Esta es la cara de la homofobia, se llama Rick Jones y es un político republicano del Senado de Michigan que fue sheriff del condado de Eaton. También es el promotor del proyecto de ley SB 219. Se trata de un paquete de leyes sobre protección animal que penalizará a aquellas personas que abusan de las mascotas que adoptan. Ante esta norma que supuestamente pretende proteger a los animales se esconde una encubierta inconstitucionalidad del sexo anal. Una de las cláusulas de la normativa, aprobada en el Senado de Michigan este pasado viernes, castigará con hasta 15 años de prisión los delitos sexuales anales y orales en este estado norteamericano.
El Senado del estado de Michigan ha validado la reforma de una ley que incluye penas de prisión de hasta 15 años para el delito de sodomía, a pesar de ser inaplicable tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que declaró este tipo de leyes inconstitucionales. Aunque en realidad la reforma iba encaminada a endurecer las penas por abuso contra los animales, el ponente no ha querido eliminar la sección del texto legal que hace referencia a la penalización de la sodomía, por temor a que su proyecto fuera rechazado.
El senador estatal de Michigan Rick Jones presentó ante la cámara alta un proyecto de ley para reformar las secciones del Código Penal del estado que hacen referencia al abuso y la explotación de los animales, con el fin de endurecerlas. La reforma lleva el nombre de “Ley Logan”, en memoria de un husky siberiano que había sido sacrificado brutalmente vertiéndole ácido. La citada cláusula tiene por objeto modificar el código penal sobre “bestialismo y la sodomía”, dos prácticas que llega a equiparar la nueva normativa de Michigan. “Una persona que comete el delito abominable y detestable contra la naturaleza de la humanidad o contra cualquier animal es culpable de un delito castigado con pena de prisión de 15 años”, afirma el texto. Pero si el acusado ya es un delincuente sexual o ha cometido violaciones pueden llegar a ser punibles con la pena de muerte.
Entre los delitos penados en las secciones del Código Penal dedicadas a penalizar el abuso contra los animales está el de bestialismo, recogido en la sección 158. Pero el texto legal equipara las relaciones “contra el orden de la naturaleza” llevadas a cabo con un animal y las que se realicen con otra persona. Esta es la reforma de la sección 158 propuesta y aprobada por el Senado de Michigan (tachado el texto anterior a la reforma y en mayúsculas el posterior y definitivo):
158. Cualquier UNA persona que cometiera COMETA el abominable y detestable crimen contra la naturaleza, ya sea con un ser humano o con un animal, podrá ser SERÁ culpable de un delito grave, que se castigará con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, de no más de 15 años, o si dicha persona EL ACUSADO FUERA UN DELINCUENTE SEXUAL en el momento de dicha LA infracción, podrá ser SERÁ un delito castigado con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, por un período indeterminado, cuyo mínimo será de 1 día y su máximo la cadena perpetua.
Es decir, en el mismo párrafo, totalmente equiparados, se penalizan el bestialismo y las relaciones consensuadas entre personas adultas que incluyan sexo oral o sexo anal, tal como la jurisprudencia ha interpretado el “crimen contra la naturaleza con un ser humano”. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó en 2003 que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados eran inconstitucionales, por lo que no pueden ser aplicadas.
La polémica normativa suscitó las quejas de algunos senadores pero Jones argumentó que la eliminación de la cita que prohíbe la sodomía pondría en peligro todo el proyecto de ley. Por ello, se preguntó al senador estatal Rick Jones por qué no había tachado también del párrafo el inciso “ya sea con un ser humano” y dejar tan solo la referencia al bestialismo como delito punible, de tal forma que el Código Penal se adaptara definitivamente a lo establecido por el Tribunal Supremo y la Constitución de los Estados Unidos.
La respuesta del senador evidencia la LGTBfobia profunda que sigue existiendo en muchos de los representantes políticos de los Estados Unidos: “En el momento en que cruzase esa línea y empezara a hablar de esas cosas, ni siquiera me iban a escuchar. Nadie quiere tocar eso. He preferido no plantear siquiera ese asunto, porque sé lo que pasaría. Tendríamos a dos lados enfrentados gritando y terminará con una gran pelea que no es necesaria, porque eso es inconstitucional”.
