(Imagen de fiscaliadechile.cl)

El Movilh, que en distintas ocasiones ha denunciado homo/transfobia en las investigaciones del Ministerio Público, instó al fiscal nacional Jorge Abbott a  hacerse cargo de los resultados del sondeo y a adoptar en breve medidas contra la discriminación

Como “graves y preocupantes” calificó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) los resultados de una encuesta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) aplicada a funcionarios/as del Ministerio Público entre el 29 de enero y el 19 de febrero pasado, siendo sus datos reservados hasta que hoy los dio a conocer Radio Biobío.

El sondeo, fue contestado por 380 funcionarios/as, el 66,9% son  hombres y el 33,1%, mujeres, con un tasa de logro del  54,5%

Frente a la consulta ¿usted considera que hay un trato discriminatorio a las personas involucradas en las investigaciones? del Ministerio Público,  el 19,7% reportó que se discrimina a  personas de escasos recursos económicos, el 10% a grupos LGBTIQ; el 9,7% a los pueblos originarios; el 9% por género, el 5.3% a  las personas con discapacidad y el 3.7% a infantes.

Para el vocero del Movilh, Oscar Rementería, “una institución como el Ministerio Público debería registrar discriminación cero. Primero porque la discriminación es ilegal y daña a las personas; segundo porque los prejuicios y las odiosidades distorsionan las investigaciones judiciales y obstaculizan alcanzar justicia y tercero porque se re-victimiza a las víctimas”.

“Doblemente preocupante es la situación de las personas que sufren discriminación interseccional, como lo puede ser una mujer lesbiana de escasos recursos económicos, un niño/a trans o un gay con discapacidad. Sin duda, a estas personas la fiscalía no les está garantizando dignidad y trato justo”, redondeó el Movilh

“Estos resultados vienen a decir además que en los deficientes resultados de la Ley Zamudio no estarían incidiendo solo los vacíos de la norma, sino también el actuar de algunos fiscales frente a la discriminación”, apuntó Rementería

Añadió que “en diversas ocasiones hemos reportado al Ministerio Público de tratos deficientes y sesgados en investigaciones que involucran a personas LGBTIQ+. Entre estos se encuentran, descartar móviles discriminatorios  antes de investigar, rehusarse a pedir la agravante de la Ley Zamudio porque así les resulta más fácil  y rápido cerrar un caso y desconocimiento sobre la forma como opera la discriminación en el marco de la ocurrencia de delitos”

Rementería añadió que “nuestros/as propios activistas han sido víctimas de abusos, cuando la fiscalía ha persistido en perseguir a personas que han sido detenidas y torturadas por carabineros solo por defender los derechos humanos LGBTIQ+. Esta trato deficiente e inhumano debe cesar”

“Exigimos y animamos al fiscal nacional a referirse públicamente a los resultados de este estudio;  donde el Ministerio Público sale mal evaluado en muchas otras áreas; a dar explicaciones y, en especial, a anunciar medidas para hacer frente a todos los problemas que arrojó la encuesta”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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La ministra participó en el coloquio “Mujeres y liderazgo” en Washington D.C. y consideró una “sobreactuación” la decisión del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de denunciar ante la Fiscalía los incidentes de la manifestación del Orgullo por posibles delitos de odio, injurias y agresiones.

La ministra en funciones Dolores Delgado, de visita oficial a EE.UU, participó el pasado martes en un coloquio titulado “Mujeres y liderazgo”, junto a la mexicana Carmen Moreno, que lidera la comisión interamericana de mujeres dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde España es un Estado observador.

