El arzobispo Thomas Luke Msusa en la protesta del 13 de julio de 2023 en Blantyre, Malawi (Lameck Masina/VOA)

Los líderes católicos de Malawi organizaron y encabezaron una protesta interreligiosa contra los derechos LGBTQ+, ya que las leyes nacionales que criminalizan a las personas queer se enfrentan actualmente a un desafío judicial que terminará con la anulación de estas medidas punitivas. Mientras tanto, los obispos católicos de Costa de Marfil denunciaron las leyes más permisivas de ese país sobre los derechos LGBTQ+.

Las marchas de protesta en Malawi se llevaron a cabo en todo el país el 13 de julio después de que los obispos católicos llamaran a los ciudadanos a hacerlo. A los obispos se unieron socios ecuménicos e interreligiosos en una marcha según informó VOA :

“Cientos de personas en la capital comercial de Malawi, Blantyre, se reunieron el jueves para protestar por lo que llaman la posible legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. Los manifestantes procedían de las dos principales religiones del país: el cristianismo y el islam.

“El arzobispo Thomas Luke Msusa dirigió las protestas en Blantyre. Dijo que los matrimonios entre personas del mismo sexo son un pecado, y permitir tales uniones conduciría a la extinción de la raza humana.

“‘Si cambiamos la forma en que vivimos como familia, significa que dejaremos de existir’, dijo. ‘Si seguimos casando a un hombre con un hombre, seguramente la descendencia, no vendrán niños, entonces no habrá vida en el mundo, no habrá vida en Malawi’. . .

“En la manifestación del jueves, los manifestantes presentaron una petición a la oficina del comisionado del distrito, en la que apelaron a los legisladores a que nunca acepten ningún proyecto de ley ni aprueben ninguna ley destinada a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Antes de las protestas, el P. Alfred Chaima, secretario general de la Conferencia Episcopal de Malawi, explicó la decisión de los obispos de encabezar las protestas. Comparó los derechos LGBTQ+ ampliados con un ataque a la iglesia y dijo en un comunicado informado por Malawi 24:

“’Como africanos y personas profundamente religiosas, a pesar de nuestra pobreza, debemos levantarnos en defensa desafiante de la familia y la cultura incluso cuando estamos bajo una fuerte presión de las sociedades ricas pero virtualmente paganas que lamentablemente parecen empujarnos de regreso a la camino de la colonización después de que los padres fundadores de nuestra nación ganaran sangrientas batallas contra todas las formas de colonización’”.

La homosexualidad ya está penalizada en Malawi con penas de hasta 14 años de prisión. Sin embargo, esa ley enfrenta un desafío legal. Según VOA, “las protestas a nivel nacional se producen cuando el Tribunal Constitucional de Malawi continúa escuchando un caso en el que el ciudadano holandés Jan Willem Akstar y la mujer transgénero de Malawi Jana Gonani argumentan que las leyes contra la homosexualidad de Malawi violan sus derechos fundamentales, incluida la privacidad y la dignidad. ”

Los defensores LGBTQ+ criticaron el día de protestas de los líderes religiosos por aumentar la discriminación contra las poblaciones ya vulnerables, incluidas las personas cisgénero y heterosexuales que viven con el VIH/SIDA. VOA informó:

“Eric Sambisa, director ejecutivo de Nyasa Rainbow Coalition, que lucha por los derechos de las personas LGBTQ en Malawi, dijo que es triste que los líderes religiosos fomenten la discriminación.

“‘La iglesia es una organización poderosa en la sociedad’, dijo. “Y ver a la iglesia al frente para manifestarse puede en realidad alimentar la violencia contra una comunidad que ya está en desventaja. Entonces, es triste que esto esté sucediendo así’.

“Sambisa le dijo a la VOA que se escondió después de las amenazas de muerte de personas anónimas. Las amenazas llegaron unas semanas después de que su oficina fuera incendiada en Blantyre”.

En noticias relacionadas, en una reunión de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil (CCEI), los obispos católicos, incluidos los presidentes saliente y entrante de la conferencia, hicieron varios comentarios fuertemente anti-LGBTQ, según  informa La Croix International:

“Durante su homilía en la liturgia de clausura de la asamblea de la CECCI, el obispo Marcellin Yao Kouadio [de Daloa] también criticó a la sociedad occidental por corromper a África con su falta de moral. “La inmoralidad se exporta a través de la homosexualidad”, arremetió. ‘Hablamos de LGBT como si fuera una inmobiliaria; hablamos de zoofilia, del aborto legalizado, de la eutanasia, de la práctica de la pena de muerte‘, continuó. . .

“El arzobispo Ignace Bessi, presidente saliente de la CECCI, fue igualmente franco durante la misa de apertura de la plenaria de obispos. “Las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales necesitan ser sanadas, no presentadas como un canon de comportamiento para ser encarnado”, insistió.

El comunicado final de la asamblea plenaria también abordó el tema, al tiempo que aseguró que ‘la Iglesia sigue abierta a acompañar a todos sus hijos e hijas’.

A pesar de que los católicos son poblaciones minoritarias en Malawi y Costa de Marfil (alrededor del 33% y el 17% respectivamente), los líderes de la iglesia en ambas naciones han tenido una gran influencia en la política y la ley. Se considera que los obispos de Malawi son fundamentales para el giro del país hacia la democracia en la década de 1990.

Lamentablemente, esta influencia se ha utilizado repetidamente para dirigirse a las personas LGBTQ+. Por ejemplo, en 2016, los obispos de Malawi utilizaron una carta pastoral para el Año de la Misericordia convocada por el Papa Francisco para pedir al gobierno civil que reinicie la aplicación de las leyes de penalización, que se habían detenido. En 2017 organizaron protestas similares a las de este año para frenar cualquier legalización de la homosexualidad. Los obispos individuales también han hecho otros comentarios problemáticos.

El hermano Joseph Loïc Mben, SJ, un teólogo de Costa de Marfil, sugirió a principios de este año que el enfoque de los líderes políticos y eclesiales en las leyes anti-LGBTQ+ es una forma de distraer la atención de las fallas de los líderes en otras áreas. Mben comentó: “La ‘criminalización’ no agrega nada y es más bien parte de una superación política en la que los gobiernos que carecen de inspiración frente a los problemas reales de nuestras sociedades buscan salidas”.

Tanto Malawi como Costa de Marfil enfrentan problemas sociales reales, como señala Mben. Millones en cada nación viven en la pobreza, mientras que los derechos humanos y las estructuras democráticas necesitan mejoras significativas. Los obispos católicos deberían centrarse en abordar estas preocupaciones materiales en lugar de organizarse contra las falsas amenazas que evocan cuando se trata de los derechos LGBTQ+.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 16 de agosto de 2023

Unas leyes repetidamente suspendidas y reanudadas

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la situación y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país. Eso sí, pocos días después, Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

Lo cierto es que la Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión. Y en julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justicia y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad.

Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación. Un “periodo de gracia” que sin embargo se vio interrumpido con la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015, cuya difusión internacional forzó al actual ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto. Por desgracia, la situación sigue en el aire, ya que recientemente el juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, daba orden de aplicar la ley y considerar ilegal la moratoria.

Fuente New Ways Ministry/Cristianos Gays

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Obispos inmisericordes, obispos que señalan con el dedo para que otros nos persigan, acosen, asesinen… El beso de Judas de nuevo en vigor…

A los obispos católicos de Malawi no les gusta nada que el gobierno de ese país haya declarado una moratoria en la aplicación de las leyes que criminalizan las relaciones homosexuales. Así lo han expresado en la carta pastoral sobre la situación del país que acaban de hacer pública.

Para la Conferencia Episcopal de Malawi, la homosexualidad es uno de los principales problemas del país. En concreto, y según el orden en el que la carta pastoral los enumera, el segundo, solo precedido por la “campaña proaborto”. El “hambre persistente” aparece, por ejemplo, en el número 10 de la lista.

Con independencia de este pequeño detalle, el contenido del fragmento que los obispos de Malawi dedican a la homosexualidad es realmente grave. Tras comenzar alertando sobre el peligro que para la familia tradicional suponen las campañas en favor de los derechos de las personas homosexuales, los obispos de Malawi reiteran la doctrina oficial de la Iglesia sobre el tema, asegurando que “la condición homosexual es desordenada, pero no pecaminosa en sí misma” y que son los actos homosexuales los que son “objetivamente perversos y totalmente inaceptables”.

Hasta aquí nada sorprendente, pese a la dureza del lenguaje utilizado. Es a partir de este punto donde los obispos directamente se posicionan a favor de la criminalización de las relaciones homosexuales, al mostrar su contrariedad por la moratoria en las leyes que las castigan penalmente. “Coincidimos con todos aquellos que han reprochado al Gobierno la imposición de una moratoria en las leyes que rigen los actos homosexuales. Ello significa que los culpables de actos o uniones homosexuales no pueden ser procesados. El Gobierno se ha inclinado ante la presión de la comunidad de donantes, los organismos internacionales y los activistas locales de derechos humanos. Como pastores, encontramos este camino muy desafortunado. Es un acto de traición por parte de quienes tienen el poder de vender por dinero nuestro país a prácticas extranjeras y a tendencias contrarias a la voluntad de Dios”, expresa el texto.

Unas leyes repetidamente suspendidas y reanudadas

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la situación y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país. Eso sí, pocos días después, Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

Lo cierto es que la Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión. Y en julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justicia y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad.

Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación. Un “periodo de gracia” que sin embargo se vio interrumpido con la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015, cuya difusión internacional forzó al actual ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto. Por desgracia, la situación sigue en el aire, ya que recientemente el juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, daba orden de aplicar la ley y considerar ilegal la moratoria.

Fuente Dosmanzanas

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El juez de la Corte Suprema de Mzuzu Dingiswayo Madise ha dictado una orden en la que conmina a las fuerzas del orden a seguir aplicando la legislación malauí que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de prisión, a pesar de que el ministro de Justicia comunicara recientemente que las leyes al respecto estaban suspendidas hasta que el Gobierno y el Tribunal Constitucional decidieran sobre si deben ser derogadas. El juez informa asimismo de que cualquiera que contravenga su orden cometerá desacato y podrá ser encarcelado o multado.

El ministro de Justicia de Malawi, Samuel Tembenu, se vio obligado a emitir recientemente un comunicado en el que reiteraba la moratoria impuesta por su Gobierno a la aplicación del artículo 153 del Código Penal, que castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza” con hasta 14 años de prisión. La causa fue la difusión internacional de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, dos jóvenes acusados de mantener relaciones homosexuales. El ministro no solo comunicaba la continuidad en la suspensión de la ley, sino que ordenaba a las fuerzas del orden que liberasen sin cargos a los detenidos.

Contra esa decisión plantearon un recurso tres miembros de la Asociación de Jóvenes Clérigos de Malawi ante la Corte Suprema de Mzuzu, la capital de la región norteña del país. En la apelación  alegaban que el ministro de Justicia no tenía “autoridad para suspender la aplicación de ninguna ley o para dejar de someter al debido proceso de la ley a todas las personas que fueran sospechosas de haber cometido delitos homosexuales o delitos por haber tenido conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza, en virtud del artículo 153 del Código Penal”.

