Su padre, recuerda Amalia, la amenazaba desde Estados Unidos por la identidad de género femenina que ella estaba descubriendo. Su madre le dio la espalda. Se refugió por eso en la casa de su abuelo paterno, donde aprendió a cortar caña y se enteró de la desigualdad que sufren lxs jornalerxs. Por ese tiempo también llegó el activismo.

Fuera de casa

Amalia había llegado a la ciudad con muchas ganas de estudiar. Aunque era abril y el año escolar había comenzado tres meses atrás, una maestra le permitió llenar su ficha de inscripción y retomar su séptimo grado, cuenta. Las cosas, dice, no le fueron fáciles desde el primer día: el director de la escuela la sacó de la clase bajo la excusa que se había inscripto tarde.

Amalia cuenta que ella inició la denuncia en la departamental educativa y cuando, con respaldo de esa instancia, logró que el director se reuniera con ella y con la planta de docentes para tratar el tema, él comenzó preguntándole si creía en dios.Volvió a justificarse en que ella no podía estudiar por haberse inscrito fuera del plazo.

Amalia insistió en su derecho a entrar a la escuela y cuenta que el director le espetó que prefería que ahí estudiaran pandilleros a que lo hiciera una chica como ella.

La negativa de la escuela

La reunión quedó grabada en el teléfono de Amalia. El audio lo presentó en la departamental educativa, que le extendió una carta al docente con la amenaza de sancionarlo si no la admitía en la escuela. La carta citaba los derechos de Amelia que, según la Constitución, el director estaba violando. Allí se citaba el inciso 20 del artículo 56 de la Ley de la Carrera Docente, que considera como falta muy grave que unx docentx no admita a alumnxs por diferentes motivos, como las diferencias sociales, raciales, políticas o “de otra índole”.

El director, mientras tanto, terminó sacándola de la escuela con pandilleros, dice ella. A esta denuncia le dio seguimiento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero sin una legislación que proteja su condición de persona trans en El Salvador.

Amalia, sin embargo, volvió a intentar cursar su séptimo grado. Esta vez bajo la modalidad a distancia. En la escuela la quisieron obligar a posar para una foto con el pelo amarrado. Se opuso y la escuela borró todos sus datos del sistema.

“Para El Salvador, Amalia solo tiene séptimo grado. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque es una pelea que me dejó muchas gratificaciones y muchas lecciones de vida”, dice ella. Hoy es una activista de los derechos de la población LGBTIQ+.

No hay avances en materia de identidad de género

La población LGBTIQ+ no cuenta con leyes a su favor. El único avance legislativo ocurrió en 2015, cuando lxs diputados aprobaron agravar las amenazas y los crímenes por razones de odio en el Código Penal.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINEDUCYT) cuenta con una Unidad de Género y una política de género, que no es difundida a lxs docentxs, de acuerdo a lo que afirmaAmalia.

Y en el caso de las universidades, la Universidad de El Salvador (UES, la universidad estatal) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) son las únicas que respetan el derecho a la identidad de las personas trans, dice la activista.

Pero estas instituciones, como todas las del sistema educativo público y privado, pueden emitir diplomas de reconocimiento con el nombre elegido por las personas trans. No así títulos, porque al no haber una Ley de Identidad de Género, las personas trans, para el Estado salvadoreño, seguirán llamándose por el nombre según su documento.

Este año, lxs diputadxs de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, archivaron varios proyectos de ley presentado por la sociedad civil, entre ellos la Ley de Identidad de Género.

Una de las diputadas oficialistas los calificó de “obsoletos y no acordes a la realidad”. Las organizaciones LGBTIQ+ presentaron otra iniciativa en agosto pasado, que aún no es tratada.

El diploma sí, el título no

Brenda Rosales es una escultora que, en 2006, sin haber hecho su transición, se graduó de la carrera de Artes Plásticas de la UES y hace unos días fue reconocida por la universidad como unx de sus exalumnxs y profesionales destacadxs.

El diploma de reconocimiento lleva su nombre elegido, pero en el título universitario se mantiene su nombre de acuerdo a su documento de identidad.

Rosales, sin embargo, considera que este reconocimiento es significativo porque la universidad le ha reconocido su identidad de género.

Lo mismo pasa en el lugar donde trabaja, el Ministerio de Cultural, donde le han permitido que use su carnet de empleada con su nombre elegido.

“Es engorroso llegar a un lugar en el que de repente las personas no sepan ni cómo tratarnos, porque se basan en un documento. Hay muchas que tienen ética a la hora de dirigir la pregunta de cómo quieren que nos llamen. Admiro la voluntad que tienen, pero otras no lo hacen adrede o no saben cómo tratarnos”, sostiene la artista.

A pesar del decreto 56, hay desamparo

En el Ministerio de Cultural está la Unidad de Género y Diversidad, a la cual el gobierno de Bukele asignó las funciones de la Secretaría de Inclusión Social que él y su gabinete desaparecieron a inicios de su gestión, en junio de 2019, y que entre sus objetivos tenía velar por la aplicación del Decreto Ejecutivo 56.

Este prevenía la discriminación por razones de orientación, expresión o identidad de género, y proyectaba charlas de sensibilización en temáticas sobre la diversidad sexual al personal que trabajaba en instancias que pertenecían al Ejecutivo.

Rosales es Técnica y Especialista en dicha unidad, pero en esta entrevista no quiere profundizar sobre el trabajo de la instancia, porque dice que es nueva en el área.

Amalia señala que, de todos los ministerios, el MINEDUCYT fue el reacio en aplicar el Decreto Ejecutivo 56. Por hoy, la aplicación de este decreto es uno de los cuestionamientos que más realizan las organizaciones de la población LGBTIQ+, porque sigue vigente, pero la población no ve visible el trabajo de la Unidad de Género y Diversidad.

Agencia Presentes solicitó una entrevista a lxs encargadxs de la Unidad de Género del MINEDUCYT, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Universidades sin políticas contra LGBTIQ+fobia

Danilo Ramírez es el director ad honorem del Centro de Estudios de Géneros de la UES. Esta universidad cuenta solo con una política de equidad de género, pero no tiene una unidad de género. Para el próximo año, la política será actualizada y contemplará acciones a favor de las personas de la diversidad sexual.