Refiriéndose a las acusaciones de Albert Rivera sobre lo ocurrido en la manifestación del Orgullo del pasado 6 de julio, la ministra dijo: “¿Qué es? Bueno también podemos entenderlo como una cortina de humo, una cortina de humo para blanquear pactos que puedan tener con la extrema o con la ultraderecha, como es Vox. Hoy aquí hemos hablado de violencia de género y lo en serio que tenemos que tomarnos la violencia de género y resulta que Ciudadanos y el Partido Popular están llegando a acuerdos y pactos con la ultraderecha que, de alguna u otra manera, están negando hasta la existencia de esa violencia de género o están poniéndoles adjetivos tristes, adjetivos a la igualdad, que no debe tener adjetivo alguno. Vamos a ver si somos conscientes de lo que decimos, tendríamos que ser muy responsables de con quién estamos haciendo pactos o con quién estamos llegando a determinados acuerdos de Gobierno”.

La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

El PP y Ciudadanos han pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso para explicar por qué no ha cesado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, envuelto en una gran polémica por unos comentarios que hizo antes de los incidentes del Orgullo. En concreto, durante la marcha, Marlaska consideró ilusorio pensar que no tendría consecuencias “pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos”, en referencia a los acuerdos alcanzados por Ciudadanos con el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, las redes se incendian con el hastag  “#Apunta mi nombre Vox”  protestando masivamente contra la  caza de brujas que Vox inicia contra el colectivo LGTBI

Las redes sociales se han inundado con el hashtag #apuntaminombreVOX para hacer frente a la nueva propuesta de la formación de extrema derecha en la Asamblea de Madrid que solicita conocer los «nombres y apellidos» de aquellos que han dado charlas LGTBIQ en los colegios de la capital.

La portavoz del partido, Rocío Monasterio, ha registrado una petición a la Mesa de la Asamblea en la que solicitan conocer en que colegios públicos y concertados ha realizado acciones «informativas, formativas y de otra índole» la asociación LGTBI COGAM. Además, piden saber «el nombre y apellidos del ponente y cuáles han sido las clases destinatarias».

Ante la idea de la creación de esta nueva “lista negra”, profesores, instructores de talleres, padres y madres del alumnado, famosos y multidud de asociaciones han decidido exponer su nombre en las redes para hacer frente a la nueva idea homófoba del partido de Abascal.

Además, la asociación  COGAM ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que actúe de oficio contra Vox por la «persecución política» contra el colectivo LGTBI.

A través de un comunicado, informan de que  los contenidos de diversidad afectivo-sexual que llevan a los centros escolares son «obligatorios y están establecidos como contenido transversal en la LOMCE» y que estos talleres «cubren una necesidad» del alumnado «no satisfecha» por la Administración.

«En el año 2018 nuestros programas educativos tuvieron 10.798 personas beneficiarias, siendo estos beneficiarios menores y jóvenes de centros educativos de la Comunidad de Madrid o que participan en centros de intervención socio-educativa, así como familias, docentes y otros profesionales que intervienen con menores y jóvenes», ha explicado al organización, que ha remarcado que sus cursos tienen «una alta demanda y muy buena acogida». Así, ha precisado que la petición solo la pueden entender como «una persecución política contra todo colectivo que no piense como ellos o no les siga el juego».

Yo he dado charlas sobre cuestiones LGTB en colegios, ayuntamientos y salones de actos enormes. También en círculos culturales, hablando sobre libros con gente que tiene dos dedos de frente. Y tan a gusto #ApuntaMiNombreVox pic.twitter.com/2QGUrNNE8g

— Elena Flores (@elenab_flores) July 12, 2019

Fuente Cromosomax/Oveja Rosa

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La Fiscalía entrega al Vaticano una solicitud de expedientes de supuestos abusadores

El fiscal explica el allanamiento: “Estamos recabando y complementando antecedentes”

Chile entrega al Vaticano una solicitud de expedientes de investigados por abusos

Un portavoz afirma que han entregado los antecedentes requeridos por la Fiscalía

La policía allanó el martes la sede de la Conferencia Episcopal de Chile en el marco de una causa sobre presuntas violaciones y abusos sexuales cometidos por miembros de la Congregación Marista, informó el fiscal Raúl Guzmán, quien además precisó al efectuar la redada que “estamos recabando y complementando antecedentes que ya habíamos recibido para la identificación de víctimas que han formulado denuncias por abusos de distinto tipo, particularmente, de carácter sexual”.

