La institución prepara un nuevo protocolo. La temática fue abordada en reunión del Movilh con el director nacional de la institución, Christian Alveal.

 Gendarmería de Chile está coordinando importantes pasos para garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género tanto a sus funcionarios, como a quienes cumplen condenas, destacó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

 El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que Gendarmería “se encuentra redactando un nuevo protocolo contra las exclusiones que afectan a las personas LGBTI y en especial a las personas trans, lo cual nos alegra”, señaló el dirigente Rolando Jiménez.

En efecto, en cita del Movilh con el director nacional de Gendarmería , Christian Alveal, y con las unidades Jurídica y de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la institución, se trató la elaboración de un nuevo protocolo “que ahora si garantizará respetar el nombre y sexo social de las personas trans, hubiesen o no rectificado su partida de nacimiento, así como internarlas en cárceles acordes a su género. Este es un gran avance”, apuntó Jiménez

Para la redacción del protocolo, trabajo que está en manos de la abogada de Gendarmería Alicia Salinero, se están estudiando experiencias nacionales y extranjeras, recogiendo opiniones de diversas instituciones y, muy particularmente, analizando de los recursos ganados por internos o funcionarios con el apoyo del Movilh en los últimos tres años. El más reciente, del pasado 5 de noviembre, tuvo lugar cuando la Corte Suprema exigió a Gendarmería respetar el género y la vida privada de una de sus funcionarias trans.

 “Valoramos el compromiso manifestado por el actual director nacional de afianzar avances previos; como lo es el derecho a venusterio de las parejas del mismo sexo, y generar nuevas transformaciones a favor de la igualdad. Del mismo modo, estamos muy entusiastas con el trabajo de la abogada Salinero, pues en conversación con ella, nos percatamos que se ha preocupado mucho de conocer a fondo la realidad de las personas trans”, finalizó Jiménez.

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El Movilh denunció la vulneración a la vida, a la salud, al bienestar y a la dignidad humana consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy a Gendarmería de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por torturar a internos LGBTI, los cuales son además repetidamente insultados en razón de su orientación sexual o identidad de género.

En concreto se denunciaron las agresiones que el pasado 11 de julio un grupo de gendarmes del Centro Penitenciario de La Serena propinó a la interna trans María del Pilar López Barrera y a otros cinco reclusos gays, algunos de los cuales quedaron con evidentes lesiones en su cuerpo, tras ser humillados por ser LGBTI y/o vivir con VIH. La situación fue tan dramática, que Gendarmería impidió que los reclusos enfermos accedieran a sus medicamentos.

En su denuncia el Movilh recordó que informes del Instituto Nacional de DDHH (INDH) han revelado situaciones indignas y precarias al interior del Centro Penitenciario de La Serena.

“Los baños del interior de la celda (de castigo) se encuentran en pésimas condiciones de higiene y salubridad, con el inodoro, lavatorio y ducha en mal funcionamiento. Por lo tanto, no hay disponibilidad de agua potable durante el periodo de encierro. Los aparatos no son limpiados con regularidad, tampoco existe basurero ni sistema de ventilación. Los baños presentan mal olor y marcas de humedad”, señala el INDH.

Añade que se han recibido denuncias de uso de gas pimienta contra internos/as, los cuales además han recibido “golpes de puño y/o pies por parte de gendarmes mientras permanecían castigados. Respecto a la posibilidad de contactarse con sus abogados/as, todos respondieron negativamente”.

Junto con solicitar una medida cautelar, el Movilh precisó que los hechos descritos vulneran el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

“Por otra parte, en cuanto a los obstáculos para acceder a la terapia antirretroviral para internos con VIH se configura una vulneración del artículo 5, pero también del derecho a la vida (artículo 4) y del Derecho a la preservación de la salud y al bienestar (articulo 10)”, finalizó la denuncia del Movilh.

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General, Homofobia/ Transfobia. Centro Penitenciario de La Serena, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Convención Americana de Derechos Humanos, Gendarmería, María del Pilar López Barrera

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General, Homofobia/ Transfobia. Boris Esteban Castillo Arriagada, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, Chile, Gendarmería, Gendarmería de Chile, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Torturas

“Siempre serás un hombre”, le gritan funcionarios de la institución, además de golpearla, lanzarle gas y desnudarla frente a terceros para que vean sus genitales. El nuevo atropello se conoce a días de que un interno se suicidara en La Serena tras abusos homofóbicos de gendarmes.

Una mujer trans, K.M.P (31 años) ha sufrido constantes torturas en razón de su identidad de género en manos de funcionarios/as del Centro Penitenciario Acha Arica, denunció con angustia la madre de la víctima al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El nuevo abuso es conocido a solo 4 días de que el interno Boris Esteban Castillo Arriagada (23) se suicidara en el Complejo Penitenciario de La Serena, tras recibir constantes abusos en razón de su orientación sexual en manos de gendarmes, atropellos que el Movilh había denunciado en junio del 2020 a la institución, sin que se adoptaran las medidas necesarias para protegerlo.

En esta oportunidad, la madre de K.M.P. relató que desde noviembre del 2020 su hija ha visto vulnerados sus derechos en razón de su identidad de género en manos del funcionario de Gendarmería, Hugo Martínez, y de la paramédico Claudia Claveles.

Mi hija “está siendo violentada psicológica y físicamente por su identidad de género, al extremo que la hacen desnudarse ante varios miembros del recinto para decir y “demostrar” que es  “un hombre”. Le están haciendo mucho daño”, precisó la madre.

Además, de acuerdo a la denuncia, la mujer ha recibido golpizas, le han lanzado gases, la ofenden con frases transfóbicas, la desnudas para que otros/as vean sus genitales y le niegan el acceso a las hormonas para el tratamiento de cambio corporal.

Por todos estos hechos, el pasado 25 de enero, la madre de K.M.P, visitó de urgencia a su hija, percatándose de su grave estado de salud, por lo que dos días más tarde se reunió con el alcaide el Centro Penitenciario.

“En tal ocasión, la madre le dio a conocer las agresiones de que habían sido víctima su hija, pero la respuesta del Alcaide fue que la interna se portaba un poco mal. Es decir, justificó de cierta manera los actos denunciados. Asimismo, luego de la visita de la madre a dicha reunión, la interna  le comentó que sufrió nuevos malos tratos por parte del gendarme Sr. Martínez, a modo de represalia”, señaló la abogada del Movilh, en misivas dirigidas al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez,  y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.

“Las situaciones que están ocurriendo en Gendarmería son alarmantes y pese a que las venimos denunciando de manera periódica hace unos cuatro años, nada cambia al interior de la Institución. Cuando denunciamos estos abusos, llegamos a acuerdos que no se cumplen, en otras ocasiones no responden correos y/o no adoptan la medida más básicas que solicitamos: investigar las denuncias por abusos homo/transfóbicos por personas no vinculadas con las víctimas, ni con los victimarios, ni tampoco con el recinto donde ocurren a los atropellos. Esto es lo que más teme o se niega Gendarmería, cuando sería la una de las pocas herramientas que ayudarían a dar con la verdad y hacer justicia”, señaló el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

Por lo expuesto “desde ahora en adelante el Movilh ya no comunicará de estos y otros casos solo a Gendarmería, sino que al mismo tiempo solicitaremos la intervención del INDH, a objeto de prevenir y erradicar la homo/transfobia tan arraigada en una Institución y frente a lo cual el Ministerio de Justicia y su Subsecretaría de Derechos Humanos guardan total silencio”, finalizó Rementería.

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General, Homofobia/ Transfobia. Centro Penitenciario Acha Arica, Chile, Claudia Claveles, Gendarmería, Hugo Martínez, MOVILH, Óscar Rementería, Personas trans

Tras recurso presentado por el Movilh, el fallo obliga a Gendarmería a respetar el nombre y sexo social de una de sus trabajadoras, así como a mantener en reserva su identidad legal.

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió una apelación presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra Gendarmería de Chile por negarse a respetar el nombre y sexo social de una funcionaria trans, siendo el fallo el primero del máximo tribunal en hacer referencia a la Ley de Identidad de Género.

“Gendarmería se había negado a respetar el nombre social en la casilla electrónica de una de sus trabajadoras, así como a mantener en reserva frente a otros funcionarios la identidad legal asignada al nacer, argumentando que ello no era discriminatorio, ni vulneraba ningún derecho. En primera instancia la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó nuestro recurso de protección. Apelamos basándonos en la Ley de Identidad de Género (LIG), y felizmente ganamos en la Suprema. Esto sienta un importante precedente. Esto sienta un importante precedente ya que establece que no es posible ampararse en la falta de dictación de un reglamento, para desatender el mandato constitucional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la dignidad”, sostuvo la abogada del Movilh, Paz Becerra.

El fallo fue pronunciado por los ministros de la Tercera Sala de esta Corte Suprema Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Carlos Aránguiz y el abogado integrante Pedro Pierry.

El artículo 4 de la LIG “reconoce garantías asociadas al goce y ejercicio del derecho a la identidad de género, entre las que se encuentran el reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género, a ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad y al libre desarrollo de su persona”, señaló el fallo.

En tal sentido, añadió la sentencia, no puede desatenderse “el mandato constitucional en orden a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la dignidad de toda persona y asegurar el respeto de sus derechos en plenitud, entre los que se encuentra el ser tratada socialmente de acuerdo con su convicción personal e interna, de ser hombre o mujer, tal y como la persona se percibe a sí misma”.

La Suprema redondeó que no existe “impedimento legal para asignar a la recurrente una casilla electrónica con el nombre de usuario que se avenga de mejor manera a su identidad de género, circunstancia que no obsta a dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 18.834, pues el correo electrónico institucional no se encuentra dentro de los documentos cuya individualidad debe coincidir necesariamente con el nombre registrado en la cédula de identidad respectiva”.

Agregó que “tampoco resulta suficiente argumentación, aquélla esbozada por la recurrida para rechazar lo solicitado por la actora en cuanto a tomar todas las medidas necesarias en orden a que el resto de los funcionarios de la institución no tenga acceso a sus registros personales, desde que el mantener en reserva su hoja de vida resulta una medida adecuada para resguardar el derecho a la protección de la vida privada de la recurrente, frente a posibles actos discriminatorios”.

La Suprema sentenció además que Gendarmería incurrió en un “acto arbitrario que afecta la integridad psíquica de la recurrente y el derecho a la protección de su vida privada, protegido por el artículo 19 N° 1 y 4 de la Carta Fundamental (…) La autoridad recurrida, pudiendo hacerlo, no adoptó las medidas necesarias en resguardo a su derecho de ser tratada socialmente de acuerdo a su convicción interna de ser mujer, tal y como se percibe a sí misma, lo que afecta su integridad psíquica y su derecho a la protección a su vida privada, al mantener sus antecedentes personales al alcance de los demás funcionarios de la institución”.

El fallo previno, por último, que el ministro Aránguiz y el abogado Pierry, estuvieron por mantener en reserva los antecedentes legales de la mujer trans, pero en contra de que el correo electrónico respetara su nombre social.

Con el fallo de la Suprema se revocó una sentencia que el pasado 11 de julio habían dictado los ministros de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Rivera Muñoz, Bárbara Quintana Letelier y el abogado integrante José Luis López Reitze, quienes habían rechazado el recurso de protección presentado por el Movilh.

Sentencia completa aquí

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En el recurso patrocinado por el Movilh se alega que Gendarmería se niega a incluir el nombre y sexo social de las personas trans en correos electrónicos y registros internos que están a la vista de otras personas, violentando así la Ley Zamudio.

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una funcionaria administrativa de Gendarmería presentó un recurso de protección contra la institución por negarse a respetar su nombre y sexo social.

La abogada del Movilh, Paz Becerra, precisó que en febrero pasado la trabajadora comunicó a la institución su transexualidad y comenzó a adecuar su estética a la identidad de género que la representa, lo cual derivó en “actitudes y comentarios transfóbicos en su contra, provenientes de algunas jefaturas y de compañeros de trabajo”.

En virtud de ello, el Movilh solicitó por escrito a Gendarmería que investigara los acosos transfóbicos, que capacitara a todos sus funcionarios en diversidad sexual sexual y de género y que adoptara las medidas necesarias para respetar el nombre y sexo social de la trabajadora.

Si bien Gendarmería accedió a buena parte de las demandas, se negó a que el nombre y sexo social de la trabajadora fuesen respetados en el corree electrónico y los registro internos a los cuales tienen acceso otros funcionarios, argumentando que para ello la mujer debía primero cambiar su identidad legal.

La abogada Becerra precisó que tal exigencia es “arbitraria e ilegal”, pues contraviene la no discriminación por identidad de género garantizada en la Ley Zamudio, así como diversos fallos de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans, hubiesen o no cambiado su identidad legal.

De igual manera, apuntó la abogada en el recurso, con su actuar Gendarmería violentó diversos principios constitucionales; como son el derecho la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley, además de transgredir la Convención Americana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que “doblemente repudiable es que en los últimos dos años Gendarmería de Chile ha sido obligada una docena de veces por tribunales a respetar el nombre y sexo social de las y los internos trans. Con lo ocurrido ahora a una de sus trabajadores, es claro que esta institución nada ha entendido de los fallos de los tribunales y, por el contrario, persiste con su tradicional, peligrosa y perjudicial transfobia”.

Por todo, “esperamos un fallo favorable y que de una vez por todas Gendarmería respete los derechos humanos de sus trabajadores/as y de los internos/as”, finalizó el Movilh.

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Tras reunión del Movilh con la Comisión. También será citado el INDH y se oficiará al Ministerio de Salud.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Carmen Hertz (en la fotografía), acordó ayer citar al ministro de Justicia, Hernán Larraín y a la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, a raíz de los continuos abusos, torturas y discriminaciones en razón de su orientación sexual e identidad de género que están padeciendo internos/as LGBTI en distintos recintos penitenciarios del país.

La medida se adoptó ayer luego de que el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiéménez, expusiera ante la Comisión detalles de todos los abusos ocurridos en los últimos tres año, pese a existir siete fallos de tribunales que obligan a Gendarmería a terminar con los atropellos y a garantizar un trato libre de discriminación a los reclusos LGBTI.

El hecho más reciente está afectando a internos trans y gays del Centro Penitenciario de La Serena, y en particular, a la reclusa María del Pilar López Barrera, quien han sido discriminada y torturada en diversos penales del país debido a sus denuncias ante tribunales.

En gran parte de estos graves hechos “ha debido intervenir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que también serán citado al Congreso Nacional para conocer su versión de los hechos. De igual manera la Comisión de DDHH de la Cámara oficiará al Ministerio de Salud para que se garantice el tratamiento sobre VIH/SIDA en las cárceles, pues varios reclusos son impedidos de estos derechos en represalia a sus denuncias”, finalizó Jiménez.

