Es la primera ley de la Comunidad de Madrid que aprueba la oposición y no cuenta con el apoyo del Gobierno regional, el Partido Popular.

Nuestra enhorabuena a hombres y mujeres trans de la Comunidad de Madrid, que desde este jueves 17 de marzo cuentan con la que posiblemente es la más avanzada de las leyes integrales de transexualidad de España. La pérdida de la mayoría absoluta del PP en las pasadas elecciones regionales ha obrado el milagro. Después de que en anteriores legislaturas ese partido rechazase por dos veces la toma en consideración de un proyecto en ese sentido, ahora PSOE, Podemos y Ciudadanos lo han convertido en ley. Lo han hecho, además, de la mejor manera posible: de la mano de los colectivos LGTB.

El texto consensuado con los colectivos trans y presentado en su momento por PSOE, Podemos y Ciudadanos ha sido el que finalmente se ha debatido y convertido en ley, gracias a los votos de estas tres formaciones y a pesar de las 48 abstenciones del PP (cabe recordar que los populares gobiernan en minoría en esta legislatura, gracias al apoyo que Ciudadanos brindó para investir presidenta a Cristina Cifuentes, y que la suma de votos de los tres grupos de la oposición representa la mayoría absoluta en el parlamento autonómico), un hecho inédito en las últimas dos décadas.

Cifuentes, que sí estaba dispuesta en esta ocasión a aprobar una ley integral de transexualidad y que de hecho había presentado por sorpresa una propuesta propia en septiembre, ha preferido finalmente no sumarse a un proceso no liderado por ella. Como en su momento recogimos, la presidenta de la Comunidad de Madrid invitó al acto formal de presentación de su propuesta a varios colectivos LGTB (aunque estos no habían participado en su redacción) pero dejó fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la ley y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid. PSOE, Podemos y Ciudadanos prefirieron sin embargo consensuar un proyecto con los colectivos que luego pudiera ser aprobado por unanimidad y sin protagonismo específico de ningún partido.

El proceso ha llegado a su final y el PP, desgraciadamente, ha preferido no sumarse a la unanimidad y abstenerse. La ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid es ya una realidad. Una ley que no distingue de nacionalidades y que entre otros avances contempla la situación de las personas transexuales menores de edad en el ámbito sanitario e insta a la Comunidad a proporcionar a todas las personas transexuales que lo soliciten acreditaciones acordes a su identidad de género en aquellos casos en los que estas sean necesarias para acceder a sus servicios administrativos. La norma dedica también un espacio a los menores intersexuales y garantiza su integridad corporal, promueve el desarrollo de protocolos específicos en el ámbito educativo o en el policial y establece un catálogo de infracciones y sanciones que pueden llegar a suponer la inhabilitación para contratar o recibir ayudas de los fondos públicos de la Comunidad a quienes discriminen a las personas trans.

Por encima de las distintas sensibilidades políticas, de las siglas o de los intereses de partido, PSOE, Ciudadanos y Podemos han sido capaces de poner por encima de todo los derechos, la dignidad y la igualdad del colectivo de personas transexuales. El mérito es del activismo, por su larga e incansable lucha, aunque en el parlamento autonómico tres han sido las diputadas protagonistas: Carla Antonelli (PSOE), Beatriz Gimeno (Podemos) y Eva Borox (Ciudadanos). Esta última hoy dimitida por su relación con uno de los cabecillas de una trama de corrupción política, pero a la que en este caso no debemos negar su buen hacer.

Sería injusto, sin embargo, no reconocer de forma muy especial el trabajo incansable de Carla Antonelli durante todos estos años. Es por eso que insertamos su emotiva intervención en el pleno de ayer:

A la espera de una ley estatal

La regulación de los derechos de las personas trans e intersexuales para su integración y desarrollo igualitarios en la Comunidad de Madrid ha sido acogida con gran satisfacción por el movimiento activista, que ahora dirige sus esfuerzos a la consecución de una ley de amplitud estatal.

La aprobación de la ley madrileña es sin duda una buena noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó sin duda un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria o la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades). El activismo ve necesario y urgente la elevación de estos derechos a nivel nacional para evitar desigualdades por razón geográfica que afecten a los derechos de estas personas, pues según donde residan, son más vulnerables a la exclusión e invisibilidad.

Queda pendiente, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Sin duda en aquel momento esa ley significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es una norma absolutamente desfasada que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (el propio Tribunal Supremo cuestionaba esta semana su constitucionalidad precisamente por ello). Una nueva norma que debería incluir además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal.

La aprobación ayer de Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación por el Pleno de la Asamblea de Madrid subsana -en potencia, todavía- una infame deuda social de décadas con el colectivo de personas trans e intersexuales. Por esta razón, l*s representates de movimiento LGTBIQ han felicitado encarecidamente la voluntad de los grupos PSM (PSOE), Podemos y Ciudadanos para hacer llegar a la regulación del gobierno territorial las principales demandas de las personas del colectivo y sus familias.

Es el caso de la asociación universitaria inclusiva Arcópoli, que a través de un comunicado ha ensalzado la ruptura de barreras que implica la atención integral de la salud de las personas trans, así como la construcción de mecanismos que ayuden al desarrollo del colectivo en el ámbito público y eviten las situaciones de estigmatización y privación de derechos que enfrentan las personas trans e intersexuales.

En este sentido, la entidad destaca que la apuesta de manera clara por ser sensible a la diversidad y primar el respeto a la identidad de genero del hombre y mujer transexual a la hora de establecer los procedimientos médicos, sociales y psicológicos que se consideren de manera individualizada, desde la premisa de que no todas las personas viven la transexualidad de la misma manera.

En palabras de Yago Blando, coordinador de Arcópoli:

Hoy la sociedad y las instituciones madrileñas son un poco más decentes. Hoy se apuesta por un colectivo que ha estado marginado durante siglos, el más discriminado dentro de nuestro colectivo, y el que proporcionalmente recibe más delitos de odio. Además, queremos felicitar y agradecer a PSOE, Ciudadanos y Podemos por aprobarla por una gran mayoría transversal”.

La ley, elaborada sobre la formulada por el area trans de la Fundación Triángulo, “Es algo mas que una ley para Madrid, es la ruptura de una barrera histórica y el anticipo de una futura ley de identidad de genero estatal por la que este colectivo lleva años luchando”, ha declarado Marina Saenz, coordinadora del área trans de FT y redactora material de buena parte del texto legal.

En palabras de Jose Maria Nuñez, presidente de FT, “Es realmente un momento histórico para el movimiento Trans y para todo el movimiento LGBT español, esta ley marca el camino de la necesaria ley estatal. Una auténtica pena que el PP de Madrid se haya opuesto a sumarse al consenso logrado entre los colectivos LGBTI con Podemos, Ciudadanos y PSOE“.

En una nota de prensa FELGTB recuerda que en su última conferencia todos los grandes partidos del arco parlamentario se comprometieron a la creación de una Ley Integral de Transexualidad Estatal, por lo que estiman que su llegada no debería demorarse más.

De la misma manera, la entidad señala que resulta gratamente simbólico la aprobación de la ley madrileña durante la semana de la Visibilidad Trans, en la que se reivindica el derecho del colectivo de vivir su identidad sin ocultarse ni sufrir consecuencias negativas por ejercer dicho derecho.

En este sentido, Mané Fernández, portavoz de FELGTB, ha afirmado

Es imprescindible y urgente una Ley Integral Estatal donde todas las realidades se vean reflejadas, que no sea patologizante, y que, de una vez por todas, se atienda a las necesidades de los menores y jóvenes transexuales”. 

