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Matrimonio de lesbianas puertorriqueñas defiende igualdad de derechos en EE UU

Martes, 22 de marzo de 2016

lesbianas_Puerto_Rico“Los puertorriqueños no somos ciudadanos de segunda categoría”, han expresado durante la concentración ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El matrimonio de lesbianas puertorriqueñas formada por Ada Conde e Ivonne Álvarez contraído en Estados Unidos cuyo reconocimiento espera en el Circuito de Apelaciones de Boston a la decisión del Tribunal Supremo de EE UU, apoyó en Washington las reivindicaciones del colectivo gay.

“Los puertorriqueños no somos ciudadanos de segunda categoría”, dijo Conde, que intervino junto a su pareja en las alocuciones dirigidas durante la concentración ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

La pareja, que viajó a la capital federal para apoyar la legalización del matrimonio homosexual en todo EE UU que analizó el Tribunal Supremo en vistas públicas, es el caso que representa mejor a nivel público a los matrimonios puertorriqueños entre personas del mismo sexo que luchan porque sus enlaces sean reconocidos legalmente en la isla caribeña.

“Esto es una sola nación -en referencia a EE UU y Puerto Rico-“, subrayó, después de asegurar que los puertorriqueños no deben ser marginados respecto al resto de estadounidenses y que, por lo tanto, los matrimonios contraídos en territorio estadounidense debe de ser válidos en la isla caribeña.

Conde subrayó que hasta finales de junio no se conocerá la decisión del Tribunal Supremo de EU, encargado de decidir si las normas estatales que prohíben los enlaces entre las personas del mismo sexo son o no inconstitucionales.

La decisión saldrá de la audiencia de ayer, en la que los nueve jueces del Supremo escucharon argumentos a favor y en contra de estas uniones con base en cuatro casos de los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, que podrían hacer historia.

“Hablamos, en español, ante las miles de personas concentradas en Washington ante el Tribunal Supremo”, dijo Conde, después de señalar que habrá que esperar hasta junio para conocer el pronunciamiento del alto tribunal estadounidense.

Indicó que durante la concentración también se habló de inmigración y de los derechos de los latinos que viven en Estados Unidos.

El Tribunal de Apelaciones de Boston -el que se encarga de los casos de la isla caribeña- había anunciado el pasado día 14 que no atendería el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo en Puerto Rico hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.

Ada Conde e Ivonne Álvarez recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston después de que un juez federal desestimara la demanda que presentaron en Puerto Rico para que se reconociera en la isla su matrimonio contraído en un estado de Estados Unidos, demanda a la que se sumaron luego otras cuatro parejas de la isla.

Hace menos de un mes el Gobierno de Puerto Rico anunció que dejaría de reconocer sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer y que concedería en los próximos meses a las parejas homosexuales los mismos derechos de los que gozan las heterosexuales.

Las vistas celebradas hoy en el Tribunal Supremo fueron acompañadas por protestas dentro y fuera de la corte. Los magistrados formularon preguntas a partidarios de la legalización y a defensores del poder de los estados sobre el Gobierno federal para legislar sobre el tema.

Hasta junio no se conocerá la decisión del Supremo, que podría legalizar el matrimonio gay en todo el país o devolver el caso a cada uno de los estados. “Si el Tribunal Supremo vota en contra nuestro caso volverá al Circuito de Apelaciones de Boston, donde habrá que escuchar entonces argumentos a favor y en contra”, concluyó la ciudadana puertorriqueña.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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Comienzan las bodas entre personas del mismo sexo en Puerto Rico

Miércoles, 22 de julio de 2015

CKJtQLsVEAAFXp4Las bodas entre personas del mismo sexo llegan a Puerto Rico, menos de un mes después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (con jurisdicción sobre el estado libre asociado) que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario. Una de las primeras bodas ha sido de hecho la celebrada entre Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras, una de las parejas que en su momento recurrieron ante la justicia federal para ver reconocido su derecho a casarse.

