Luis Alberto González, profesor de religión, gay, casado y ahora expulsado por las autoridades religiosas, en La Laguna (Tenerife). / Rafa Avero

“No tengo ningún ánimo de pleitear”, afirma el docente

Se veía venir, como insinuábamos al publicar la carta del Profesor… Leemos en El País y en Dosmanzanas:

El 28 de julio el diario El País publicaba su testimonio en su sección de cartas al director. Luis Alberto González Delgado se felicitaba por el hecho de que a pesar de ser gay y haberse casado con otro hombre hubiera mantenido su posición como profesor de Religión en dos institutos de Lanzarote. Pocos días después el obispado de Canarias lo ha expulsado. Conviene recordar en este punto que merced al trato privilegiado que el Estado español concede a la Iglesia católica, esta puede despedir a su antojo a los profesores de Religión aunque impartan clase en centros públicos y su sueldo lo pague el Estado.

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Familias LGBT de España piden no ratificar el acuerdo de adopción con Rusia

Hace tres días nos hacíamos eco de la autorización final por el Consejo de Ministros de la firma del nuevo convenio de adopción con Rusia, a medida de su reciente legislación homófoba. Explicábamos que en la práctica no suponía demasiados cambios, pero que nos parecía cobarde la transigente actitud del Gobierno español. Lo que ya no esperábamos era que la firma del convenio mostrara además una indudable complicidad entre los representantes de ambos gobiernos. Las sonrisas del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobraban en un momento en que España oficializaba un documento cuyo único objetivo, recordemos, es impedir que personas homosexuales puedan adoptar niños de origen ruso.

Afortunadamente las sanciones de la Unión Europea a Rusia por el conflicto de Crimea impidieron que viajara a España Yelena Mizulina, presidenta del Cómite de Familia, Mujer e Infancia de la Duma y una de las principales valedoras de las leyes homófobas rusas. El representante de Rusia fue finalmente su viceministro de Educación, Veniamin Kaganov. España optó sin embargo por darle a la firma una especial relevancia con la presencia de dos ministros, García-Margallo y Mato, visiblemente satisfechos. Bien podría haberse ahorrado el gobierno español el insulto y firmar el convenio a puerta cerrada. Y desde luego sin tanta sonrisa de complacencia (como las que recoge por ejemplo la fotografía de Álvaro García para El País).

Como hemos explicado a lo largo de estos últimos meses, la firma de un convenio que regulase la adopción entre Rusia y España estaba en realidad pendiente desde 2009, pero fue el verano pasado cuando se producía el bloqueo de cientos de adopciones en curso después de que Rusia aprobara una norma cuyo objeto es impedir que menores rusos puedan ser ubicados en hogares de parejas del mismo sexo o monoparentales (con objeto de asegurarse de que no serán criados por lesbianas o gays). La primera propuesta de convenio fue acordada en octubre y autorizada ya en diciembre por el Consejo de Ministros, pero luego se introdujeron modificaciones que han obligado a nuevos trámites.

Con la entrada en vigor del convenio en su versión definitiva, queda oficializado el veto a la adopción de menores procedentes de Rusia por personas solteras (la principal novedad) y parejas del mismo sexo. Por lo que respecta a estas últimas, el convenio no supone un cambio real, ya que Rusia, al igual que la mayoría de los países “emisores de niños”, ya se negaban antes a tramitar peticiones de adopción de parejas homosexuales. Pero ahora se faculta además a las autoridades rusas a hacer un seguimiento de los menores ya adoptados, que deberán mantener la nacionalidad rusa al menos hasta su mayoría de edad y permanecer inscritos en el consulado ruso. Y Rusia podrá solicitar que el menor sea reubicado con otra pareja heterosexual en caso de que la situación del menor cambie.