Finalmente, la Federación recuerda que no puede quedar fuera de esta ley estatal la articulación de los derechos del colectivo en materia laboral, por ello, la entidad organiza hoy y mañana las II Jornadas ‘Derechos Reales para las Personas trans en el mundo Laboral’ junto a FSC CCOO en las que presentará la guía práctica ‘Personas Trans en el ámbito laboral: Guía para el proceso de transición’.

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Nuria Medina

El PSN también ha pedido que se promuevan acciones conjuntas con colectivos, especialmente los días 17 de mayo, Día Mundial contra la discriminación LGTBI, y 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI.

El PSN ha presentado una moción en la que se insta al Gobierno de Navarra a elaborar una ley foral para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, “así como a desarrollar el marco normativo para establecer un régimen sancionador adecuado para erradicar la LGTBI-fobia”.

Los socialistas piden también la creación del Consejo Navarro de colectivos LGTBI y “el desarrollo pleno” de la Ley Foral 12/2009 de No Discriminación Por Motivos de Identidad de Género y De Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales.

En un comunicado, la parlamentaria socialista y portavoz de Derechos Sociales, Nuria Medina, ha afirmado que “a pesar de los avances normativos y sociales logrados para el respeto a la diversidad sexual, seguimos viviendo episodios cotidianos de LGTBI-fobia (homofobía, lesfobia, transfobia y bifobia), y debemos reconocer que la sociedad necesita superar prejuicios y estereotipos, anclados en el pasado, para seguir avanzando en derechos sociales”.

Medina ha subrayado que en España la discriminación por motivo de orientación sexual o de identidad de género “es ya incompatible con la ley, gracias al movimiento asociativo LGTBI y a la responsabilidad y sensibilidad de los poderes públicos, lo que se ha traducido en avances relevantes en cuanto al reconocimiento de la diversidad sexual, de género y familiar y a su concreción en medidas legislativas” como la Ley de Identidad de Género de 2007 o la Ley de matrimonios del mismo sexo aprobada en 2005.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Consejo Navarro de colectivos LGTBI, Gobierno de Navarra, Navarra, Nuria Medina, PSN-PSOE

La esperada regulación de los derechos de las personas trans de la Comunidad de Madrid avanza un paso más. El texto consensuado con los colectivos trans y presentado conjuntamente por el PSOE, Podemos y Ciudadanos,  será finalmente el que se someterá a debate y el que acabará convirtiéndose en ley, previsiblemente. La aprobación de la toma en consideración de la proposición de ley ha sido posible gracias a los 76 votos de estas tres formaciones y a pesar de las 48 abstenciones del PP cuya propuesta legislativa ha sido enmendada a la totalidad por sus tres grupos opositores (cabe recordar que el PP gobierna en minoría en esta legislatura y que la suma de votos de los tres grupos de la oposición representa la mayoría absoluta en el parlamento autonómico). La diputada socialista Carla Antonelli recordaba la coincidencia con el Día Internacional de la Memoria Transexual.

Esta mañana ha tenido lugar en el Pleno de la Asamblea de Madrid el debate de la Ley de Transexualidad registrada por los grupos políticos de Ciudadanos, PSOE y Podemos como enmienda a la totalidad del proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo gubernamental, criticado por no contar con las demandas de los colectivos de familias y personas trans.

De esta manera los tres partidos opositores han logrado que la Proposición de Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid sea la tomada en consideración por la Cámara, que lo ha aprobado con los 76 votos a favor de las tres formaciones y la abstención de los 48 asientos del grupo popular.

La Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid cada día está más cerca de ser una realidad. Por encima de las distintas sensibilidades políticas, de las siglas o de los intereses de partido, las tres fuerzas de la oposición en la Asamblea (PSOE, Ciudadanos y Podemos) han sido capaces de poner por encima de todo los derechos, la dignidad y la igualdad del colectivo de personas transexuales. El mérito es del activismo, por su larga e incansable lucha, aunque en el parlamento autonómico tres han sido las diputadas protagonistas: Carla Antonelli (PSOE), Beatriz Gimeno (Podemos) y Eva Borox (Ciudadanos).

Por el contrario, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, liderado por Cristina Cifuentes, se ha quedado solo en la cámara regional a cuenta de la futura ley madrileña de transexualidad. Por primera vez en las últimas dos décadas, el PP no ha logrado sacar adelante un proyecto de ley en la Asamblea. Cifuentes invitó al acto formal de presentación de su inesperada propuesta de ley a varios colectivos LGTB (aunque estos no habían participado en su redacción) pero dejó fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la futura ley y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid. La actitud del PP madrileño, en este sentido, recordaba a la máxima del despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

La sintonía, las alusiones positivas y los guiños mutuos entre Antonelli, Gimeno y Borox fueron la tónica dominante durante el pleno del pasado jueves. En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de encontrar tantos elogios entre diputados de distinto signo o ver cómo se aplauden entre ellos tan sinceramente. Algo que contrastaba radicalmente con las caras largas y la soledad en la que decidió posicionarse el Partido Popular, por voluntad propia. Desde las tribunas de invitados, los colectivos trans y LGTB siguieron atentamente el desarrollo de la jornada en la cámara.

El proyecto de Ley ha sido defendido en la cámara autonómica por las parlamentarias Carla Antonelli, Beatriz Gimeno y Eva Borox, de PSOE,  Podemos y Ciudadanos,  -respectivamente- e interpelado por la diputada Ana Camíns, del Partido Popular, cuyas intervenciones han orbitado en la necesidad de la legislación en este ámbito, pese a confrontrar las divergencias de ambas propuestas. A continuación, os dejamos con las intervenciones de Carla Antonelli, Beatriz Gimeno y Eva Borox, respectivamente. ¿Qué han dicho?

Carla Antonelli (PSM-PSOE):

• Ha empezado su exposición expresando que ‘‘Hay días en que los sueños dejan de ser quimeras, y hoy es uno de ellos”.
• Continua agradeciendo ‘‘el consenso y trabajo conjunto con sus compañeras” de Ciudadanos y Podemos y los colectivos implicados en la redacción de la ley.
• Tras este momento, la diputada ha reprobado ”los múltiples bloqueos a la Ley de Transexualidad” que han tenido lugar de manera recurrente en la cámara durante los últimos años, aludiendo a la presidenta Cifuentes, presente en algunos de ellos.
• También ha reservado un momento para recordar la memoria de Pedro Zerolo, ”ejemplo y referente de la lucha para que leyes como ésta se hagan realidad” de la misma manera que pioneras del colectivo trans como Sylvia Rivera.
• Después de esto, ha reafirmado su satisfacción porque el principio de autodeterminación del género ”acabará con las evaluaciones médicas, el paternalismo y las petición de demostraciones del género” a través de cuestionarios que incluyen preguntas como -¿Te pones pantalones? -¿Y bolso? -¿Te gusta limpiar tu casa? -¿Eres creyente?.
• A su vez ha celebrado que la libre elección del centro sanitario supone la igualdad del colectivo transexual con el resto de la población.
• De la misma manera, ha determinado el avance en derechos de los menores trans e intersexuales en materia sanitaria, y la adquisición del “derecho a una documentación administrativa que acredite tu verdadera identidad“.
• También ha indicado el gran adelanto en protección que la norma incluye gracias a ”la sanción de leve a grave de las actitudes transfóbicas y la inversión de la carga de la prueba” en los denuncias tramitadas por los juzgados.
• Para finalizar, la diputada ha querido notabilizar que el 20 de noviembre ”se celebran pesadillas” -aludiendo al fallecimiento de Francisco Franco y J.A Primo de Rivera- y que  desde 2008 se recuerda a las personas trans víctimas de la violencia, que ascienden a 1731 desde entonces pero se estima que sólo son un 10% de todos los casos.