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Los obligan a desnudarse y a ejecutar sentadillas, además de ofenderlos en razón de su identidad y orientación sexual. En un poco más de un año tribunales han dictado 8 fallos contra Gendarmería por torturas, discriminación y abusos a internos LGBTI.

Un nuevo caso de discriminación y abusos por parte de Gendarmería de Chile ha quedado al descubierto luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentara un recurso a favor de una interna trans y su pareja, ambos recluidos en el Centro Penitenciario de La Serena, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Los hechos afectaron a la interna trans P.M.O.L y a su pareja, B.E.C.A, quienes el pasado 26 de diciembre fueron insultados por 7 gendarmes, entre esos los identificados como “Mayor Navarrete” y “Mayor Bandera”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “sin razón alguna el Mayor Navarrete obligó a P.M.O.L a desnudarse y A efectuar sentadillas, pese a que la Corte Suprema ha sido clara en indicar que estos actos son ilegales y que las internas trans merecen ser tratadas como mujeres, debiendo sólo ser desnudadas por personal femenino y en casos muy excepcionales de seguridad”

Junto a ello, el gendarme indicó a P.M.L.O que era un “caballo culiao. Sácate la ropa no ma. Al final igual eres hombre y nosotros mandamos acá”.

Cuando B.E.C.A indicó al gendarme que estaba cometiendo una ilegalidad, los abusos siguieron, pues también lo obligaron a desnudarse y a efectuar sentadillas, además de amenazarlo. “Mira hijo de perra yo tengo perros matones arriba (otros módulos). Te voy a mandar a detonar”, dijo el gendarme.

En el recurso de amparo contra el director Regional de Gendarmería, Víctor Vera Bustos, se alegó que los abusos descritos violentan la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, en particular porque privan del derecho a la libertad personal, la seguridad individual y la integridad psicológica.

Por estos y otros hechos el Movilh se reunió ayer con el subdirector nacional técnico de Gendarmería Alejandro Arévalo, a quien “le expresamos nuestro malestar y preocupación por los abusos. Lamentablemente esta institución no garantiza derechos humanos básicos, ha sido responsable de torturas, discriminación y tratos crueles. Esperamos que esta vez tengan la decencia de dar de baja a los responsables”, dijo Jiménez.

Por último el dirigente del Movilh recordó que en un poco más de un año ha habido 8 fallos de tribunales, entre esos dos de la Corte Suprema, que han confirmado brutales abusos contra los internos LGBTI y han acogido los recursos de amparo, además de obligar a Gendarmería a implementar medidas que “todo indica la institución no está cumpliendo, pues no respeta la identidad de género, ni la orientación sexual de las personas, siendo sus actos permanentemente ilegales”.

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General, Homofobia/ Transfobia. Abusos, Alejandro Arévalo, Centro Penitenciario de La Serena, Chile, Gendarmería de Chile, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), MOVILH, Rolando Jiménez, Víctor Vera Bustos, “Mayor Bandera”, “Mayor Navarrete”

La afectada ha sido víctima de torturas por su identidad de género, así como de represalias por los 6 juicios que ha ganado a Gendarmería en distintas cortes. La interna denunció además que le fue negado su derecho a contraer la unión civil.

La interna María del Pilar López, quien en la actualidad cumple su pena en la Cárcel de La Serena, acusó a los abusos de funcionarios de Gendarmería de seguir sometiéndola a abusos y atropellos, pese a haber ganado 6 fallos en tribunales debido a torturas, discriminación y represalias.

En contacto con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) la afectada denunció que Gendarmería no respeta su nombre y sexo social, le niega medicamentos para enfrentar diversas enfermedades, la ha sancionado en tres ocasiones por faltas disciplinarias que nunca le han informado y le impidieron contraer el Acuerdo de Unión Civil (AUC) con su pareja.

Con anterioridad, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción (8 de marzo del 2016), la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique (29 de julio y 9 de diciembre del 2016), el Juzgado de Garantía de Antofagasta (25 de enero 2017), más dos fallos de Suprema (marzo y mayo del 2017) habían confirmado los abusos y torturas contra López, exigiendo a Gendarmería variadas medidas.

“Entre otros, se exigió a Gendarmería respetar el nombre y sexo social de López, erradicar toda forma de discriminación o abuso basado en la identidad de género y capacitar a los funcionarios de los penales involucrados en temáticas de diversidad sexual y de género. Pues bien nada de ello ha ocurrido, lo cual es de gravedad extrema, en particular porque algunos de estos fallos fueron dictados hace más de un año.”, señaló el Movilh.

“En 5 oportunidades López ha denunciado que no se cumplen los fallos y en todas las ocasiones los tribunales han dado la razón a la interna, la cual ha debido ser traslada a penales de diversas regiones para supuestamente prevenir abusos, pero estos siguen ocurriendo”, explicó el Movilh.

En virtud de lo expuesto, el Movilh comunicó los nuevos antecedentes al Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, de manera que los abusos cesen en breve y se cumplan los fallos de tribunales. “En paralelo, estamos analizando que nuevas acciones cursar, entre esas la denuncia a órganos internacionales”, puntualizó el Movilh

Por segunda vez en menos de tres meses la Corte Suprema sanciona a Gendarmería por abusos contra personas trans

Gendarmería se opuso a dar un trato libre de discriminación a tres internas transexuales, luego de menoscabarlas y golpearlas por su identidad de género en el Centro Penitenciario de Antofagasta. “Es la sexta sanción de tribunales contra la institución en menos de un año”, acusó el Movilh.

La Tercera Sala de la Corte Suprema exigió por segunda vez en menos de tres meses a Gendarmería que respete los derechos humanos básicos de las personas transexuales, luego de nuevos abusos contra reclusas del Centro Penal Penitenciario de Antofagasta, informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El fallo contra Gendarmería y a favor de las internas María López Becerra, Susana Orellana Orellana y Camila Palma Villarroel fue dictado por los/as ministros/as Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Valderrama, quienes confirmaron una sentencia de la Corte de Antofagasta, rechazando así la apelación. Leer más…

General, Homofobia/ Transfobia. Antofagasta, Camila Palma Villarroel, Cárcel de La Serena, Carlos Aránguiz, Homofobia/Transfobia, Manuel Valderrama, María del Pilar López, María Eugenia Sandoval, María López Becerra, Rolando Jiménez, Rosa Egnem, Sergio Muñoz, Susana Orellana Orellana, Transexual, Transexualidad

Movilh y Fundación Iguales lamentan muerte de Piñera: “Jugó un rol crucial en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+”

Hispanoamérica lamenta la muerte de Sebastián Piñera: “Estaba comprometido con los valores de la libertad”.
Gobernantes y exmandatarios de la región y el presidente del Gobierno español lamentan el fallecimiento del expresidente de Chile

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó hace instantes la muerte del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Su fallecimiento se produjo en la tarde de este martes 6 de febrero, a raíz de un accidente en que el helicóptero del ex mandatario capotó a orillas del Lago Ranco, en la región de Los Ríos. Tenía 74 años de edad.

El Gobierno anunció que se decreta duelo nacional por tres días y se realizará un Funeral de Estado. Su velorio se llevará a cabo en el edificio del ex Congreso en Santiago.

La noticia de la muerte del ex Presidente de la República ha generado diferentes reacciones en Chile y el mundo.

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia, cercanos y a quienes fueron parte de los dos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera Echenique. En especial, hago llegar un abrazo cariñoso y fraterno a su esposa, Cecilia Morel, a sus hijos, Magdalena, Cecilia,… pic.twitter.com/kFWXtqwjYT

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 6, 2024

Consternado por la trágica muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera.

Mis condolencias a su familia y amigos, así como al Gobierno y a todo el pueblo chileno.

Durante su mandato, estrechamos los lazos entre nuestros dos países y juntos hicimos posible la COP 25 en un…

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 6, 2024

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El Movilh recibe con dolor su partida, expresa condolencias a sus seres queridos y destaca los pioneros aportes de Piñera para la promoción y defensa de los derechos humanos LGBTQ+, como fueron la Ley Zamudio y el matrimonio igualitario, entre otros. El Movilh publica listado de su legado en torno a los derechos LGBTIQ+

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresa su más profundo dolor por el fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera, quien gobernó Chile en dos ocasiones,  entre el 2010 y el 2014 y entre el 2018 y el 2022.

Nuestra organización recibe con profunda tristeza el fallecimiento del ex mandatario, quien jugó un rol crucial, protagónico, y también pionero para un mandatario, en lo referente a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales.

Presenciamos una tragedia de Estado que enluta a Chile. Expresamos nuestras condolencias a su compañera de toda una vida, Cecilia Morel, a su hijos/as, y a cada uno de sus seres queridos.

Esta partida nos impacta especialmente.

El ex presidente Piñera junto impulsar leyes y políticas públicas pioneras a favor de los derechos LGBTIQ+, dio un trato igualitario, respetuoso y gentil a organizaciones independientes como la nuestra, sin jamás condicionar la autonomía del movimiento social y poniendo siempre por delante de ello a las causas que personas o instituciones impulsan para el beneficio de Chile, fueran quienes fueran sus gestores. No había espacio para el sectarismo, sí para una visión de Estado que fue histórica para los derechos LGBTIQ+

En efecto, Piñera fue el primer presidente en el ejercicio de su cargo que recibió al movimiento de la diversidad sexual y de género y a víctimas de la homo/transfobia,

Bajo sus gestiones, y con el impulso de su gobierno, fueron aprobadas la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario, mientras que su administración envió al Congreso Nacional el Acuerdo de Unión Civil, el cual luego se transformó en ley.

A esto se suman políticas públicas pioneras. Ejemplos son aquellas que: regularon el cambio corporal de las personas trans, obligaron a los recintos de salud a respetar la identidad de género, eliminaron las prohibiciones a gays para donar sangre e  incluyeron consultas sobre diversidad sexual en el Censo,  en la Encuesta Nacional de la Juventud y en la Casen, además de implementarse las primeras medidas educacionales que hablaron abiertamente de orientación sexual e identidad de género en textos oficiales del Mineduc.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del ex presidente Sebastián Pinera, el primer mandatario de Chile que se reunió con víctimas de la homo/transfobia e impulsó leyes y políticas públicas pioneras para derechos LGBTIQ+. Nuestras sinceras condolencias https://t.co/QQ57DcBUUE pic.twitter.com/7wRQ99wY8k

— Movilh Chile (@Movilh) February 6, 2024

A continuación el Movilh publica los históricos avances que registraron los derechos LGBTQ+ bajo los dos gobiernos de Piñera

Primer Gobierno de Piñera

2010: Gendarmería termina con las prohibiciones a parejas del mismo sexo para acceder al derecho de venusterio.

2010: Por primera vez un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, se compromete públicamente a crear una ley que regule las uniones de hecho para parejas compuestas por personas de igual o distinto sexo.

2010: El Ministerio de Educación lanza un Reglamento de Convivencia Escolar para prevenir y enfrentar la violencia en las aulas, mencionando a la no discriminación por orientación sexual

2011: Por iniciativa gubernamental ingresa al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre uniones civiles. Fue aprobado en 2015.

2011: El gobierno crea la primera Mesa de Diálogo sobre Diversidad Sexual y de Género, que reúne a sus funcionarios/as con organizaciones LGBTQ+ y parlamentarios/as. Los Gobiernos siguientes siguieron generando mesas similares.

2011: Por primera vez en la historia un Presidente de la República se reúne con organizaciones de la diversidad sexual y de género.

2011: El Gobierno aprueba la “Vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género”, el primer protocolo que regula a nivel nacional este tipo de procedimientos.

2011: El Ministerio de Salud aprueba la circular número 34, mediante la cual se obliga a todos los centros asistenciales a tratar a las personas trans por su género y nombre social. La circular fue actualizada el año 2012, por la número 21

2011: Por primera vez agentes gubernamentales y el movimiento de la diversidad sexual y de género realizan una campaña conjunta para promover los derechos de las personas trans.

2011: El Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía incluyen una consulta sobre los convivientes del mismo sexo en el Censo 2012.

2012: Con impulso gubernamental es aprobada y promulgada la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, incluyendo como categorías protegidas a la orientación sexual y a la identidad. de género.

2012: Por primera vez un presidente de la República se reúne con víctimas de la homo/transfobia.

2012: Es derogado el Reglamento de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas DNL928, el cual asociaba a las diversidades con “perversiones sexuales”.

2012: Por primera vez en la historia del país un presidente de la República menciona a una víctima de la homo/transfobia en su mensaje anual ante el Congreso Nacional e invita al mismo al movimiento de la diversidad sexual y de género.

2012: La Comandancia en Jefe del Ejército pide disculpas por la discriminación a las personas LGBTIQ+.

2012: Los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las Policías modifican y derogan todo reglamento interno de corte homo/transfóbico.

2013: La Encuesta Nacional de la Juventud del Injuv incluye por primera vez una consulta sobre la orientación sexual.

2013: La “Norma General Técnica que regula el procedimiento de atención a donantes de sangre” del Minsal termina con las homofóbicas reglas que impedían a las personas donar sólo por ser homo/bisexuales.

2013: Gendarmería elimina toda norma interna que violente la Ley Zamudio y firma un convenio para que los/as reclusos/as LGBTIQ+ cumplan sus penas alternativas con trabajo anti-discriminatorio.

2013: La guía académica “Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial”, incluye los derechos de la diversidad sexual y de género en sus contenidos de formación de Carabineros.

2013: El Ministerio del Interior lanza la primera política estatal de apoyo a víctimas LGBTIQ+ de la violencia homo/transfóbico, la cual se han mantenido vigente en los futuros gobiernos.

2013: Por primera vez un Gobierno aplica una consulta ciudadana exclusiva sobre discriminación, incluyendo preguntas sobre la diversidad sexual y de género

2013: El Mineduc lanza el texto “Discriminación en el contexto escolar, orientaciones para promover una escuela inclusiva”, el primer documento oficial que habla claramente sobre la diversidad sexual y de género, de las familias homoparentales y recomienda medidas para enfrentar la homo/transfobia y otras formas de discriminación en las aulas.

2013: El Ministerio de Salud oficializa que no hay ningún impedimento para que los procesos de readecuación corporal de las personas trans sean cubiertos por Fonasa.

2014: Con respaldo gubernamental y municipal es inaugurado el Primer Memorial por la Diversidad en el Cementerio General, el segundo monumento nacional sobre derechos LGBTQ+.