Ya en entradas anteriores expresábamos nuestra preocupación por el hecho de que aceptar estas condiciones suponía reintroducir en el ordenamiento jurídico español de la discriminación de las parejas del mismo sexo, de forma que si por ejemplo los padres adoptivos fallecen y su familiar más directo es gay o lesbiana no podría hacerse cargo del niño. Finalmente el Gobierno español incluía en el convenio que el seguimiento de las autoridades rusas de los menores adoptados se articulará “en tanto que lo permita la legislación del Estado receptor (España)”, lo que puede entenderse como una salvaguarda frente a esta posibilidad. Eso sí, si el menor quedara en situación de desamparo absoluto y tuviera que ser reubicado con una nueva familia solo podría ser con un matrimonio heterosexual.

En definitiva, una mala noticia por mucho que aceptemos que podría haber sido aún peor. Como expresaba por ejemplo la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), con la firma de este convenio “España se muestra cómplice y partícipe de las políticas de discriminación de países que –como Rusia y bajo la amenaza de paralizar las adopciones- no respetan los derechos humanos y discriminan a las persona por su orientación sexual e identidad de género. Esto atenta, además, contra el mandato del Congreso de los Diputados que instó al Gobierno de España en febrero a garantizar los derechos LGTB dentro y fuera de nuestras fronteras”. La FELGTB estará además atenta a las consecuencias por lo que a la situación de los menores ya adoptados respecta. “La Federación velará por que el compromiso de que esta revisión se articule siempre dentro de los márgenes permitidos por la legislación de España sea efectivo y ninguna familia sufra las consecuencias de esta ambigüedad”, expresaba.

Fuente Dosmanzanas

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Una vez más ha tenido que ser la justicia europea la que ponga freno a un recorte de derechos promovido por un Gobierno español, aunque en este caso lo haya hecho de forma indirecta. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Francia por no registrar a tres menores nacidas mediante gestación subrogada en Estados Unidos obliga al Gobierno español, que pretendía aprobar una reforma de la ley en el mismo sentido restrictivo, a replantearse su actitud.

Lo contábamos hace una semana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallaba a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron sus tres hijas mediante gestación subrogada, a las que Francia se negó a registrar por estar dicho procedimiento prohibido en su suelo pese a que las niñas habían nacido y estaban reconocidas como hijas de sus padres en Estados Unidos. El alto tribunal europeo consideró que esta negativa violaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho de las menores al respeto de su vida privada, socavando su identidad y produciéndoles un perjuicio. El tribunal fijó una indemnización a cada una de las menores de 5.000 euros e impuso al Estado francés la obligación de desembolsar 15.000 euros a las familias demandantes en concepto de costas.

Como ya explicábamos entonces, la sentencia admite que los estados puedan legislar como quieran las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada. En este sentido, el tribunal rechazó que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria y centró su condena en cómo la negativa afectó a sus hijas. Y aquí la sentencia es clara al considerar que los estados ya no disponen de ese margen cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, prevaleciendo el interés del menor y su derecho a la identidad.

En definitiva, el tribunal permite que los estados prohíban la gestación subrogada, pero no negar los derechos de filiación a los menores nacidos mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca (Estados Unidos, en este caso).

El Gobierno español se replantea ahora su reforma

La casualidad quiso que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se conociera pocos días después de que el Gobierno español aprobara una reforma de los procedimientos de inscripción de los recién nacidos que deja en el limbo jurídico a los hijos nacidos mediante gestación subrogada, obligando a que al registrar a los hijos nacidos en el extranjero sea obligatorio consignar siempre “a la madre gestante”, imponiendo para cualquier otra situación la necesidad de un proceso judicial en España. Y en ese sentido, la reforma se produce pocos meses después de que la Sala Civil del Tribunal Supremo rechazara por 5 votos contra 4 el registro de los hijos que un matrimonio gay valenciano tuvo en California.

Todo ello a pesar de que en febrero de 2009 la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia regulaba mediante una orden estas inscripciones y reconocía la validez de la filiación otorgada en países extranjeros tras la correspondiente resolución judicial (tal y como se procede de hecho en Estados Unidos). El Supremo español, sin embargo, argumentó que la gestación subrogada es ilegal en España, y ofreció como única salida que el padre no biológico procediese a la adopción de los que desde hace ya más de cinco años son sus hijos. Una sentencia que por cierto está pendiente de un recurso de nulidad interpuesto por la asociación Son Nuestros Hijos, pero que combinada con la reforma promovida por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, dejaba un panorama absolutamente sombrío para numerosas familias.

