Por Verónica Stewart

Foto: Dano Sosa

Natal Delfino trabajaba en invertirOnline hacía diez años cuando comenzó a transicionar. Previo a su cambio registral, Natal se identificaba como lesbiana, por lo cual ya había recibido burlas en el ámbito laboral. Al comenzar con la terapia hormonal, se lo comunicó a la empresa para tomarse la licencia médica por el tratamiento hormonal y para que hicieran la actualización de sus datos en su legajo. Hace dos meses que no recibe su sueldo.

Natal es contador público y era analista senior del área de prevención de dinero. Hace algunos meses, comenzó a tener problemas familiares que incluso lo obligaban, en algunos ocasiones, a tener que interrumpir su jornada laboral para ir al cuidado de su abuela, que se encontraba mal de salud. “En algún momento me desbordé y empecé el tratamiento psiquiátrico. Mi psiquiatra me recomendó tomarme una licencia”, contó Natal a Presentes. “En el medio decidí empezar la terapia hormonal, y se lo informé a la empresa”.

Pero cuando se agotó su licencia psiquiátrica por seis meses, le informaron de invertirOnline que no le iban a pagar los haberes por la licencia médica por tratamiento hormonal que entraba en vigencia, y que se le reservaría el puesto de trabajo sin goce de sueldo. “Respondieron una carta documento diciendo que desestamaban el pedido, asegurando que no correspondía. Con mi abogado mandamos dos más y no contestaron más”, agregó.

Por su parte, desde invertirOnline.com sostienen, “Natal Delfino agotó su período de licencia legal paga en los términos del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en el pasado mes de abril y le hemos notificado la reserva de su puesto de trabajo en dicho momento. La empresa decidió acompañarlo con el beneficio de una prestigiosa prepaga, con la que cuentan todos los colaboradores e invitándolo a reincorporarse a la empresa cuando considere que se encuentre apto para hacerlo. Por otra parte, cuando Natal Delfino nos comunicó su adopción de identidad de género, procedimos a cambiar toda su documentación y adaptarla de inmediato a su nueva identidad. En invertirOnline velamos por respetar los derechos de cada uno de nuestros colaboradores a elegir libremente y valorando el aporte individual y colectivo que la diversidad le agrega a la empresa y a la Sociedad en su conjunto”.

Sin embargo, Gastón Llopart, abogado de Natal, aseguró a Presentes que “lo que dice la empresa es falso. Natal comenzó con una afección psíquica y ya terminando esa afección psíquica es que comienza su tratamiento hormonal porque se encuentra transicionando. La licencia actual que está reclamando es como consecuencia del inicio del tratamiento hormonal, no es por la licencia psíquica.” Además, “la obra social prestigiosa” a la que se refieren es la misma que le corresponde a todxs lxs empleadxs de la empresa. Llopart asegura que hace dos meses no le pagan el sueldo a Natal; es decir, el período en el cual está realizando dicho tratamiento. Por lo tanto, debe considerarse en situación de despido informal.

Las medidas legales que tomarán comienzan con un amparo para obligarlos a pagar el salario durante su licencia médica. “Esto no deja de ser un acto de discriminación por la identidad de género”, asegura Llopart. “Queremos denunciar la falta de protección de su empleador cuando se entera de que Natalia es Natal. De hecho, no hubo contacto por parte de la empresa para tratar de adaptar el equipo de trabajo”.

Sobre este último punto, Natal destaca que el cambio de sus datos se hizo en la ART y en su nombre en la nómina, pero que los mails laborales que recibe siguen estando dirigidos a su identidad anterior, y que la médica laboral que recibía sus certificados siguió tratándolo en feminino durante toda la consulta. “Ni siquiera a los profesionales a los que me mandaban estaban preparados para tener una conversación”, comentó. “No quería llegar a esto en un lugar donde trabajé tanto tiempo y pasé muchas cosas.”

Discriminación asociada a la identidad de género en el ámbito laboral

Según un informe publicado por Fundación Huésped, “más del 70% de las personas trans trabajan por cuenta propia; sólo 1 de cada 10 participantes dijo estar en relación de dependencia.” Además, menos del 10% de las mujeres trans que trabajan reciben aportes jubilatorios. Más del 40% de las entrevistadas aseguraron haber vivido situaciones de discriminación o rechazo por parte de clientes, mientras que un 25% declaró que dicha discriminación vino de sus jefes y compañeros de trabajo. “Sabemos que las personas trans tienen problemas de acceso al trabajo y que, las que lo tienen, pueden perderlo por eso”, destacó Llopart. Por su parte, Natal dijo preferir que esta situación se visibilice por tratarse de una problemática mucho mayor. “Le puede pasar a cualquiera. La mayoría de los espacios de trabajo no están preparados para alojar una transición, pero deberían estarlo. Si tiene que ser un precedente para el resto de lxs compañerxs, prefiero que esto se sepa”.

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Fuente Agencia Presentes

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“Le hago una pregunta: ¿Le gustaría tener un hijo o una hija homosexual?”, preguntó el padre Ceschi en su segmento “Pausa en familia”, para después recomendar a los padres y madres de “una persona homosexual” recurrir “a profesionales o a una atención espiritual” porque “a veces se puede corregir con tiempo y hay que intentarlo”.

Con un timing entre la brutalidad y la broma pesada, Telefé Santa Fe no se percató de la fecha cuando decidió emitir, como lo hace ininterrumpidamente desde hace 30 años al cierre de la transmisión de cada día, las homilías del padre José Ceschi. Así fue como el pasado 15 de julio, día en el que se celebraba el aniversario número 10 de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, se pudo escuchar un recitado de odio dirigido “a toda la familia” que decía: “Es muy doloroso tener un hijo o una hija con esa desviación”.

Tal fue el repudio que recibió el sermón que el canal tuvo que salir a ofrecer una disculpa a través de redes sociales “a quienes se hayan sentido ofendidos o agraviados” y a prometer que ese tipo de contenidos “no se emitirán más en nuestra señal”.

“Le hago una pregunta: ¿Le gustaría tener un hijo o una hija homosexual?”, preguntó el párroco en su segmento Pausa en familia, para después recomendar a los padres y madres de “una persona homosexual” recurrir “a profesionales o a una atención espiritual” porque “a veces se puede corregir con tiempo y hay que intentarlo”. De este modo, el religioso recomendaba las “terapias de conversión” calificadas por la ONU como “prácticas, crueles inhumanas y tortura”.

“Si se puede lograr que un homosexual no ejerza como homosexual, tanto mejor” fue otro de los consejos de este sacerdote de la Ciudad de San Lorenzo que es un enemigo de larga data de la ampliación de derechos en la Argentina.

No es la primera vez que Ceschi incurre en mensajes homofóbicos por TV: ya ha calificado sin tapujos a Flor de la V como “monstruo” y a las lesbianas y gays como personas que no son “normales” y representan una “desviación”.

Tres años después de sancionada la ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, Ceschi seguía sosteniendo ante distintos medios televisivos y radiales -que nunca dejaron de llamarlo para preguntarle su parecer- que el “matrimonio tiene que ver con matriz mater, que significa mamá, madre, y no puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No solamente de acuerdo a la iglesia, sino también a muchísima gente que estudia el tema”

Fuente: Página 12, vía SentidoG

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“La ley vino reparar una injusticia: vínculos de amor y familia no heterosexuales que el entramado jurídico hacía de cuenta que no existían”

Por Ernesto Meccia (Pausa Periódico Digital)

Este 15 de julio se cumplieron 10 años de la sanción de la ley del matrimonio igualitario en Argentina. De una forma estentórea, los activismos sexuales pusieron a la sociedad a discutir sobre ciertos soportes de la vida social que estaban naturalizados y pusieron bajo la luz del sol amores hasta entonces silenciados. Existe una visión negativa del hecho de vivir en la civilización de la imagen, cuyo principal imperativo es la “extimidad”, es decir, el de mostrar la vida íntima. Por supuesto que el diagnóstico es cierto. Pero solo en parte. También habría que decir que, en un sentido muy importante, aquello que no se ve (porque no se lo muestra) en gran medida no existe, y que la gente se anima a mostrar cuando logra redefinir lo privado como un asunto público que, en tanto que tal, merece la atención social y política.

Así comenzaron muchos procesos reivindicativos de las llamadas “minorías”: primero realizando redefiniciones hacia adentro y luego llegando a la arena pública. Esas redefiniciones se logran cuando quienes viven situaciones de opresión logran construir un “marco de injusticia” dentro del cual puedan verse, primero, a ellxs mismxs y que, luego, pueda ver la sociedad en su conjunto.

El lema de la campaña nacional “Los mismos derechos con los mismos nombres” refleja bien la injusticia que vino a reparar la ley: vínculos de amor y vínculos familiares no heterosexuales que tenían que moverse en un mundo cuyo entramado jurídico hacía de cuenta que no existían. Los principales interesadxs –casi todxs por motivaciones religiosas- en que el velo de la ignorancia siguiera activo sufrieron un duro revés; tuvieron que enfrentarse como nunca antes a una sociedad de sensibilidad ampliada y de alta capacidad organizativa.

Es claro que corresponde escribir un artículo con tono de triunfo. Sin embargo, considero que el momento que atravesamos nos pide presentar matices y pensar en asuntos pendientes.

A lxs sociólogxs nos gusta hablar de lo latente y lo manifiesto. Muchos fenómenos sociales existen a pesar de que no se los vea. Otras veces se los ve, pero poco. Y otras veces vuelven a aparecer con fuerza. Por supuesto, todos estos estados de la sociedad tienen estrecha vinculación con las distintas coyunturas políticas. Si pensamos en lxs actorxs políticos que fueron derrotadxs con la sanción de la ley podremos convenir en que, después de un momento de relativo silencio, sacaron de nuevo la cabeza a la superficie e hicieron mucho daño –por ejemplo- durante la discusión parlamentaria de la ley del aborto, en 2018. También, en que últimamente cobraron especial significación al instalar a la “ideología de género” como una amenaza, de la cual derivan el lamentable ilocutivo “con mis hijos no te metas”. Y si llevamos el almanaque hacia atrás los podremos ver presionar en contra de las leyes de uniones civiles y, si vamos más atrás aún, activando contra la ley de divorcio.

Entonces, es interesante observar que, con distintos ropajes, existe un enunciador anti-derechos, o sea, una figura discursiva que representa a un ser que se construye a lo largo del tiempo a través de distintos “actos de comunicación”. El enunciador es tal porque comunica desde una posición; en nuestro caso, que siempre dice “no”: es “anti-derechos”. En realidad, la posición es un ideal, es un conjunto de conceptos conservadores del orden social que conviene distinguirlo de lxs locutorxs, que son las personas de carne y hueso que llevan en la punta de la lengua esa posición y la actualizan con argumentos más o menos distintos pero que siempre tienen un parecido de familia (nuevamente: son “anti”, siempre “anti”, “anti” todo lo que signifique ampliación democrática).

Uno de los núcleos duros de los argumentos de lxs anti-derechos fue y es su pánico por lo que denominan las “minorías”, a las que adjudican la función de inyectarle a la sociedad ideas ajenas y foráneas, para cuya puesta en práctica no está preparada ni debería estarlo. Recuerdo y me pregunto: ¿qué argumentos esgrimieron las religiones conservadoras en el debate sobre el matrimonio igualitario? Podemos presentar dos: primero, pensar que deben anteponerse los “deberes” de la religión a los “derechos” de la sociedad; segundo, sostener que gays y lesbianas tienen “derechos” pero que esos derechos no deben generarle ningún deber “especial” al Estado.

El primer argumento se sostenía en la falacia de pensar que lxs legisladorxs debían bloquear los reclamos de “derechos” porque ello era un “deber” para quienes practicaban su religión. Los deberes de lxs religiosos antes que los derechos democráticos… ¡fuerte! A su vez, esta falacia descansaba en la presuposición de que todos quienes practicaban esa religión pensaban igual que ellxs. Sin embargo, los debates en torno al matrimonio lograron mostrar otra cosa: que este reclamo fisuró doctrinas y propició nuevas interpretaciones y otras formas pastorales de relacionarse con la sociedad. Se hablaba de diversidad sexual como si de la misma emanaran doctrina y prescripciones cuando, en realidad, se estaba debatiendo una ley que no obligaba a nada a nadie, que no le quitaba nada a nadie, y que solamente le daba derechos a quienes no los tenían y querían ejercerlos.

El segundo argumento decía así: la legislación no podía seguir todos los vaivenes del humor social, en especial, cuando son provocados por las minorías. Para la estabilidad social hay que priorizar, pensaban. No se puede legislar sobre todo lo existente sino sólo sobre aquello que tiene “interés público” y que tiende al “bien común”, sólo aquí residiría la función del Derecho. Al contrario, si el Estado prestaba el oído a los reclamos y los positivizaba, ningún entramado jurídico aguantaría. Por aquellos años leímos y escuchamos: “el Estado no está para proteger afectos sino instituciones”, “un deseo no es un Derecho”, “legislar sólo sobre lo importante”, “el Derecho no es un regulador de todos los hechos”, “la insignificancia cuantitativa potencial de uniones homosexuales no justifica cambiar el régimen para toda la sociedad”. Así, el Estado y el derecho valdrían como los guardianes de un orden natural inquebrantable. Pero habría que decir que siempre existieron personas no-heterosexuales, es decir, que ellxs también formarían parte de ese orden. ¿Por qué entonces tanta negativa?

Cuando pensamos en los debates que se han dado en los últimos años sobre género, sexualidad, derechos y políticas públicas varias de estas ideas reaparecieron y sus representantes encuentran eco en un contexto regional que parece haber recobrado ciertas capacidades de habla reaccionaria.

Entonces, la movida por la aprobación del matrimonio igualitario nos podría servir como un ejemplo de lucha y organización colectiva o, más sencillamente, como una caja de herramientas para volver a hacer frente a quienes hacen de la postergación de los derechos de lxs demás la satisfacción del deber cumplido.

Vía AmbienteG

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Cristina Fernández de Kirchner firma la ley

Argentina festeja los 10 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Gracias a la que más de 20.244 parejas del mismo sexo han podido casarse en el país desde el 2010. Tras varios años de lucha, la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, aprobada el 15 de julio de 2010 en Argentina, se convirtió en la primera de América Latina y el Caribe en reconocer este derecho en todo su territorio nacional.

Argentina se transformó en el primer país de América Latina en aprobar y legalizar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo un 15 de julio del 2010. La euforia alegre estalló en miles de manifestantes que se encontraban en la Plaza de los Dos Congresos. Dentro del edificio, y luego de 14 horas de debate, la sanción de la ley concluía con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.

Esta ley contempla la posibilidad de la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. Mientras que deja en claro que «ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo».

Y si bien fueron muchas los comentario u opiniones que, por priorizar creencias personales, lastimaron al colectivo LGBT en Argentina, se impuso la mayoría logrando priorizar los derechos LGBT.

Por este motivo, como forma de recordatorio y festejo, ya que debido a la cuarentena no se puede salir a las calles, los monumentos más icónicos de Argentina se iluminaron con los colores de la bandera LGBTQ+.

La iluminación comenzó el martes 14 de julio a las 23:59 y finaliza a las 23:59 del miércoles 15 de julio.

La bandera se podrá lucir en la Usina del Arte, Palacio Lezama, Planetario y Torre Monumental. Se verá forma completa y con todos los colores a la vez.

