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Por primera vez llega a la Corte IDH un caso de discriminación a pareja gay en Perú

Lunes, 19 de julio de 2021

Chrisstian-Olivera-Tras 17 años, la violencia discriminatoria que sufrió Crissthian Olivera por parte del Estado peruano llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 Casi 17 años ha tenido que esperar Crissthian Olivera para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise su caso desde que sufrió violencia discriminatoria junto a su pareja de ese entonces cuando realizaban compras en un supermercado del distrito de San Miguel en Lima.

La llegada de mi caso a la Corte IDH me devuelve la esperanza de alcanzar, por fin, la justicia que me fue negada en mi país. Es la posibilidad de sanar las heridas producidas por la homofobia institucionalizada y normalizada”, manifestó Olivera al enterarse de este avance.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2004 cuando ambos se encontraban en la cafetería del supermercado. Ahí ellos manifestaban su afecto como cualquier otra pareja, pero debido a una queja de otro cliente que señalaba que dos hombres “estaban cometiendo actos de homosexualidad” y eso le incomodaba por estar con sus hijos menores de edad. La pareja fue amonestada por el personal de la cafetería e invitada a retirarse.

Una semana después, ellos volvieron al supermercado con una pareja heterosexual que mostraba las mismas conductas afectivas, pero el personal solo los amonestó a ellos, por lo que Olivera denunció la discriminación ante la instancia que protege al consumidor, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el 1 de octubre, pero su pedido fue rechazado el 31 de agosto de 2005. Olivera apeló obteniendo una última decisión desfavorable el 11 de abril de 2011.

La infructuosa búsqueda de justicia en el sistema judicial peruano hizo que Olivera acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de la organización feminista Demus.

 

En la Corte

El 29 de noviembre del 2011, Demus ingresó la Petición P-1718-11 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación de los derechos de Olivera. Diez años después, el 4 de junio de 2021, la CIDH presentó ante la Corte el caso señalando la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos de Crissthian Olivera a la igualdad y no discriminación, vida privada, garantías judiciales y protección judicial, como consecuencia de actos de discriminación basados en la expresión de su orientación sexual.

Presentes conversó con Sayda Lucas, coordinadora de litigio emblemático del caso y directora colegiada de Demus, quien señaló que “esperan lograr una sentencia favorable que contemple la reparación a Crissthian y las responsabilidades del Estado por la vulneración de sus derechos a la igualdad y no discriminación, vida privada, garantías judiciales y protección judicial. Esperamos que la Corte se pronuncie en torno a la validez de las manifestaciones de afecto de las LGTBIQ+ en el espacio público”. Añadió que “actualmente el caso, si bien está en la Corte IDH, aún está en la primera etapa (etapa de examen preliminar), estamos a la espera de que la Corte admita el caso”.

La CIDH, en su informe de fondo de este caso, señala las recomendaciones al Estado peruano, como la reparación integral, la adopción de medidas orientadas a evitar la repetición de los hechos del presente caso como implementar políticas públicas para promover en la sociedad los derechos de las personas LGBT y su aceptación social, formación a operadores de justicia, adoptar medidas que exijan, promuevan y orienten a las empresas a cumplir con los estándares interamericanos sobre no discriminación en sus relaciones de consumo, y medidas necesarias para impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Este es el primer caso de este tipo que llega a la Corte y permitirá que se fijen estándares en torno a la carga probatoria en casos de discriminación homofóbica y por expresión de género. Se espera que el caso se resuelva afirmativamente en un lapso de dos años.

Fuente Agencia Presentes

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Transfemicidio en La Plata: Wanda de La Fuente había migrado de Perú para vivir su identidad libremente

Martes, 22 de junio de 2021

GGG-968x484Este sábado a las 3 de la mañana le dispararon en el pecho a Wanda Soraya De La Fuente, una mujer trans peruana que estaba en la esquina de diagonal 73 y 64 de la ciudad de La Plata. Según otras chicas trans que estaban en la zona, un hombre buscaba droga y al no conseguir, le disparó: “Como nosotras no vendemos, él se fue enojado y al rato regresó y le disparó a la Soraya”, contaron.

Cuando los efectivos de la comisaría novena de La Plata llegaron al lugar eran las 3.50 de la mañana. En ese momento, varias personas les explicaron que minutos antes un taxi había trasladado a Soraya al Hospital Ricardo Gutiérrez, y que estaba inconsciente y herida de arma de fuego.

Entonces la policía se trasladó hacia el hospital, donde la médica les dijo que Soraya había fallecido, y que cuando la recibió tenía una herida de arma de fuego en el tórax. Las compañeras le contaron a los efectivos que vieron a tres hombres en un auto de color gris, y que desde el interior dispararon. Intervino la  DDI (Homicidios) La Plata.

“Llegó muerta, le habían pegado un tiro en el pecho. Se hicieron las tareas de reanimación y no se pudo hacer demasiado más. [En el hospital] hablaron con los allegados que estaban ahí”, explicaron a Presentes desde la Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Presentes también se comunicó con la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI 7 del Departamento Judicial La Plata, quien explicó que todavía era muy reciente el caso ya que sólo habían pasado poco más de 10 horas del hecho, pero aclaró que estaba en comunicación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para darle un tratamiento especial a la causa.

“Estamos furioses y cansades”

Distintas organizaciones convocaron a concentrarse hoy a las tres de la tarde en la Fiscalía, calle 7 entre 56 y 57, bajo el lema “Basta de Transfemicidios-Travesticidios”, para pedir justicia por Soraya. “Estamos furioses y cansades de que nos arrebaten la vida, de que intenten desterrarnos del espacio público, de que no nos dejen trabajar, de que nos hostiguen, nos desaparezcan y nos maten por el simple hecho de existir y resistir”, explicaron en el comunicado desde la organización platense Venganza Afectiva.

En septiembre del año pasado Soraya había sido baleada. A los pocos días publicó una foto que decía “Nací para ser libre, no asesinada”, y contó lo que le había pasado. Ya estaba recuperándose: “Me balearon hace una semana amiga pero gracias a dios ya me estoy recuperando”.

Este no es el primer crimen de odio ocurrido en esa zona de La Plata. A fines de enero del año pasado, Roberta Carabajal, una mujer trans peruana de 45 años, fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62. Después del ataque, sus compañeras la llevaron al Hospital San Martín, donde falleció horas después.

La organización Ammar La Plata, sindicato de trabajadorxs sexuales, compartió hoy un comunicado: “Denunciamos la violencia institucional que sufrieron nuestras compañeras. Debido a que luego del ataque, tres de ellas trasladaron a Soraya en un taxi hasta el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde la policía, sin mediar palabra, las detuvieron”.

Desde OTRANS ARGENTINA denunciaron y repudiaron el asesinato de su compañera y además denunciaron al Intendente Julio Garro por las faltas de políticas públicas en la ciudad, quien, según indicaron, “desde inicio de sus gestiones se ha mostrado indiferente respecto a las problemáticas que atraviesa nuestro colectivo”. Además, exigieron que el caso sea investigado con perspectiva de género y que la fiscalía en turno a cargo de Virginia Bravo (UFI 7), tome cartas en el asunto.

Fuente Agencia Presentes

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Qué podemos esperar los feminismos y activismos LGBT+ peruanos de Pedro Castillo

Viernes, 11 de junio de 2021

(COMBO) This combination of pictures created on June 03, 2021 shows a file photo taken on May 01, 2021 of Peruvian presidential candidate, right-wing Keiko Fujimori (L), speaking during a debate with leftist Pedro Castillo (out of frame) in Chota, Cajamarca, northern Peru, ahead of the June 6 presidential runoff election, which threatens to polarize the country and a file photo taken on May 30, 2021 of Peruvian presidential candidate, socialist Pedro Castillo, during the last debate with his opponent, right-wing candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 6 run-off election, in Arequipa, Peru. - Peru votes on June 6, 2021 in its fifth presidential election in three years after an unprecedented series of crises and corruption scandals that saw three different leaders in a single week. (Photos by Cesar Bazan and Martin Mejia / various sources / AFP) El profesor aventaja en 84.000 votos a Fujimori con el 98% escrutado

Ni aliado ni enemigo. Se avizoran cinco años de lucha para el movimiento LGTBI que ya ha llamado a marchar de forma presencial este sábado 26 de junio bajo la consigna “Nuestro Orgullo no está en cuarentena”.

 Con el 96%  de las actas electorales escrutadas, Pedro Castillo (partido Perú Libre), conocido sindicalista cajamarquino que dirigió por varios años a las y los maestros en sus diversos pedidos para mejorar su situación, se avizora como nuevo presidente de Perú. Pasó de tener  el 0.1% de intención de voto a inicios de año pasado a ocupar el primer lugar en la segunda vuelta enfrentándose con Keiko Fujimori la hija del dictador Alberto Fujimori, en su tercer  intento de hacerse de la presidencia, como candidata del partido Fuerza Popular.

Según los datos oficiales proporcionados por la ONPE, Castillo sumaba 50,274% de los sufragios –8.560.232 votos– contra el 49,726% –8.467.081– de su oponente.

Con un total de sufragios que sobrepasó los 18 millones, hubo más de un millón de votos anulados y la diferencia entre los candidatos es exigua, sobre todo si se tiene en cuenta que en la noche del lunes todavía quedaban alrededor de 3.500 circuitos por escrutar.

Campaña desigual

La campaña fue  muy desigual. El fujimorismo contó con unos 23 millones de dólares que usó para atacar  a Castillo y sus militantes con racismo, clasismo,  acusándolos de terroristas. Además del dinero, tuvo el apoyo de los políticos de derecha, de la prensa oficial, de los deportistas  y de diversos programas de televisión y radio.

El movimiento feminista y el LGTBI peruano se veían en una encrucijada, pues ninguno de lxs candidatxs ofrecía algún tipo de avance para la agenda de mujeres y personas de la diversidad sexual. En campaña, Castillo, cristiano y con un discurso familiarista, se había referido de forma negativa hacia los derechos que exigimos, no teniéndolos como prioridad o desconociéndolos. Incluso su vicepresidenta, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, fue acusada de transfobia por una denuncia de maltrato cuando trabajaba como funcionaria del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Temas que fueron levantados varios días por la prensa oficial con el fin de perjudicar al candidato que no era de su preferencia.