Por el miedo de la población LGBTIQ+ de hacer visible su identidad y expresión de género en espacios que no son de su confianza, estos centros de estudios no llevan registro de la cantidad de estudiantes diversos que tienen.

Desde la UES, dice Ramírez, todavía se planea un censo interno para contabilizarles, tomando en cuenta que uno de los errores del censo sería que muchxs prefieren que su sexualidad pase desapercibida.

La discriminación, el mal permanente

El Primer Informe Situacional de la Población LGBTI publicado por la PDDH en 2017 señaló que el 52.5 % de las mujeres trans en El Salvador han recibido amenazas de muerte o violencia. En primer lugar, por el transodio; y segundo, por la extorsión impuesta por las pandillas para quienes realizan trabajo sexual.

Ante la falta de un protocolo para atender casos de discriminación, Ramírez menciona que lo que él hace es acompañar a las víctimas a presentar las denuncias ante instancias internas de la universidad.

Pero sin protocolos de actuación respaldados por las autoridades universitarias, las denuncias quedan archivadas.

Desde el Centro de Estudios de Géneros, dice, se trabaja en capacitaciones de sensibilización en temas sobre diversidad sexual, que comenzaron con lxs docentxs, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Medicina, de donde, en su momento, recibieron denuncias por discriminación de una chica trans que ya egresó.

La formación universitaria

La UCA, por su parte, respeta internamente la identidad de género de las personas trans: les permite a estas realizar cursos, diplomados o taller con su nombre elegido. Amalia está pronta a graduarse de la Escuela de Formación Política de esta universidad.

Hasta el momento, la universidad solo ha recibido la denuncia de una ciudadana trans canadiense que no pudo inscribirse a una carrera con su nombre elegido por la falta de la Ley de Identidad de Género en El Salvador. Y al final, tuvo que hacerlo con el nombre que aparecía en su documento, cuenta Omar Serrano, encargado de la Vicerrectoría de Proyección Social, de esta universidad de la Compañía de Jesús.

La UCA, según el académico, tiene entre sus “principios y valores” la no discriminación. No cuenta con una Unidad de Género, solo con políticas contra el acoso sexual, laboral y la discriminación, además de comités de éticas que reciben denuncias.

En los casos de discriminación por razones de género y orientación sexual ocurre una autocensura: las personas no denuncian la discriminación que sufren porque saben que su denuncia será infructuosa, opina Serrano. “Creo que uno de los frutos de la impunidad es que la gente no denuncie. Estoy refiriéndome a todo nivel”, señala.

El camino de Amalia

Amalia tiene 25 años y está por publicar un libro de poesía. Le lleva la lucha al sistema que la excluyó y ha continuado estudiando cursos, diplomados y talleres de todo tipo, desde derecho hasta medicina.

Espera llegar a la edad en la que pueda ir al Centro Nacional del Registro y que sus poemas queden registrados bajo el nombre que ella ha elegido.

Pero esta es su decisión: “No voy a vivir con un título con un nombre que no me identifica.  Yo sé muy bien que, si no me preparo académicamente, los años van a seguir pasando, pero estoy dispuesta a morir con dignidad”.

Lizz había recibido meses antes de forma simultánea la noticia de su embarazo y el resultado positivo a la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Asegura que le preocupaba más la noticia de su embarazo que el diagnóstico del virus

Una mañana de diciembre de 2010, Lizz* sintió en su vientre que su bebé pateaba fuerte y con ello exigía su llegada al mundo. Su embarazo, marcado por la desesperanza de un diagnóstico imprevisto, estaba por llegar a término.

Desde su llegada al Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, el más importante para la atención de la mujer en El Salvador, personal médico le preguntó si quería ser esterilizada, pero Lizz respondió que no. Por su condición de VIH le tenían que hacer una cesárea y en la noche fue llevada a la sala de operaciones.

Minutos antes de que se le aplicara la anestesia para practicarle la cesárea, una enfermera le preguntó de nuevo si se iba a esterilizar y le entregó un formulario para autorizar el procedimiento. Lizz firmó sin haber sido informada plenamente de las consecuencias.

A once años de lo ocurrido, habla sobre ese día a través de una videollamada. Hace una pausa, quita la mirada de la pantalla y dice: «prácticamente me iban a dejar morir, me dijeron que si no firmaba no me iban a atender. Yo firmé porque no soportaba el dolor».

Después de dar a luz a su única hija, a Lizz le fue mutilada una parte de su órgano reproductivo en una intervención quirúrgica para impedir que volviera a tener hijos cuando sólo tenía 17 años.

Cuatro años después, el caso de Lizz fue llevado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, donde se comprobó que no tenía la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada por el hecho de ser menor de edad.

I Un pilar de apoyo

Cuando Lizz tenía apenas 16 años, tuvo una relación con un hombre ocho años mayor que ella. A los pocos meses, comenzó a sentir malestar y dolores de cabeza intensos. Fue al médico en la comunidad de Cojutepeque, a menos de una hora de la capital, y después de hacer estudios le dijeron que estaba embarazada y que también era portadora de VIH.

“En ese momento lo que más me preocupó fue estar embarazada. No dimensioné el diagnóstico de VIH”, relata.

Cuando le dio la noticia a su pareja, él no se sorprendió. Ya sabía que era portador del virus y le ofreció vivir en pareja. Lizz salió de la casa de sus padres y suspendió sus estudios. Hoy considera que quedó embarazada por un acto de violación porque aún era menor de edad.

De su comunidad tuvo que ir los siguientes meses al Hospital de la Mujer, el único para atención materna en el país, donde recibió un tratamiento de retrovirales. Al nacer, su bebé nació con diagnóstico negativo. Estaba libre del virus.

El virus de la inmunodeficiencia humana ataca al sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.

Los datos del Estado reflejan que las probabilidades de que un menor se infecte de VIH al momento de su nacimiento son muy bajos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) uno de cada 100 bebés nacidos de madres con VIH son diagnosticados con el virus. Estos datos coinciden con los reflejados en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ONUSIDA, donde se asegura que el riesgo de que una mujer con VIH le transmita el virus a su hijo se reduce a un 5 % o menos con un tratamiento eficaz.

