Cuatro expresidentes, exjueces de la Corte Suprema y otras personalidades firmaron una declaración contra la discriminación y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica, que es objeto de debate legal en el país.

La declaración, divulgada por la presidencia costarricense, se dio a conocer momentos antes de que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunciase sobre la legalidad del matrimonio igualitario.

La sala constitucional dió a conocer su opinión sobre la validez de un artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio igualitario en Costa Rica.

La “Declaración por la igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo” fue firmada por 180 personalidades, incluidos los expresidentes Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Abel Pacheco.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en enero pasado a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en las mismas condiciones que una pareja heterosexual. La sala constitucional de Costa Rica ha dicho que las opiniones de la CIDH son vinculantes en el país.

“Confiamos en que la sala constitucional reafirmará su vasta jurisprudencia en relación con los instrumentos internacionales de derechos humanos y su peso superior a la Constitución local”, señaló la declaración.

El comisionado presidencial para asuntos de la población LGTBI, Luis Salazar, comentó que la declaración “es una clara manifestación de respeto por los derechos humanos, en donde visiones distintas se unen por la igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo”.

Precisamente, la declaración les recuerda a los magistrados constitucionales que “en su extensa jurisprudencia, la Sala ha dejado un legado histórico en favor de los derechos individuales, sociales y culturales, al reconocer el carácter supraconstitucional de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, así como el carácter vinculante de las opiniones consultivas de la Corte IDH desde 1995 y a lo largo de tres décadas”.

Aparte de los cuatro exgobernantes, también firman la carta la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, y los diputados Catalina Montero, Enrique Sánchez, Laura Guido, Nielsen Pérez y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el frenteamplista José María Villalta.

Los exmagistrados constitucionales Gilbert Armijo y Carlos Arguedas también apoyan la iniciativa, así como los exmagistrados penales José Manuel Arroyo y Daniel González Álvarez, y la exintegrante de la Sala Segunda, Eva Camacho.

Fuente Oveja Rosa

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La que fuera la primera persona transexual en conseguir un título universitario en Uruguay, Michelle Suárez, se convierte a sus 33 años de edad en la primera transexual que forma parte del gobierno.

Por primera vez en la historia de Uruguay, una abogada transexual asumió ayer una banca en el Senado, dispuesta a luchar contra la discriminación de las personas por su orientación sexual.

Michelle Suárez, de 33 años, milita en el Partido Comunista (PCU), que integra la coalición gobernante Frente Amplio (FA), y además es asesora del colectivo Ovejas Negras, una organización social que defiende la diversidad sexual y promueve los derechos de las personas LGBT, en Uruguay.

La flamante legisladora fue además corredactora de la ley del Matrimonio Igualitario, que rige en Uruguay desde el año 2013 y reconoce el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Suárez fue elegida en las elecciones de 2014, pero no fue la primera persona trans en alcanzar de manera efectiva una banca en un Parlamento latinoamericano. En diciembre de 2015 la venezolana Tamara Adrián fue elegida diputada para la Asamblea Nacional de Caracas como candidata de Voluntad Popular, cuyo líder es Leopoldo López. La uruguaya asumió ayer sus funciones en reemplazo de Marcos Carámbula, su compañero en el Partido Comunista, que renunció a su banca en la Cámara Alta de Montevideo.

Suárez dijo que el hecho de asumir como legisladora es una señal de que Uruguay ha comenzado en forma lenta, pero sin pausa un proceso de sensibilización y evolución en su conciencia colectiva.

“Siempre pienso que hoy soy aplaudida por decir, actuar y sentir las mismas cosas por las que antes fui hostigada, sancionada y perseguida”, comentó a medios locales.

Las normas de avanzada que fue aprobando Uruguay igualmente no son todavía sencillas de llevar a la práctica, dijo la senadora Suárez, quien fue crítica del funcionamiento de algunas instituciones burocráticas del país.

“Todo lo que tiene que ver con discriminación es difícil de aplicar. Hasta hace poco no existía ningún caso siquiera que llegara a un presumario en la Justicia”, recordó Suárez.

En su opinión habrá que “rediseñar las instituciones existentes y aquellas que no cuentan con poderes y recursos reasignarlas a otros organismos como la Inspección General del Trabajo, tal vez con una norma que realmente proteja a una persona discriminada y cuyos derechos fundamentales son menoscabados”.

Suárez sostiene que el proceso de inspección en casos de discriminación es extremadamente burocrático y demorado. “Y muchas veces no se llega a lo que el trabajador pretende. Igualmente es uno de los caminos para obtener las mayores evidencias o indicios y pueden servir como anclaje para cualquier reclamo judicial posterior”.

La senadora uruguaya completará el período legislativo hasta el 1° de marzo de 2020, cuando se renovará totalmente el Congreso, luego de las elecciones nacionales de octubre del 2019.

Fuente: Clarín, vía SentidoG

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