En la Plaza Congreso, Monumento a los Españoles, Floralis Genérica y el Puente de la Mujer los colores se irán alternando.

Y algunos, no podemos olvidar, ni olvidaremos, el papel que jugó el entonces cardenal Bergoglio y hoy Papa Francisco:

Este es, para los aún inocentes, el papa «gayfriendly»…

Fuente Oveja Rosa/Cristianos Gays

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Elizabeth Gómez Alcorta junto al Presidente Alberto Fernandez

El gobierno nacional cumplió otra promesa de campaña y puso en el centro de sus políticas la lucha contra la violencia de género. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta firmó el Programa de asistencia que fue publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo oficializó este lunes y publicó en el Boletín Oficial la creación del Programa de atención urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. La resolución, firmada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se da en el marco del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años, que anunció el viernes el presidente Alberto Fernández, junto con la ministra.

El pilar central del Programa es el apoyo “a través de una prestación económica, asesoramiento psicológico y/o legal” para las personas cercanas o del grupo familiar de las víctimas.

Según define la ministra en la resolución, los femicidios, travesticidios y transfemicidios constituyen el “punto culminante en la confluencia de múltiples violencias” que el Estado debe abordar “de manera coordinada, articulada e integral”. En este sentido el Plan, que se llevará a cabo entre el 2020 y el 2022, establece tres ejes centrales: la autonomía económica de las personas en situación de violencia, el abordaje de las violencias extremas, y la dimensión cultural y estructural de la problemática. Para la concreción del Plan, el presupuesto será de 18.000 millones de pesos.

Con la propuesta de un “abordaje integral e interseccional” de las violencias, que apunta a las distintas aristas de la problemática en lugar de abordar solamente la emergencia individual de cada caso, el Programa tiene por objetivo la “ampliación de políticas de reparación” para familiares o integrantes del círculo de confianza de las víctimas. Cabe recordar que, según el último relevamiento realizado por el Observatorio Ahora que sí nos ven , en los primeros seis meses de este año se cometieron 162 femicidios, lo que significa que hubo un femicidio cada 27 horas.

Mientras que el Plan Nacional contra las Violencias abarca distintas problemáticas -incluye 27 medidas y 144 acciones que se pondrán en práctica desde 46 organismos nacionales-, el Programa, que se oficializó este lunes, apunta específicamente a reparar el daño que sufren las personas allegadas y familiares de las víctimas.

Previamente, el pasado mes de junio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. En la reunión acordaron políticas estratégicas en materia de género.

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Pablo Fracchia dedicó 20 años de su vida a intervenir en desastres y crisis humanitarias: desde inundaciones en Argentina hasta la crisis de refugiados sirios en el Líbano. Pero decidió dejar su mayor pasión para adoptar a una bebé que vivía sola en el hospital de La Plata, en Argentina.

Pablo tiene 37 años y es Licenciado en Trabajo Social y desde los 16 trabajaba en la Cruz Roja. Los desastres y las emergencias eran su día a día, pero hace seis meses que los cambió por el parque y los juegos con su pequeña hija, Mía.

“Yo empezaba a darme cuenta de que me pasaban cosas que, entre comillas, no estaban bien. Era el final de la década del 90 y ser gay era motivo de burla, de gracia, algo indigno”, cuenta. “La peor parte es que yo siempre había soñado con ser padre, cuando pensaba en el futuro me lo imaginaba jugando con hijos en un parque. Pero no era frecuente que los gays fueran padres y uno de los obstáculos para salir del closet era asumir que iba a tener que ceder ese sueño”.

Pero eso no era todo, trabajar para la Cruz Roja era entregar su vida personal para asistir a otros, situación que interfería con su deseo de formar una familia. No cualquiera se abandona la cena de fin de año con quienes eran sus suegros por una inundación.

Después de más inundaciones, su viaje al Líbano y varias catástrofes en Argentina, sumada a la separación de su pareja, decidió dar el paso y anotarse en el Juzgado de Familia.

“Fueron dos años de mucha ansiedad, de esperar algo que no sabes si va a llegar, cuándo va a llegar. Pero también dos años para entender que la decisión de adoptar implica romper con la idealización del ‘hijo perfecto’”.

Pero la espera llegó a su fin. En octubre del 2019 lo llamaron: había una niña de un año y 10 meses que hacía un año estaba en el hospital. Había sobrevivido a una perforación intestinal, tenía una colostomía, había pasado por una segunda cirugía y nadie en su familia biológica estaba en condiciones de hacerse cargo de ella. Esa era la posibilidad de Pablo para adoptar a una bebé.

En la lista había cuatro parejas heterosexuales y él: hombre soltero y gay. Sin embargo, luego de pasar por todo el proceso, sonó el teléfono y llegó la noticia más esperaba: lo habían elegido.

“Cuando la conocí no caminaba ni hablaba. Me enteré que casi se muere en una de las cirugías y que había atravesado todo el post operatorio sola. Ahí entendí lo que me dijo la jueza: ‘Te elegimos porque sentíamos que Mia necesitaba alguien que la abrazara durante un año entero’. Y eso es lo que hago desde ese día, abrazarla. Ahora camina, habla, baila, juega. Descubrió que puede descansar porque hay otro que la protege”, concluye Pablo, quien abandonó su mayor pasión para adoptar a una beba que vivía sola en un hospital.

Fuente Oveja Rosa

General Adopción, Argentina, Líbano

[Noticia actualizada 16:30]

Por Alexis Oliva, desde Córdoba

Fotos: Mesa de trabajo por los DDHH, Municipalidad de Córdoba, captura de video de Santi Merlot, Concejo de San Luis.

Un grupo nacionalista encabezado por sectores militares intentó arriar por la fuerza la bandera de la diversidad, que el intendente Martín Llaryora y las organizaciones de la diversidad sexual habían izado el viernes, en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGBT, en el Parque Sarmiento de Córdoba capital. La intolerancia mutó en violencia durante el fin de semana. Hubo un ataque con una cadena, ostentación de arma de fuego y el destrozo de una placa oficial. Anoche se llegó a un acuerdo y el emblema de la diversidad sexual tendrá otro mástil donde flamear. Ante versiones que indicaban que se trataba de excombatientes de Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM – La Plata) expresó su repudio en un comunicado y dijo que se trata de sectores vinculados a un lobby militar.

En San Luis, Mar del Plata y Rosario también hubo agresiones: vandalizaron banderas LGBT+ (ver al final de la nota).

“En la firme convicción de construir una sociedad cada día más inclusiva, igualitaria y respetuosa de las diferencias, hoy junto a representantes del colectivo LGTBIQ+, izamos la bandera de la Diversidad en el mástil principal del Parque Sarmiento. Flameará en lo alto de manera permanente como símbolo de nuestro compromiso”, rezaba la placa instalada por la Municipalidad de Córdoba.

Horas después, dos veteranos de la guerra de Malvinas –el suboficial mayor de la Fuerza Aérea Daniel Villena y el ex soldado Alejandro López– y una mujer intentaron bajar la bandera multicolor por considerarla “una falta de respeto” a la enseña nacional, “incompatible con cualquier banderola”. No alcanzaron a retirarla, porque fueron interpelados y registrados en video por dos jóvenes, hasta que intervino la policía y les ordenó retirarse. “Yo voy a hablar con el intendente”, aseguró López.

La bandera de la diversidad se volvió a izar. Pero ayer domingo, Día Internacional del Orgullo unas cuarenta personas, la mayoría con indumentaria militar camuflada, banderas argentinas y barbijos con consignas nacionalistas y antiderechos, volvieron a la rotonda de calle Deodoro Roca con el propósito de arriarla. Allí agredieron a lxs integrantes de los colectivos de la diversidad y los policías que frustraron el intento.

Uno de los incursores, luego denunciado públicamente por la agrupación Putos Peronistas como Gustavo Luis Garay, atacó con un cadenazo a una militante. Otro integrante de esa organización fue intimidado con un arma de fuego. También destruyeron la placa de vidrio instalada el viernes y luego cantaron el Himno Nacional y Aurora. No hubo detenidos, pero la fiscalía de turno inició una investigación por los daños y agresiones.

Consultado por Presentes, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, expresó: “La discusión enriquece el debate, pero esto no hubiera sucedido si izábamos la bandera amarilla y blanca del Vaticano por el cumpleaños del Papa, o la de los Bomberos, o la bandera rosa de la lucha contra el cáncer de mama. Lo que pasó fue porque izamos la bandera de la diversidad sexual. Hay que decirlo con todas las letras y animarse a defender los derechos de las minorías. Dar el debate a pesar de los costos”.

“Hay un proceso de apertura de la sociedad a los derechos de la diversidad sexual, que viene desde los años 60, pero que no ocurrió porque sí, sino porque muchos lucharon y dieron la vida para que ocurra. Y otros se animaron a tomar decisiones que políticamente no eran aconsejables. Yo siento orgullo de pertenecer a una gestión que se anima y lleva adelante una política de inclusión, y también quiero que mis hijos vivan con libertad su sexualidad, sin que nadie los reprima, discrimine o violente”, dijo a Presentes el funcionario.

“No hay dos derechos en disputa”

Desde el primer incidente, las organizaciones de la diversidad sexual y de derechos humanos manifestaron su repudio. “Un grupo de personas vandalizaron el espacio público y atacaron la bandera de la diversidad sexual en el Parque Sarmiento. En un hecho histórico en favor del respeto por la identidad y el reconocimiento de la diversidad en la ciudad, fue el intendente Martín Llaryora quien izó la bandera del movimiento LGTBIQ+. Además, el atentando contra el emblema fue perpetrado por personas que violaron la normativa vigente en el marco de la pandemia del COVID-19. Este tipo de actos, en víspera del Día Mundial de la Diversidad Sexual, ratifican y profundizan nuestra lucha y convicción por la igualdad de derechos”, expresaba un comunicado firmado por organizaciones y 201 funcionarixs.

Entre ellxs, Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de la Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Victoria Donda, del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia), Ornella Infante, directora de Políticas de contra la Discriminación del INADI, Martín Fresneda, director del observatorio de DDHH del Senado de la Nación, Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, las diputadas nacionales Brenda Austin y Gabriela Estevez, vicepresidenta de la Comisión de Género y Diversidad; lxs legisladores de Hacemos por Córdoba Nadia Fernández, Diego Hak y Leonardo Limia, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba,; Soledad Ferraro, titular de la Comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante, Putos Peronistas, el Centro Trans Córdoba, la Comisión de Género de la Mesa provincial de Trabajo por los DDHH y la Asociación Civil de Ex Presos Políticos de Córdoba, la Filial Córdoba de la Asociación Travesti Transexuales Transgéneros de Argentina, la Casa de Varones Trans y Familias y la Iglesia Metodista Inclusiva Cristo de Todes.

A su vez, la organización Devenir Diverse señaló: “Aquí no hay dos derechos en disputa. Nada más lejos que eso. De un lado, un grupo minoritario de personas ha decidido violar una resolución legítima de las instituciones democráticas locales. Una decisión que viene a reparar simbólicamente décadas de invisibilización de un grupo social vulnerado por la discriminación y la violencia social y estatal. A esas personas no las moviliza otro sentimiento más que el odio hacia quienes vivimos nuestras vidas por fuera de los mandatos del héterocispatriarcado. Una posición peligrosa y profundamente antidemocrática en tanto supone la supresión del otro. Allí no radica ningún derecho. Allí sólo hay odio, cobardía y autoritarismo”.

Al caer la noche en el parque Sarmiento, el diálogo logró imponerse por sobre la violencia y las organizaciones LGBTIQ+ llegaron a un acuerdo con los militares y la Municipalidad. Anoche a las 24:00 se arrió la bandera de la diversidad y hoy a las 8 se volvió a izar la bandera argentina, con el compromiso de colocar mástiles nuevos, en el espacio municipal donde funcionará el Centro de Estudios y Difusión de los Derechos de la Diversidad frente a la rotonda, para colocar allí de manera permanente las banderas de la diversidad y trans.

Para Siciliano, que en el acto de esta mañana estuvieran presentes las organizaciones LGTBIQ+ y algunos militares es “todo un signo de diálogo democrático”.

“No sientan que hemos perdido, porque nosotros vamos a tener un espacio con nuestras banderas allá, que todos podremos disfrutar. ¡Muchas gracias!”, les dijo anoche la referente trans Ana Torres a quienes hicieron el aguante para que su símbolo siguiera en lo alto.

“Ex Combatientes repudiamos la violencia y el odio”

Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM – La Plata), aclararon hoy a través de un comunicado que los “grupos organizados que actuaron en banda”, también en otras ciudades como Mar del Plata, Mendoza y Rosario, son parte de la Confederación de Veteranos de Guerra, una “organización que nació a instancias del macrismo en 2016”. Y señalaron que en Córdoba “la acción estuvo liderada por Claudio César García, máximo referente de esa agrupación. García ocupó el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas en el Ministerio del Interior durante la gestión del gobierno anterior, formando parte del lobby militar que aún hoy continúa manejando la Comisión Nacional de Ex Combatientes”.

“Repudiamos los ataques al símbolo que representa la bandera de la diversidad y la violencia ejercida desde el odio de sectores minoritarios. Como ex combatientes de Malvinas, como sobrevivientes de una guerra a la que nos llevó la última dictadura cívico militar, repudiamos todo tipo de violencia, expresiones de odio y defendemos la convivencia en la diversidad, el respeto y las garantías que hoy nos da un estado de derecho”, expresa el comunicado del CECIM.

Vandalizaron banderas LGBT+ en San Luis, Mar del Plata y Rosario 

Desde el jueves 25 de junio, la bandera de la diversidad  flameaba frente al Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. Pero en el transcurso del fin de semana y mientras el mundo celebraba virtualmente actividades por el orgullo internacional LGBTIQ+ la bandera fue quemada.

Hoy el presidente del Concejo, Carlos A. Ponce, compartió en las redes un video repudiando el hecho y explicando que se buscará a los responsables.

“Con esto no se ataca solamente a un sector de la sociedad sino que se está atacando a todos/as, y a una institución fundamental de la democracia, por lo que estos hechos son lisa y llanamente INACEPTABLES en una comunidad que debe contener a todos/as sin distinción de credo, raza, religión, preferencia sexual , inclinación ideológica o política y demás”, dice el comunicado que publicaron desde el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis.

En Mar del Plata un grupo de personas –varias se nombraron ex combatientes de Malvinas– bajaron la bandera LGBTIQ+. Esta había sido izada el fin de semana, de acuerdo a la ordenanza 23.280 que establece que en esta fecha y otras representativas la insignia deberá flamear en las dependencias municipales.

El domingo bajaron la bandera mientras cantaban el himno y repetían que solo respetarían de Argentina.  Después, se acercaron al palacio municipal para, según sus palabras, devolver la bandera. En los videos compartidos en redes se puede escuchar que un hombre dice: “Ninguna ordenanza municipal puede modificar la Constitución Nacional, así que si vuelven a subir esta bandera la vamos a bajar 20 mil veces más. Así que decile a los encargados que han hecho esto que vamos a venir los veteranos de guerra a hacer exactamente lo mismo siempre”.

En Rosario activistas denunciaron que personas vestidas con uniformes verde oliva intentaron impedir el izamiento de la insignia del orgullo con insultos y amenazas. Esto sucedió en la Plaza San Martín. Según informan fueron cuatro las personas que intentaron evitar el acto.“Hay sectores intolerantes que no terminan de digerir los derechos que hemos conquistado”, señaló Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas para el colectivo LGBT al diario La Capital de la ciudad santafesina.