Lizz recibió el tratamiento estipulado por el MINSAL. Incluso, el mismo informe asegura que para el año 2010 el 100 % de embarazadas con VIH conocidas en el país, recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión infantil. Estas cifras reflejan que Lizz podía tener más hijos de forma segura.

En 2019, el Ministerio de Salud de El Salvador reportó 26,893 personas vivas con VIH en el país, de ellas el 34 % eran mujeres.

Lizz dio seguimiento a su estado de salud y el de su bebé en su hospital local, unos 18 km al sur de la capital del país, y ahí tuvo conexión con organizaciones de apoyo a personas con VIH cuando iba a sus citas médicas.

“Yo iba a controles al Hospital de Cojutepeque, ahí me uní a un grupo de apoyo y a organizaciones feministas no gubernamentales. Él (su expareja) era un hombre alcohólico y me golpeaba. Sufrí mucho abuso físico. Pero al unirme a estos grupos me empoderé. Me empoderé muchísimo”, dice en tono enérgico. Cuando su bebé cumplió tres meses, decidió separarse y volvió a casa de sus padres.

En el hospital conoció a integrantes de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, que trabaja a favor de los derechos de las personas con VIH. Ellos le brindaron una beca para terminar sus estudios de educación media. Las terapias psicológicas y las sesiones grupales contribuyeron a su formación y empoderamiento. Y asegura que después de un proceso de sanación muy difícil, ahora puede hablar con mayor facilidad sobre el tema.

II Más mujeres con VIH esterilizadas

El caso de Lizz no ha sido el único. Otras mujeres con VIH y menores de edad han sido esterilizadas de forma sistemática en El Salvador.

En su juicio de amparo, se comprobó que “en la práctica hospitalaria se esteriliza a niñas y adolescentes con el único requisito que estas suscriban un formulario de autorización para tal efecto”. En el fallo al que tuvo acceso Alharaca, se documenta que una de las doctoras interrogadas en el proceso dijo que «una menor de doce años de edad puede ser esterilizada según la normativa de planificación familiar».

La Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar (GTAPF), mencionada en el amparo, no estipula que exista esterilizaciones a ciertos pacientes en razón de edad, únicamente exige que haya un consentimiento informado del paciente.

El caso de Lizz fue llevado al Poder Judicial gracias a la Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN), enfocada en la reducción de la morbilidad del VIH en El Salvador.

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil y autoridades, participaron en la realización del Índice de Estigma en Personas con VIH (INDEX) 2019, haciendo entrevistas a pacientes en 19 hospitales del sistema público de salud.

En el Informe se documentó que 23 de 514 personas encuestadas fueron esterilizadas sin su conocimiento o su consentimiento en el último año. Todas las que afirmaron este hecho eran mujeres. La mayoría de ellas son de escasos recursos económicos y tienen poco acceso a educación, señala Catherine Serpas, directora ejecutiva de ANP+VN.

El mismo estudio reflejó que a un 7.2 % de las personas encuestadas le aconsejaron no tener hijos y un 5.6 % menciona que fue presionado, motivado o inducido para esterilizarse de forma permanente por medio de ligadura de trompas o vasectomía.

Serpas añadió que en el estudio también encontraron tres casos más de menores de edad que contaban su experiencia.

“Fue alarmante encontrarnos con casos de esterilizaciones forzadas. El primer caso que recolectamos fue de una mujer que vivió esto en 1998. Además, aquí encontramos casos de niñas, menores de edad”, expresa Serpas. Ella dice que la asociación no guardó registro de todos, sin embargo, al realizar contacto con algunas mujeres, muchas decidieron no participar en procesos legales por miedo al estigma.

Una de las que sí lograron dar seguimiento fue Lizz, luego de realizar el estudio INDEX 1.0. “El caso ocurrió en 2010, pero ella habló de este hecho hasta 2014”, explicó.

III La batalla legal

Las organizaciones de protección de los derechos de personas con VIH suelen formar parte de los grupos de ayuda como a los que asistía Lizz. Ahí conoció a compañeras que pasaron por lo mismo y que fueron persuadidas por el personal médico para ser esterilizadas. Eso la motivó a hablar e iniciar un proceso legal con el acompañamiento de ANP+VN.

En 2014 promovieron un amparo para que se reconociera la violación de los derechos de salud reproductiva de Lizz y discriminación en razón del VIH por parte del personal médico del Hospital Nacional de la Mujer «Dra. María Isabel Rodríguez».

Un elemento clave para llevar el caso era tener el expediente médico, el cual solicitaron al hospital por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero les fue negado. Hasta que fueron llevadas al juicio de amparo, las autoridades del hospital entregaron el expediente, el cual no tenía pruebas que justificaran la esterilización.

La defensa de Lizz tuvo acceso a declaraciones de parte del equipo médico que señalaban que “no tenía sentido” que las personas con VIH siguieran teniendo bebés.

El director del hospital negó ante la Sala cualquier acto de discriminación por VIH o que se haya forzado a la paciente para ser sometida a esterilización.

La Sala de lo Constitucional declaró en 2015 que sí hubo «vulneración de sus derechos fundamentales a la salud reproductiva, a la autodeterminación reproductiva y a la integridad personal —con relación al hecho de que, siendo menor de edad, y por lo tanto no teniendo la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada».

“Sí logramos probar que hubo discriminación (en razón de VIH), pero la Sala no lo admitió”, lamentó su abogada y apoderada legal Crissia Pérez.

En el fallo de la Sala se ordenó la promoción de un proceso por los daños materiales y morales y garantizar un tratamiento psicológico adecuado para superar las secuelas por el acto de esterilización.

IV Maternidad. Un derecho negado

Lizz sufrió cuadros de depresión recurrentes. Después del juicio quiso recuperar su fertilidad.

La esterilización quirúrgica es un procedimiento en el que las trompas de Falopio, que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero, se bloquean. Esto puede ser por atadura y corte de los conductos, por cauterización, o cierre con un anillo o grapa.