Y es que, como en otros territorios vinculados a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia del matrimonio igualitario en Puerto Rico no se puede desligar del ámbito judicial. En octubre del año pasado, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era constitucional. Los demandantes recurrieron ante la Corte federal de Apelaciones del 1er. Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones denegó sin embargo en abril la solicitud para fijar la fecha de presentación de los argumentos orales, estableciendo que en el plazo de 14 días desde la decisión del Tribunal Supremo las partes debían presentar sus propuestas de calendario para los procedimientos pendientes. En definitiva, se retrasaba la decisión hasta que el Supremo se pronunciase unas pocas semanas después. Conviene tener en cuenta que la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito era una de las que no había tenido oportunidad de dirimir sobre la cuestión del matrimonio igualitario, porque en el resto de los estados de su jurisdicción (Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island) este ya está vigente por decisión de sus Cortes Supremas, sus legislaturas estatales o incluso –en el caso de Maine– mediante referéndum.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba el pasado 8 de julio por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales a partir del 13 de julio (aquí puedes ver el formulario ya disponible, que simplemente habla de “contrayente A” y “contrayente B”).¨

Fracasó el  intento de un grupo de políticos de detener las bodas

Sin embargo la batalla judicial se prolongaba: cuatro representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación de corte conservadora que curiosamente defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como un estado más de la unión, solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que frenase la aplicación en la isla de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así como la orden ejecutiva emitida por el gobernador. El Supremo de Puerto Rico rechazó sin embargo la solicitud el pasado jueves, y los legisladores del PNP decidían finalmente acatar la decisión y retirar la demanda que además habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, antes de que el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico tuviera tiempo de solicitar su desestimación.

Poco ha importado este último intento desesperado de los homófobos de detener la aplicación de la sentencia del Supremo: lo cierto es que las bodas entre personas del mismo sexo ya han comenzado en Puerto Rico. La de Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras ha sido la primera en trascender. Ha tenido lugar en Santurce, un barrio de San Juan. La madrina del enlace fue la abogada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Puerto Rico, Ada Conde, quien también ha formado parte del grupo de activistas que demandó a Puerto Rico ante la justicia federal (en su caso, por negarse a reconocer su matrimonio con Ivonne Álvarez, celebrado en el estado de Massachussetts en 2004).

¡Muchas felicidades a las recién casadas y a todas aquellas parejas de Puerto Rico que sigan sus pasos!

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La Justicia despeja el camino para el matrimonio igualitario en Puerto Rico

Lunes, 23 de marzo de 2015

114141_gayComo ya habíamos adelantado, el Departamento de Justicia (DJ) anunció el pasado viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación. “El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”. “El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Alegría entre los defensores del matrimonio igualitario

“Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta Administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado”, dijo en línea con los argumentos expresados este viernes por el secretario de Justicia de la isla, César Miranda, al anunciar este cambio de postura del Gobierno.

Quienes sí celebraron esta decisión, como era previsible, fueron las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal, que representa a cuatro de las parejas que presentaron la demanda que ha dado motivo a este pronunciamiento del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico”.

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Igualmente, la presidenta del Caucus LGBT del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en un escrito que las familias LGBTT puertorriqueñas deben tener los mismos derechos, responsabilidades y respeto que el resto de las familias. “Aplaudimos y agradecemos al gobernador Alejandro García Padilla y su Administración por escoger estar en el lado correcto de la historia en el tema  del matrimonio igualitario. Su cambio de posición es esperanzador”, afirmó.

Desde la presidencia de Freedom to Marry, Evan Wolfson felicitó al Gobierno por sumarse a la “larga lista de funcionarios electos, incluyendo conservadores y representantes latinos de Estados Unidos, que creen que no hay razón legítima para la discriminación del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Ricky Martin, la estrella puertorriqueña más internacional, ha declarado:

Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.mientras que el senador Angel Chayanne Martínez habló de “desilusión con el errático Gobierno de turno” que quiere “dividir y sembrar la discordia”.