Una nota firmada por más de 200 organizaciones de distintos sectores a nivel nacional apoyó la decisión del municipio cordobés y repudió lo que calificaron como un “hecho vandálico” la bajada de la bandera por el grupo que también destruyó la placa donde se explicaba la decisión de izar la insignia multicolor.

 Desde 100% Diversidad y Derechos compartimos el pronunciamiento del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), La Plata. “Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM – La Plata), repudiamos los actos de violencia que se produjeron en distintas ciudades de nuestro país al conmemorarse el Día Internacional del orgullo LGBTI+. Repudiamos los ataques al símbolo que representa la bandera de la diversidad y la violencia ejercida desde el odio de sectores minoritarios.

Como ex combatientes de Malvinas, como sobrevivientes de una guerra a la que nos llevó la última dictadura cívico militar, repudiamos todo tipo de violencia, expresiones de odio y defendemos la convivencia en la diversidad, el respeto y las garantías que hoy nos da un estado de derecho.

Estos grupos organizados que actuaron en banda en el día de ayer, en ciudades como Mar del Plata, Mendoza, Rosario son parte de la Confederación de Veteranos de Guerra, organización que nació a instancias del macrismo en 2016.

En Córdoba la acción estuvo liderada por Claudio César García, máximo referentes de esa agrupación. García ocupó el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas en el Ministerio del Interior durante gestión del gobierno anterior, forman parte del lobby militar que aún hoy continúa manejando la Comisión Nacional de Ex Combatientes.

Son un sector ideológico que se agrupó bajo la consigna ‘del curro de los DD.HH’ y responden a una lógica de pensamiento que nuestra sociedad ha superado, son vestigios de lo que dejó la cultura del odio que tanto ha obstaculizado en el avance hacia el camino de Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía.”

Fuente: Agencia Presentes/Prensa 100% Diversidad y Derechos

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Córdoba, Homofobia/Transfobia, Mar del Plata, Mendoza, Rosario

Foto: Archivo Presentes

 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de Argentina realizó el primer encuentro virtual para analizar distintos proyectos de ley de acceso y cupo laboral de las personas travestis y trans. Participaron referentes de organizaciones de la diversidad sexual.

Mónica Macha, presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, es impulsora de la medida, que ahora mismo nuclea tres proyectos de ley.

En plena pandemia, las medidas para impedir la propagación del Covid-19 han dejado expuestas las enormes dificultades del colectivo travesti y trans para subsistir. Detrás de las innumerables urgencias y necesidades alimentarias, y de las dificultades para acceder al derecho a la salud, está un derecho básico, imprescindible para garantizar otros, y que ha sido negado de manera sistemática a este colectivo: el derecho al empleo.

El Cupo Laboral Travesti Trans tiene como antecedente la sanción en la Provincia de Buenos Aires de la ley impulsada por la defensora de Derechos Humanos y activista travesti Amancay Diana Sacayán, que determinó que el Sector Público provincial debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero. El debate que se iniciará la semana que viene, es parte de su legado, el cual honraremos luchando para que la prostitución no sea el destino impuesto a todas las personas travestis y trans.

“Para nosotras la ley es una herramienta de reparación. Necesitamos ser ciudadanas de primera y dejar de ser las relegadas de la democracia”, dijo Maju Burgos, de Mujeres Trans Argentina.

“Como masculinidad trans, y siendo padre soltero, mi hijo tiene derecho a que pueda brindarle las necesidades básicas que necesita cualquier adolescente. Porque nos lo deben, porque se lo debemos a quienes ya no están, y porque no pueden seguir teniendo esta deuda con las nuevas generaciones travestis trans: Ley de cupo laboral travesti trans urgente”, dijo Matias Veneziani, Coordinador del grupo de adolescentes trans travesti y Secretario de la Asociación Civil Infancias Libres.

Según un informe de ATTTA y Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), sólo el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales. Sin opciones, excluidas tempranamente de la educación y muchas veces de sus familias, gran parte de ellas recurren para la subsistencia al trabajo sexual o están en situación de prostitución.

“La pandemia golpea a la sociedad en su conjunto, pero más a la población travesti-trans porque directamente impide el acceso a las necesidades básicas. Si una chica no sale a pararse en una esquina por la noche, al otro día no tiene forma de subsistencia, no tiene para comer ni para comprar un remedio. Y el único modo de subsistencia para nosotras sigue siendo la prostitución”, dijo Ivana Gutiérrez, militante y referenta travesti de Conurbanes por la Diversidad

 “Con la sanción de este proyecto impulsamos una medida de acción afirmativa por parte del Estado argentino que corrija y repare la histórica discriminación hacia la comunidad travesti trans, entendiendo que esa exclusión y violencia tienen un carácter estructural que requiere de una fuerte intervención estatal para revertirla”, agregó Victoria Castro, Activista de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos.

De la reunión participaron referentes de las organizaciones Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina; Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos; Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA); Organización Ser Trans; El Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L) y; Frente por la Igualdad del Movimiento Evita y Fundación Travesti Trans de Chaco, entre otras.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Cámara de Diputados, Cupo laboral travesti-trans, Identidad de género, Personas trans

Carlos Vallejos, de 19 años, quedó detenido en la madrugada de este martes tras un allanamiento que comenzó a las 2 de la mañana en su vivienda de barrio América de Reconquista. El joven estaba tomado por al menos ocho cámaras de seguridad que hay en varios comercios e instituciones cerca de la casa de Roberto Monje (foto inferior).

El sábado 14 de junio Roberto Monje, un varón gay y defensor de los derechos de la diversidad sexual, fue encontrado asesinado con varias heridas de arma blanca en el baño de su casa en Reconquista (Santa Fe).

Hoy detuvieron al presunto asesino. Se trata de C.J.V. de 19 años, quien fue identificado por las cámaras de seguridad y por una foto en las redes sociales. “Roberto era una persona muy reservada. Como consecuencia no tengo un móvil para asegurar si esto fue un robo, un homicidio o una gresca”, indicó el fiscal Alejandro Rodríguez en la conferencia de prensa que dio hoy al conocerse la detención, junto a la hermana de la víctima y al jefe de la PDI, Diego Costanzo.

Rodríguez confirmó que el presunto autor ingresó a la vivienda de Monje a las 19.40 y se retiró a las 7.53 del día siguiente. Las cámaras de seguridad de las calles y de varios comercios mostraron el recorrido del imputado desde la vivienda de Monje hasta a 30 metros de su domicilio.

También, el fiscal indicó que “se logró llegar a buen puerto a través de una foto que la víctima compartió por redes sociales a una tercera persona. A partir de esa fotografía, la Agencia de Investigación Criminal logró identificar a una persona y ayer a las 2 de la mañana tomé la decisión de realizar un allanamiento en el domicilio del probable autor. Allí se encontraron numerosos elementos personales de la víctima que nos hacen sostener la probabilidad de la autoría casi en un ciento por ciento”. Entre los elementos que encontraron en la casa del imputado hay dos pares de zapatillas y el celular de Roberto.

Entrevistada por Gustavo Raffin en la tarde del martes 16 de junio de 2020, Norma Ojeda reveló el momento en que su hijo le confesó el homicidio de Roberto Monje. Fue esta madrugada cuando la policía irrumpió en su casa con la orden de allanamiento. Antes de ser detenido le hizo la revelación a su madre y ella contó en ReconquistaHOY cómo fue ese momento, tan fuerte que se descompuso.

De su casa en Barrio América fue a la de Monje, en Ludueña 1020, donde ingresó en el comienzo de la noche del viernes 12 y salió ya con la luz del día en la mañana del sábado, luego de matarlo y robarle algunas pertenencias. Con la misma bicicleta que había salido regresó a casa de su madre a quien le mintió diciéndole que había dormido en casa de su novia.

Contó también cómo incorporó a su vida a Carlos, cómo fue que lo adoptó como su hijo. «Me dolió tanto que él fuera a hacer ésto. Le pido mil disculpas a la familia de la persona que falleció, me pongo en su lugar, mi hijo deberá pagar por lo que hizo.»

Qué le dijo Carlos a su madre sobre la sangre que tenía en una oreja y de dónde sacó las cosas nuevas que llevó a su casa, como las zapatillas y el reloj. «Ayer lo empecé a notar más triste». Reveló que cuando le comentó a su hijo sobre el homicidio de Monje y su deseo que se haga justicia, que no quisiera estar en el lugar de esa familia, Carlos «no me contestó nada».

Respondió que ella no sabía si su hijo tenía relación con su víctima, «no me contaba de su vida, con la única que sabía que tenía relación es con Antonela, con la que tenía una nena «. Añadió que «muchas veces» le decía  a su hijo que deje de andar en malos pasos, «le decía que tengo vergüenza que todo el mundo me apunte con el dedo». Ella supo que le había mentido antes cuando apareció con moto diciendo que la había comprado y en realidad luego se la secuestraron porque la había robado.

Sostuvo que su hijo «no era violento, no era un chico que te iba a agredir, nunca fue violento». Pidió «mil disculpas a la familia del chico, le mando mis respetos a esa mamá. Estoy mal por lo que pasó,  le dije a mi hijo que eso no le enseñé a él, nunca puede decir mi mamá me mandó a robar, él nunca trabajó porque siempre lo mantuve».

Contó que Carlos Vallejos hizo la escuela primaria en la N° 1305 y que abandonó la secundaria en la escuela Comercio. «No sé si tomaba alcohol y droga, no sé qué clase de junta tenía, se manejaba solo, él hacia su vida, en mi casa nunca permití que venga con un chico o una chica», respondió. Los padres de Carlos Vallejos se habían separado y él era chiquito cuando Norma Ojeda lo incorporó a su familia y lo crió a la par de su hija. «No te voy a traer más problemas, mamá, me decía cada vez que hacía algo que estaba mal», prometía.

Roberto era gay y había militado durante algunos años en la asociación civil VOX, una ONG que desde 2001 trabaja en la provincia de Santa Fe por los derechos civiles y sociales de la diversidad sexual. Sus primeras manifestaciones públicas a favor de los derechos de las disidencias y por la educación sexual integral fueron en 2008, cuando Reconquista se convirtió en noticia porque una supervisora de escuela justificó el maltrato a un niño de 12 años por ser “afeminado”. Con el tiempo dejó la organización pero nunca abandonó las causas de Derechos Humanos.

Organizaciones sociales denunciaron que la muerte de Monje fue un crimen de odio, por su orientación sexual y su activismo político. Roberto Monjes, de 40 años fue encontrado sin vida en su domicilio de calle Ludueña al 1020.

Monje trabajaba en Valy Comercial. Precisamente la gente de Valy lo estaba llamando porque no se había presentado a trabajar. En ese momento se apersonó al comercio la mujer que ayudaba a Monje con las actividades domésticas para ver si Roberto estaba en el trabajo. Ella había ido hasta su casa, cerca de las 8 de la mañana. Observó el vidrio de la ventana roto y gotas de sangre.

Con todos estos datos llamaron a la policía. Inmediatamente llegó personal de la policía motorizada quien, tras saltar el tapial trasero, se encontraron con la puerta de atrás abierta y con el cuerpo de Roberto en el baño con cortes, ensangrentado.

El asesinato de Roberto golpeó fuerte a toda la comunidad, en las redes sociales se compartieron fotos y mensajes para un hombre que formaba parte de la cotidianeidad de muchas personas. “Quienes conocimos a Robert´s por su activismo en defensa de los derechos de las disidencias sexuales, nos encontramos ante una noticia dolorosa y una situación que deja a las claras la permanencia de los crímenes de odio”, publicaron en las redes sociales del Frente Justicia por Vanesa Zabala, una de las organizaciones que acompaña el pedido de esclarecimiento del crimen de Monje.

Fuente Agencia Presentes/Reconquistahoy

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Carlos Vallejos, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Reconquista, Roberto Monje, Santa Fe

Por Verónica Stewart

Katalina Martínez Yancha es una mujer trans ecuatoriana privada de su libertad en Argentina. A principio de este año se encontraba en la Unidad penitenciaria N°32 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo. Le siguieron otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre y falta de apetito. A pesar de que todos estos padecimientos se condecían con el diagnóstico de tuberculosis (TBC) -.enfermedad muy frecuente en los penales bonaerenses- los médicos que la revisaron afirmaron que se trataba de problemas psicológicos, y la mandaron una y otra vez de regreso a su celda. Según el comunicado publicado por Aramis, abogadx y activista y Naomi Lozano, prima de Katalina, “al momento de atenderla no revisaron su capacidad respiratoria y quien la atendió le dijo que no podía recetarle ‘ni un ibuprofeno porque no era doctor’.”

“Un viernes vino un médico de otra unidad al área de sanidad”, contó a Presentes Marilyn, compañera de Katalina en el penal. “La llevé con mucha fiebre, el médico la revisó y automáticamente la derivó al hospital “Mi Pueblo” de Florencia Varela”. Cinco días después, los resultados de los estudios arrojaban TBC. Tras dos semanas de internación, Katalina iba a ser internada en la Unidad N°22, un penal hospital en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por falta de lugar, la volvieron a trasladar a la Unidad N°32, aislada para no contagiar a sus compañeras. Allí, su cuadro empeoró.

A raíz de esto, el Tribunal solicitó un informe que diera cuenta tanto de las condiciones de detención de Katalina como de su estado de salud. Sin embargo, el mismo desmereció la gravedad de su condición y cómo las condiciones de encierro había contribuido a su detrimento. Según el comunicado, “el 1° de abril la Defensoría volvió a presentar otro escrito exigiéndole al Tribunal que se expida sobre la situación de Katalina, lo que se conoce en los pasillos judiciales como un “pronto despacho”. Sin embargo, no fue hasta fines de abril que fue internada nuevamente en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela. A las dos semanas, fue nuevamente trasladada al penal, y luego de que su cuadro se agravara aún más, fue trasladada a la Unidad N°22.

“La comida es muy poca y pasa frío”

Katalina y Naomi viajaron durante dos años y medio antes de llegar a Buenos Aires. Desde su partida de Ecuador en 2010, pasaron por Piura, Máncora, Chiclayo y Lima en Perú, luego por Santiago de Chile y  Mendoza, hasta terminar instalándose en La Plata. “Salimos de Ecuador en busca de mejores vidas”, explicó Naomi a Presentes. “No teníamos dinero y éramos discriminadas por ser trans. Recibíamos burlas y risas, como si fuéramos payasos. Por eso decidimos emigrar a otro país. Acá fuimos aceptadas por la sociedad. Es un país diferente con una sociedad que nunca nos cerró las puertas y nunca se burló”. A pesar de no sentir esa discriminación, no tuvieron otra opción que ejercer la prostitución para sobrevivir.

Ambas salían a trabajar todas noches, pero hace tres años Katalina fue detenida: “Vinimos sin ayuda ni apoyo de nadie. En nuestra familia nos discriminaban”, cuenta Naomi. “Después de mucho tiempo, fuimos aceptadas. Ahora, mi tía me llama y no puedo hablar con ella porque no sé qué decirle sobre Katalina. Nadie me da información”.

La comunicación desde la Unidad N°22 es, efectivamente, muy escasa. “La última vez que me llamó fue el lunes de la semana pasada y no tenía ni luz en la celda”, contó Marilyn. “La comida es muy poca y pasa frío”.

