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Según un estudio de la Fundación Vodafone, la mayoría de delitos contra personas LGTB+ no se denuncian a la policía

Miércoles, 21 de diciembre de 2022
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homofobiastopSegún un nuevo estudio, la mayoría de las víctimas de delitos motivados por el odio hacia las personas LGBTQ+ no denuncian los hechos a la policía porque consideran que son “demasiado leves” y no confían en el servicio.

En un intento de poner de relieve el alarmante aumento de los delitos de odio y los incidentes contra la comunidad homosexual, un estudio para una aplicación que lucha contra los delitos de odio LGBTQ+ ha revelado algunas verdades desgarradoras.

 Según el informe encargado por la Fundación Vodafone, el 68% de las personas de la comunidad queer afirman haber sido objeto de un delito de odio por su orientación sexual o identidad de género en el último año.

Otro 27% afirmó haber sufrido lesiones físicas como consecuencia de un ataque motivado por el odio, mientras que el 65% declaró haber sufrido insultos o haber sido ridiculizado.

Pero un asombroso 75% de estas víctimas afirmaron no haber denunciado nunca un delito de odio a la policía.

Algo más de la mitad (53%) de las personas encuestadas dijeron que consideraban que el incidente era demasiado leve para denunciarlo, mientras que el 42% afirmaron que no confiaban en que la policía se tomara en serio su denuncia o hiciera algo al respecto.

La encuesta en línea sondeó los resultados de 1.0008 adultos mayores de 18 años de la comunidad LGBTQ+.

Coincide con el lanzamiento de Zoteria, una aplicación creada por la Fundación Vodafone, que ofrece ayuda y asesoramiento a los afectados por delitos motivados por el odio. También permite denunciar incidentes relacionados con delitos de odio.

El lanzamiento de la aplicación se produce tras un concurso mundial en el que se pedía a los empleados que crearan una solución tecnológica para un problema social que les preocupara.

Marta Lima dirigió el equipo ganador y eligió abordar los delitos motivados por el odio hacia las personas LGBTQ+.

Lima, ingeniero informático, declaró: “Como miembro de la comunidad LGBTQ+, soy muy consciente de lo frecuentes que son los incidentes de delitos de odio.

“Me ha pasado a mí, y todas las personas que conozco de la comunidad tienen una historia. A menudo la gente no conoce sus derechos, no cree que la vayan a tomar en serio, ni que denunciar un incidente tenga importancia.

“Pero los datos son fundamentales para impulsar el cambio. Queríamos crear una aplicación que animara a la comunidad y a sus aliados a dar un paso al frente, unirse y empoderarse, facilitando la señalización de incidentes tanto en calidad de víctima como de espectador.”

Leni Morris, directora ejecutiva de Galop, organización benéfica contra el abuso de personas LGBTQ+, afirmó que la aplicación “pondrá en contacto directo a las personas LGBTQ+ que necesiten ayuda con nuestros servicios, dirigidos por personas LGBTQ+”.

En su opinión, junto con otros recursos disponibles, contribuye a un futuro en el que “todas las personas LGBTQ+ del Reino Unido tengan acceso a apoyo especializado tras sufrir abusos y violencia”.

Nancy Kelly, directora ejecutiva de Stonewall, que colaboró con Vodafone y Galop en la aplicación, afirmó que es necesario que “todos pongamos de nuestra parte para denunciar el odio y asegurarnos de que las víctimas reciben el apoyo que necesitan”.

Y añadió: “Hacemos un llamamiento a las personas LGBTQ+ y a sus aliados para que descarguen la aplicación, apoyen a nuestras comunidades y nos ayuden a defender el cambio.”

Se produce después de un fuerte aumento de los delitos de odio LGTBI+ en todo el país, con cifras recientes del Ministerio del Interior que detallan al menos 155.841 delitos de odio registrados entre marzo de 2021 y marzo de 2022.

Según el informe, los delitos de odio aumentaron aproximadamente un 26% respecto al año anterior. Este es el aumento más significativo de delitos de odio denunciados desde 2016/17, cuando las estadísticas mostraron un aumento del 29% en comparación con 2015/16.

Fuente Pink News

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Demandas por Ley Zamudio bajan un 5,7% y solo en el 23,4% del total de casos se dictó sentencia

Jueves, 16 de julio de 2020
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ley-zamudio-movilh-752x394Así lo arrojó un estudio del Movilh basado en cifras del Poder Judicial, en el marco del octavo aniversario de la entrada en vigencia de la norma.