Segundo Gobierno de Piñera

2018: Con impulso gubernamental es aprobada y promulgada la Ley 21.120 sobre de Identidad de género.

2018: Es aprobada la Ley 21.091 que garantiza, por iniciativa gubernamental y parlamentaria,, la no discriminación en la educación superior.

2018: El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) pone en funcionamiento medidas para respetar el nombre y sexo legal de las personas trans durante los procesos de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

2018: Con apoyo gubernamental, el Movimiento LGBTIQ+ instala en el histórico Cerro Santa Lucía un Monumento por los Derechos LGBTIQ+, el tercero del país.

2019: La Encuesta Nacional de la Juventud consulta por primera vez sobre identidad de Género.

2019: El Ministerio de Desarrollo Social y la Familia lanza una circular que garantiza la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en los programas estatales para personas sin casa o en situación de calle.

2019: La Superintendencia de Salud lanza la circular 336 que prohíbe expresamente a todas las Isapres patologizar a las personas trans.

2020: El Congreso Nacional aprueba la Ley de Migración y Extranjería incorporando por iniciativa parlamentaria y gubernamental a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas

2020: La Superintendencia de Fondos de Seguros Previsionales y de Salud obliga a una Isapre a otorgar cobertura de fertilización asistida a una mujer lesbiana, tras negarse a ello por razones homofóbicas.

2020: Gendarmería aprueba un protocolo que resume los derechos de internos/as, visitantes y funcionarios/as trans establecidos en la ley y en fallos que condenaron a la entidad, reiterando que las personas deben quedar recluidas en cárceles acordes a la identidad de género.

2020: El Departamento de Extranjería lanza la circular 32 que respeta los derechos de personas migrantes trans.

2020: La Dirección del Trabajo emite el instructivo 3088/032 que esta vez  resume lo señalado en dictámenes previos, así como lo indicado en la Ley de Identidad de Género.

2021: Con impulso gubernamental es aprobada y promulgada la ley de matrimonio igualitario 21.400.

2021: Por iniciativa parlamentaria y gubernamental es  aprobada la Ley 21.331 sobre Salud Mental que prohíbe todo diagnóstico médico basado en la orientación sexual o la identidad de género, cerrándose la puerta a las terapias reparativas de la homo/transexualidad.

2021: La Superintendencia de Educación lanza la circular 812 sobre derechos de estudiantes trans, actualizado con ello  la circular 768 del año 2017.

2021: El Sename publica su primera “Política para el abordaje de la diversidad sexual y de género en niñas, niños y adolescentes (NNA)»

2022:  Es aprobada la Ley 21. 430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la cual incorpora por iniciativa parlamentaria y gubernamental a la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas.

2022: El dictamen 147 de la Dirección del Trabajo garantiza y aclara que los derechos consagrados en la Ley de Matrimonio a las madres son también aplicables a los hombres trans gestantes.

Fuente MOVILH

Fundación Iguales: “Recordamos su compromiso”

Por su parte, la Fundación Iguales -fundada por Luis Larraín- también se sumó a las condolencias a su familia por el fallecimiento del exjefe de Estado.

“Recordamos su compromiso con la promulgación de la ley antidiscriminación, de identidad de género y la consolidación del Mat. Igualitario”, escribieron a través de su cuenta de X (antes Twitter)”.

Nuestras condolencias a la familia del Expdte. Sebastián Piñera por su sensible fallecimiento. Recordamos su compromiso con la promulgación de la ley antidiscriminación, de identidad de género y la consolidación del Mat. Igualitario; logros históricos para la comunidad LGBTIQA+.

— Fundación Iguales (@IgualesChile) February 6, 2024

La organización catalogó todas esas medidas como “logros históricos para la comunidad LGBTIQA+”.

Fundación Iguales

General, Historia LGTBI Accidente, Acuerdo de Unión Civil, Chile, Derechos LGTBIQ+, Fundación Iguales, Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley Zamudio, MOVILH, Sebastián Piñera

Un total de 1.046 casos de discriminación contra las personas LGBTIQANB+ hubo en Chile, un 6,1% menos que el año precedente. El 2022 fue calificado como “el año de la igualdad legal”, pues tras la derogación del artículo 365 del Código Penal ya no existe ninguna norma que sancione a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género,  a lo cual se añadió una condena internacional contra Chile por lesbofobia. (Pincha en las fotografías para agrandarlas)

Un 6,1% bajaron en Chile las denuncias y casos por discriminación contra las personas LGBTIQANB+, ascendiendo a 1.046 los atropellos homo/transfóbicos, aunque lamentablemente aumentaron los crímenes de odio, reportó el XXI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El informe calificó al 2022 como el año de la “igualdad legal”, pues se eliminó del ordenamiento jurídico la única ley vigente que sancionaba a las personas en razón de su orientación sexual, el artículo 365 del Código Penal, en un contexto donde se registraron otros 35 hitos favorables a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, asexuales, no binarias y otros (LGBTIQANB+), destacando un buen desempeño de los poderes Legislativo y Judicial que permitieron concretar demandas históricas del movimiento social.

“En términos generales y transversales dos elementos explican la merma general de los casos y denuncias por discriminación”, explicó el informe.

“Por un lado, la existencia de 18 leyes que protegen a las personas LGBTIQANB+ de las exclusiones sumada a la ausencia de normas que estigmaticen o sancionen  en razón de la orientación sexual o identidad de género, están haciendo efecto y presión en los sectores que persisten en discriminar, así como contribuyendo a profundizar el cambio cultural a favor de la igualdad y la inclusión que en las últimas tres décadas siempre ha venido en ascenso”, señaló la investigación.

“La entrada en vigencia en 2022 de la  Ley de Matrimonio Igualitario, la norma más resistida por los sectores homo/transfóbicos; y la derogación de la última ley homofóbica; el artículo 365 del Código Penal, aparecen como resúmenes o símbolos incontrarrestables de que el Estado; al menos en lo formal y en el discurso; ya no tolera la discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo que  impacta directamente en toda la ciudadanía y, en particular, en quienes son homo/transfóbicos”, indica el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los 1.046 atropellos a los derechos humanos de la personas LGBTIQANB+ se dividen en 6 asesinatos; 40 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos para las víctimas; 3 atropellos policiales y/o detenciones arbitrarias, 78 discriminaciones  laborales y 52  educacionales,  22 campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, 246 episodios de discriminación institucional, 56 ataques o marginaciones en el espacio público o privado,  137 agresiones comunitarias (familia, amigos, vecinos), 405 discursos de odio y 1 abuso en el campo de  los medios, la cultura y el espectáculo.

De las 11 categorías de discriminación en 4 bajaron las denuncia o casos, en 5 aumentaron y en 1; la referente a abusos en medios, culturas y espectáculo; no hubo variaciones.

Encabezan el alza de denuncias los atropellos ocurridos en el sistema educacional, con un 333%, seguido  por los asesinatos (+100%), las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas (+54%), los discursos de odio (31%), la marginación y/o ataques en el espacio público o privado (+1,8%) y las exclusiones o agresiones comunitarias (familia, vecinos, amigos (+1,4%).

La mayor baja, en tanto, se produjo en los atropellos policiales y/o detenciones arbitrarias (-75%), seguido por las agresiones físicas o verbales propinadas por desconocidos (-48.7%),  la discriminación o intentos de exclusión institucional (-37%) y los abusos laborales (-26,4%).

Especialmente preocupantes son los 6 crímenes de odio del 2022; la cifra más alta que se tiene registro y solo igualada por el 2020.

El 38% de los casos de discriminación del 2022 afectó a todas las personas LGBTIQANB+, sin distinción, mientras que el 13% dañó exclusivamente a  lesbianas; el 19% a gays y el 30% a trans.

En lo referente a gays  o lesbianas, los casos o denuncias de discriminación mermaron un 4% y un 8% en comparación al 2021, en forma respectiva, y los atropellos a la diversidad sexual y de género como conjunto decrecieron un 36% en el mismo período.

“Solo en  el caso de la población trans hubo un aumento del 145% de los episodios y denuncias por discriminación, alza explicable por temas muy puntuales. Del total de abusos, 104 fueron reacciones de odio contra la actriz Daniela Vega luego de que fuera considerada una de las mujeres más influyentes por parte de Forbes Chile, mientras 118 ocurrieron al interior del Congreso Nacional cuando algunas autorizades rechazaron la discusión de dos proyectos de resolución (ambos aprobados) y un proyecto de ley (aún en trámite) que apuntan a mermar la transfobia en el campo de salud”, señala la investigación.

Responsables de lo abusos

Un total de 48 instituciones y 767 personas fueron las victimarias o responsables de los atropellos conocidos en 2022.

A nivel institucional el Ranking Anual de la Homo/Transfobia es encabezado por el Partido Republicano, seguido por la UDI, el Partido de la Gente, Gendarmería, el Registro Civil, el Hospital Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, de Concepción, el Hospital de Carabineros, el Colegio Alemán de Villa Alemana, Colegio Católico Santa Teresa de Quilpué, la Escuela Premilitar Héroes de la Concepción, de La Cisterna, el  Liceo Bicentenario Domingo Ortiz de Rozas de Illapel, Carabineros, Walmart y Cencosud, entre otros.

En tanto, a nivel de personas el Ranking es encabezado por los asesinos/as de personas LGBTIQANB+, seguido por los/as senadores/as Carmen Gloria Aravena (IND), Juan Castro Prieto (INP),  Rojo Edwards Silva (Republicano), David Sandoval Plaza (UDI) y Francisco Chahuán Chahuán (RN) y por los/as diputados/as UDI Sergio Bobadilla Muñoz, Renzo Trisotti Martínez y  Flor Weisse Novoa; los/as republicanos/as Cristián Araya Lerdo de Tejada, Chiara Barchiesi Chávez, Juan Irarrázaval Rossel, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen y Cristóbal Urruticoechea Ríos;  los/as  independientes Gonzalo De la Carrera Correa, Harry Jürgensen Rundshagen , Francesca Muñoz González Gloria Naveillan Arriagada y Leonidas Romero Sáez, más  Karen Medina Vásquez (Partido de la Gente) y Sara Concha Smith (Partido Conservador Cristiano), entre otros/as.

Distribución geográfica: preocupación por Valparaíso y desplazamiento de abusos a redes sociales

Las regiones que concentraron la mayor cantidad de casos o denuncias por discriminación en 2022 fueron Valparaíso (29,92%), Metropolitana (18,64%) y, muy por debajo, Biobío (1,81%), a la cual le siguieron O`Higgins (1,33%), Los Lagos (1,14%),  Maule (1,24%), Antofagasta (0,95%), Araucanía (0.95%), Los Ríos (0.76%), Magallanes (0.66%), Arica y Parinacota (0,47%), Ñuble (0,47%), Tarapacá (0,47%), Aysén (0,19%) y Atacama (0,09%).

En 5 de las 16 regiones del país subieron las denuncias o casos de discriminación y en 9 bajaron, mientras en 2; la Metropolitana y La Araucanía, no hubo variaciones.

Las alzas tuvieron lugar en Los Ríos (+100%), Aysén (+100%), O`Higgins (+40%),  Arica (+25%) y Magallanes (+16%) y las bajas en Atacama (-90,9%),  Tarapacá (-44%), Biobío (-36,6%), Maule (-35%), Coquimbo (-34,7%), Valparaíso  (-22,9%), Los Lagos (-20%) Antofagasta (-16%) y Ñuble (-16%)

Si bien “los atropellos contra las personas LGBTIQANB+ son menos,  los delitos son cada más graves y virulentos, siendo Valparaíso la región donde más queda claro ello: 3 de los 6 asesinatos del 2022 ocurrieron en dicha región. Los otros tres se distribuyeron entre Tarapacá, Santiago y Los Lagos”, indica el estudio.

En 2022, del total de casos de discriminación, el 39% tuvieron lugar en redes sociales; y en menor medida en medios de comunicación de alcance nacional, mientras que en 2021 esa cifra era del 31% y en 2020 del 26%.

Inédita condena y sentencias pioneras

En 2022, la Corte Interamericana de DDHH condenó a Chile por impedir desde el 2007 a la docente Sandra Pavez dictar clases en Chile solo por ser lesbianas,  “en lo que se constituyó en una sentencia sin referentes, al menos en América, pues vino a enfrentar al mismo tiempo la homofobia religiosa y estatal”, resalta el informe.

En el terreno legislativo, junto a la derogación 365 del Código Penal, en 2022 fueron aprobadas otras cuatro nuevas normas.  La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los derechos de la Niñez y la Adolescencia, la más progresista en temas de infancia y diversidad; la que crea el Día Nacional de la Diversidad, la que establece el Día por la Inclusión y la no Discriminación y la Ley 21.500 sobre Personas Desaparecidas.

A su vez, el Poder judicial “obligó al Registro Civil a reconocer el género no binario; tras tozudas negativas de esa entidad para dar ese paso; sentenció que el Movimiento LGBTIQANB+ puede publicar denuncias por homo/transfobia, incluso si los presuntos/as victimarios/as se oponen a ello,  y se pronunció contra los discursos homo/transfóbicos emitidos por redes sociales”, apuntó el informe.

Renovación de  la homo/transfobia en el Congreso y descenso de estudios sobre diversidad

Un aspecto que caracteriza el quehacer legislativo en 2022,  señala el informe, “es la renovación de las caras homo/transfóbicas, en tanto asumieron como congresistas  representantes del Partido Republicano, del Partido de La Gente e independientes de ultra-derecha que son abiertamente contrarios a cualquier iniciativa que iguale derechos para las personas LGBTIQANB+”.

“Su quehacer se basa en prácticas y estrategias antiguas, anacrónicas, que usan un lenguaje burdo y exageradamente ignorante sobre las diversidades sexuales y de género, en un claro intento por posicionarse desde la ultraderecha como promotores de la violencia y odio hacia quienes son LGBTIQANB+.”, señala el estudio.

En otro aspecto, resalta que las investigaciones, y en especial los sondeos o encuestas que incluyen temáticas o consultas sobre la diversidad sexual o de género “experimentaron un significativo descenso en 2022 del 41%, con apenas 14 estudios”.

“Si bien antes del 2008 el numero de investigaciones era menor a 14, ello se debía a la homo/transfobia predominante que cruzaba a consultoras y  la academia. Luego, y a medida que más políticas públicas o leyes comenzaron a discutirse, mayor fue el debate ciudadano, del cual las consultoras no pudieron abstraerse”, explica la investigación.

El primer año de Boric

“La administración del presidente Gabriel Boric es especialmente particular, pues  buena parte de su primer año de gestión  estuvo repleta de simbolismos, discursos y señales pro derechos LGBTIQANB+, como nunca antes había ocurrido. Sin duda, ello es inédito”, indica el estudio.