Según El País, sin embargo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya argumentación es precisamente la opuesta a la del Supremo español (aunque concordante con el voto particular de los cuatro jueces discrepantes, que consideraron que el bien del menor debe prevalecer) ha llevado a Justicia a replantearse su posición. “Estamos obligados a introducir modificaciones legales para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la interpretación de Estrasburgo, y lo haremos”, ha declarado al respecto el subsecretario del ministerio, Juan Bravo.

Esperemos que realmente sea así y se evite más sufrimiento innecesario a las familias que en España se encuentran hoy en una situación similar a las de las demandantes francesas. Aprovechamos para recordar que hay en marcha una petición en change.org para conseguir que las Cortes modifiquen el mencionado proyecto de ley a la que se puede acceder aquí y que lleva recogidas ya más de 73.000 firmas.

Fuente Dosmanzanas

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Sorpresa causaba entre algunos de nuestros seguidores encontrar en la edición digital del diario El País el artículo El grito homofóbico, que defiende que la utilización de “puto” por parte de los aficionados mexicanos en la Copa Mundial de fútbol que se celebra en Brasil para dirigirse al portero del equipo contrario no es homofóbica porque es una“performance” que se acompaña de “una pequeña coreografía que exige de coordinación y ritmo”. No se trata, por desgracia, de la única defensa de un insulto homófobo inequívocamente usado para denigrar que resulta muy popular en algunos países de América Latina. Lo que sorprende es que se haga desde las páginas de un diario pretendidamente progresista.

El autor del artículo, el mexicano Fabio Morábito, se hace eco de la decisión de la FIFA de no sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol por el reiterado uso de “puto” por parte de los hinchas mexicanos, de la que se felicita. Como ayer mismo recogíamos, el propio entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, quitaba importancia al uso del insulto homófobo, mientras que Ilán Semo, de la Universidad Iberoamericana, argüía que la intención de los aficionados al vociferar esa expresión era provocar el fracaso de sus contrarios, no aludiendo a su orientación sexual sino a su cobardía (al parecer usar un insulto homófobo para referirse a una actitud cobarde no es homofobia). La propia FIFA consideraba que los cánticos “no se consideran insultantes en ese contexto”.

El artículo de Morábito abunda en estos argumentos y va más allá, al considerar el “puto” de los hinchas mexicanos “una broma, una coreografía, una fulminante puesta teatral” que tiene lugar en un “contexto lúdico”. “Un grito colectivo, por más grosero que sea, si es parte de una performance, no puede tomarse como una ofensa”, argumenta Morábito.

El autor del artículo, que niega que el caso pueda ser comparado al del aficionado que arrojó un plátano a Dani Alves (gesto racista que tuvo lugar hace pocas semanas) puesto que ahí no había “performance”recurre además al manido argumento de la incomprensión cultural, en este caso de la cultura popular mexicana. “¿Se consultaron diccionarios para desentrañar el último matiz de la palabra bajo acusación? ¿Se contó con la ayuda de lingüistas y expertos en cultura popular? ¿Se entrevistaron vía telefónica a mexicanos de todos los estratos sociales para configurar el uso preciso de esa expresión en nuestro país?”, se pregunta.

En definitiva, según el artículo que El País ha publicado a Fabio Morábito, si una horda de hinchas de fútbol dirige un insulto homófobo al portero del equipo contrario no es homofobia… si se hace con buena intención y se acompaña además de una graciosa coreografía.

Un caso que recuerda al “Puto” de Molotov

El desgraciado episodio nos trae a la memoria el caso de la canción Putodel grupo mexicano Molotov, que también pretendió justificar que no había homofobia en una canción que repite “Puto” hasta la saciedad, cuyo estribillo incluye “Matarile al maricón” y cuya primera estrofa reza “¿Qué, muy machín no?,  ¿A muy machín no?, Marica nena, más bien putino”.