El pasado lunes 8 de febrero, el juez Dingiswayo Madise falló a su favor, y emitió una orden por la que conminaba a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de la Policía a que continuara la persecución de quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. La orden también establecía que quienes hayan sido puestos en libertad debido a la moratoria, tendrán que enfrentarse a un nuevo juicio, entre ellos Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como partes afectadas, podrán presentar alegaciones a la orden dictada en el plazo de 7 días, celebrándose una audiencia pública al respecto una vez transcurridos catorce días. Mientras tanto, el juez recuerda que cualquiera que contravenga su orden cometerá el delito de desacato, y podrá enfrentarse a penas de prisión y a sanciones económicas.

Una ley repetidamente suspendida y reanudada

Como señalábamos anteriormente, la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015 forzó al ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto.

Sin embargo, la decisión del juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, de ordenar la aplicación de la ley y declarar ilegal la moratoria enfrenta de nuevo a la población LGTB de Malawi a la discriminación y la persecución más intolerables.

Fuente Dosmanzanas

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Un chico gay original de Malawi ha confirmado su homosexualidad en los medios después de hacer una entrevista para el Times dónde asegura que es necesario que el gobierno ponga medidas para respaldar los derechos LGTB.

Siguen existiendo muchos países dónde la homosexualidad está cruelmente castigada. Malawi es uno de ellos y aquí la visibilidad está prácticamente inutilizada. Sin embargo, son muchas las asociaciones que buscan lograr que esto cambie y que algún día, los gay puedan estar incluidos en la sociedad de buenas maneras.

Malawi es un territorio en el que se condena con penas de cárcel y en algunos casos sentencias de muerte a las personas homosexuales. Salir del armario aquí parece una misión imposible pero este valiente chico ha tomado la firme decisión de vencer el miedo para beneficiar al resto de personas que se encuentran en su misma situación.

Eric Samisa es el nombre del chico , tiene 26 años de edad y, recientemente entrevistado en el medio Times ha hecho que los medios queden revolucionados si tenemos en cuenta el peligro que existe en el país ante estas declaraciones.

Para que nos quede más clara la situación,  Eric fue arrestado de manera inmediata cuando se confirmó en el periódico su homosexualidad y ahora está en libertad bajo fianza con cargos y amenazado de muerte. El chico asegura que no se va a rendir y que quiere que el gobierno sea el que apruebe leyes que beneficien a los homosexuales de la misma forma que ocurre en otros países.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Eric Samisa, Homosexualidad, Malawi

A principios de mes dos hombres fueron apresados por la policía de Malaui tras ser denunciados por mantener relaciones sexuales entre ellos. Un caso que recuerda poderosamente a otro episodio que llevó hace 5 años a la movilización internacional contra la homofobia institucionalizada del país africano. Kulemela Cuthbert, de diecinueve años, y Kelvin Gonani, de 39, fueron detenidos por supuestamente mantener relaciones sexuales, actos que desde la restitución el pasado mes de abril de la norma anti homosexuales en el país africano son penados con la misma dureza que el delito de violación. Hoy conocemos que gracias a la presión de varios estados y organismos internacionales, el Gobierno de Malawi ha decidido suspender su ley contra las personas homosexuales a la espera de que llegue la decisión de si las despenaliza completamente, como ha anunciado el su ministro de Justicia Samuel Tembenu.

El ministro de Justicia de Malawi, Samuel Tembenu, ha anunciado mediante un comunicado que se han retirado los cargos contra los dos hombres detenidos el pasado 7 de diciembre por “practicar la homosexualidad”. El ministro reitera que sigue en vigor la suspensión de la aplicación de las leyes recogidas en el Código Penal malauí que castigan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, hasta que el Gobierno y el Tribunal Constitucional decidan si deben ser derogadas. La buena noticia que supone la retirada de los cargos contra Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani no impide lamentar las terribles humillaciones a que fueron sometidos durante su detención, según el propio testimonio de los afectados.

Debido a la difusión internacional de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, el ministro de Justicia de Malawi, Samuel Tembenu, se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que reitera la moratoria impuesta por su Gobierno a la aplicación de la ley malauí que castiga las relaciones sexuales entre varones con penas de hasta 14 años de prisión. En la declaración, el ministro afirma:

El Gobierno es consciente de la opinión expresada por organismos internacionales de derechos humanos respecto a que la inclusión de delitos que prohíben la homosexualidad dentro de nuestra legislación puede estar en desacuerdo con los puntos de vista de dichos organismos. En consecuencia, el Gobierno se ha comprometido a revisar las leyes penales sobre la homosexualidad en el Código Penal, pero esto debe hacerse previa consulta con el pueblo de Malawi, según lo prescrito por la Constitución (…) En línea con este compromiso, el Gobierno ha impuesto una moratoria de las detenciones y enjuiciamiento de los actos homosexuales consensuados.

El ministro reitera así las declaraciones efectuadas en julio de 2014 por la secretaria de Justicia y fiscal general de Malawi, Janet Chikaya-Banda, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En aquella ocasión, Chikaya-Banda informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad. No obstante, la posible revisión de las leyes anti gay pasarán por el refrendo público de la ciudadanía, un arriesgado movimiento que puede mermar aún más los derechos del colectivo LGTB, puesto que los incesantes discursos de odio de líderes religiosos y anti occidentales han calado profundamente en la opinión pública.  Esta LGTBfobia internalizada se ha materializado con las primeras críticas a la decisión ministerial, puesto que para la ciudadanía de Malaui este movimiento es una cesión a las demandas de Occidente que tiene como objetivo seguir percibien las partidas económicas de ayuda al desarrollo.

Documento de detención

Finalmente, el ministro informa de que “a la luz de ese compromiso [de moratoria], los dos caballeros han sido liberados y se han retirado todos los cargos en su contra”. Es más, sin duda para colaborar en la limpieza de imagen que quiere ofrecer el Gobierno de Malawi, el propio portavoz de la Policía, Nicholas Gondwa (en la foto de abajo dcha), afirma que la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani nunca se produjo. A pesar de que los hechos habían sido informados por la comisaría del distrito de Kanengo, en la capital Lilongüe, Gondwa asevera que se había tratado de una detención efectuada por la policía comunitaria sin carácter oficial. La afirmación es fácilmente rebatible, pues consta en poder de los dos detenidos el formulario por el que se les concede la libertad bajo fianza (en la foto lateral), donde consta tanto la detención como el delito de que se les acusaba: sodomía.

Una detención llena de humillaciones

A pesar de que el anuncio del gobierno malauí supone una noticia positiva para los ciudadanos LGTB en general y para Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani en particular, siguen siendo indignantes las vejaciones a que fueron sometidos los dos detenidos. Este es el estremecedor relato de los hechos que se elaboró a partir de sus testimonios, tras ser entrevistados una vez que obtuvieron la libertad bajo fianza:

En la noche del 6 de diciembre, Gonani había ido a tomar unas copas con unos amigos al Área 25, un barrio de la ciudad de Lilongüe. Al finalizar la velada, se fue a casa con Kulemela, a quien acababa de conocer. Gonani fue despertado a las 3 de la madrugada debido a una gran conmoción en el exterior de la casa donde vivía en alquiler. Al parecer, unos minutos antes del tumulto, Kulemela había logrado escapar. Fuera se encontró con miembros de la policía comunitaria, que le preguntaron de dónde venía. Les dijo que venía de la casa de Gonani, donde había pasado la noche. Los miembros de la policía comunitaria exigieron saber lo que había estado haciendo allí. Cuando Kulemera vaciló, la policía comunitaria comenzó a agredirle hasta que les confesó que había mantenido relaciones sexuales con Gonani.

Después de eso, se dirigieron a casa de Gonani y le ordenaron que les dejara entrar. A la policía comunitaria se unieron vecinos de Gonani, que le exigieron que saliera de la casa. Luego entraron en la casa, la saquearon, robaron los objetos de valor, y agredieron a Gonani y Kulemera, mientras algunos sugerían que deberían ser quemados vivos. Gonani suplicó entonces que les pusieron bajo la custodia y protección del Servicio de Policía de Malawi. Los dos hombres fueron conducidos en el coche de Gonani a una unidad de la Policía en Nsungwi, en el Área 25. En el camino, fueron insultados continuamente por los miembros de la policía de la comunidad, que también les exigieron dinero.

Cuando llegaron a la comisaría de Policía, fueron encerrados. Posteriormente se les trasladó a la comisaría de Kanengo, donde fueron interrogados y recibieron más insultos. Les fueron tomadas fotografías por agentes de policía sin su consentimiento; las fotos se distribuyeron ampliamente por las redes sociales de Malawi. La pareja fue más tarde obligada a caminar hasta una clínica cercana para un examen médico. De camino hacia la clínica, con las manos esposadas, los oficiales de policía que los acompañaban les exhibieron ante los transeúntes con el fin de humillarlos.

En la clínica, se les obligó a desnudarse. Se les realizó un examen invasivo de sus partes íntimas. Aún con las manos esposadas, fueron trasladados posteriormente al Hospital Central de Kamuzu, hospital de referencia de Lilongüe, para más pruebas. En el hospital, se les sometió a pruebas de VIH y ETS. A Kulemela y Gonani se les concedió la libertad bajo fianza 8 de diciembre. Su formulario de fianza indica que estaban siendo acusados de sodomía en violación de la Sección 153 del Código Penal (conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza), que se castiga con una pena de prisión de 14 años.

Esperemos que la evidente tortura que supuso para Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani  su detención sea la última que tenga lugar en Malawi.

Fuente Dosmanzanas y Chueca.com

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Dos hombres han sido detenidos en Malawi por haber tenido contacto sexual en el domicilio de uno de ellos, que fue asaltado por sus vecinos tras la detención. Ambos se enfrentan a penas de hasta 14 años de prisión. La suspensión de la aplicación de las leyes que castigan la homosexualidad en Malawi, anunciada en 2012 y en 2014 por el Ministerio de Justicia, parece haber llegado a su fin.

Según el relato de la portavoz del departamento de Policía de Kanengo, Ester Nkwanda, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 7 de diciembre en Lilongüe, la capital del país. Cuthbert Kulemela, de 19 años, y Kelvin Gonani, de 39, habían salido del bar donde habían estado tomando copas y se habían dirigido a casa de Gonani. Cuando Kulemela abandonaba el domicilio, se encontró con lo que la portavoz denomina “miembros de la policía comunitaria”, que le interrogaron acerca de lo que había sucedido entre los dos en el interior de la casa. Kulemela afirmó que habían estado “haciendo el amor”, lo que provocó que procedieran a la detención de ambos, mientras sus vecinos invadían el hogar.

Kulemela y Gonani se enfrentan a cargos por sodomía, lo que puede acarrearles penas de hasta 14 años de prisión. Según informaciones, ambos se encuentran en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación. Lamentablemente, las mismas fuentes hacen referencia a que, durante ese proceso investigativo, los dos detenidos habían sido ingresados en el Hospital Central de Kamuzu para “ser evaluados”, lo que hace temer que hayan sido sometidos a la infame tortura de las inspecciones anales para probar su homosexualidad.

La detención de Kulemela y Gonani parece evidenciar que la suspensión de la aplicación de las leyes que castigan la homosexualidad en Malawi, repetidamente anunciada por las autoridades malauís, ha concluido, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo se han dictado instrucciones a ese respecto.

Una ley repetidamente suspendida y reanudada

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la presión y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión inmediata de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país.

Pero pocos días después, el ministro Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

La Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión.

En julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justica y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad. Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación.