“Lo concreto es, sin embargo, que analizado en cualquier contexto, el primer año del Gobierno de Boric resultó ser el menos innovador en la implementación de políticas públicas pro derechos LGBTIQANB+, solo comparable a la administración del ex presidente Eduardo Frei (1994-2000)”, apunta la investigación.

En efecto, “el Gobierno apenas impulsó  tres  tímidas nuevas medidas que innovaron o aportaron en relación a lo conseguido en años previos: el Minsal produjo una circular sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes trans, que recogen lo ya establecido en leyes; el Senama  publicó las primeras directrices de su historia para promover derechos de adultos mayores LGBTIQNAB+ y la Dirección Nacional del Servicio Civil lanzó un formulario online de postulación a empleos estatales que añadió la categoría de no binario.

“El proceso estuvo cruzado por erróneos, o si se quiere falsos anuncios. (…), pues el Ejecutivo publicó diversas iniciativas como pioneras, innovadoras o inéditas, en circunstancias que provenían o ya habían ocurrido en administraciones pasadas o que son una obligación legal implementarlas”, redondeó la investigación.

“Ejemplos son la presentación de un protocolo de Gendarmería y de una circular del Servicio Médico Legal sobre derechos trans, de una guía del Sename sobre de niños, niñas y adolescentes LGBTIQANB+ y  la inclusión de consultas sobre identidad de género en la Casen, todas iniciativas redactadas o generadas  en gobiernos pasados con el concurso de los movimientos de la diversidad”, resumió el estudio.

“De igual manera se calificó como inédita una mesa interministerial-ciudadana. parlamentaria sobre derechos LGBTIQANB+, en circunstancias que apuestas de ese tipo existen desde el 2006 con una exagerada ocurrencia, mientras en otro momento se comunicó que el Ejecutivo por primera vez conmemoraría el Día del Orgullo en un recinto penitenciario, lo cual también había ocurrido en 2014”, apuntó investigación.

38 hitos: 35 positivos y 3 negativos

Un total de 38 hitos sobre los derechos humanos LGBTIQNBA+ se registraron en 2022. A los ya señalados con anterioridad, se añaden los siguientes:

En el terreno de las políticas públicas, un dictamen de la Dirección del Trabajo garantizó y aclaró que los derechos consagrados en la Ley de Matrimonio a las madres son aplicables a los hombres trans gestantes,  el municipio de Santiago creó la Sub-Dirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión y la municipalidad de Los Andes la “Oficina de Protección a la Comunidad LGBTI”, mientras que la alcaldía de San Antonio organizó la Primera Marcha del Orgullo en la comuna, en Valdivia fue inaugurado el “Mosaico por la Disidencia” y el Gobierno Metropolitano estrenó su primera “Mesa Regional de Trabajo sobre Diversidad y no Discriminación”.

En el mundo uniformado, destacó que Carabineros sacara a circulación una patrulla con los colores LGBTIQANB+, mientras Isabella Panes Proboste se convirtió  en la primera mujer trans en graduarse como policía, procesos que junto a las capacitaciones en derechos humanos  al interior de sus filas sensibilizaron especialmente a sus propios/as uniformados/as, lo cual se tradujo en una merma de los casos y denuncias por homo/transfobia policial

A nivel sociopolítico, resaltó que asumieron como ministros/as de Educación, Antonio Ávila Lavanal. y de Deportes Marco Alexandra Benado Vergara, los/as primeros/as jefes/as de cartera abiertamente LGBTIQANB+, mientras que Gaspar Domínguez Donoso fue electo vicepresidente de la Convención Constitucional y Tomás Laibe como vicepresidente adjunto, ambos abiertamente gays. A la par, iniciaron su trabajo como diputadas Marcela Riquelme Aliaga, Camila Musante Muller y  María Francisca Bello, mujeres abiertamente lesbo/bisexuales, y Emilia Schneider Videla, activista trans.

Por primera vez, en tanto, un Ministro de Educación conmemoró el Día Internacional contra la Homo/Transfobia con visitas especiales a los colegios.

Mientras en el campo ciudadano se celebraron los primeros matrimonios  entre personas del mismo sexo, los movimientos sociales, organizaron inéditos cónclave y/o campañas sobre discriminación interseccional y derechos de migrantes  LGBTIQANB+, celebraron por primera vez el Día del Amor con ley de matrimonio igualitario aprobada y conmemoraron en Ovalle la Primera Marcha del Orgullo.

A nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó su quinta resolución sobre derechos LGBTIQANB+; llamando por primeras vez a los Estados a derogar leyes que discriminan a las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género; la Asamblea General de la OEA dio luz verde a dos resoluciones que condenan la exclusiones homo/transfóbicas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas exigió a Sri Lanka derogar una ley que criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo, pero solo en lo referente a los vínculos lésbicos, manteniendo la penalización para hombres gays o bisexuales.

“Finalmente el año se vio entristecido con el fallecimiento Alejandra González (54), la primera persona LGBTIQANB+ electa para un cargo público en Chile.”, puntualizó la investigación.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Crímenes de Odio, Discursos de odio, Homofobia/Transfobia, XXI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género

El 2021 fue calificado como el cierre de un largo capítulo de tres décadas lucha del movimiento LGBTIQA+.

Hubo 1.114 casos de discriminación. De las 11 categorías de discriminación, en 9 bajaron los casos o denuncias en 2021, entre esas las que más daño provocan a las víctimas, como son los asesinatos, golpizas y los abusos laborales, educacionales y familiares. En paralelo, se  aprobaron 4 nuevas leyes que protegen a las personas LGBTIQA+ (para ver los gráficos más grandes, haz clic sobre ellos)

Un 12% disminuyeron las denuncias y casos por homofobia y transfobia en Chile en 2021, la primera baja en 8 años que coincidió con la aprobación del matrimonio igualitario y el cierre de un largo capítulo de 30 años de lucha sistemática por la igualdad de derechos emprendida por el Movimiento de LGBTIQA+,  reportó el XX Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género dado a conocer hoy por el Movilh.

“El 2021 es, por donde se mire, el año cuando la causa LGBTIQA+ cerró un capítulo, el más difícil de su historia,  que pasó desde el rechazo total del Estado y de la sociedad a cualquier asomo de las orientaciones sexuales o identidades de género diversas,  hasta una apertura que reconoce derechos a todas las familias y protege con herramientas jurídicas, perfectibles o no, a todas las personas”, señaló el Informe.

La investigación añadió que el 2021 fue muy particular, con dos momentos, uno previo al 1 de junio y uno posterior a esa fecha cuando se dio suma urgencia a la tramitación del matrimonio igualitario, hecho que cambiaría radicalmente el balance general de un año  cuando ocurrieron 50 hitos que marcaron la historia de las personas LGBTIQ+, 43 de los cuales fueron positivos y 7 negativos.

“Hechos puntuales y otros más generales coincidieron y confluyeron en un mismo momento y permiten, sin lugar a dudas, concluir que la lucha de los movimientos LGBTIQA+ cerró un ciclo, una etapa, dejando felizmente bases sólidas para futuras y nuevas transformaciones, siendo sin duda el aporte más significativo la mayoritaria aceptación y comprensión de la diversidad que existe entre los habitantes de Chile, una transformación cultural de décadas que cumple también su ciclo e inicia nuevos desafíos”, apuntó la investigación.

Los casos de discriminación

En 2021 se conocieron 1.114 denuncias o casos de discriminación, que corresponden al 16,8% del total de 6.620 atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ ocurridos en los últimos 20 años.

Las denuncias o casos de discriminación del 2021 se dividen en 3 asesinatos, 78 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles lejanos o desconocidos por las víctimas, 12 atropellos policiales, 106 casos de homo/transfobia laboral y 12 educacional, 391 episodios de marginación o intentos de exclusión institucional,  12 campañas contra las personas LGBTIQA+, 55  episodios de negación de derechos en espacios públicos o privados, 135 abusos comunitarios (familia, amigos/as, vecinos/as), 1 segregación en el ámbito de la cultura, espectáculo o medios de comunicación y 309 discursos o declaraciones de odio.

Del total  de denuncias o casos por discriminación, el 19%  afectó a  gays,  el 13,2% a lesbianas, el 11,4% a trans y el 56,4% a la población LGBTIQA+ como conjunto.

En torno a los gays, las denuncias o atropellos  bajaron un -36,1%, en lesbianas un -19.6% y en  trans un -7,9%. En cambio los abusos contra la población LGBTIQA+ como colectivo aumentaron un 2,4%.

En las últimas dos décadas, del total de 6.620 denuncias o casos por discriminación, el 20% afectó a gays; el 15% a trans; el 14% a lesbianas y el 51% a la población LGBTIQA+ como colectivo.

De las 11 categorías de discriminación analizadas por el informe en 9 bajaron los casos o denuncias en 2021, entre esas las que habitualmente más daño provocan a las víctimas, mientras solo 2 subieron: las declaraciones de odio y las exclusiones institucionales.

Las campañas o movilizaciones de odio bajaron un -80%, seguidas por la discriminación educacional (-63%), los  asesinatos (-50%),  la homo/transfobia comunitaria (familias, barrios, -46,6%), las  agresiones físicas o verbales (-40,9%), los abusos policiales (-25%), la negación de derechos para el acceso a servicios o productos en espacios públicos o privados (-14%) y  los atropellos laborales (-3.6%) .

Por el contrario, la discriminación institucional subió un 3,1% y las declaraciones de odio incrementaron un 47,8%.

“En el primer caso, el alza obedeció a la sistemática discusión de normas pro derechos LGBTIQA+ en el Congreso Nacional; lo cual fue rechazado por grupos anti-derechos. En tanto, los discursos de odio aumentaron solo y exclusivamente porque personas y grupos anti-derechos se movilizaron de manera inmoral y aberrante en distintos espacios luego del asesinato del niño Emilio Jara, de 12 años, responsabilizando a las personas y activistas LGBTIQA+ del crimen solo porque sus verdugos eran homosexuales.  Una muestra brutal y cavernaria de  la homo/transfobia que explicita la necesidad de seguir avanzando y perfeccionando las condiciones estatales y sociales para todas las personas, en tanto los peligros siempre acechan y sus impactos son altamente nocivos”, apuntó el informe.

Un total de 48 instituciones y 767 personas fueron responsables de los 1.114 casos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género conocidos en 2021.

A nivel institucional el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2021 es encabezado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), seguida por Gendarmería, la Armada, Carabineros, el Juzgado de Familia, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Partido Republicano, las iglesias católica, evangélica, musulmana, anglicana y la Comunidad Judía de Chile, entre otras.

En el plano  de las personas, encabezan el Ranking los/s responsables de 3 crímenes de odio cometidos en 2021 (F.A.R.D, J.J.A.M, Karla Javiera Reyes Sanzana, Cristóbal Peñailillo García y Kimberly Aracely Muñoz Ramírez y F.J.D.S.V) seguidos por senadores/as y diputados/as de la UDI y  RN, más  algunos  de l DC, del PRSD e independientes, así como congresistas electos del Partido Republicano.

Integran también el Ranking los magistrados del TC, Iván Aróstica, Juan Romero, Cristián Letelier, José Vásquez y Miguel Fernándesz,  así como el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, el Comandante en Jefe de la Armada, Juan Andrés De La Maza, el Almirante y ex comandante en Jefe de la Armada, Miguel Vergara Villalobos   y los (pre) candidatos presidenciales Joaquín Lavín y José Antonio Kast, entre otros.

Cuatro nuevas leyes avanzan en medio de procesos únicos en el mundo

En 2021 Chile pasó a tener cuatro nuevas leyes que protegen los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, destacando particularmente la histórica aprobación del matrimonio igualitario que marca el cierre de un ciclo en la lucha ininterrumpida iniciada hace tres décadas por  los movimientos de la diversidad sexual y de género.

Junto al matrimonio igualitario, vio la luz la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior; incluyendo a las personas LGBTIQA+ como uno de sus sectores protegidos;  la Ley 21.373 que derogó el divorcio culposo por homosexualidad y la Ley 21.331 sobre  el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, que prohíbe las “terapias reparativas” de la homo/transexualidad.

“Relevancia histórica y particularidades son los procesos que definen  y permiten analizar los cambios legislativos del 2021, pues por un lado consolidan transformaciones revolucionarias en la concepción de familia y, por otra parte, explicitan la profunda indolencia de la clase política que se decía pro derechos LGBTIQA+, pero terminó aprobando el matrimonio igualitario y derogando el divorcio culposo por homosexualidad con una tardanza extrema”, señala el informe.

“Una demora injustificable que solo llegó a su fin, porque un presidente de Derecha, por un lado, y un poder de trayectoria homofóbica, como el Tribunal Constitucional, decidieron empujar el matrimonio y la derogación del divorcio culposo, en forma respectiva. Es una paradoja, por donde se mire”, apunta el estudio.

Añade que la aprobación del matrimonio igualitario “llegó muy tarde, casi una década después de que la mayoría de los/as congresistas; auto-declarados/as pro LGBTIQA+, se mostraran en el discurso a favor. Tan madura estaba la sociedad en torno al tema, y tan extrema fue la demora de la clase política, que hasta secuestraron las emociones en masa y por meses que provocó esta ley en los otros países donde se ha aprobado. Tantas veces se incumplió la promesa, que cuando vio la luz, no era merecedora de aplausos. Era lo esperable y lógico. Por fin”.

“Con la aprobación del matrimonio igualitario, que garantiza la filiación y adopción homoparental, en Chile quedó vigente solo una ley explícitamente homofóbica, el artículo 365 del Código Penal, cuya derogación también ha sido tardía. Es exigible que esta vez quienes se declaran pro-LGBTIQA+ actúen ya y eliminen un artículo que estigmatiza a niños, niñas y adolescentes”, redondeó el estudio.

Orientación sexual e identidad de género: irrelevante para cargos públicos

Otro aspecto que resalta el informe es la “consolidación del resultado de una de las mayores luchas que los movimientos LGBTIQA+ emprendieron desde la década de los 90, cual fue demostrar la inexistencia de incompatibilidades entre el ejercicio de algún cargo o función con determinadas orientaciones sexuales o identidades de género”.

“Al 2021 la mayoría del país tiene internalizado que ser LGBTIQA+ no es incompatible con ningún cargo o función. Además, buena parte de las personas LGBTIQA+ no tiene conflictos en asumirse públicamente, a un punto que Chile es uno de los países del mundo donde más se reconocen las orientaciones sexuales o identidades de género diversas, según estudios dados a conocer en el año”, añade el Informe.

