiles en Colorado, la demanda alega que son un sustituto desigual e inadecuado al matrimonio.

Fuente AP, vía SentidoG

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