La Iglesia de Puerto Rico pide referéndum sobre matrimonio igualitario

275a656be6813081fa5bc56733ea17ff(Muy alegres y contentas sus ilustrísimas: A la izquierda el obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres y a la derecha el de San Juan, Roberto González Nieves )

La Iglesia Católica expresó su disconformidad con la determinación de Justicia: A este tipo de imposición por parte del Estado el papa Francisco la ha llamado colonización ideológica”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en un comunicado calificó la decisión del Gobierno de “muy lamentable y desconcertante”. Además, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien ya se ha manifestado contrario a los derechos LGTB , propuso un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

Exhortamos a nuestro pueblo a iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado”, dijo González Nieves.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves

A su juicio “el deber ministerial” del Gobierno es defender, como había hecho hasta ahora, la constitucionalidad de la legislación actual, que en el Artículo 68 del Código Civil -que se rebate estos días ante la Justicia federal- restringe el matrimonio a las uniones entre hombre y mujer. “Queremos una sociedad que acoja, acompañe, ame y proteja los legítimos derechos de sus hijos e hijas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero. Queremos una sociedad que ore por ellos y ellas y que condene y erradique los crímenes de odio. Por eso pedimos igualdad, respeto y tolerancia”, afirmó.  Sin embargo, “esto no justifica que su unión sea análoga al matrimonio hombre y mujer, única unión capaz de transmitir vida y que refleja el designio del creador. El Estado tiene que resolver este reclamo de otra manera”.

El obispo de la localidad de Arecibo, Daniel Fernández Torres, también lamentó esta decisión, porque “la naturaleza no cambia” y “no se puede reclamar trato igual a lo que por naturaleza no es igual“. “No es lo mismo el efecto de las decisiones de las personas sobre su vida privada que el efecto público de llamar matrimonio a lo que por naturaleza no lo es. Es lamentable que se hayan traicionado de este modo lo valores fundamentales de nuestro pueblo y el futuro de nuestro país”, dijo en un comunicado.

wanda rolon yo le-500x500La conocida pastora Wanda Rolón, apóstol de la iglesia Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, dijo igualmente que es “un día nefasto para la historia de Puerto Rico. (Desde el Gobierno) se revelaron contra el mismo Dios, pero Jehová no ha perdido una sola batalla. Sigamos orando”.

A estos comentarios de crítica y censura, el propio secretario de Justicia, César Miranda, se adelantó el viernes cuando durante la conferencia de prensa en la que anunció el cambio de actitud del Gobierno dijo profesar “todos mis respetos”. Miranda insistió en que respeta “absolutamente” la opinión de todos respecto a este asunto, pero incidió en que “todos los puertorriqueños y puertorriqueñas somos iguales ante la ley”. “Por motivos de orientación sexual en Puerto Rico a unas personas se les niega lo que a otros se les concede, y eso no es correcto ni jurídica ni éticamente”, defendió, “particularmente cuando jurídicamente no tienen otra alternativa”. Añadió que las parejas heterosexuales se transmiten entre sí múltiples derechos y protecciones por virtud del matrimonio. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a esta sociedad igual que los demás”, dijo.

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El Gobierno de Puerto Rico se replantea cambiar su rechazo contra el matrimonio igualitario en la isla

Jueves, 19 de marzo de 2015

puerto_rico_gay_marriageActivistas se manifiestas durante la celebración del Orgullo LGTB en San Juan de Puerto Rico (2013)

Tradicionalmente el Gobierno se ha opuesto a reconocer ese derecho y el gobernante Partido Popular Democrático (PPD) se ha posicionado en contra, pero el actual secretario de Justicia ha reconocido en una entrevista que se está barajando un cambio de postura.

El Gobierno de Puerto Rico se está replanteando su tradicional oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, un asunto muy polémico en la isla y que se dirime estos meses en los tribunales de la Justicia federal.

En una entrevista, el secretario de Justicia, César Miranda, explicó que antes del viernes el Gobierno tiene que pronunciarse al respecto ante el Tribunal de Apelaciones de Boston (EE.UU.). Esa instancia judicial estudia el recurso interpuesto por cinco parejas homosexuales que reclaman a la Justicia que sus matrimonios contraídos en otros estados de EE.UU. sean reconocidos en Puerto Rico.