Un 20 % de las mujeres esterilizadas se arrepiente de su decisión, pero hay casos que no se pueden revertir. Uno de ellos fue el de Lizz.

«Hay diferentes tipos de cortar las trompas, pero el corte que le hizo el médico era al ras. No había forma de reconstruir las trompas. Nosotros interpretamos esto como una práctica de violencia y un acto de lesa humanidad», señala Catherine Serpas.

Entre enero de 2013 hasta julio de 2021 se realizaron 36 esterilizaciones en mujeres que verificaron parto con un diagnóstico principal VIH de un total de 280 partos en los hospitales públicos del país, según datos del MINSAL brindados por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública.

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Una ginecóloga que trabaja para el sistema de salud público, cuyo nombre desea omitir para resguardar su seguridad, advierte que es una temática discutible el recomendar a una mujer con VIH no tener hijos.

“Si nos remontamos a los años ochenta, el diagnóstico de infección por VIH era prácticamente una muerte anunciada. Hoy tenemos la facilidad de que hay diversos programas de apoyo para estos pacientes, que incluyen la terapia antirretroviral, exámenes de control y grupos de apoyo social y psicológico”, explica.

La médica asegura que si la paciente es responsable de su salud y sus medicamentos, puede embarazarse y llevar el control periódico de su embarazo.

“Ahora, si el panorama es diferente con una paciente que ha tenido poca adherencia a su tratamiento o sea irresponsable en sus controles, que tenga enfermedades secundarias no controladas o de mal pronóstico», advierte, «se vuelve necesario evitar el embarazo para evitar complicaciones maternas o fetales”.

Serpas explica que los temas de salud reproductiva no son vistos como un problema. “Eso pasa porque vivimos en un mundo que se ve totalmente masculino, y más, en temas como el VIH”, dice.

ANP+VN recibe con frecuencia reclamos sobre la falta de apoyo en términos de planificación familiar, agrega. “Todavía se cree que la persona recibe el diagnóstico y se olvida de su vida sexual… Hemos detectado que a la hora que se les hace la citología (prueba de detección del virus del papiloma humano, que causa el cáncer de cérvix) han recibido maltrato por parte del personal de salud, siempre con la interpretación de ‘¿por qué sigue teniendo relaciones sexuales?’. La respuesta del VIH ha evolucionado, pero el pensamiento sigue siendo mediocre”.

IV Migración

Lizz no solo enfrentó la violencia obstétrica en su país, durante el juicio también recibió llamadas anónimas donde la amenazaban con atentar contra su vida. En sus visitas al hospital para recibir tratamiento psicológico, hubo personal médico que la intentó persuadir para que desistiera en su demanda.

El Jefe Departamento de VIH y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Derechos Humanos, Jaime Argueta, reconoció que “no existe un sistema de protección que pueda dar garantías a la persona que ha tenido el valor de presentar la denuncia, para protegerla contra el mismo estado. Incluso, ella empezó a ser cuestionada al momento de recibir su tratamiento».

Cada vez es menos frecuente es el estigma en ámbito de salud o en el ámbito laboral, dice, pero aún se pide la “prueba de VIH para el ingreso a un empleo como parte de la batería de exámenes”.

En el ámbito comunitario, advierte que todavía hay mucha discriminación y se divulgan los diagnósticos de personas en los lugares donde ellos viven.

“Tal vez trabajan en una sala de belleza y alguien empieza a divulgar el diagnóstico y pierden sus clientes. O venden cualquier tipo de alimentos ya preparados para el consumo y también son afectadas en sus formas de vida”, expuso.

Lizz vivía en una zona declarada de alto riesgo de violencia por pandillas. Esto se convirtió en una razón más que la llevó a migrar a Estados Unidos junto con su hija y su actual pareja. Allá, a más de 10 mil kilómetros del país que la expulsó, ahora intenta rehacer su vida.

“Quería una vida mejor para mi hija. El miedo también tuvo que ver en mi decisión de migrar”, expresó.

V Una nueva vida

A pesar de su condición migratoria irregular, Lizz ha logrado tener acceso a un tratamiento de retrovirales a través de un protocolo en un Centro de Investigación en Estados Unidos, al cual accedió por medio de un hospital.

Por ahora trabaja, estudia inglés y desea regresar a la Universidad a estudiar leyes para ayudar a otras personas: “Mi sueño es trabajar en una organización que ayude en los derechos humanos o migración”.

Según la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH Sida (ICW Latina), en El Salvador el marco legal que establece sanciones para el personal sanitario en el caso de la esterilización forzada a las mujeres con VIH tiene una calificación positiva, es decir, según esta organización los médicos sí reciben penalidad ante estos casos. Sin embargo, los que atendieron el caso de Lizz no recibieron ninguna penalidad.

Al cierre de esta investigación se solicitó una entrevista con la jefa del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Dra. Ana Isabel Nieto Gómez, para conocer su postura respecto al caso de Lizz, sin embargo no se recibió respuesta. La doctora Nieto fungía en ese mismo cargo en 2010, cuando Lizz fue esterilizada de forma forzosa.

En la actualidad Nieto es funcionaria del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Su régimen ha sido señalado por nula rendición de cuentas, dar poco acceso a la prensa y por declarar “confidencial” información pública.

En la actualidad ANP+VN trabaja para brindar apoyo legal, capacitaciones, atención psicológica, reinserción laboral y generación de alternativas de ingresos para personas con VIH. Además, tiene estrecha relación con los grupos de apoyo de personas con VIH de la red hospitalaria nacional. Cientos de personas se han visto beneficiadas por sus proyectos. Su abogada compartió que cuando la prensa cubrió el caso de Lizz, tuvieron conocimiento de más casos a los que podrían dar más seguimiento y llevar a la justicia si contaran con los fondos.

*El nombre real de Lizz no se da a conocer en protección a su integridad

En su nuevo trabajo, Ernesto era enviado a visitas de campo junto con otro compañero delegado por sus jefes. La alcaldía garantizaba su traslado, pero a diferencia de la anterior modalidad de trabajo, ya no disponía de un vehículo para sus viajes. Tenía un carro lo llevaba a las cercanías de su destino. Así es que, debía caminar al menos cinco kilómetros en zonas rurales para realizar funcionar de catastro o señalar postes de electricidad.