Ahora, sin noticias de que la Corte Constitucional haya dictaminado aún al respecto, salta la noticia de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, lo que hace temer que la moratoria haya concluido definitivamente.

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Mujeres de Malawi

“El caso es un ejemplo del coraje de las demandantes”, que pidieron responsabilidades al Gobierno pese a los “riesgos personales” que ello les ha supuesto.

El Tribunal Superior de Malawi declaró inconstitucionales las pruebas del VIH a las que fueron sometidas once mujeres de manera forzada en 2009, informó ayer el Centro de Litigación de África Meridional (SALC), con sede en Sudáfrica y que ha apoyado a las demandantes durante el proceso.

“El caso sienta un importante precedente en la protección de los derechos de los grupos vulnerables que son sometidos a menudo a estas prácticas, no sólo en Malaui”, dijo en un comunicado la portavoz del SALC, Anneke Meerkotter.

“El caso es un ejemplo del coraje de las demandantes”, añadió Meerkotter, que destacó la voluntad de estas mujeres de “pedir responsabilidades al Gobierno” pese a los “riesgos personales” que ello les ha supuesto.

En su sentencia, la jueza del Tribunal Superior de la ciudad de Blantyre argumentó que la prueba forzada del VIH es “una violación de sus derechos a la privacidad” y a la “dignidad”.

En 2009, las once mujeres fueron detenidas en una serie de redadas policiales en la localidad de Mwanza y fueron forzadas al día siguiente a someterse a la prueba del VIH en el hospital del distrito, aunque no presentaron la demanda hasta dos años después. “Este caso no puede venir en un momento más propicio“, declaró su abogado, Chrispine Sibande, al recordar que el Gobierno de Malaui está ultimando los detalles de una ley sobre la prevención y el tratamiento del VIH y del sida.

“Borradores de esta ley incluyen apartados que permiten las pruebas de VIH obligatorias a varios grupos, entre ellos las trabajadoras sexuales”, explicó Sibande, que espera que, con la sentencia de hoy, estas cláusulas sean eliminadas de la ley.

El abogado considera asimismo que el veredicto es una victoria para la igualdad de hombres y mujeres ante las pruebas del VIH.

Según datos del Gobierno de Malawi, más de un 10 por ciento de los 16 millones de habitantes de este país del sureste de África son portadores del VIH, causante del sida.

Fuente Cáscara Amarga

General Anneke Meerkotter, Blantyre, Chrispine Sibande, Malawi, Mwanza, Pruebas oligatorias, SALC, Tribunal Superior, VIH/SIDA

Aunque el clima de homofobia imperante en este país es similar al de muchas naciones africanas, la situación de los derechos humanos de los homosexuales en Malawi adquirió relevancia internacional tras difundirse el caso de Tiwonge Chimbalanga y Steven Monjaza, encarcelados por las autoridades a fines de diciembre de 2009 tras celebrar una boda simbólica. El enlace, dado a conocer por el diario The Nation, avivó las reacciones homófobas de la mayoría de la población, en un país de mayoría cristiana. La homosexualidad en Malawi es ilegal. Según el Código Penal del país, aquellas personas que sean encontradas culpables del delito de sodomía pueden recibir penas de entre 5 y 14 años de prisión. Por su parte, el artículo 156 especifica que los “actos impúdicos entre varones” pueden castigarse con hasta cinco años de cárcel, sin importar si estos tienen lugar en el ámbito público o privado. Ahora la Asociación Musulmana de Malawi (MAM) ha hecho un llamamiento para la introducción de la pena de muerte para la homosexualidad cuando el país debate la posibilidad de despenalizarla.

El presidente de Malawi, Joyce Banda, se comprometió a despenalizar la homosexualidad cuando asumió el cargo en mayo de 2012 pero, más tarde, se retractó diciendo que era su pueblo los que tenían que decidir sobre el asunto.

El Gobierno de Malawi se comprometió, en noviembre de 2012, a suavizar la ley que penaliza las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel pero la minoría musulmana del país está presionando para que las penas se endurezcan en el código penal .

El doctor Salmin Omar Idrussi, Secretario General de MAM y líder de la comunidad musulmana en el país expresaba en la prensa: ‘Malawi está considerado un estado laico pero el país ha sido bendecido con ciudadanos temerosos de Alá que no pueden darse el lujo de desviarse de sus mandamientos. Incluso animales como las cabras no hacen esto, mucho más los seres humanos, como nosotros, que fuimos bendecidos con la sabiduría por el Dios Todopoderoso. Los delincuentes (en referencia a los gays) tienen que ser condenados a la pena de muerte como una forma de asegurarse de que el tema se frene’.

El opresivo ambiente de homofobia que impera en Malawi es extremo y los homosexuales sufren una persecución que, a muchos les ha obligado a abandonar el país. Líderes espirituales como Salmin Omar Idrussi no hacen más que añadir leña al fuego: ‘La mayoría de los ciudadanos, obviamente, está en contra de la legalización de este acto pecaminoso. Por lo tanto, será necesario que la gente se pregunte si son felices con la ley actual, que condena a una pena máxima de 14 años de cárcel a los sodomistas’, ha asegurado. Idrussi es de la opinión que la pena de muerte es la única manera de deshacerse de los homosexuales en un país donde los musulmanes representan aproximadamente una cuarta parte de la población.

En una acción sin precedentes ONUSIDA anunció en enero que se unía a los activistas de derechos humanos de Malawi para desafiar la ley colonial del país que prohíbe el sexo gay y el asunto se va a tratar en la Corte Suprema de Malawi el próximo 17 de marzo.

Todo son contradicciones en este país del sudeste africano ya que, oficialmente, el lesbianismo no está penalizado ya que los artículos 153 y 156 sólo se refieren a las relaciones carnales “contra natura” entre varones o de varones hacia mujeres. El artículo 153 señala que “conocer carnalmente contra natura a cualquier persona –o permitir a un varón que tenga conocimiento carnal contra natura de (un varón o una mujer) son delitos punibles con hasta catorce años, con o sin castigos corporales”.

Fuente Ragap

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El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución histórica que pide el fin a la discriminación, la violencia y prácticas que violan los derechos humanos de las personas intersex.

La resolución, informó ILGA Mundo, fue presentada por Finlandia, Sudáfrica, Chile y Australia, y busca que los Estados garanticen el derecho a la salud física y mental de las personas intersex. Para ello pide a la Oficina del Alto Comisionado que elabore un informe mundial en el que se revisen las leyes y políticas discriminatorias, actos de violencia y prácticas que violan sus derechos humanos; incluidas las intervenciones médicas innecesarias, que pueden ser irreversibles y se realizan sin el consentimiento pleno, libre e informado de las personas intersex, sobre todo las infancias.

También la resolución busca que se analicen las buenas prácticas y mecanismos de protección jurídica y recursos legales que tienen los Estados para garantizar el derecho a la salud física y mental de las personas intersex.

Qué es la intersexualidad

La intersexualidad es una forma de diversidad corporal. No es una patología, no es una orientación sexual, no es una identidad de género y no es un “tercer género”.

De acuerdo al informe Violencia contra personas LGBTI en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), “la violencia contra las personas intersex se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino”.

Según el primer Informe de Mapeo Legal Intersex de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) sólo seis países prohíben intervenciones médicas innecesarias a personas intersex.

Un hito para la defensa de los derechos humanos intersex

La votación fue aprobada por el Consejo con 24 votos a favor, 23 abstenciones y cero en contra. Votaron a favor Albania, Alemania, Argentina. Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Finlandia, Francia, Ghana, Honduras, India, Japón, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Rumania, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam.

En tanto, se abstuvieron, Argelia, Bangladesh, Benín, Burundi, Camerún, China, Costa de Marfil, Eritrea, Gambia, Georgia, Indonesia, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Malawi, Malasia, Maldivas, Marruecos, Paraguay, Qatar, Somalia, Sudán, Emiratos Árabes.

Foto de la votación. ILGA Mundo (pincha para ampliar la imagen)

La resolución de la ONU

“Esta resolución marca otro hito en la forma en que los organismos internacionales contemplan los derechos de las personas intersex», afirmaron 35 organizaciones intersex sobre la resolución. “A lo largo de los años, el trabajo tanto de la sociedad civil como de los Estados ha cobrado un enorme impulso, pero esta vez las cosas podrían dar un giro aún más decisivo. Gracias a esta votación, el primer informe oficial de las Naciones Unidas que aborda la situación de los derechos humanos de las personas con variaciones innatas en las características sexuales aumentará la concienciación sobre esta cuestión de un modo que los Estados ya no podrán ignorar y sobre el que tendrán que actuar2, dijeron.

El texto de la ONU parte reconociendo que “las personas con variaciones innatas en las características sexuales; es decir, las personas que nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas de los cuerpos masculinos o femeninos, como la anatomía sexual, los órganos reproductivos y los patrones hormonales o cromosómicos (también conocidas como personas intersexuales); existen en todas las sociedades”

Añade que “a lo largo de su vida, las personas con variaciones innatas en las características sexuales pueden ser objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación en todos los ámbitos de la vida, como el acceso a la educación, la salud, el empleo, el deporte y la seguridad social, así como de restricciones en el ejercicio de la capacidad jurídica y en el acceso a recursos legales y a la justicia”

En tal sentido, expresó “gran preocupación por la violencia y las prácticas nocivas a las que se enfrentan las personas con variaciones innatas en las características sexuales, incluidos los niños, en todas las regiones del mundo, entre ellas intervenciones innecesarias o aplazables desde el punto de vista médico, que pueden ser irreversibles, con respecto a las características sexuales, realizadas sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona en cuestión y, en el caso de los niños, sin cumplir las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño”

Por tanto, el Consejo de la ONU solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que prepare un informe  “en el que se examinen detalladamente las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales; y en el que se examinen también las mejores prácticas —como los mecanismos de protección jurídica y los recursos legales— , especialmente en relación con la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Dicho informe deberá ser presentado en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Además pidió al Ato Comisionado que organice la celebración de “una mesa redonda” para abordar “las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales, entre ellas las ideas erróneas y la información inexacta, y en la que se examinen también las mejores prácticas, especialmente en relación con la efectividad de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

Finalmente alentó a los Estados “a que, en colaboración con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, intensifiquen la lucha contra la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas hacia las personas con variaciones innatas en las características sexuales y aborden sus causas fundamentales, como los estereotipos, la difusión de ideas erróneas e información inexacta, la estigmatización y los tabúes, y trabajen para que esas personas puedan hacer efectivo el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

General, Historia LGTBI Consejo de Derechos Humanos, ILGA Mundo, Intersexualidad, ONU, Organización de Naciones Unidas (ONU), Personas intersex

Se veía venir… Derecha y ultraderecha religiosa y política se han revuelto como gato panza arriba por una declaración vaticana que no es lo que afirman… Nos querrían ver invisibles, más humillados aún y, algunos de ellos, también muertos…

Ante el revuelo causado entre la carcundia clerical por la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el ex prefecto de dicho Dicasterio, el cardenal Müller ha emitido una homófoba reflexión sobre este documento, mientras se extiende la rebeldía entre los obispos africanos:  Obispos de Malawi, Nigeria, Zambia, Ghana, Ruanda y Togo dicen ‘no’ a las bendiciones homosexuales. El presidente de todas las conferencias de obispos africanas, Cardenal Ambongo considera “Fiducia supplicans” ambigüa y pide dictamen a todas las Conferencias episcopales africanas…

Se suman las conferencias episcopales de Ucrania y Polonia, y  el arzobispo Tomasz Peta y su Obispo auxiliar Schneider de Astaná (Kazjistán) que las han prohibido. El Obispo auxiliar emérito de Coira, en Suiza, Marian Eleganti dice que “No puede bendecirse una unión pecaminosa”. El obispo norteamericano Barron. También el obispo emérito de Baní (República Diminicana), recientemente obligado a renunciar, pide a todas las conferencias episcopales del mundo que se planten contra las bendiciones a parejas homosexuales.

