Una sorprendente petición en change.org, solicitando a colectivos y publicaciones LGTB que se desvinculen de las reivindicaciones de las personas transexuales, ha provocado indignación en sus supuestos destinatarios. La petición acaba reproduciendo el lenguaje tránsfobo de quienes han azuzado el miedo en el reciente rechazo en Houston a una ley antidiscriminatoria.

Que las personas trans son las más vulnerables del colectivo LGTB es bien sabido. También que dentro del colectivo hay discriminación interna (endodiscriminación) hacia ellas. Con todo, esta noticia no deja de sorprender y de indignar: a fecha 11 de noviembre de 2015, casi 2.000 personas han votado una petición en change.org que lleva por título “Quitad la T”, y que además de solicitar que los colectivos LGTB se desvinculen de las reivindicaciones trans constituye todo un ejercicio de revisionismo histórico. Sus promotores, para empezar, acusan a las personas trans de “apropiarse” de Stonewall, y rechazan la “reescritura de la historia y cultura gay y lésbica, sobre todo con el intento de refundir la mayoría de hombres gais blancos en los disturbios de Stonewall como transgénero, calificando de ‘transgénero’ a hombres que se vestían con ropas femeninas pero que se identificaban como hombres”… Se da la circunstancia de que una reciente adaptación al cine de los disturbios de Stonewall, dirigida por Roland Emmerich, ha sido sido precisamente muy criticada por su “blanqueamiento”, al hacer girar la historia en torno a un hombre blanco gay. Poco parece importarles que, de hecho, lo que está confirmado es el papel crucial que desempeñaron las personas trans.

La petición va aún más lejos en su transfobia, al dar pábulo al argumento del “pánico transexual en los baños”, usado en la reciente campaña contra la legislación antidiscriminatoria de Houston, en la que se llegó a plantear que  abusadores disfrazados de transexuales aprovecharían la oportunidad de entrar en baños de mujeres para abusar de ellas. Dicen así que la “ideología trans” (sic) afirmaría “la violación de los derechos de los individuos, en particular mujeres, para llevar a cabo actividades normales y cotidianas en espacios tradicionalmente seguros; esto es sumamente pernicioso en el caso de hombres haciéndose pasar por transgénero y que reclamarían acceder a los baños, vestuarios, refugios para mujeres y otros espacios reservados para mujeres”.

Pero hay más, la petición llega a atacar las medidas encaminadas a la infancia apelando a que los defensores de los derechos trans buscan convencer a los padres y profesionales de la salud para que “diagnostiquen a niños de cuatro años como transgénero”. Además de asumir el discurso patologizante, los peticionarios afirman que el movimiento LGB busca hacer más fluidas las categorías de género y que el movimiento trans en cambio las quiere fijar desde la primera infancia.

La petición termina asegurando que ellos “no buscan” fomentar la intolerancia y el prejuicio hacia las personas trans. Dicen “reconocer y respetar el derecho de los adultos a determinar su propio camino en la vida”, pero a renglón seguido añaden que eso no puede darse “infringiendo los derechos de las mujeres, hombres gais y niños”. Casi parecería, si no fuera porque la petición está firmada supuestamente por personas lesbianas, gais y bisexuales, que estuviéramos ante la clásica petición de los colectivos homófobos tradicionales. Un estilo que reproduce también el victimismo de estos, al denunciar la “demonización y acoso de las mujeres e individuos gais y lesbianas que abiertamente expresan su desacuerdo con la ideología trans”.

Rechazo de los colectivos

La petición, aparentemente nacida en Estados Unidos, se dirige en particular a organizaciones LGTB como Human Rights Campaign, GLAAD y Lambda Legal y publicaciones como  The Advocate, Out y HuffPost Gay Voices (la “sección LGTB” de The Huffington Post). La respuesta de los destinatarios, sin embargo, ha sido clara y rotunda.

Así, por ejemplo, GLAAD se ha posicionado “firmemente junto a la comunidad transgénero y rechaza inequívocamente la idea indignante y destructiva de que la ‘T’ sea retirada de LGBT (…) Durante décadas las personas transgénero han trabajado junto a lesbianas gais y bisexuales para avanzar en la igualdad para todos frecuentemente guiando el camino en el movimiento hacia una plena igualdad y aceptación (…) En un momento en que activistas antiLGTB prosiguen atacando los derechos básicos y protecciones esenciales para las vidas de todos nosotros, tenemos que permanecer unidos y no sucumbir a la ruina de la División“. Por su parte, desde Human Rights Campaign aseguran que la petición “está inequívocamente mal. El odio que mató a Matthew Shepard también mató a Zella Ziona. Los matones en el colegio no solo acosan a los niños gais, están acosando también a los niños transgénero. Los padres que podrían proveer hogares amorosos para 400.000 niños en acogida no son solo padres y madres lesbianas o gais, también son padres y madres bisexuales y transgénero. Esta idea de que estamos separados y aparte es obviamente falsa. Somos un solo movimiento, más fuerte en nuestra unidad. Somos una comunidad, punto”.