Además del cansancio y del peligro que implicaba recorrer lugares solo, en los viajes soportaba los ataques homoodiantes de su compañero. En una ocasión, le obligó a que se metiera a un terreno con un matorral, donde Ernesto encontró un panal y las abejas le persiguieron.

El 30 de junio, un motorista de Uber al que Ernesto conocía y había recomendado a su hermana, le fue a buscar a la alcaldía para cobrarle un viaje . El hombre llegó hasta su oficina y amablemente le pidió que salieran del local. Afuera, comenzó a golpearlo y él se defendió.

Nadie de la alcaldía intervino. Al contrario, la comuna usó los videos de las cámaras de vigilancia en su contra. Pese a contar con un tipo de contratación que amerita un proceso administrativo para llegar a un despido, a Ernesto lo despidieron omitiendo ese proceso.

“Ellos trataron la forma de hacer las cosas verbalmente y en el documento hablan lo contrario. En los documentos no dicen que me despidieron por ser gay, cuando así fue, le dieron otra modalidad a mi despido… En la alcaldía solo tienen gente homofóbica”, cuenta. Prefiere que en esta nota no aparezca su nombre ni que se den detalles que puedan poner en peligro su integridad.

Ernesto ha denunciado su caso en la Fiscalía General de la República, pero la denuncia no avanza. Lo que así avanzó es un juicio laboral en un juzgado y para la próxima semana está programada la audiencia.

Sin ingresos

En la administración pasada de la alcaldía, Ernesto había logrado un convenio de la comuna con un ministerio para construir un parque central. Con el cambio de gobierno municipal a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, la alcaldía se desentendió del proyecto.

Ya despedido, personal del ministerio siguió en contacto con Ernesto para terminar la obra. Pero la página oficial de Facebook de la alcaldía publicó un video, con una fotografía suya y música de terror de fondo. Allí decía que Ernesto ya no trabajaba para la municipalidad y que no se hacían responsables de las acciones que él realizara.

Ese mismo video llevó a que una orquesta a la que él pertenecía, de la que era manager, cantante y bailarín, lo despidiera. También, a partir de la publicación, dejaron de llamarlo para producir fiestas de quince años, otro de sus ingresos.

Contra la LGBTIQ+ fobia en instituciones públicas

En El Salvador, las personas LGBTIQ+ que pueden optar por un empleo formal pero que luego son despedidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género no cuentan con una normativa que les proteja. Ni en las instituciones públicas ni en las instituciones privadas.

En el país, hubo un mecanismo de prevención de la discriminación para lxs empleadxs de las disidencias sexuales que trabajan en las instituciones públicas dependientes del Ejecutivo. Fue el Decreto Ejecutivo 56, aprobado en 2010, en la administración del expresidente Mauricio Funes, con el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil.

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual, encargada de aplicar el decreto. Sus funciones las derivó a la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura.

La dirección tenía un call center al que podían llamar aquellxs empleadxs que se sintieran discriminadxs por su orientación sexual, identidad o expresión de género. También realizaba capacitaciones para sensibilizar en temas LGBTIQ+ al personal de instituciones públicas.

Aunque el decreto no contemplaba sanciones, Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amata El Salvador, recuerda que en una ocasión, una persona a la que un chico gay denunció por discriminación fue removida a otra institución.

A la fecha, el decreto no ha desaparecido, pero las organizaciones sociales denuncian que no tienen claridad de su aplicación. Así lo señala Jessica Torres, experta en temas LGBTIQ+ y procuradora adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Para Torres, el decreto tenía dos defectos, por su carácter Ejecutivo, era temporal pero era limitado. Se aplicaba solamente en las instancias que dependían de la presidencia, y dejaba afuera a otras instituciones públicas. Es decir, en el caso del despido de Ernesto de la alcaldía, la normativa no hubiese tenido ningún valor.

En los últimos años, la PDDH recibió seis denuncias de las disidencias sexuales por estigma y discriminación, no solamente en el área laboral. Sin embargo, en los casos laborales, aclara Torres, sobresalen las denuncias contra el sector privado.

Temor a denunciar

Roberto Saldaña, coordinador de áreas de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y coordinador del programa LGBTIQ+ , explica que no se recibieron denuncias de violación laboral en instituciones públicas. No se denuncia por temor a represalias.

En los últimos dos años, con Bukele al frente del Ejecutivo, fueron despedidas injustificadamente diferentes personas de las instancias públicas. A partir de junio de este año, cuando Nuevas Ideas (su partido) arrasó con las elecciones en las alcaldías, hubo muchos despidos sin un debido proceso.

Desde 2015, la FEASIES capacitó a lxs líderes, lideresas y a las bases sindicales en temas de diversidad sexual. A partir de entonces, observaron cambios: lxs sindicalistas de la disidencia sexual están más empodoradxs y aumentó la afiliación de personas de LGBTIQ+ a la federación.

Entre las denuncias que recibe la FEASIES, se encuentran muchas de mujeres trans a quienes en sus lugares de trabajo no les permiten expresar su identidad de género, prohibiéndoles vestuario femenino y maquillaje. A ellas, cuando trabajaban en el Ejecutivo, fue a quienes más benefició el Decreto Ejecutivo 56, dice.

De forma general, según señala Saldaña, lo que sucede con los despidos en El Salvador es que por desconocimiento sobre las leyes laborales, un 80 por ciento de lxs empleadxs firman su indemnización antes de denunciar una violación a sus derechos laborales. Cuando esto ocurre, ya no pueden ayudar.

“No queda claro si el Decreto Ejecutivo 56 está completamente inaplicable o no. Es curioso que, dentro del Ministerio de Cultura, si verificás documentos actuales creados por la Unidad de Género y Diversidad, no menciona el decreto. Es como si que no existiera, como si no hubiera antecedentes, como si el tema se tratara por primeva vez. Tiene que ver mucho con la política tácita del régimen: borrar lo que había antes”, sostiene Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador.

