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La Justicia despeja el camino para el matrimonio igualitario en Puerto Rico

Lunes, 23 de marzo de 2015
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114141_gayComo ya habíamos adelantado, el Departamento de Justicia (DJ) anunció el pasado viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación. “El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”. “El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Alegría entre los defensores del matrimonio igualitario

“Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta Administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado”, dijo en línea con los argumentos expresados este viernes por el secretario de Justicia de la isla, César Miranda, al anunciar este cambio de postura del Gobierno.

Quienes sí celebraron esta decisión, como era previsible, fueron las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal, que representa a cuatro de las parejas que presentaron la demanda que ha dado motivo a este pronunciamiento del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico”.

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Igualmente, la presidenta del Caucus LGBT del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en un escrito que las familias LGBTT puertorriqueñas deben tener los mismos derechos, responsabilidades y respeto que el resto de las familias. “Aplaudimos y agradecemos al gobernador Alejandro García Padilla y su Administración por escoger estar en el lado correcto de la historia en el tema  del matrimonio igualitario. Su cambio de posición es esperanzador”, afirmó.

Desde la presidencia de Freedom to Marry, Evan Wolfson felicitó al Gobierno por sumarse a la “larga lista de funcionarios electos, incluyendo conservadores y representantes latinos de Estados Unidos, que creen que no hay razón legítima para la discriminación del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Ricky Martin, la estrella puertorriqueña más internacional, ha declarado:

Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.mientras que el senador Angel Chayanne Martínez habló de “desilusión con el errático Gobierno de turno” que quiere “dividir y sembrar la discordia”.

La Iglesia de Puerto Rico pide referéndum sobre matrimonio igualitario

275a656be6813081fa5bc56733ea17ff(Muy alegres y contentas sus ilustrísimas: A la izquierda el obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres y a la derecha el de San Juan, Roberto González Nieves )

La Iglesia Católica expresó su disconformidad con la determinación de Justicia: A este tipo de imposición por parte del Estado el papa Francisco la ha llamado colonización ideológica”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en un comunicado calificó la decisión del Gobierno de “muy lamentable y desconcertante”. Además, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien ya se ha manifestado contrario a los derechos LGTB , propuso un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

Exhortamos a nuestro pueblo a iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado”, dijo González Nieves.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves

A su juicio “el deber ministerial” del Gobierno es defender, como había hecho hasta ahora, la constitucionalidad de la legislación actual, que en el Artículo 68 del Código Civil -que se rebate estos días ante la Justicia federal- restringe el matrimonio a las uniones entre hombre y mujer. “Queremos una sociedad que acoja, acompañe, ame y proteja los legítimos derechos de sus hijos e hijas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero. Queremos una sociedad que ore por ellos y ellas y que condene y erradique los crímenes de odio. Por eso pedimos igualdad, respeto y tolerancia”, afirmó.  Sin embargo, “esto no justifica que su unión sea análoga al matrimonio hombre y mujer, única unión capaz de transmitir vida y que refleja el designio del creador. El Estado tiene que resolver este reclamo de otra manera”.

El obispo de la localidad de Arecibo, Daniel Fernández Torres, también lamentó esta decisión, porque “la naturaleza no cambia” y “no se puede reclamar trato igual a lo que por naturaleza no es igual“. “No es lo mismo el efecto de las decisiones de las personas sobre su vida privada que el efecto público de llamar matrimonio a lo que por naturaleza no lo es. Es lamentable que se hayan traicionado de este modo lo valores fundamentales de nuestro pueblo y el futuro de nuestro país”, dijo en un comunicado.

wanda rolon yo le-500x500La conocida pastora Wanda Rolón, apóstol de la iglesia Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, dijo igualmente que es “un día nefasto para la historia de Puerto Rico. (Desde el Gobierno) se revelaron contra el mismo Dios, pero Jehová no ha perdido una sola batalla. Sigamos orando”.

A estos comentarios de crítica y censura, el propio secretario de Justicia, César Miranda, se adelantó el viernes cuando durante la conferencia de prensa en la que anunció el cambio de actitud del Gobierno dijo profesar “todos mis respetos”. Miranda insistió en que respeta “absolutamente” la opinión de todos respecto a este asunto, pero incidió en que “todos los puertorriqueños y puertorriqueñas somos iguales ante la ley”. “Por motivos de orientación sexual en Puerto Rico a unas personas se les niega lo que a otros se les concede, y eso no es correcto ni jurídica ni éticamente”, defendió, “particularmente cuando jurídicamente no tienen otra alternativa”. Añadió que las parejas heterosexuales se transmiten entre sí múltiples derechos y protecciones por virtud del matrimonio. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a esta sociedad igual que los demás”, dijo.

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