Por cierto que en change.org ya está funcionando una segunda petición que busca precisamente solidarizarse con las personas trans y rechazar cualquier intento de división en ese sentido. Una petición que pese a llevar mucho menos tiempo cuenta ya, en el momento de publicar esta entrada, con más del doble de apoyos que la petición tránsfoba.

Una petición que, de ser cierta, repudiamos

Nos alegramos de que se hayan rechazado de plano estas pretensiones. Desde dosmanzanas nos unimos a este repudio. Consideramos las reivindicaciones trans como parte indisoluble de las reivindicaciones LGTB, y si hemos recogido esta noticia y reproducido partes de la petición ha sido con el único interés de que mostrarla como ejemplo grotesco de lo que se ha de evitar.

Aún confiamos incluso –ojalá sea así, aunque no lo parece– en que todo quede en una maniobra de provocación para poner de manifiesto la discriminación que las personas trans sufren dentro del colectivo, una realidad palpable ante la que muchas personas gais, lesbianas y bisexuales no hacen sino mirar hacia otro lado.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya habíamos adelantado, el Departamento de Justicia (DJ) anunció el pasado viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

“El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación. “El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”. “El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Alegría entre los defensores del matrimonio igualitario

“Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta Administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado”, dijo en línea con los argumentos expresados este viernes por el secretario de Justicia de la isla, César Miranda, al anunciar este cambio de postura del Gobierno.

Quienes sí celebraron esta decisión, como era previsible, fueron las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal, que representa a cuatro de las parejas que presentaron la demanda que ha dado motivo a este pronunciamiento del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico”.

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Igualmente, la presidenta del Caucus LGBT del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en un escrito que las familias LGBTT puertorriqueñas deben tener los mismos derechos, responsabilidades y respeto que el resto de las familias. “Aplaudimos y agradecemos al gobernador Alejandro García Padilla y su Administración por escoger estar en el lado correcto de la historia en el tema  del matrimonio igualitario. Su cambio de posición es esperanzador”, afirmó.

Desde la presidencia de Freedom to Marry, Evan Wolfson felicitó al Gobierno por sumarse a la “larga lista de funcionarios electos, incluyendo conservadores y representantes latinos de Estados Unidos, que creen que no hay razón legítima para la discriminación del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Ricky Martin, la estrella puertorriqueña más internacional, ha declarado:

Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.mientras que el senador Angel Chayanne Martínez habló de “desilusión con el errático Gobierno de turno” que quiere “dividir y sembrar la discordia”.

La Iglesia de Puerto Rico pide referéndum sobre matrimonio igualitario

(Muy alegres y contentas sus ilustrísimas: A la izquierda el obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres y a la derecha el de San Juan, Roberto González Nieves )

La Iglesia Católica expresó su disconformidad con la determinación de Justicia: “A este tipo de imposición por parte del Estado el papa Francisco la ha llamado colonización ideológica”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en un comunicado calificó la decisión del Gobierno de “muy lamentable y desconcertante”. Además, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien ya se ha manifestado contrario a los derechos LGTB , propuso un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

“Exhortamos a nuestro pueblo a iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado”, dijo González Nieves.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará el 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio (en relación a cuatro casos judiciales que tienen su origen en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee). Un proceso que podría significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el territorio estadounidense, algo que ya le piden abiertamente al Supremo numerosas personas y organizaciones, incluyendo casi 400 de las más grandes empresas del país o la propia administración Obama.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunciaba en enero que en este primer semestre de sesiones de 2015 revisaría la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2o14 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación. El fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

Ya en enero se comunicó el calendario para la presentación de informes, aunque faltaba por conocer la fecha exacta en la que tendría lugar la sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales. Finalmente será el 28 de abril. Es muy probable que la sentencia final se conozca a finales de junio.

