El Gobierno de Costa Rica ha aprobado un conjunto de medidas legislativas destinadas a favorecer los derechos de las personas LGTB, principalmente al reconocimiento de los derechos de las personas trans y migrantes, de la discriminación de las personas bisexuales y al acceso a distintas prestaciones para las parejas del mismo sexo. Costa Rica, además, se encuentra en un período de espera de 18 meses dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que se adecúe la legislación para permitir el matrimonio igualitario, que concluirá en mayo de 2020. Tras esa fecha, aunque no se haya dado cumplimiento al mandato, cualquier medida legal que impida el matrimonio entre personas del mismo sexo quedará automáticamente derogada.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunciaba el pasado día 21 de diciembre la aprobación de cuatro decretos y dos directrices cuyo objetivo era «garantizar a la población LGTBIQ igualdad de derechos, sin discriminación alguna».

Firmamos este viernes cuatro decretos y dos directrices para garantizar a la población LGTBIQ igualdad de derechos, sin discriminación alguna.

Estamos construyendo una Costa Rica más justa e igualitaria para todas las personas.

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) 21 de diciembre de 2018

Según detallaba el presidente Alvarado, «los decretos reconocen identidad de género en DIMEX [el documento de identidad para extranjeros] para población trans, estatus migratorio a parejas binacionales, inclusión de la bifobia en el día de la homolesbotransfobia y la declaración de interés público del protocolo de hormonización». Por su parte, «las directrices establecen que las parejas del mismo sexo podrán acceder a bonos de vivienda y la eliminación de las sanciones a notarios que realicen matrimonios entre personas del mismo sexo».

El mandatario costarricense afirmaba al respecto que «esto es el resultado del trabajo articulado entre organizaciones y sociedad civil por dar respuestas concretas a la población LGTBI», además de asegurar que «como Estado nuestro compromiso es saldar una deuda histórica y garantizar el respeto de esta población».

Por su parte, el comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar, declaraba que «estas medidas no solo son acciones afirmativas, sino que son un resguardo para subsanar la violación a los derechos de esta población».

De esta manera, se amplían aún más los avances que se han realizado este mismo año en el país centroamericano. En el mes de mayo, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobaba una resolución en la que se establecía el derecho a cambiar sus datos registrales en la cédula de identidad para las personas trans mayores de edad. Un mes después, el Gobierno presidido por Carlos Alvarado, emitía un decreto y una directriz que exigían a todas las instituciones estatales modificar los documentos, trámites y registros internos de las personas trans mayores de edad que deseasen cambiar su nombre, fotografía, sexo o género.

Costa Rica se encuentra además en proceso de aprobación del matrimonio igualitario. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  estableció un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. El plazo, que comenzó una vez el fallo fue publicado en el Boletín Judicial, concluirá en mayo de 2020.

Con todas estas medidas, Costa Rica se está convirtiendo en el país centroamericano más avanzado en cuanto al respeto a los derechos de las personas LGTB, y un modelo a seguir para las demás naciones de su entorno.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Costa Rica ha ordenado la creación de una mesa de trabajo para garantizar legalmente el derecho a la educación y trabajo de las personas transgénero y transexuales.

Con el objetivo de trabajar en la búsqueda del respeto de los derechos humanos de los que han vivido bajo discriminación, prejuicios y desigualdad, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha ordenado la creación de una Política Nacional para la Formación, Educación y Empleabilidad de las personas trans, cuyo fin principal es que las personas trasgénero y transexuales puedan tener acceso a derechos básicos como la educación y el trabajo.

“El Estado está obligado no solo a cumplir con los principios de igualdad y no discriminación, sino también de llevar a cabo medidas proactivas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”, ha asegurado el mandatario centroamericano a través de un comunicado.

El mandatario emitió su orden en el marco del Día Internacional de la Acción para la Despatologización Trans, que se conmemora cada 22 de octubre.

Con el propósito de alcanzar este objetivo se creó una mesa de trabajo que se encargará de elaborar una propuesta final de la Política trans para el primer trismestre del año 2019. Así lo ha dado a conocer el comisionado presidencial de la población LGTBI (lesbiana, gay trans, bisexual e intersexo), Luis Salazar.