Guzmán y personal de la policía de investigaciones llegaron con una orden judicial para que les abrieran el paso en la sede ubicada en pleno centro de la ciudad.

El fiscal investiga más de 35 denuncias de víctimas que afirman que mientras estudiaban en colegios maristas y eran menores de edad fueron abusados reiteradamente.

El fiscal Raúl Guzmán, en la sede de la Conferencia Episcopal chilena

Exalumnos entrevistados por The Associated Press afirmaron que fueron abusados no solo por los religiosos sino también por sacerdotes capuchinos y el exvicario de la Solidaridad Cristián Precht, quien en noviembre del año pasado terminó un castigo de cinco años sin oficiar misa por comportamientos abusivos contra adultos y menores.

Los datos que comprometen a Precht fueron enviados al Vaticano a comienzos de agosto para que se le inicie una nueva investigación canónica, informó la Iglesia.

Ya por otro lado, la Cancillería chilena entregó al Vaticano la solicitud de la Fiscalía para obtener los expedientes canónicos que involucran a clérigos chilenos investigados por abusos sexuales y el informe que elaboró el arzobispo Charles Scicluna tras su primera visita al país, informó hoy el Ministerio Público.

La embajada de Chile en Italia presentó ayer la solicitud de la Fiscalía chilena en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, en Roma.

Según el Ministerio Público, la nota de la Cancillería señala que la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía será el punto de contacto para las gestiones que sean necesarias con el Vaticano a partir de ahora.

La solicitud de la Fiscalía Nacional aúna tres requerimientos de asistencia internacional en materia penal respecto de nueve personas investigadas por las Fiscalías Regionales de Valparaíso, Metropolitana Sur de Santiago y de La Araucanía.

Ahora @FiscaliadeChile allana la sede de la Conferencia Episcopal de Chile @episcopado_cl @iglesiachile No me quiero ni imaginar lo q puede haber ahí. Es como la cueva de Alí Babá!

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 14 de agosto de 2018

La petición incluye el llamado ‘Informe Scicluna‘, un extenso documento de 2.000 páginas que el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, elaboró después de su primera visita a Chile como enviado del Papa Francisco para recopilar antecedentes de abusos sexuales cometidos por miembros del clero del país austral.

El Papa, que en un comienzo minimizó los abusos, cambió su percepción después de leer el informe de Scicluna y decidió citar a los obispos de la Conferencia Episcopal chilena a Roma.

Los obispos presentaron sus renuncias en bloque al Papa, que hasta el momento ha aceptado cinco de ellas en una de las peores crisis en la historia de la Iglesia chilena.

El portavoz de los obispos chilenos, Jaime Coiro, comparece ante la prensa

(Prensa CECh).- Durante la tarde del martes 14 de agosto, el portavoz de la Conferencia Episcopal, diácono Jaime Coiro, en un encuentro con los medios de prensa, explicó que “en el día de hoy se ha presentado en dependencias de la Conferencia Episcopal, el Fiscal Sr. Raúl Guzman con personal de la PDI para recabar antecedentes complementarios de un oficio que se había solicitado al presidente de la Conferencia Episcopal. Se ha procedido a hacer entrega de los antecedentes que han sido requeridos en el día”.

Ante consultas periodísticas, Jaime Coiro enfatizó además en que con anterioridad el Ministerio Público había solicitado algunos antecedentes, los que oportunamente fueron entregados por la Conferencia Episcopal.

Acerca del procedimiento judicial en sí mismo, Coiro señaló que siempre se colaborará con la justicia en la búsqueda “de un bien que la Iglesia suscribe que es el esclarecimiento de la verdad y la justicia sobre casos gravísimos como son los delitos de abusos sexuales a menores de edad”.