Empresas, líderes religiosos, alcaldes, Obama…

Ya en enero, cuando informamos de la decisión del Supremo, recogíamos las reacciones esperanzadas de los grupos LGTB, como Freedom To Marry, Human Rights Campaign, ACLU (American Civil Liberties Union) o Lambda Legal. Pero en las últimas semanas se han sumado al movimiento a favor de una sentencia del Supremo favorable al matrimonio igualitario importantes organizaciones y personas, que han enviado al alto tribunal sus amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución).

Entre ellas, casi 400 empresas, algunas de ellas tan importantes como Amazon, American Airlines, American Express, Apple, Citigroup, Colgate-Palmolive, Delta Air Lines, eBay, Facebook, General Electric, Goldman Sachs, Google, Hilton, HSBC, Johnson & Johnson, Levi Strauss, Marriott, Microsoft, Morgan Stanley, Nike, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble, Twitter, United Airlines, Verizon o Walt Disney. Empresas que consideran, entre otras razones, que el entramado de complicadas situaciones jurídicas derivadas del no reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en todo el país les supone un grave perjuicio (puedes descargar aquí el documento enviado al Supremo por este grupo de empresas).

También han solicitado al Supremo una sentencia favorable al matrimonio igualitario casi 2000 líderes religiosos del país, pertenecientes a confesiones cristianas, tradiciones judías e incluso organizaciones musulmanas, que consideran que el respeto a la libertad religiosa implica el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario, así como la posibilidad de que aquellas confesiones que decidan libremente celebrar matrimonios religiosos entre personas del mismo sexo lo puedan hacer (puedes descargar aquí su documento); más de 200 alcaldes de ciudades de todo el país (entre ellas Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Los Ángeles, Nueva York, Portland, Salt Lake City, San Diego, San Francisco o Washington D.C., por mencionar las más importantes); más de 200 miembros demócratas del Congreso (entre ellos 44 senadores) e incluso la propia administración Obama, que argumenta en su amicus curiae que la prohibición del matrimonio igualitario, además de ser discriminatoria y suponer desventajas concretas para las parejas del mismo sexo, envía el mensaje de que “las parejas del mismo sexo y sus hijos son familias de segunda clase, no merecedoras del reconocimiento y de los beneficios que se da por sentado sí merecen las parejas de distinto sexo”. “Las prohibiciones no puede ser reconciliadas con la garantía fundamental de igual protección recogida en la 14ª enmienda a la Constitución”, añade el texto.

No se trata, de hecho, de la primera vez que la administración Obama o que empresas estadounidenses se posicionan directamente ante el Tribunal Supremo a favor del matrimonio igualitario. Ya lo hicieron en 2013, año en el que el más alto tribunal del país acabó por cierto declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esperemos que en esta ocasión el resultado sea el mismo…

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Este viernes 16 de enero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado a conocer los casos que considerará en el primer semestre de sesiones de 2015. Se esperaba que entre ellos estuviese alguna de las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario, todas ellas dictadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, pero el alto tribunal ha comunicado que ha aceptado las cuatro, que afectan a los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Las sesiones orales finales se celebrarán en los últimos días del mes de abril, por lo que los expertos prevén que el fallo definitivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales del mes de junio.

En el mes de noviembre de 2014, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

El fallo final de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que finalmente ha decidido considerar los cuatro casos en este periodo de sesiones. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal ha decidido que decidirá sobre las dos cuestiones siguientes:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

También se ha comunicado el calendario para la presentación de informes. El 27 de febrero deberán presentar sus alegatos escritos los equipos legales de las parejas demandantes. El 27 de marzo lo harán las fiscalías. Finalmente, el 17 de abril los demandantes podrán presentar sus réplicas. La sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales, tendrá lugar entre el 20 y el 29 de abril. Se ha establecido un total de 90 minutos de tiempo para la presentación de los alegatos orales referidos a la primera pregunta, y de 60 minutos para los de la segunda.

El alto tribunal ha dado instrucciones a los equipos legales para que únicamente ciñan sus argumentos y alegaciones a la cuestión que corresponda a su caso en concreto. Por ejemplo, en el caso de Michigan únicamente se podrá argumentar respecto a la primera cuestión, mientras que en el caso de Ohio se ceñirán a la segunda.

Según los expertos del prestigioso blog especializado en el Tribunal Supremo SCOTUSblog, es muy probable que la sentencia final sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales de junio.