Con motivo del octavo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 20.609 que Establece Medidas contra la Discriminación, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) desarrolló una investigación para conocer el impacto de la norma, teniendo como fuente a cifras oficiales del Poder Judicial obtenidas mediante la Ley de Transparencia.

“La conclusión más clara y contundente de este rastreo de información es que la Ley Zamudio se ocupa poco, cada vez se utiliza menos y en escasas oportunidades, solo en el 23,4% de los casos, los procesos han terminado en sentencia. Esto viene a decir una vez más que la ley, desde el punto de vista punitivo, es un león sin dientes que debe reformarse para que efectivamente cumpla con su propósito”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El dirigente apuntó que, en tal sentido, el Movilh “ya ha hecho llegar sus propuestas al Senado, donde se tramita un proyecto de reforma, así como al Gobierno y a diputados/as que están trabajando otras iniciativas con similares fines”.

Resultados del estudio

Basado en cifras del Poder Judicial, el estudio del Movilh arrojó que entre 2012 y el 31 de mayo del 2020 se presentaron un total de 465 demandas por Ley Zamudio a lo largo de todo el país.

221 fueron presentadas en el Gran Santiago, seguido por las regiones de Valparaíso (48),  La Araucanía (31), el Biobío (25), Coquimbo (23), Los Lagos (20), O´Higgins (17), Arica y Parinacota (13), Maule (11), Los Ríos (11), Aysén (11), Antofagasta (8), Magallanes (8), Atacama (7), Tarapacá (6) y Ñuble (5).

Del total, 13 fueron presentadas en 2012; 32 en 2013; 57 en 2014; 79 en 2015; 64 en 2016; 72 en 2017; 70 en 2018 y 66 en 2019, mientras que en lo corrido del 2020 se han cursado 12.

«Esto implica que en 2019 la presentación de las demandas experimentaron una baja del 5,7%. Todo indica que este descenso incrementará en 2020, pues en medio año apenas van 12 demandas”, relató el Movilh.

Al considerar las 465 demandas cursadas desde el 2012 a mayo del 2020, el 29% denunció discriminación por discapacidad, el 13% por enfermedad, el 12% por ideología u opinión política, el 7% por orientación sexual y el 4% por  identidad de género. El resto se divide entre las otras categoría protegidas por la ley.

Además, a mayo del 2020  el 59,5 del total de demandas presentadas en ocho años habían cerrado su proceso, lo que equivale a 277 acciones judiciales. Sin embargo, solo el 23,4% terminó con sentencias.

En efecto, las 277 causas que terminaron el proceso se dividen en 109 sentencias. Le siguen 52  cierres por “no presentada la demanda”;  mientras en 48 casos no se dio curso a la demanda; en 19 hubo conciliaciones; en 10 se retiró la demanda; en 9 hubo avenimiento, en 7 abandono de proceso; en 7 no correspondió el ingreso;   en 6, incompetencia; en 5, desistimiento; en 2, excepción por vicio insubsanable; en 2,  transacciones y en un caso el cierre fue otros motivos.

Por último, y al considerar los cierre de procesos por año, en 2012 no concluyó ninguno, en 2013, 16; en 2014, 36; en 2015,  38; en 2016, 51 en 2017,  50; en 2018, 47;  en 2019, 33 y en  2020, 6.

Fuente MOVILH

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Barra libre… pueden seguir insultando: Archivan las denuncias contra los obispos Antonio Cañizares y Demetrio Fernandez

Viernes, 16 de septiembre de 2016
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justicia-no-ciegaOdio contra refugiados y personas LGTBI

Una simple manifestación de la libertad de expresión” 

¡Qué barato sale insultar y destilar odio en este país! Dan ganas de parafrasear el discurso de estos señores haciendo referencia a ellos y a algunos jueces… ¿Sería libertad de expresión o desacato a la Justicia y odio a la Fe?

La Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Red Española de Inmigración y ha confirmado el sobreseimiento de la causa contra el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al que se le atribuían frases que fomentaban el odio contra los refugiados.

En un auto de la sección cuarta dado a conocer por la Red Española de Inmigración, el tribunal considera que las frases pronunciadas por Cañizares en un foro público y en homilías constituyen “una simple manifestación de la libertad de expresión y de comunicación de ideas sobre temas que forman parte del debate publico”.

El auto no condena en costas porque, aunque considera que tendrían que haber sido “obligatorias ante la patente falta de fundamento y temeridad manifiesta de la apelación“, no ha lugar a ellas por “las ausencias explicativas de la resolución” del juzgado de instrucción “y por la fórmula del sobreseimiento provisional empleada en su parte dispositiva”.