Itangazo ry’Abepiskopi Gatolika mu Rwanda ku mugisha wahabwa umugabo n’umugore babana bitemewe na Kiliziya n’ababana bahuje igitsina. pic.twitter.com/lxMDUD5Zxw

— Archdiocese Of Kigali (@ArchKigali) December 21, 2023

La británica Cofradía del Clero Católico, una oganización ultraderechista compuesta por unos 55 curas, muestra su oposición en carta pública afirmando que “no vemos ninguna situación en la que tal bendición de una pareja pueda distinguirse apropiada y adecuadamente de algún nivel de aprobación. Tales bendiciones pastorales son pastoral y prácticamente inadmisibles”.

A través de un comunicado, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha mostrado su desacuerdo con el documento del Vaticano aprobado por el Papa y redactado por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Davide Pagliarani, superior de la FSSPX, afirma que este texto les deja “consternados”. El sacerdote lamenta que “esta declaración no evita ni la confusión ni el escándalo. Hacer creer a los que viven en una unión fundamentalmente viciada que ésta puede ser al mismo tiempo positiva y portadora de valores es el peor de los engaños y la más grave falta de caridad hacia esas almas descarriadas”, explica Pagliarani.

Mientras, Munilla avisa que Fiducia supplicans “va a tener aplicaciones contradictorias” pero no le queda más remedio que afirmar, mal que le pese, que el texto “no afirma nada que esté en contra de la fe De la Iglesia”… eso sí, sigue erre que erre en el  ‘no’ de la Iglesia a la bendición de parejas homosexuales, en lo que coincide el ultraderechista Forum Libertas… 

Müller advierte a los sacerdotes de que cometerán sacrilegio si bendicen parejas homosexuales

El comentario del cardenal alemán ha sido distribuido a varios medios de comunicación ligados a la ultraderecha religiosa y política para su difusión. The Pillar para lengua inglesa, La Bussola Cotidiana para habla italiana, Kath.net en alemán e InfoVaticana para lengua española. Compartimos a continuación el cruel y homófobocomentario del cardenal Gerhard Müller:

La única bendición de la madre Iglesia es la verdad que nos hará libres
Notas sobre la declaración Fiducia Supplicans

Cardenal Gerhard Ludwig Müller

El Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la fe (= DDF), con la declaración Fiducia supplicans (=FS) sobre el sentido pastoral de las bendiciones, ha realizado una afirmación inaudita en la enseñanza de la Iglesia católica. Pues este documento afirma que es posible a un sacerdote bendecir, no litúrgicamente sino privadamente, parejas que viven la sexualidad fuera del matrimonio, incluidas parejas del mismo sexo. Las múltiples preguntas de obispos, sacerdotes y fieles laicos que han surgido ante estas afirmaciones merecen una respuesta clara y distinta.

¿No está esta afirmación en directa contradicción con la doctrina católica? ¿Está obligado el fiel a aceptar esta nueva enseñanza? ¿Está permitido al sacerdote cumplir este tipo de bendiciones privadas recién inventadas? ¿Y puede prohibirlas el obispo diocesano en caso de que se dieran en su diócesis? Para responder, veamos qué enseña exactamente este documento quisiera que creyéramos y en qué argumentos se apoya.

El documento en cuestión, que la asamblea general de cardenales y obispos de este Dicasterio no discutió ni aprobó, reconoce que la hipótesis (¿o enseñanza?) que propone es completamente nueva, y que se basa sobre todo en el magisterio pastoral del Papa Francisco. Según la fe católica, el Papa y los obispos pueden poner ciertos acentos pastorales y relacionar de forma creativa la verdad de la revelación con los nuevos desafíos de cada época, por ejemplo en el campo de la doctrina social o de la bioética, respetando los principios fundamentales de la antropología cristiana. Pero estas innovaciones no pueden ir más allá de lo que les ha sido revelado de una vez por todas por los Apóstoles como Palabra de Dios (Dei verbum 8). De hecho, no se encuentran textos bíblicos o textos de los padres o doctores de la iglesia ni documentos anteriores del Magisterio que apoyen las conclusiones de FS. Además, se trata de un salto doctrinal. Pues sólo se puede hablar de desarrollo de la doctrina si la nueva explicación está contenida, al menos implícitamente, en la revelación y, ante todo, no contradice las definiciones dogmáticas. Y un desarrollo doctrinal que alcanza un sentido más profundo de la enseñanza tiene que haberse producido gradualmente, a través de un tiempo largo de maduración (cf. Dei verbum 8). Ahora bien, el último pronunciamiento magisterial sobre este tema lo dio la misma Congregación para la Doctrina de la Fe en marzo de 2021, hace menos de tres años, negando categóricamente la posibilidad de bendecir estas uniones. Esto se aplica tanto a las bendiciones públicas como a las bendiciones privadas sobre personas en condiciones de vida pecaminosas.

¿Cómo justifica FS que, aun proponiendo una doctrina nueva, no se niega con ella cuanto afirmaba el anterior documento de 2021?

FS reconoce, en primer lugar, que tanto el Responsum como la doctrina valida y vinculante tradicional sobre las bendiciones no permiten que se bendigan situaciones que son contrarias a la ley de Dios y el Evangelio de Cristo, como es el caso de las uniones sexuales fuera del matrimonio. Esto es claro para los sacramentos, pero también para otras bendiciones que Fiducia supplicans llama “litúrgicas” y que se encuentran entre los ritos que la Iglesia ha llamado “sacramentales”, como se describen en el Ritual Romano posterior al Vaticano II. En estos dos tipos de bendiciones tiene que darse consonancia entre la bendición y la enseñanza de la Iglesia (FS 9-11).

Por eso, para poder aceptar la bendición de situaciones que son contrarias al Evangelio, el DDF propone una solución original: ampliar el concepto de bendición (FS 7,12). Esto se justifica de la siguiente forma: “Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista [las bendiciones “litúrgicas” de los sacramentos y de los sacramentales], porque nos llevaría a pretender, para una simple bendición, las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos” (FS 12). Es decir, es necesario un nuevo concepto de bendición, que llegue más allá de los sacramentos, para poder acompañar también el camino de quien vive en pecado.

Ahora bien, esta expansión más allá de los sacramentos ya se daba, de hecho, a través de los sacramentales. La Iglesia no ha pedido las mismas condiciones morales para una bendición que para recibir un sacramento. Esto ocurre, por ejemplo, ante un penitente que no quiere abandonar su situación de pecado, pero que puede humildemente pedir una bendición personal para que el Señor le de luz y fuerza para llegar un día a entender y seguir las enseñanzas evangélicas. Para esto no haría falta un nuevo tipo de bendición.

¿Para qué es necesario entonces ampliar el sentido de una bendición, si ya las bendiciones como las entiende el ritual romano van más allá de los sacramentos?

Es que la bendición entendida en forma tradicional, aunque va más allá de los sacramentos, solo permite bendiciones de “cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del Evangelio” (FS 10, citando el ritual romano). Y este es el punto que se quiere superar, pues se quieren bendecir circunstancias, como una relación estable entre personas del mismo sexo, que contradicen la norma y el espíritu del Evangelio. Es verdad que la Iglesia puede añadir „nuevos sacramentales “a los ya existentes (Vaticano II: Sacrosanctum Concilium 79), pero no cambiar su significado de tal manera que trivialicen el pecado, sobre todo en una situación cultural cargada ideológicamente que además induce a error a los fieles. Y este cambio de significado es precisamente lo que sucede en FS, que inventa una nueva categoría de bendición más allá de la que está ligada a un sacramento o a los sacramentales como los había entendido hasta ahora la Iglesia. FS dice que se trata de bendiciones no litúrgicas, propias de la piedad popular. Tendríamos así estos tres niveles:

1. Oraciones ligadas a sacramentos, que piden que la persona esté en gracia para recibirlas, o que se quiera apartar del pecado.
2. Bendiciones como las que recoge el Ritual Romano y como las ha entendido siempre la doctrina católica, que se pueden dirigir a personas, incluso cuando viven en pecado, pero no a “cosas, lugares o circunstancias contrarias a la norma o al espíritu del evangelio” (FS 10, citando el Ritual Romano). Así, por ejemplo, podría bendecirse a una mujer que ha abortado, pero no una clínica abortista.
3. Las nuevas bendiciones que propone FS serían bendiciones pastorales, no litúrgicas ni rituales. Por tanto, ya no tendrían tampoco la limitación de las bendiciones descritas en el Ritual Romano (tipo “b”). No sólo podrían aplicarse, como en las bendiciones del Ritual Romano, a personas en pecado, sino también a cosas, lugares o circunstancias contrarias al Evangelio.

La novedad está en estas bendiciones de tipo “c”, o “bendiciones pastorales”, que por no ser litúrgicas sino más bien de “piedad popular”, no comprometerían, según FS, la doctrina evangélica, y no tendrían que guardar coherencia ni con las normas morales ni con la doctrina católica. ¿Qué decir de esta nueva categoría de bendiciones?

Una primera observación es que no se encuentra base para este nuevo uso en los textos bíblicos que se aducen, ni tampoco en ninguna declaración anterior del Magisterio. Incluso los textos que se ofrecen del Papa Francisco tampoco ofrecen pie a este nuevo tipo de bendiciones. Pues ya las bendiciones de acuerdo con el Ritual Romano(tipo “b”) permiten bendecir a alguien que vive en pecado. Y este tipo de bendiciones puede aplicarse sin problema a quien está en la cárcel o en una casa de rehabilitación, como dice Francisco (citado en FS 27). Las nuevas bendiciones pastorales (tipo “c”) van más allá de lo dicho por Francisco, pues con estas bendiciones se podría bendecir también una realidad contraria a la Ley de Dios, como la relación extramatrimonial. De hecho, según el criterio de estas bendiciones pastorales se llegaría al absurdo de poder bendecir, por ejemplo, una clínica abortista o un grupo mafioso.

A partir de aquí surge una segunda observación: es siempre arriesgado inventar nuevos términos contrarios al uso corriente del lenguaje. Pues este modo de proceder da lugar a ejercicios arbitrarios del poder. En nuestro caso, la bendición tiene una objetividad propia, y no puede ser redefinida para que se amolde a una intención subjetiva contraria a la esencia de una bendición, pues se caería en la arbitrariedad. Viene a la mente la famosa frase de Humpty Dumpty en Alicia en el País de las Maravillas: “Cuando yo uso una palabra significa lo que yo elijo que signifique, ni más ni menos”. Alicia responde: “la cuestión es si puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes”. Y Humpty Dumpty sentencia: “la cuestión es quién es el que manda aquí; eso es todo”. Leer más…

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 Un nuevo artículo de un medio de comunicación católico ha destacado la difícil situación de los refugiados LGBTQ+, para quienes cada día es “difícil y lleno de desafíos”. En un campo de refugiados, la mayoría de estos refugiados LGBTQ+ son católicos.