Beatriz Gimeno (Podemos)

• Ha iniciado su turno recordando que mañana se celebra el Día Internacional de la Memoria Transexual, que denuncia la ”violencia generalizada contra el colectivo” en todo el mundo.
• Tras ello, ha hecho un paralelismo con la Ley de Matrimonio Igualtario aprobada en 2005, destacando su ”poder en el cambio de actitudes sociales hacia las personas homosexuales”. Un efecto que quiere que vuelva a conseguir la aprobación de una ley de transexualidad ajustada a todas las personas del colectivo, sin dejar espacio a la exclusión.
• Posteriormente ha querido evidenciar que el colectivo transexual ”ha dado la cara por los derechos LGTB desde el principio” del movimiento, por lo que una ley de estas características ”llega muy tarde” por causa de ‘‘una gran injusticia histórica’‘.
• Entre los avances que la normativa propone, recalca ”el derecho humano a la libre determinación del género” que supone ”un paso adelante para las personas que no son binarias”.
• De la misma manera ha querido expresar que la propuesta de ley es de todos los colectivos, por lo que pone ”a las instituciones al servicio de la gente”.
• A su vez, ”protege a los menores intersexuales” de la elección normativa de su género en el momento del nacimineto.
• Para finalizar, la diputada ha afirmado que ”la lucha trans nos hace mejores a todos”, sobre todo por la penalización de las actitudes trasnfóbicas y por ”promover un cambio cultural” en la región.

Eva Borox (Ciudadanos):

• Ha iniciado su intervención manifestando la ”necesidad y urgencia de establecer un marco legal” al que puedan recurrir las personas trans,
• Tras ello, ha expresado su ”reconocimiento a padres y profesionales que apoyan los derechos” igualitarios del colectivo.
• Posteriormente ha desgranado la orientación de la ley, que implica medidas educativas, laborales, de responsabilidad social y sanitarias.
• De la misma manera ha puntualizado que esta ley garantiza el desarrollo igualitario en todas las etapas de la vida, con ”especial atención en la minoría de edad y la edad avanzada”.
• A su vez, ha querido destacar que el proyecto legislativo contempla la formación específica del entorno sanitario en el abordaje de la transexualidad a la vez que ‘‘impone sanciones contra la discriminación” y violencia.
• La diputada ha terminado su discurso asegurando que ”todavía queda mucho por hacer” en el reconocimiento de los derechos del colectivo.

Ana Camíns (PP):

• Ha comenzado su intervención agradecindo a los colectivos de activismo trans y sus familias su diligencia y apoyo que ante la redacción del texto de su formación.
• Después ha notabilizado que los textos que ambos bloques defienden ”coinciden más de lo que parece” a juzgar por las intervenciones escuchadas en la Cámara.
• Sin embargo, ha lamentado que la oposición haya polarizado el debate, puesto que se trata de una ley que pretende combatir la exclusión.
• Posteriormente ha recordado que ”la Ley de Transexualidad era un compromiso electoral de Cristina Cifuentes” contemplado en su programa, por lo que tenían el derecho y deber de articularla y presentarla.
• También ha reprobado que la oposición no les convocó a las reuniones de trabajo, y que ‘‘para hacerlo debían comprometerse a no legislar por su parte’‘, así como de no haberse molestado en leer su propuesta.
• De la misma manera ha criticado el contenido de la propuesta opositora, que tacha de ”revanchista’‘ y ‘‘minimizadora de la opinión médica‘‘.
• Ante el acceso de las personas trans a los tratamientos independientemente de su situación geográfica, ha criticado el ”desmantelamiento de la Unidad de Transexualidad de Málaga” y propone que ”exista sólo una unidad de referencia” a la que acudan todos los casos.
• La diputada ha finalizado reiterando su apoyo a la despatologización de la transexualidad y criticando que la ley opositora ”presenta deficiencias y contradicciones” con la Ley 14/2006 de Identidad de Género del gobierno socialista, instando a que los grupos de la oposición ”pongan por delante a las personas”.

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PSOE, Podemos y Ciudadanos (tres partidos que por cierto suman la mayoría absoluta) han registrado este viernes en la Asamblea regional su propuesta de ley integral de transexualidad para la Comunidad de Madrid, que ha sido elaborada junto a los colectivos LGTB y de padres y madres de menores transexuales. Hace un par de semanas, recordemos, era la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, la que presentaba de una forma bastante inesperada su borrador de anteproyecto, no sin polémica: Cifuentes invitó al acto formal de presentación a varios colectivos LGTB (aunque estos no habían participado en su gestación) pero dejó fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la futura ley y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid.

La situación no deja de ser un tanto irracional. El PP de Madrid, que no dispone de mayoría absoluta y gobierna gracias a la abstención de Ciudadanos en la votación de investidura, prefirió no sumarse al proceso que los otros tres partidos de la cámara habían puesto ya en marcha, cuyo objetivo era consensuar un proyecto con los colectivos que luego pudiera ser aprobado por unanimidad y sin protagonismo de los partidos, sino de esos mismos colectivos que llevan años luchando por conseguir este objetivo. Semanas después, Cifuentes presentó un borrador de anteproyecto por su cuenta y organizó una reunión con varios colectivos LGTB para presentárselo (junto al borrador del anteproyecto contra la discriminación), una reunión que contó con gran cobertura mediática. Una vistosidad que quedaba lejos de aquellos tiempos, parece que por fortuna desterrados, en los que la propia Cifuentes votaba en contra de una propuesta de ley integral de transexualidad presentada por la oposición socialista.

El borrador propuesto por Cifuentes, según comentó en un primer momento la diputada socialista y activista Cara Antonelli, había “calcado” algunos puntos del primer borrador que preparaban de forma conjunta oposición y  colectivos. Tras un examen más detallado, Antonelli llegó a calificarlo con un “engendro” que cercena “los derechos de los menores y de los mayores”. “Su texto es un corta y pega de nuestros borradores con ausencias que claman al cielo”, le reprochaba Antonelli a Cifuentes en el pleno celebrado hace unos días en la Asamblea de Madrid, en el que precisamente preguntaba por la ausencia de los citados colectivos en su presentación, intervención que puedes ver y escuchar aquí. Antonelli denunció que el anteproyecto popular no contempla la atención a los mayores transexuales, un tratamiento sanitario garantizado para los menores y la “amplísima batería de medidas en el sistema educativo” que el incluye el documento alternativo.

Este viernes, por fin, la propia Antonelli, junto a Beatriz Gimeno (expresidenta de la FELGTB y diputada de Podemos) y Eva Borox (diputada de Ciudadanos) han registrado en la Asamblea de Madrid esta propuesta alternativa, un acto al que han invitado, esta vez sí, a representantes de los colectivos excluidos por Cifuentes y que han participado en el proceso.

Esperamos y deseamos, por el bien de las personas trans, que el PP se avenga a negociar durante el proceso parlamentario que ahora se abre y se consiga entre todos consensuar una ley ejemplar que pueda ser aprobada por unanimidad. En caso contrario, esperamos al menos que las tres fuerzas de la oposición, que tienen mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante el proyecto, mantengan su compromiso hasta el final. No sería la primera vez que sucede algo así. Recordemos, por ejemplo, que la ley integral de transexualidad de Navarra, que en 2009 fue la primera comunidad en legislar sobre la materia, fue propuesta por Nafarroa Bai y aprobada con los votos de toda la oposición en contra de la entonces gobernante UPN, que no disponía de mayoría absoluta.

A la espera de una ley estatal

Será, sin duda, una buena noticia, como en su momento lo fueron la mencionada ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó sin duda un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria o la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades).

Queda pendiente, sin embargo, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007 (sin duda un gran avance sobre la situación anterior, pero que hoy es ya anacrónica al no incorporar el principio de despatologización de la transexualidad y no contemplar la situación de los menores) y que incluya además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal. Habrá que esperar al resultado de las próximas elecciones generales para ver en qué medida ello es posible.