En los razonamientos jurídicos, el auto considera que la pregunta que se hace el cardenal de “si es todo trigo limpio” es “una expresión coloquial y familiar (…) que se refiere a los sujetos vinculados a la delincuencia terrorista coetánea, que afecta a una minoría y constituye un deseo de exclusión socialmente compartido“.

Sobre las frases referidas a la “ideología de género”, el auto considera que “están vinculadas a la regulación constitucional del derecho a la objeción de conciencia y se entiende que gravitan en todo caso sobre la diferencia entre las leyes permisivas y las prohibitivas, por lo que son completamente ajenas a la discusión penal“.

La resolución judicial considera también que la frase “caballo de Troya” atribuida a determinados refugiados alude “a las dificultades de integración y a los problemas de convivencia que pueden generar las entradas masivas de personas sin trabajo, sin conocimiento del idioma nativo y con otras costumbres y religión distintas a la general del país receptor”.

Con la fraseimperio gay y ciertas ideologías feministas”, el auto considera que Cañizares deja constancia de “los ataques que está padeciendo el concepto de familia cristiana desde determinados grupos que sostienen otra concepción distinta” y que es “un modo retórico de acentuar su poder de comunicación o presión social, nada que escape al conocimiento de cualquier ciudadano”.

Tras conocer el auto de sobreseimiento, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha expresado su desacuerdo y considera que, en los razonamientos expresados en el auto,los magistrados han olvidado su papel de garantes de la neutralidad y adoptan una parte del todo defensiva y defensora de la persona del cardenal Cañizares”.

La Red de Inmigrantes critica también el “tiempo récord” en que la Audiencia ha puesto fin a un procedimiento y asegura que los magistrados, más que redactar un fallo, “han adoptado la postura de abogado defensor del acusado”, además de proteger “a la Iglesia Católica de igual forma que se hacía en la época medieval”.

Por su parte, la fiscalía de Córdoba ha decretado este miércoles el archivo de la denuncia y el escrito presentados contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por supuestas «declaraciones homófobas».

El Ministerio Público ha ordenado el archivo de estas denuncias basándose en la doctrina denominada «proscripción de causas penales generales», es decir por ser una denuncia generalista y no recoger un hecho punible concreto y determinado, según informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía de Córdoba ha tardado unas semanas en estudiar la causa desde que recibió la primera denuncia presentada por un particular, en la que el primer denunciante, Rafael Bueno Redondo, recogía unas declaraciones del obispo de Córdoba, en las que denominó como «bomba atómica» a la ideología de género. Por ello, en esta denuncia, ahora archivada, se instaba a la Fiscalía a considerar como delitos de incitación al odio las declaraciones «homófobas y vergonzantes» del prelado.

Fuente Religión Digital/Agencias)

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La iglesia católica de EEUU gasta 150 millones de dólares en indemnizaciones por los casos de pedofilia

Miércoles, 22 de abril de 2015
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victimas-de-abusos_560x280Entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014

Se contabilizaron 657 denuncias de abusos sexuales a menores

La iglesia católica de Estados Unidos gastó entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014 unos 120 millones de dólares para apoyar a víctimas de abuso sexual de clérigos y 30 millones en programas de prevención de la pedofilia, según un informe anual publicado el viernes.

La mayor parte de los 150 millones de dólares se destinaron a indemnizaciones, terapias de las víctimas y gastos legales, indicó el informe, encargado por la Conferencia episcopal de Estados Unidos.

Desde que en 2002 estallara un escándalo sobre actos de pedofilia cometidos por sacerdotes, los obispos de Estados Unidos realizan un estudio anual sobre las denuncias presentadas al respecto en el país.

Varios altos funcionarios de la iglesia reconocieron que habían protegido a sacerdotes responsables de abusos sexuales de niños.

Según el informe, hubo en el período considerado 657 denuncias de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, de los cuales 130 han sido reconocidos, 243 están todavía bajo investigación y el resto no han sido probados. La mayoría de las denuncias se refieren a acontecimientos que tuvieron lugar hace años.

No debemos ser complacientes con lo que se ha logrado. Debemos continuar cumpliendo nuestra promesa” de sanar lo ocurrido en 2002, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Joseph Kurtz. “La iglesia ayudará a (…) echar luz sobre lo oscuro y a combatir el mal y los abusos dondequiera que se cometan”, agregó.

(RD/Agencias)

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