Así es como por sus capacidades “resultaron electos/as 8 convencionales constituyentes, 2 alcaldes/as, 15 concejales 4 congresistas y 1 presidenta de un partido”, todos/as abiertamente LGBTIQA+ y a los cuales se añadieron a  comienzos del 2002 dos “ministros/as designados/as por el presidente electo Gabriel Boric”.

Resabios homo/transfóbicos

Junto a la vigencia del homofóbico artículo 365 del Código Penal, el informe lamenta la persistencia de otros resabios homo/transfóbicos como son la  impunidad de los uniformados frente a los atropellos a los derechos humanos,  la incapacidad de los tribunales para superar su discrecionalidad y arbitrariedad y la injusticia sufrida por la docente Sandra Pavez, quien desde el 2007 fue impedida de hacer clases solo por ser lesbiana.

“Las violaciones a los derechos humanos contra personas LGBTIQA+ cometidas por funcionarios/as de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad reforzaron su impunidad en un contexto donde el Poder Político es un espectador que en nada contribuye a prevenir y erradicar estas deleznables prácticas que en 2021 cobraron una vida e implicaron torturas en Gendarmería y Carabineros y hasta intentos por re-institucionalizar la homo/transfobia en la Armada”, apunta el estudio.

A su vez, “el Poder Judicial nunca logró superar sus incoherencias en torno a los derechos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, dando lugar a fallos contradictorios en torno a situaciones similares, lo cual solo refleja una alta discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación y administración de la justicia”

“Por un lado, el Poder Judicial jamás dictó un fallo que reconociera a la prohibición del matrimonio a personas del mismo sexo como una desigualdad contraria a derechos garantizados en la Constitución o en tratados internacionales. Ello, muy a diferencia de lo ocurrido en otros países donde a través de sentencias  pro matrimonio igualitario el Poder Judicial fue clave para hacer efectiva la universalidad de los derechos humano y  la igualdad ante ley, al margen de la orientación sexual o identidad de género de las personas. Más aún, en torno al matrimonio igualitario el Poder Judicial chileno se negó sistemáticamente a aplicar controles de convencionalidad”, añade el estudio.

“Algo similar ocurrió con el reconocimiento de la doble maternidad o doble paternidad, pues si bien en algunos casos hubo fallos favorables, en otros no y solo porque algunos jueces/as consideraban ilegal tales composiciones familiares. La discrecionalidad de tipo homofóbica que daña la dignidad de familias homoparentales, se expresó en 2021 en sentencias del Juzgado de Familia y de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, apunta el estudio.

Finalmente, “la profunda transformación sociocultural o política que atraviesa Chile, con un estallido social de por medio y con la ley de matrimonio igualitario aprobada, no bastaron para que el Estado reconociera el profundo daño causado a una docente en la Corte Interamericana de DDHH  (Corte IDH ), la cual en 2021 abordó el caso en una histórica audiencia de juicio”

“La histórica audiencia derivó en un funesto hecho inédito: todas las iglesias del país, y por primera vez en su historia, se unieron para incidir en el sistema interamericano de DDHH presentando un Amicus Curiae que defendía su ilegítima facultad de decidir quiénes pueden o no hacer clases de religión, incluso en establecimientos educacionales laicos. Y para ello, contaron con el apoyo del Estado de Chile, toda vez que jamás ha reconocido que discriminó a la docente”, concluyó la investigación.

50 hitos, la mayoría positivos

En el transcurso del 2021 se registraron 50 hitos, 43 de los cuales fueron favorables a los derechos LGBTIA+ y 7 adversos.

A los ya expuestos, se sumaron en el terreno de las políticas públicas la primera publicación del Sename que abordó la diversidad sexual y de género en niñas, niños y adolescentes (NNA); una circular  de la Superintendencia de Educación que garantiza la autonomía de estudiantes trans a partir de los 14 años y el lanzamiento de los resultados del primer estudio estatal que indagó exclusivamente sobre la realidad LGBTIQA+ en Chile, así como el surgimiento de Oficinas de la Diversidad y la no Discriminación en los municipios de Concepción, Catemu y Lampa.

“En el lado contrario, el municipio de Valparaíso, dañó la memoria de víctimas fatales LGBTIQA+ al cuadrarse públicamente con la versión de los responsables del incendio de la discoteca Divine, quienes inventaron que el sinestro se había originado por un atentado homofóbico solo para evadir su responsabilidad en los hechos”, enfatiza la investigación.

Mientras en el terreno político destacó una reunión de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, con el Movimiento LGBTIQA+ y en el campo cultural resaltó que la Feria Chilena del Libro suspendiera las ventas del clásico “Las mil y una noches”  hasta que se eliminara una homofóbica publicidad del texto, las organizaciones de la diversidad sexual y de género conmemoraron 30 años de lucha sistemática impulsando actividades inéditas y/o  de alto impacto.

Así como se desarrolló el “Primer Concurso para Promover los Derechos Humanos de los/as Migrantes LGBTIQ+” y fueron lanzados un archivo histórico sobre la realidad LGBTIQA+ en Chile, que abarca desde 1875 hasta el 2011, y los resultados del primer estudio que midió y conoció las opiniones y percepciones de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales frente al matrimonio igualitario.

En tanto, Cristóbal Paz, se convirtió en el primer niñe no binarie en dar públicamente su testimonio, tras transformarse en activista de la diversidad sexual y de género, mientras la XXI Marcha del Orgullo, la primera tras la pandemia, se perfiló como la más masiva desarrollada en Chile al conglomerar a más de 150 mil personas. A la par, por primera vez el desfile incluyó una columna de migrantes LGBTIQA+.

Finalmente, en el campo internacional, la CIDH, algunos Comité de la ONU y el Consejo de Europa llamaron a no usar las religiones para discriminar a las personas LGBTIQA+; en el contexto de las Naciones Unidas  se creó el Grupo de Estados Amigos del Mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG); la OEA aprobó una nueva resolución sobre “Promoción y protección de los Derechos Humanos”, incluyendo un título sobre personas LGBTIQA;  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  reconoció los derechos de los/as hijos/as de parejas del mismo sexo en todo el bloque,  incluso en aquellos países donde no hay matrimonio igualitario; y el Banco Mundial lanzó su primer estudio sobre los DDHH de  las personas LGBTIQA+.

Informe completo aquí

Gráficos:

Evolución de las casos de homo/transfobia en 20 años

Casos de discriminación por categorías (asesinatos,  agresiones, laboral,  educacional, etc)

Casos de discriminación por sector social (lesbiana, gay, trans)

Distribución geográfica de las denuncias y casos por homo/transfobia

Ranking anual: Personas más homo/transfóbicas de Chile

Raking anual: Instituciones más homo/transfóbicas de Chile

Respuestas de organizaciones LGBTIQA+ a los casos de discriminación

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Homofobia/ Transfobia

Los atropellos sumaron 1.266, la cifra más alta conocida hasta ahora y que mantiene al alza la explosiva violación a los DDHH que viene ocurriendo desde el 2018.  En 2020 hubo 69 hitos, de los cuales 54 fueron avances y 15 retrocesos o abusos históricos, en un contexto donde la Corte Suprema apareció en el Ranking de la Homo/Transfobia por primera vez desde el 2014.

(Pinchar en las fotos para ampliarlas)

Un 14,7% aumentaron los casos y denuncias por Homofobia y Transfobia en Chile en 2020, año calificado como el de la “Resiliencia LGBTIQ+” frente a los abusos, los compromisos incumplidos por parte de las autoridades, la carencia de condena pública estatal frente a los delitos de odio y la ausencia de una política focalizada para paliar los efectos del Covid-19, reportó el XIX Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Resiliencia, explica la investigación, porque en uno de los escenarios y contextos  más adversos para su calidad de vida, la población lésbica, gay, bisexual, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) gestionó sus propios recursos y capacidades para ir en ayuda de los más vulnerables, reaccionar frente a las injusticias y mantener en alto la lucha por la plena igualdad social y legal.

En tal sentido la investigación, de 450 páginas, fue lanzada hoy en el Parque San Borja por el vocero del Movilh, Óscar Rementería, junto a Benjamín Ascencio; joven que tras una ardua lucha consiguió que las isapres dejaran de considerar a la transexualidad como una enfermedad; a Alexandra Orrego Da Silva; cuya denuncia obligó al sistema privado de salud a brindar cobertura a las cirugías de cambio corporal de las personas trans; y a Carolina Órdenes y Octavio Albornoz, una pareja heterosexual, ambos docentes, quienes gestionaron que la Escuela San Lázaro de la Salle fuera sancionada por el bullying homofóbico que sufrió su hijo, un niño de sexto básico.

El informe destaca que el  2020 también se caracterizó por un efectivo aumento de la discriminación; y no solo de las denuncias; por profundas y peligrosas contradicciones en las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad en torno a los derechos LGBTIQ+; por la consolidación jurídica de los derechos trans; por graves retrocesos en el Poder Judicial, que pese a expresarse al unísono que históricos avances volvieron a poner a la Corte Suprema en el Ranking Anual de la Homofobia y Transfobia, lo cual no ocurría desde el 2014; por la  primera aparición en el mencionado listado de la discriminación de un/a presidente/a de la República; por la aprobación de dos nuevas leyes que protegen a las  personas LGBTIQ+, pero en medio de más retrocesos e incumplimientos legislativos que avances;  por el quebrantamiento  estatal frente a su primer Acuerdo Internacional pro Derechos LGBTIQ+; por escasos progresos en el plano gubernamental; por la activa autogestión de los movimientos LGBTIQ+ para hacer frente al Covid-19, por la  total indiferencia estatal frente a abusos sufridos por activistas LGBTIQ+ y  por una transformación sociocultural favorable a la plena igualdad legal y social que es irreversible e imparable, dejando al Estado de Chile muy atrás de lo que reclama y necesita la ciudadanía, todos aspectos analizados detalladamente en el informe.

Los casos de discriminación

Los atropellos subieron un 14,7% en 2020, sumando 1.266, la cifra más alta conocida hasta ahora y que concentra el 22,9% del total de abusos ocurridos en 19 años.

Las vulneraciones de derechos se dividen en 6 asesinatos; 132 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles; 16 abusos policiales; 110 casos de discriminación laboral y 33 de tipo educacional; 60 movilizaciones o campañas de odio, 379 episodios de marginación institucional; 64  exclusiones en el espacio público o privado; 253 casos de homo/transfobia comunitaria (“familia, amigos/as, vecinos/as”), 209 discursos que incitan a la violencia y 4 hechos de discriminación en la cultura, medios o espectáculos

Entre las categorías de discriminación que más abusos hubo y que resultan más preocupantes se encuentran las  “declaraciones homo/transfóbicas” que aumentaron un 208%, seguidas por la “marginación en los espacios públicos o privados” (+106,4%), las “movilizaciones de  odio” (+93,5%), las “agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles” (+80,8%), “la discriminación comunitaria” (familia, vecinos) (+51,4%), la discriminación laboral (+50%) y los asesinatos (+20%).

Del total de abusos conocidos en 2020, el 26% afectó a gays, el 15%  a lesbianas y el 11% a trans (76 mujeres y 59 hombres), mientras el 48% perjudicó a la población LGBTIQ+ como conjunto.

En comparación al año precedente, la discriminación a gays aumentó un 78,4%; a trans un 46,8% y a lesbianas un 8,28%, mientras que los abusos contra la población LGBTI+ como conjunto mermaron un 6,26%. En tanto, y al considerar el total de 5.506 denuncias o abusos conocidos entre los años 2002 y el 2020, el 49,5% afectó a la población LGBTIQ+ como conjunto, el 20,3% a gays, el 15,9% a trans y el 14,3% a lesbianas

En cuanto a la distribución geográfica, la mayor concentración y número de casos en 2020 nuevamente se registró en Valparaíso con el 38,4% del total nacional, seguida por la región Metropolitana (23,9%), Biobío (3%), Coquimbo (1,65%), Maule (1,5%), Antofagasta (1,42%), Araucanía (1,42%), Los Lagos (1,26%) O´Higgins (1,02%), Atacama (0,63%), Ñuble (0,63%),  Los Ríos (0.63%), Tarapacá (0,39%), Aysén (0,23%), Magallanes (0,71%) y Arica (0,07%). En tanto, las redes sociales, y en menor medida los medios de comunicación, acumularon el 26,21% del total de casos a nivel nacional.

La Región de Los Lagos aumentó un  33,3% los casos o denuncias por discriminación en relación al año precedente, seguida por la Metropolitana (32,3%),  Maule (26,6%), Tarapacá (25%), Biobío (22,5%), Araucanía (20%), O´Higgins (18,1%), Coquimbo (16,6%), Atacama (14,2%), y Antofagasta (12,5%). En tanto en redes sociales hubo un incremento del 301,1%.

Por su lado, en Arica mermaron un 90% las denuncias por homofobia o transfobia, seguida de Aysén (-40%), Valparaíso (-28,7%) y Los Ríos (´20%).

Finalmente Magallanes y Ñuble mantuvieron el número de casos del año precedente.

“Al 2020 puede concluirse que el incremento ya no solo se relaciona con que las víctimas denuncian más que en el pasado y están más empoderadas en sus derechos, sino también porque hay un aumento de la discriminación, en particular cuando se registran avances pro-derechos LBTIQ+ contra los cuales los opositores a la igualdad se movilizan con fuerza, violencia y sistematicidad”, apunta el informe.

Un total de 62 instituciones y 832 personas fueron responsables de los 1.266 abusos contra la población LGBTIQ+ cometidos en 2020. Los principales responsables de los atropellos se detallan en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, expuesto en el segundo capítulo del informe.

A nivel institucional el Ranking es encabezado por el Ministerio de Justicia y por su Subsecretaría de Derechos Humanos, seguidos por la UDI, la Primera Sala de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gendarmería, Registro Civil, la Armada, el Ministerio de Defensa, Carabineros, las isapres Colmena Golden Cross y Vida Tres, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y el Municipio de San Esteban, entre otros

En el plano personal, el primer lugar en el Ranking lo lideran los responsables de los 6 crímenes de odio, seguidos por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín; la Subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren; diversos/as ministros/as de la Corte Suprema y tribunales de primera instancia;  el presidente de la República, Sebastián Piñera, y parlamentarios/as de la UDI y RN, entre otros, como Marcelo Ríos, Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Alberto Plaza.