Reacciones esperanzadas de los grupos LGTB

Los portavoces de distintas asociaciones de defensa de los derechos LGTB, varias de ellas incluso implicadas en los equipos legales de los casos que se considerarán, han valorado, en general, con esperanza la actuación del Tribunal Supremo. Os ofrecemos algunas de sus reacciones:

Evan Wolfson, presidente de Freedom To Marry, cree que “la decisión de hoy del Tribunal Supremo es el comienzo de lo que esperamos que sea el último capítulo de nuestra campaña para obtener el matrimonio en todo el país”.

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, ha querido hacer referencia a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Windsor, que obligó a la autoridad federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde es legal: “Como dijo el juez Anthony Kennedy en el caso de Windsor, esta es una lucha sobre si nuestras familias son iguales o si son de segunda clase. La Constitución de los Estados Unidos no tolera la ciudadanía de segunda clase, un hecho que ha derrocado prohibiciones matrimoniales discriminatorias desde Utah hasta Arkansas. Hemos llegado al momento de la verdad, los hechos son claros, los argumentos han sido escuchados por docenas de tribunales, y ahora los nueve jueces del Tribunal Supremo tendrán la apremiante oportunidad de garantizar la equidad para innumerables familias, de una vez por todas”.

James Esseks, perteneciente a ACLU (American Civil Liberties Union), cuyo equipo legal está implicado en el caso de Kentucky, declara por su parte que “estamos encantados de que el Tribunal decida por fin sobre esta cuestión. El país está listo para una solución a escala nacional que trate a las parejas de gais y lesbianas de manera justa. Cada día que esperamos significa que más personas morirán antes de que tengan la oportunidad de casarse, más niños nacerán sin las protecciones adecuadas, más personas se enfrentarán a emergencias médicas sin poder contar con el reconocimiento de sus cónyuges. Es hora de que los valores americanos de la libertad y la igualdad se apliquen a todas las parejas”.

Susan Sommer, directora de litigios constitucionales de Lambda Legal, que forma parte del equipo legal del caso de Ohio, estima que “estamos dispuestos a presentar nuestro caso ante el Tribunal Supremo para poner fin a estas prohibiciones discriminatorias de una vez por todas. El estado de Ohio no debe permitir que no se respeten los matrimonios legales de parejas del mismo sexo dentro de sus fronteras estatales y ciertamente no debe entrometerse en los asuntos de familia de los estados que respetan los matrimonios de parejas del mismo sexo. De hecho, ningún estado en el país debe continuar con esta discriminación vergonzosa”.

Fuente Dosmanzanas

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Partidarios del matrimonio gay en Wisconsin e Indiana se manifiestan en Chicago, donde unas 200 personas hicieron cola para escuchar los alegatos en una demanda contra la prohibición al matrimonio homosexual.

Jueces federales reaccionaron con disgusto el martes ante los argumentos que defendían la prohibición del matrimonio gay en Indiana y Wisconsin, que uno de ellos comparó con las antiguas leyes que prohibían el matrimonio de negros con blancos.

A medida que la escaramuza legal en torno al casamiento entre personas del mismo sexo se trasladó al panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito, más de 200 personas hicieron cola con la esperanza de escuchar los alegatos.

Los procuradores de ambos estados quieren volver a poner en vigencia las prohibiciones declaradas anticonstitucionales en junio. El resultado afectaría a cientos de parejas que se casaron después que los jueces federales anularon las prohibiciones, pero cuyas sentencias quedaron en suspenso durante la apelación.

El matrimonio gay es legal en 19 estados y la capital del país, y crece el impulso para que otros estados lo reconozcan. Sus partidarios han obtenido más de 20 victorias judiciales en el país desde que en 2013 la Corte Suprema derogó una parte de la Ley de Defensa del Matrimonio que prohibía al gobierno federal reconocerlo.

El juez Richard Posner, quien fue designado por el presidente Ronald Reagan, reaccionó con desdén cuando el procurador adjunto de Wisconsin, Timothy Samuelson, sostuvo que la “tradición” justificaba prohibir el matrimonio gay.

“La tradición dictaba que no se permitiera a negros y blancos casarse, y esa tradición fue barrida”, dijo Posner, y añadió que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es “una tradición de odio… y discriminación salvaje”.

