
El 14 de abril en el Penal de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, trasladaron de forma intempestiva y violenta a unas 45 personas del pabellón de Diversidad al sector de aislamiento, muchas de ellas semidesnudas.
Fuente Agencia Presentes
29 de abril de 2025
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro
Organizaciones sociales exigen el cese del maltrato en el pabellón de Diversidad del Penal 2 de Sierra Chica (Olavarría, Provincia de Buenos Aires). Se busca esclarecer por qué alrededor de 45 personas fueron llevadas a celdas de aislamiento, muchas semidesnudas y mientras recibían golpes. Por el hecho, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un hábeas corpus e interviene en el caso el Juzgado de Ejecución N° 2 de Azul.
“Lo que ocurrió en Sierra Chica es una práctica sistemática. Nosotras como organización de la sociedad civil lo venimos denunciando desde el 2012. Pero lo que llama poderosamente la atención está vez es que fueron más de 40 personas. Esto es un mecanismo de disciplinamiento”, expresó, en diálogo con Presentes la militante trans Claudia Vásquez Haro, presidenta de la asociación civil Otrans Argentina.
El lunes 14 de abril, alrededor de las 4.30 de la madrugada, las autoridades penitenciarias irrumpieron en el Pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica,donde se alojan personas del colectivo LGBT+ y mayoritariamente mujeres trans. Trasladaron de forma intempestiva y violenta a unas 45 personas al sector de aislamiento, muchas de ellas semidesnudas, según aportaron los testimonios recabados. Lo hicieron sin explicar a las personas detenidas la razón que justificaba su accionar.
“No sé qué pasó, me sacaron capiada (sin sus pertenencias), casi desnuda, me pusieron ropa así nomás, me sacaron. Pensé que era una requisa y me sacaron corriendo entre la lluvia, el barro, me pegaron, no entiendo por qué…La verdad, no entiendo por qué. Cambió todo el pabellón. Las chicas están engomadas, a todas las pibas las llevaron a buzones, tres días, hay algunas que todavía están, no les dan el teléfono, no tienen comunicación con su familia. (…) Yo hace quince años que estaba en ese pabellón”, expresó Jorgelina “Mimí” Leiva Ochoa, quien era hasta el momento la referente del pabellón, a la Comisión Provincial por la Memoria, luego de su aislamiento. Luego fue trasladada a otro penal.
Golpes y aislamiento sin explicación
Varias personas relataron haber recibido golpes durante el procedimiento. También les sacaron sus celulares por lo que quedaron incomunicadas. Permanecieron entre 3 y 4 días en esta situación en el sector de buzones. Algunas de ellas permanecieron de esta forma durante más días. En tanto, algunas de las personas que volvieron al pabellón permanecieron “engomadas”, es decir, aisladas durante todo el día en sus celdas. Actualmente ninguna de las personas detenidas está en esta situación.
También, “se ha interrumpido la provisión de medicamentos a personas que tienen afecciones crónicas y no se ha provisto de atención de salud a algunas que han visto afectada su salud por ser obligadas a permanecer semidesnudas en las celdas del sector de buzones. Señalan que se demoró más de un día la autoridad penitenciaria en permitir el ingreso de prendas a las celdas”, según denunció la CPM.
Denuncia penal
La Comisión presentó una denuncia penal para que se investigue lo ocurrido y un hábeas corpus para pedir el cese inmediato de esta situación y una especial medida de protección de las personas que lo padecieron para evitar represalias. En el caso interviene el Juzgado de Ejecución N° 2 de Azul, con asiento en General Alvear, a cargo de Adriana Bianco. La jueza ordenó medidas de prueba y una audiencia que tuvo lugar el lunes donde brindaron testimonio 15 personas detenidas. También ordenó la atención médica de todas las personas afectadas, la entrega de medicación que no les habían devuelto y que les reintegren sus pertenencias.
“Las personas que pasaron por eso están muy atemorizadas, temen por su vida, que la agredan. El servicio regula siempre a través de la violencia y este era un pabellón que se venía estructurando de esta manera hace muchos años. Estamos en contacto permanente con todas las personas detenidas para ver qué están necesitando”, compartió a esta agencia el abogado y psicólogo social Roberto Cipriano García, integrante de la CPM.
El Servicio Penitenciario Bonaerense fue consultado por Presentes para esta nota, pero hasta el momento no hubo respuesta.
Forma de tortura
La CPM reconoció que este hecho constituye una forma de tortura. “La utilización de aislamiento como técnica de gobierno penitenciario y las condiciones materiales en las que se desarrolla – falta de iluminación, de acceso al agua, presencia de humedad, déficit en los servicios sanitarios relvados, déficit en la alimentación, etc.,- constituye una forma de tortura y/o de trato cruel, inhumano o degradante prohibido en virtud del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye una violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales”, dice el hábeas corpus.
También destacaron que el procedimiento ocurrió sin explicación de parte de los agentes del servicio que justifique su accionar. “Esto último viola rotundamente el principio de legalidad en la ejecución de la pena despojando a las personas víctimas de la práctica de su derecho de defensa y confronta directamente con los límites expuestos a la arbitrariedad penitenciaria por la ley de ejecución penal”, subrayó.
Además consideró que el caso debe investigarse con perspectiva de género ya que “se ha constatado la existencia de un régimen de control diferenciado para las mujeres transgénero y las personas del colectivo LGBT alojadas en unidad penitenciaria que implica una práctica abusiva, gravemente lesiva de derechos y discriminatoria”.
Desde Otrans Argentina emitieron un comunicado en el que repudiaron la “violencia y el trato inhumano infligido por el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, a cargo del director de la Unidad, el prefecto Mayor Carlos Alberto Silva”. En él exigieron al gobierno provincial que se esclarezca la situación.
Asimismo consideraron que se trata de “un claro ejemplo de la política de ‘mano dura’ que se viene dando a nivel nacional, que busca disciplinar y castigar a quienes son considerados ‘diferentes’ o ‘disidentes’”.
Ambas organizaciones reconocieron que este hecho se enmarca en una emergencia penitenciaria y en una grave vulneración de derechos humanos en el ámbito de encierro punitivo.
En la cárcel por ser trans
En este sentido, el Informe Anual 2024 de la CPM registró más de 67 mil vulneraciones de derechos en el Servicio Penitenciario Bonaerense en 2023, de las cuales 50.430 correspondieron a hechos de tortura. Entre ellos, un 31,7% fueron falta o deficiente asistencia de la salud; un 27%, afectación del vínculo familiar y social; un 13,8%, malas condiciones materiales; un 11,4%, aislamientos; y un 4,1%, agresiones.
Por otra parte, la asociación Otrans publicó en 2019 un estudio exhaustivo sobre la situación de la población trans en cárceles. El informe constató que en las cárceles bonaerenses, el 82% no tenía antecedentes y entre quienes sí tenían, menos de la mitad contaba con condena. En tanto, el 70% de las personas entrevistadas privadas de su libertad eran extranjeras y en el ámbito federal, el 55%. A su vez, un 73% padecía alguna enfermedad en Buenos Aires. “Se observa unas condiciones que contribuyen al deterioro de la salud: la situación habitacional agrava los problemas y los paliativos a las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”, explica el informe.
General, Homofobia/ Transfobia.
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