Molotov argumentó que se trataba simplemente de “una canción catártica sobre la situación en México a finales de los noventa”. A pesar de ello, y ante las protestas de organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGTB, el grupo se comprometió en 2013 a no usar los términos homófobos durante sus actuaciones en Estados Unidos. Compromiso que por cierto no respetó.

Fuente Dosmanzanas

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La junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha aprobado por unanimidad que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). Se trata de la primera decisión de este tipo que adopta un país centroamericano y que antecede incluso a la aprobación de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo, una de las promesas del nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

Costa Rica ha comenzado a avanzar en el reconocimiento de derechos para las parejas homosexuales. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó ayer extender a las parejas del mismo sexo los beneficios de asistencia médica para los compañeros sentimentales, que hasta ahora solo se reconocían para las parejas heterosexuales. La Junta Directiva cambió la definición de pareja contenida en el artículo 10, una petición que había impulsado uno de los directivos del ente, José Luís Loría desde principios de mes. También se ha modificado el artículo 12, donde la eliminación de la palabra ‘marital’ permitirá que el colectivo de gays y lesbianas pueda visitar a su pareja en el hospital o inscribirse como contacto de emergencia.

LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso el proyecto de ley de uniones civiles, noticia que ya recogimos en su momento. “Me indigné mucho y vi que era el momento para concretar una idea que ya llevaba un año pensando. Vi que esto, además de la llegada de un gobierno más sensible a este aspecto de los derechos humanos, daba una coyuntura propicia y así fue”, ha declarado Loría al diario El País. “Los miembros de las parejas del mismo sexo cotizan igual que los otros y no tienen hijos, con lo cual de alguna manera subsidian a la mayoría. La idea es un cambio de paradigma: es abrir los ojos a una realidad. La institución de seguridad social más importante de América Latina está poniéndose en el siglo XXI”, añade.

“Esto es sin duda un hecho histórico, significa que si una pareja del mismo sexo tiene a su compañero o su compañera en el hospital podrá visitarlo sin discriminación o significa que si una pareja del mismo sexo es asegurado directo de la Caja y requiere asegurar familiarmente a su pareja que pueda tener derecho al seguro familiar”, ha explicado Loría en la prensa local. Desde el Movimiento Diversidad, principal colectivo LGBT costarricense, también se han mostrado satisfechos con la decisión.

Los cambios no se aplicarán de manera inmediata, lo harán dentro de tres meses, una vez que se complete una campaña de información tanto a los beneficiarios como a los trabajadores sanitarios. La presidenta ejecutiva del CCSS, María del Rocío Sáenz, informó de que la decisión no tendría un impacto elevado en las cuentas del ente, ya que la mayoría de las parejas homosexuales, un 55%, cuenta con trabajo actualmente, según los últimos datos del censo en el país.

La decisión era saludada horas después por el nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. “Hoy Costa Rica se despertó con una muy buena noticia. Me siento muy complacido con la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de otorgar capacidad de aseguramiento a las parejas del mismo sexo y el derecho fundamental a la visita hospitalaria. Esta es una decisión histórica que responde al espíritu costarricenses de inclusión y entendimiento de que los Derechos Humanos son para todos y todas. Aún nos queda como sociedad camino por recorrer, espero que pronto pueda ampliarse también en lo que corresponde a derechos patrimoniales. Hoy como país nos merecemos una felicitación. ¡A seguir trabajando!”, escribía Solís en su perfil de Facebook este viernes.

“Esta decisión humaniza a la seguridad social y universaliza su cobertura, además de que es un éxito en materia de derechos humanos y es una buena señal para reivindicar otros derechos de las parejas del mismo sexo”, explicó la segunda vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón. “Nadie más morirá en la soledad, porque la seguridad social no reconocía como familiar a alguien con quien se había convivido mucho tiempo”, explicó. El Ejecutivo costarricense se ha comprometido en la campaña a reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, incluyendo las uniones civiles.