Memoria del fujimorismo

Pero nosotrxs tenemos memoria, y recordamos todo lo que hizo el fujimorismo en los 30 años que ha estado en el poder. Alberto Fujimori, en su primer gobierno, despidió a un grupo de funcionarios y diplomáticos, acusándolos de ser homosexuales, además de iniciar una campaña de “planificación familiar”, luego conocida como el caso de las esterilizaciones forzadas, en donde cientos de mujeres andinas y empobrecidas fueron intervenidas quirúrgicamente en contra de su voluntad para que no pudieran tener hijos.

Con Fujimori preso, sus hijos tomaron su lugar y con sus bancadas impidieron que las personas LGTBI pudieran tener un mínimo de derechos oponiéndose a los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, identidad de género, crímenes de odio y al enfoque de género en la educación, difamando, persiguiendo y sancionando a funcionarias del Ministerio de Educación por incluir temas de Educación Sexual Integral.

Ni aliado ni enemigo

Lo que inclinó el voto a favor de Castillo, de parte del movimiento feminista y la diversidad sexual, es que, a pesar de no ser un aliado, tampoco es un enemigo de nuestras demandas como lo ha demostrado por tanto tiempo el fujimorismo. Además creó alianzas con partidos y políticos progresistas de izquierda, quienes sí defienden los derechos de mujeres y LGTBIQ+. Asimismo, Castillo no tiene los antecedentes criminales de Keiko Fujimori, acusada por la Fiscalía peruana de liderar una organización criminal dedicada al lavado de dinero, que ingresaba de forma ilegal a su partido político para financiar sus campañas electorales. Por esta acusación pende una condena de 30 años de cárcel.

Además, puso en jaque al Estado peruano estos cinco años promoviendo vacancias, destituciones y censuras a presidentes y ministrxs generando una enorme inestabilidad política, incluso promoviendo un corto golpe de Estado que dejó el saldo de dos jóvenes asesinados por la policía en su afán de reprimir las protestas.

En ese sentido, se avizoran cinco años de lucha para el movimiento LGTBI que ya ha llamado a marchar de forma presencial este sábado 26 de junio bajo la consigna “Nuestro Orgullo no está en cuarentena” para empezar a exigir al nuevo presidente que también respete y promueva nuestros derechos.

Fuente Agencia Presentes

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Elecciones en Perú: cuatro candidates LGBT+ buscan llegar al Congreso

Sábado, 13 de marzo de 2021

WhatsApp-Image-2021-02-26-at-07.40.22-832x416De izda a dcha, Gabriela Salvador, Susel Paredes, Gahela Tseneg Cari Contreras y Alejandro Cavero

Por Verónica Ferrari

Las elecciones de Perú se realizarán el domingo 11 de abril de este año en medio de crisis políticas constantes. Hay un presidente interino, Francisco Sagasti, luego de que se vacara a Martín Vizcarra (que a su vez reemplazaba a Pedro Pablo Kuczynski) y en su lugar se pusiera Manuel Merino. Merino tuvo que renunicar debido a las marchas multitudinarias en su contra. Estas marchas fueron reprimidas violentamente por la policía y que dejaron el saldo de dos jóvenes muertos, situación que aún está en espera de justicia.

Este nuevo Congreso que se elegirá en abril sustituirá al Congreso elegido hace un año, luego de que Vizcarra decidiera cerrarlo por obstaculizar continuamente la lucha anticorrupción.

Después del cierre, las elecciones colocaron a dos congresistas abiertamente gays, Alberto de Belaunde y Miguel Gonzales, ambos del Partido Morado. Quedaron fuera de juego las candidatas de la izquierda Gabriela Salvador (Frente Amplio) y Gahela Tseneg Cari (Juntos por el Perú). Ambas, de identidades lésbica y trans, respectivamente, vuelven a candidatear en esas elecciones.

Gabriela Salvador: visibilizar las violencias

Gabriela Salvador (36) es abogada, especialista en medioambiente, y en estas elecciones dio un salto ideológico pues del Frente Amplio se pasó al Partido Morado. El motivo fue la denuncia de acoso laboral del congresista Lenin Checco, con quien trabajaba como asesora.

 Sus propuestas respecto a la población LGTBIQ+ son las mismas con las que postuló en enero del 2020: ley de matrimonio igualitario y ley de identidad de género, que siguen estancadas en las diversas legislaturas. También la fiscalización y control en materia de género con prioridad en establecer indicadores que visibilicen la discriminación y la violencia.

Gahela Tseneg Cari Contreras: transfeminista y campesina por una nueva Constitución

Gahela Tseneg Cari Contreras tiene 28 años y es bachiller en Derecho, originaria de la provincia de Ica y postula por Lima por segunda vez con Juntos por el Perú, el partido liderado por la candidata Verónika Mendoza. Es reconocida como una importante activista trans que también lleva la identidad afrodescendiente e indígena. Sus propuestas son las mismas que las de las candidatas del Partido Morado (matrimonio igualitario, ley de identidad de género, crímenes de odio, políticas dirigidas a la comunidad LGTBIQ+), con la diferencia de que su partido, a diferencia del Morado, busca el cambio del modelo económico neoliberal presente en Perú desde hace al menos dos décadas.  Este modelo privatizó los servicios básicos y encareció el acceso a educación y salud, las dos áreas más golpeadas por la pandemia, que ha convertido al país en uno con la mayor cantidad de muertes por covid-19. Este cambio de modelo implica una nueva Constitución que deje atrás la Constitución fujimorista de 1993.

Susel Paredes: una política de larga data

Susel Paredes es una experimentada política, abogada y activista lesbiana que ha tenido diversos cargos en partidos políticos, de izquierda y de derecha.  Fue secretaria general del Partido Socialista hasta congresista n° 1 del Partido Morado, pasando por Fuerza Social, liderado por la hoy presa exalcaldesa Susana Villarán, de la que fue su gerenta de Fiscalización en Lima Metropolitana. También fue asesora del Ministerio del Interior, gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana del distrito de La Victoria (con el ahora candidato a la presidencia George Forsyth) y del distrito de Magdalena del Mar. Ha postulado al Congreso con el Partido Socialista, con Fuerza Social, tuvo acercamientos con el Frente Amplio y Somos Perú, y ahora postula por el Partido Morado, con grandes posibilidades de ocupar una curul por el número que ostenta. Paredes y su esposa Graciela Aljovín mantienen un proceso judicial con el Estado peruano para que se reconozca su matrimonio realizado en Estados Unidos en 2016.

Alejandro Cavero: sin grandes propuestas para la comunidad LGBT+

Alejandro Cavero (28), joven abogado que se ha dedicado al periodismo político y como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso. Postula por el partido de derecha Avanza País, liderado por el economista Hernando de Soto.  Cavero defiende el modelo económico vigente: está en contra de gravar con más impuestos a las empresas que ganan más y aunque en su página web reconoce abiertamente ser parte de la población LGTBIQ+, pocas han sido sus propuestas para su comunidad. En un debate con la candidata Gabriela Salvador, mientras ésta señaló que apuesta por el matrimonio igualitario, él remarcó que apoya la unión civil, sin mencionar el matrimonio.

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Fuente Agencia Presentes

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Campañas electorales de Perú usan homofobia y transfobia para captar votos

Martes, 16 de febrero de 2021

CONGRESOPERÚ-1024x512Por Verónica Ferrari

El domingo 11 de abril son las elecciones presidenciales y congresales en el Perú.  Los partidos políticos ya presentaron a sus candidates y la mayoría ha sido refrendade por el Jurado Nacional de Elecciones. Para la población LGTBIQ+, las mujeres e indígenas, la situación no se presenta muy esperanzadora. La gran mayoría de candidates que intentan llegar al poder con el voto popular dentro de dos meses son de la derecha, y están poco interesades en cambiar la situación de abandono legal o tutelaje en la que se encuentran sobre todo estas poblaciones.

Como es de esperarse, porque no es una situación que ocurra solamente en América Latina, sino que pasa en todo el mundo, en contexto electoral la homofobia se convierte en una estrategia de campaña para captar votantes. Perú no es la excepción, y la manipulación política de estos temas, a través de la desinformación, están a la orden del día.

La candidata trans, la más atacada

Tal vez quien ha sido más atacada por la transfobia electoral ha sido la candidata trans Gahela Cari, del partido Juntos por el Perú, liderado por Verónika Mendoza, siendo la única candidata de la diversidad sexual en un partido de izquierda en estas elecciones.

v-WxqXwR_400x400Gahela Cari es la única candidata LGBT en un partido de izquierda (Twitter)

La activista ha recibido violentos mensajes luego de que otro candidato buscara humillarla al publicar su nombre legal en el Twitter negando su identidad y su derecho a ser reconocida. Frank Krklec es el candidato transfóbico y antes de postular a las elecciones por el partido de derecha Renovación Popular, editaba un blog fascista llamado “Catarsis y Harakiri” y trabajó como asesor del excongresista y pastor evangélico Julio Rosas, principal opositor a los derechos LGTBI cuando ostentaba el cargo público.

Krklec pertenece al partido liderado por Rafael López Aliaga, millonario empresario peruano al que le gusta autodenominarse el “Bolsonaro peruano”, pues comparte la misma visión autoritaria, conservadora y retrógrada del presidente de Brasil.

López Aliaga cree en la existencia de la “ideología de género” y manifestó como una de sus propuestas que llevaría a las niñas embarazadas por violación a un hotel cinco estrellas hasta que den a luz para que no aborten. El candidato presidencial difunde alguna propuesta descabellada para inflar su imagen y convertirse en tendencia continuamente en redes sociales, en otra estrategia de la derecha: la avalancha de desinformación, el uso de trolls y bots, y la polémica, en una campaña deslucida por la entrada a cuarentena ordenada por el gobierno peruano, la que podría extenderse a más del 15 de febrero si no baja el nivel de mortalidad por la segunda ola que atraviesa el país.