Muchas parejas y quienes las apoyan esperaban escuchar los alegatos el martes, y algunos empezaron a hacer fila antes de las 5 de la mañana. Entre ellos estaba Ruth Morrison, una jefa de batallón retirada de los bomberos de Indianápolis. Dijo que si Indiana no reconoce como su cónyuge a la mujer con que se casó en otro estado, no podría legarle su pensión y otros beneficios en caso de morir. “Indiana nos dice que nuestros votos solo son válidos si nuestros cónyuges son del sexo opuesto”, dijo Morrison, quien vestía su uniforme de bombero, durante un acto el lunes por la noche.

Abogados de los estados, así como de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Lambda Legal, una organización promotora de los derechos LGBT, tendrán 20 minutos cada uno para alegar frente al panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito.

Los jueces que entienden en el caso son Richard Posner; Ann Claire Williams, designada por Bill Clinton, y David Hamilton, designado por Barack Obama. No está claro cuándo se emitiría el fallo.

Fuente AP, vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. Ann Claire Williams, Barack Obama, Bill Clinton, Corte de Apelaciones del 7mo Circuito, David Hamilton, Indiana, Lambda Legal, Richard Posner, Ronald Reagan, Timothy Samuelson, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Wisconsin

El juez federal John G. Heyburn ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Kentucky es inconstitucional. La sentencia ha quedado en suspenso hasta que se resuelva la ya anunciada apelación. El mismo juez ya había fallado el pasado mes de febrero a favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados, fallo también suspendido cautelarmente.

Dos parejas del mismo sexo habían demandado al estado de Kentucky por no permitirles contraer matrimonio, en aplicación de la enmienda a la Constitución estatal que establece que “tan solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido como matrimonio en Kentucky. No será válida ni se reconocerá ninguna condición jurídica idéntica  o sustancialmente similar a la del matrimonio para las personas solteras”. Es decir, no solamente se prohibía el matrimonio igualitario, sino también cualquier tipo de unión civil que otorgara algún derecho a las parejas del mismo sexo. Dicha enmienda fue aprobada por referéndum en noviembre de 2004 con un 75 % de votos favorables, en uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos. Aun a fecha de hoy, tan solo un 35 % de los ciudadanos de Kentucky se muestra favorable al matrimonio igualitario, según las últimas encuestas.

Como en las sentencias precedentes dictaminadas en otros estados, el juez Heyburn ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario recogida en esa enmienda viola los derechos de los demandantes a la igual protección y debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Según el juez, “a veces, en defensa de la igualdad de derechos de una minoría, los tribunales necesariamente deben exigir a los demás que contengan sus antiguos comportamientos o frenen su instinto personal. No parece que este sea el caso. Asegurar la igualdad de protección para las parejas del mismo sexo no disminuye la libertad de los demás en grado alguno. Así, el derecho a contraer matrimonio de las parejas del mismo sexo parece ser un derecho constitucional ‘sin costes’. Con suerte, incluso aquellos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo lo verán de esta manera en el futuro”.

Dado que el fiscal general de Kentucky, Jack Conway, había rehusado defender la prohibición del matrimonio igualitario ante los tribunales, el gobernador Steve Beshear contrató los servicios de un bufete de abogados privado. Los argumentos presentados por este equipo legal se limitaban a exponer que tan solo el matrimonio entre dos personas de distinto sexo garantiza la procreación y mantiene la tasa de natalidad. El juez Heyburn estimó en su sentencia que “esos argumentos no son propios de gente seria”. Según el juez, “­aun asumiendo que el estado tenga un interés legítimo en la promoción de la procreación, no se ha demostrado que la exclusión del matrimonio de las parejas del mismo sexo pueda tener algún efecto sobre la procreación entre los cónyuges heterosexuales’‘.  También añadió que “en los Estados Unidos, ni siquiera las más sinceras y tradicionales creencias religiosas deben prevalecer sobre los derechos constitucionales de quienes hayan perdido una votación”.

La oficina del gobernador ha comunicado su intención de apelar la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, al igual que hizo el pasado mes de febrero con la sentencia, del mismo juez Heyburn, que ordenaba el reconocimiento por parte de Kentucky de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados. Como en aquel caso, el juez ha dictaminado en la misma sentencia la suspensión cautelar de la misma hasta que se decida sobre su apelación.

Reconocimiento de un matrimonio en Indiana

Aunque la Corte de Apelaciones del 7º Circuito decidió suspender la sentencia del juez federal Richard Young que permitía el matrimonio igualitario en Indiana, los defensores de las parejas afectadas por la suspensión, Lambda Legal, presentaron una moción de urgencia ante el alto tribunal para que ordenase excepcionalmente el reconocimiento del matrimonio de una de las parejas demandantes. Se trata de Niki Quasney y Amy Sandler, cuyo matrimonio contraído en Massachusetts ya fue reconocido cautelarmente en primera instancia, debido a que Niki está luchando contra un cáncer de ovario en estadio IV. La suspensión de la sentencia del juez Young dejaba de nuevo indefensa a la pareja en una situación crítica.