Esta asociación acompañó, con la llegada al Ejecutivo de Bukele, a mujeres trans y lesbianas despedidas con la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social. También lo hizo con la reducción de personal de Ciudad Mujer, proyecto insignia de los gobiernos de izquierda, con un enfoque integral en acompañamiento a las mujeres.

Presentes intentó contactar a delegadxs de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultural, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Hasta el momento, lo más cercano sobre la discriminación hacia la población LGBTIQ+ que existe en la legislación salvadoreña es una resolución de 2009 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un pronunciamiento sobre la negación del Ministerio de Gobernación hacia un grupo de hombres gay que querían conformar una organización.

El tribunal, en su momento, estableció que no era posible discriminar a las personas por su orientación sexual. Para entonces en el país no había mayor educación sobre la identidad de género. Por ejemplo, esta resolución no sirvió para vincularse con otras leyes.

Durante los dos gobiernos pasados, el Ministerio de Trabajo realizaba feria de empleo dedicadas a personas LGBTIQ+. También contaba con una ventanilla de atención especializadas para ellas. La iniciativa no continuó y aunque las organizaciones y la PDDH ya se reunieron con delegados del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura para seguir con estos proyectos, todavía no reciben una respuesta oficial.

Mientras, como el caso de Ernesto, podrían continuar los despidos injustificados de personas de las disidencias sexuales sin ninguna protección estatal.

Tras las publicaciones de la alcaldía en sus redes sociales, Ernesto no tuvo más ingresos. Sólo la remuneración por la producción de una fiesta de 15 años hace una semana. “Con la fiesta rosa pagué tres meses de la renta de la casa. Con la comida, voy pasándola. Por ratos me ayuda mi mamá, por ratos me desespero, pero ahí voy”, detalló el joven.

Brayan Alexander Aguiñada García de 22 años fue atacado con arma de fuego cuando regresaba hacia su casa ubicada en Copapayo, departamento de Sonsonate. El crimen fue cometido después de participar en una fiesta que cada año organiza la municipalidad de Armenia por su patrono.

Personas cercanas a la víctima contaron a Presentes que Brayan visitaba con frecuencia la pequeña ciudad, pese a que la pandilla Barrio 18, que controla la zona, le advirtió que no lo hiciera. Su lugar de residencia está bajo el dominio de sus rivales, Mara Salvatrucha MS13.

Transgredir estas advertencias les ha costado la vida a muchas personas en esa región. Por la misma razón, Brayan Aguinanda fue asesinado la madrugada del 21 de noviembre.

“Brayan había comentado que le habían prohibido que fuera a Armenia. Recibió amenazas por parte de grupos pandilleriles de la 18. Le dijeron que no lo querían ver más en Armenia porque si no lo iban a matar”, dijo a Presentes una persona defensora de derechos humanos que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

Las reglas de las pandillas: “no queremos culeros”

La Policía Nacional Civil informó en su cuenta oficial de Twitter que una patrulla trasladó a Brayan hasta el hospital donde murió. “Reportamos un homicidio en Cantón Tres Ceibas, Armenia, Sonsonate. Nuestras unidades trasladaron a la víctima a un centro asistencial donde falleció. Rastreamos la zona en busca de los hechores”, publicó la policía en la mañana del 21 de noviembre.

Presentes consultó a las sedes policiales del departamento de Sonsonate pero aseguraron no estar autorizados para dar información sobre el caso. También se contactó al área de prensa de la policía en reiteradas ocasiones, pero al cierre de la nota no respondieron.

Las pandillas son estructuras delincuenciales que surgieron en las calles de Los Ángeles de Estados Unidos. Se establecieron en El Salvador tras una masiva deportación de sus integrantes hacia el empobrecido país centroamericano.

En los territorios, los pandilleros defienden a muerte, extorsionan, controlan y determinan la vida de las personas. Tienen reglas claras sobre la orientación sexual: “no queremos culeros (una palabra despectiva para llamar a las personas gay)”.

El cuerpo de Bryan fue encontrado en la zona conocida como las Tres Ceibas, dos kilómetros de su casa. “Nadie sabe cómo Brayan salió, porque nadie vio que lo hiciera después de volver de la fiesta”, expresó la persona defensora de derechos humanos.

Vivir en peligro

El Cantón Tres Ceibas es una zona peligrosa por la presencia de las pandillas. De acuerdo cifras oficiales de la Policía, en octubre asesinaron a dos hombres por “trabajar en zona de la pandilla contraria”.

El Salvador tuvo un notable descenso de los homicidios provocados. En su mayoría, por la disputa a muerte de las pandillas para hacerse del control del comercio y tráfico de drogas, las extorsiones a negocios y el uso de “sus territorios”.

Según el presidente Nayib Bukele, el descenso se debe a la efectividad del Plan Control Territorial. Sin embargo, especialistas en seguridad afirman que se debe a un posible pacto o negociación entre el gobierno y las pandillas Mara Salvatrucha MS-13, Barrio 18 revolucionarios y sureños.

Una fuente policial consultada por Presentes, y que pidió se reservara su identidad por miedo a represalias internas, confirmó que las pandillas continúan ejerciendo control y su accionar en los territorios. A pesar de que los asesinatos se han reducido, se han incrementado las cifras de personas desaparecidas.

“Hasta ahorita no he visto ninguna hoja impresa del Plan Control Territorial. No sé si existe. Las pandillas mantienen el control territorial, sigue igual, no ha cambiado. El tránsito de la droga, la extorsión, sigue igual”, aseguró a Presentes una fuente policial.

Los crímenes que no descienden

La Fiscalía General reportó de enero al 30 de noviembre del presente año 2.063 personas desaparecidas a nivel nacional.

“No ha tenido ningún efecto, ya que no se puede decir en este momento que viviendo en una zona donde domina una pandilla, se puede ir tranquilamente donde domina otra. A lo mejor se puede entrar, pero no se sabe si va a salir. Podemos ver que no hay seguridad, no existe tranquilidad”, lamentó la persona defensora de derechos humanos.