Fuente Agencias/Religión Digital

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Odio contra refugiados y personas LGTBI

“Una simple manifestación de la libertad de expresión” 

¡Qué barato sale insultar y destilar odio en este país! Dan ganas de parafrasear el discurso de estos señores haciendo referencia a ellos y a algunos jueces… ¿Sería libertad de expresión o desacato a la Justicia y odio a la Fe?

La Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Red Española de Inmigración y ha confirmado el sobreseimiento de la causa contra el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al que se le atribuían frases que fomentaban el odio contra los refugiados.

En un auto de la sección cuarta dado a conocer por la Red Española de Inmigración, el tribunal considera que las frases pronunciadas por Cañizares en un foro público y en homilías constituyen “una simple manifestación de la libertad de expresión y de comunicación de ideas sobre temas que forman parte del debate publico”.

El auto no condena en costas porque, aunque considera que tendrían que haber sido “obligatorias ante la patente falta de fundamento y temeridad manifiesta de la apelación“, no ha lugar a ellas por “las ausencias explicativas de la resolución” del juzgado de instrucción “y por la fórmula del sobreseimiento provisional empleada en su parte dispositiva”.

En los razonamientos jurídicos, el auto considera que la pregunta que se hace el cardenal de “si es todo trigo limpio” es “una expresión coloquial y familiar (…) que se refiere a los sujetos vinculados a la delincuencia terrorista coetánea, que afecta a una minoría y constituye un deseo de exclusión socialmente compartido“.

Sobre las frases referidas a la “ideología de género”, el auto considera que “están vinculadas a la regulación constitucional del derecho a la objeción de conciencia y se entiende que gravitan en todo caso sobre la diferencia entre las leyes permisivas y las prohibitivas, por lo que son completamente ajenas a la discusión penal“.

La resolución judicial considera también que la frase “caballo de Troya” atribuida a determinados refugiados alude “a las dificultades de integración y a los problemas de convivencia que pueden generar las entradas masivas de personas sin trabajo, sin conocimiento del idioma nativo y con otras costumbres y religión distintas a la general del país receptor”.

Con la frase “imperio gay y ciertas ideologías feministas”, el auto considera que Cañizares deja constancia de “los ataques que está padeciendo el concepto de familia cristiana desde determinados grupos que sostienen otra concepción distinta” y que es “un modo retórico de acentuar su poder de comunicación o presión social, nada que escape al conocimiento de cualquier ciudadano”.

Tras conocer el auto de sobreseimiento, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha expresado su desacuerdo y considera que, en los razonamientos expresados en el auto, “los magistrados han olvidado su papel de garantes de la neutralidad y adoptan una parte del todo defensiva y defensora de la persona del cardenal Cañizares”.

La Red de Inmigrantes critica también el “tiempo récord” en que la Audiencia ha puesto fin a un procedimiento y asegura que los magistrados, más que redactar un fallo, “han adoptado la postura de abogado defensor del acusado”, además de proteger “a la Iglesia Católica de igual forma que se hacía en la época medieval”.

Por su parte, la fiscalía de Córdoba ha decretado este miércoles el archivo de la denuncia y el escrito presentados contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por supuestas «declaraciones homófobas».

El Ministerio Público ha ordenado el archivo de estas denuncias basándose en la doctrina denominada «proscripción de causas penales generales», es decir por ser una denuncia generalista y no recoger un hecho punible concreto y determinado, según informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía de Córdoba ha tardado unas semanas en estudiar la causa desde que recibió la primera denuncia presentada por un particular, en la que el primer denunciante, Rafael Bueno Redondo, recogía unas declaraciones del obispo de Córdoba, en las que denominó como «bomba atómica» a la ideología de género. Por ello, en esta denuncia, ahora archivada, se instaba a la Fiscalía a considerar como delitos de incitación al odio las declaraciones «homófobas y vergonzantes» del prelado.