También los colectivos LGTB mostraban su satisfacción y esperaban que este fuera el primer paso de una serie de avanaces. “Estamos muy esperanzados con esta resolución, ya que ha sido una lucha de años. Vamos a estar vigilantes de que se cumpla la medida. Es un gran avance para Costa Rica”, declaraba Marco Castillo Rojas, del Movimiento Diversidad.

Naciones Unidas felicita a Costa Rica

Naciones Unidas también ha expresado su satisfacción por la noticia. Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, ha felicitado “al Estado por esta histórica decisión” a  la vez que ha reafirmado “la necesidad de seguir avanzando hacia la eliminación de todo tipo de discriminación contra las personas gay, lesbianas y trasgénero, para construir una sociedad igualitaria en la que ellas gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía”.

Un periodo muy esperanzador se abre paso

La decisión de la CCSS es un nuevo eslabón más de la cadena de buenas noticias que se viene produciendo en Costa Rica desde la elección como presidente de Luis Guillermo Solís, que ha elegido a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y que hace una semana, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, ordenaba que la bandera arco iris ondeara en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, una decisión que le ha generado críticas de los sectores conservadores.

Una cadena que en algún momento debería incluir la aprobación del prometido proyecto de ley de “sociedades de convivencia”, que la Asamblea Legislativa lleva años debatiendo. Un proyecto que en ocasiones parecía que progresaba pero que siempre encontraba el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos y sus representantes políticos, entre ellos el que llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Esperemos que en el nuevo periodo político que se acaba de iniciar este y otros avances sí se puedan conseguir.

Con información de Dosmanzanas

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Colectivos LGTB protestan ante el nombramiento de un juez homófobo como miembro del Tribunal Supremo

El ultraconservador José Luis Requero (fotografía dcha), que a lo largo de su trayectoria como jurista no ha dudado en comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con la zoofilia y ha maniobrado contra la adopción homoparental, ha sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo con el voto de los once miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afines al Partido Popular, entre ellos el del juez Fernando Grande-Marlaska. Un voto que sorprende especialmente en este caso por el hecho de ser Grande-Marlaska abiertamente gay, (fotografía izda) estar casado con otro hombre y haber defendido públicamente los derechos LGTB.

El propio José Luis Requero fue vocal del CGPJ entre 2001 y 2008, también a propuesta del PP (como lo es hoy Grande-Marlaska). Durante ese periodo Requero elaboró un borrador de informe que defendía que aplicar el término “matrimonio” a la unión de dos personas del mismo sexo era como “llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal”. Ante la polémica generada por esta frase, el CGPJ decidió eliminarla del texto final, aunque mantuvo el informe contrario al matrimonio igualitario (se trataba, como en la actualidad, de un consejo controlado por los conservadores). Más tarde, al elaborar otra propuesta de informe sobre la ley de adopción internacional de 2007, Requero propuso que las agencias que tramitan estas adopciones pudieran negarse si los adoptantes son una pareja homosexual. Nada sorprendente, si se tiene en cuenta que Requero había defendido meses antes que jueces y funcionarios pudieran negarse a tramitar expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo, una propuesta que el CGPJ finalmente rechazó.

“Si mi hijo fuera homosexual, yo jamás iría a su boda”, es otra de las perlas homófobas ha salido de la boca de Requero, miembro por cierto del Opus Dei. Precisamente por su oposición al matrimonio igualitario, el ahora juez del Supremo fue premiado en 2007 por la organización ultraconservadora HazteOír (recomendamos la lectura de la entrevista que HazteOír le hacía en 2006, en la que Requero desgranaba su pensamiento y llegaba incluso a acusar a la derecha de estar “presa de complejos” por no oponerse con más fiereza al matrimonio igualitario o al aborto).