Los movimientos LGBTIQ+ reaccionaron y/o dieron respuesta o ayuda al 93,9% del total de casos conocidos en 2020

Sectores específicos del Gobierno y municipios posibilitan algunos avances

“Si bien el Gobierno fue débil en materia de condena pública a las violaciones a los derechos  humanos de las personas LGBTIQ+, mantuvo en el desamparo a los defensores/as de DDHH, se negó a implementar políticas públicas focalizadas en el contexto del Covid-19, fue indiferente a los abusos homofóbicos al interior de la Armada e hizo un permanente lobby en el Congreso Nacional para boicotear la igualdad legal, algunas reparticiones experimentaron avances”, señala el informe.

“Junto al apoyo jurídico y psicológico que la Subsecretaría de Prevención del Delito brindó a las víctimas de la homo/transfobia, se sumó una mayor coordinación de la Seremis de Salud con los movimientos LGBTIQ+ para hacer frente al VIH/SIDA; aspecto donde también colaboró el Injuv. A la par,  el Minsal creó el Departamento de Derechos Humanos y Género; Gendarmería aprobó un protocolo que resume los derechos de internos/as, visitantes y funcionarios/as trans establecidos en la ley y en fallos que condenaron a la entidad; el Departamento de Migración y Extranjería lanzó una circular para proteger los derechos trans; las plataformas electrónicas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se actualizaron, permitiendo a parejas del mismo sexo postular a subsidios habitacionales; y destaca muy especialmente por marcar un hito,  la Intendencia de Fondos de Seguros Previsionales y de Salud que obligó a la Isapre Vida Tres a otorgar cobertura de fertilización asistida a una pareja lésbica, tras negarse a ello por razones homofóbicas”, resume el informe Leer más…

General, Homofobia/ Transfobia. 2020, Chile, Informe Anual de Derechos Humanos LGBTIQ+, MOVILH, Óscar Rementería, Resiliencia LGBTIQ+, XIX Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género

El caso había sido advertido en junio pasado a Gendarmería por el Movilh y  la Corporación Féminas Diversas en Acción, sin que se adoptara ninguna medida al respecto.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Corporación Féminas Diversas en Acción denunciaron hoy que ayer el interno Boris Esteban Castillo Arriagada (23) se suicidó en el Complejo Penitenciario de La Serena, tras recibir constantes abusos en razón de su orientación sexual en manos de gendarmes, según información proporcionada por sus cercanos.

“Lamentamos profundamente este fatal desenlace que pudo haberse evitado si Gendarmería hubiese adoptado las medidas adecuadas para evitar que el interno se siguiera infligiendo daño, como venía ocurriendo desde comienzos del 2020, a raíz de la discriminación por su orientación sexual. Exigimos a  Gendarmería que haga de una vez una investigación rigurosa sobre la materia, al tiempo que solicitaremos la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, señaló la presidenta de la Corporación Féminas Diversas en Acción, María del Pilar López.

En tanto, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que el pasado 3 de junio “informamos por carta a Gendarmería de Chile que el señor Castillo Arriagada estaba en una situación de compleja vulnerabilidad, ya que se había inflingido daño con material corto-punzante a objeto e evitar el traslado a otro recinto, donde temía incluso perder la vida en manos de terceros a raíz de su orientación sexual. Al respecto Gendarmería se limitó a señalar que el interno se negaba a ser atendido, y de ahí nunca más nos informaron de alguna medida de protección”.

A esto se añadió que “de acuerdo a cercanos, luego el afectado comenzó a ser agredido en razón de su orientación sexual por funcionarios del Complejo Penitenciario de La Serena, sin que tampoco se cursaran medidas al respeto. Gendarmería, ha resultado ser una institución peligrosa y no creíble en nada de lo que plantea sobre esos casos, pues también el año pasado, obligó a otro interno, de Rancagua, J.M.M,  a firmar un documento donde desistía de sus denuncias de torturas físicas por homofobia, sin embargo, él mismo afectado nos aclaró que había sido sometido a presiones psicológicas para ello”.

El Movilh y Corporación Féminas Diversas en Acción insistieron en la necesidad de que “toda denuncia sobre abusos homo/transfóbicos en la cárceles no puede ser investigada, bajo ningún punto de vista, por nadie que hubiese tenido contacto con las víctimas o victimarios o con el recinto penitenciario donde ocurrieron los hechos. Esto también solicitamos a Gendarmería, pero jamás tuvimos respuesta”.

Esperamos las máximas sanciones contra quienes resulten responsables de cualquier abuso sufrido por Castillo Arriagada, expresamos nuestras condolencias a la familia y esperamos una rápida del INDH”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Boris Esteban Castillo Arriagada, Chile, Complejo Penitenciario de La Serena, Corporación Féminas Diversas en Acción, Gendarmería de Chile, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Rolando Jiménez

Además viven  en condiciones insalubres. Enfermedades, plaga de ratones, falta de agua y de electricidad y violaciones son parte de la cruda realidad. El Movilh exigió a Gendarmería soluciones inmediatas.

Reos/as  LGBTI del módulo 89 del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Alto Bonito de Puerto Montt, denunciaron golpizas y ofensas verbales en razón de su orientación sexual e identidad de género propinadas por gendarmes, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Los Lagos).

“A los  brutales hechos de homofobia y transfobia se suman condiciones insalubres para hacer frente el Covid-19 al interior del mencionado recinto, por lo que hoy hemos solicitado medidas inmediatas a Gendarmería para hacer frente a esta situación”, señaló el activista de Movilh-Los Lagos, José Arcos.

El dirigente añadió que “se trata de una situación inhumana, que se agudiza al estar cruzada por un desprecio irracional a las personas LGBTI. Gendarmería debe acoger las demanda de los internos y trasladarlos a otro penal donde se garantice la dignidad humana”.

En la denuncia, llegada al Movilh-LosLagos y al Colectivo de DDHH y Género de San Felipe, los/as internos/as dijeron que “estamos sufriendo discriminación por parte de gendarmes. Nos tratan de “caballos culiaos”, “maricones hijo de perra” y cuestionan a mujeres trans por su vestimenta. Nos están vulnerando”.

Explicaron que un mismo módulo se encuentran personas afectadas por «VIH, hepatitis, asma, epilepsia, hipertensión arterial, y depresión» a lo que se suma “ la carencia de agua caliente y de electricidad y una plaga de ratones que nos deja propensos adquirir otras enfermedades”,

“Incluso en las mesas del comedor hemos encontrado excremento de ratones”, señalaron, junto con reportar agresiones físicas en distintas parte de su cuerpo propinadas por gendarmes y  una violación sufrida por un interno LGBTI en manos de otro.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Cárcel, Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Alto Bonito, Chile, Homofobia/Transfobia, José Arcos, Movilh- Los Lagos, Presos, Puerto Montt

Acusa discriminación en razón de su orientación sexual y condición de VIH.

Un interno del Complejo Penitenciario de Rancagua, J.M.M, denunció que ha sido torturado por siete funcionarios, además de ser discriminado en razón de su orientación sexual y condición de VIH, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El afectado, quien se encuentra recluido en el módulo 93, precisó que fue agredido con lumas en distintas partes de su cuerpo, además de ser rociado con gas pimienta. Entre los siete gendarmes responsables, habría liderado el operativo uno de apellido Cornejo.

“También hemos recibido denuncias respecto a condiciones totalmente insalubres y la carencia de medidas para enfrentar el Covid-19, mientras que otros seis internos estarían castigados en condiciones inhumanas en el módulo 92”, señaló el dirigente del Movilh, Ramón Gómez.

Junto con repudiar que “estos abusos ya sean recurrentes en Gendarmería”, Gómez envío todos los antecedentes a la Unidad de Protección de Derechos de la institución, a objeto de que adopten medidas inmediatas a favor de las afectados y contra los responsables. Del mismo modo es deseable que el INDH intervenga este recinto y analice a todos la situación en todas las cárceles.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Complejo Penitenciario de Rancagua, Gendarmería de Chile, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Ramón Gómez, Tortura

Por primera vez los atropellos y denuncias subieron en todas las regiones, sin excepción, con un alarmante incremento de los asesinatos y agresiones físicas. Por esa y otras razones, el 2019 fue calificado como el año de una  transversal violación y relativización de los derechos humanos, lo cual tienen como responsables a distintos niveles de la sociedad y a representantes de  todos los poderes del Estado. Pese a todo, hubo 58 hitos favorables a los derechos LGBTI.

(Pincha en los gráficos para amliarlos)

El 2019 fue el año más violento para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en Chile al incrementar un 58% los casos y denuncias por homofobia y transfobia, ascendiendo a 1103 los atropellos, la cifra más alta conocida hasta la fecha, reportó el XVIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) por primera vez sin conferencia de prensa a raíz del Coronavirus.

“Hubo más casos, más denuncias y los abusos fueron más violentos y salvajes, como queda claro con los aumentos de los atropellos más despiadados (asesinatos y las golpizas).  Esta situación ya se venía advirtiendo desde el 2018 y no tiene relación con el estallido social, el cual solo impactó en un incremento de los abusos policiales”, sostuvo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

El dirigente precisó que un aspecto positivo es que “el Gobierno, a diferencia del 2018, reaccionó a los abusos sufridos por personas LGBTI en manos de civiles, condenándolos públicamente, mientras que contribuyó a que el movimiento LGBTI pudiese ayudar o asesorar a más del 90% de las víctimas, lo cual es valorable”.

Pese ello, “el Ejecutivo, y todos los poderes del Estado, relativizaron el derecho humano a la igualdad legal y, con distintos matices o intensidades, boicotearon el avance de leyes  sobre diversidad familiar o se aseguraron que su tramitación fuese lenta. Más grave, con votos de todas corrientes políticas avanzaron normas con indicaciones homofóbicas, siendo un ejemplo la adopción homoparental aprobada en la Cámara. Por su lado, los tribunales, siguen fallando contra la adopción homoparental o el matrimonio igualitario”, resumió Rementería.

Los casos de discriminación

Los 1.103 abusos y denuncias del 2019 se dividieron en 5 asesinatos, 73 agresiones físicas o verbales, 32 atropellos policiales, 72 casos de exclusión laboral y 39 de homo/transfobia educacional, 31 campañas o movilizaciones de odio, 583 hechos de exclusión institucional, 31 marginaciones o prohibiciones para el acceso a productos o servicios en espacios públicos o privados, 167 violaciones a derechos humanos en lugares comunitarios (familia, vecinos/as o amigos/as), 69 discursos de odio y 1 discriminación en un medio de comunicación.

La categoría de discriminación que más aumentó las denuncias o casos fue la laboral (157,1% más que el año precedente) seguida por la comunitaria (131,9% +), la policial  (100%+), la institucional (98,5%+),  la marginación de espacios públicos o privados (82,3% +), los asesinatos (66,6 +), las agresiones físicas o verbales (25,8% +) y la educacional (5,4% +).

En tanto las campañas o movilizaciones homo/tranfóbicas bajaron un 69,1% en relación al año previo, seguida por la exclusión en medios de comunicación, cultura y espectáculo (-50%) y los discursos de odio (-25%).

Gravísimo resultaron también los ataques al movimiento LGBTI, siendo en tres ocasiones víctima de estos abusos la sede del Movilh.

Del total de atropellos conocidos en 2019, el 17% afectó a gays, el 15%  a lesbianas y el 9% a trans, mientras el 59% dañó o intentó perjudicar a la población LGBTI como conjunto

Valparaíso concentró el 56,1% del total de casos y denuncias conocidas a nivel nacional, seguida por las regiones Metropolitana (20,76%), Biobío (2,81%), Coquimbo (1,63%), Antofagasta: (1,45%), Maule (1,35%), Araucanía (1,35%), Los Lagos (1,08%), OHiggins (1%), Los Ríos (0,9%), Arica (0,9%), Magallanes (0,81%), Atacama (0,63%), Aysén (0, 45%) y Región de Tarapacá (0,36%).  En el 7,61% de los casos la discriminación ocurrió a través de medios de comunicación o de redes sociales.

Por primera vez incrementaron las denuncias o casos de discriminación en todas las regiones, sin excepción.

La región donde más aumentaron los abusos fue la Araucanía al subir un 400%, Le siguen Atacama (+250%), Aysén, (+150%), Valparaíso (+121%) , Libertador Bernardo O´Higgins (+57%), Metropolitana (+53%), Tarapacá (+ 33%),  Ñuble (+33%),  Arica (+25%), Antofagasta (+23%), Magallanes (+28%), Coquimbo  (+12%),  Los Ríos +11%), Los Lagos (+9%),  Maule (+7,1%) y Biobío (+6%). En tanto, la discriminación que se expresa en medios de comunicación o redes sociales mermó un 38%.

Lo sucedido en Atacama es muy preocupante, pues si bien solo se supo de 8 episodios de discriminación, uno corresponde a un asesinato y otro a un suicidio. En tanto, la alta concentración en Valparaíso, se explica porque en el Congreso Nacional hubo 511 reacciones (votos, indicaciones) contra la igualdad legal de los  derechos LGBTI.

Del Total de abusos del 2019, el movimiento LGBTI asesoró y ayudó al 89.9% de las víctimas

Razones del aumento de casos y denuncias

 El informe explica que el incremento  de casos y de denuncias “no implica que exista más homo/transfobia cultural, la cual, según todos los sondeos, viene en sostenido descenso desde 1991”-

“El aumento se debe a que los sectores o personas que persisten en discriminar multiplican su acciones y actúan con mayor violencia, a un punto que incrementaron los asesinatos y las golpizas, algunas de las cuales dejaron a las personas en la UCI o secuelas, además de ocurrir hechos extremos en los entornos más cercanos para las víctimas, como son sus círculos familiares, de amistad o educacionales: un niña fue violada por su padrastro con la venia de su padre y madre, dos hombres fueron quemados con agua caliente por conocidos y un joven se suicidó tras sufrir bullying transfóbico. A todo se suman 5 asesinatos”, apunta el informe

El informe relaciona además incremento de los abusos en la familias, con lo que denomina “una retirada de las dobles vida”.  “El incremento de 131,9% de las denuncias por discriminación en el espacio comunitario (familias, barrio, amigos) viene a decir que las personas LGBTI están expresando fielmente su identidad en aquellos lugares y exigen el pleno respeto a sus derechos. Esto implica que la “vida oculta” o la “doble vida” está retrocediendo con fuerza y celeridad, además de apreciarse una retirada de la “naturalización” o “aceptación” de la discriminación en los entornos más cercanos para las víctimas”

“El aumento también se vincula con una activa y cada más recurrente acción de autoridades, agentes estatales o grupos ultra-religiosos contra el avance de la igualdad legal para las personas LGBTI y, en particular, contra la posibilidad de que se apruebe la adopción homoparental”, añadió el estudio.