 

Acoso político contra lesbianas visibles

Otras candidatas que reciben ataques por su orientación sexual son las del Partido Morado, Susel Paredes, quien es cabeza de lista, y Gabriela Salvador, que del izquierdista Frente Amplio se pasó a la centroderecha, son lesbianas y lo dicen abiertamente.

Paredes es muy conocida en el Perú, primero, por participar en una de las novelas más populares de los años 80, “Carmín”, luego por salir del clóset cuando era secretaria general del Partido Socialista y postular al Congreso por primera vez. También por ser activista lesbiana y tener pendiente un proceso judicial con el Estado peruano para que se reconozca su matrimonio con Gracia María Aljovín de Losada. Además ocupó importantes cargos públicos en varias municipalidades distritales de Lima.

Las organizaciones feministas han hecho llamados a los órganos competentes para que frenen el acoso político contra lxs candidatxs por su identidad de género y orientación sexual, pues esto limita la participación política de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Tribunal de Honor, también hizo un llamado a respetar el Pacto Ético firmando por la mayoría de partidos, a no atacarse entre candidates y a evitar frases discriminatorias o que lesionen la dignidad de las personas, al que el partido Renovación Popular hizo caso omiso pues no ha firmado el Pacto Ético porque consideran que tiene ideas “comunistas”.

 

LGBTfobia en los medios de comunicación

Otro de los espacios en donde ocurren violentas manifestaciones de homofobia y transfobia suelen ser en las radios regionales y locales, pues es más difícil monitorear estos medios de difusión y no obedecen ningún tipo de protocolo institucional para funcionar pues suelen ser espacios privados que privilegian la polémica para generar retribuciones y mayor alcance. Así, han ocurrido diversos casos de desinformación y discriminación por estos medios, como el ocurrido en la entrevista que le hizo el periodista Iván Cruces a la candidata de Juntos por el Perú, Natalia Arbildo en Trujillo.

Mientras en Perú no haya leyes que sancionen administrativa o penalmente la homofobia y transfobia, seguirán ocurriendo estos casos.

Fuente Agencia Presentes

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A Shisha la asesinaron en la Sierra del Perú: piden se investigue su transfemicidio

Sábado, 21 de noviembre de 2020

Trans-768x1024Por Verónica Ferrari

Soledad Rojas Paúcar (48), también conocida como Shisha, fue asesinada el 12 de noviembre en su minimarket “Rojas” ubicado en la cuadra 19 de Mariscal Castilla, distrito de El Tambo, Huancayo, en la Sierra del Perú. La encontraron dentro de su local acuchillada en el cuello y la nuca.

Según las primeras investigaciones, hubo una reunión previa en el local de la víctima y Shisha no habría mostrado resistencia por lo que se presume que era alguien conocido por ella. El asesino le robó sus ahorros de aproximadamente 7 mil soles. Vecinos señalan que a pesar de que el local está cerca de la Municipalidad, en las calles no existen cámaras de vigilancia que podrían haber ayudado a encontrar al asesino de Shisha.

Shisha era querida en su barrio, porque era muy trabajadora, estaba integrada a su comunidad, solía vender mazamorras y chicha en las ferias y también participaba en las festividades del lugar como tunantera (baile típico de la región). Por la pandemia, alquiló el local para vender abarrotes.

Presión para que se investigue el caso

El colectivo Diversidad Wanka LGTB de Huancayo organizó una vigilia en el Parque de la Constitución para exigir a la Policía y la Fiscalía que no dejen de investigar el caso como sucedió con otra mujer trans asesinada, Sandy, a quien mataron en 2010 y terminaron archivando el caso sin hallar a los responsables de su muerte.

Presentes conversó con Bélgica Ledesma, coordinadora de la agrupación, quien señaló que hicieron la vigilia porque quieren saber quién la asesinó: Shisha era una persona muy conocida y sabían lo vulnerable que era porque vivía sola, es muy probable que hayan planificado este crimen, por eso exigimos que las investigaciones se sigan dando, que no se archive”.

Ange Alexine Huaroto, encargada de la Red de Atención de Emergencias de Diversidad Wanka, comentó para Presentes que con la familia de Shisha están viendo cómo incidir para que la policía eleve rápidamente el atestado a la Fiscalía, y que esta inicie una investigación que lleve a abrir un proceso judicial a los responsables del crimen.

Obstáculos para acceder a la Justicia

Huaroto añadió que en Huancayo hay una serie de violencias contra la población LGTBIQ+, sobre todo contra las mujeres trans, que terminan quedando en la impunidad debido a los obstáculos para el acceso a justicia. Esto ocurre, sobre todo, en personas en situación de pobreza, la mayoría de los casos, porque no tienen las herramientas suficientes para exigir que se haga justicia a sus familiares. Su organización tiene dos casos actualmente, uno de golpes con luxación de muñeca, en donde la mujer quedado incapacitada, y una violación sexual de una menor trans, que no tienen todo el apoyo legal estatal que necesitan, por lo que tienen que buscar abogados voluntarios para que por lo menos se inicie el proceso legal contra los victimarios.

Fuente Agencia Presentes

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Crisis política en Perú: el nuevo presidente juró por la Iglesia con un gabinete antiderechos

Viernes, 13 de noviembre de 2020

Martín_Vizcarra_Cornejo_(cropped)_(cropped)Martín Vizcarra

Crece el rechazo social a Manuel Merino como presidente de Perú

Por Verónica Ferrari

Los alrededores del Congreso peruano están tomados por movilizaciones populares desde hace dos días para protestar por la deposición del presidente Martín Vizcarra, quien fue obligado a renunciar, acusado de corrupción. Es el tercer presidente de Perú en cuatro años. Tanto Vizcarra como el ex presidente Pablo Kuczynski. Ayer juró Manuel Merino, quien será presidente hasta las elecciones en julio.

Pero el Congreso no está libre de estas acusaciones: la mayoría de los congresistas atraviesa procesos por diversos delitos y sus partidos políticos se aliaron para quedarse en el poder frente a unas elecciones que no les auguraba los votos suficientes. De esta forma pueden copar, según sus intereses, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia a puertas de las próximas elecciones de abril, que también están en peligro.

 https://www.facebook.com/waykaperu/posts/3547254475358927

Quién es Manuel Merino

Merino proviene del partido de derecha Acción Popular y fue uno de los congresistas menos votados en su región (un poco más de 5 mil votos en Tumbes). Estuvo involucrado en el primer intento de vacancia del expresidente Vizcarra, con llamadas a altas autoridades militares y policiales para asumir la presidencia, un mes después logró su cometido.

En su juramento señaló su compromiso “con cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar la libertad de culto y la importancia de la iglesia católica”, lo que da luces de la carga ideológica con la que viene este nuevo gobierno que durará hasta julio si las protestas no lo sacan antes.

Merino generó controversia al realizar declaraciones machistas comparando la tirante relación del Ejecutivo y el Legislativo con un noviazgo en donde la novia ya está haciendo caso al novio: “Esto es como un noviazgo. La novia ya está haciendo caso al novio, nos estamos entendiendo y quien gana es el Perú y eso es lo que queremos”. Luego de una serie de protestas tuvo que disculparse con “quienes se sintieron ofendidos”.

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Un gabinete con integrantes racistas y homofóbicos

Se ha confirmado un gabinete de derecha encabezado por Antero Flores Aráoz, político de ultraderecha de gravitante papel en matanzas como las de Bagua contra la población indígena amazónica, a la que justificó porque ni siquiera los consideraba humanos. Flores Aráoz ha tenido declaraciones racistas, misóginas y homofóbicas en su trayectoria política y ya estaba descartado como personaje político relevante en el Perú, pero es el único político que podría aceptar el papel de apoyar un golpe de Estado.

Este gobierno que acaba de usurpar el poder no avanzará ninguno de los proyectos progresistas que se estaban formulando para implementar el enfoque de género en la educación, la posibilidad del aborto en niñas menores de 14 años que hayan sufrido violencia sexual, o el fortalecimiento del Estado laico, luego del golpe que significó la negativa del Tribunal Constitucional de sentenciar a favor del matrimonio igualitario días antes.

El movimiento feminista y de la diversidad sexual se movilizó a través de las redes sociales y en las calles señalando las intenciones antidemocráticas de la vacancia y convocando a mantener la movilización en las calles para que los objetivos golpistas no se cumplan.

Fuente Agencia Presentes

 

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Tribunal Constitucional de Perú rechazó demanda de matrimonio igualitario

Jueves, 5 de noviembre de 2020

20352Por Vero Ferrari, desde Lima

A puertas cerradas y en sesión reservada, el Tribunal Constitucional peruano decidió rechazar este 3 de noviembre la demanda interpuesta por Oscar Ugarteche para que el registro Nacional de Identidad y Estado Civil registrara su matrimonio con Fidel Aroche realizado en México. De esta forma, le dan la espalda a miles de parejas que buscan formalizar su relación y contar con las protecciones y garantías que el Estado ofrece a estos contratos matrimoniales.

“Este fallo es un retroceso hacia la igualdad de derechos en el Perú. Ha sido un camino largo y tormentoso, que continúa desde que Flora Tristán luchara infructuosamente por el reconocimiento del matrimonio sus padres en Francia. Mi lucha continuará ahora en el exterior”, dijo Ugarteche, activista y uno de los fundadores del Movimiento Homosexual de Lima (Mhol).

Los votos en contra fueron de los magistrados conservadores Ernesto Blume, José Luis Sandón, Augusto Ferrero y Carlos Miranda, quien fue el orador principal de la demanda. A favor votó la presidenta del Tribunal, Marianella Ledesma y los magistrados Eloy Espinoza-Saldaña y Carlos Ramos, quienes siempre han votado a favor de causas progresistas.