Os recordamos, en este sentido, que sigue abierta la petición de Fundación Daniela en la plataforma change.org por una ley estatal de transexualidad, a la que podéis sumaros en este enlace y que en este momento lleva recolectadas más de 45.000 firmas.

Os dejamos con el vídeo de la petición:

Fuente Dosmanzanas

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Pamplona fue declarada en 2013 ‘Municipio libre de homofobia, lesbofobia y transfobia’ y el año pasado el Parlamento de Navarra apoyó la celebración de 2014 como ‘Año por el reconocimiento de los Derechos Humanos del colectivo LGTB’. Sin embargo, la Junta de Portavoces no dio su visto bueno a la pretensión de los grupos de Bildu y Aralar de que la bandera del Orgullo Gay ondeara junto a las insignias oficiales en la fachada. Ahora, todos los ojos están puestos en la abogada Socorro Sotés Ruiz como nueva miembro del Consejo de Navarra. Y es que cuenta con experiencia en el campo del Derecho de Familia, derechos de la Mujer, o derechos de gays, lesbianas y transexuales.

Desde Kattalingorri, una asociación formada únicamente por voluntarios que ofrece asesoramiento, ayuda o compañía al colectivo LGTB reconocían el año pasado que de una homofobia brutal se ha pasado a una más sutil pero sigue habiendo muchos problemas. Los jóvenes con las agresiones en el instituto, el bullying homofóbico, es una realidad muy dura que tienen que afrontar los jóvenes hoy en día. La tasa de suicidios por este tema es muy alta y se confirma esta tendencia entre los LGTB de mayor edad. Y el tema de la visbilidad sigue siendo un asunto pendiente tanto en Pamplona como en los pueblos porque todavía hay muchos gays, lesbianas y transexuales que no muestran su identidad sexual por miedo a sufrir discriminación.

La nueva presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, presidía la semana pasada el acto de toma de posesión de la abogada Socorro Sotés Ruiz como nueva miembro del Consejo de Navarra, en sustitución de Asunción Erice y le deseaba un trabajo “brillante y satisfactorio sin perder de vista que los beneficiarios de su trabajo son el conjunto de las mujeres y los hombres que componen nuestra sociedad. Ellas y ellos merecen los mayores esfuerzos de todos cuantos trabajamos en los asuntos públicos para resolver los problemas y adoptar iniciativas, ideas y proyectos que mejoren nuestra sociedad, que creen empleo, que atajen la pobreza y generen esperanza hacia un futuro mejor para todos“, ha destacado.

Socorro Sotés es una pamplonesa de 57 años, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra que ha ejercido la profesión de la abogacía y del asesoramiento jurídico con despacho propio desde el año 1982, y cuenta con experiencia en el campo del Derecho de Familia, derechos de la Mujer, o derechos de gays, lesbianas y transexuales. Actualmente, está especializada en Derecho de Responsabilidad Civil, Derecho de la Circulación y de Seguros, y Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

Ha sido asesora en el Centro de Atención a la Mujer-Andraize (1985-1989), y colaboradora de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde ha impartido monográficos durante varios años en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Trabajo Social) sobre cuestiones como los derechos de la mujeres en diversos ámbitos.

Ha sido también cofundadora de la ‘Asociación de mujeres Andrea’, y secretaria y miembro de la Junta Rectora de Ikastola San Fermín (2003-2007). Actualmente es asesora de tres compañías de seguros y de sus asegurados. Habla euskara y francés, y tiene conocimientos medios de inglés.

El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad foral y su función es asesorar al Gobierno de Navarra. Fue creado en 1999 y está integrado por siete miembros nombrados por el presidente del Gobierno de Navarra entre juristas de reconocido prestigio y experiencia que tengan la condición política navarra, cinco a propuesta del Parlamento de Navarra y los dos restantes designados por el Gobierno de Navarra. Sus miembros son nombrados para un periodo de siete años y pueden ser reelegido.

Por unanimidad, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobaba una declaración institucional por la que el Parlamento apoyaba la celebración de 2014 como “Año por el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Personas lesbianas, gays, transexesuales y bixesuales (LGTB)”, presentada por el PSN-PSOE, instando al Gobierno de Navarra a que colabore con los trabajos y actividades que se desarrollen por parte de las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB).

Así mismo, manifestaba la rotunda condena a cualquier legislación que criminalice a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y aquellas que persiguen a los defensores de los derechos humanos de las personas LGTB en todo el mundo.

También pedía al Gobierno Español que realizase las gestiones diplomáticas oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena enérgica de las legislaciones contra las personas LGTB y los defensores de los derechos humanos LGTB en cualquier parte del mundo.

Y pedía al Gobierno de España que estableciese un protocolo que garantice una especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde las personas son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y/o por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales”.

Esperamos que con una persona con una mayor sensibilidad en estos asuntos de derechos fundamentales como miembro de este consejo consultivo las cosas cambien para la comunidad LGTB en Navarra.

Fuente Ragap

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El grupo socialista de la Asamblea de Madrid, de la mano de la diputada y activista LGTB Carla Antonelli, ha propuesto al resto de grupos de la cámara comenzar a trabajar ya de forma conjunta por la aprobación de una ley integral de transexualidad. Antes de las últimas elecciones autonómicas, en un debate que fue organizado por COGAM, representantes de las cuatro formaciones políticas representadas en la Asamblea se comprometieron a ello. Y la que ya es nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, prometió en su debate de investidura sacar adelante esta ley, pese a que ella misma votó hace años en contra de un proyecto similar.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid propone al resto de los grupos en la Cámara trabajar conjuntamente en la Ley Integral de Transexualidad. Según la diputada socialista Carla Antonelli “esta es una Ley necesaria que defiende los derechos de las personas transexuales. Todos los grupos se han comprometido con las reivindicaciones de este colectivo, por lo que se entiende que atenderán la propuesta de trabajar juntos para su redacción y tramitación en la Asamblea de Madrid”.

El Grupo Socialista formula esta propuesta tras mantener, en la tarde del jueves, una reunión de trabajo con representantes de estos colectivos de Madrid, para escuchar sus demandas y reivindicaciones. Los asistentes al encuentro representaban a: COGAM, Transexualia, Chrysalis, Fundación Triángulo Madrid, Fundación Daniela, El Hombre Transexual, ARCOPOLI y Fundación 26 de Diciembre.

El Partido Socialista ya trasladó a la Asamblea, en las dos últimas legislaturas, su interés por tramitar leyes integrales de transexualidad. La mayoría absoluta del Partido Popular impidió que las iniciativas pioneras del Grupo Socialista prosperasen. “Ojalá pueda celebrar ahora lo que parece es un cambio de actitud de Cristina Cifuentes”, señala Carla Antonelli, quien  ya presentó en la pasada legislatura un proyecto de ley integral de transexualidad para la Comunidad de Madrid, que el PP –que entonces disponía de mayoría absoluta– se negó finalmente a tramitar pese a haber amagado en un principio con que podría aceptarla. El proyecto que entonces presentó el grupo socialista tras consultar con los colectrivos LGTB, y que aún puedes consultar en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del 26 de septiembre de 2013 (páginas 16.661 a 16.676) integraba como básico el principio de despatologización de la transexualidad y recogía además disposiciones sobre documentación administrativa, servicios de asesoramiento, atención sanitaria, no discriminación laboral, medidas de inserción, menores transexuales y personas mayores y mejoras en el ámbito educativo.