En tal sentido, informe  advierte “una preocupante particularidad del 2019: los opositores a los derechos humanos de las personas LGBTI privilegiaron acciones sobre los mensajes. Es decir, hablaron menos y actuaron más, en un contexto donde los motivos para rechazar a la igualdad están despojados  de credibilidad frente a una buena parte de la ciudadanía y, en tal sentido,  a los victimarios no les queda más que potenciar las prácticas, antes que los discursos homo/transfóbicos.”

Así es como las agresiones más concretas (asesinatos, golpizas, negación de derechos laborales, familiares o educacionales) aumentaron en 2019, mientras que las campañas y discursos de odio mermaron y, en paralelo,  el sentir público mayoritario rechazó la homo/transfobia y le restó todo valor científico, experiencial, social o cultural a creencias que denigran en razón de la orientación sexual o la identidad de género”, redondea la investigación.

Por último, y , “al considerar exclusivamente el quehacer policial tras el 18 de octubre del 2019, el abuso de carabineros resulta desproporcionado, irracional y delictual, explicitando un descontrol sin precedentes desde la recuperación de la democracia. Sin ir más lejos, los abusos policiales homo/transfóbicos aumentaron un 100% en 2019 y del total de 32 atropellos el 71% se enmarca en la reacción de carabineros al estadillo social”, apunta el estudio.

Ranking de la homofobia

En 2019, un total  de 55 instituciones y 561 personas fueron responsables de los 1.103 abusos hacia la población LGBTI.

A nivel instucional el Ranking  de la Homofobia y la Transfobia 2019 es encabezado por Carabineros, seguido por lassIsapres Colmena Golden Cross, Cruz Blanca, Banmédica, Vida Tres y Nueva MasVida, el Minsterio de Justicia y Derechos Humanos y el Registro Civil, la UDI, la Clínica de la Universidad Católica (Red de Salud UC Christus), el Ejército, el Liceo Sagrado Corazón, la Escuela San Lázaro de la Salle, la Catedral Evangélica y la Universidad de los Andes, entre otros detallados aquí.

En el plano individual, el Ranking es encabezado por 5 asesinos de personas LGBTI, seguidos por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, más un largo listado de senadores y diputados de la UDI y de RN, más algunos DC y PS, seguidos por jueces, ministros/as y presentantes de diversas organizaciones, estando todos los nombres detallados en el II capítulo del informe.Relativización de los DDDH y distanciamiento del sistema internacional

El informe advierte que “la igualdad legal es un derecho humano, pero en el caso de la población LGBTI todos los poderes del Estado y las corrientes ideológicas relativizan dicho principio”.

«Mientras el Ejecutivo se movilizó contra el matrimonio igualitario y la filiación y adopción homoparental, las fuerzas oficialistas hicieron lo suyo en el Congreso Nacional, mientras que con votos o abstenciones de la Oposición se aprobaron en el Parlamento artículos o indicaciones abiertamente homo/transfóbicas y, en consecuencia, contradictorias con la igualdad legal plena “.

Por ejemplo, “la ley de identidad de género entró en vigencia, pero excluyendo a niños y niñas trans; la Cámara de Diputados aprobó la adopción homoparental, pero incorporando artículos homofóbicos que trasladan los prejuicios de adultos a niños/as al fomentar que se opongan a ser criados/as por dos madres o dos padres; el proyecto de matrimonio igualitario avanzó a pasos de tortuga y el Congreso rechazó cuotas de la diversidad sexual y de género para el órgano constituyente”

“El único avance legislativo sin paradojas o letras chicas fue la aprobación de la Ley que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia. Esta legalizó una nueva definición  de familia, donde los lazos afectivos, son tan relevantes como los sanguíneos o los legales, mientras la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que condenó la violencia contras las personas LGBTI”, indica la investigación

En tanto, “el Poder Judicial, pese a ser el más avanzado en temáticas LGBTI, no lo hizo mejor, pues por segunda vez en menos de un año falló contra  niños y niñas que tienen dos madres, desconociendo la doble maternidad. En paralelo prohibió el derecho de una pareja a contraer matrimonio, negándose en todos estos casos a efectuar control de convencionalidad para examinar la compatibilidad entre la norma interna y la internacional en materia de derechos humanos. Por estas razones se presentaron nuevas dos nuevas denuncias contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de DDHH”

En otro ángulo,  el “Estado de Chile experimentó un retroceso sin precedentes bajo el actual régimen democrático en torno al respeto que merecen los compromisos internacionales en materia de DDHH, así como en relación a la competencia de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recomendar, vigilar o mediar en torno a la temática”, señala el estudio. Leer más…

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Uno de los jóvenes pudo constatar lesiones, mientras el segundo, ha sido impedido de ello y está preso en Santiago 1.

Los abusos han ocurrido en el marco del Estado de Emergencia. Movilh prepara acciones legales.

Durante los ocho días consecutivos de protestas en Santiago y otras ciudades de Chile, las redes sociales han funcionado para compartir imágenes de marchas multitudinarias, evidencia de represión policial, carteles ingeniosos, avisos de personas desaparecidas y detenciones arbitrarias. Pero también han servido como plataforma para denunciar vejámenes de índole sexual a mujeres y a personas de la comunidad LBTIQ+, como amenazas de violación, de tocación, penetración vaginal o anal con objetos o armas, golpizas, desnudamientos e insultos.

Josué Maureira, 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Católica, es una de estas víctimas. Desde el 21 de octubre estuvo desaparecido. Su foto fue compartida más de 70 mil veces en redes sociales. Anoche escribió desde su Facebook que fue liberado de la cárcel Santiago 1, donde estuvo seis días encarcelado ilegalmente. “Fui sometido a torturas y violencia sexual por parte de varios carabineros de la 51 comisaría de PAC (Pedro Aguirre Cerda)”, escribió Maureira. Acusó a tres uniformados: Marcos Valenzuela, Luna Huelche y M. Vásquez y dejó claro que otros funcionarios de esa misma comisaría lo amenazaron de muerte.

“Maricón culiao” le gritaron incontables veces al interior de ese cuartel, mientras lo golpeaban sin piedad en el calabozo. Luego de llevarlo a constatar lesiones, donde -sin siquiera revisarlo- indicaron que tenía lesiones leves, lo devolvieron al cuartel en Pedro Aguirre Cerca a registrar sus huellas. Allí, entre amenazas, le preguntaron “si era maricón”, ante lo que el estudiante de medicina respondió que sí, que era homosexual.

“De ahí en adelante, empezaron a golpearme con mucha más fuerza. Me obligaron a gritar que era maricón ante toda la comisaría, entremedio de golpes”, cuenta el joven a El Desconcierto. “Me rompieron la ropa, me bajaron los pantalones. Esto culmina en un hecho que me daña y me duele mucho: introducieron una luma dentro de mí, y me decían “maricón, te gusta por el hoyo”. Me preguntaban si me gustaba. Había un odio tácito por mi orientación sexual”, relata.

Los policías habrían permitido que otro de los imputados allí recluido lo golpeara, sin que ellos intervinieran en la golpiza. Luego de todos estos graves atropellos, el joven fue trasladado hasta el penal Santiago 1. Específicamente al módulo 4, donde debió convivir con otros 104 reclusos, hasta que este viernes fue liberado. En ese lugar, personal de Gendarmería se habría preocupado de su seguridad, señala.

Una querella que invoca la Ley Zamudio

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta ahora denuncia al menos 18 muertos y 3.162 detenidos -343 niños, niñas y adolescentes y 545 mujeres y 2.150 hombres- presentó ayer una querella por este caso, por los delitos de tortura con abuso sexual. Como Moureira es gay, la acción legal también considera la agravante de discriminación contenida en la Ley Zamudio.

“La víctima, estudiante universitario, relató a los observadores del INDH que el 21 de octubre pasado, mientras se trasladaba por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ingresó a un supermercado a entregar primeros auxilios a personas que se encontraban en su interior mientras se desarrollaban incidentes en el recinto. En la confusión de los hechos, Carabineros lo detuvo de manera violenta, propinándole golpes de bastón, puños y patadas. Producto de la golpiza, el joven perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado hasta la comisaría. Luego de recuperar la conciencia, se le informó que fue detenido por el delito de robo en lugar no habitado. Pese a que ya se encontraba detenido, fue golpeado e insultado por su condición homosexual. Incluso, fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo”, detalló el organismo en un comunicado de prensa.

El organismo acusó que al momento de la formalización, el estudiante no habría sido debidamente entrevistado por el defensor público que le fue asignado y tampoco por los jueces, por lo que no habría podido denunciar todas las vejaciones que sufrió en la comisaría.

El INDH presentó este sábado una querella por los delitos de tortura con abuso sexual en contra de efectivos de Carabineros. Esta acción legal considera la agravante de discriminación por orientación sexual, que incluye la Ley Zamudio. Desde la misma institución detallaron que los delitos de tortura sexual son considerados -en todo el mundo- como uno de los atropellos más graves a los Derechos Humanos de las personas.

En este punto coincide la diputada Natalia Castillo (RD), quien calificó esta denuncia como “gravísima”, dado que ningún Estado de Excepción autoriza las graves vulneraciones vividas por Josué. “Las víctimas de violencia sexual tienen derecho, además de que se haga justicia, a tener una debida reparación. Y al ser además en razón de su orientación sexual o expresión de género, esto se cruza con la vulneración de otros derechos fundamentales”, señala la parlamentaria, que ha promovido una agenda LGBTI en el Congreso.

Castillo espera que los uniformados involucrados en las agresiones sean “debidamente sancionados” y anunció que pedirá que se revisen los actuales protocolos de Carabineros y la formación en Derechos Humanos, temas de género y respeto a la diversidad sexual. La diputada además mencionó que no se trata de casos aislados, dado que desde que comenzaron las intensas protestas se han conocido varias hechos similares. Según el último informe del INDH, se denunciaron 15 casos de violencia sexual en todo el país.

Josué Maureira

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también se hizo eco su caso y de otro donde la víctima es un joven gay de 21 años que salió a comprar pan y fue detenido cuando observaba disturbios y saqueos en un supermercado. Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización, denunció que “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. Acto seguido, le propinaron golpes de pies, puños y con objetos contundentes y lo desnudaron, mientras le lanzaban insultos homofóbicos” en la 11 Comisaría de Lo Espejo. “Cuando pidió constatar lesiones, no se lo permitieron. Al otro día, en tribunales no escucharon su versión de los hechos, y lo mandaron a Santiago 1”, apuntó el Movilh. También dijo que lo desnudaron. Por ahora permanece en la cárcel Santiago 1 “sin que la Defensoría presente hasta ahora recurso de amparo alguno”.

“Aquí hay un modus operandi de apremios ilegítimos y torturas homofóbicas policiales. Hay fuerzas del orden actuando con total impunidad para liberar su desprecio por los derechos humanos y también, en estos casos, para canalizar con golpizas su homofobia. Dado que la Defensoría nada hecho en el caso del joven preso en Santiago 1, próximamente presentaremos acciones legales”, apuntó el Movilh. “Llamamos al Gobierno de Chile a implementar con carácter de urgencia todas las medidas para cesar con las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo bajo el amparo del Estado de Emergencia o el toque de queda”, finalizó el Movilh.

“Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal”

La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) registra al menos 12 denuncias de violencia sexual a mujeres y adolescentes por parte de Carabineros y de uniformados del Ejército, que permanecen en las calles desde el 19 de octubre, cuando el gobierno decretó Estado de Emergencia para tratar de controlar una ola de saqueos e incendios en supermercados y varias estaciones de metro.

Estos casos son adicionales a los que maneja el INDH, dijo a Presentes Rebeca Zamora, socia de Abofem y miembro de la Comisión de Litigación Estratégica a cargo de la coordinación nacional de representación judicial a víctimas de violencia sexual en el contexto de estas manifestaciones.

Lo que más han visto son desnudamientos, algo que escapa al protocolo de Carabineros al momento de una detención. “Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal para ver si es que tienen algún objeto. Eso está completamente al margen de nuestro derecho nacional y del derecho internacional”, explicó Zamora.

Víctimas que siguen recibiendo amenazas

Dos lesbianas de la región de Antofagasta, en el norte del país, se cuentan entre estas víctimas. Según Zamora, fueron detenidas durante una manifestación porque caminaban de la mano. Ya están en libertad, después de ser agredidas por uniformados. “No podemos revelar la identidad de quienes hacen estas denuncias por respeto y porque la confidencialidad es parte del éxito en la investigación de estos casos. Hay víctimas que están muy asustadas todavía, algunas siguen recibiendo amenazas o están siendo intimidadas para que no denuncien”, contó la abogada durante una jornada de asesoría legal a mujeres heterosexuales y de la comunidad LBTIQ+ realizada este sábado. Zamora está segura de que el número de casos seguirá aumentando con el paso de los días.

Negación por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Esta mañana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, negó haber recibido denuncias por abuso a mujeres en el contexto de las detenciones por las protestas de la última semana. “Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido denuncias de esa naturaleza y si las hubiera, en el marco de lo que está ocurriendo, corresponde que sean otras organizaciones las que asuman, porque necesitamos que sean organizaciones que garanticen autonomía”, dijo Plá. Sus declaraciones surgen luego de que el INDH presentara tres querellas por abusos sexuales, que habrían sido realizado por policías y militares.

Fuente Agencia Presentes/MOVILH/El Desconcierto

Foto 1: Josean Rivera

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Los dejó con severas lesiones en distintas partes del cuerpo.

Cinco internos del “módulo para la diversidad sexual” de la Cárcel Santiago 1, denunciaron ante el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) que fueron ayer torturados por un gendarme, en medio de insultos por su orientación sexual.

Los afectados; cuatro de ellos chileno y uno extranjero; precisaron que los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 A.M , identificando como responsable al “teniente Castro”, quien les propinó golpes con objetos contundentes.

Tras el abuso, que ocurrió en el marco de un allanamiento al módulo, los afectados constaron lesiones en el recinto médico del penal.

«Repudiamos totalmente este nuevo episodio de torturas que cometen gendarmes contra las personas LGBTI. Los gendarmes deben entender de una vez que el único castigo para los internos es la privación de libertad y que todo otro abuso raya en la tortura, además de constituir discriminación cuando se mezcla con insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, dijo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que “en relación a este último incidente hemos presentado un recurso de amparo. Del mismo modo, exigimos una intervención inmediata del Ministerio de Justicia, el cual ha guardado silencio en todos los abusos que hemos denunciado en los últimos dos años, pese existir fallos de tribunales que han condenado estos atropellos y exigido su cese inmediato”

Fuente MOVILH

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La mayor alza de atropellos ocurrió en órganos estatales, en especial en Carabineros, aumentando también los ataques y crímenes de odio. Por primera vez en una década hubo estancamientos y retrocesos en políticas públicas pro LGBTI. Pese a todo, hubo 54 hitos favorables a los derechos de la diversidad, la mayoría relacionados con la identidad de género. 