El pasado octubre la Justicia federal rechazó la demanda que estas parejas, encabezadas por la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, buscando que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que establece el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado (de Puerto Rico) no está obligado a reconocer tales uniones”, dijo el juez federal Juan Pérez Giménez para argumentar su decisión. En su opinión, la política puertorriqueña en esta materia no deben decidirla los jueces, sino el poder legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Dentro de este mismo partido, el legislador Luis Vega Ramos celebró que se “dé el paso de avanzada de reconocer la legitimidad de los matrimonios válidamente contraídos sin tomar en cuenta la identidad de género de sus partes”. “Con esa posición, Puerto Rico se pondría a la vanguardia en la defensa y afirmación de los derechos humanos”, afirmó en un comunicado el también presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Incluso el presidente del Senado de Puerto Rico y miembro también del partido gobernante, Eduardo Bhatia, aplaudió la idea, después de haber anunciado la semana pasada junto a otros senadores que se uniría al pleito impulsado por Ana Conde y su esposa: “Yo estoy claro de cuál es la posición mía, firme y sólida desde hace tiempo: La Constitución de Puerto Rico reconoce que la ley está hecha para todos y todos somos iguales ante la ley y eso significa que no importa la orientación sexual“, dijo en declaraciones a la prensa.

La propia Ada Conde, que se casó con Ivonne Álvarez en el estado de Massachusetts hace más de una década, dijo a la emisora local Radio Isla que es “increíble” que Puerto Rico, que tiene “tantas disposiciones contra el ‘discrimen'” y una “Constitución tan avanzada”, aún no reconozca este tipo de enlaces.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU. Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral. Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

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Juez de Puerto Rico se niega a reconocer los matrimonios entre parejas homosexuales celebrados en EE UU

Viernes, 24 de octubre de 2014

Ada_Conde_y_Ivonne_AlvarezAda Conde y Ivonne Alvarez durante su boda en Massachusetts en 2004

En Puerto Rico niegan matrimonio a cinco parejas del mismo sexo

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado no está obligado a reconocer tales uniones”, dijo el juez al argumentar su decisión.

Un tribunal federal de Puerto Rico ha rechazado la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclamaban que sus matrimonios contraídos en otros estados de EE.UU. fueran reconocidos en Puerto Rico.

El juez Juan Pérez Giménez desestimó la demanda que inicialmente presentaron la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, y a la que luego se sumaron otras parejas que buscaban que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de este Estado Libre Asociado, que establece el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado no está obligado a reconocer tales uniones“, dijo el juez al argumentar su decisión.

En su opinión, la política puertorriqueña en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo no deben decidirla los jueces, sino el Poder Legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Recientemente, la Justicia de Puerto Rico pidió a la federal que desestimara esta demanda interpuesta en marzo por Conde y Álvarez, que reclamaban que se reconociera en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década. Luego se sumaron más parejas.

El exgobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos 238 del Senado y 488 de la Cámara que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral.

Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Fuente Cáscara Amarga

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La Justicia de Puerto Rico pide a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales

Jueves, 4 de septiembre de 2014

ADA CONDEAda Conde e Ivonne Álvarez

Reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que han criticado las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT.

La Justicia de Puerto Rico ha pedido a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que criticaron hoy organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTT.

 “La solicitud que presentó el Estado Libre Asociado se concentra en la alegación de que los demandantes fallaron en demostrar un daño específico y por ende carecen de legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico“, ha aclarado el director ejecutivo de Populares LGBTT y Aliados, Ricardo Ramos. Sin embargo, defendió en un comunicado que “al escudarse en cuestiones procesales, el Estado perdió una oportunidad para posicionarse en el lado correcto de la historia”.

La demanda fue originalmente interpuesta por Ada Conde e Ivonne Álvarez en marzo pasado, reclamando que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década.

Luego se sumaron más parejas y Ramos instó ayer a que sean más las que se unan a este reclamo y lleven sus casos ante los tribunales, para seguir retando “la constitucionalidad de un artículo retrógrado y discriminatorio”.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral e incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

“Esperamos que en un futuro, si se subsanan las alegadas carencias del presente caso o en el supuesto que se desestimara y otros casos llegaran al foro judicial, el Gobierno decida no defender lo indefendible”, defendió Ramos.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) hizo también hoy un llamado público al secretario de Justicia, César Miranda, para que cumpla con el deber que le impone la Constitución y defienda los derechos humanos de las comunidades LGBTT.