Naomi, por su parte, ha intentado obtener novedades sobre el estado de salud de su prima por distintas vías. “Nunca me han dado nada porque es una persona que está detenida. No he sabido nada. Tengo tiempo yendo a la 22 y no me han dado información”, explicó a Presentes. “Fui muchas veces pero nunca me han dado un parte médico. Tantas veces fui al juzgado pero nunca escucharon”. Naomi cuenta que cuando Katalina estaba en la 32, previo a la pandemia, sí la visitaba frecuentemente. Las últimas veces había adelgazado tanto que, según Naomi, “no parecía la misma persona que antes.”

“Exigimos a la Sala 3° de la Cámara de La Plata la libertad de Katalina Martínez Yancha y responsabilizamos a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y los funcionarios judiciales del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata por la situación que está atravesando y las consecuencias posteriores que sufra en su calidad de vida”, reclama el comunicado.

La población trans en los penales bonaerenses

Según un informe realizado por la organización OTRANS Argentina en 2019, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad. El informe se inició a partir de las muertes de cuatro mujeres trans mientras estaban detenidas en La Plata en 2017. Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado, fallecieron privadas de su libertad en la Unidad N°32 de Florencio Varela. Brandi Bardales Sangama murió en el hospital platense San Martín tras un allanamiento policial en su vivienda.

Esto es resultado de una atención sanitaria deficiente. En el ámbito federal, el 25% de las mujeres trans afirma no haber recibido atención a pesar de haberla necesitado. A esto se suma una situación habitacional crítica, ya que en la Provincia de Buenos Aires los penales están sobrepoblados y el hacinamiento es un problema que lleva años. Además, el informe resalta “las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”.

“El caso de Katalina se inscribe en una trama colectiva”, explicó Aramis a Presentes. Aramis destacó que, en muchas ocasiones, la falta de acceso a la salud en los penales probó ser letal. Además de las muertes mencionadas, trascendió el caso de Mónica Mego (36), una mujer trans peruana que quedó parapléjica tras pasar un año detenida en un penal sin condena. El comunicado resalta cómo estas prácticas institucionales “sistemáticamente ejercen violencias contra las mujeres trans y travestis detenidas en la provincia de Buenos Aires.” “Es posible reducir estos daños”, aseguró Aramis.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Abandono, Argentina, Cárcel, Katalina Martínez Yancha, Personas trans

Por Soledad Mizerniuk y Victoria Rodríguez, desde Santa Fe

En Reconquista – una las ciudades más importantes del norte de Santa Fe- y donde por estos días proliferan las marchas contra la expropiación de Vicentín, asesinaron este sábado a Roberto Monje, de 40 años, activo militante gay de esa localidad. Trabajaba en un comercio céntrico, por eso era conocido por la mayor parte de la ciudadanía reconquistense.

El cuerpo sin vida estaba en el baño de su casa, con decenas de heridas de arma blanca, la mayoría en la zona del cuello. Algunos puntazos en sus manos indican que intentó defenderse. En base a las imágenes que captaron cámaras de seguridad cercanas a ese domicilio, en la calle Ludueña al 1020, el supuesto asesino llegó a la casa de Roberto en bicicleta, el viernes alrededor de las 20, y se retiró del lugar 11 horas después.

En diálogo con Presentes, el fiscal adjunto de la Unidad Fiscal Reconquista del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Alejandro Rodríguez, relató: “Me llamaron alrededor de las 8.30. La empleada doméstica de la víctima se preocupó porque no pudo ingresar a la casa y advirtió un vidrio roto en la puerta. Fue hasta el trabajo del fallecido y regresó con algunos compañeros de él. No pudieron ingresar, por lo cual llamaron al 911. La policía entró por un lateral a la vivienda y lo encontró sin vida, en el baño”.

El fiscal ingresó al baño donde yacía Roberto junto con la médica forense. “La persona fallecida tenía signos compatibles de haber sido agredido físicamente con elementos punzocortantes. La autopsia confirmó el motivo de la muerte. Se convocó a todo su entorno y comenzamos a recibir información. Hoy no tenemos aún un autor del hecho, pero sí indicios que conducen a probables autores. No tengo tampoco aún el móvil del hecho”, dijo el fiscal.

Con múltiples hipótesis en la cabeza, un equipo de investigación de 17 personas revisa por estas horas las imágenes registradas por todas las cámaras de seguridad de la ciudad (una superficie de poco más de 500 km²). Ayer domingo se realizaron 16 entrevistas, se concretó la autopsia y se avanzó en la observación de las grabaciones. Frente al domicilio donde se produjo el homicidio hay un sanatorio que con varias cámaras. Allí se observa la llegada y el retiro de una persona del lugar.

El fiscal Rodríguez confirmó, además, que en la casa de Roberto no se encontró su teléfono celular y que tampoco apareció una suma de dinero que una persona retiró de su cuenta bancaria, horas antes, a pedido del mismo. “Se constató la extracción en un cajero automático. Se entrevistó a la persona que lo extrajo, pero no hay vinculación de la misma con el hecho. Estamos haciendo un trabajo maratónico. Tengo la convicción de que vamos a llegar al autor del hecho”, dijo.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de que se trate de un crimen de odio, dadas la extrema violencia que evidencia el ataque y la conocida militancia de Roberto en la comunidad gay, Rodríguez señaló que “hoy todas las hipótesis son posibles, ninguna de ellas se descarta”.

“Se trata de un crimen de odio”

Roberto era gay y había militado durante algunos años en la asociación civil VOX, una ONG que desde 2001 trabaja en la provincia de Santa Fe por los derechos civiles y sociales de la diversidad sexual. Sus primeras manifestaciones públicas a favor de los derechos de las disidencias y por la educación sexual integral fueron en 2008, cuando Reconquista se convirtió en noticia porque una supervisora de escuela justificó el maltrato a un niño de 12 años por ser “afeminado”. Con el tiempo dejó la organización pero nunca abandonó las causas de Derechos Humanos.

El asesinato de Roberto golpeó fuerte a toda la comunidad, en las redes sociales se compartieron fotos y mensajes para un hombre que formaba parte de la cotidianeidad de muchas personas. “Quienes conocimos a Robert´s por su activismo en defensa de los derechos de las disidencias sexuales, nos encontramos ante una noticia dolorosa y una situación que deja a las claras la permanencia de los crímenes de odio”, publicaron en las redes sociales del Frente Justicia por Vanesa Zabala, una de las organizaciones que acompaña el pedido de esclarecimiento del crimen de Monje.

“Por la saña y la forma en que se llevó a cabo consideramos que se trata de un crimen de odio. De todas maneras, estamos esperando más información”, dijo a Presentes Eliana Ibarra -integrante del Frente Justicia por Vanesa Zabala. Y agregó: “Es un golpe muy fuerte para Reconquista. Era una persona muy conocida en el ámbito comercial y por sus acciones con grupos que llevamos adelante luchas por los derechos”.

A través de sus redes sociales también Valy Shop, el comercio donde Roberto trabajaba desde hace años, publicó un mensaje que tuvo cientos de reacciones: “Hoy es un día muy triste. La gran familia de Valy, personal, proveedores, clientes y amigos, nos vimos sacudidos con la peor noticia. Perdimos a un hijo, un hermano y un gran amigo (…) Indudablemente no vivió en vano. Buena persona, educado, fiel, honesto… Gracias por todo Ro, buen viaje, vuela alto, ya nada te lo impide. Te vamos a extrañar MUCHO”.

También Carina Santa Cruz, integrante de la Red Diversa Positiva Reconquista, dialogó con Presentes, y recordó a Roberto: “No era de mi círculo íntimo pero teníamos muy buena relación. De hecho, él era empleado de comercio desde hace muchísimos años y yo frecuentaba ese negocio porque queda cerca de mi casa”. “Robert era una excelente persona, no tenía problemas con nadie. Realmente fue un golpe muy duro para toda la sociedad”, dijo.

En declaraciones al sitio ReconquistaHoy, la hermana de Roberto, Lorena, pidió justicia e insistió: “Esto no puede quedar así, nos arrebataron una parte principal de nuestra familia. Nos dejaron sin hermano, y a una madre y un padre sin hijo, no puede ser que esto quede sin esclarecer”.

Una lista de crímenes de odio en la zona

El crimen de Roberto se suma a una lista de asesinatos a personas LGBTIQ+ en la zona que han tenido un fuerte impacto en la comunidad de unos 70.000 habitantes. “Este caso nos vuelve a poner en un lugar horrible, remueve muchas cosas, tenemos una seguidilla de casos que nos duelen todavía”, reconoció Eliana Ibarra.

Uno de los más resonantes fue, en el 2000, el crimen de Ana Britez, una travesti trabajadora sexual que se enfrentó a la persecución policial y terminó asesinada, mutilada y desechada a la vera de la ruta nacional A009. En 2007, el profesor Ives Medina fue asesinado de 13  puñaladas. Durante toda la investigación, el tema de su orientación sexual se abordó de manera violenta en la mayoría de los medios de comunicación.

El 29 de marzo se cumplieron siete años del asesinato de Vanesa Zabala. Las cuatro personas responsable del crimen fueron condenadas por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía y agravado por la participación de menores”. Sin embargo, técnicamente no se definió en los expedientes como un crimen de odio.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Reconquista, Roberto Monje, Santa Fe

Por Sandra Chagas*

Imaginemos esto: imaginemos quién querría ser negro cuando lo negro es sucio, bajo, que te va a tocar un día negro, que lo peor que te puede pasar cuando consigas un trabajo es que tengan en negro. Toda la connotación que tiene eso de lo negro, es lo que no permite que nosotres tengamos una existencia sin racismo. Porque también, entendamos, a mayor colorismo en la piel de negritud, peor son las oportunidades que podemos llegar a tener en la vida. Generalmente se decía antes, cuando nacía un niño, la gente quería saber “cómo te nació”, “de qué color es”. Siempre pensando que si el niño nacía más claro, iba a tener mejores oportunidades.

A la gente le molesta muchísimo cuando traemos al debate el tema de la esclavización, porque cuando hablamos  de esto tenemos que hablar de genocidio y no usar otras expresiones, como “delito de lesa humanidad”. Justamente a nuestres ancestres no se les reconocía su humanidad en la trata esclavista. Esa trata esclavista tiene consecuencias hasta hoy, cuando casi nadie en el mundo tiene derecho a una vida digna, sin exclusión, sin sentir constantemente ser observados. Cuando una persona negra entra a un supermercado, generalmente la persona que está de seguridad están constantemente mirando hacia donde va a esa persona. Eso es racismo, con el que una tiene que vivir en el día a día. Y no lo digo solo por un ejemplo: son anécdotas que nos seguimos contando cuando nos encontramos.

El racismo está enquistado en la sociedad y en el imaginario pero no es una imaginación, es real. Y lo vivimos las comunidades negras e indígenas, los mal llamado “negros” de la Argentina. Al indigenismo también les dicen “los negros”. Hay una connotación despectiva, excluyente, de lo negro. En ese sentido, las fuerzas de seguridad tienen un rol primordial. Hay que hablar de José Delfín Acosta Martínez, un compañero de candombe, de capoeira, justo con él y su hermano Ángel Acosta Martínez y otro grupo de afrouruguayos se formó en la década del ’80 el grupo cultural afro. Allí queríamos transmitir nuestros valores y nuestra cultura ancestral, ya sea de la capoeira o el candombe. Y así se fundó el grupo cultural afro.

En 1996 hubo un incidente por el cual el compañero José Delfín Acosta Martínez, tratando de ayudar a dos compañeros afrobrasileros, fue detenido y asesinado. Al salir en defensa de esas dos personas, a los tres se lo llevaron preso, pero José salió asesinado a golpes y patadas por la policía. Hace 24 años que Ángel Acosta Martínez viene pidiendo justicia para José. Es así como este pasado marzo el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso se elevó, hubo una audiencia pública, y el Estado argentino asumió su responsabilidad. No salió en casi ningún medio.

Durante todos estos años, José sufrió el hostigamiento y persecución de las fuerzas de seguridad. Por eso entendemos que el racismo se cobra vidas, no es una sensación, es un hecho. Hace poco a un joven lo patearon y asesinaron entre varios rugbistas. A Fernando Báez le gritaban “negro de mierda” mientras lo mataban a golpes.

Deberían haber campañas contra el racismo en todas partes del mundo. Porque todavía no se entendió que el racismo es un flagelo que nos atraviesa y que no podemos salir solxs: la sociedad en su conjunto tiene que entenderlo.

• Sandra Chagas es activista afrocandombera y lesbiana.

Fuente Agencia Presentes

General Argentina, Racismo

Por Elena Corvalán

El juicio contra el cura Emilio Lamas iba a empezar el 7 de mayo pero se suspendió. La Corte de Justicia de Salta está analizando el pedido de prescripción. Mientras, sobrevivientes de sus abusos sexuales lanzaron una campaña.

La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta lanzó una campaña contra la posibilidad de que la Corte de Justicia provincial disponga el cierre de la causa del cura  Emilio Lamas. Lamas está acusado de abuso sexual simple y promoción a la corrupción de menores agravada por denuncia de dos personas.

Los jueces de la Corte salteña están “decidiendo si el cura será juzgado en un juicio público o será beneficiado con la impunidad por los hechos que cometió contra dos menores de edad en la década de los 90”, señaló la Red en su campaña, en la que destacó que el juicio debió haber comenzado el 7 de este mes.  “Lo que decida la Corte marcará un antecedente definitivo sobre si las víctimas de pedofilia de los curas tendrán justicia y si éstos últimos serán juzgados como cualquier ciudadano por sus actos”, agregan.

Quienes lanzaron la campaña en las redes son Juan Carlos García y Carla Morales Ríos, denunciantes del sacerdote por hechos cometidos en 1991 y 1994, cuando tenían 14 y 11 años, y eran activxs participantxs de las actividades de la Iglesia Católica en el pueblo de Rosario de Lerma, ubicado en los valles de Salta. Sin embargo, como destacaron ambxs a Presentes, detrás de ellxs hay por lo menos otras cinco personas, también víctimas del cura cuando eran niñxs o adolescentes, que esperan el resultado de este proceso para avanzar con sus denuncias.

Si bien en los tribunales salteños afirman que no hay mayores novedades en el proceso, el juicio oral contra el cura fue efectivamente suspendido. El Poder Judicial de Salta destacó que quedó comprendido en las suspensiones generales de audiencias públicas que se decidieron por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, si no mediara la Covid-19, la causa tampoco estaría en condiciones del juicio oral porque la Corte aún no resolvió un planteo de prescripción presentado el año pasado por la defensa de Lamas, a cargo del abogado José Fernández. El presidente de la Corte, Guillermo Catalano, recién llamó “a autos para resolver” el pasado 28 de abril.

Carla Morales Ríos está en Rosario de Lerma en estos días. Por razones económicas derivadas de la pandemia, tuvo que regresar a su lugar de nacimiento. Está haciendo la cuarentena obligatoria que impone el gobierno provincial a lxs “repatriadxs”. Desde su lugar de aislamiento pensó con Juan Carlos García la campaña que lanzaron para visibilizar la posibilidad de que Lamas logre un fallo que lo libre de ir a juicio.