Un rechazo nada sorprendente entonces, dado que en junio de 2010 ya el PP había rechazado por primera vez la posibilidad de discutir un proyecto similar inpulsado por el entonces diputado socialista en la Asamblea Óscar Blanco (hoy concejal en Aranjuez). Una de las diputadas populares que entonces votó en contra fue precisamente Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre era todavía presidenta de la Comunidad y, como de hecho sigue siéndolo todavía, líder del PP madrileño. “Ojalá pueda celebrar ahora lo que parece es un cambio de actitud de Cristina Cifuentes”, ha declarado ahora Carla Antonelli, recordando el historial del PP respecto a este tema.

El Grupo Parlamentario Socialista va a instar a Podemos, Ciudadanos y al Partido Popular a trabajar conjuntamente con los colectivos implicados y, si ha lugar, registrar como fruto del consenso la iniciativa de la Ley que “debe hacer de la Comunidad de Madrid un referente para toda España en materia de derechos civiles para el colectivo que más discriminación sufre de las siglas LGTBI”, apunta la diputada socialista. Otras CCAA como Andalucía, Cataluña, Extremadura o Navarra ya disponen de legislación al respecto.

A la reunión celebrada el jueves en la Asamblea asistieron, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz adjunto, José Manuel Franco; Carmen Martínez Ten; la portavoz de Políticas Sociales y Familia, Josefa Navarro y la diputada socialista Isabel Andaluz. Así como el coordinador regional del Grupo LGTB del PSM, Ramón Martínez y la propia Carla Antonelli.

Carla Antonelli, única diputada transexual en España, fue la encargada de defender la Ley Integral de Transexualidad en la pasada legislatura. Antonelli manifestó su convencimiento “de que el resto de los grupos se unirán a este proyecto, ya que por encima de cualquier ideología política deben prevalecer los derechos humanos de este colectivo históricamente discriminado”.

Madrid no es pionera…

En España, conviene recordar, fueron Navarra (en 2009) y Euskadi (en 2012) las comunidades que abrieron el camino aprobando leyes integrales de transexualidad. En 2014, y tras una larga lucha de los colectivos trans de la región, veía por fin la luz la ley andaluza, considerada todo un hito pese a los problemas que están surgiendo en su aplicación (que demuestran, en todo caso, que para que las buenas leyes se cumplan deben acompañarse de un desarrollo reglamentario eficiente).

También en 2014 se aprobaba una ley en Canarias, mientras que en 2015 era Extremadura la que aprobaba una ley contra la discriminación de las personas LGTB que, aunque no siendo específica de transexualidad, sí incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades. La Comunidad de Madrid, por tanto, no será pionera en este aspecto, pero sí que podría aprovecharse de la experiencia previa de otras comunidades para hacer una ley aún mejor. Esperemos que así sea.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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Castilla y León es la primera comunidad autónoma que cubre voluntariamente los tratamientos de transexualidad sin necesidad de ley autonómica o de fallo judicial.

Un año de negociación entre Fundación Triángulo y el SaCyL culmina con el acuerdo que restaura los derechos sanitarios de las personas transexuales en Castilla y León.

– Descargar el protocolo de atención a personas trans de CyL –

Tras un año de negociaciones entre el área trans de la Fundación Triángulo y responsables del Sacyl, Castilla León se suma a las comunidades que ofrecerán tratamiento integral a la identidad de género. Hasta ahora, sólo las CCAA que acordaron aumentar la cartera de servicios por ley (Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Extremadura, Navarra) y las que fueron obligadas por la Justicia a cubrir el tratamiento por sentencia de tribunales superiores (Asturias, Galicia…) ofrecían un tratamiento integral a la identidad de género, si bien existen notables diferencias en los niveles y formas de asistencia. Con el acuerdo publicado por el Sacyl y notificado a los centros de salud, Castilla y León se suma voluntariamente a las CCAA que entienden que la actual redacción de la ley de SS implica la atención íntegra de las personas transexuales en igualdad con el resto de la población, aunque no exista mención expresa en el catálogo general de servicios.

“Es un acuerdo que restaura una deuda de igualdad y de dignidad” señala Marina Sáenz, responsable del área trans de FT. “Un acuerdo que evitará el sufrimiento y ayudará a disminuir la marginación que sufrimos las personas transexuales en esta comunidad” en palabras de Lunara Santamaría, Coordinadora regional del área trans de Fundación Triángulo en Castilla y León.

En los términos del protocolo para la atención a la identidad de género, las personas trans de Castilla y León podrán solicitar atención médica a la identidad de género a sus médicos de cabecera, que les derivarán a los servicios de salud mental y endocrinología más cercanos, que actuarán asesorados por la unidad de referencia, o bien solicitar derivación voluntaria a la unidad de referencia establecida en Valladolid con el fin de recibir atención por especialistas en la materia. La atención en salud mental se concibe no como un proceso de “diagnóstico de admisión” sino como un proceso de acompañamiento y refuerzo ante los retos sociales que afronta la persona trans en su manifestación de identidad. Aunque el protocolo menciona por referencia al CIE y DSM V el llamado “test de la vida real”, aclara que no es elemento del diagnóstico o criterio de elegibilidad y que no se puede exigir un itinerario único u obligado en la manifestación de identidad de género, siendo cada persona la que según sus circunstancias sociales y familiares elige la forma y los tiempos en los que expresa su identidad. El protocolo, ampara además a los menores de edad sin exclusiones ofreciendo una vía específica de tratamiento para estos casos.

El protocolo compromete las operaciones “menores” de adaptación a la identidad de género manifestada en centro de proximidad ubicado en la comunidad y las cirugías de reasignación genital mediante derivación a centro de referencia en el que existan medios y experiencia en la materia, si bien, por fallo de última hora en la coordinación con el País Vasco, aún queda por fijar que centro efectuará este tipo de operaciones, previsiblemente, la Unidad de género de Madrid.

“Queda por rematar el mecanismo de derivación a Madrid o a otra comunidad pero ya existe un compromiso firme de atención que acaba con la situación irregular que hemos vivido los últimos quince años, durante los que se comenzaba el tratamiento hormonal, se establecía la necesidad de la cirugía y se abandonaba al paciente a su suerte, lo que ha provocado que más del 70 % de las personas transexuales de esta comunidad terminaran abandonándola por la dificultad de integración social y la ausencia de tratamiento especializado” señala Marina Sáenz. “Confío en que esto funcione con normalidad y nos ayude a disminuir la discriminación, la transfobia y el sufrimiento personal que muchas sufrimos en carne propia” declara Lunara Santamaría.

En la actualidad existen unas 42 personas transexuales en los listados del SaCyL de las que aproximadamente siete son menores de edad, o adolescentes, siendo esta última categoría la que crece a ritmo vivo, pues la mejora de las situaciones sociales está haciendo que se manifiesten y se detecten a los menores trans con mayor facilidad y en edad cada vez más temprana.

Fuente Fundación Triángulo

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El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el pleno, la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, un éxito de los colectivos LGTB y trans canarios que coloca por fin a Canarias en el grupo de comunidades que ya han aprobado leyes específicas de protección del colectivo transexual en los diversos ámbitos sociales. 

El objeto de la ley es “garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, de recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia”. Dividida en una exposición de motivos, cinco títulos, una disposición adicional y dos finales, la iniciativa recoge, entre otros, los derechos de las personas transexuales en los ámbitos sanitario, laboral y educativo. El texto hace también referencia a los derechos de los menores transexuales, un grupo especialmente vulnerable.

La ley, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, obliga además a establecer reglamentariamente la posibilidad de que las personas transexuales cuenten durante el proceso de reasignación de sexo con una documentación adecuada que les facilite “una mejor integración tanto en su entorno social como ante las diferentes administraciones”.