Doreen Ajiambo, corresponsal en África/Oriente Medio de Global Sisters Report, una publicación de National Catholic Reporter, detalló la experiencia de estos refugiados que viven en el campamento de refugiados de Kakuma, un campamento en el noroeste de Kenia que alberga a más de 200.000 refugiados de Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Somalia, Burundi, la República Democrática del Congo y Uganda.

Cientos de residentes LGBTQ+ en el campamento enfrentan discriminación y violencia persistentes. Para Nardi Niyongabo, un refugiado gay de Burundi, existe un “miedo constante” en torno a su identidad sexual. Niyongabo huyó a Uganda en 2013 después de que familiares y amigos lo atacaran físicamente por tener intimidad con su pareja. En 2017, se mudó al campo de refugiados de Kakuma en Kenia después de que el gobierno de Uganda intensificó su campaña contra los derechos LGBTQ+.

Según Niyongabo, muchos de los refugiados LGBTQ+ se identifican como católicos, pero la mayoría de los residentes cristianos del campamento no toleran a las personas LGBTQ+. A principios de año, un grupo de refugiados atacó físicamente a Niyongabo durante las oraciones vespertinas, dejándolo inconsciente y con una pierna rota. El ataque ocurrió después de que el catequista predicara sobre la naturaleza “demoníaca” de la homosexualidad. Niyongabo describió la experiencia:

“‘Pensé que este sería mi lugar más seguro, pero esas esperanzas se han desvanecido después de que los cristianos me atacaron recientemente en una iglesia’. Los refugiados LGBTQ viven con el temor constante de ser atacados o incluso asesinados. Muchas personas nos insultan; se burlan de nosotros y dicen que nos posee un demonio y un espíritu maligno de homosexualidad.’

“‘Tenemos miedo de ir a la iglesia o reunirnos con algunos líderes religiosos aquí, ya que la mayoría anima a la gente a atacarnos. Dicen que no estamos viviendo de la forma normal en que Dios nos hizo; lo que somos es pecado’”.

La historia de Niyongabo es solo una de muchas de las personas LGBTQ+ en el campamento. Una refugiada lesbiana que permaneció en el anonimato declaró:

“‘Nos enfrentamos a más problemas que otros refugiados. Somos discriminados e incluso a veces se nos niega la comida. Somos atacados constantemente, y si informamos a la policía oa los funcionarios del ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados], somos ignorados. Algunas lesbianas han sido violadas, pero cuando lo denunciaron, la policía les dijo que fueran a buscar a los perpetradores ellos mismos’”.

Actualmente, 32 de las 54 naciones de África criminalizan la homosexualidad. Ayer, Bondings 2.0 informó sobre las duras acciones tomadas por los obispos en Malawi y Costa de Marfil. En África Oriental se encuentran leyes particularmente duras y discriminatorias. Por ejemplo, aquellos que “practiquen o promuevan la homosexualidad” en Kenia pueden ser encarcelados hasta 14 años. En Uganda, una nueva ley permite que los condenados por “homosexualidad agravada” se enfrenten a la pena de muerte.

Si bien muchos en África apoyan estas leyes discriminatorias, el Papa Francisco ha apoyado abiertamente a la comunidad LGBTQ+, incluso afirmando que “ser homosexual no es un delito” a principios de este año. El P. José Padinjareparampil, director de Don Bosco Kakuma, una agencia de servicios sociales salesianos, ha estado trabajando para difundir la misión del Papa Francisco en todo el campamento, diciendo:

“‘Damos la bienvenida a todos a la iglesia sin importar cómo se identifiquen. Estoy hablando con otros líderes para asegurarme de que no discriminen a las personas LGBTQ. Siempre alentamos a todos a abrazarse y vivir en unidad porque la iglesia es la unidad en el cuerpo de Cristo’”.

El trabajo del Padre Padinjareparampil debe ser un modelo para todos los líderes católicos en esa área. Ningún individuo debería vivir una vida de “miedo constante”, ya que todos los católicos tienen el deber de oponerse a los abusos de los derechos humanos dondequiera que estén, especialmente en una situación como la de un campo de refugiados.

—Sarah Cassidy (ella/ella), New Ways Ministry, 17 de agosto de 2023

Fuente New Ways Ministry

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Una investigación de Human Rights Watch en más de 20 países documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y ‘queer’ y las personas no binarias se enfrentan a violencia y discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias

Por Icíar Gutiérrez

La novia de Amani puso fin a la relación entre ambas en junio de 2021. Durante meses, sus padres habían estado “negándose a dejarla salir de casa” y “presionándola para que se casara con un hombre”. No era la primera vez, cuenta esta activista y escritora de Túnez de 27 años en un testimonio recogido por Human Rights Watch (HRW), que una mujer la dejaba por no ser un hombre, por no ser una pareja, dice, “lo suficientemente buena”.

Según explica a la organización, las mujeres queer que conoce “o bien han sido coaccionadas para casarse con un hombre o bien han roto con una novia que fue coaccionada para casarse con un hombre”. “Está en todas partes. Es el telón de fondo de nuestras vidas”, dice. Amani, denuncia HRW, corre el riesgo de sufrir violencia física, acoso sexual y detenciones arbitrarias por parte de la Policía tunecina. De hecho, ha pasado por las tres situaciones.

“La experiencia de Amani es múltiple: es objeto de ataques por ser homosexual y tener apariencia masculina; también corre el riesgo de sufrir amenazas y agresiones como activista lesbiana, y se encuentra en una situación de precariedad jurídica debido a las leyes contra el colectivo LGBT”, explica la ONG. “Además, corre el riesgo de ser detenida y acosada discriminatoriamente en la calle por ser mujer fuera de la ciudad natal de su familia, y de ser acusada reiteradamente por la policía de huir”.

Su caso sirve de introducción de un extenso informe publicado este martes por la organización especializada en derechos humanos, que documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias de todo el mundo “se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad, familiares y otros, junto con la discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias”.

En una investigación en más de 20 países, Human Rights Watch denuncia cómo los regímenes legales machistas y patriarcales –como la tutela masculina, las leyes de herencia desiguales y la discriminación contra las mujeres solteras– violan los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y “las dejan en una situación de desventaja significativa en prácticamente todos los aspectos de sus vidas”. A ello se suma la discriminación en otras áreas, como el trabajo, los servicios de fertilidad, la migración o el acceso a la justicia.

Un ejemplo son los regímenes jurídicos que exigen que las mujeres obtengan el permiso de un tutor masculino para alquilar un apartamento, o que dan prioridad a los hijos varones en la herencia de tierras, a menudo significan que ninguna de las integrantes de una relación de personas lesbianas, bisexuales o queer puede alquilar, poseer o heredar una vivienda. Según datos del Banco Mundial citados en el informe, dos quintas partes de los países de todo el mundo limitan los derechos de propiedad de las mujeres, lo que representa “una barrera económica y legal a menudo insuperable” para las parejas de lesbianas, bisexuales y queer.

Erin Kilbride, investigadora de derechos LGTB y derechos de la mujer en HWR y autora del informe, explica en un comunicado que rara vez se documenta “la magnitud de la violencia brutal, la discriminación legal y el acoso sexualizado a los que se enfrentan” estas mujeres. La ONG remarca que hay una grave falta de investigación y políticas “que se centren específicamente en los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y queer, y también ve necesario apoyar el trabajo de las activistas.

Matrimonios forzados

Tras entrevistar a 66 activistas, investigadoras, abogadas y líderes de movimientos lesbianas, bisexuales y queer entre marzo y septiembre de 2022, Human Rights Watch concluye que el matrimonio forzado es una de las diez áreas clave de abusos contra los derechos humanos que más afectan a la vida de estas mujeres.

“La heterosexualidad obligatoria, la presión para casarse con hombres y las prácticas de matrimonio coercitivo fueron los abusos más frecuentemente denunciados experimentados por las entrevistadas, incluyendo en Canadá, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Tanzania, Túnez y Ucrania”, reza el informe de HRW.

Según recoge la ONG, la documentación sobre matrimonios heterosexuales forzados es escasa y cita un informe de 2019 de la organización OutRight que documentó varios casos en los que el matrimonio forzado fue la última forma de violencia infligida a una persona después de haber sido sometida a las llamadas “violaciones correctivas” (en un intento de cambiar su sexualidad).

HRW escuchó historias similares a las de Amani de otras personas de todo el mundo afectadas por matrimonios con hombres a los que no querían o que no pueden abandonar. En Malawi, Asante, lesbiana, ha sido agredida físicamente dos veces por el marido de su pareja bisexual, una mujer que quiere divorciarse pero no tiene dinero para conseguirlo. Liliya, de Kirguistán, fue obligada por sus padres a casarse con un hombre a los 19 años. “No hay camino hacia la libertad si no te casas [con un hombre]”, dice Lliliya, fundadora de una organización en defensa de los derechos del colectivo.

De acuerdo con HRW, las violaciones de los derechos de propiedad de las mujeres a menudo obligan a las lesbianas, bisexuales y queer a casarse con hombres para tener acceso a la tierra y a la propiedad, lo que contribuye a las prácticas matrimoniales coercitivas e impiden a quienes se divorcian de sus maridos o enviudan inicien nuevas relaciones no heterosexuales y económicamente viables más adelante.

Impunidad

Muchas entrevistadas explican que quienes, dentro de esta comunidad, tienen apariencia masculina se enfrentan “a toda una vida de marginación económica, discriminación y acoso en el trabajo, maltrato psicológico, así como ataques de las fuerzas de seguridad y violencia física y sexual”. Activistas de Argentina, El Salvador y Kirguistán explican que estas personas “a menudo se ven obligadas a hacer trabajos precarios con prácticas laborales deficientes (trabajo agrícola, trabajo sexual y talleres de automóviles, respectivamente) o campos dominados por hombres, en los que sufren abusos físicos y sexuales”.

El informe también denuncia que la violencia policial se dirige a las personas de presentación masculina de manera diferente a sus contrapartes de apariencia femenina.

Las personas y parejas de aspecto más femenino sufren ataques en público que les obligan a limitar sus movimientos, denuncia el informe. La ONG ha recopilado relatos de nueve parejas “asesinadas o brutalmente atacadas en solo cinco países (Italia, México, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) desde 2015”. Las entrevistadas afirman que estas agresiones les llevan a “autocontrolar” sus movimientos por miedo a salir de casa con su pareja.

En este sentido, la entidad denuncia que la impunidad de los crímenes violentos contra lesbianas, bisexuales y queer es “rampante”. Pone como ejemplo el caso de Sheila Adhiambo Lumumba, lesbiana no binaria de 25 años, que en abril de 2022 fue hallada desnuda y asesinada en su dormitorio al norte de Nairobi. “Durante las semanas posteriores al asesinato, la Policía keniana no investigó adecuadamente el caso, dejando a los amigos y familiares de Sheila la tarea de recoger pruebas y grabaciones de las cámaras de seguridad”.

HRW exige a las autoridades gubernamentales que investiguen exhaustivamente y de manera transparente las denuncias de violencia y que elaboren leyes, políticas y protocolos que protejan explícitamente los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias. También piden “reformar los sistemas patriarcales de control, incluidas las leyes, políticas y prácticas de tutela masculina, así como las leyes discriminatorias.

