Buenas noticias desde Estados Unidos: el Senado de Nuevo México, en el suroeste del país, ha aprobado un proyecto de ley para prohibir las peligrosas e inútiles “terapias reparadoras” en menores de edad. De salir adelante la iniciativa, se convertirá en el séptimo estado o territorio estadounidense en vetar el uso de estos pretendidos tratamientos en la población más vulnerable a los daños que provocan.

El Senado de Nuevo México aprobó el pasado viernes, por 32 votos a favor frente a solo seis en contra, un proyecto de ley para prohibir el uso de las llamadas “terapias” reparadoras o de conversión en menores. También perseguirá toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. La iniciativa partió del senador demócrata abiertamente gay Jacob Candelaria (en la imagen).

El proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Representantes, controlada al igual que el Senado por los demócratas. Su aprobación definitiva parece, por tanto, muy probable. Cuando entre en vigor, cualquier profesional sanitario (médico, psicólogo u otros) que lleve a cabo estas prácticas en menores o las publicite como efectivas se enfrentará a multas y a la pérdida de su licencia.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Oregón, Illinois y Vermont, el año pasado.

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país emitía la semana pasada un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, en marzo del año pasado tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

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32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

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La sentencia afectaba realmente a Utah. La Corte del Décimo Circuito de Apelaciones ratificó la sentencia dictada en este estado que eliminaba el veto al matrimonio gay, aunque la resolución quedó suspendida pendiente una apelación, que irá directamente a la Corte Suprema. Pero para la secretaria del Registro Civil del condado de Boulder (Colorado), Hillary Hall, esta sentencia debía abrir las puertas al matrimonio gay no solo en Utah, sino en todos los estados en los que tiene jurisdicción el Décimo Circuito de Apelaciones: Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah, Wyoming y también Colorado. Y, ni corta ni perezosa, Hall anunció que celebraría enlaces entre personas del mismo sexo. Por el momento ya son más de un centenar, y uno de ellos ha tenido como protagonista a un senador del Estado. Pero Hall tendrá ahora que enfrentarse a un juicio por incumplir las leyes aún vigentes en Colorado.

El procurador general, Dan Domenico, ya había advertido a Hall de que tenía que dejar de celebrar las uniones, pero la secretaria ha seguido adelante y ahora el propio fiscal general, el republicano John Suthers, ha iniciado acciones legales para impedir que se celebren más matrimonios. El centenar de parejas ya casadas ha denunciado que la fiscalía está intentando invalidar sus matrimonios sin que ni siquiera medie una notificación. Ayer, un grupo de simpatizantes de Hall se concentró a las puertas del registro para mostrar su apoyo.

Hall se defiende argumentando que la sentencia de la Corte de Apelaciones está por encima de las leyes del estado y que debería seguir siendo válida en tanto que se resuelven las apelaciones y hasta que un tribunal de mayor categoría anule la sentencia. “Creo que es un derroche de recursos que el Fiscal General siga denegando los derechos constitucionales de la gente. Creo que la solución menos dañina y más sensata es conceder licencias de matrimonio y evitar más violaciones potenciales de los derechos civiles mientras que se decide en la corte”, señala. Entre tanto, Colorado se ha sumado también a la lista de estados en los que el veto al matrimonio gay ha sido declarado inconstitucional. La sentencia del juez Scott Crabtree ha quedado en suspenso en espera de la apelación a la Corte Suprema, siguiendo el mismo curso que están llevando estas acciones en todo el país.

Foto: Hillary Hall junto a una de las primeras parejas casadas (AP).

Fuente Ragap

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La Corte de Apelaciones del 10º Circuito ha rechazado la apelación presentada por la Fiscalía General del estado de Utah en contra de la sentencia que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado. Tras el aluvión de sentencias favorables en los distintos tribunales federales, la mayoría de ellas en suspenso en espera del proceso de apelación, se esperaba con indisimulado interés qué decisiones se tomarían en el circuito de apelaciones y sobre qué argumentos se basarían. La decisión favorable de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, sin embargo, ha sido suspendida cautelarmente en espera de una ya confirmada apelación ante la máxima instancia judicial: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), todas las sentencias dictadas por tribunales federales o estatales han sido favorables al reconocimiento del matrimonio igualitario. Pero muchas de ellas estaban suspendidas porque los representantes jurídicos de los distintos estados habían apelado esas decisiones.