El senador estatal Jones estaría a favor de una reforma para eliminar del Código Penal todos los artículos que estén en conflicto con sentencias del Tribunal Supremo y sean, por lo tanto, inconstitucionales, pero no de centrarse específicamente en la referencia a la sodomía, pues “si nos centramos en eso, la gente se sube por las paredes”. Otra cosa sería, en su opinión, “si se presentara un proyecto de ley para que todo lo declarado inconstitucional sea eliminado de los textos legales de Michigan, probablemente yo votaría a favor, pero, ¿estropear este proyecto de ley de protección a los animales que todo el mundo quiere? No”.
La “Ley Logan” aún tiene que ser refrendada por la Cámara de Representantes estatal, donde, según la organización de defensa de los derechos civiles New Civil Rights Movement, hay muchas posibilidades de que se enmiende para que la referencia a la sodomía sea eliminada. Sin embargo, es sintomático que el Senado de Michigan no haya tenido problemas en aprobar un texto legal que incluye párrafos declarados inconstitucionales y que suponen una afrenta directa al derecho a la intimidad de todas las personas y especialmente hacia el colectivo LGTB.
“Ningún grupo político se atreve a modificar el texto. Es preferible ni siquiera plantear el tema porque sabemos lo que pasaría. Terminaría con una gran confrontación entre los senadores que terminarían en el mismo punto: Que la sodomía es inconstitucional”, aseguran desde un movimiento de derechos civiles con sede en Michigan.
Al día de hoy, doce estados norteamericanos todavía conservan legislaciones anti-sodomía en sus textos, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las prohibiciones eran inconstitucionales en 2004.
Si consideras que leyes como estas deberían ser eliminadas de los textos oficiales en todo EE.UU, te animamos que le escribas al senador Rick Jones para explicarle los motivos por los que esta norma es totalmente inapropiada. Pincha sobre este enlace para ponerte en contacto con este senador por Michigan.
El fin de la penalización de la homosexualidad en los Estados Unidos
En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.
Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia.
Sin embargo, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, conocida en lo sucesivo como Lawrence vs. Texas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.
En la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.
Leyes inconstitucionales aún presentes en los textos legales
Sin embargo, ese tipo de leyes aún forman parte de los textos legales de 14 estados, aunque sean inaplicables. La sodomía, tanto en parejas de distinto como del mismo sexo, aún aparece como un delito en las legislaciones de Idaho, Utah, Michigan, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana. En Montana, Kansas, Oklahoma y Texas solo se considera delito cuando la pareja es del mismo sexo.
Aunque no sean aplicables, aún pueden darse casos como el ocurrido en Baton Rouge, Luisiana, donde en febrero de 2015 fue detenida una pareja del mismo sexo por mantener relaciones sexuales en un coche, acusados sus miembros del delito de “copulación carnal antinatural”, una de esas leyes inconstitucionales que todavía no han desaparecido de los textos legales.
Por supuesto, el juez de distrito no admitió los cargos, y el jefe de Policía de Baton Rouge se vio obligado a emitir un informe en el que recordaba a sus agentes que no debían detener a nadie bajo esos cargos, a la vez que pedía disculpas a la pareja detenida por “el error cometido”.
Fuente Ragap/Dosmanzanas
General, Homofobia/ Transfobia.
Baton Rouge, Discriminación, EE.UU., Estados Unidos, Homofobia, Houston, John Lawrence, Lawrence vs. Texas, Luisiana, Michigan, New Civil Rights Movement, Partido Republicano, Penalización, Rick Jones, SB 219, Senado, Sexo anal, Sodomía, Texas, Tyron Garner
Así lo denunció el Movilh en la Comisión de DDHH de la Cámara, donde continúa la tramitación de la norma. La vocera Narváez, en tanto, intensificó sus gestiones a favor de la ley.
En efecto, el Movilh precisó que la ACPeds apenas se compone de unos 200 miembros y fue fundada en 2012 por un grupo de pediatras que se distanciaron de la Academia Americana de Pediatría (la más importante de su tipo, con más de 60 mil integrantes), sólo porque esta última entidad se había pronunciado contra la discriminación a las personas LGBTI y a las familias homoparentales.
En su informe, el Movilh dio además cuenta de los últimos fallos de tribunales que han permitido a niños y niñas cambiar su nombre y sexo legal en Chile. También se reportaron sentencias que han cedido tal derecho a mayores de 18 años, bastando solo su voluntad, sin exigencia de certificados de por medio.
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