Afortunadamente, la Corte de Apelaciones ha considerado la gravedad de la situación y ha dictaminado que Indiana debe reconocer el matrimonio de Niki y Amy como legal a todos los efectos y con carácter inmediato. La oficina del fiscal general de Indiana declaraba su respeto por la decisión judicial, sin hacer más comentarios.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Kentucky se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho, Oregón, Pensilvania, Wisconsin e Indiana. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, el resto de las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

Según fuentes jurídicas, la decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de confirmar la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en Utah, también en suspenso, afectaría a los estados de su jurisdicción en los que aún no se han pronunciado los tribunales: Colorado, Kansas y Wyoming. Serían entonces 13 los estados donde el derecho al matrimonio igualitario ha sido reconocido, aunque dicho reconocimiento esté suspendido en espera de apelación.

Por otro lado, en Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con la sentencia también en suspenso. En Tennessee, ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido. En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en trámite (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados.

Todo parece señalar que la apelación de la mencionada decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito  provocará que el proceso de reconocimiento del matrimonio igualitario culmine, en un futuro más o menos próximo, en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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La sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, que ratificaba la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Utah, empieza a tener repercusiones en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo aún es ilegal. En Colorado, que pertenece a la jurisdicción del 10º Circuito, la secretaria del condado de Boulder ha comenzado a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo por entender que las consideraciones de la Corte de Apelaciones le obligan a ello. Fuera de su jurisdicción, el propio alcalde de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Misuri, celebró el pasado miércoles 25 de junio cuatro bodas entre parejas del mismo sexo. Todo ello a pesar de las amenazas de denuncia por parte de los fiscales generales de ambos estados.

La Constitución de Colorado contiene una enmienda, aprobada en referéndum en 2006, que describe el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Aunque el pasado 2013 el gobernador del estado promulgaba una avanzada ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, el acceso a la institución matrimonial aún les estaba vedado. Todo ello parece que puede cambiar después de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, al que pertenece el estado de Colorado.

Así lo estimó Hillary Hall, secretaria del condado de Boulder, que comunicó la tarde del mismo miércoles en que se conoció el dictamen de la Corte de Apelaciones que su oficina facilitaría licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que lo requirieran. Según Hall, la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la sentencia afecta a todos los estados bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito.

“Las parejas de Colorado han esperado durante mucho tiempo a que se reconozca su derecho a casarse con la persona a quien aman”, declaraba Hillary Hall, “quiero actuar de inmediato para que lleven a cabo ese deseo”. Los condados de Lafayette y Longmont también decidieron unirse a esta iniciativa y comenzaron a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo desde el pasado viernes.

El fiscal general de Colorado, John Suthers, negaba la validez de estas licencias, argumentado que “la decisión de hoy de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito ha sido suspendida por el tribunal y no ha entrado en vigor aún en Utah, y mucho menos en Colorado. Las licencias de matrimonio emitidas a parejas del mismo sexo en Colorado antes de una resolución judicial firme no son válidas”. La secretaria del condado de Bouncer aducía por su parte que “esa es su opinión. No estamos de acuerdo con ello. Vamos a seguir emitiendo licencias de matrimonio hasta que un tribunal de Colorado o el Tribunal Supremo nos diga que desistamos”. Según Hillary Hall, la suspensión de la sentencia de la Corte de Apelaciones afectaba específicamente a Utah pero no al resto de los estados de la jurisdicción.

Uno de los matrimonios celebrados en el condado de Bouncer es el de Jessie Ulibarri y Louis Trujillo. Ulibarri es miembro del senado de Colorado, y decidió casarse inmediatamente después de conocer la disposición de la secretaria del condado. Según Ulibarri, “el fiscal general no puede obligar unilateralmente a un secretario electo a que cese en la emisión de certificados de matrimonio, sin que actúe un tribunal. Sabemos que el amor siempre gana, así que no estamos preocupados por lo que el fiscal general pueda decir acerca de nuestro matrimonio”.