De acuerdo a cifras oficiales durante el 1 de enero al 2 de noviembre se han contabilizado 936 asesinatos, mientras en 2020 de enero a diciembre se cometieron 1.322 crímenes.

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales (FESLBTBI), ha reportado cinco crímenes de personas LGBTI en lo que va de 2021.

“Llegamos a la tienda por la mañana y nos dimos un beso entre los estantes. Un vigilante se acercó de forma violenta y nos exigió que saliéramos del lugar”, contó la pareja a Presentes.

Ellas exigieron que les mostraran el código de comportamiento del lugar. La respuesta fue que otros dos vigilantes armados las rodearan para expulsarlas a empujones.

“Ellas se dieron un beso e inmediatamente un vigilante se les acercó de forma violenta y empezó a decirles expresiones lesbofóbicas, a decirles que mejor se buscaran marido y que esas cosas no eran permitidas ahí”, dijo a Presentes Lissania Zelaya, integrante del colectivo AMORALES.

AMORALES es una organización de feministas, artistas y profesionales que promueve los derechos humanos y la toma de espacios públicos para mujeres y disidencias. Al día siguiente del ataque, en el Día de la Independencia, participaron de la marcha masiva contra el gobierno, en reclamo por la ley de bitcoins, la reforma constitucional y el desmantelamiento del Poder judicial.

“Hubo una mujer que las defendió ahí adentro, al parecer era una empleada quien las defendió y les dijo ‘hijas, mejor váyanse porque estos hombres son unos machos’. La compañera dice que en lo que ella se da la vuelta viene el tipo y le pega por la espalda, cuando yo llegué revisamos a la compañera y evidentemente en la espalda tiene signos de violencia”, expresó Lissania.

La policía, contra las víctimas

Al recibir el golpe por la espalda, la pareja se defendió provocando un altercado con los atacantes. El personal del almacén llamó a la policía quienes en un primer momento amenazaron con detener a las víctimas por “causar desordenes públicos”. Las víctimas fueron rodeadas por policías, militares y los vigilantes que las atacaron.

“Estos sujetos (atacantes) se han reído  y se han reído enfrente de la policía y todavía el gerente del almacén indicó al vigilante, aquí también hay una protección por parte del gerente hacia este vigilante, le indica que se vaya porque nosotras estamos en ese momento interponiendo la denuncia”, acotó Lissania.

A pesar que las víctimas dieron una primera declaración a la policía en el lugar del ataque, no lograron detener al principal agresor porque fue protegido por el gerente del almacén.

“Primero lo catalogaron como un desorden público. Yo alegué que no podía ser un desorden público ni una riña o pleito porque no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza y en la posesión de armas. Mis compañeras eran dos mujeres que no estaban armadas, ellos eran tres hombres, uno de ellos tenía un arma de fuego, los demás tenían macanas y tenían esposas también, eran tres hombres armados frente a dos mujeres que no estaban armadas”, lamentó Lissania.

Presentes consultó a la delegación de la policía que está a cargo del área geográfica donde ocurrió el ataque. Al preguntarles por qué no detuvieron al agresor, se limitaron a responder que “sí interpusieron la denuncia por agresiones” sin dar mayores detalles.

“No puede haber confianza en la policía porque inclusive en el momento en que las compañeras estaban poniendo la denuncia la policía les dijo que ellas aparecen en el video y que también le levantaron la mano al vigilante. Pero en realidad las compañeras estaban defendiéndose. Ellos también han intentado que las compañeras desistan de poner la denuncia”, lamentó Lissania.

Ataques en la impunidad

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo el presidente Nayib Bukele eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“En El Salvador ha pasado en varias empresas, en lugares de comida, ha pasado en centros comerciales y creemos que es necesario que estas situaciones se regulen dentro de la Ley Integral Para una Vida Libre de Violencia (LEIV) expresamente como un delito motivado por odio, porque las compañeras no estaban haciendo nada que transgrediera el orden público y la paz social que es a lo que alegan siempre y ellas estaban en todo el ejercicio de su derecho”, señaló Lissania.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

“Creemos que si es importante que las denuncias puedan sentar un precedente también para que las mujeres no tengamos que vivir este tipo de violencia, sino que se nos proteja y que las personas alrededor sepan que es un derecho legitimo el que se está reclamando y que también se está defendiendo un derecho, creemos que es necesario que se reconozca que existen este tipo de acciones que son motivadas por odio”, puntualizó Lissania.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

Defensores de derechos de personas trans presentaron al Congreso de El Salvador una propuesta actualizada del anteproyecto de identidad de género. La misma busca que las personas trans tener un documento de identificación oficial acorde a su identidad, un derecho hasta ahora negado por la normativa vigente.

La propuesta de ley consta de 22 artículos, mantiene el espíritu de la propuesta previa y argumenta sobre las normativas internacionales. Entre ellas, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena a los Estados parte del Sistema a establecer un procedimiento para que las personas trans puedan adecuar su nombre a su identidad de género.

“Esperamos que esta vez sí haya voluntad política (para aprobarla). Como ellos (diputadxs) tanto que lo han repetido de representar al pueblo o a la ciudadanía. No somos menos ciudadanos, ni menos salvadoreñas, ni salvadoreños que el resto de las personas que no tienen problemas con el nombre y que no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo un derecho que se ajusta a nuestras necesidades y a nuestras realidades”, dijo a Presentes Amalia Leiva, representante de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.

Cómo se llega a esta propuesta

El primer anteproyecto de ley de identidad de género se presentó el 22 de marzo de 2018. Se discutió tres años en la comisión de la mujer y la igualdad de género de la legislatura pasada (2018 – 2021), pero los legisladores no lograron el consenso para trasladar la propuesta a su aprobación en el pleno.

Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de lxs 84 diputadxs. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto sostienen que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

La nueva legislatura (2021 – 2024), con una súper mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, ordenaron el pasado 14 de mayo que el anteproyecto fuera archivado. Lo mismo ocurrió con 30 expedientes que estaban siendo examinados por considerarlos “obsoletos y no acordes a la realidad”, según la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.