El siguiente paso era saber qué decisión tomarían las Cortes de Apelaciones del Circuito Federal. Y el primer dictamen ha sido tomado este miércoles 25 de junio por la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, que ha confirmado la primera de estas sentencias, la dictada por el juez Robert J. Shelby el pasado mes de diciembre, que estimaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Utah violaba las garantías de igual protección y debido proceso recogidas en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El panel de tres jueces conformado por Carlos F. Lucero, Paul J. Kelly Jr. y Jerome A. Holmes ha considerado, por dos votos favorables contra uno, que “quienes desean casarse con una persona del mismo sexo están facultados para ejercer el mismo derecho fundamental que les es reconocido a las personas que desean casarse con una persona del sexo opuesto”.  También ha estimado que es “totalmente ilógico creer que el reconocimiento estatal del amor y el compromiso entre las parejas del mismo sexo alterará las decisiones más íntimas y personales de las parejas de distinto sexo”. Además, ha rechazado el argumento de la Fiscalía General de que el hecho de que las parejas del mismo sexo no puedan procrear es motivo para impedirles contraer matrimonio, ya que la facultad procreativa nunca ha sido un requisito exigido por el Estado. Finalmente, ha resuelto que prevalece el derecho de los demandantes a la igual protección y el debido proceso.

Esta decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, sin embargo, ha sido suspendida en la misma sentencia, en espera de una posible última apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La Fiscalía General de Utah ya ha comunicado que presentará dicha recurso, para lo cual dispone de 90 días, aunque previamente solicitará que el pleno de los doce jueces que integran la Corte de Apelaciones revise el dictamen formulado por el panel de tres jueces.

Más sentencias en espera de apelación

Los mismo jueces conforman el panel que decidirá sobre la apelación presentada por la Fiscalía General del estado de Oklahoma contra la sentencia favorable al matrimonio igualitario en ese estado, cuyas audiencias tuvieron lugar poco después de las correspondientes a la apelación de Utah. Se espera, por lo tanto, que la decisión sobre el caso de Oklahoma se dé a conocer en breve y que sea igualmente favorable a los derechos LGTB.  La jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito está integrada por los estados de Colorado, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming. En Nuevo México ya es legal el matrimonio igualitario, y en los cinco estados restantes la prohibición del mismo está denunciada.  La decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito en el caso de Utah hace previsible un resultado positivo en todas esas demandas.

Hasta ahora, ocho son los estados donde la justicia ya ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, pero esas sentencias permanecen en suspenso en espera de que se resuelva su apelación: Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho yWisconsin. En Oregón y Pensilvania, sin embargo, las sentencias favorables adquirieron firmeza al no presentarse apelación. El fallo de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito supone un avance importante en el proceso de reconocimiento de los derechos civiles de las personas LGTB en los Estados Unidos, y abre el camino para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tome una decisión que afectaría al conjunto de los estados que conforman esa nación.

Fuente Dosmanzanas

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El gobernador de Pensilvania Tom Corbett ha comunicado que no presentará apelación contra la sentencia del tribunal federal que ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. Con la confirmación de que la administración de Oregón tampoco recurrirá la sentencia del mismo sentido del juez federal Michael McShane, Oregón y Pensilvania se han convertido, respectivamente, en los estados decimoctavo y decimonoveno en permitir el matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Desde la página web de la oficina del gobernador de Pensilvania, se comunicaba la decisión de no apelar la sentencia favorable a los derechos LGTB del juez John E. Jones en los siguientes términos:

He revisado a fondo las consideraciones del juez Jones en el caso Whitewood. Dado el alto umbral legal establecido por el juez Jones en este caso, es altamente improbable que una apelación tenga éxito. Por lo tanto, después de esta revisión y con el asesoramiento del equipo jurídico del  estado, he decidido no apelar la decisión del juez Jones.

Como católico romano, no ha vacilado la enseñanza tradicional de mi fe. Sigo manteniendo la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mi deber como gobernador requiere que acate las leyes según la interpretación de los tribunales y juzgar la probabilidad de éxito de una apelación.