Representantes de los colectivos LGTB canarios se han mostrado muy satisfechos por la aprobación de un texto que en palabras de María José Rodríguez San Fiel, presidenta de Altihay (Fuerteventura), “va a cambiar la vida de muchas personas”. Clarlie A. Marrero, presidente de Algarabía (Tenerife), ha destacado el hecho de que la ley se haya aprobado por unanimidad. “Es hora de que se entienda que los derechos de las personas LGTB son derechos humanos y por tanto están por encima de las ideologías políticas. Todos los partidos democráticos deben asumir estos derechos como parte esencial de sus  políticas”, ha declarado. Víctor M. Ramírez, presidente de Gamá (Gran Canaria) ha resaltado por su parte que “la ley va a evitar situaciones sangrantes de discriminación real”.

Canarias se suma así a Navarra, Euskadi y Andalucía, las tres comunidades que ya han aprobado leyes integrales de transexualidad.

Un largo camino

Ya en marzo nos hacíamos eco de las buenas perspectivas que se abrían tras una importante reunión que diversos colectivos LGTB y trans canarios (en concreto, Algarabía, Gamá, Génesis y Chrisálida) mantuvieron entonces con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan Canarias. En dicha reunión se desgranó el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos y se obtuvo el compromiso de ambas fuerzas de apoyar la propuesta.

El proyecto sumó luego el apoyo de Nueva Canarias, que cuenta con tres diputados en el Parlamento regional y que de hecho fue la que registró el proyecto en el Parlamento canario. Incluso el PP, que pese a estar en la oposición cuenta con 21 diputados en la cámara (los mismos que Coalición Canaria, mientras que el PSOE tiene 15), decidía finalmente apoyarlo, al igual que hizo en Andalucía (donde también es oposición) pero a diferencia de lo que hizo en su momento en la Comunidad de Madrid, donde dispone de mayoría absoluta.

Necesidad de un desarrollo reglamentario

La aprobación de la ley canaria es una excelente noticia, pero debemos recordar que este tipo de leyes pueden quedar muy  fácilmente en papel mojado si no se acompañan del correspondiente desarrollo reglamentario que las propias leyes prevén.

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), volvía por ejemplo a reclamar hace pocos días al Gobierno andaluz “el pronto desarrollo de reglamentos, procedimientos y protocolos que hagan efectiva la ley para que no quede simplemente en una declaración de buenas intenciones o una operación de marketing, consistente en ‘vender’ avances que en realidad no se ponen en práctica”.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Andalucíaaprobó este miércoles y por unanimidad la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una normativa integral que busca dar respuesta a las demandas planteadas por este colectivo más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio, que desde 2007 permite la legislación estatal. El proyecto, tercero que se aprueba en España de estas características (tras los de Navarra y Euskadi) es de todo ellos el más ambicioso, al recoger sin matices como principio fundamental el del derecho a la libre autodeterminación de género.

La nueva ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo. Situaciones tan lamentables como las vividas hace unos meses, cuando una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado en Málaga que se negó a respectar su identidad de género, tendrán mucho más difícil volver a repetirse una vez se proceda al desarrollo reglamentario de la ley.

Con la aprobación de la ley culmina un proceso que ni mucho menos ha estado exento de dificultades. Mucho han luchado los colectivos trans andaluces, huelgas de hambre incluidas, para ver este sueño hecho realidad. Pero por fin, después de más de un año y medio de debate, vacilaciones, esperas, discusiones, enfados y tensión, hace pocas semanas se producía el acuerdo de los tres grupos del Parlamento andaluz: los dos proponentes y el PP, que ha querido sumarse al proceso de discusión en su fase de tramitación parlamentaria y ha votado finalmente a favor de la ley. Una actitud que por cierto contrasta con la que ese mismo partido ha mantenido en la Asamblea de Madrid (donde hace pocas semanas se negó a tramitar un proyecto similar presentado por el grupo socialista).

¿Actuará ahora al Congreso de los Diputados?

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que fue luego aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU), si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales y a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

Curiosamente, también en Andalucía se ha hablado de elevar este tema a las Cortes, aunque el punto de partida es distinto: aquí ya hay una ley que protege y reconoce sus derechos a las personas transexuales en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, que es muy amplio. Lo ha hecho la diputada de IULV-CA Alba Doblas, que ha anunciado que su formación va a presentar esta ley integral en forma de proposición de ley en las Cortes y ha pedido al resto de los grupos que la apoyen “con el mismo ímpetu” que en Andalucía para que pueda ser extensible al conjunto del Estado.

Merece la pena recordar que también el Parlamento canario ha llegado recientemente al acuerdo unánime de admitir a trámite un proyecto similar.

Un paso más en la larga lucha por la despatologización

La ley andaluza, además de su importancia práctica a la hora de luchar contra la discriminación, supone un paso muy significativo en la larga lucha por la despatologización de la transexualidad. Y es que hasta la fecha son todavía muy pocas las iniciativas legislativas que incorporan de forma plena ese principio. La pionera fue sin duda la magnífica leyaprobada en 2012 por Argentina, que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un ejemplo que hace pocos días seguía Dinamarca.

España, aunque dio un gran paso en 2007 con la aprobación de la ley que permite la modificación registral del sexo sin necesidad de pronunciamiento judicial ni de cirugía de reasignación (sigue siendo de hecho una de las más avanzadas de Europa en esa materia) sigue manteniendo sin embargo el requisito del diagnóstico previo y exige (aunque con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alba Doblas, Andalucía, Asamblea de Madrid, Asociacionismo, Canarias, Discriminación, Euskadi, Identidad de género, IU, IULV-CA, Madrid, Navarra, Parlamento de Andalucía, PP, PSOE, Transexualidad, UPyD

En relación con las enmiendas del PSOE-A se ha aprobado suprimir tres artículos incluidos en el apartado de la ley que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales.

Cuatro horas y media que fueron “bien aprovechadas”, según ha declarado la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas. Doblas ha explicado que el texto ha incluido la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha afirmado. En aras del acuerdo también ha habido varias enmiendas que se han quedado fuera, aunque los grupos las consideran secundarias. El texto será previsiblemente debatido en el último pleno de este mes de junio (jueves 26). Una excelente forma, sin duda, de celebrar el Orgullo LGTB en Andalucía.

Según ha apuntado la parlamentaria, el texto del proyecto de ley ha sido mejorado incluyendo la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones, aunque muchas de ellas han sido transaccionadas. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha destacado.

IULV-CA ha renunciado a varias de sus enmiendas registradas. Una de ellas por entender que suponía una “desautorización” del sistema médico. En concreto, se pedía que en procedimientos de asistencia a los transexuales no podrán incluirse terapias aversivas o que supongan un intento de anulación o menoscabo del derecho de autodeterminación de género.

También se ha renunciado a la disposición adicional que se demandaba, en relación a la creación de una unidad de seguimiento y evaluación de esta ley, que se reuniría periódicamente y contará con la participación de la Junta y de las organizaciones de transexuales. El grupo ha considerado que esta enmienda “no aportaba nada”.

Entre las enmiendas que sí han salido adelante de IULV-CA, destacan que los medios públicos promuevan el conocimiento de la realidad transexual, o la creación de programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género.

Entre los cambios introducidos a la ley, destaca la supresión, a iniciativa del PSOE, de tres artículos incluidos en el apartado que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales, con el objetivo de desarrollarlos en un reglamento que se aprobará con posterioridad. Se mantiene en el texto, sin embargo, el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole, y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Si bien, continúa en el proyecto de ley el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole; y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Uno de los tres artículos suprimidos se refiere a que la administración quedará obligada a adoptar medidas administrativas y de cualquier índole para garantizar que en todos los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

El segundo de ellos, recogía que cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género.

En el último, se incluía que la Comunidad habilitará los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos y bases de datos de la Comunidad Autónoma toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su condición de persona transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Servicio Andaluz de Salud.