En ese mismo pueblo sigue viviendo Juan Carlos, donde se las rebusca “como puede” después de que perdiera su trabajo en la Municipalidad local, justo luego de hacer la denuncia contra el cura, en 2018. Lxs dos cuentan a Presentes sobre el desgaste emocional, físico y hasta económico que les provoca mantener este reclamo de justicia, representados por el abogado Luis Segovia en las querellas que interpusieron en la causa penal.

“Lo que me da bronca es que después de haber pasado por todo esto se suspenda el juicio. Siento que nunca hay justicia para nosotras: para las travas, para les pobres, para les indígenas. Y después de dos años de revictimizarme al  tener que volver a recordar un montón de cosas, fue como despertar a mi niñe otra vez, hacerle pasar por todo esto. No es justo”, dice Carla a Presentes.

El cura abusador Emilio Lamas

“Es recordar y volver a sentirme vulnerable”, dijo por su parte Juan Carlos, antes de relatar lo que sufrió cuando era monaguillo en la casa parroquial del paraje El Alfarcito. Allí lo llevó Lamas con la excusa de una celebración religiosa. “El premeditó todo. Y después se burlaba diciéndole quién te va a creer. Jamás me voy a olvidar de esa risa, y hoy en día entiendo que se sentía impune, hacía lo que quería”, agregó.

Carla destacó que la dificultad es mayor ahora que tiene que estar en su pueblo, donde no es fácil soportar el señalamiento. “Yo pude llevar una lucha porque no estaba en el pueblo, porque no era señalada y porque además tenía todo una red de contención”.

Además, en este tiempo “el cuerpo me ha pasado factura, he sido diagnosticada con trastorno de ansiedad, he tenido un episodio difícil el año pasado, he tenido una parálisis facial también el año pasado, he salido de urgencia para una operación de vesícula. Mi psiquiatra y mi psicóloga dicen que el cuerpo me está pasando factura”.

Juan Carlos también cuenta las dificultades de pueblo chico: “Al principio ha sido difícil salir a la calle, he recibido mucho castigo en las redes sociales, eso me afectó un montón. Porque ha sido gente vecina, gente conocida, me decían que yo lo único que buscaba era plata, fue difícil, castigaron a mi madre”.

“Todos sabían lo que pasaba”

Juan Carlos destacó que en general lxs acusadxs por abusos sexuales eclesiásticos buscan la prescripción “porque saben que las víctimas denuncian un tiempo después, porque es un golpe muy duro. Imaginate, nosotros en los años 90, donde, al cura lo idolatraban, entonces fue difícil”.

Y destacó que en su caso pidió ayuda “a todos” y  nadie le creyó. Juan Carlos cuenta  que en 1991 la justicia estaba al tanto de lo que estaba pasando en Rosario de Lerma porque pidió ayuda a la jueza de Menores Sylvia Bustos Rallé. Ella le respondió:  bueno, su papá no quiso denunciar.

“Mi papá era un hombre de trabajo, del ferrocarril, no tenía muchos estudios y evidentemente éramos pobre nosotros, entonces para él decía: encarar todo esto va a ser muy difícil”, explica Juan Carlos.  Al final de su vida le pidió perdón y lo animó a denunciar para que “siguiera buscando la paz”.

 “De una u otra manera la justicia sabía que este sacerdote me había violado y que estaba cometiendo delito no solo conmigo, sino también con otros chicos. Porque Emilio Lamas violó a cinco chicos acá en Rosario de Lerma”.

Esta campaña es para que la gente se exprese y “la justicia vea que no están ellos solos entre cuatro paredes a la hora de votar, sino que toda una sociedad los está observando para ver qué veredicto van a dar”.

La justicia es colectiva

Carla y Juan Carlos comparten haber nacido en hogares católicos. Sus madres son fervientes creyentes y llevaron a sus hijxs a la Iglesia. Esas madres tuvieron también que realizar un esfuerzo grande para separar sus creencias de la institución eclesiástica.

Luego de que Juan Carlos García denunciara a Lamas, la madre de Carla hizo declaraciones públicas sobre el abuso que había sufrido su hija 25 años atrás. “Ella ha hecho todo un proceso para poder hablar, porque si no hubiese sido por ella yo no hubiese hablado”, sostuvo Carla. Por eso siente que “ella también espera justicia”.

Para Carla, la única vez que hubo justicia para las travestis fue en el fallo contra el travesticidio de la defensora de derechos humanos Diana Sacayán. Aquel  fue un logro colectivo y ahora tanto Carla como Juan Carlos entienden que su causa es también mayor que una acción personal.

“Yo creo que lo mío no solamente es para mí, creo que es por mucha gente. Hay muchas chicas que me escriben todo el tiempo, mucho más cuando yo revuelvo el avispero con este tema, que muchas no pueden hablar, o no hablan porque ya su abusador murió o su abusador está dentro de la familia, y entonces sienten que en mi lucha está la de ellas. Me encantaría decirles que hablen pero cada una tiene su propio proceso. A mí me llevó 25 años poder hablar, me llevó más de diez años poder darme cuenta del abuso, me llevó más de 16 años poder convencer a mi familia”.

Presiones de la Iglesia

Juan Carlos insiste en lo difícil que es transitar este proceso, y resalta la persecución que sufrió dentro de la misma Iglesia “para que no hablara, para que me fuera de la Iglesia, fue muy duro”; hasta recibieron la visita del obispo Julio Blanchoud, fue “difícil para mí que venga un monseñor, que mi mamá salga llorando de la reunión diciendo con los curas no nos metamos. Ella analfabeta, viejita, enferma, entonces es un dolor, no puedo dejarlo así”.

Dijo que no quiere que otras víctimas “pasen el proceso que yo he pasado”. Por eso les dice que está bien si no quieren “dar la cara”, pero insiste para que denuncien. “Les digo, preparensé, porque hay que denunciar, si no, nunca se va a saber la verdad y ustedes van a estar así, un día bien, otro día mal, un día alegre, un día triste”.

Solxs pero acompañadxs

Carla destacó que cuando pensaron en esta campaña la llamaron desde organizaciones para acompañarlxs.  “Pero con mi comunidad trava hemos aprendido a llevar nuestra propia voz, porque no me gusta el tutelaje, y yo cuando hablo, hablo desde mi ser trava, desde mi ser pobre, desde mi ser indígena, desde mi ser consumidora de cannabis y desde ser abortera, desde ser feminista, y no sé si a todas esas organizaciones que quieren acompañar, quieren a alguien que hable de estos temas. Desde la colonización para acá nuestros pueblos siempre han sido los que han sufrido, siempre han sido los que no han tenido justicia. Y la Iglesia está hermanada con esa colonización”.

Juan Carlos también dimensiona el poder de la Iglesia, y considera que el resultado de esta causa es fundamental para que otras víctimas se animen a pedir que se investiguen los delitos que sufrieron. “Ellos dependen también de mi causa para denunciar, o sea que también siento esa responsabilidad que al mismo tiempo me fortalece porque no estoy solo”.

Y adelantó que si reciben un fallo en contra buscarán “más recursos para seguir peleando, porque la única vía que tengo hoy en día es seguir peleando porque no solo está mi causa, ahora están estos otros chicos  a la espera espera y estoy soltando mis últimos recursos».

La referente en Salta del Plenario de Trabajadoras, Gabriela Cerrano, advirtió que “si hay un fallo a favor de Lamas será un grave antecedente para que los curas salteños con causas de hace más de 20 años no puedan ser juzgados. Si es a favor de las víctimas, será un paso adelante en la lucha contra la impunidad de la Iglesia”. Cerrano recordó que la justicia de Salta ya ha tomado decisiones a favor de curas acusados por abusos sexuales. El juez Adolfo Figueroa, de la sala IV del Tribunal de Impugnaciones, revocó la elevación a juicio al sacerdote Agustín Rosa Torino. Días después dictó la prescripción de las causas por abuso contra el actual capellán de la Universidad Católica de Salta, Mario Aguilera.

La campaña de la Red invita a publicar acciones y pronunciamientos con los hashtags:

#NoalpuntofinaldelacausadelcuraLamas#Justiciaparalasvíctimas y #ReddeSobrevivientesdeAbusosEclesiasticosdeSalta

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Fuente Agencia Presentes

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Argentina, Carla Morales Ríos, Emilio Lamas, Iglesia Católica, Juan Carlos García, Pedofilia, Prescripción, Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Rosario de Lerma, Salta

Por Alma Fernández*

Fotos: Alma Fernández y archivo Presentes/Ariel Gutraich

Este fin de semana la villa se partió en dos, como mi corazón y como la esperanza con que seguimos esperando la ayuda anunciada en estos tiempos de pandemia, pero nunca llega; y cuando llega, es para pocxs. Los festejos por el Día de la Madre (en Paraguay y otros países de la región, que se viven a pleno en el barrio) este domingo se vieron opacadxs por el fallecimiento de Ramona Medina, la leona villera de La Poderosa en la 31.

A algunxs no les importó el ocaso ni la pena de esta referenta que venía denunciando el hacinamiento, la falta de agua y el rápido aumento de casos de coronavirus en el barrio Carlos Mugica. El virus también terminó matándola a ella, pero no fue solo el virus.

Solía verla organizándose en tiempos neoliberales, porque Ramona fue una de las tantas mujeres que se las ingenió para darle de comer a lxs propixs y lxs ajenxs con dos cebollas, una papa y kilo de pan. Ahora que todo duele pienso: qué lindo hubiera sido ver a Ramona gestionando en los ministerios. Qué lindo es  verla ahora convertirse en bandera. Pero también y sobre todo: qué triste. Qué injusto es no poder escapar a ese destino que se re-escribe una y otra vez como mandato obligatorio en cierta clase de vidas: nuestras vidas, las de quienes llegan a tener más importancia justo cuando nos morimos.

Marcha del orgullo villero en la 31 de Retiro, noviembre de 2019

El lunes 18 de mayo, mientras nos preparábamos para asistir a una conferencia de prensa en la capilla, organizada y anunciada por los curas villeros, las fuerzas policiales también tenían preparada su actividad a la hora programada. Así lxs vecinxs que habitamos en las manzanas ventitrés y ventitrés bis fuimos aislados con una orden terminante: no salir de nuestras casas hasta que nos hicieran el hisopado y ver si teníamos coronavirus. A lo largo de todo el día estuvimos esperando que vinieran a analizarnos. A veces sin luz y a veces con miedo.

En medio de tanto flagelo, desconcierto y combate invisible, las travas y las personas excluidas, volvemos a ser carne de cañón. Lxs dueñxs de la moral y las buenas costumbres hacen cola para que las travestis y trans seamos las primeras en marchar a hacernos el testeo. Y ay si una de nosotras resulta infectada. Porque automáticamente será apedreada, alejada y quemada en la hoguera de las personas pobres que resisten a esta pandemia que es cruel con los que menos tienen, indiferente  al género y a la orientación sexual.

Marcha del orgullo villero en la 31, noviembre de 2019.

Me toca esperar en silencio a que me llamen los médicos para el testeo. Miro por la ventana entre la escalera de hierro y pienso “Nada cambió en absoluto. Nunca las calles estuvieron vacías en la villa. A veces pienso que voy a despertar y esto será como un sueño, que nunca pasó.

Observo a los pibes víctimas del paco, cómo caminan agarrándose de las paredes, pasados de cansancio, las manos sucias, los ojos rotos y achinados, abrazando el abandono, como buscando algo que los ayude a superar este momento, este tiempo que sin saber los agarró y de repente todo -o nada- cambió. Esos pibes saben que no  hay opción en el parador, como también saben que no tuvieron precaución, que no le dieron importancia a la cuarentena, que les dió lo mismo. Que cuando empezó esto decían que era una enfermedad de ricos. Recuerdo esos primeros días de confinamiento: la ciudad estaba llena de controles, y en el barrio, la policía ni circulaba por la villa, no hacía controles.

Ahora que estamos llegando a los 1000 contagios, empezaron a trasladar a lxs pobres al Hospital Muñiz para aislamiento y para hacer la cuarentena. Es aquí donde se nota más la diferencia: para nosotres no habrá un hotel adónde ir. Van a  hacinarnos en el hospital. El mismo hospital especialista en enfermedades infecciosas en el que perdí a un montón de amigas. Un hospital donde a veces no hay agua ni insumos para las travestis.

Me pregunto cuál será la suerte de una de las nuestras, cuando al final el destino inevitable sea éste. Sabemos que en términos de políticas públicas y a la hora de salvarnos, siempre seremos las últimas. La categoría que nos asignó el Gobierno de la Ciudad a la hora de gestionar y resolver el tema habitacional es la de indigentes travestis/trans. Pero para lo único que te alcanza un subsidio habitacional en  la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, es para alquilar en alguna villa porteña.  Ahí es cuando el virus se vuelve funcional al genocidio trans.

Marcha del orgullo villera y plurinacional en la villa 31 de Retiro, Bs As. Noviembre de 2019.

Con barbijo y sin abrigo: no ser más está humanidad

Nosotras sabemos: es mejor cuidarnos por nuestros propios medios. Entre nosotras aprendimos de la experiencia que nos da ser sobrevivientes de muchas cosas, entre ellas de la prostitución. Cuando el VIH/sida rondaba por las llamadas zonas rojas, al ver cómo se nos morían una a una las nuestras, nos consoló decir: “todas lo tenemos”. ¿Aplicaremos la misma fórmula para esto? 

Porque cuando pase el Covid-19 tendremos que empezar de nuevo, una vez más, desde abajo.  Eso también lo tenemos aprendido. Ahora no hay tiempo para pensar en el amor, ni para construir un proyecto de vida. Sabemos que nos toca sobrevivir y seguir soñando con salir adelante, aunque duela la silicona, te lastime el rechazo y falte el pan. Seguir viva es lo más importante, ¡siempre!  Con barbijo y sin abrigo seguimos queriendo no ser más está humanidad. Con barbijo y con hambre postergamos sueños, anidando recuerdos de un pasado de mariposas libres volando alto y con furia.

*Alma Fernández es activista travesti y vive en la 31, Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Barrio Carlos Mugica, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), COVID-19, Personas trans, Ramona Medina, Villa 31

Por LG y MEL

Ilustración: Florencia Capella

Un informe del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia) advierte que en el contexto del aislamiento social obligatorio han recrudecido las conductas discriminatorias. Y señala que la discriminación -en especial por identidad de género- aumentó en cuarentena en las redes sociales. También en los medios de comunicación.

El trabajo, que se dio a conocer este mes, se basa en información relevada por el Observatorio contra la Discriminación y en la recepción de denuncias de la ciudadanía en las que se documentan situaciones de estigmatización y discriminación en redes sociales y medios. Y anticipa que en el Mapa Nacional de la Discriminación 2019 (aún en elaboración por parte del INADI), “se registra un alto nivel de percepción de las redes sociales/internet como un ámbito en el que se discrimina mucho o bastante”. El informe concluye con una serie de recomendaciones de cómo reaccionar a actos discriminatorios en redes sociales y cómo construir una comunicación responsable para erradicar esas expresiones.

El informe de INADI parte de la recepción de prácticas estigmatizantes y discriminatorias en redes sociales contra el colectivo LGBTTIQ+, “en particular contra la comunidad travesti y trans”. Y analiza que las prácticas discriminatorias en el uso de las TIC ́s (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  provienen de tres grandes grupos: usuaries de redes sociales, personas vinculadas a la industria del entretenimiento (influencers) y medios de comunicación.