 

La demanda de amparo fue interpuesta en cuatro años después de que Oscar y Fidel se casaran en 2012 e intentaran inscribir su matrimonio por todas las vías formales peruanas. En 2016, el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima ordenó a RENIEC inscribir el matrimonio, pero este organismo apeló, de ahí el caso pasó al Tribunal Constitucional, que demoró varios años en ponerlo a debate. Hoy se conocieron los resultados, aunque ya estaba avisado pues los cuatro magistrados que votaron en contra del matrimonio igualitario fueron los que votaron para que la sesión se realice de forma reservada y nadie más que ellos pudieran ser testigos de los argumentos para rechazar el pedido de la pareja

Instituciones como la Defensoría del Pueblo instaban a que el TC tomara una decisión a derecho de la Constitución y los tratados internacionales. Desde la sociedad civil se generó la campaña #TCVotaPorLaIgualdad que se convirtió en tendencia todo el día de hoy, hasta que se anunció el resultado a la 1 pm de esta tarde.

En declaraciones para la prensa Oscar Ugarteche señaló “El conservadurismo religioso peruano es lo más previsible del mundo”. El economista anunció que el caso irá a la CorteIDH y debido a la Opinión Consultiva 24-2017, esta ordenará al Estado peruano que regule y reconozca el matrimonio igualitario.

Fuente Agencia Presentes

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En cárceles de Perú a las mujeres trans las encierran en pabellones de delitos sexuales

Lunes, 19 de octubre de 2020

Danuska, left, holds hand with her friend as she passes by on her way to work. Por Verónica Ferrari

Fotos: Danielle Villasana

La plena ciudadanía sigue siendo una deuda para las mujeres trans en el Perú. Sin un marco legal que las proteja, sin políticas públicas que atiendan sus necesidades, sin una estructura familiar que las respete y acoja desde pequeñas y atravesadas por un sistema social que las empuja a la pobreza y la marginación, son poco probables sus oportunidades de progreso y vida digna. ¿Pero qué pasa cuando no solo se atraviesan estas vicisitudes, sino que también pierden su libertad? ¿Si la capacidad de agencia ya es recortada en la vida pública y privada, cómo viven las mujeres que pierden todo atisbo de ciudadanía al ser encarceladas?

El informe presentado por el Proyecto Únicxs y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado “’Vivir los días’: situación de la población trans femenina en el Penal de Lurigancho” busca acercarse a la realidad de las mujeres trans en situación de carcelería en uno de los penales más hacinados y peligrosos del Perú: el penal de Lurigancho.  Allí van presos no solo los delincuentes considerados más peligrosos, sino también los peruanos más pobres, más racializados, con menos oportunidades en la vida, sin abogados y sin familia.

La investigación, que originalmente fue planteada para realizarse en tres penales, tuvo que reducirse a solo uno por la llegada de la pandemia que trastocó a todos los países del mundo y obligó a tomar medidas especiales para evitar las muertes. El Perú, a pesar de ser uno de los primeros países de Latinoamérica que tomó las medidas más drásticas para frenar las consecuencias mortales del coronavirus, no pudo hacer frente a 20 años de neoliberalismo que fueron desinstalando las capacidades del Estado para brindar seguridad y acceso a derechos a todxs sus ciudadanxs.

Sin respeto por su identidad de género

La situación en los penales se agravó, tanto que hasta el momento no se sabe exactamente qué ha pasado con las 23 personas que se identificaron como mujeres, mujeres trans o travestis en el Penal de Lurigancho y que accedieron a ser encuestadas y entrevistadas. La mayoría de ellas eran adultas jóvenes, sin estudios completos y migrantes internas.

La mayoría también estaba presa por robo, ocurridos cuando realizaban el trabajo sexual, y estaban en el pabellón 3, destinado a quienes cometen delitos sexuales, porque ahí también se destina a los hombres gays, y ellas son identificadas como homosexuales.

DANIELLE_VILLASANA-003-1024x683Con representación legal casi todas, y gracias a las negociaciones de los abogados, recibieron condenas menores a las esperadas, de entre cuatro y seis años. El 70% afirmó tener pareja, una estrategia para estar protegida, aún a costa de ser víctima de abusos del protector, y haber tenido sexo por dinero. Todas han podido acceder a atención de salud, pero ésta es de regular a mala. La salud mental está abandonada por lo que sus cambios de ánimo, depresiones y sentimientos de tristeza no son atendidos, lo que aumenta por las pocas visitas que reciben de sus familiares.

Gianna Camacho García, activista trans y parte del equipo de investigación señala la problemática de no atender la salud mental de las reclusas: “Si ya a un reo no los visita nadie, imagínate a ellas, porque además de ser vulnerables por estar privadas de su libertad, lo son también por ser trans: una doble vulnerabilidad, y psicológicamente no se les trata, se les maltrata más bien, hay asistentas sociales que les prohíben maquillarse, tuvieron a alguien que les leía la biblia y les decían que era pecado el ser como son”.

Violencia física, psicológica y sexual

Según el informe, el 40% de las mujeres trans entrevistadas señaló haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de otros internos. El intentar cortarles el pelo como disciplinamiento es común y asumir que ellas trasmiten VIH, por lo son golpeadas como castigo. La cifra crece cuando se trata de la violencia física ejercida por el personal que debería cuidarlas. 52% señala haber sido maltratada físicamente por los guardias de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Les cobran cupos para poder pasar de un pabellón a otro y las manosean, las insultan y las discriminan. Las obligan a vestirse como hombres y las humillan rebuscándoles sus cosas, desnudándolas y burlándose de ellas. 

La violencia sexual también es un continuo en la vida de las mujeres trans, 57% señala que ha sido abusada por otro interno en forma tocamientos, agresión, chantaje sexual, violación. Pero la cifra es de terror cuando se trata de personal del INPE: 74% afirma haber recibido estas agresiones sexuales de parte de ellos. Entre las violencias vividas están las violaciones en grupo de parte de los internos o el traslado a otros ambientes para ser abusadas sexualmente por funcionarios del INPE.

DANIELLE_VILLASANA-002-1024x682A pesar de estos peligros, la mayoría expresó que prefería quedarse en un penal de hombres, entre las razones variadas que dieron fue que ahí podían tener pareja, algo que no sucedería en un penal de mujeres. Las que expresaron preferir un penal de mujeres señalaron que ahí hubieran estado más tranquilas y con menos discriminación.

Sobre esto, Gianna comenta: “Se les ha recluido en un pabellón en donde están todos los agresores por delitos sexuales: violadores, pedófilos, acosadores, y ahí las meten a ellas y a los homosexuales, para que estén todos juntos, el pensamiento del INPE es que ellas y los gays están relacionados con actos sexuales, con los depravados sexuales. Y ahí tampoco están seguras porque no están en las mismas cuadras, están dispersas en todo el pabellón usando el baño y las duchas sin puertas y desnudándose frente a todos”.

Una académica trans en el pabellón

Ver a una mujer trans realizando una investigación académica resulta impactante para las reclusas, que pueden ver referentes positivos en sus vidas (“me contaban su vida, fue una especie de terapia para ellas”). Pero también para lxs funcionarixs del INPE, quienes trabajan sin enfoque de género.

Gianna señala que lxs funcionarixs están acostumbrados a ver a las chicas trans como reclusas, como personas de lo peor, y que al ver llegar a una mujer trans no en calidad de detenida sino de investigadora, los descoloca y rompe sus parámetros. Así, la activista tuvo que vivir ella también una serie de violencias de parte de lxs funcionarios, como que las mujeres de seguridad no quisieran revisarla antes de entrar a los pabellones “por ser hombre” y no estar operada, y tuviera que ser revisada por el personal masculino en presencia de un médico.

Fuente Agencia Presentes

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El Estado peruano reconoce por primera vez a las parejas del mismo sexo en sus ayudas a familiares de profesionales de salud fallecidos por COVID-19

Martes, 25 de agosto de 2020

cual-es-la-bandera-de-peruPequeño pero significativo avance en Perú: por primera vez, el Estado peruano reconoce formalmente a las parejas del mismo sexo que convivan bajo un mismo techo, aunque sólo como beneficiarias de una entrega económica a los deudos del personal de salud fallecido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Mediante un Decreto publicado el 8 de agosto en el diario oficial El Peruano, el Estado extiende a las parejas del mismo sexo una serie de beneficios económicos que ha decidido otorgar a los deudos de las personas fallecidas a causa de la COVID-19. «Se considera como personas beneficiarias de la entrega económica a los herederos forzosos y legales del personal de la salud, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 de las presentes normas complementarias. Para efectos de la presente norma, también se consideran personas beneficiarias a los y las convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido, conforme a los lineamientos que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución Ministerial, en un plazo de quince (15) días calendario contados desde la publicación del presente Decreto Supremo», reza el artículo 6.2 del anexo al decreto.

Este mismo viernes se han aprobado los correspondientes lineamientos, tal y como ha anunciado en redes sociales el Ministerio peruano de Justicia y Derechos Humanos. El propio Ministerio admite que se trata de la primera norma que de forma explícita reconoce las parejas del mismo sexo, «bajo los principios de igualdad y no discriminación». Los convivientes del mismo sexo que quieran solicitar la ayuda deberán acreditar documentalmente su convivencia durante un mínimo de dos años, aportando además una declaración jurada de dos testigos:

 

Aunque pueda parecer pequeño, no deja de constituir un avance en un país en el que las parejas del mismo sexo llevan años viendo como una y otra vez desde el poder político se les niega la posibilidad de ver reconocidos sus derechos y que ni siquiera ha sido capaz de aprobar, no ya el matrimonio, sino una ley de uniones que le acerque, aunque sea mínimamente, a sus vecinos. En estos momentos, las esperanzas de la aprobación del matrimonio igualitario en Perú penden de los tribunales. Ya hay tres pronunciamientos judiciales favorables, referidos a Óscar Ugarteche y Fidel Aroche (que contrajeron matrimonio en 2010 en Ciudad de México), a Susel Paredes y Gracia Aljovín (que se casaron en Estados Unidos en 2016) y a otros dos ciudadanos peruanos, A.A.M.S. y D.A.U.F., casados también en Estados Unidos en 2015. La demanda de Ugarteche y Aroche, de hecho, está ya sobre la mesa de la Corte Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Fuente Dosmanzanas

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El Poder Judicial peruano dejó sin protección explícita a las personas LGBTI+

Viernes, 24 de julio de 2020

Image-2020-07-17-at-18.00.51Por Verónica Ferrari

Foto: Esteban Marchand

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una de las más altas instancias del sistema de administración de justicia en el Perú, decidió adherirse a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad”, pero excluyendo de forma explícita y particular a la población LGTBIQ+. Esta decisión homofóbica fue tomada en enero del presente año, pero recién circuló en julio cuando la Resolución N° 002-2020-CE-PJ llegó a las oficinas de todos los jueces del Perú.