Fuente Religión Digital/Agencias)

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La Fiscalía ya cuenta con tres denuncias contra Demetrio Fernández

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El colectivo Lambda, promotor de la demanda, consideró que las palabras de Cañizares “sobrepasan la libertad de expresión y pueden estar consideradas como delitos de odio”.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido abrir diligencias contra el cardenal arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, por un presunto delito de odio, gracias la denuncia presentada por el colectivo Lambda, a la que se adhirieron otras 55 entidades sociales, por las declaraciones sobre el “imperio gay” y el feminismo.

En una misa celebrada en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Valencia el pasado 16 de mayo, Cañizares lamentó que en los últimos años “ha asistido a una importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos, ayudados por otros poderes como el ‘imperio gay’ y ciertas ideologías feministas”. En cuanto a la próxima aprobación en la Comunitat Valenciana y en otras regiones de “leyes que fomentan la ideología de género“, Cañizares opinó que esta es “la más insidiosa que ha habido en toda la historia de la humanidad”.

Días después, el 2 de junio, el cardenal arzobispo de Valencia hizo pública una carta abierta a la diócesis en la que indicaba que “ni es homófobo, ni xenófobo, ni sexista” y que se sentía “condenado” por “prejuicios” y lecturas “sesgadas” de la citada homilía. En esta misma carta apuntó: “Retiro aquellas palabras de mi homilía, como no dichas, que hayan podido herir o molestar a algunos”. Sin embargo, desde el colectivo Lambda no consideraron “suficiente” las “disculpas” del arzobispo.

Como nos ha demostrado el terrorífico atentado perpetrado en Orlando, los mensajes de odio van calando en algunas personas y, en los casos más extremos, provocan actos de violencia de diverso tipo.

Si en otros países pueden gozar de impunidad, en España los discursos de odio son un delito y está en mano de todxs (asociaciones, instituciones gubernamentales y población civil) terminar con estos mensajes. Y, sin lugar a dudas, el mejor medio para detener este tipo de alegatos discriminatorios es la denuncia.

Denunciar una y otra vez para demostrar que la mayor parte de la sociedad española mantiene un compromiso de tolerancia cero con cualquier forma de segregación.

Y es que los delitos de odio, son invisibles, recónditos y por ello se necesita de un altavoz social que se haga eco de este tipo de actitudes para que no se vuelvan a repetir.

Tras unas polémicas declaraciones atacando al colectivo LGTB y al feminismo, Lambda, el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de Valencia, puso en marcha una denuncia conjunta contra el cardenal Antonio Cañizares a la que se sumaron un total de 55 entidades sociales.

Entre las 55 entidades que se han sumado a la denuncia están partidos políticos como València en Comú, Compromís, UPyD, el Partit Comunista de la Comunitat Valenciana, Verds Equo València, o Izquierda Alternativa de Buñol-Els Verds del PV; y asociaciones como el Movimiento Contra la Intolerancia, el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Safor o la asociación de familias homoparentales Galesh.

A esta acción también se suma otra a través de la red con una recogida de firmas para pedir al papa Francisco que “sea coherente con su mensaje de paz y amor y condene este tipo de discurso racista, machista, xenófobo, homófobo y tránsfobo, y que el arzobispo de Valencia deje de utilizar estos argumentos en sus discursos y se disculpe sinceramente”.

No es la primera vez que el arzobispo Cañizares es centro de la polémica. El año pasado, la Mesa d’entitats de solidaritat amb els inmigrants, protestó a las puertas del Palacio Arzobispal de Valencia contra sus palabras sobre los refugiados y migrantes.

Ahora, la justicia provincial de Valencia ha decidido abrir una investigación por un presunto delito de odio y la Fiscalía tiene seis meses para valorar si sus palabras son punibles.

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Fernando Sebastián, ascendido recientemente por el Papa, afirmó en una entrevista que la homosexualidad es una “deficiencia” que “se puede normalizar con tratamiento“

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