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Human Rights Watch entrevistó a 60 personas en 20 países: Argentina, Canadá, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, Japón, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Túnez, Ucrania y Uganda.

Hizo otras seis entrevistas a activistas de Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, Rusia y España en la Conferencia EuroCentralAsian Lesbian celebrada en Budapest del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

Fuente El Diario

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Erin Kilbride, Human Rights Watch (HRW), Islam, Lesbianas, OutRight, Violencia machista

El gobierno de Sri Lanka ha expresado su apoyo a un proyecto de ley que despenalizaría las relaciones entre personas del mismo sexo.

El jueves (9 de febrero), el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Sri Lanka, Ali Sabry, declaró a The Daily Morning: “Hay un proyecto de ley presentado por el diputado del Gobierno de Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) y abogado Premnath C. Dolawatte. El Gobierno apoyará su postura de despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no legalizaremos los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero lo despenalizaríamos. Creo que hay mucho consenso al respecto, así que dejemos que llegue al Parlamento”.

Según el código penal del país, que se remonta a la dominación colonial británica de Ceilán, el artículo 365 tipifica actualmente como delito “el coito carnal contra natura con cualquier hombre, mujer o animal”, con una pena de hasta diez años de cárcel.

La ley británica, de más de 135 años de antigüedad, fue declarada inaplicable por el Tribunal Supremo de Sri Lanka, pero sigue vigente.

“Somos muy optimistas, pero con cautela“, declaró el viernes Rosanna Flamer-Caldera -directora ejecutiva de la organización LGBTQ+ de Sri Lanka Equal Ground– al Washington Blade. “Hace más de 19 años que nuestra organización aboga por la despenalización y es bueno ver que el trabajo da sus frutos, por fin. Pero aún queda un largo camino por recorrer”.

El apoyo a este proyecto de ley se produce en un momento en que otras ex colonias británicas han despenalizado en los últimos meses leyes arcaicas contra la comunidad LGBTQ+.

Los legisladores de Singapur derogaron en noviembre la ley de sodomía de la época colonial, mientras que los jueces en 2022 también anularon las leyes de criminalización en Barbados , de San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda.

En todo el mundo, 67 países siguen penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La mayoría de estas jurisdicciones penalizan explícitamente el sexo entre hombres mediante leyes de “sodomía”, “sodomía” y “delitos contra natura“. Casi la mitad son jurisdicciones de la Commonwealth.

67 países y territorios criminalizan la homosexualidad

En 64 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Indonesia, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones homosexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional en aplicación de la sharía o ley islámica; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 67 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Pink News/ Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Islam Despenalización de la homosexualidad, Equal Ground, Podujana Peramuna, Premnath C Dolawatte, Rosanna Flamer-Caldera, SLPP, Sri Lanka

2022 ha sido un año importante para el progreso de los derechos LGTBI, con importantes avances en todos los rincones del mundo. Para destacar estos logros y poner de relieve algunos de los retos que tiene por delante la comunidad LGTBI mundial, les compañeres de 76crimes han recopilado en este breve informe los principales éxitos y retrocesos de las comunidades queer africanas en 2022.

En 2022 los signos de progreso para los derechos LGTBI en África fueron escasos, pero las personas LGTBI cada vez reclaman más espacio y hacen valer sus derechos en este continente de mil millones de habitantes.

En la actualidad, Sudáfrica sigue siendo el único país soberano donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, mientras que la sodomía está penalizada en 33 de los 55 Estados que conforman África.

Namibia: Un tribunal inferior dictaminó que no podía legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que el Tribunal Supremo se había pronunciado previamente en contra. Los jueces pidieron explícitamente al Tribunal Supremo que cambiara su anterior sentencia en apelación, pero no se ha sabido aún nada de que haya avances en el proceso.

Varios casos de filiación entre personas del mismo sexo han acaparado la atención este año, especialmente uno que estuvo a punto de convertir en apátridas a dos gemelas recién nacidas porque Namibia se negó a reconocer la filiación de las niñas a un namibio sin una prueba de ADN. El gobierno acabó cediendo. El Tribunal Supremo también dictó una sentencia que ordenaba al gobierno reconsiderar su decisión de denegar la residencia a un ciudadano mexicano que era cónyuge del mismo sexo de un namibio. La única certeza es que estos casos continuarán en el nuevo año.

Mientras tanto, el gobierno inició este año una reforma de su legislación matrimonial, pero no incluyó a las personas LGTBI en las consultas.

En un momento dado, el presidente insinuó que tenía previsto derogar el delito de sodomía tipificado en el derecho consuetudinario de la época colonial, pero no se ha presentado ninguna ley a tal efecto, ni se ha incluido en otro proyecto de ley que deroga otras leyes coloniales obsoletas.

Kenia: El Parlamento aprobó una Ley de la Infancia que incluye amplias protecciones para las personas intersexuales, como la prohibición de las cirugías genitales estéticas en niños intersexuales, permite a las personas intersexuales elegir un marcador de género “I” y garantiza la igualdad de acceso a la educación, la atención sanitaria y otros servicios.

Mauricio: Desde 2020 está pendiente una demanda para derogar las leyes de sodomía del país. El Tribunal Supremo celebró su última vista en junio.

Mauricio es uno de esos extraños países donde la sodomía es ilegal, pero también lo es la discriminación por orientación sexual.

Seychelles: El presidente se reunió con activistas LGTBI para tratar cuestiones trans, el matrimonio igualitario y los derechos de adopción. Los activistas también lanzaron una campaña mediática para promover la igualdad.

Eswatini: El Tribunal Supremo emitió una extraña sentencia en la que confirmaba la decisión del gobierno de denegar el registro a una organización LGTBI, al tiempo que afirmaba los derechos constitucionales de las personas LGTBI a la asociación, la privacidad y la expresión. ¿qué? Eswatini también mantiene en sus libros una ley de sodomía.

Ghana: El Parlamento siguió debatiendo un draconiano proyecto de ley contra el colectivo LGBTI, pero no ha sido aprobado (de momento).

Nigeria: Los legisladores habían propuesto un proyecto de ley para prohibir el travestismo como parte de un pánico moral en curso, pero lo retiraron en diciembre después de que el presidente del Parlamento señalara que no abordaba adecuadamente la naturaleza multicultural del país, donde algunas culturas usan ropa que podría considerarse de género cruzado en otras culturas.

Más tarde, en diciembre, surgieron informes sobre una detención masiva en un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Kano.

Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Zambia abolieron la pena de muerte. El Senado de Liberia aprobó un proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte, que está pendiente de votación en la Cámara Baja. En Ghana se está debatiendo la abolición de la pena de muerte para delitos no militares. Los tribunales de Malawi anularon una sentencia anterior que prohibía la pena de muerte, y los legisladores rechazaron una propuesta para prohibirla de nuevo. Existe una clara tendencia en África hacia el abandono de la pena de muerte: 25 de los 55 Estados soberanos la han abolido por completo, 1 la ha abolido para delitos no militares y otros 15 la han abolido para delitos no militares.

Fuente: 76crimes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Derechos LGTBIQ+, Homofobia/ Transfobia

General, Historia LGTBI Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE), Antigua y Barbuda, Barbados, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Equals, Homofobia, LGTBIfobia, San Cristóbal y Nieves

La ley de la época colonial de San Cristóbal y Nieves que prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo ha sido anulada en un “momento histórico” para el país caribeño.

La Corte Superior de San Cristóbal y Nieves ha dictaminado que las leyes que castigan las relaciones homosexuales con hasta diez años de prisión son contrarias a su Constitución. Otra legislación más heredera de los tiempos de la colonización británica que es anulada por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos LGTBI. Con este dictamen, aún quedan 69 países y territorios en el mundo que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo, algunos incluso con la cadena perpetua o la pena de muerte.

El lunes (29 de agosto), el Tribunal Supremo del Caribe Oriental anuló los artículos 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Persona, que prohibían el “abominable delito” de la “sodomía“. La ley conllevaba una pena máxima de 10 años con trabajos forzados.

Aunque no hay pruebas que demuestren que las antiguas disposiciones se hayan aplicado en los últimos años, parece que justifica la discriminación y la violencia a la que se enfrentan los gitanos y nevisianos LGBTQ+ debido al estigma y la vergüenza de la sociedad.

El juez Trevor Ward anuló las partes de la ley que penalizaban los “delitos contra natura” y las comparó con la “zoofilia“, que dijo era inconstitucional.

Escribió en su sentencia: “La naturaleza absoluta de la prohibición creada por los artículos 56 y 57 no está razonablemente justificada en una sociedad democrática en circunstancias en que proscriben los actos sexuales entre adultos que consienten en privado, que no implican ningún elemento de conducta pública o de daño o actos sexuales con menores.”

“En la medida en que criminaliza la vida privada de los homosexuales en este año, la ley es excesiva y arbitraria”, continuó, añadiendo que las secciones “no cumplen con la calificación constitucional de ser … en el interés de la moralidad pública”.

Ward añadió: “La sección 56 de la ley se leerá como si se añadieran al final de la sección las palabras ‘Esta sección no se aplicará a los actos sexuales consentidos entre adultos en privado'”.

El veredicto del tribunal entró inmediatamente en vigor.

“Este es un viaje transformador y un paso hacia el pleno reconocimiento de las personas LGBTQ en toda la Organización de Estados del Caribe Oriental”, dijo Kenita Placide, directora ejecutiva de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE).

“Una decisión afirmativa significa un sí a la privacidad y un sí a la libertad de expresión”.

Jamal Jeffers, un hombre gay, presentó el recurso de inconstitucionalidad en enero de 2021 argumentando que los artículos 56 y 57 violaban los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la intimidad, y que debían ser anulados.

Acompañados por el grupo de defensa de la igualdad St Kitts y Nevis Alliance for Equality, los demandantes pedían que se ordenara que los actos sexuales entre personas del mismo sexo no fueran un delito si se cometían en privado entre “personas de 16 años o más”, decía su moción.

San Cristóbal y Nieves fue una de las primeras islas del Caribe en ser colonizadas por los británicos, trayendo consigo leyes centenarias que prohibían la homosexualidad.

El artículo 56 rezaba así: “Toda persona condenada por el abominable delito de sodomía, cometido con personas o con cualquier animal, podrá ser condenada a una pena de prisión no superior a diez años, con o sin trabajos forzados”.

En 2012, la pena original de cuatro años prevista en el artículo 57 se amplió a una década en una versión revisada de la Ley de Delitos contra la Persona. El país incluso se resistió a los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021 para derogar las leyes.

Las antiguas colonias británicas Barbados, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas tienen leyes similares sobre sodomía.

Pero las mareas están cambiando. La primera ministra de Barbados prometió que los derechos del colectivo LGBTQ+ estarían en el centro del futuro de Barbados como república cuando destituyera a la reina como jefa de Estado en noviembre de 2021, mientras que el Tribunal Supremo del Caribe Oriental eliminó las leyes de sodomía de Antigua y Barbuda en julio, y los activistas esperan que haya más.

“Estamos asistiendo a un momento histórico en el Caribe en el que se están cuestionando y anulando leyes anticuadas de la época colonial“, afirmó Maria Sjödin, directora ejecutiva del grupo mundial de derechos LGBTQ+ OutRight Action International.