“Lo que notamos en general con el comienzo de cuarentena y el estar todes en las casas es que la actividad de redes sufrió un aumento y por ende la discriminación, se ven más comentarios y posteos de este tipo”, explica Karina Iummato, coordinadora de Investigaciones y Observatorios contra la Discriminación de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI. Agrega que no se atacan a nuevos colectivos sino que se perpetúan el LGBTodio y racismo, entre otros.

Desde el Observatorio están trabajando en una campaña audiovisual “para trabajar en qué es discurso social discriminatorio y en qué se manifiesta”. Iummato explica que esto no solo implica los contenidos de los comentarios sino cómo interactuamos con ellos: “Cuando uno pone ‘me gusta’ o comparte una publicación en donde se está discriminando, estigmatizando, hay un efecto en las personas y en los colectivos que lo sufren”.

Violencia en redes sociales

La navegación web aumentó un 70 % en cuarentena, señala el informe, basándose en datos públicos de la Consultora Kantar. Según la misma fuente, la participación en las redes sociales se incrementó en un 61 % sobre las tasas de uso normales y la visualización de televisión tradicional aumentó en un 63 %.

“Como resultado del incremento del uso de las redes sociales, también se registró un aumento de las prácticas discriminatorias, especialmente a través comentarios y de la difusión de “memes” estigmatizantes”, dice el informe del INADI.  Y puntualiza: “la identidad de género ocupa los primeros lugares como tipo de discriminación presente tanto en los comentarios como en las publicaciones”.

Y analiza un caso que tuvo gran impacto en las redes sociales: una transmisión donde el youtuber Yao Cabrera ridiculizó a la influencer trans Kiara Acosta, mostrando una foto de sus genitales. Cabrera cuenta con más de 6 millones de seguidores en Youtube y 3.4 millones en Instagram. Allí hizo comentarios ofensivos contra la identidad de Kiara. Apareció “disfrazado”, según dijo, con prendas femeninas y maquillaje, y luego mostró la foto.

La escritora y activista trans Barbie Di Rocco hizo la captura del video que estaba siendo visto por aproximadamente 70 mil usuarios y lo difundió en sus redes. Consultada por Agencia Presentes, Di Rocco resaltó lo dañino que resultan estos mensajes de odio para el colectivo travesti y trans. “Cuando vos influenciás a todo un grupo de jóvenes y les mostrás desde los 9 años que está bien reírse de una travesti, cargarla con un nombre de hombre, con su voz, es un retroceso total. Si a los 9 años te dicen todo eso, a los 20 te pegan un tiro”, explicó la escritora. Luego de denunciar este video y viralizarlo, también recibió todo tipo de agresiones transodiantes, en especial de un sector de usuarios menor de entre 9 y 12 años, el target de edad que consume los videos de Yao Cabrera.

El youtuber uruguayo, quien junto a un grupo de personas tiene otro canales en la red de videos con un público en su mayoría sub-18, ya ha tenido denuncias anteriormente que van desde intento de abuso hasta corrupción de menores.

Barbie Di Rocco (quien escribió libros que buscan concientizar en temas trans y VIH) realizó las denuncias ante el Inadi, el Ministerio Público Fiscal y las divisiones de Ciberdelitos. “Necesitamos visibilidad de las problemáticas trans”, explicó Di Rocco en relación a la situación del colectivo especialmente agravada en esta pandemia de Covid-19.

Qué hacer si nos exponen en redes

Difundir contenidos privados es las redes es una de las situaciones previstas en la ley penal como delitos informáticos. “A veces la gente no se reconoce como víctima pero si alguien te obliga a hacer, no hacer o a tolerar algo hay que denunciarlo”, explica Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina. En los casos en los que se sufre una extorsión o se expone material íntimo en redes se puede pedir a la red social que la baje, que active el protocolo conforme a estándares internacionales pero la denuncia, explica el especialista debe ser penal.

Muchas personas no saben qué se puede hacer respecto a estos delitos. Fuentes judiciales consultadas por Presentes también resaltaron la importancia de hacer la denuncia en cualquier órgano competente. Existen Fiscalías Especializadas en Delitos Informáticos. También se puede acudir a fiscalías de género. Todo depende del tipo de delito: si existen amenazas se puede acudir a la Justicia nacional. Uno de los problemas de la violencia en redes sociales es que suele quedar impune, o se ampara en la libertad de expresión. Para actos de discriminación, se puede realizar una denuncia no penal ante el INADI.

En casos de grooming –acoso virtual a menores de edad y adolescentes por parte de adultos- además de estas vías de denuncia suma la app Gapp que sirve para prevenir y denunciar casos de acoso y abuso sexual virtual contra niños y adolescentes en tiempo real.

Discursos de odio en los medios


El confinamiento por COVID-19 fue y es también un caldo de cultivo para noticias falsas, discursos de odio y mensajes discriminatorios contra distintos grupos en medios de comunicación de llegada masiva. “Lo observamos en nuestros monitoreos y también en la mayor recepción de denuncias tanto al Observatorio de la Discriminación en Radio y Tv (observatorioradioytelevision@inadi.gob.ar ) como al Observatorio de la Discriminación en Internet (observatoriointernet@inadi.gob.ar)”.

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Fuente Agencia Presentes

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Por Alejandra Zani

Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes

Una de las consecuencias de las medidas del aislamiento por el Covid-19 se reflejó en la incapacidad de lxs inquilinxs para afrontar el pago de los alquileres de sus viviendas. Según una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), 6 de cada 10 personas no podrá pagar ese monto durante mayo. Estos números aumentan en el caso de la población LGBTI+. “Del total de las compañeras trans y travestis que participaron en la encuesta, un 100% vive en condiciones de informalidad. Además, el 100% de las compañeras travestis y el 93,8% de las mujeres trans dijeron que no podrían pagar el alquiler porque dejaron de percibir ingresos”, explica Gervasio Muñoz, presidente de la FIN y referente de Inquilinos Agrupados.

De acuerdo a Muñoz, esta es la primera vez que una encuesta de la Federación refleja las condiciones habitacionales de un sector de la población LGBTI+. “El segmento entrevistado corresponde a 150 compañeras trans y travestis vinculadas a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Desde que comenzó la cuarentena, el trabajo en la calle se desactivó por completo, y las compañeras denunciaron numerosas situaciones de hostigamiento y amenaza de desalojo por parte de los propietarios”.

“Cuando no tenés casa o cuando te estás endeudando para pagar un alquiler, el imperativo #QuedateEnCasa pierde sentido. La casa no puede ser un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria”, explica Lucía Cavallero, socióloga y referente del colectivo Ni Una Menos, a Presentes. “La población LGBTI+ tiene muchos problemas para acceder a la vivienda porque generalmente estamos desheredados, no tenemos casas conyugales, así que en todas esas situaciones ameritaría el desarrollo de planes de vivienda o subsidios masivos para hacerse cargo de la imposibilidad de pagar el alquiler”.

A pocos días del comienzo de la cuarentena, el gobierno publicó en el boletín oficial el decreto de emergencia pública 320/2020 que dispuso, entre otras medidas, “la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles” destinados a vivienda única personal o familiar, actividades culturales y pequeñas producciones, entre otras situaciones de excepción, así como el congelamiento en el precio de los alquileres. Aun así, al día de hoy denuncian que se incumple la nueva medida.

En esta situación, explica Muñoz, no hay ley, no hay Estado ni hay Justicia. “Hay un sistema muy perverso que tiene el Gobierno de la Ciudad con el que subsidia a la persona y no al hotel. Es decir, la persona debe demostrar que alquila una habitación en ese lugar, lo que para alquileres informales es complicado, y les dan un subsidio para pagar la habitación. Pero frente a esto, el hotel aumenta el precio del alquiler. A esto hay que sumar que estamos hablando de pensiones donde se vive en condiciones indignas, celdas sociales. Se les llama hotel por una cuestión romántica, pero son prisiones en medio de la ciudad”.

A quiénes excluye el #QuedateEnCasa

Pamela (34) ejerce el trabajo sexual desde los 16 años. Nació en Salta y hace 18 años se mudó a Buenos Aires y actualmente reside en un hotel en Constitución ubicado en las calles México y San José. “El hecho de que seamos chicas trans y trabajadoras sexuales, y muchas veces migrantes, para los dueños de los hoteles no significa nada. No le dan importancia al decreto del presidente y nos hostigan y nos amenazan para que paguemos el alquiler sin importar el contexto”, cuenta a Presentes. 

Casi la totalidad de las personas trans y travestis entrevistadas en la encuesta de la FIN declaró que dejó de percibir ingresos durante la cuarentena. “Si nos amenazan con desalojo, no nos queda otra que salir a la calle, arriesgar nuestra vida en medio de la pandemia para pagar los gastos necesarios, y ahí empieza lo que ya sabemos. Se imcumple la cuarentena, somos chicas trans y trabajadoras sexuales, nos llevan presas. La historia de siempre”, continúa Pamela.

Formas de violencia propietaria

Para Cavallero, las mujeres cis, las lesbianas, las trans, las travestis y las madres con niñes son la población más expuesta a situaciones de violencia durante las medidas de aislamiento por el Covid-19. “Acuñamos el término violencia propietaria para pensar esta situación en la que muchas mujeres, lesbianas y travestis están expuestas por estar endeudadas con los propietarios y con las inmobiliarias, lo que las expone a situaciones de violencia. Esto, respecto al colectivo LGBTI+, se expresa en los desalojos de los hoteles donde radican compañeras travestis y trans, trabajadoras sexuales, y donde el acceso a la vivienda se da de manera informal”.

El término acuñado por la socióloga refleja las presiones, abusos, hostigamientos y demás tipos de amedrentamiento por parte de los propietarios de viviendas y por las inmobiliarias. Estas violencias van desde desalojos violentos hasta el cese de los servicios de la vivienda, como la luz, el agua o el gas. “Hubo situaciones en donde entraron por la fuerza por tener la llave y desalojaron a inquilinxs, sacaron las pertenencias de la persona al medio de la calle, esa es una situación extrema. Luego hay situaciones como que te presionen llamandote todos los días, que te corten la luz, o en el caso de las inmobiliarias, que intimen a través de cartas. Las condiciones que hacen posible esa violencia son el no acceso a la vivienda y la situación de restricción de ingresos, de tener que endeudarse con respecto a la posibilidad de poder pagar un alquiler”, explica Cavallero.

“Hace tiempo que veníamos observando, desde la Federación de Inquilinos, que la mayor parte de estas violencias, casi en su totalidad, recaen sobre mujeres cis y trans, y quisimos comenzar a discutir esto con el colectivo Ni Una Menos para poder empezar a pensar en alguna solución”, explica Muñoz. Desde la FIN presentaron un proyecto de ley en donde proponen, entre otras cosas, que los corredores inmobiliarios deben formarse en Derechos Humanos y Género. “Nos parecía importante plantear eso y comenzar a transitar ese camino. Lxs inquilinxs dicen mi dueño, mi propietario, y los propietarios dicen mi inquilino, y ahí hay una reminiscencia de los viejos modos patronales, la versión moderna del patrón de estancia que maltrataba a la hija del peón”.

Soluciones solidarias en tiempos de pandemia

“En Constitución se está trabajando mucho con la contención habitacional. Los dueños de los hoteles, que los tienen en pésimas condiciones, entendieron que no pueden expulsar a nadie, y cuando lo intentaron, nos pusimos bravísimas y mediante distintas acciones detuvimos los desalojos”, cuenta Marcela Tobaldi, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Rosa Naranja. “Logramos que hasta nuestras compañeras más vulnerables, que no cuentan con subsidios habitacionales o que se encontraban en situación de calle, pudieran ingresar a habitaciones para ser contenidas”.

Por su parte, Pamela cuenta que gracias a la ayuda de AMMAR consiguieron contar con bolsones de comida y que cada fin de semana se reúnen en un comedor en el barrio de Constitución para ayudar a todas las trabajadoras sexuales. “Además, nos acercamos todas a la Casa Roja de AMMAR en donde nos ayudan con la Jornada de ciudadanía porteña, para entender los programas de subsidios a los que podemos acceder, y ahí dan mucha contención a las compañeras migrantes”.

“Lo que pedimos es que haya políticas activas de desendeudamiento por parte del Estado. Es inadmisible que la gente que está en situación de restricción en su posibilidad de obtener ingresos, cuando acabe el aislamiento termine hiperendeudada con las inmobiliarias o propietarias, así que pedimos que el Estado se haga cargo de esas deudas”, explica Cavallero. “También pedimos un abordaje específico para estas situaciones de violencia a mujeres cishetero y personas LGBTI+, que el Estado haga cumplir la prohibición de desalojos y que esta se extienda por 24 meses”.

Para la referente del colectivo Ni Una Menos, es necesario tomar una medida de fondo que regule la situación. “La ley de Alquileres permitiría que no lleguemos a estas instancias en las que estamos ahora en donde el Estado emite un DNU y es imposible que se traduzca en la efectiva regulación del mercado porque es un mercado que está desregulado hace muchísimos años. Lo que pedimos, en definitiva, es que se desarrollen planes que entiendan que la vivienda es un derecho”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. #QuedateEnCasa, Argentina, COVID-19, Federación de Inquilinos Nacional (FIN), Homofobia/Transfobia, Violencia, Vivienda

El filme protagonizado por la arquitecta rosarina trans Canela Grandi aportará el 30 por ciento de lo que recaude en plataforma virtual a la campaña solidaria de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.

Por Alexis Oliva

Canela Grandi, una arquitecta rosarina trans de 62 años, es la protagonista de Canela – Solo se vive dos veces, la película de la realizadora Cecilia del Valle, que se estrenará el 14 de mayo próximo en una plataforma virtual y con una propuesta de solidaridad hacia los colectivos de la diversidad sexual castigados por la crisis. A través de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, el 30 por ciento de lo recaudado se destinará al acompañamiento de personas trans en situación de vulnerabilidad por la pandemia del Covid-19. Desde esa fecha, el film podrá verse en la plataforma de Puentes de Cine y el acceso tendrá un costo de 160 pesos, de los que 50 irán a la campaña solidaria.

Con financiamiento del INCAA, Canela es una “película de frontera, entre el documental y la ficción, porque tiene una puesta en escena pensada para generar algunas situaciones y que las circunstancias emerjan, lo que no significa que las circunstancias que emergen no sean genuinas”, cuenta su directora. Ese poner el cuerpo a su propia historia fue posible por una relación de confianza, basada “en el cuidado y la amorosidad en la mirada, en el trato y en el encuentro” entre la realizadora y la protagonista.

La película narra –en palabras de Cecilia– “un paréntesis en la vida de Canela Grandi”. Nada menos que el periplo crucial de quien a los 48 años y con tres hijxs, siendo un exitoso profesional y docente de la Facultad de Arquitectura de Rosario, decidiera hace catorce años iniciar su transformación. Tiempo después, Canela y Cecilia se conocieron en el contexto de un proyecto de militancia política y territorial y entablaron amistad.

Al surgir la propuesta de registrar su experiencia, Canela no dudó: “Me pareció que muchísima gente podía ver esta historia, que iba a visibilizar esto de una forma lo más amable posible, ya que por mi edad el tema no pasaba por la seducción y la sexualidad activa, sino que aparecía una mirada de género. Yo confiaba en que no me iban a ver como un objeto de deseo, sino como una persona, y que podría ocurrir algo similar a como un chico de veinte años puede ver a su madre”.