Esta será una mesa interdisciplinaria en la que participarán el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el Patronato Nacional de la Infancia.

“En la directriz se insta a las universidades, al sector privado y organizaciones de la sociedad civil a coadyuvar en el diseño e implementación de acciones dentro del marco de la política”, explicó Salazar. “Queremos romper la barrera que siempre ha tenido la población trans para acceder al sistema educativo y a un empleo formal, lo cual desencadena en pobreza”, aseguró el comisionado presidencial para la población LGTBI.

De acuerdo con el funcionario, la política que forma parte del compromiso que tiene el gobierno de Costa Rica para garantizar y reconocer los derechos humanos de las poblaciones que históricamente han vivido bajo discriminación, prejuicios y desigualdad, como lo es la población de la diversidad sexual y de género, especialmente la población trans.

La homosexualidad fue despenalizada en Costa Rica 1971. Mientras que en 2002 fueron eliminadas del Código Penal todas las referencias a la “sodomía”. Costa Rica ha avanzado en los últimos años en materia de aseguramiento, pensiones, herencias, identidad de género y atención médica de las parejas LGBTI, pero aún no ha legalizado las uniones civiles ni los matrimonios entre personas del mismo sexo. Asimismo, las parejas del mismo sexo tienen acceso a visitas conyugales en las prisiones y pueden ser beneficiarias de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En junio pasado, el presidente Alvarado firmó un decreto para reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans en el país. Asimismo, pidió perdón por la persecución y violencia que el Estado costarricense ha ejercido en contra las personas LGBTI.

En enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión consultiva, en respuesta a una consulta de Costa Rica, en la que el Tribunal determina que es obligación de los Estados reconocer la identidad de género y los derechos familiares de la población LGBTI, entre ellos el matrimonio. Y en Agosto pasado, la Corte Suprema de Costa Rica dió un plazo de 18 meses al legislativo para que apruebe el matrimonio igualitario.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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Cuatro expresidentes, exjueces de la Corte Suprema y otras personalidades firmaron una declaración contra la discriminación y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica, que es objeto de debate legal en el país.

La declaración, divulgada por la presidencia costarricense, se dio a conocer momentos antes de que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunciase sobre la legalidad del matrimonio igualitario.

La sala constitucional dió a conocer su opinión sobre la validez de un artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio igualitario en Costa Rica.

La “Declaración por la igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo” fue firmada por 180 personalidades, incluidos los expresidentes Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Abel Pacheco.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en enero pasado a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en las mismas condiciones que una pareja heterosexual. La sala constitucional de Costa Rica ha dicho que las opiniones de la CIDH son vinculantes en el país.

“Confiamos en que la sala constitucional reafirmará su vasta jurisprudencia en relación con los instrumentos internacionales de derechos humanos y su peso superior a la Constitución local”, señaló la declaración.

El comisionado presidencial para asuntos de la población LGTBI, Luis Salazar, comentó que la declaración “es una clara manifestación de respeto por los derechos humanos, en donde visiones distintas se unen por la igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo”.

Precisamente, la declaración les recuerda a los magistrados constitucionales que “en su extensa jurisprudencia, la Sala ha dejado un legado histórico en favor de los derechos individuales, sociales y culturales, al reconocer el carácter supraconstitucional de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, así como el carácter vinculante de las opiniones consultivas de la Corte IDH desde 1995 y a lo largo de tres décadas”.

Aparte de los cuatro exgobernantes, también firman la carta la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, y los diputados Catalina Montero, Enrique Sánchez, Laura Guido, Nielsen Pérez y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el frenteamplista José María Villalta.

Los exmagistrados constitucionales Gilbert Armijo y Carlos Arguedas también apoyan la iniciativa, así como los exmagistrados penales José Manuel Arroyo y Daniel González Álvarez, y la exintegrante de la Sala Segunda, Eva Camacho.

Fuente Oveja Rosa

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