“En ningún momento la propuesta tenía algún tinte partidario, que fue el argumento que ocupó la bancada cyan (Nuevas Ideas) para archivarlo y decir que era una realidad obsoleta. Ahora nos volvimos a presentar a la Asamblea Legislativa para mejorar la propuesta hacia una mejor interpretación de la misma”, recalcó Amalia.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron cartas a las fracciones fracciones de los ocho partidos políticos representados en el Congreso para solicitar un espacio de discusión del anteproyecto de ley. Sin embargo, solamente dos partidos minoritarios respondieron: juntos suman cinco de 84 curules.

“Prácticamente no tuvimos respuesta de todos los partidos, lastimosamente solo nos respondió el FMLN y Nuestro Tiempo. Seguimos a la espera que los demás se sumen a esta iniciativa de ley”, dijo a Presentes, Britanie Castillo, asistente técnica de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre ni género de personas transgénero y transexuales. Las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. Solamente México, Argentina, Chile y Uruguay cuentan con normativas similares.

“Esperamos que hagan conciencia de la necesidad de una ley de identidad de género para las personas trans, que sean empáticos a esta realidad que vivimos las personas trans en El Salvador”, señaló Britanie.

El gobierno y la Asamblea menos “cool”

Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.

En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.

El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.

Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.

La ley por la Igualdad y la no Discriminación también fue archivada. Ninguno de los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) han dado una explicación del por qué enviaron al archivo la propuesta de ley.

La propuesta de Ley de Identidad de Género había sido presentada el 22 de marzo de 2018 por diversas organizaciones a la Asamblea Legislativa. La Comisión de la Mujer e Igualdad fue la encargada de su estudio y discusión. Sin embargo no fue aprobada.

El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre, sexo y género de personas transgénero y transexuales.

Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de les 84 diputades. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto coincidieron en que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

Ahora la propuesta de ley fue enviada al archivo, sin posibilidades de discutirse de nuevo.

“No vamos a pasar tres años más para que se nos tome en cuenta. Se supone que esta Asamblea legislativa ha venido a legislar por el pueblo y por sus necesidades, así que esperamos respuestas lo más pronto posible”, dijo Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS durante una manifestación de rechazo a la decisión de engavetar la propuesta de ley de identidad.

Con esta decisión las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. La propuesta de ley pasó al archivo sin ser consultada con las organizaciones sociales proponentes.

“De no sacar del archivo la propuesta de ley dejarían ver la homofobia, la transfobia, la misoginia que existe desde esta nueva Asamblea Legislativa y desde los diputados para legislar por las necesidades de la población LGBTI que también les dieron el voto y los pusieron en esos curules”, recalcó Bianka Rodríguez.

El 1 de mayo de 2021 se instaló la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador para un período de tres años. El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar lo que sea sin oposición.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) criticó la decisión de nueves diputades e instó a hacer un nuevo cabildeo para que fuera presentada, analizada y discutida con la comisión a cargo.

“Reitero a la población LGBTIQ+ de El Salvador mi compromiso en acompañarles en sus justas reivindicaciones, realizando las acciones de mi competencia”, expresó el Procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar.

Condenada a la exclusión

“Siempre entro a los baños de mujeres porque es lo correcto, pero en una ocasión el vigilante del lugar me dijo que me saliera, me dijo que yo siempre seré un hombre. Me fui para el baño de hombres y ahí también se me quedaban viendo raro, no tuve otra opción”, expresó Eliza a Presentes.

Sin poder contradecir al vigilante por no contar con un documento que confirmara su identidad como mujer transgénero, decidió utilizar en adelante los baños destinados para hombres en lugares públicos. El Documento Único de Identidad (DUI) de Eliza tiene el nombre y género asignados al nacer, y ella se ha unido a la lucha de la población trans para lograr la aprobación de la ley de identidad de género.

La invisibilidad como política pública

 Desde que inició la administración en junio de 2019, Nayib Bukele, eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

La extinta dirección había creado la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían. El actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, Presentes confirmó que desde 2019 no se reúnen con las autoridades a cargo.

“Ser un hombre trans en El Salvador significa no existir porque no soy reconocido legalmente. Significa ser excluido y rechazado por la sociedad, significa no tener derechos”, dijo a Presentes Bryan Rodríguez subdirector de Hombres Trans El Salvador (HT).

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

“Ya no queremos ser olvidadas en las políticas públicas. No vamos a retroceder nunca más. Nuestras voces van a gritar las arbitrariedades que ellos y ellas hagan como diputados y diputadas de esta nación”, indicó Bianka.

La lucha por la aprobación de la ley

Dice que cada 17 de mayo a viajado hasta la capital de El Salvador para participar en la marcha en contra de la transfobia, pero este año lo hizo para protestar contra la decisión de legisladoras de la Asamblea legislativa que de un tajo mandó al archivo una propuesta de ley que le permitiría a Eliza tener un documento con su nombre, sexo y género auto percibido.

“Esa ley es necesaria que se apruebe porque así ya tendríamos que estar acreditadas como mujeres ante la ley. Sin necesidad de andar escondiendo cómo nos llamamos o que la gente nos diga que debemos de llamarnos como nacimos y no como nuestra expresión”, dijo Eliza a Presentes.

Eliza se unió a cientos de personas que salieron a las calles de San Salvador para exigir que se saque del archivo la propuesta de ley y sea aprobada. Dice que aún recuerda cuando hace siete años tuvo el valor de asumir su identidad y expresión de género.

“Las primeras veces fue difícil para mi, sentí pena y temor que toda la gente me mirara y dijeran: ‘ahí va ese vestido de mujer’. Al principio fue difícil, después me fui adaptando a las discriminaciones, a los bullying que aún me hacen”, expresó.

Bukele de 39 años de edad se autodenomina el “presidente más cool” del mundo, arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Yo di el voto a Nuevas Ideas creyendo de que todo iba a ser diferente. Me genera indignación porque ellos prometieron apoyar a la población LGBTI y que ahora salgan con que no le toman importancia. Así como nosotros los apoyamos para que estén en la Asamblea, así deben cumplirnos”, dijo Eliza.

Fuente Agencia Presentes