La conciencia de ser una excepción

“Creo que la película puede aportar a las personas trans el testimonio de que si tienen la posibilidad de estudiar y desarrollarse, es posible salir adelante, que se puede tener una familia y una profesión, que esta condición no debiera relegarnos a ser empleadas de lo que nadie quiere hacer o terminar obligadas en la prostitución. Por otro lado, puede servir para que una persona de mi edad, no necesariamente joven, pueda emprender un cambio como este”, dice Canela a Presentes.

Sin embargo, es consciente de su situación excepcional en un colectivo discriminado y empujado a la superviencia: “La historia mía es muy particular y no creo que sea de ninguna manera la de la mayoría. No es habitual ser una persona trans grande, profesional y con una relativa estabilidad, hijos y la templanza que te dan los años. Todo eso es completamente diferente a la mayoría de las chicas, que son jóvenes y no tienen resuelta la cuestión económica y tampoco familiar. En general, las chicas trans tienen otros graves problemas derivados de la pobreza. Acá en Santa Fe por lo menos se puso el cupo trans en la provincia”. En ese sentido, el texto de difusión de la película resalta que “la visibilidad y la información son, para el colectivo trans, privilegios a los que pocos tienen acceso”.

Para Cecilia, su protagonista es “una minoría dentro de una minoría. Ella es una mujer trans de clase media que ha atravesado gran parte de su vida dentro de los valores de la masculinidad, de lo cual por supuesto está impregnada. Pero si bien ella no tiene los graves problemas que tienen las personas trans en la Argentina y en el mundo, al ser trans siempre sos marginal. Entonces, visibilizar una historia diferente y la elección –en el caso de Canela, casi a los 50 años– de alguien que se permite vivir la vida que quiere y defender la decisión que toma, me parece que siempre es valioso”.

Del Bafici que no fue al plato de comida diario

Maquillada y con grandes anteojos oscuros, Canela se acomoda el pelo mirándose en el espejo de su camioneta Dodge naranja de los años 60, que luego conducirá por la ciudad del Monumento a la Bandera. En otras escenas, se la ve en casa con sus hijxs y nieta, en los consultorios de su médico y su terapeuta, con una amiga que le tira las cartas y en la facultad con sus estudiantes. “La verdad de la Arquitectura está en el espacio interior, no en las paredes que lo cierran. Es la enseñanza que realmente origina la Arquitectura Orgánica”, les enfatiza.

Esa es su pasión, que ocupará gran parte de la entrevista para esta nota: “En lo relativo a la identidad sexual, en la universidad hay mucho respeto a la diversidad, en los jóvenes sobre todo e incluso en las autoridades. Pero sí hay diferencias ideológicas y menos apertura en torno a la concepción de la Arquitectura, donde yo ahí también soy difusora de ‘ideas diversas’ no racionalistas, en todo lo que es la filosofía de la Arquitectura Orgánica”.

La película había sido seleccionada entre los filmes argentinos que participarían en el XX Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) 2020, que como tantos otros eventos públicos fue suspendido por la pandemia. “Cuando después apareció la posibilidad de una causa solidaria y de ayudar, la película encontró un sentido, y yo también. Hay momentos en que con determinadas acciones no basta. Este ya era un país que había quedado bastante golpeado, y esto va a pedir que sobre todo estemos atentos y conozcamos cómo golpea a determinados colectivos una situación así. Hay gente que la está pasando muy mal”, dice Cecilia.

Thiago Galván es varón trans, dirigente estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba y secretario de Identidades Trans, No binaries e Intersex de la Liga LGBTIQ+. Por estos días, le hace prensa a la película, de la que destaca: “Visibiliza la experiencia de vida y el recorrido de una mujer trans de 62 años, que en nuestro colectivo suelen ser personas sobrevivientes. Y las particularidades de su proceso personal, con respecto a muchas incógnitas aún no saldadas o que se refieren a cuestiones no visiblizadas. Por otro lado, que su estreno vaya acompañado de una iniciativa de compromiso y solidaridad social es lo que hoy necesitamos, porque el colectivo trans, travesti y no binarie es el más golpeado por el contexto de aislamiento. Sobre todo en términos materiales, porque muches compañeres no tienen acceso ni al plato de comida diario, pero también en términos de salud mental”.

La integridad, el único capital

La frase “solo se vive dos veces” ancla en las palabras de Canela. “Mi otra vida”, le llama a aquel tiempo en que construyó una treintena de edificios, supermercados y shoppings. “Supe que iba a perder muchos trabajos y así ocurrió –recuerda–. Me quedó solo la universidad. Antes, mis clientes eran supermercadistas, inversores de mucho dinero, todos hombres y más o menos de sesenta años; después, fueron todas mujeres, de la misma edad pero mucho menos poder adquisitivo. Ahora son jóvenes, generalmente matrimonios de la edad de mis hijos, que me encargan casas o pequeños locales comerciales. Son gente que ve la cuestión trans de otra manera”.

“Si pensás el mundo como lo piensa un gran empresario, las pérdidas que yo tuve serían inadmisibles. Ninguna empresa haría los cambios drásticos que yo hice como persona. Pero yo no soy una empresa. Hay que arriesgarse a perder”, plantea Canela. Y concluye: “Ser íntegro con vos mismo es lo único que tenés en la vida”.

Canela – Solo se vive dos veces se podrá ver a partir del jueves 14 de mayo en Puentes de Cine (ingresar en “cine virtual”), la plataforma de la Asociación de Directores de Cine Proyecto de Cine Independiente (PCI).

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Fuente Agencia Presentes

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Por Alejandra Zani y Verónica Stewart

Foto: Cárcel de Ezeiza/Centro de Información Judicial

Pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios denuncian la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET da cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.

El 24 de abril, un guardia de seguridad del Complejo Penitenciario de Villa Devoto dio positivo en las pruebas de Covid-19. La noticia generó una enorme preocupación entre los presos que venían exigiendo la falta de insumos para higiene personal y limpieza. A partir de esto, comenzó un motín que terminó con varios heridos y la conformación de una mesa de diálogo entre distintas autoridades, representantes de Derechos Humanos y delegados de los distintos pabellones. Finalmente, esta semana comenzaron a realizar tests de coronavirus en los reclusos.

“Yo llamé al pabellón de Devoto porque estaba preocupado por unos amigos y me comentaron que ya hay chicos infectados por el virus. Pusieron a todo el pabellón en cuarentena, porque allá no hay celda individual, les dieron guantes y barbijos y se hizo el hisopado a todos. Pero entre los tests de la ciudad más los de la cárcel, cuando los resultados estén va a ser un poco tarde. Lo que sucede con el coronavirus en las cárceles es una bomba de tiempo”, cuenta Emiliano. Tal es así que los chicos del Pabellón A debieron organizarse para juntar sus preculios, el salario que perciben por sus tareas diarias, e invertirlo en lavandina y otros insumos de higiene.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, Josefina Alfonsín, quien también integra la Comisión por la Absolución para Luz, asegura que desde los pabellones decidieron denunciar las irregularidades y la situación que están viviendo. “Están con ganas de contar la situación en la cárcel, que actualmente es sumamente delicada desde que arrancaron los motines en Devoto, y que se replicaron a modo de distintas protestas en otras cárceles. Sabemos que esta situación trae más violencia y represión”, explica Alfonsín a Presentes.

Hace poco, en Facebook se dio a conocer una fanpage con el nombre Gays privados de su libertad en donde los chicos del Pabellón A de Ezeiza realizaron una denuncia por falta de insumos para higiene personal: lavandina, detergente, jabón blanco. A esto, sumaron la denuncia por la mala calidad de la comida y por la constante discriminación que reciben por parte de los guardias. “La situación es preocupante y estresante. Cuando se enteraron de la página conseguimos mágicamente que nos dieran yerba, azúcar y hasta galletitas. Me sorprendió. La calefacción, igual, no anda desde el año pasado”.

El objetivo de la fanpage es que la gente conozca que existe un pabellón LGBTI+ en el penal de Ezeiza y que conozcan lo que sucede adentro. “Ningún organismo de Derechos Humanos, ninguna organización LGBTI+ vino nunca a darnos ninguna ayuda, a conocer a los gays privados de su libertad, porque no todos los que estamos acá somos iguales. Hay diferentes historias y no tienen que meter a todos en la misma bolsa porque esto no es la televisión, somos personas y tenemos derechos”.

Mujeres trans en el penal de Ezeiza

“Desde que comenzaron los motines en Devoto, estamos a la espera de una fuerte represión del sistema penitenciario”, cuenta Dalma Emilce Lobo (40 años), activista travesti que se encuentra privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. “Acá, siempre voy a estar del lado de mis compañeras, nunca de la policía. Yo estoy presa por ser trans y por ejercer la prostitución. Casi todas mis compañeras están acá por causas armadas o por cuestiones de narcomenudeo. Estamos exigiendo que garanticen nuestra salud, no queremos morir en la cárcel”.

En el año 2000, Emilce fue acusada por tentativa robo y estuvo ocho meses presa hasta que le dictaron falta de mérito. En el año 2007, estuvo detenida en Marcos Paz, donde vivió en un pabellón con personas acusadas por violaciones y abusos deshonestos. Allí se organizó junto a otras nueve compañeras trans para denunciar las diversas violaciones y extorsiones sexuales que los agentes penitenciarios le pedían a cambio de comida, y lograron que las trasladaran a los pabellones divididos por género en Ezeiza.

“Yo soy sobreviviente del sistema penitenciario argentino. Vivo con VIH, un nódulo pulmonar y estoy a la espera de un arresto domiciliario”. De acuerdo a Emilce, actualmente en Ezeiza no se están haciendo los testeos necesarios. “El aislamiento en este lugar es imposible. El comedor es un pasillo de dos metros, la cocina y el baño son focos infecciosos, somos 9 chicas trans en un cuarto y nos dan medio litro de lavandina para todas. Las ventanas están rotas, no vienen a arreglarlas, y no dejan entrar a nuestros familiares para que nos depositen nuestra comida. Ya hace unos años hubo personas con tuberculosis asintomáticas y recién se dieron cuenta cuando empezaron a escupir sangre y se las tuvo que trasladar. Acá el virus no va a entrar por la ventana, mi reina”.

Población de riesgo

Emilce no es la única a la espera de prisión domiciliaria. En el contexto de crisis sanitaria actual, son muchas las compañeras privadas de su libertad con problemas de salud preexistentes que la necesitan. En un nuevo informe presentado por el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación junto otras organizaciones regionales se estimó que  en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. “Los últimos datos presentados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, exponiendo que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad en el SPF por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme, lo cual resulta sumamente preocupante”, explica el informe.

Por otra parte, el pasado 27 de abril, la organización activista RESET – Política de drogas y derechos humanos presentó un amicus curiae, el cual constituye una herramienta judicial que permite a quienes no son parte de una contienda, pero cuya intervención en el debate es valiosa (como es el caso de varias organizaciones de derechos humanos), participar de la misma. En este caso, el documento busca, entre otras cosas, “considerar al colectivo de mujeres trans y travestis como población especialmente vulnerable frente al COVID-19, en un contexto generalizado de hacinamiento, sobrepoblación y crisis humanitaria en las cárceles bonaerenses.”

Según este pedido, los problemas de salud más frecuentes que padece la población travesti trans son “antecedentes de tuberculosis, complicaciones derivadas del uso de silicona industrial o alguna enfermedad crónica”. El informe de diagnóstico de situación durante el periodo 2018-2019 “Personas travestis y trans en situación de encierro” realizado por la organización Otrans registra que el 73.3% de la población travesti trans en penales en la Provincia de Buenos Aires padece algún tipo de enfermedad. La más frecuente, representada por el 59%, es el VIH.

En lo que respecta a la atención médica intramuros, el informe denuncia una falta de insumos y de personal médico, por lo que gran parte de las reclusas se ve obligada a recurrir a hospital extramuros. “Lo que sucede en el penal es que cualquier medicamento de venta libre, como ser Ibuprofeno o Tafirol, se termina utilizando para tratar padecimientos complejos como la tuberculosis”, explica Aramis, abogadx y activista de RESET, a Presentes

Arresto domiciliario

Conseguir el arresto domiciliario no es tan sencillo. Por un lado, como explica Aramis, muchos jueces y juezas no van a trabajar con regularidad debido a la pandemia. Por el otro, “el tema de la domiciliaria está atada al acceso a la vivienda, a las mismas dificultades para obtenerla”, agrega Aramis. “Generalmente los domicilios donde se producen los allanamientos son donde vivían”. Por lo tanto, suelen ser las amigas quienes ofrecen sus casas para que las privadas de su libertad que así lo necesiten puedan obtener este beneficio. Como detalla el informe de RESET, “la inmensa mayoría de las mujeres trans y travestis tiene que atravesar enormes escollos para acceder a una vivienda.”

Otro gran problema al que se enfrenta la población carcelaria en este contexto es la prohibición de las visitas. Ante la falta de insumos de parte de los penales, son los vínculos cercanos de los privados de libertad quienes la suplen. Así, son las referentes de los pabellones LGBTI+ y las organizaciones de derechos humanos los que acercan los insumos necesarios. “No son cosas que nos provean dentro del penal”, explica Crystal (36), a Presentes. Crystal obtuvo el 20 de abril, tras complicaciones derivadas de la inyección de silicona, el arresto domiciliario, el cual está cumpliendo en el hogar de una compañera. “En el pabellón en el que yo estaba éramos 64, pero con todo esto que pasó muchas chicas se fueron en libertad. Había 23 infectadas de VIH”, agrega.

Las demoras habituales en el procesamiento de las causas también impiden que quienes lo necesiten reciban el tratamiento médico adecuado. Cuando no hay nadie exigiendo que se aceleren estos procesos desde afuera, los casos avanzan aún más lentamente. Tal como detalla RESET en su pedido de amicus, “la gran mayoría de las mujeres trans y travestis detenidas en la provincia de Buenos Aires son migrantes sudamericanas, no suelen recibir visitas y su comunicación y redes interpersonales extramuros son sumamente reducidas lo que acentúa la demora en el acceso a derechos como la libertad condicional, las salidas transitorias o la prisión domiciliaria”. En relación a esto, Aramis cuenta a Presentes que “junto con otrxs amigxs y activistas pasamos el caso de diez chicas para darles domiciliaria que todavía no lo habían pedido. Si no hay nadie atrás monitoreando y demostrando que importa lo que sucede, pasa esto.”

La discriminación, un problema recurrente

A pesar de encontrarse en un pabellón dividido por género, Emilce explica la discriminación está lejos de ser resuelta. “Acá somos discriminadas por las agentes que nos dicen “dónde están los pibes, qué olor a huevos” cada vez que pasan, mientras que los grandes mandatarios afuera se regodean por decir que nos traen a un penal divino. “Después los periodistas se sorprenden cuando ven un facón escondido. ¿Qué pretenden? ¿Qué nos dejemos matar en un motín? Acá tenemos que defendernos de la violencia de un sistema que nos maltrata constantemente”.

Según detalla el pedido de amicus de RESET, “la violación del derecho a la identidad de género, la disposición de prohibiciones reglamentarias cisexistas en el régimen de visitas (que solo tienen en cuenta la familia tradicional y biológicamente constituida), en el uso de indumentaria o cosmética, en el esparcimiento o en el acceso a la trabajo, educación y salud y el ejercicio de la violencia por parte del personal penitenciario en los traslados, en las requisas y durante la estadía en el encierro son algunas de las problemáticas denunciadas en el ámbito judicial provincial, nacional e internacional.”