Finalmente, Alba ha explicado que las enmiendas del PP-A que han sido rechazadas son las relativas a “ampliar la cartera de servicios”. Según ha manifestado, es inviable incrementar desde la Junta de Andalucía estos servicios, cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, “no nos deja margen económico para ello”.

Una vez aprobada, la ley será la más avanzada de las aprobadas en Europa en esta materia. Permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Nuestra felicitación, en este punto, a los colectivos trans andaluces que tanto han peleado por sacar adelante este proyecto, huelgas de hambre incluidas.

Canarias, muy posiblemente la siguiente

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi. La ley andaluza sería la tercera, pero no será previsiblemente la última. Hace solo dos semanas el Parlamento canario aprobaba, también con la unanimidad de todos sus grupos, admitir a trámite un proyecto similar.

Pero no Madrid

La que no tendrá por el momento ley integral de transexualidad es la Comunidad de Madrid, donde el PP, que dispone de mayoría absoluta, se negó hace pocas semanas a tramitar el proyecto presentado por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid pese a haber dado señales de que sí lo haría en los días previos.

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que era aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU) la semana pasada, si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales. El PP también se negó a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

En definitiva, Madrid se queda sin ley integral de transexualidad, aunque se hace un llamamiento al gobierno central a promover una ley de alcance nacional. Está por ver que tenga un resultado práctico…

Insertamos a continuación la reveladora intervención de la diputada socialista y activista transexual Carla Antonelli en el pleno de la Asamblea en el que se debatió la proposición:

Fuente Dosmanzanas y  Cáscara amarga

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El Parlamento canario aprobó este miércoles, por unanimidad de todos sus grupos, la tramitación de una propuesta de ley integral de transexualidad por la que los colectivos LGTB de las islas llevan años luchando. Canarias se sumará así a a Navarra y Euskadi, dos comunidades que ya han aprobado leyes en ese sentido, y muy previsiblemente a Andalucía, que ya tramita su propia ley. El texto de la ley ha sido promovido por los colectivos de lesbianas, gays y transexuales y asumido por todos los grupos parlamentarios, que van a tramitarlo en la cámara regional.

El pleno del Parlamento de Canarias acordó ayer por unanimidad iniciar la tramitación de una proposición de ley que garantiza los derechos de las personas transexuales y la no discriminación por motivo de identidad de género. El objetivo de esta ley es garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, a recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia.

Ya en marzo nos hacíamos eco de las buenas perspectivas que se abrían tras la reunión que diversos colectivos LGTB y trans canarios (Algarabía, Gamá, Génesis y Chrisálida) mantuvieron entonces con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan Canarias. En dicha reunión se desgranó el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos canarios para una futura ley integral que proteja a las personas transexuales en temas como la no discriminación laboral, el amparo de los menores en el sistema educativo y el reconocimiento de derechos sanitarios y sociales.

Finalmente, el proyecto ha contado no solo con el apoyo de Coalición Canaria y del PSOE. También Nueva Canarias, que cuenta con tres diputados en el Parlamento regional y que de hecho fue la que registró el proyecto en el Parlamento canario, lo apoya. Incluso el PP, que cuenta con 21 diputados en la cámara (los mismos que Coalición Canaria, mientras que el PSOE tiene 15), ha decidido apoyarlo. El popular Fernando Figuereo argumentó que la transexualidad no debe ser bandera de nadie ni de ningún grupo político, “sino de todos y frente a todos” y que la discriminación de las personas transexuales “no la pueden permitir ni tolerar los grupos políticos”. A este respecto no deja de ser curiosa la incoherencia de los conservadores, que hace solo dos semanas hacían uso de su mayoría absoluta para impedir la tramitación de una ley similar en la Comunidad de Madrid.

Reconoció que la transexualidad siempre ha sido origen de obstáculos sociales y de exclusión, así como de dificultades en la integración social y laboral, pero “esa discriminación no la pueden permitir ni tolerar los grupos políticos”. Por eso, señaló Figuereo, “los poderes públicos canarios deben intervenir para remover los obstáculos para garantizar la participación de los transexuales en la sociedad en igualdad de condiciones en todos los aspectos“.

Flora Marrero, del grupo Nacionalista, mostró su satisfacción por la próxima aprobación de esta ley en Canarias y afirmó que no es lo mismo hablar de gays, lesbianas y transexuales que conocer sus dramas y a sus familias. “Como sociedad, debemos tender a que seamos todos felices, y no considerar la orientación sexual como un problema”, dijo Flora Marrero, para quien hay una realidad desconocida sobre la que hay que trabajar, en primer lugar en las escuelas.

La diputada del PSOE Dolores Padrón agradeció a los colectivos promotores por redactar el texto de la ley, y se mostró partidaria a tramitar por el procedimiento de urgencia porque “llega tarde”. Además, aseguró que “esta ley crea conciencia y abre armarios, es un avance para el cambio de mentalidad que aún está pendiente en parte de la sociedad”, agregando que es la ley más completa entre las leyes autonómicas, precisamente porque “nace de abajo arriba”.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, elogió a los colectivos sociales proponentes y consideró que esta ley es la expresión legal de una lucha contra la discriminación y por la igualdad de derechos. La diputada destacó el consenso sobre esta iniciativa para dar a los transexuales todos los derechos ciudadanos en sanidad, educación y trabajo, y subrayó la discriminación positiva que se incluye en el fomento del empleo.

Todo ello supone un gran avance para una sociedad más tolerante e integradora, dijo Hernández, para quien la ley da forma a las ilusiones y demandas sociales, es una conquista de derechos y dignifica una realidad.

La proposición de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales establece que los poderes públicos canarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, con independencia de su identidad de género u orientación sexual.

En particular, las actuaciones públicas irán dirigidas a promover la plena incorporación de las personas transexuales a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social.

Según la proposición de ley, el sistema sanitario público de Canarias proporcionará los diagnósticos y tratamientos para las personas transexuales, que tienen derecho en hospitales y centros sanitarios a ser tratadas conforme a su identidad de género sentida.

Corresponde al Sistema Canario de la Salud el impulso y coordinación de las unidades de identidad de género dentro del Sistema Canario de la Salud, en las que recibirán atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica.

Se establece que las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa prepuberal, y la negativa de padres o tutores a autorizar el tratamiento transexualizador podrá ser recurrida ante la autoridad judicial.

La proposición de ley compromete a las administraciones públicas de Canarias a establecer planes para la inserción laboral de las personas transexuales por sus dificultades para el acceso al empleo, así como a promover campañas educativas contra la discriminación.

Nuestra felicitación a los colectivos canarios por su trabajo y esperemos que el proyecto llegue a buen puerto, de forma que las personas transexuales de Canarias vean por fin reconocidos los derechos de los que son acreedoras.

Fuente Cáscara amarga, y Dosmanzanas

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Este miércoles 14 de mayo el pleno de la Asamblea de Madrid votará por fin la toma en consideración de la propuesta de ley integral de transexualidad presentada hace meses por el grupo socialista. Todo apunta a que la proposición podrá seguir su trámite parlamentario, después de que el PP, que dispone de mayoría absoluta en la cámara, haya mostrado en esta ocasión su disposición favorable.

La Proposición de Ley 17/13 “Reguladora del Derecho a la Identidad de Género y a su Libre Desarrollo sin Discriminación”, que es como se denomina oficialmente, fue admitida a trámite por la mesa de la Asamblea el pasado septiembre. El proyecto había sido presentado semanas antes por la diputada socialista y activista transexual Carla Antonelli, tras reunirse con representantes de diversos colectivos (El Hombre Transexual, Área Transexual de COGAM, Área Transexual de la Fundación Triángulo, AET-Transexualia y Fundación 26 de Diciembre).