El juez supremo Javier Arévalo Vela sustentó esta decisión señalando en su escrito que la orientación sexual, en condiciones normales, es heterosexual, y que cualquier otra situación se debe a causas psicológicas y sociales. En pocas palabras, llamó a las personas LGTBIQ+, anormales, enfermas mentales o con algún trauma social, lo que es un delito pues en el Código Penal peruano, desde el 2017, se sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además es anticonstitucional, pues la Constitución Política del Perú protege y garantiza la dignidad de todos y todas sus ciudadanas.

La Resolución fue publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano. Esto causó conmoción en el activismo LGTBIQ+ y en algunos jueces que venían sacando adelante una serie de actividades alrededor del reconocimiento de la población LGTBIQ+. Por ejemplo, el primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, realizado en 2019. Este evento fue aprobado por el mismo Consejo que ahora decide retirar a la población LGTBIQ+ del acceso a justicia. Al respecto, el juez supremo provisional Carlos Calderón, organizador de este evento, señaló para Presentes que “esta resolución es un retroceso, un olvido total de las sentencias de la CorteIDH y un hecho doloroso, frustrante y triste a la vez”.

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La jueza Janet Tello, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, envió una solicitud de reconsideración a los consejeros. Allí señala que no es posible que desconozcan la reciente condena al Perú por el caso Azul Marín (2008), en donde la CorteIDH, en abril de este año, señala que los operadores de justicia no tuvieron la debida diligencia y sus prejuicios homofóbicos actuaron en contra de la joven trans torturada y violada en una comisaría, lo que no le permitió alcanzar justicia hasta doce años después.

La adhesión a las Reglas de Brasilia permitía que se realizaran protocolos de atención para cada población en situación de vulnerabilidad, documentos que ya estaban siendo elaborados por los juzgados determinados. En este caso, el protocolo de acceso a la justicia para personas LGTBIQ+ lo estaban realizando las cortes de Ucayali, Madre de Dios, Huancavelica, Áncash y Lima, que frente a esta situación se han quedado en el vacío.

Presentes se comunicó con Jonatan Basagoitia, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, encargada de elaborar el protocolo para población LGTBIQ+, quien también lamentó lo ocurrido: “Ha sido una decisión arbitraria y homofóbica del Consejo Ejecutivo, ha sido un retroceso porque es Ucayali  quien está elaborando el Protocolo de Acceso a la Justicia para la población LGTBIQ+, y es el Consejo el que tenía que aprobar este protocolo, felizmente ya se ha presentado el recurso de reconsideración que todavía da tiempo para que resuelvan en pro de la comunidad. En caso se desestime la reconsideración, solo queda ir a un proceso de amparo”.

Un amparo contra la propia justicia peruana que hoy decidió negar la dignidad de las personas LGTBIQ+.

Fuente Agencia Presentes

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Perú retrocede en las controvertidas reglas de bloqueo basadas en el género después de una feroz reacción de la comunidad trans

Viernes, 17 de abril de 2020

GettyImages-1207394502-1024x671El ejército controla el tráfico en Perú el 16 de marzo de 2020, en un intento de persuadir a la población para que se quede en casa (BOURONCLE / AFP / Getty)

Perú ha retrocedido en sus controvertidas leyes de bloqueo basadas en el género luego de una protesta de la comunidad trans.

Según las estrictas medidas, los hombres solo podían salir de casa los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres podían hacerlo los martes, jueves y sábados. Los domingos, a nadie se le permitía salir.

“Las fuerzas armadas y la policía nacional tendrán instrucciones claras para que esto no sea en absoluto un pretexto para ninguna medida homofóbica“, prometió el presidente peruano Martin Vizcarra, quien dijo que a la policía se le había dicho que respetara las identidades de género de las personas trans y no gente binaria

Pero dado el historial anterior de la policía peruana, los defensores de LGBT + seguían preocupados de que esto conduzca a una mayor discriminación.

Efectivamente, a pesar de las garantías de Vizcarra, muchas personas trans en Perú informaron un mayor acoso callejero en los ocho días posteriores al decreto.

Una mujer transgénero, Alexandra Arana, le dijo a El Comercio que la policía la detuvo mientras caminaba al mercado con su amiga el 4 de abril, un día designado para que las mujeres salgan de la casa. Explicó que era transgénero, pero debido a que el sexo en su tarjeta de identificación nacional dice “hombre”, la policía continuó confundiéndola y le ordenó que abandonara las calles.

Se pretendía que las nuevas medidas permanecieran vigentes hasta el 12 de abril como mínimo, pero a medida que se informaron incidentes similares de transfobia y humillación pública en todo el país, las restricciones se anularon anticipadamente.

Según la BBC, la medida fue revocada parcialmente por ser ineficaz para minimizar la cantidad de personas en las calles a la vez.

Pero luego de una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación y tortura de una mujer trans bajo custodia policial peruana, es probable que las autoridades también estén interesadas en evitar una mayor discriminación en nombre de la policía .

En otras partes de América del Sur, la comunidad transgénero en Panamá informa temores similares sobre las leyes de encierro basadas en el género. Una mujer transgénero informó que la policía la retuvo durante tres horas “humillantes” y luego la multaron cuando la acusaron de no ser mujer.

Fuente Pink News

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Corte IDH declara a Perú responsable por torturas y violación a una persona LGBT

Miércoles, 8 de abril de 2020

azulPor Vero Ferrari

En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por las torturas y violación sexual que sufrió Azul Rojas Marín de parte de agentes policiales de la Comisaría de Casa Grande (Trujillo), el 25 de febrero del 2008, cuando fue interceptada, según la policía “para identificarla”. Allí fue retenida cuatro horas en la dependencia policial, siendo torturada y violada sexualmente por cuatro policías. Cuando Azul intentó interponer la denuncia en la comisaría ese mismo día, no se la recibieron, por lo que fue a los medios de comunicación. Dos días después volvió a la comisaría para interponer nuevamente la denuncia. Dos días después se le realizó un reconocimiento médico legal y una pericia psicológica que revelaron lesiones y afectación psicológica por lo vivido.

Un proceso judicial que duró una década

24 de marzo de 2008, la Fiscalía peruana dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial de la Comisaría de Casa Grande por el delito “contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual” en agravio de Azul. Es ahí que empieza todo el arsenal de defensa de la impunidad contra Azul. Policía, Fiscalía y Poder Judicial rechazaron, negaron, pusieron en duda y no valoraron la violencia vivida por Azul como un daño efectivo contra su integridad física y psicológica.

21 de octubre de 2008, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa requirió el sobreseimiento del proceso seguido contra tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual agravada y abuso de autoridad en perjuicio de Azul.

9 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope “declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público” y “sobreseyó el proceso por ambos delitos y contra los tres imputados”, ordenando el archivo del expediente, indicando que no existía credibilidad en la versión de la presunta víctima, que ella no había sido uniforme en su declaración sobre los hechos, y además, había continuado con sus labores habituales el 25 de febrero, y que el examen médico se realizó cuatro días después de los hechos por lo que las pericias generaban una duda razonable en su contra.

22 de enero de 2009, Azul interpuso un recurso de apelación contra la resolución anterior. El 23 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope lo declaró improcedente de plano por extemporáneo. Es ahí cuando Azul recurre a instancias internacionales.

20 de noviembre de 2018, la Segunda Fiscalía Supraprovincial, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso la apertura de investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura, pero el 4 de diciembre de 2018, la Quinta Fiscalía Superior de La Libertad declaró nulo el requerimiento. El 16 de enero de 2019, la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope solicitó al Juez Penal de Investigación Preparatoria de Ascope la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los tres oficiales de policía. El 14 de agosto de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar improcedente el pedido de nulidad argumentando que el expediente tenía autoridad de cosa juzgada y que las recomendaciones de la Comisión no tenían la misma fuerza vinculante que las decisiones de la Corte. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope presentó recurso de apelación, señalando que el Estado debía hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la Comisión. El 3 de septiembre de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación por considerar que no respetaba los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa procesal penal peruana.

Lo que ordenó la Corte

Gracias a esta sentencia, el Estado peruano deberá continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por Azul, evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante.

Como medidas de satisfacción, la sentencia deberá publicarse en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y deberá realizarse u acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Así también, se le deberá dar asistencia médica y psicológica a Azul de forma gratuita e inmediata; y como garantías de no repetición, se deberá adoptar un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, se sensibilizará y capacitará de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, se diseñará e implementará de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI y se eliminará el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.

También se ha fijado una compensación por daños materiales e inmateriales contra Azul y su madre, que deberá ser pagado por el Estado. 70 mil dólares para Azul y 20 mil para su madre.

Fuente Agencia Presentes

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COVID-19: Por 1era vez un presidente peruano incluye a las personas trans

Lunes, 6 de abril de 2020

Martín_Vizcarra_Cornejo_(cropped)_(cropped)Por Vero Ferrari

El presidente de Perú Martín Vizcarra anunció que frente a la emergencia por el coronavirus se dispondrán desde el 3 de abril las salidas por género:  los hombres saldrán lunes, miércoles y viernes, y las mujeres, los martes, jueves y sábados.