Si el fiscal general de Colorado decidiera acudir a un tribunal estatal o federal para denunciar la emisión de esas licencias de matrimonio, dicho tribunal tendría que considerar lo dictaminado por la Corte de Apelaciones del circuito al que pertenece, que sería siempre su instancia superior. El proceso del reconocimiento judicial del matrimonio igualitario en Colorado se aceleraría, con perspectivas muy halagüeñas.

Boda en Misuri

Esa aceleración del proceso de reconocimiento de los derechos LGTB parece ser objetivo del ayuntamiento de la ciudad de Saint Louis, la segunda en población del estado de Misuri. Coincidiendo con el fallo de la Corte de Apelaciones, aunque la decisión se había tomado con anterioridad, el alcalde de dicha ciudad albergaba en las dependencias municipales la celebración de cuatro matrimonios de parejas del mismo sexo, oficiadas por un juez municipal.

Misuri fue, en 2004, el primer estado en aprobar por referéndum la prohibición del matrimonio igualitario por medio de una enmienda a su Constitución. Sin embargo, Francis Slay, el alcalde de Saint Louis, apoyado por el fiscal de la ciudad, ha considerado que esa prohibición vulnera la Constitución de los Estados Unidos y ha decidido desafiarla. “Esto me hace sentirme orgulloso como ciudadano y como alcalde”, declaraba Slay, que consideraba que “si no lo hacemos nosotros, ninguna otra ciudad de Misuri lo haría”. Los funcionarios del ayuntamiento encargados del registro civil se mostraban dispuestos a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo hasta que los tribunales se lo impidieran.

El fiscal general de Misuri, Chris Koster, aunque es un demócrata partidario del matrimonio igualitario, se vio obligado a acudir al tribunal federal para defender la legislación vigente. Tras su demanda, el juez Rex Burlison ha ordenado a la alcaldía de Saint Louis que cese en la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que su tribunal decida la validez de los ya celebrados. Y esa era, precisamente, la intención del alcalde Slay, que expresaba su satisfacción por que se acelerase el proceso judicial. “No se equivoquen al respecto”, afirmaba, “tanto yo como todos los que están aquí estamos haciendo esto para forzar la situación y conseguir que la ley ampare a todo el que quiera casarse en el estado de Misuri”.

Suspendido el matrimonio igualitario en Indiana

Como era de esperar, y a pesar de que los activistas LGTB le habían solicitado que se inhibiera, el fiscal general de Indiana, Greg Zoeller, presentó una moción solicitando a la Corte de Apelaciones que suspendiera cautelarmente la sentencia que permite el matrimonio igualitario en el estado hasta que se resuelva su apelación.

Y este viernes 27 de junio, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito ha fallado a favor del fiscal general, y ha decidido la suspensión de la sentencia del juez federal Richard Young, cuando ya se han celebrado centenares de matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado. La suspensión no solo afecta a las parejas del mismo sexo que quieran obtener en el futuro sus licencias de matrimonio, sino también a las que habían solicitado que el estado de Indiana reconociese sus enlaces celebrados en otros estados. La situación de las parejas casadas antes de la suspensión queda en el habitual limbo legal, aunque es previsible que sus matrimonios sean reconocidos por la administración federal, como en casos anteriores.

Los defensores de las parejas afectadas por la suspensión, Lambda Legal, emitían el siguiente comunicado en el que expresaban su indignación con esta decisión: ”Por el momento, a las parejas del mismo sexo se les niega una vez más la libertad de contraer matrimonio en Indiana. La orden cautelar emitida por la Corte de Apelaciones no solo paraliza la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, sino que también evita el reconocimiento del matrimonio de Niki Quasney y Amy Sandler, que se concedió cautelarmente porque Niki está luchando contra un cáncer de ovario en estadio IV. Niki, Amy y sus dos hijas necesitan que se les considere una familia legal durante este tiempo terriblemente difícil. Es un error bloquear los matrimonios de todas las parejas y es una vergonzosa exhibición de crueldad hacia Niki y Amy y sus dos hijas, porque el matrimonio es vital en su lucha contra un cáncer agresivo y por estar juntas. Lambda Legal hará todo lo que esté en sus manos para conseguir el matrimonio para todos los residentes de Indiana. Greg Zoeller no tendrá la última palabra, la tendrá la justicia”.

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal Timothy Black ha dictaminado que el estado de Ohio deberá reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo que hayan sido celebrados legalmente en otras circunscripciones. Según el juez Black, la normativa estatal que impide ese reconocimiento vulnera la Constitución de los Estados Unidos, siendo labor de los tribunales garantizar los derechos recogidos en ella, sobre todo cuando “las minorías se ven afectadas por el poder legislativo de la mayoría”. La sentencia ha quedado en suspenso pendiente de apelación.