El proyecto, que puedes consultar en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del 26 de septiembre de 2013 (páginas 16.661 a 16.676) integra como básico el principio de despatologización de la transexualidad: para acogerse a la ley no será requisito indispensable el diagnóstico de “disforia de género” sino que bastará una declaración jurada en la cual la persona afirme una disonancia entre su sexo morfológico y su identidad de género. El proyecto recoge disposiciones sobre documentación administrativa, servicios de asesoramiento, atención sanitaria, no discriminación en el ámbito laboral y medidas de inserción. Incluye también medidas específicas sobre menores transexuales y personas mayores y tampoco se olvida del ámbito educativo, en el que propone una serie de mejoras para que se convierta en un espacio de respeto y tolerancia en el que los menores transexuales puedan sentirse integrados y seguros.

Proyectos de este tipo, cuyo objetivo es combatir la discriminación de las personas transexuales en todos los ámbitos de la sociedad, han sido ya aprobados en Navarra y Euskadi, y en estos momentos se tramita la aprobación de un proyecto muy avanzado en Andalucía. También se ha iniciado ya el proceso en Canarias, donde hace escasas semanas colectivos LGTB mantenían una reunión con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan en este momento esa comunidad, con perspectivas favorables.

Por lo que se refiere a la Asamblea de Madrid, y pese a que la proposición contaría con las simpatías de IU y UPyD, todo dependerá de lo que decida el PP, partido que cuenta con una cómoda mayoría absoluta. Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedió en junio de 2010, cuando rechazó la posibilidad de discutir un proyecto similar, el PP parece tener ahora una disposición favorable, según expresó hace pocos días a la cadena SER Ana Camins, portavoz de se partido en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea. “Es un problema sobre el cual hay mucho desconocimiento, hay gente que cree que la transexualidad es un capricho”, declaró. “No queremos polemizar sobre este asunto, y la bandera de la defensa de los derechos de las personas no la tiene ningún partido”, añadió. Esperemos que así sea…

Fuente Dosmanzanas

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El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Navarra cuyo objetivo era prohibir la discriminación de las personas con VIH en acuerdos legales, como por ejemplo la contratación de un seguro. Los populares no ven dicha prohibición necesaria y consideran que el ordenamiento jurídico existente es suficiente para denunciar tales cláusulas. Se da la paradoja de que el PP sí apoyo la propuesta cuando fue votada en la cámara foral navarra.

El texto de la proposición (publicado por el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra) fue aprobado el 14 de marzo de 2013 por unanimidad de todas las fuerzas políticas navarras a iniciativa de los socialistas. Proponía modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añadiendo una disposición adicional que decía, literalmente: “Serán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA. No tendrá tampoco validez y será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA”.

En su exposición de motivos, la proposición argumentaba que distintas asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Navarra, han denunciado la existencia de estas cláusulas discriminatorias “en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluyen de determinadas prestaciones y servicios a personas portadoras del VIH/SIDA, llegando a ser, en la mayoría de las ocasiones, la única enfermedad que se identifica de forma explícita e individual”. La propuesta instaba además al gobierno español a determinar la aplicación de los principios de esta ley (de haber sido aprobada) a otras enfermedades que pudieran considerarse “que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

La proposición ha sido defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento de Navarra, Roberto Jiménez (Partido Socialista de Navarra), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro) y Bakartxo Ruiz (Bildu), que han defendido la necesidad de la modificación legal para evitar la discriminación de las personas con VIH. Contaba además con el apoyo en bloque de toda la oposición, incluyendo como parece obvio al único diputado de UPN (que normalmente se alinea con el PP) y a PNV y CiU. La diputada nacionalista catalana, Lourdes Ciuró, ha señalado por ejemplo que aunque la Constitución consagre el principio de no discriminación, “la realidad es otra y se crean estigmas o marcas con por ejemplo los enfermos de sida o portadores de VIH y se provoca discriminación en distintos ámbitos de la vida”, apostilló.

Una realidad que sin embargo no aprecia el grupo popular del Congreso. Su portavoz en esta materia, María Felicidad Rodríguez, ha argumentado que el ordenamiento jurídico español y la Constitución son de por sí suficientes para considerar nulas este tipo de cláusulas, que aun así considera que “deben ser denunciadas, perseguidas y castigadas”.

La diputada popular ha utilizado un alambicado argumento para negarse a establecer una lista específica de enfermedades cuya discriminación se prohíbe expresamente, al considerar que “podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser”.

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Cuenta Dosmanzanas que ha sido Registrado por fin en el Parlamento andaluz el proyecto de ley integral de transexualidad. Un proyecto que, tras un largo y complicado proceso, integra reivindicaciones históricas de los colectivos trans y aspira a convertirse en una ley pionera en el ámbito de la Unión Europea por lo que se refiere al principio de autodeterminación de género y al respeto a la identidad de los menores transexuales. Aspecto este último especialmente necesario a la luz de episodios de discriminación como el que está viviendo una menor en un colegio de Málaga.

Los portavoces parlamentarios de las dos formaciones que gobiernan la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz e IULV-CA, registraron el proyecto este jueves. Lo hicieron acompañados de la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, que dejando atras las críticas a versiones anteriores del proyecto se felicitó de que se hubiera alcanzado un consenso entre las formaciones políticas y los colectivos trans. “No se trata de una ley de privilegios, sino de una normativa que garantiza la no discriminación y la igualdad. Ole Andalucía y ole el Gobierno andaluz”, declaró. Cambrollé ha pedido al PP andaluz que se sume al consenso durante el proceso de tramitación parlamentaria si no quiere quedar “retratado” como un partido que antepone la ideología a los derechos humanos.

La futura ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad autónoma, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Ello se articulará a través de la creación de una tarjeta identificativa que se podrá presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo la educativa y la sanitaria. Dicha tarjeta no entrará en competencia con el Documento Nacional de Identidad, cuya emisión es competencia estatal, en el que para modificar los datos deben seguirse los trámites que marca la ley nacional de identidad de género (que data de 2007, y que aunque sigue por delante de buena parte de las legislaciones europeas mantiene la patologización de las identidades trans al exigir un diagnóstico de “disforia de género”). Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi.

Satisfacción de los partidos

El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, quiso reconocer el trabajo llevado a cabo por los dos grupos que sustentan al Gobierno andaluz, y especialmente por las diputadas Alba Doblas (IULV-CA) y Soledad Pérez (PSOE-A). Jiménez ha destacado especialmente el avance que supone el proyecto en materia de derechos de los menores transexuales. El diputado socialista ha lamentado el retraso en la presentación de proyecto, aunque también ha defendido que ahora el texto cuenta con suficientes garantías jurídicas como para resistir un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

También IULV-CA ha mostrado su “enorme satisfacción”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, ha destacado que Andalucía se convierte en un territorio puntero en Europa con esta normativa. “Ante una ola de demolición de derechos por parte del Gobierno del PP, Andalucía da diez pasos adelante en su defensa”, ha señalado. Desde ALEAS Andalucía (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA), que ha colaborado estrechamente con los colectivos trans para impulsar el proyecto, se ha insistido no obstante en la necesidad de “redoblar los esfuerzos” de diálogo durante la tramitación parlamentaria para que la ley se apruebe con el mayor consenso posible.

Un proyecto imprescindible, a la vista del caso de Málaga

La casualidad ha querido que la noticia prácticamente coincida en el tiempo con la decisión de  fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

Habrá que estar muy atento a los pasos que sigue ahora el contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto. La asociación de madres y padres del centro, que apoya su postura discriminatoria, ha asegurado sin embargo que por el momento ni el centro ni la fundación han recibido notificación del expediente administrativo.

Puedes descargar el proyecto en su integridad, ya sea desde la web del PSOE-A (pinchando aquí) o de ALEAS Andalucía (pinchando aquí).

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