El nombramiento de José Luis Requero se ha producido además de forma inesperada. Desde que el pasado noviembre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactaran la renovación del CGPJ con una mayoría conservadora de 11 votos contra 10, los nombramientos de puestos judiciales se habían producido en el marco de un acuerdo “no escrito” entre los dos bloques que reservaba cierto número de cargos para jueces de sensibilidad progresista. Se evitaba así transmitir la sensación de que el sector conservador hacía valer sistemáticamente su mayoría. Una ficción que ha durado apenas unos meses, hasta que la pasada semana, cuando entre otros nombramientos el CGPJ debía elegir dos nuevos magistrados del Tribunal Supremo, el nombre de Requero permaneció oculto hasta el último momento (aunque según explica el diario El País, los dos miembros “progresistas” de la Comisión Permanente del CGPJ sí conocían la jugada pero no la comunicaron a sus compañeros). Los conservadores conseguían así que varios progresistas votaran a favor de Antonio Vicente Sempere (que consiguió 15 votos) para la primera de las vacantes, para después imponer a Requero en lugar del candidato que supuestamente había sido pactado antes, Ángel Arozamena.

El voto de Grande-Marlaska, decisivo

En cualquier caso, con independencia de cómo se produjera la elección de Requero, llama la atención que Fernando Grande-Marlaska, que no ha dudado en visibilizarse públicamente como gay y que ha defendido siempre los derechos LGTB, haya avalado con su voto a una persona que ha maniobrado contra esos mismos derechos. De hecho, según cuenta también El País, algunos de los miembros del sector progresista del CGPJ no se explican cómo “algunos vocales del grupo conservador que han demostrado una gran sensibilidad hacia el matrimonio homosexual le han apoyado para este cargo” (el artículo no menciona explícitamente a Grande-Marlaska, aunque se adivina que es a él a quien se refiere esta frase).

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido este lunes un comunicado en el que muestra su indignación por la elección de Requero, aunque sin mencionar a Grande-Marlaska. Resulta paradójico, por cierto, que en 2012 Grande-Marlaska fuera reconocido por la FELGTB con uno de sus premios Pluma, cuando cinco años era Requero el que era distinguido con uno de los Premios Látigo…

Entristece que Grande-Marlaska, cuyo voto contrario hubiera bastado para vetar a Requero, haya antepuesto su servidumbre política a la defensa de los derechos civiles del colectivo al que él mismo pertenece, permitiendo que una persona que ha hecho ostentación de su homofobia se convierta en miembro de la más alta magistratura judicial del país.

Fuente Dosmanzanas

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Su nombre es Jair Bolsonaro, es militar en la reserva y representa al Partido Progresista (PP) en la Cámara de Diputados de Brasil. Pero sobre todo es un orgulloso homófobo que manifiesta sin pudor alguno su desprecio hacia las personas homosexuales. Y si el juego político brasileño no lo remedia, puede convertirse en el próximo presidente del Comité de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara. Bolsonaro sucedería en ese puesto a otro político homófobo, el diputado evangélico Marco Feliciano.

El perfil de Jair Bolsonaro es el contrario al que se esperaría de un político interesado en los derechos humanos. Es partidario de la pena de muerte, de que “las personas de bien” puedan ir armadas, de reducir la edad penal para que los adolescentes que cometen delitos sean tratados como adultos, de implantar políticas de “planificación familiar” para “reducir el número de hijos de los más pobres”… Lo explica bien en la entrevista que ha concedido a la edición brasileña del diario El País.

Pero Bolsonaro es sobre todo es un orgulloso homófobo, que niega de forma rotunda que en Brasil las personas homosexuales sufran discriminación, acoso o violencia. “Los homosexuales quieren hacerse pasar por víctimas, quieren superpoderes. Muere un homosexual en Brasil y los medios ya están diciendo que es homofobia. Muchos son asesinados por sus colegas, en locales de prostitución o por sobredosis. Mueren y los activistas ya dicen que es homofobia. En Brasil mueren cada día diez mujeres asesinadas por sus parejas, eso es mucho más grave. Los crímenes por homofobia deben ser tratados como cualquier otro crimen. ¿Cuántos heterosexuales mueren cada día? Muchos más que homosexuales”, afirma en la misma entrevista.