“Estamos asombrados por la persistencia estratégica de los activistas de la región que lideran la carga para garantizar el avance de los derechos humanos y la anulación de leyes discriminatorias y anticuadas como ésta. Esperemos que los demás países de la región y de fuera de ella les sigan”.

69 países y territorios criminalizan la homosexualidad

1.- En 66 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

2.-  A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 69 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

3.- Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Pink News/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Artículos 56 y 57, Caribe, Despenalización, Homosexualidad, Ley de Delitos contra la Persona, Maria Sjodin, OutRight Action International, San Cristóbal y Nieves, Trevor Ward

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha prolongado nuevamente por tres años el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, el costarricense Víctor Madrigal-Borloz. La prórroga ha contado con la fuerte oposición de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), en cuya representación ha hablado el representante de Pakistán, nación presente en el consejo. Por supuesto, no se trata de una objeción a la persona de Victor Madrigal-Borloz, sino a la existencia misma del mandato, al considerar que la discriminación y la violencia por motivo de la orientación sexual e identidad de género no contravienen los derechos humanos.

El mandato del experto Independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue creado en junio de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un periodo de tres años. Su primer titular fue el tailandés Vitit Muntarbhorn, que ocupó la plaza desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2017, cuando tuvo que renunciar por razones de salud. En enero de 2018 fue reemplazado, tras la pertinente votación en el consejo, por el costarricense Víctor Madrigal-Borloz, que ocupa el puesto en la actualidad.

En junio de 2019 se produjo la primera prórroga del mandato por otros tres años, que vencían en junio de este año. Por ello, el pasado 7 de julio se procedió a la votación dentro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para una nueva prolongación de tres años. Según la nota de prensa del consejo, la resolución aprobada exhorta a los estados «a que modifiquen o deroguen las leyes y políticas que discriminan a determinadas personas por su orientación sexual e identidad de género, y a que adopten medidas eficaces para prevenir los actos de violencia y discriminación; decide prorrogar por un período de tres años el mandato del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género; pide al experto independiente que siga informando anualmente sobre el cumplimiento de su mandato al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General».

Antes de su aprobación, se presentaron 13 enmiendas al texto, de las que solo se aprobó una. Durante todo el proceso y desde los días previos, se hizo evidente la encarnizada hostilidad de la Organización para la Cooperación Islámica, que defiende los intereses en Naciones Unidas de sus 57 países integrantes, todos ellos de mayoría musulmana o con una población significativa de quienes profesan esta creencia. De los 57 países integrantes de la OCI, 56 de ellos son miembros de Naciones Unidas (la excepción es Palestina) y 14 forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Un grupo de estos países, encabezado por Arabia Saudí, Nigeria y Egipto, rechazaba expresamente la utilización de los términos «orientación sexual», «transgénero» y «hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres».

En representación de los países de la OCI (con excepción de Albania), hizo su discurso el embajador ante Naciones Unidas de Pakistán, Khalil Hashmi, que aseguraba no poder «apoyar los esfuerzos encaminados a inventar nuevos derechos sobre la base de preferencias sexuales personales». También argumentaba la no existencia de un «consenso universal sobre el concepto de orientación sexual e identidad de género, y este concepto no está reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como motivo de discriminación o violencia».

A estas alegaciones, el embajador de Francia ante las Naciones Unidas, Jerome Bonnafont, respondía: «Demasiados países se escudan en el pretexto de valores específicos para mantener una legislación discriminatoria».

La votación

La resolución de prórroga del mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue aprobada por 23 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.

Dieron su voto favorable: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Paraguay, República Checa, Ucrania y Venezuela.

Votaron en contra: Camerún, Catar, China, Costa de Marfil, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, Indonesia, Libia, Malasia, Malawi, Mauritania, Pakistán, Senegal, Somalia y Sudán.

Se abstuvieron: Armenia, Benín, India, Kazajistán, Namibia, Polonia y Uzbekistán.

En la votación en contra, a los 14 países pertenecientes a la OCI se unieron China, Eritrea y Malawi. El único país de la Unión Europea que no votó a favor fue Polonia, que se abstuvo.

Satisfacción y preocupación del experto independiente renovado

El reelegido Víctor Madrigal-Borloz declaró que en su campaña para renovar el mandato participaron más de 1100 organizaciones LGTBI de 174 países y el «capital político» de decenas de estados. También criticó el «posicionamiento político muy desafortunado» que niega la existencia de discriminación en todos los países, incluidos los de la OCI. Según Madrigal-Borloz, esos estados están incumpliendo con «sus obligaciones internacionales básicas en materia de derechos humanos» en cuanto a la protección de violaciones de derechos de las personas bajo su jurisdicción y de sus propios nacionales.

El renovado experto independiente afirmó que su campo de trabajo es «muy volátil», pues «cada día hay un cambio político que abre una posibilidad y cierra otra. Así que mi trabajo es mantener una visión general de esas oportunidades y asegurarme de aprovechar las que existen». En cuanto a su renovación, añadió: «Me parece que la comunidad internacional ha seguido comprendiendo hasta qué punto las personas lesbianas, gais, bisexuales o trans y de género diverso son objeto de violencia y discriminación».

En su cuenta oficial de Twitter, acompañada de una fotografía con los colores del arcoíris muy presentes, dejaba fijado un tuit con el siguiente texto: «Encantado de saber que el @UN_HRC acaba de renovar el mandato del #IESOGI; con la misma humildad y el mismo orgullo que el primer día para seguir sirviendo a las personas, comunidades y pueblos afectados por la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género».

Delighted to learn that the @UN_HRC has just renewed the mandate of the #IESOGI; as humbled & honoured as the first day to continue serving persons, communities and peoples affected from discrimination and violence based on sexual orientation and gender identity.@free_equal pic.twitter.com/qAMvbNgAWQ

— Victor Madrigal-Borloz (@victor_madrigal) July 7, 2022

También desde su cuenta oficial de la misma red social, la embajada de España en la ONU expresaba su satisfacción por la prórroga del mandato:

Hoy el @UN_HRC ha renovado el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género de 🇺🇳.

¡Enhorabuena, @victor_madrigal! 👏

Cuentas con el apoyo de @SpainUN para seguir trabajando por la protección e inclusión de todas las personas #LGTBI 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ https://t.co/OQNFRHRDZS

— España en la ONU (@SpainUN) July 7, 2022

Funciones y trabajo realizado

Las funciones y métodos del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, según consta en el sitio oficial del Consejo de Derechos Humanos, son las siguientes:

En el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género figura el estudio de las formas de proteger mejor a las personas que sufren violencia y discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, por medios tales como los siguientes:

• La evaluación de la aplicación de las normas de derechos humanos.
• La determinación de las mejores prácticas y las deficiencias.
• La sensibilización sobre estas cuestiones.
• La identificación y el abordaje de las causas profundas de la violencia y la discriminación.
• El diálogo y la celebración de consultas con los Estados y otras partes interesadas pertinentes para fomentar la protección de las personas LGBT y de género diverso.
• La facilitación y el respaldo de la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional para combatir la violencia y la discriminación.

Métodos de trabajo

En cumplimiento de su mandato, el experto independiente:

• transmite llamamientos urgentes y cartas de transmisión de denuncias a los Estados en relación con casos de violencia y discriminación contra personas por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• realiza visitas de investigación a los países; y
• presenta informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre las actividades del mandato, las tendencias y los métodos de trabajo.

Los informes emitidos por el experto independiente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido los siguientes:

• 2017: Legislación sobre la despenalización y la lucha contra la discriminación.
• 2018: Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (en castellano).
• 2019: Recogida y gestión de datos como medio para sensibilizar sobre la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género.
• 2020: Prácticas de las llamadas «terapias de conversión».
• 2021: El género en el derecho internacional y regional de los derechos humanos, la jurisprudencia y los procesos internacionales.

General, Historia LGTBI Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Discriminación, Jérôme Bonnafont, Khalil Hashmi, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Organización para la Cooperación Islámica (OCI), Pakistán, Víctor Madrigal-Borloz, Vitit Muntarbhorn

“En Kenia y Tanzania te pueden meter en la cárcel o matar por ser homosexual”

Tienen 19 y 21 años, son deportistas, están muy en forma y lo tienen muy claro. Parece que se trata de cualquier práctica deportiva, pero no, lo que hacen exige un gran equilibrio, mucha coordinación y un elemento extra: mucho arrojo. Acaban de volver de su último viaje en África, donde han escalado entre otras cumbres, el volcán más alto del macizo del Kilimanajaro, que está a 5895 metros.

Pero no se trata únicamente de una práctica deportiva, sino también de un activismo con un alto nivel de riesgo. Jaume Peiró y Álex González son escaladores, guías de montaña y pareja, se denominan los ‘Couple Climbers‘, es decir, ‘la pareja de escaladores’ y quieren visibilizar en Por fin no es lunes la persecución y peligros a los que se enfrenta el colectivo LGTBI en determinados países del mundo.

Ambos comentan que Kenia y Tanzania son dos de los países donde la legislación LGTBI está peor en el mundo: “Por ejemplo, en Kenia, por ser homosexual, por darte un beso por la calle, te pueden meter cinco años de cárcel y es mucho peor en Tanzania, que son 30 años o incluso cadena perpetua. Eso con suerte, porque si te pillan por la calle, la propia gente te puede matar”. De hecho, cuentan la historia de un chico al que conocieron, y que les acompañaba durante su viaje, al que preguntaron cómo vivía este colectivo en el país: “Él es heterosexual y cis y nos contó qué pasaba realmente y cómo se vivía en la calle. Con suerte, si te ven cogido de la mano, te detienen, pero si no, te pueden pegar una paliza por la calle y llegar a matarte“.

Afirman que en algunos países, incluso, han tenido que llegar a actuar como si no fueran pareja, pero reconocen lo difícil que es ya que en algún momento puede salir darse un beso, con el riesgo que puede conllevar: “Ha causado conflicto porque a Jaume le daba miedo y cuando me acercaba a lo mejor a darle un beso en la mejilla, me apartaba. No dejas de estar en un sitio público y te pueden pegar. Cuesta creerlo, pero en el autobús del Aeropuerto de Catar, le di un beso en la mejilla y un chico árabe montó un escándalo con gestos de asco“.

Pero lo más grave no es que nosotros tengamos que actuar, porque al final lo hacemos durante un mes, pero ¿y la gente que vive en esos países? La sociedad en unos sitios y en otros hace que la gente lo oculte, imagina la represión que hay para la gente de ahí durante toda la vida. Es durísimo“, sentencian.

Algunos datos sobre la persecución LGTBI

Países con pena de muerte

• Afganistán
• Irán
• Arabia Saudí
• Somalia
• Mauritania
• Nigeria
• Sri Lanka

Países con pena de prisión de 10 años a cadena perpetua

• Sudán
• Uganda
• Tanzania
• Kenia
• Malawi
• Zambia
• Myanmar
• Malasia
• Guayana

Países con pena de prisión de 8 años

• Etiopía
• Chad
• Argelia
• Libia
• Namibia
• Zimbawe
• Marruecos
• Siria
• Maldivas

Criminalización de facto

• Irak
• Egipto

Fuente Onda Cero

General, Homofobia/ Transfobia. Álex González, Couple Climbers, Deporte, Escalada, Homofobia/Transfobia, Homosexualidad, Jaume Peiró

Las personas trans siguen siendo criminalizadas en 13 estados miembros de las Naciones Unidas con derechos “retrocediendo” en todos los rincones del mundo

Al menos 13 estados miembros de las Naciones Unidas siguen criminalizando a las personas trans, mientras que otros crean las leyes morales para perseguir a la comunidad, según un informe publicado el miércoles (30 de septiembre).