“El matrimonio es una figura jurídica desde la cual se construyen un sinnúmero de derechos y beneficios a los cuales al día de hoy no tienen acceso las parejas del mismo sexo. En ese sentido, la legislación puertorriqueña es discriminatoria”, dijo su portavoz, Osvaldo Burgos Pérez.

A juicio de esta organización, “ya es hora de que el Gobierno asuma con valentía la defensa de la equidad y resista las presiones indebidas de sectores religiosos que por años se han opuesto a los derechos humanos de comunidades vulnerables como la LGBTT“. “Pedir la desestimación de la demanda sin entrar en los méritos legales para complacer a sectores fundamentalistas y, a la vez, evitar reconocer que el Estado discrimina a las comunidades LGBTT” es, para esta organización, “inaceptable y ofensivo”.

La pareja que inició esta demanda sostiene que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece libertad para contraer matrimonio, Puerto Rico impone trabas que impiden casarse a personas del mismo sexo.

Fuente La Información

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El activista Pedro Julio Serrano pide que se respete el matrimonio de dos lesbianas de Puerto Rico.

Martes, 1 de abril de 2014

lEl conocido activista puertorriqueño Pedro Julio Serrano pidió hoy que se respete el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en la isla y reclamó apoyo para la pareja de mujeres que ha demandado a Puerto Rico por no reconocer su matrimonio.

Serrano, uno de los principales defensores de los derechos de los homosexuales en la isla, se dirigió en un comunicado al Ejecutivo y a la Procuraduría locales para pedir que se respete el matrimonio reconocido en EE.UU. de Ada Conde y Ivonne Álvarez, que se casaron hace una década en el estado de Massachusetts.

 “En primer lugar, quiero felicitar a las valientes amigas y activistas Ada Conde e Ivonne Alvarez por dar este histórico paso. Hace mucho sentido que siendo la primera pareja puertorriqueña en casarse en Massachusetts -el primer estado donde se legalizó ese derecho- el primer pleito de esta clase lo radiquen ellas”, dijo Serrano.

El portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s hizo un llamado al gobernador Alejandro García Padilla, su secretario de Justicia, César Miranda, y a la procuradora general, Margarita Mercado, para que no defiendan el que denominó “injusto estado de Derecho que impide a parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones gozar de los beneficios en la isla que trae consigo el matrimonio”. “Invito al gobernador y su Gabinete a aprovechar esta demanda para estar en el lado correcto de la historia. Tengan presente que, en poco tiempo, los tribunales federales de Texas, Utah, Kentucky, Virginia y Michigan han resuelto a favor de la igualdad de las parejas del mismo sexo”, indicó. El activista subrayó que la igualdad matrimonial es inevitable y que sucederá tarde o temprano en puerto Rico, por lo que, dijo, “el gobernador no debe defender lo indefendible en este pleito legal”.

39578_482917329953_4984299_nSerrano invitó a otras parejas del mismo sexo que no se han casado aún a que radiquen pleitos similares en el Tribunal Federal de San Juan para que se reconozca también el derecho al matrimonio en Puerto Rico. “Es hora de que en esta patria podamos tener el mismo derecho que tienen las parejas heterosexuales de casarse y acceder a todos los beneficios, derechos y protecciones que el Estado confiere. Ya es hora de la igualdad”, destacó Serrano.

La pareja sostiene en la demanda que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece la libertad para contraer matrimonio Puerto Rico impone trabas que impiden a homosexuales y lesbianas casarse legalmente. Además, indica que la ley puertorriqueña no reconoce matrimonios contraído de forma legal entre personas del mismo sexo contraído en otras jurisdicciones de EE.UU., el caso de estas dos mujeres.

Las dos mujeres piden que se declare inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que estable el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.
El exgobernador Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohíbe en Puerto Rico el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo obtenido en otras jurisdicciones de EE.UU.

El pasado mes de mayo fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que conceden derechos a los miembros de la comunidad homosexual.

El proyecto 238 prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral, mientras que el 488 enmienda la Ley 54 de violencia doméstica para cobijar a cualquier persona indistintamente de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Fuente Caracol Radio

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Recordatorio

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