Frente a los posibles cuestionamientos por la medida que refuerza la binariedad de género, el presidente señaló lo siguiente: “Este gobierno es inclusivo, no tengan ningún temor. Cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad uno u otro, sabemos que, dentro de una igualdad de género, en su concepto más grande, puede haber ciudadanos que se encuentran en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos. Van a tener claramente instrucciones las Fuerzas Armadas, la Policía nacional que hace el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto, nuestro gobierno es inclusivo, y todas las normas que damos es pensando en absolutamente toda la ciudadanía”.

Esta es la primera vez que un presidente peruano menciona, de alguna manera, a la comunidad trans peruana, en un contexto de crisis sanitaria que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas de ellas, por la falta protección y garantías del Estado, se ven empujadas a ejercer el trabajo sexual en las calles, alquilando habitaciones por día y enfrentándose continuamente a enfermedades relacionadas a la pobreza como TBC, neumonía y anemia (sin contar el VIH), y a la policía y serenazgo que no las deja trabajar. Sin su principal fuente de ingreso, están sobreviviendo a través de ollas comunes y donativos dependiendo de la solidaridad de la gente, de organizaciones sociales y de algunas autoridades, y en constante riesgo de desalojo.

Denuncias de violencia

En cuarentena, se han presentado denuncias de violencia transfóbica hacia dos mujeres trans que fueron detenidas y obligadas a realizar ejercicios junto a otros detenidos en delegaciones policiales. La Defensoría del Pueblo señaló que esas medidas físicas son inconstitucionales y constituyen una grave afectación en la vida de las personas. Sobre todo porque a las mujeres trans no solo se les obliga a realizar estos ejercicios, sino porque también se las graba para exponerlas a la opinión pública y se les hace repetir consignas en contra de su propia identidad.

La comunidad LGTBI y feminista peruana ha demandado al Estado que proteja a la población LGTBI frente a posibles casos de violencia y abuso policial/militar si no se respeta el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial y se dejan llevar por los prejuicios y estereotipos de género.

Desde el activismo se exige también que se apruebe de una vez por todas la Ley de Identidad de Género, que permitiría proteger a las personas trans de la discriminación al portar un DNI que reconozca su identidad, y una Ley contra los Crímenes de Odio, que sancione los delitos motivados por la orientación sexual e identidad/expresión de género de las personas. Exigen, además, que el Registro Nacional de Identidad aplique la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reconozca el nombre de las personas trans sin pasar por un engorroso proceso judicial. Y hacen un llamado a estar vigilantes con cualquier acto que vulnere a las personas LGTBI para denunciar rápidamente y sancionar a quienes lo hicieran.

El momento histórico que está atravesando el Perú, con un presidente que por fin menciona a la comunidad trans en medio de una pandemia, debería ser una puerta abierta a múltiples oportunidades de obtener por fin todas las medidas que permitan que las personas LGTBI puedan tener vidas dignas y garantizadas por el Estado, con acceso a todos sus derechos hasta ahora negados. El Estado podría por fin cumplir con la enorme deuda que tiene con todas las poblaciones vulnerabilizadas. Que este virus sirva para hacernos más humanos.

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Fuente Agencia Presentes

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¿Qué nos depara este nuevo Congreso para les LGTBI en el Perú?

Sábado, 8 de febrero de 2020

CONGRESOPERÚ-1024x512OPINIÓN:

Por Vero Ferrari

El 26 de enero fueron las elecciones extraordinarias para escoger a los congresistas que completarían el año y medio que falta del periodo parlamentario luego de la disolución del Congreso a fines de octubre del 2019. En Lima postulaban cuatro candidatxs abiertamente LGTBI, Gabriela Salvador (lesbiana), Carlos Polo (gay), Gahela Tseneg Cari Contreras (trans) y Alberto de Belaunde (gay). De estos, solo el último pudo llegar a entrar y convertirse en congresista por el Partido Morado. De Belaunde también se convirtió en el segundo congresista más votado con más de 233 mil votos hasta el momento que se siguen contabilizando las actas de votación debido a su buen desempeño como congresista anteriormente.

Por la región del Callao fue elegido Miguel Gonzales del Partido Morado, con más de 10 mil votos, quien también es abiertamente gay y ha trabajado por varios años como capacitador en temas de VIH-Sida en la organización Sí da Vida.

Ellos dos son los únicos representantes LGTBI que tendremos en el Congreso, de 130 congresistas, en un panorama incierto para nuestra población que hasta el momento no ha visto ninguna de sus demandas aprobadas. El Parlamento quedó tomado por una derecha fraccionada que en lo que menos está interesada es en garantizar los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas como la LGTBI. Lleva la consigna de que hay cuestiones “más importantes” que resolver como la reforma de justicia, que sirven siempre como excusa para no legislar a nuestro favor y postergarnos históricamente.]

Las tres fuerzas políticas más importantes que han logrado la mayor cantidad de congresistas coinciden, a pesar de sus grandes diferencias, en el desinterés por la comunidad LGTBI: Acción Popular (25), Alianza por el Progreso (22) y el Frente Popular Agrícola Fia del Perú-Frepap (15), un partido de derecha católica tradicional, un partido de derecha emergente y un movimiento religioso, respectivamente. Este último partido es el que más sorpresas puede traer porque, a pesar de no llevar una agenda conservadora y de no haberse unido a los grupos fundamentalistas que avivaban campañas de odio hacia los LGTBI lo últimos años, sí tienen una apuesta moralizadora y uno de sus congresistas salió a decir que los homosexuales teníamos “el mal enquistado en el cuerpo y en la sangre”, disculpándose luego la dirigencia del Frepap por ello, y señalando que respetan la igualdad y la Constitución.

Frente a ellos, la izquierda, con el Frente Amplio, tiene una representación mínima, con nueve congresistas, de los cuales ninguno ha tomado la bandera LGTBI como suya en campaña, pero que sí forma parte de su plan de gobierno por lo que, por lo menos, se les puede exigir su cumplimiento.

Para celebrar, porque algo siempre podemos celebrar, los partidos que llevaban a lxs candidatxs más conservadores, gracias a una campaña racista, homofóbica y misógina, además de su pasado ligado a la corrupción y al fujimorismo, no lograron pasar la valla del 5% de votos para colocar congresistas, por lo que nos hemos librado de los antiderechos más recalcitrantes y representantes de la campaña de desinformación “Con mis hijos no te metas”: Beatriz Mejía (Avanza País), Justo Balmaceda (Contigo), y Rosa Bartra y Nelly Cuadros (Solidaridad Nacional), que incluso proponían penalizar a las mujeres que abortaran, y buscaban posicionarse como el “bolsonarismo” peruano.

En ese sentido, el 2020 será un año más de sequía para el movimiento LGTBI, pero que puede servir para fortalecer la lucha por la representación el 2021 que se vienen las elecciones presidenciales.

Fuente Agencia Presentes

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Elecciones en Perú: quiénes son les candidates LGBT y qué proponen

Jueves, 23 de enero de 2020

cual-es-la-bandera-de-peruPor Vero Ferrari

Luego de que se disolviera el Congreso peruano el último día de octubre del año pasado, el presidente Martín Vizcarra convocó a nuevas elecciones para el 26 de enero del 2020 con el fin de completar el periodo congresal. Dentro de los temas que siempre se debaten en tiempos electorales están las demandas de las mujeres y la población LGTBI, por lo que tampoco faltan candidatxs que defienden abiertamente estas banderas en los dos espectros políticos, derecha e izquierda.

Por la izquierda, el partido Frente Amplio tiene a Gabriela Salvador, abogada lesbiana, y a Carlos Polo, activista vegano y gay; y el partido Juntos por el Perú tiene a Gahela Tseneg Cari, activista trans. Por la derecha está el Partido Morado con su candidato Alberto de Belaunde. Los cuatro candidatean por Lima.

Quiénes son y qué proponen para la comunidad LGTBI peruana

Gabriela Salvador (Frente Amplio)

1E4A4B4D-8284-4D0C-B54F-DAEF4FE01D98“En el tema de educación preocupa mucho la invisibilización incluso en cifras. El no mencionarte en un informe ya es un indicador. El no mencionarte en un plan de trabajo ya es un indicador. Hablamos de niñas, hablamos de mujeres, pero no hablamos de mujer lesbiana, trans, bisexual. ¿Estamos presentes?”.

Tiene 34 años, es abogada, especialista en medioambiente. Fue asesora política en el Congreso disuelto y decidió ponerse al frente en estas elecciones congresales de enero con el N° 6 del Frente Amplio. Ella se define como una mujer lesbiana y hasta el momento no ha dudado en resaltarlo en cada entrevista que ha realizado, donde señala que busca avanzar hacia una agenda de derechos en donde se visibilicen las problemáticas LGTBI sobre todo en los sectores educación y salud.

Salvador ha señalado que impulsará los proyectos de ley que quedaron pendientes como la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario, pero también promoverá la fiscalización y el control de las instituciones que deben responder por velar para que las personas no sean discriminadas y reciban todas las protecciones y garantías del Estado. Para ello estará pendiente de las medidas que implementen el Ministerio de Salud, de Educación y de Justicia. También incidirá contra la criminalización de la protesta puesto que cada vez que el colectivo LGTBI busca realizar una manifestación pacífica como por ejemplo Besos contra la homofobia en el Día del Amor en febrero, es reprimida, retenida, prohibida de transitar y expulsada de las plazas por la policía, a cargo del Ministerio del Interior.

Carlos Polo (Frente Amplio)

EC1DCF5D-4C62-4E78-A5DF-67FE1D430FD2“La deshonestidad es una de las cosas que más me molesta, el hecho que yo no haya podido tener referentes LGTBI en mi infancia, el hecho que me dijeran que a las niñas les gustan los niños y a los niños, las niñas, vivir con todas esas mentiras me hizo mucho daño, me hizo creer que nunca oba a ser feliz, y por eso ahora lo que más me molesta es la deshonestidad y creo que la deshonestidad abunda en nuestra política”.