A lo largo del debate sobre este importante y significativo asunto, he sostenido que los funcionarios y organismos del estado seguirían las disposiciones de la ley de matrimonio de Pensilvania, al menos hasta que un tribunal dijera lo contrario. El tribunal ha hablado, y me aseguraré de que mi administración cumpla las disposiciones de la orden del juez Jones con respeto para todas las partes.

Tengo la esperanza de que mientras la importante cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo continúe siendo abordada en nuestra sociedad, todos los involucrados se traten con respeto.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, ya han indicado que tampoco apelarán la sentencia del juez McShane que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en su estado, aunque en este caso su motivación ha sido su pleno acuerdo con la sentencia, ya que incluso no defendieron el ordenamiento jurídico de Oregón sobre este asunto ante el tribunal federal.

La igualdad matrimonial alcanza al 43,5 % de la población

De esta manera, se amplía a diecinueve el número de estados de los Estados Unidos que permiten el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales. Como curiosidad, con la inclusión de Pensilvania, la igualdad matrimonial ya es plena en todos los estados de la región del Noreste. Con la de Oregón, lo es en todos los estados de la división del Pacífico, excepto Alaska.

Esto supone que, a día de hoy, aproximadamente el 43,5 % de la población estadounidense vive en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Estas cifras aumentarían considerablemente si se tomaran en cuenta los estados donde se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichos dictámenes se encuentran en suspenso en espera de que se decida su apelación. De hecho, en algunos de ellos, como Utah, Michigan o Arkansas, ya se han celebrado legalmente matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que se suspendieran las sentencias.

Así pues, si añadimos a la lista a Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho,  el  total de estados alcanzaría los 26, más de la mitad de los 50 que conforman los Estados Unidos. Sumando su población, obtendríamos que un 61,2 % de los estadounidenses vive en estados donde se permite el matrimonio igualitario o se ha declarado en primera instancia la inconstitucionalidad de su prohibición.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha admitido a trámite el recurso de una empresa de fotografía que se negó a ofrecer sus servicios a una pareja del mismo sexo, por lo cual fue sancionada por la administración de Nuevo México al vulnerar el Acta de Derechos Humanos del estado. La decisión del alto tribunal ha sido acogida con satisfacción por las organizaciones LGTB, cuya esperanza es que los tribunales impidan la aplicación de normas discriminatorias como la aprobada recientemente en Mississippi.

En 2006, la pareja formada por Vanessa Willock y Misti Collinsworth decidió celebrar su unión por medio de una ceremonia privada a la que estaban invitados sus familiares y amigos. No se trataba estrictamente de una boda, pues el matrimonio entre personas del mismo sexo no fue legalizado en Nuevo México, su estado de residencia, hasta 2013. Sin embargo, para ellas tenía la misma relevancia. Por ello quisieron contratar los servicios de Elane Photography, con el objetivo de que hiciera un reportaje fotográfico que inmortalizara ese momento tan importante en sus vidas.

Sin embargo, Elane Photography rehusó efectuar el reportaje fotográfico alegando que participar en una ceremonia de este tipo contravenía sus creencias religiosas. Vanessa Willock decidió presentar la correspondiente demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo México, que dictaminó a su favor por encontrar la negativa discriminatoria. Elane Photography interpuso el correspondiente recurso contra esa decisión ante la Corte de Apelaciones, alegando que, al ser la fotografía un medio de expresión, su negativa estaba amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el recurso fue desestimado en junio de 2012.

Siguiendo el procedimiento judicial, la empresa recurrió ante la Corte Suprema de Nuevo México, que en agosto de 2013 resolvió también en su contra, confirmando lo dictaminado en primera instancia por la Comisión de Derechos Humanos. En su fallo, los jueces de la Corte Suprema estimaron que “llegamos a la conclusión de que un negocio de  fotografía comercial que ofrece sus servicios al público, aumentando así su visibilidad ante clientes potenciales, está sujeto a las disposiciones antidiscriminatorias del Acta de Derechos Humanos de Nuevo México y debe ofrecer sus servicios a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que los ofrece a las parejas de distinto sexo. Por lo tanto, cuando Elane Photography se negó a fotografiar una ceremonia de compromiso entre personas del mismo sexo, violó  el Acta de Derechos Humanos de Nuevo México de la misma manera que si se hubiera negado a fotografiar una boda entre personas de diferentes razas”.