“¿Porque a uno le guste tomar por culo (…) no se le puede pegar?”

Bolsonaro niega también que educar en la diversidad sirva para combatir la homofobia, y acusa explícitamente a los que así lo defienden de querer “llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil”. Y es que para el diputado brasileño, “la inmensa mayoría” de los homosexuales lo son por imitación. “Son las amistades, el consumo de drogas. Apenas una minoría nacen con defecto de fábrica. Aquí en Brasil se tiene la idea de que por ser homosexual vas a tener éxito en la vida. Las novelas muestran siempre a gays que tienen éxito, que rabajan poco y ganan mucho dinero”, sostiene.

Bolsonaro acaba la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigue la violencia homófoba, a la que quita importancia. “¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?”, remata.

Un cínico juego político

Lo cierto es que como el propio Jair Bolsonaro reconoce abiertamente en la entrevista, su candidatura a la Comisión de Derechos Humanos no es más que una estratagema política para conseguir que el PP (que pese a su nombre, “Partido Progresista”, es un partido conservador) se haga con la presidencia de la Comisión de Minas y Energía. El PP forma parte de la “base aliada”, el heterogéneo grupo de formaciones que dan apoyo parlamentario a la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), y entre las cuales se reparten ministerios y comisiones parlamentarias.

En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos y Minorías parece importar poco al PT, mucho más interesado en quedarse con Minas y Energía y relegar al PP brasileño a una comisión considerada menor. Pero con un candidato como Bolsonaro, el PT, presionado por el sector más sensible a los derechos humanos, puede verse en la obligación de negociar.

Posible sucesor de otro político homófobo

Desgraciadamente no se trata de la primera vez que el PT desprecia el papel de la Comisión de Derechos Humanos. En su momento accedió a que el diputado evangélico Marco Feliciano (miembro del Partido Social Cristiano de Brasil, otra formación aliada de Rouseff) se hiciera con la presidencia pese a contar entre sus antecedentes con declaraciones abiertamente racistas y homófobas. Ya en ese puesto, Feliciano fue uno de los promotores de una iniciativa para reintroducir en el país las “terapias” reparadoras de la homosexualidad, que fue retirada cuando quedó claro que sería objeto de una contundente derrota en el pleno de la Cámara de Diputados si llegaba a votarse bajo la presión de las movilizaciones sociales que tenían lugar en ese momento (en las que participó de forma muy activa el colectivo LGTB).

Conviene recordar que los grupos evangélicos, que agrupan a un quinto de la población brasileña, son en su mayoría fuertemente homófobos. En mayo del año pasado, por ejemplo, los evangélicos convocaban a más de 100.000 personas en Río de Janeiro para protestar contra el matrimonio igualitario, reconocido en todo el país por decisión del Consejo Nacional de Justicia. No es de extrañar que Jair Bolsonaro, pese a no formar parte de la poderosa bancada evangélica (el grupo de diputados evangélicos que, pertenecientes a diversos partidos políticos, actúan de forma coordinada en materia de moral) sí cuente con sus simpatías, una vez que parece que ha renunciado a colocar a otro de los suyos como sucesor de Feliciano.

Las personas LGTB en Brasil, un colectivo desprotegido

El escenario descrito resulta especialmente sangrante si se tiene en cuenta la situación de Brasil, un país que pese a sus avances en el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo registra una importante LGTBfobia social, responsable de la muerte violenta de varios cientos de personas cada año (338 en 2012, según cifras del Grupo Gay de Bahía).

Han pasado poco más de dos semanas desde la última vez que nos hicimos eco de un asesinato homófobo ocurrido en ese país, el de Bruno Borges de Oliveira, un muchacho de 18 años que volvía a casa en compañía de dos amigos tras disfrutar de una noche de fiesta. Desgraciadamente es muy probable que en este intervalo de tiempo más personas hayan muerto como consecuencia de la violencia desencadenada o favorecida por su orientación sexual o identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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