Polo es traductor profesional, pero ha destacado como activista vegano y antiespecista, además de ser activista gay y ateo desde hace varios años. Su historia personal es muy particular pues es hijo de dos activistas en posiciones totalmente opuestas, su padre, Carlos Polo Samaniego, es un conocido antiderechos director de una de las organizaciones que más ha intentado perjudicar la vida de los LGTBI y las mujeres en el mundo, la Population Research Institute, y su madre, Cecilia Villanueva, es presidenta del Movimiento Latinoamericano de Madres de hijos TLGB.

Desde pequeño, Polo fue obligado a estudiar en un colegio del Sodalicio, participar en las Marchas por la Vida que se organizan en contra del aborto, y sometido a una serie de ideologías machistas por lo que su infancia estuvo marcada por el rechazo a su homosexualidad, hasta que salió del clóset y su familia materna lo abrazó con respeto.

 Entre sus propuestas están respaldar las políticas con enfoque de género, sobre todo por el acoso homolesbotransfóbico que sufren lxs niñxs, y que forma parte del plan de gobierno del Frente Amplio, aunque en esta, su primera candidatura a elecciones generales, está más enfocado en la protección de los animales, pues ya tiene a una compañera candidata (Gabriela Salvador) más enfocada en los derechos LGTBI.

Gahela Tseneg Cari Contreras (Juntos por el Perú)

C08345C6-144B-4621-897F-9E37884D0B70El problema no es nuestro cuerpo, el problema es esta sociedad hipócrita que en la calle nos rechaza pero que en privado si busca satisfacerse de nosotras, el problema es que hemos nacido en una sociedad equivocada y que esperamos cambiar, por eso estamos aquí luchando. Yo no nací feminista pero sí estoy segura de que me voy a ir de este mundo luchando”.

Con el lema “voto por la igualdad”, Gahela se presenta como una mujer de múltiples identidades. Es afroserrana en un contexto en donde el racismo siempre está a flor de piel. Además es mujer trans y migrante. Luego de estudiar Derecho, empezó a militar en la izquierda desde hace algunos años en la agrupación Nuevo Perú, que fue en alianza con el partido político Juntos por el Perú para participar en estas elecciones.

Ella levanta las demandas de identidad de género y matrimonio igualitario, además de la cuota laboral trans, cuota de participación LGTBI en los partidos políticos, enfoque de la diversidad en la educación, además del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo con la despenalización del aborto, en lo que ha llamado “reforma de género”. Su presencia sigue el legado de mujeres trans que han intentado ocupar una curul en el Parlamento peruano, como antiguamente lo hizo Belissa Andía, también en partidos de izquierda.

Alberto de Belaunde (Partido Morado)

5AAF500C-F70A-477B-9845-167BE8BAA534“No tengo la garantía absoluta de que los 140 candidatos estén convencidos, pero hay la convicción y el compromiso partidario de éstos, sí, y es una propuesta de campaña, por lo que creo que es absolutamente honesto decir que el Partido Morado impulsará el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género desde el Congreso”.

Abogado y excongresista por el partido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Kambio, De Belaunde busca completar el periodo por el cual fue elegido ahora con otro partido de derecha, el Partido Morado. En su gestión anterior, promovió la Unión Civil como contrato para parejas de lesbianas y gays, al lado del también excongresista gay Carlos Bruce, a diferencia de la propuesta que hicieron sus colegas Indira Huilca y Marisa Glave en el mismo Congreso para conseguir el matrimonio igualitario a pesar de no ser activistas LGTBI. Ninguno de los dos proyectos de ley pudo ser aprobado y ni siquiera debatido en el Congreso disuelto. A pesar de que el Partido Morado, cuando apareció en la palestra pública, no estaba completamente de acuerdo con el matrimonio igualitario y solo apostaba por la Unión Civil, De Belaunde señala que ahora sí están de acuerdo y es una consigna de bancada de un partido que defiende el modelo económico neoliberal apostar por el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y el enfoque de género en la educación.

Fuente Agencia Presentes

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El sueño de un refugio para mujeres trans en Perú ya es realidad

Viernes, 20 de diciembre de 2019

casatranslimaeste-720x360Por Vero Ferrari

Este no es un viernes normal en la Av. César Vallejo Manzana G Lote 12 de Ate Vitarte, una ciudad de Lima Este con altos índices de violencia e inseguridad ciudadana. Mujeres trans van llegando para acompañar a Yefri Peña a la inauguración de lo que será la primera Casa Trans de Lima Este. Es un espacio de acogida para mujeres trans que estén de paso por su migración de la Sierra hacia la Costa, que son de la zona y necesitan informarse sobre sus derechos. Pero también para tener cobijo para el frío y el hambre que acecha la vida de esta población, la más vulnerable de un movimiento que viene luchando casi 40 años por derechos en el Perú.

Yefri va y viene por su casa, nerviosa, riéndose y a la vez preocupada, ultimando detalles de lo que será un día apoteósico para ella. Por fin, cerca de las 2 de la tarde de este día soleado, va a cumplir lo que en un principio solo era un sueño, uno de los sueños más locos que ha tenido y que poco a poco fue convirtiéndose en realidad gracias al apoyo de sus redes locales trans, sus amigxs y a una empresa privada.

La botella está esperando colgada en la puerta a que Yefri la rompa con el martillo que le han conseguido, su madre está a su lado todo el tiempo, viendo como le caen las lágrimas de felicidad. Dice que nunca se debe dejar de soñar, y que ahora va a poder ayudar aún más a su comunidad, va a generar trabajo para otras mujeres trans a través de la peluquería, en su oficina va a atender los casos de vulneración de derechos que viven, y también van a hacer despistaje de VIH y talleres de empoderamiento, porque en un mundo como este, hay que quererse mucho para enfrentar a la muerte.

Miluzka Lut, activista que viene promoviendo estas casas desde hace dos años: “Hay un número importante de mujeres trans que migran de espacios mucho más hostiles, sobre todo de la Sierra, de Huancayo, Huancavelica, Ayacucho. Hasta la actualidad no existe ninguna organización para mujeres trans en esa parte del país”.

A pesar de lo difícil que puede ser vivir como una mujer trans en la sierra peruana, ellas han logrado ocupar espacios culturales a través de bailes típicos de la zona: “Recientemente hemos tenido un encuentro en Huancayo”, nos sigue contando Miluzka, “la situación es dura en el marco del acceso a derechos fundamentales, es complicada por el tema de violencia, pero hay algo importante, que ellas se han posicionado en el tema cultural con la tunantada”.

Acompañamiento integral

La Casa Trans de Lima Este tiene tres objetivos: realizar despistajes de VIH a todxs lxs que se acerquen a sus instalaciones, registrar los hechos de violencia que viven las mujeres trans a través del sistema de Cedostal de la Red Lac Trans, y brindar talleres de empoderamiento y acompañamiento para que puedan optar por cupos laborales en las empresas asociadas a la ONG Presentes.

Gabriel de la Cruz, director de la ONG Presentes cuenta a este medio cómo fue la intervención de su organización para lograr habilitar la casa: “Yefri nos contó a principios de año que quería convertir su casa en un espacio de acogida para mujeres trans y darles apoyo y soporte de una forma más institucionalizada, ya que el apoyo y el soporte siempre han estado presentes entre ellas, así nos reunimos varios meses para ir pensando cómo lo lográbamos y cuáles serían los objetivos. Le escribí a varias empresas con las que trabajamos para pedir algún tipo de financiamiento y la que aceptó fue Uber. Gracias a su donación pudimos remodelar los ambientes e instalar todos los implementos para que empiece a funcionar, pero el siguiente paso era cómo hacerla sostenible, entonces hemos pensado en hacer talleres con las empresas a las que acompañamos para que ellas también puedan optar por cupos laborales en estas, y mientras mayor sea la oferta, más mujeres trans van a querer venir y capacitarse en este espacio”.

La empresa privada en el Perú suele ser la que abre más puertas a las posibilidades de inclusión de la población LGTBI, frente al abandono recurrente del Estado, sobre todo con las mujeres trans, que solo cuentan con normativas de salud en el tema del VIH, pero su acceso a educación, vivienda, justicia y trabajo todavía sigue siendo negado, lo que ocasiona profundas vulneraciones a su dignidad, las ubica en la extrema pobreza, las empuja a que laboren en actividades de riesgo, a que padezcan de enfermedades ligadas a la pobreza como tuberculosis y que mueran muy jóvenes.

Acceder a derechos humanos

La promoción de casas para una población altamente vulnerabilizada no solo por el VIH, sino también por la violencia de género, la exclusión y la desigualdad, genera que ellas puedan empoderarse, accedan a derechos humanos y reciban el acompañamiento necesario con el fin de eliminar las barreras legales, sociales, económicas y culturales que les impiden hasta ahora ejercer una ciudadanía real, con dignidad y justicia, erradicando la brecha de pobreza extrema en la que son subsumidas a través de la participación y colaboración entre ellas para que nunca pierdan las ganas de soñar.

Desde 2017 funciona también la Casa Trans Zuleimy como una oficina para incidir en la ley de identidad de género y otras actividades de fortalecimiento a la comunidad.  Pero las mujeres trans siempre quisieron espacios de acogida para ellas, en donde pudieran sentirse seguras, y este anhelo se volvió a cumplir casi a fines del 2019. La Casa Trans de Lima Este se ha convertido en el primer espacio de acogida de esa zona de Lima, en donde la migración de la Sierra es alta.

Fuente Agencia Presentes

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Cierre del Congreso peruano: «Que las nuevas bancadas abracen la diversidad»

Sábado, 5 de octubre de 2019

Captura-de-pantalla-2019-10-03-a-las-12.56.01-p.m.-1018x509Por Vero Ferrari

El 30 de setiembre de 2019 será recordado como un día histórico para todas y todos los peruanos, y sobre todo para la comunidad LGTBI. Ese día, el presidente Martín Vizcarra decidió cerrar un Congreso coptado por fuerzas fundamentalistas y llamó a elecciones parlamentarias alegando la falta de transparencia de la bancada fujimorista y sus aliadxs.