El juez Timothy Black ya había ordenado hace unos meses que Ohio reconociera el matrimonio formado por John Arthur y Jim Obergefell debido al estado terminal del primero. También falló que David Michener apareciera como cónyuge supérstite en el certificado de defunción de su marido William Herbert Ives. Ambas parejas se habían casado en Maryland y Delaware respectivamente, estados que reconocen el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Las dos parejas formaban parte de una demanda conjunta, efectuada por un total de cuatro parejas del mismo sexo, en la que reclamaban que el estado de Ohio reconociera sus matrimonios legalmente celebrados en otros estados. El juez dictaminó el reconocimiento de estos dos matrimonios en concreto por vía de urgencia, debido a lo excepcional de ambos casos, aunque la validez de dicho reconocimiento era provisional en espera de que comenzase la vista oral.

El juez Black ya había avanzado hace unos días, en unas declaraciones a la prensa, cuál sería el sentido de su fallo, lo que provocó la indignación de los contrarios a los derechos de las personas LGTB, que incluso plantearon su destitución por haberlas efectuado.

La sentencia, como ya es habitual en casos semejantes, ha quedado en suspenso en espera de apelación por orden del propio juez. Sin embargo, el magistrado también ha indicado a los abogados de las cuatro parejas demandantes y a la fiscalía que presenten alegaciones en un plazo de 24 horas, tras el que, aunque deje en suspenso la sentencia, posiblemente dictaminará su aplicación inmediata a las cuatro parejas litigantes.

Con este fallo, Ohio se une a Kentucky y Tennessee, donde la justicia federal también resolvió el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados. Mientras que la sentencia de Kentucky también está en suspenso pendiente de apelación, la de Tennessee es de aplicación inmediata, si bien tan solo afecta a las tres parejas demandantes.

Reconocimiento de un matrimonio en Indiana

A estos tres estados se une Indiana, donde el también juez federal Richard Young ha ordenado que el estado reconozca el matrimonio formado Amy Sandler y Niki Quasney, dos lesbianas que se casaron el pasado año en Massachusetts. Ambas forman parte de una demanda interpuesta el pasado mes de marzo en defensa del matrimonio igualitario en Indiana, pero la larga duración del proceso y el estado terminal de Niki Quasney, que lleva cinco años luchando contra un cáncer de ovarios, han obligado a sus abogados a pedir esta orden al juez, a la que ha accedido.

Se trata de una orden de restricción temporal, con una duración de 28 días, durante la cual el estado de Indiana debe otorgar al matrimonio formado por Amy Sandler y Niki Quasney todos los derechos y prestaciones establecidos para las parejas casadas. Por ejemplo, si en este período de tiempo Niki Quasney falleciera, su viuda podrá obtener un certificado de defunción en el que aparecería como cónyuge supérstite.

Amy Sandler y Niki Quasney se unieron a otras tres parejas del mismo sexo para demandar al estado de Indiana por impedirles contraer matrimonio o por no reconocer sus matrimonios contraídos legalmente en estados donde se permite el matrimonio igualitario. La demanda fue interpuesta en su nombre por Lambda Legal, quienes, dado el estado en que se encuentra actualmente Niki Quasney, decidieron solicitar al juez Young la orden de restricción temporal para proteger “la dignidad humana de la pareja y sus hijos”.

La Constitución de Indiana no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí lo hace la Ley de Defensa del Matrimonio estatal, al establecer que “solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido como matrimonio en Indiana”. Recientemente, por razones de procedimiento, fracasó una iniciativa para llevar en  2014 a referéndum una propuesta de enmienda constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio del año pasado, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en Utah, Oklahoma, Virginia, Texas y Michigan aunque las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en marcha (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a la práctica totalidad de los estados y cubren todos los territorios judiciales del país. A fecha de hoy son tan solo cinco los estados donde no hay presentada ninguna demanda para el reconocimiento del matrimonio igualitario: Alaska, Georgia, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Amy Sandler, David Michener, Delaware, Discriminación, DOMA, Estados Unidos, Indiana, Jim Obergefell, John Arthur, Lambda Legal, Maryland, Matrimonio, Niki Quasney, Ohio, Richard Young, Timothy Black, Tribunal Supremo (Estados Unidos), William Herbert Ives