En Ezeiza, cuenta Emiliano, los pabellones A y B son “los de los homosexuales”. “El B está destinado a extranjeros y mayores de 50. Ellos iniciaron una huelga porque estuvimos sin agua durante varios días. Imaginate lo que es no poder tirar el inodoro por tres días, no poder baldear… En fin, tuvimos que hablar con el director que por suerte es flexible. Acá vinieron a dar un curso de cómo tratarnos, pero ya el curso fue discriminatorio. Nos reíamos, “los putos respiran, toman leche, toman café”, ¿qué enseñaron en ese curso? De nada sirvió, siguen insultándonos por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género”.

En cuanto al pabellón A, explica Emiliano, el servicio penitenciario no los trata adecuadamente. “Nos dicen que somos putos quilomberos, que por ser putos cometemos tales o cuales delitos, y que venimos a hacer lío. Yo estoy a punto de cumplir mi condena y los funcionarios penitenciarios no conocen la historia de cada uno, no están para juzgarnos, para eso está la justicia”.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Cárcel, Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, COVID-19, Desprotección, Discriminación, Emiliano Santa Cruz, Josefina Alfonsín

Por María Eugenia Ludueña

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

Gabriela y su amigo atacado llegaron en ambulancia al hospital de Trauma y emergencias de Malvinas Argentinas, donde quedó internada y días después pidió el alta voluntaria para irse a su casa, con su madre. “Estoy viviendo de onda en este momento y este plano. Tengo una mano inútil y la voz ronca. Me dio 9 puñaladas y me salvé porque no tocó la aorta”, dice a Presentes en voz muy baja, sentada en la cama de dos plazas y con temor de que sus cuerdas vocales hayan sufrido un daño irreparable. La investigación fue caratulada como tentativa de homicidio y está en manos de la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas.

La violencia contra Gabriela se suma a la larga lista de violencias, denunciada por distintas organizaciones en Argentina y en América Latina, donde las personas LGBT+ y en especial las trans están entre los grupos más afectados por el impacto de la pandemia. Porque las medidas para restringir la propagación del Coronavirus evidenciaron y agudizaron desigualdades preexistentes, tal como vienen expresando distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La causa está en plena investigación, es muy reciente. Se había pedido la detención del acusado al juzgado de Garantías nro. 2”, dijeron a Presentes desde el área de prensa de la Fiscalía de Malvinas. “El martes 21 de abril se intentó efectivizar la detención, pero no lo encontraron en su casa, de modo que no pudo hacerse. Ayer la fiscal pidió su captura. Aunque no está resuelto aún por el juzgado”, informaron.

Gabriela tiene la mano derecha completamente vendada e inmovilizada, otra venda que le cubre parte del cuello y la nuca, y mucho miedo de que su agresor, que vive a dos cuadras, regrese. Es una persona que ella conoce, alguien del barrio, un hombre de unos 30 años, que –cuenta –, había salido hace tres meses de un penal, después de pasar 13 años preso, y con consumos problemáticos. “Por prostitución a veces tengo que atender a un montón de esos tipos”.

“Me vi muerta, tirada en el piso”

Hace tiempo, él le había enviado un mail con otro nombre y le había mandado una foto íntima a su teléfono. “Lo bloqueé. Pero un día lo terminé atendiendo. Me pareció un muchacho extraño. Lo atendí otra vez. Me decía que quería que fuera de él, que si quería, no nos cuidábamos. Yo le decía: soy una mina grande para esto. Y esta última vez, aquel domingo a la noche, ya había venido con algo de dinero y con drogas. Yo le decía hasta acá llegamos. Si vas a volver volvé con lo que hablamos. Se fue, tardó como 20 minutos. Le pedí que me diera el dinero. Me decía que antes quería cocinar. Yo le decía primero lo primero. Soy una mina grande. Y empezó “no seas así”, quería cocinar (pasta base). Le di la espalda y cuando yo estaba desprevenida, me clavó de atrás una puñalada que me cruzó la garganta y luego varias más. No aceptó el no”.

Gabriela dice que cayó al piso y aunque sintió que se ahogaba con la sangre “Parecía American Horror Story”), se agarró las manos a la nuca para protegerse. “Me vi muerta, tirada en el piso, pensé que no me levantaba más. Cuando entró el cuchillo, sentí el sonido del filo, como si clavaran un telgopor”.

Mientras ella yacía sangrante en el piso, el agresor fue a la otra habitación y empezó a apuñalar al amigo. “Él se pudo defender, porque no lo agarró desprevenido, y luego huyó. Mi amigo llamó al 911, llegaron la Policía y la ambulancia”.

Hace muchos años Gabriela sufrió otra agresión, pero de un ex marido.”Cuando me dejó casi morí de depresión. Cuando me puse bien, quiso volver e intentó ahorcarme con un toallón. Hay hombres que no aceptan el no. Se creen que tenemos que acceder a todo”.

Del hospital se dio el “alta voluntaria” porque no soportaba estar sola: por la cuarentena estaba prohibido que alguien la viera. Quería volver a su casa, donde vive junto a su madre Elsa, adulta mayor. Ella no puede quitarse de la mente lo que vio. “Parecía que habían matado a una vaca. Yo perdí a mi hijo de 32 años, que falleció en un accidente laboral. Esto es distinto, pero la imagen no se me va”, dice Elsa.

Madre e hija pasan los días en la misma habitación donde duermen, comen, cocinan, miran las noticias de la pandemia por televisión mientras esperan otra noticia: la detención del agresor.

Ayuda estatal

Después del intento de travesticidio y en medio de la cuarentena, las redes se activaron. En distintos momentos de su vida, Gabriela además ha participado como militante activa de organizaciones de la diversidad y derechos humanos. Por estos días recibió muchos llamados de sus compañeras. Algunas se acercaron hasta la puerta para alcanzarle comida. Otras sirvieron de enlace para gestionar la ayuda con el Estado.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de una activista trans, Alba Rueda, le hizo llegar módulos alimentarios, artículos de higiene y medicación.

“Estamos acompañando a Gabriela con la Línea 144 la parte judicial y articulando con el Estado. Además hay una valiosa red de compañeras en las tareas de cuidado. Es una tarea horizontal que hace nuestra generación, dando alertas, perspectivas, acercando demandas. Saben qué quieren del Estado, cómo exigirle. Y lo que falta en esta emergencia a veces es la articulación integral para acompañar y estar a la altura”, dice Rueda a Presentes. Desde su rol, dice que ve a funcionarixs preocupadxs por estos temas. “No es un dato indiferente. De esa preocupación hay que generar algo para trabajar en la integralidad en la prevención de las violencias. Es un desafío a nivel burocracia del Estado, que las acciones sean coordinadas y tengan sustentabilidad en esta emergencia. Dar una respuesta integral a las compañeras desde las insituciones en este momento es el desafío”.

Desde la dirección de DDHH de Malvinas Argentinas, van a acompañarla también en la causa judicial para que se investigue lo que pasó como un intento de travesticidio. La directora del área, Zulma Vela, se acercó hoy y se comprometió a acompañar el lunes a la madre a retirar el DNI de la víctima, que nadie sabe por qué quedó en la fiscalía.

Gabriela estaba en un tratamiento para adicciones cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Hoy, a partir del intento de travesticidio, está con acompañamiento terapeútico desde el Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual.

Cada tanto mira su celular, lleno de mensajes solidarios de sus compañeres. Espera la noticia que la tranquilice. “Como no me morí, dije tengo que vivir. Estoy intentando hacerlo, por todos los medios”.

Un Municipio “familiar”

Violeta Alegre – que creció y vivió hasta hace tres años en Grand Bourg- es una de las activistas que se acercaron hasta la casa de Gabriela. Se conocían de la militancia, hace muchos años. “El eslogan de Malvinas Argentinas es “el lugar de la familia” y se ve el relieve de una familia (Mamá, papá y sus niñxs). Me preocupa mucho que aun los intendentes municipales no asuman un compromiso con el colectivo LGBT. En el Hospital municipal de Trauma realizan hace muchos años cirugías “estéticas” pagas usufructuando de las instalaciones del hospital, hace unos 5 años atrás recuerdo haber ido a averiguar con el equipo de cirugía estética por los implantes mamarios, me dieron un turno y me vio el equipo, me dio sus recomendaciones, pero me informaron al final de la consulta que la cirugía no me la podían realizar porque el jefe de cirugía era religioso y no aceptaba hacer ese tipo de intervenciones a personas trans en el hospital”, dice. Y afirma que el municipio de Malvinas Argentinas no cumple al día de hoy con la ya reglamentada en Provincia de Buenos Aires, la Ley de Cupo laboral Trans.

“La mayoría de las chicas de Malvinas necesitan políticas públicas que mejoren sus calidades de vida, y podremos decir que ese es un problema en general de la población, pero en esa zona es muchísimo peor, la discriminación, el abandono y la estigmatización que se vive”.

“No fue un crimen pasional”

Gabriela convive con otras afecciones y desde hace varios meses, dejó de tratarse. Por ahora lo que se está trata a diario son las curaciones de las heridas. Aún se siente muy dolorida, pero más avergonzada: “Como abolicionista me da vergüenza tener que reconocer que me estoy prostituyendo”. Desde junio de 2019, cuando le dijeron que tenía pólipos cancerígenos, “volví a la prostitución y a consumir. Yo no salía a trabajar sino a regalar. Regalé mi orgullo, regalé ego, regalé dignidad”, dice, y su voz se apaga. Pero algo de la furia trava que la hace una sobreviviente se vuelve a encender:

–Quiero que se sepa la verdad, no la mentira que inventó Crónica –dice y no está enojada sino llena de pena–. No fue un crimen pasional. No era un ex cliente enamorado. Yo no estaba con mi pareja, sino con mi amigo que vive al fondo. Fue un intento de travesticidio. 

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Argentina, Gabriela Alejandra Homann Ayala, Grand Bourg, Homofobia/Transfobia, Malvinas Argentinas, Personas trans, Provincia de Buenos Aires, Travesticidio

Por Mariana Guzzante

 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Julieta Antúnez Ríos forma parte del personal sanitario del Hospital Italiano de Mendoza y desde desde allí le frente a la pandemia de la COVID-19. Y la desvela la emergencia de la comunidad trans travesti que sufre desalojo y hambre. “No basta con la bolsa de comida para la foto. Necesitamos la Ley de cupo laboral trans Lohana Berkins”.

“Somos la generación de las dos pandemias”, dice Julieta Antúnez Ríos a Presentes al principio de la entrevista. Recuerda los días de la H1N1 desde el contexto, ahora, de la COVID, tan sólo una década después. Hoy trabaja en el Hospital Italiano de Mendoza y hace un mes que no ve a sus padres, hermanos y sobrinos.

“Esta pandemia hay que vivirla con información, para voltear miedos pero también para minimizar los errores”, aconseja. En este último mes, además de trabajar en el hospital, grabó videos para redes sociales sobre medidas para prevenir el coronavirus.

Hace 13 años que se recibió de enfermera. Comenzó a estudiar con su identidad biológica, pero le dieron el título con su verdadera identidad. Julieta ha desarrollado su profesión en el Hospital Italiano de Mendoza.  Allí, una vez electa como delegada sindical, se puso las prótesis.  “Había que poner el cuerpo, no te podías quedar en el discurso”. Parada en la militancia trans, la actividad sindical, y la vocación de servicio, se dedicó diez años a Urgencias. Y lleva tres en Administración.

“Fácil no fue: si a las mujeres las miden con doble vara, a nosotras con triple”, cuenta a Presentes. “Las enfermeras somos el nexo entre el sistema y el paciente. Caminamos en la delgada línea entre la vida y la muerte. La tarea de enfermeras y enfermeros es invaluable y siempre menos reconocida que la del médico”. Por eso la AMS (justo antes de la pandemia) declaró a 2020 como Año del Personal de Enfermería.

Hoy, 14 % de los contagiados por COVID-19 es personal sanitario. “Claro que tenemos miedo, pero estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno, el otro 50 lo tiene que poner la ciudadanía. Los que me parecen un peligro son los que subestiman la pandemia y creen que todo es un gran invento”.

Pero una de las mayores preocupaciones de Julieta pasa por la emergencia de la comunidad trans de Mendoza. “La vulnerabilidad del colectivo es terrible. Y no se soluciona con una bolsa de comida y posar para la foto. Eso me parece insultante. Tienen que dejar de levantar la bandera de colores desde el escritorio y pensar políticas públicas concretas. Necesitamos la ley de cupo laboral Lohana Berkins”.

Sin techo ni ley

“Para muchas compañeras, un 85%, la única alternativa de sustento es la prostitución. Y en este contexto no hay ni posibilidades ni clientes. Muchas comparten habitación o alquilan en pensiones y pagan por día o por semana. Si no tienen clientes, no comen. Quedan en la calle”. Julieta hace el diagnóstico con dolor. “¿Y cómo hablar del barbijo a una persona con hambre?”  Que el acceso a la vivienda está directamente relacionado con la inserción laboral trans travesti, lo viene diciendo (y militando) desde hace tiempo.

“En 2015, presentamos a través del PJ un proyecto de Ley que fue cajoneado. Dos años después se volvió a presentar por el FIT y se cajoneó de nuevo”. En marzo de este año, junto a la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, insistieron, con el aval de diputados de todo el arco político.

La Liga es una organización cuyas acciones colectivas se orientan a la promoción de los Derechos Humanos de las disidencias que habitan las regiones Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia. “Es un espacio disidente, federal, nacional, popular, democrático y feminista. Está integrada por 32 agrupaciones, con presencia en 16 Provincias y 37 localidades de la República Argentina”. Según su informe, la emergencia del colectivo arroja cifras desesperantes: El 91% no tiene un trabajo registrado. El 82% atribuye esas dificultades a la discriminación por identidad y/o expresión de género. El 45% ejerce o ejerció el trabajo sexual y/o está o estuvo en situación de prostitución. La cifra asciende a 85% entre las mujeres y feminidades trans y travestis. El 64% de las personas trans y travestis no tiene cobertura de salud. El 58% ha sufrido violencia por parte de las fuerzas policiales. Y 36 años es la expectativa de vida promedio.

La ley que impulsan Julieta y sus compañeras lleva el nombre de Lohana Berkins, en honor a la  activista travesti fallecida en 2016, y es uno de los proyectos a nivel nacional de cupo laboral trans. Julieta hace una aclaración: “No nos gusta hablar de cupo sino de piso. Creemos que el cupo lleva implícito un techo y, de alguna forma, una idea de concesión. Para que la inclusión sea real, nos parece mejor establecer un mínimo para que, desde ahí, pueda seguir creciendo el número de trabajadorxs”.

Esa meta no descansa. Tampoco su análisis permanente de los datos de la pandemia. Mira números, lee informes y observa la reacción de la naturaleza. El aire de Mendoza se ha purificado un 60%, por ejemplo. El hombre es un animal dañino, piensa. Pero terminada la jornada en el hospital, vuelve a encender la cámara para subir otro video contra el virus y cuidar a todxs los que pueda.

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Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Coronavirus, COVID-19, Hospital Italiano, Julieta Antúnez Ríos, Lohana Berkins, Mendoza, Personas trans