Horas después, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por «incapacidad temporal». Y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país, aunque renunció al día siguiente.

El fujimorismo contra los derechos de las personas LGBT

Desde que empezó la legislatura, en 2016, el fujimorismo se opuso a cualquier avance de derechos en educación o reconocimiento, así, los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, despenalización del aborto por violación e identidad de género estuvieron congelados en comisiones sin ninguna posibilidad de pasar al Pleno del Parlamento para que fueran votados.

El Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba sancionar los crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género, fue derogado en parte por esta clase política conservadora encabezada por los congresistas de Fuerza Popular aliados con congresistas evangélicos. Por suerte, el presidente nunca reconoció esta derogación así que el DL sigue siendo efectivo y herramienta para sancionar la discriminación.

El fujimorismo y sus aliados continuamente han obstaculizado cualquier proyecto de ley que incluyera el enfoque de género, impidiendo, por ejemplo, que haya una política carcelaria con este enfoque para reducir la violencia que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y los hombres gays, bisexuales y trans en situación de carcelería.

También han perseguido legalmente a quienes osaban desarrollar estos temas en los Ministerios. Así, propiciaron que las y los ministros de Educación fueran continuamente obligados a renunciar por intentar proteger la política educativa con enfoque de género, y que las y los especialistas que trabajaban estos temas sean sancionados administrativa y legalmente usando como excusa “el interés superior del niño y las buenas costumbres”, perdiendo sus trabajos y viéndose sometidos a comisiones investigadoras congresales con el único fin de hostigarlos, lo que los afectaba económica y psicológicamente.

Pero ya no están más, la población les dijo que no, que ya basta, y salieron todas las semanas a marchar exigiendo que se vayan todos y el presidente los escuchó. Desde el 30 se fueron todos, y sus intentos por vacar al presidente y poner en su lugar a la vicepresidenta usurpando su lugar no han tenido ningún apoyo ni legitimidad, nadie los quiere más.

En cuatro meses habrá nuevas elecciones para elegir a 130 congresistas, seguiremos vigilantes de que estos no representen a las agendas más retardatarias, para poder vivir en un país que respete y abrace a su diversidad. Hace tiempo nos merecemos a gente buena ocupando esos lugares, y entre ellos a LGTBI luchando para que el Estado repare y pague la deuda histórica que tiene con todos nosotres.

Fuente Agencia Presentes

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Intento de transfemicidio a una trabajadora sexual en El Callao (Perú)

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

jazmin4-958x479Por Vero Ferrari 

El martes 17 en la madrugada, Jazmín Valladares, mujer trans trabajadora sexual del Callao, región de Lima, fue atacada por un hombre que se hizo pasar por un cliente. Él la llevó hacia un descampado en la zona de Márquez e intentó ahorcarla. Jazmín se desmayó y cuando despertó estaba muy dolorida. El agresor le había hecho tres cortes profundos con un cuchillo y dado varios golpes en el cuerpo. Tenía una hinchazón que desfiguró su rostro desde el ojo izquierdo hasta la frente. Desangrándose, se levantó y se dirigió a su casa en donde sus compañeras la trasladaron al Centro de Salud de Márquez.

Según testigos, el agresor había atacado unas horas antes a otra trabajadora sexual conocida como Cinthia. A ella la había golpeado en su propia habitación, pero pudo ser rescatada por su compañera Dulce, que escuchó sus gritos. Juntas pudieron expulsar al agresor del lugar. Luego de ello es que el sujeto va en busca de otra víctima.

Por la gravedad de las heridas, la remitieron al Hospital de Ventanilla, ahí le tomaron placas radiográficas y procedieron a suturar las tres heridas que tenía en la cabeza. Actualmente la joven se encuentra recuperándose física y emocionalmente de los hechos.

Presentes conversó con Taki Robles, directora ejecutiva de la organización trans “Amigas por siempre del Callao”, quien acompañó a Jazmín al hospital. Ella señala que la situación de las mujeres trans trabajadoras sexuales del Callao, y del Perú en general, es de continua violencia y precariedad.

«Pocas veces podemos denunciar estos ataques»

“Nuestras vidas están en constante riesgo. Nosotras pocas veces podemos denunciar estos ataques porque al momento de acercarnos a la delegación policial somos revictimizadas por ser trans, por ser pobres, por ser trabajadoras sexuales, por no tener un DNI que reconozca nuestra identidad de género, nos miran con desprecio», dijo Robles.

La activista también señaló que la vulnerabilidad de las mujeres trans – que tienen una esperanza de vida de entre 35 y 40 años en América Latina- es tal que ni siquiera pueden llegar a la justicia.

«Éramos como invisibles»

“En nuestro país la población femenina es la más violentada, el índice de feminicidios, si estamos hablando de las mujeres biológicas, es muy alto, pero ¿qué pasa cuando un hombre violento se encuentra con una mujer trans? Pues el grado de violencia se multiplica. Ese patrón machista hace que estemos desprotegidas, más aún porque no hay leyes que garanticen nuestra seguridad, y las pocas leyes que existen muy poco se cumplen. Los marcos legales no son conocidos por nuestra comunidad», agregó la activista.

Robles contó que el día de la agresión, mientras buscaban ayuda, pasaron frente a dos patrulleros y el patrullero ni las miró ni paró a preguntar qué le ha pasado. “Éramos como invisibles, para otras personas seguro sí se detienen. Jazmín vino desde Piura buscando una vida mejor, se tuvo que dedicar al trabajo sexual y ahora está traumatizada”, finalizó.

Fuente Agencia Presentes

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El Estado es el principal agente de violencia a LGBT+ en Perú

Sábado, 21 de septiembre de 2019

APERTURA8-golpiza-998x499Por Vero Ferrari 

Veintidós personas fueron asesinadas en Perú entre enero de 2017 y diciembre de 2018 por su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 341 personas presentaron información de haber sido discriminadas por ser lesbianas, gays, trans y bisexuales en el mismo periodo de tiempo.

Las cifras son parte del Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, presentado en junio por este observatorio en colaboración con el Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De las 341 vulneraciones registradas a lo largo de 2017 y 2018, casi la tercera parte (108) fueron responsabilidad del Estado peruano. Los agentes del Estado implicados son el personal municipal de serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, funcionarios ediles y funcionarios varios del Estado (Poder Judicial, Reniec, etc.).

Para Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGBT, “la media de asesinatos a personas LGTB ha sido de entre 10 a 12 estos dos años, pero hay que tener en cuenta que existe un subrregistro y se sabe que el 90% de estos casos no se denuncian, es decir, los familiares, por vergüenza, no manifiestan que estas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esta invisibilización no permite tener la cifra exacta, entonces recurrimos a los medios, pero estos han asumido como premisa ‘respetar el buen nombre de la víctima’, entonces, por lo que resulta complejo saber el número exacto de crímenes de odio”.

En 2017, la población más vulnerada, según el registro de denuncias que se hicieron públicas, fue la gay con 67 casos reportados, le siguen 37 casos contra la población transfemenina, y 18 casos contra lesbianas. El 2018, la población gay presentó 70 casos de vulneración, la transfemenina, 48 casos, y la lésbica, 16.

Estas cifras chocan con una realidad en donde más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos cuando son por razones de orientación sexual e identidad de género, según la data recogida por la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, de una población de 12,026 personas pertenecientes a estos grupos.

Crímenes de odio

El 2017 ocurrieron 5 asesinatos de hombres gays, 2 de mujeres trans y 1 de un hombre que era pareja de una mujer trans. El 2018 ocurrieron 14 asesinatos, 7 de personas trans y 7 de personas gays. Debido a que en el Perú no se ha legislado sobre los crímenes de odio, estos asesinatos, si llegan a ser investigados, pasan a ser procesados como homicidio doloso.

Está pendiente aún en el Congreso la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgado en 2017. La bancada fujimorista se opuso a la posibilidad de agravar los delitos de homicidio cuando estos se produjeran bajo «móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”, y buscaron eliminar la tipificación de «discriminación e incitación a la discriminación» como delito. Esto era un aporte de este decreto legislativo al Código Penal, que incluiría por primera vez la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación.

Amat y León señala que “las posibilidades de alcanzar normas que favorezcan a la población LGTBI obedecen más a contextos que a programas de organizaciones políticas, esto sumado al hecho de que no hay un movimiento fuerte y las constantes crisis del Estado genera que estas agendas terminen siendo relegadas al no ser consideradas como prioritarias, sino como problemas secundarios que no importa atender, al igual que pasa con las comunidades afroperuanas e indígenas, que también tienen proyectos estancados, por lo que el panorama no pinta nada bien a mediano plazo”.

Prensa y transfobia

El informe también hace un recorrido por la forma en que la prensa trata los temas de violencia contra las personas trans, en especial contra las mujeres. Se reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas contra ellas, persistiendo en el sensacionalismo al reportar hechos de extrema violencia, no reconociendo su identidad de género, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad. También se omiten o se ocultan aspectos relacionados a la violencia que se desata contra estas poblaciones dificultando su comprensión como un problema social.

Por último, el informe hace un recuento de lo avanzado en el tratamiento de la noticia desde 1959 hasta la actualidad titulado “Nada ha cambiado”, por la persistencia de la violencia contra las poblaciones LGTBI. Allí se enfoca en dos casos emblemáticos, el transfeminicidio de Brenda Jazmín Caimata Benites, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, a manos de su pareja, y de la forma en que se llevó un proceso judicial que tal vez deje en la impunidad su asesinato por la situación de pobreza en la que vive la familia de Brenda; y el asesinato del periodista José Yactayo, en febrero de 2017 en Lima, quien había sido declarado desaparecido tres días antes. Yactayo era reconocido en los medios de comunicación y su asesinato fue resentido por diversos periodistas debido a la violencia con que se produjo, él fue dopado, ahorcado y descuartizado, siendo su cuerpo repartido por varios lugares de Lima. Sus asesinos están hoy en prisión.

Fuente Agencia Presentes

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