En medio de una pandemia donde quedó expuesta y agravada la violencia estructural que sufren las personas trans a nivel global, la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) –una federación mundial creada en 1978 que reúne más de 1.600 organizaciones – dio a conocer hoy su tercer Informe de Mapeo Legal Trans. La investigación analiza el reconocimiento legal de género y también la criminalización, y detalla el impacto de las leyes y políticas públicas sobre las personas trans en 143 Estados miembros de la ONU.

En América Latina el mapeo da cuenta de que cada vez más países suman leyes que habilitan el cambio de nombre y/o de género en el documento. Sin embargo, existen otras leyes que, aunque no sean específicas en contra de la comunidad trans, se utilizan para criminalizar de facto y muchas veces encarcelar, sobre todo, a personas trans.

Modos de criminalizar a personas trans

Nigeria, Omán y el Líbano fueron clasificados por el grupo de derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales ILGA World, como países con la legislación transfóbica más brutal del mundo.

“Es un momento difícil para las comunidades trans a nivel mundial“, dijo el presidente del Comité Directivo Mundial Trans de la ILGA, Jabu Pereira, en el Informe de Mapeo Jurídico Trans, que evaluó la legislación de género en los 143 estados miembros de la ONU y otras 19 jurisdicciones. El informe advirtió: “En cada región del mundo donde hemos estado documentando el reconocimiento legal de género, se han producido regresiones”.

Los autores del informe reflexionaron sobre el mosaico de progreso que el mundo ha visto en lo que respecta a los derechos trans. Así como Gran Bretaña y Hungría, entre muchos otros países, han visto los derechos de los transexuales estancados o reducidos, otros, como Bélgica y Francia, han visto cómo se han dado pasos agigantados. También se registraron saltos particulares en los derechos no binarios en los dos últimos años.

De los 143 países que analiza el informe, al menos 13 criminalizan explícitamente a las personas trans. Estos son: Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga, y los Emiratos Árabes Unidos. Ninguno en América Latina. “Solo un pequeño número de países en el mundo criminalizan de manera expresa la identidad o el comportamiento de las personas trans, o aquelles que se perciben como trans y transgreden las normas de género. Con frecuencia, con las “leyes de cross-dressing”, prohíben explícitamente “que una persona masculina se haga pasar por mujer” o viceversa. En esos estados, el reconocimiento legal de género tampoco se encuentra disponible, lo cual pone a las personas trans, o a aquelles que se perciben como tal, en riesgo de ser arrestadas o procesadas”, explica el informe.

Además, los investigadores dijeron que la criminalización de las personas trans puede ocurrir a través de “leyes aparentemente inocuas, como las relacionadas con los espacios públicos”. Desde las leyes sobre el vagabundeo hasta las “molestias públicas”, estas políticas vigilan a las personas trans y limitan la forma en que pueden vivir sus vidas, “igual de perjudiciales”, dijeron los investigadores.

“Algunas de las naciones más brillantes en lo que respecta al reconocimiento legal de género tienen su base en el sur global, como Argentina”, dijo Pereira, refiriéndose a cómo el país introdujo la autoidentificación para las personas trans cambiando los marcadores de género en los documentos oficiales en 2012.

¿Qué pasa en los demás? Aunque los estados de América Latina no tengan leyes tan restrictivas, igual se criminaliza a la comunidad trans, según el informe. Zhan Chiam, coordinador y coautor de la publicación advierte que las normas relacionadas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, entre otras, se usan para perseguir de manera sistemática a las personas trans. Estas leyes, que parecen neutrales, “son igual de dañinas que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género”.

¿Cuáles son los países más restrictivos en América Latina?

-En Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Santa Lucía no es posible cambiar el indicador de género en la partida de nacimiento o el documento de identidad.

-El Salvador no permite el cambio de indicador de género, pero en pocos casos excepcionales algunas personas trans pudieron hacerlo, después de haberse sometido a la cirugía genital y a la prueba forense para “verificar” la cirugía.

-De acuerdo con la abogada Matilda González Gil, las leyes más comunes usadas contra las personas trans en la región son las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuales entre adultos, leyes que (directa o indirectamente) criminalizan el trabajo sexual, por ejemplo, las leyes de moralidad, los reglamentos de espacios públicos, las leyes de estupefacientes y las leyes de control de identidad aplicadas por la policía.

Las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar

-En América Latina las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar a las personas trans, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador.

-En Bolivia, la tenencia de estupefacientes con frecuencia es usada como una razón, aún con supuestas acusaciones falsas, para hostigar e incluso encarcelar a las trabajadoras sexuales trans y sus clientes.

-En Colombia, el 40% de las personas LGBTI y el 30% de las personas trans que son encarceladas, llegan a esa situación por delitos de estupefacientes. Ecuador también denuncia altas tasas de personas trans encarceladas por delitos relacionados con los estupefacientes.

-En Argentina, de acuerdo con el análisis de datos hecho por Agencia Presentes, el porcentaje es aún mayor: 56% de las personas trans presas está acusada de delitos relacionados con drogas.

Espacios públicos y códigos

Otra forma de criminalizar  a las personas trans en América Latina y de la que da cuenta el informe son los códigos de moral, buenas costumbres y convivencia, junto con las políticas de espacios públicos, sobre todo en Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú y Venezuela.

En Cuba, las redadas policiales se usan para “evitar” que las mujeres trans estén en zonas consideradas proclives a la prostitución. Son detenidas, multadas y amenazadas para que no se “vistan de mujer” y luego pueden ser catalogadas como en “estado peligroso por conducta antisocial”.

La policía de Honduras puede arrestar a “prostitutas ambulantes” y a cualquier persona que muestre una conducta que “atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública”.

Argentina: con avances pero aún con leyes que criminalizan

Aunque Argenitna sea uno de los países más avanzados de la región en términos  legales para la población trans, de acuerdo con lo citado por el informe de ILGA Mundo existen al menos tres leyes que son utilizadas para criminalizarlxs: la ley de estupefacientes, el artículo del Código Penal sobre Exhibiciones obscenas y la Ley de Trata de Personas.

“Según informes de la sociedad civil nacional y de organizaciones internacionales de derechos humanos, las personas trans son criminalizadas a través de un número significativo de casos presentados en su contra por delitos de tenencia de estupefacientes y trata. Esto ocurre en el marco de tareas de prevención policial, en las cuales las personas trans reciben insultos, amenazas e intimidación por parte de la policía. También son objeto de requisas y desnudez forzosas (llevadas a cabo por personal masculino) y “violencia de terceros” incitados por agentes de la policía”, explica el informe.

En 2009, la Corte Suprema resolvió en el caso Arriola que la tenencia de estupefacientes para uso personal no puede ser criminalizada cuando no supone un peligro o daño a otros. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la realidad. De acuerdo con datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad, todavía hoy un gran porcentaje de las causas que ingresan son por consumo de drogas: casi 4 de cada 10 causas se iniciaron en 2018 por tenencia para consumo personal y casi su totalidad se inicia por tareas de prevención dada la persecución de casos de agrancia por parte de las fuerzas de seguridad.

La otra ley que se usa para criminalizar a las personas trans en Argentina es la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Allí, se prohíbe cualquier conducta que facilite o promueva la prostitución de otras personas, mayores o menores de edad, medie o no el consentimiento de la víctima, e indica que solo podrá ejercerse la prostitución en tanto actividad autogestionada.

“Esta ley confunde la trata con el trabajo sexual e impide que las trabajadoras sexuales trabajen de manera colectiva y organizada, ya que todos los lugares donde se puede ejercer el trabajo sexual son criminalizados. Además, algunos gobiernos municipales han aplicado políticas de “relocalización” para desplazar a las trabajadoras sexuales trans luego del reclamo de personas que vivían en la llamada “Zona roja””, advierte el informe.

Algunos avances a nivel mundial

Entre las principales conclusiones de este mapeo legal, se destacan los avances de algunos países:

-En Europa, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal adoptaron leyes que no medicalizan ni patologizan los procesos de cambio de marcador de género.

-En América Latina, Brasil, Chile y Costa Rica han habilitado el cambio en los marcadores de género bajo el paradigma de la autodeterminación.

-Chile, Colombia y Uruguay han avanzado con respecto a les menores de 18 años

-En algunas jurisdicciones de Australia (estado de Victoria), Costa Rica y la mayor parte de Canadá, se habilitó la opción de eliminar por completo los marcadores de género.

“Incertidumbre, contragolpe y ataques”: Los dos últimos años de derechos de los trans han sido unos de los más difíciles.

La autoidentificación, según observaron los investigadores, se ha convertido en un campo de batalla apretado en muchos países, actuando como un amargo sustituto de un “debate” sobre la existencia misma de las personas trans. Desde 2018, subrayaron, los derechos de los trans han estado “marcados por la incertidumbre, las reacciones y los ataques”.

“La ideología de género, en forma de posicionamiento conservador en torno a la fijación del sexo ‘biológico’, el surgimiento de feministas radicales trans excluyentes (TERFs) y políticos de derecha que plantean los derechos LGBT contra las identidades nacionales, han tenido efectos perjudiciales en nuestras comunidades”.

Una gran carga para los derechos de los transexuales. Los investigadores contrastaron las organizaciones de derechos trans, muchas de las cuales funcionan con presupuestos desgastados, con los grupos antitrans bien financiados y con buenos recursos. Y el nivel de antitransvitalidad en Gran Bretaña, según los investigadores, ha sido incluso “exhortado a muchos de los otros países del Commonwealth“.

A lo largo de tres años, Gran Bretaña ha visto las reformas propuestas para la Ley de Reconocimiento de Género – la base de la ley de reconocimiento de género – perseguida por la cobertura transfóbica de los medios de comunicación y por poderosos grupos de presión.

Por mucho que innumerables encuestas hayan mostrado que tales puntos de vista no representan a los británicos en su conjunto, el libro de jugadas transfóbico de desinformación incendiaria y libre funcionó. Las reformas fueron desechadas por los ministros este mes. Como los derechos de los transexuales en Gran Bretaña se mantuvieron estancados, los investigadores arrojaron una luz sobre el conjunto de países y estados que, desde 2017, han pasado a un modelo de autoidentificación desmedida. “Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal”, dijeron. Todos los cuales, sorpresa sorpresa, se encargan mucho mejor por hacerlo.

“Punto de inflexión para la defensa de las personas trans”

“Nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a la organización y la defensa de las personas trans, y espero que el panorama que brinda este informe nos aliente a movilizarnos a través de regiones, fronteras y, sobre todo, movimientos. Existe una innegable homogeneidad en los obstáculos con que se enfrentan nuestras comunidades, lo cual significa que también podría y debería haber una manera de formular estrategias compartidas”, explica el coordinador y coautor del informe, Zhan Chiam.

Y concluye: “Mientras se termina este informe, nos encontramos en el medio de una pandemia global en la cual, en todo el mundo, los movimientos trans enfrentan nuevos desafíos para sobrevivir y sostener nuestros derechos”.

Fuente Agencia Presentes/Pink News

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El Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Discriminación, Gabon, Homofobia, Human Dignity Trust, LGTBIfobia, Victoria Vasey