Un 44% aumentaron las denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, acumulando el 2018 un total de 698 casos, la cifra anual más alta conocida hasta ahora y que acumula el 22% del total de los 3.137 atropellos contabilizados en 17 años.

Así lo arrojó el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y dado a conocer hoy junto a Luis Lillo, joven atacado por su orientación sexual, y sus familiares.

Si bien por primera vez en una década hubo retrocesos y estancamientos en materia de políticas públicas favorables a las personas LGBTI, se registraron 54 hitos positivos para el sector, buena parte de estos relacionados con quienes tienen una identidad de género diversa, siendo así el 2018 definido como el “Año Trans”, toda vez que fue el más fructífero para el sector conocido hasta ahora.

Casos de discriminación y relajo del Estado

Los 698 atropellos del 2018 contra la población LGBTI se dividen en 3 asesinatos; 58 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas; 16 casos de abusos policiales; 28 hechos de discriminación laboral; 37 episodios de exclusión educacional; 102 movilizaciones o campañas homo/transfóbicas; 271 situaciones de marginación institucional; 17 denegaciones de derechos en espacios públicos o privados; 72 actos de violencia comunitaria (familiares, vecinos, amigos, conocidos), 92 declaraciones de odio y 2 abusos en el terreno de la cultura, los medios o el espectáculo.

Las golpizas, torturas y robos policiales fueron la categoría de discriminación donde más incrementaron los atropellos, con un 1500% más que el año precedente, seguida por la marginación o intentos de exclusión institucional (+613%), los abusos en el sistema educacional (+85%), los asesinatos (+50%), la denegación de derechos en espacios públicos o privados (+54%,), las movilizaciones o campañas contra los derechos LGBTI (+32%.) y las agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles (+3,6).

En tanto, los abusos homo/transfóbicos propinados por familiares, conocidos o vecinos de personas LGBTI mantuvieron la cifra del año precedente, registrándose solo bajas de discriminación en las declaraciones homo/transfóbicas (-44%), en el terreno de la cultura y el espectáculo (-33) y en el campo laboral (-26).

“Los principales aumentos se dieron en áreas administradas por el Estado (policías, instituciones públicas, educación), justamente donde los agentes públicos debiesen garantizar la integridad de las personas. Por el contrario, el Estado se relajó frente a los abusos cometidos en sus dependencias y por sus funcionarios y fue totalmente indiferente a los atropellos ocurridos en otros campos, a tal nivel, que no hubo condena a ningún abuso o torturas de policías o gendarmes, ni tampoco asistencia a las víctimas. Tampoco existió reproche público por parte del Poder Político  contra los asesinatos o agresiones físicas padecidas por personas inocentes, lo cual implica un retroceso y olvido de todo lo aprendido tras la muerte de Daniel Zamudio en 2012, dándose una negativa señal de impunidad a favor de los victimarios y potenciándose la victimización secundaria, que, queriéndolo o no, a su vez refuerza y valida de manera indirecta la ocurrencia de violencias en áreas ajenas al aparato estatal”, señaló el informe.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, explicó que “sin duda este contexto del 2018 fue el caldo de cultivo para las continuos ataques padecidos durante los tres primeros meses del 2019 contra la población LGBTI. La diferencia, es que recién en el último mes recién el Gobierno comenzó a condenar públicamente a los abusos y a ayudar a los movimientos LGBTI a hacerles frente”.

Población trans concentra la mayor cantidad de abusos

Por tercera vez, en 17 años, la población trans acumuló el mayor número de atropellos con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.

“El aumento se cruza con paradojas. Por un lado, se explica por el avance de la Ley de Identidad de Género y el triunfo de Una Mujer Fantástica en los Oscars, lo cual provocó la ira y el rechazo de los grupos y personas anti-derechos que se movilizaron continuamente para boicotear la norma o, derechamente, para ofender a la actriz Daniela Vega. Sin ir más lejos, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra Vega y 218 para boicotear la ley”, precisa el informe.

Añade como otra razón del incremento, el mayor empoderamiento “de las personas trans para denunciar abusos en áreas donde antes guardaba silencio. Así es como se conoció denuncias en los campos laborales y educacionales (…) terrenos históricamente vedados a este grupo humano”.

La población lésbica, en tanto, acumuló el 13% del total de casos y la gay el 15%, mientras el 33% de los atropellos afectó a la población LGBTI como conjunto.

Las denuncias o atropellos contra trans subieron un 217%, contra lesbianas un 34%, contra gays un 6.3%, mientras contra la población LGBTI como conjunto bajaron un 1,2%.

Responsables de los atropellos: los mismos, pero con más influencia

Un total de 58 instituciones y 404 personas fueron responsables de los 694 casos de homofobia y transfobia ocurridos en 2018.

“Se trata de los mismos sectores ideológicos de siempre, los cuales si bien no incrementan en términos cuantitativos, si multiplicaron sus acciones en 2018, en particular por los debates en torno a la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el desarrollo de la Campaña Arcoíris y el acuerdo de Solución Amistosa que Chile firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH”, explicó el informe.

La gran diferencia con años previos “radica en que estos grupos alcanzaron influencia y poder tanto en el Congreso Nacional; con la autodenominada Bancada Evangélica; como en el Gobierno, donde representantes de esta misma religión asumieron cargos en áreas claves, como Educación. A ello se suma la coordinación de referentes sociales con aspiración electoral, como es el caso de Acción Republicana, así como la relación que estos grupos pueden alcanzar con el abiertamente homofóbico presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, todo lo cual constituye un peligro para los grupos históricamente discriminados o desaventajados”, advierte el informe.

En el plano institucional, el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia ubicó en primer lugar a Carabineros de Chile, seguido por Gendarmería, la UDI, el Tribunal Constitucional, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Catedral Evangélica, el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, la Universidad de Los Andes, el Centro de la Familia Universidad Católica y el Destacamento de Montaña Número 17 de Los Ángeles, entre otros.

En el plano individual, el Ranking es encabezado por asesinos de personas LGBTI, seguidos por los ministros/as del TC, Iván Aróstica, Marisol Peña, Domingo Hernández, Juan José Romero y Cristián Letelier, así como por la presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Carmen Gloria Aylwin; por el presidente de la Sociedad Chilena Pediatría, Humberto Soriano; por la endocrinóloga infantil de la Clínica Universidad de los Andes, señora Francisca Ugarte; por los senadores Iván Moreira, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Castro Prieto, Fransciso Chahuán y por los diputados Juan Antonio Coloma, Enrique Van Rysselberghe, Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrurtia, Eduardo Durán, René Manuel García, Francesca Muñoz, Cristóbal Urriticoechea y Leonidas Romero, entre otros, como José Antonio Kast.

El Año Trans

“El 2018 pasará a la historia como el año cuando se más discutió y debatió en el espacio público y privado sobre los derechos humanos de las personas trans, alcanzando la temática de la identidad de género un impacto que trascendió las fronteras, en el marco de un proceso de visibilización y de conquista de derechos sin precedentes”, explica el informe.

La aprobación de la Ley de Identidad de Género y la determinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de excluir a la transexualidad de su lista de trastornos mentales, están en la cima de los cambios. A ello se suman dos fallos de la Corte Suprema que permitieron cambiar el nombre y sexo legal a personas trans con hijos, matrimonios previos y sin necesidad de cirugía y la implementación de un programa sobre identidad de género en el Hospital Sótero del Río, hechos que se añadieron a una seguidilla de avances en el campo de la educación.

“Todos los avances fueron coronados con un hecho que marcó la historia de todo el país y también del mundo. Chile obtuvo su primer Oscar y gracias a una película con temática trans, “Una Mujer Fantástica”, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por la actriz Daniela Vega”, precisa el informe.

Estancamientos, retrocesos e incumplimientos

El informe advierte que “tras una década de avances sistemáticos en materia de políticas públicas emprendidas desde el Poder Ejecutivo para la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, a partir de marzo del 2018 hubo severos estancamientos y retrocesos”.

“Por un lado no se implementó ninguna nueva política pública y por otro no se dio seguimiento a las pasadas para garantizar su continuidad y buen funcionamiento. Solo existió apoyos muy puntuales de algunas carteras o servicios, pero que no se constituyeron en una política pública formalizada”, explica el informe

“Lo más grave fue el silencio del Ejecutivo frente a los abusos y atropellos, a veces cometidos por agentes estales, contra las personas LGBTI, a un punto que ni siquiera en los asesinatos existieron condenas públicas y en relación a las torturas de Carabineros y Gendarmes, no se implementaron medidas para sancionar, ni para solidarizar con las víctimas”, lamentó el estudio.

Además, y pese a que en mayo del 2018 el Gobierno de Sebastián Piñera firmó un addendum donde se comprometió a cumplir compromisos pro derechos LGBTI asumidos ante la CIDH “la verdad es no se registró ningún avance y, más lamentable aún, el acuerdo fue violentado en distintas oportunidades, a tal punto que el Ejecutivo fue citado por la Comisión Interamericana y la Cámara de Diputados para dar explicaciones”, recuerda el estudio.

“La paradoja es que el retroceso y el estancamiento tuvieron lugar mientras representantes de Evópoli, un partido que se dice liberal, ocupan importantes cargos en el Gobierno. En tanto, pese a que la colectividad no existía bajo la primera administración de Piñera, en esa oportunidad sí se logró avanzar y el Gobierno fue dialogante y sincero en sus acercamientos con el movimiento LGBTI”.

Un Congreso Nacional comprometido a medias

“La aprobación de la Ley de Identidad de Género marcó un hito para los derechos humanos de la población trans mayor de 14 años y soltera, a lo que sumaron los esfuerzos de un reducido número de parlamentarios por avanzar en temáticas claves”, como la adopción homoparental, recuerda el informe.

Sin embargo, y pese a existir una mayoría discursivamente favorable, el Congreso Nacional no dio ningún impulso a la Ley de matrimonio igualitario y siguió con las tendencia de aprobar “normas a medias”, denuncia el informe.

Existe un “acostumbramiento de aprobar leyes a medias, en tanto la Ley de Identidad de Género excluyó a las personas casadas y a los menores de 14 años, solo basado en prejuicios e ignorancia y pasando por alto los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, una indolencia extrema, injustificable y repudiable y que repite lo ocurrido en el pasado: la ley antidiscriminatoria y el Acuerdo de Unión Civil, aprobadas en años previos, también presentan vacíos, problemas e inconsistencias, solo porque el Poder Político consensuó ceder a ideologías que ven a las personas LGBTI como ciudadanos/as de segunda categoría”, indica el estudio.

Poder Judicial, sigue siendo el más progresista y Contraloría resguarda avances

“En 2018 el Poder Judicial terminó por consolidarse como el más progresista del Estado en materia de derechos humanos LGBTI, aún cuando el proceso está atravesado por contradicciones, en tanto, los tribunales son incapaces de contribuir a resolver a través de fallos las incoherencias con la Constitución y con los tratados internacionales que revisten la prohibición del matrimonio igualitario y la falta del reconocimiento legal de dos padres o dos madres”, señala el informe.

Junto a importantes fallos de la Suprema a favor de los derechos trans, el máximo Tribunal aprobó en 2018 la Política de Igualdad de Género y No Discriminación en el Poder Judicial; el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo aplicó por primera vez la agravante de la Ley Zamudio por un crimen homofóbico, el que quitó la vida a Marcelo Velius Lepe Parraguez; el 25 Juzgado Civil de Santiago condenó a la Catedral Evangélica por dañar la hora, moral y reputación del Movilh y el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó por primera vez que el sobreviviente de una convivencia civil fuera indemnizado por daño laboral contra su fallecida pareja, entre otras sentencias analizadas por el Informe.

Por su lado, la Contraloría General de la República “se perfiló en 2018 como una instancia que puede contribuir a reguardar los avances en derechos humanos LGBTI y a cumplir compromisos cuando estos se ajustan a tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes”, indica la investigación.

“Así es como en el año dictaminó que el Acuerdo de Solución Amistosa sobre el matrimonio igualitario firmado por Chile ante la CIDH es legal y vinculante y rechazó una homo/transfóbica impugnación contra textos educativos sobre diversidad sexual y de género elaborados por el Estado y la sociedad civil”, apunta el estudio.

Otros hitos

Junto a lo expuesto, el informe destaca otros hitos favorables a los derechos LGBTI ocurridos en 2018, como son el llamado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) para que Chile legisle sobre el matrimonio igualitario, la celebración en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario y la instalación en el histórico Cerro Santa Lucía de un Monumento por los Derechos LGBTI.

A lo anterior se suman “la distribución en colegios y liceos de una circular y cuatro textos educativos con temática LGBTI, el más amplio dossier sobre la materia trabajado por el Gobierno de Bachelet y el movimiento de la diversidad; la promulgación de la Ley de Educación Superior, norma que garantiza la no discriminación; el anuncio sobre su unión civil efectuado por la capitana de Ejército Maribel Mesías (36) y la enfermera Helda González (34); una entrevista dada por la deportista de la Selección Femenina de Fútbol, FernandaPinilla, quien habló abiertamente sobre su homosexualidad; la marginación de los canales de televisión abierta de la transmisión de los Te Deum evangélico y ecuménico y la 59 versión del Festival Internacional de Viña del Mar y su respectiva gala, las cuales resultaron ser las más pro-LGBTI de su historia, al incluir a personas lesbianas, trans y gays”.

Fallecimientos

“Entristeció el 2018 la partida de figuras claves para el movimiento LGBTI: el defensor de derechos humanos Patricio Bustos, el escritor Rodrigo Muñoz Opazo, el transformista Mauricio Burgos (Katiuska Molotov) y el periodista Ítalo Passalacqua, todos los cuales desde distintos frente aportaron su grano de arena para un país más justo”, finalizó el informe.

Gráficos y estadísticas

Evolución de casos y denuncias por discriminación en 17 años

Casos y denuncias según categorías de discriminación

Casos de discriminación según distribución geográfica

Casos de discriminación separados por gays, lesbianas, trans…

Ranking anual de la Homofobia y la Transfobia: personas

Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia: instituciones

Porcentaje de respuesta de las organizaciones LGBTI a las denuncias y casos por discriminación

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Año Trans, Chile, Homofobia/Transfobia, Luis Lillo, MOVILH, Óscar Rementería, XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género