La sentencia favorable a la igualdad queda confirmada

El último recurso que le quedaba a Elane Photography era el Tribunal Supremo, a quien volvió a plantear su derecho a discriminar a sus clientes debido a sus creencias religiosas, amparándose en la Primera Enmieda. Sin embargo, este lunes 7 de marzo el Tribunal Supremo ha dado a conocer su decisión de no admitir a trámite el recurso, con lo que se confirma lo dictaminado por la Corte Suprema de Nuevo México.

Esta decisión ha sido acogida con satisfacción por organizaciones de defensa de los derechos civiles como ACLU (American Civil Liberties Union), preocupadas porque normas como la recientemente aprobada en Mississippi amparen la discriminación de las personas LGTB con la excusa de proteger la libertad religiosa. Su interpretación es que el alto tribunal no ha encontrado que haya habido ninguna vulneración de derechos constitucionales.

Respecto a este asunto, ACLU ha emitido el siguiente comunicado: “ningún tribunal ha dictaminado que a las empresas les ampare la Primera Enmienda en su derecho a discriminar, y no es de extrañar que el Tribunal Supremo haya rechazado este intento de revocar lo establecido por la ley. Ofrecer servicios comerciales como fotografías de bodas, venta de tartas nupciales o arreglos florales, no significa que el propietario de un negocio respalde el matrimonio de un cliente. El negocio está simplemente prestando un servicio comercial. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier tema que desee, y eso incluye a los dueños de negocios. Pero todos los negocios tienen que acatar las mismas reglas, para proteger a sus clientes frente a la discriminación del mercado”.

Fuente Dosmanzanas

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Hay derechos que son incuestionables en una democracia. El derecho a la libertad de expresión es uno de ellos. Pero para algunas personas no consiste solo en la libertad de dar la opinión, sino también de discriminar a quienes piensan de manera distinta. De algún modo este es el argumento que están defendiendo los Huguenin. Ambos regentan un negocio de fotografía en Alburquerque, en Nuevo México. Y para ambos, Jon y Elaine, es perfectamente legítimo negarse a fotografiar una ceremonia de boda gay. Su argumento quedaría en anécdota si no fuera porque el Tribunal Supremo está dispuesto a dictaminar si tienen razón o no, según Usa Today.

La historia se remonta a siete años y medio atrás. Entonces Vanessa Willock se puso en contacto con Elaine para encargar el reportaje de boda de su enlace con su novia, Misti Collinsworth. Pero cuando la señora Huguenin supo que se trataba de dos mujeres la respuesta fue contundente: solo hacen reportajes de bodas tradicionales. Por supuesto, Willock y Collinsworth no tuvieron problema para encontrar otro fotógrafo para su enlace, pero no quisieron dejar ese tema en el aire y demandaron al estudio de fotografía a la comisión de Derechos Humanos de Nuevo México, por entender que la actitud de estos profesionales incumplía la legislación contra la discriminación en el estado.

Tanto la comisión como el Tribunal Supremo dieron la razón a las demandantes y dejaron claro el alcance del derecho a la libertad de expresión en este caso concreto. “Podrían… poner un anuncio en su web o en su estudio advirtiendo de que se oponen al matrimonio del mismo sexo, pero tendrían que cumplir las leyes antidiscriminación aplicables”, señalaba la sentencia. Pero para los Huguenin el caso no se queda ahí y alegan que cuando se trata de un trabajo expresivo o artístico sí debería estar permitido negarse a prestar el servicio. No así, en su opinión si se tratara de una cafetería que se niega a servir comida a parejas gays.

“De particular relevancia aquí es la sincera creencia religiosa de los Huguenin de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Creen que si fueran a comunicar un mensaje contrario sobre el matrimonio, como por ejemplo, contando la historia de una ceremonia de boda polígama, estarían desobedeciendo a Dios”, explican en la apelación. “Todos están protegidos por leyes que apuntan al contenido expresivo de sus bienes y servicios, pero nadie tiene el derecho constitucional a jugar con reglas distintas en el mercado público”, argumento el abogado de la pareja de chicas, Tobias Barrington Wolff, profesor de la Universidad de Pennsylvania.

Foto: Jon y Elaine Huguenin. Usa Today

Fuente Ragap

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