La Unión Europea en su conjunto es una de las regiones del mundo en la que más países han legalizado ya el matrimonio igualitario, aunque todavía quedan estados como Italia, Grecia o Polonia en los que el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan casarse es una auténtica quimera.

Ahora, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre los derechos fundamentales en la Unión, que incluye, pese a los intentos del Partido Popular Europeo por excluirlo, un amplio apartado sobre los derechos LGBT en el conjunto de la UE.

En este informe se señala al grupo de nueve países que todavía no han legalizado el matrimonio para todos, ya que según advierten, todos los ciudadanos europeos tienen el derecho de acceder al registro de su unión sin que importe el lugar de la UE en el que viven.

Además, el informe recoge por primera vez las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales. En este sentido, el Parlamento Europeo ha condenado la cirugía genital médicamente innecesarios en bebés intersexuales y pide a los Estados miembros que prohíban estas prácticas, ya que en estos momentos, solo Malta prohíbe de forma expresa en este tipo de operaciones.

Vía | Lgbt-ep.eu , vía AmbienteG

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El comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha denunciado hoy que la UE “ignora las dolorosas historias personales de las personas intersexuales y de las violaciones constantes de derechos humanos a que se enfrentan”. En concreto, la Comisión está realizando un estudio sobre los derechos humanos y las personas intersexuales, que contempla un total de seis capítulos en los que se abordan los obstáculos médicos, legales y administrativas a que se enfrentan estas personas y que impiden el pleno disfrute de sus derechos humanos.

Así, ha explicado el comisario que algunas de estas personas fueron calificadas de “hermafroditas” lo que conlleva obstáculos a la plena realización de sus derechos. En este contexto, la Comisión busca “proporcionar una guía detallada para abordar este problema de vulneración de los derechos humanos”, añadió Muiznieks.

El Consejo de Europa ha publicado un informe en el que recomienda a los Estados acabar con las intervenciones de cirugía irreversibles y los tratamientos médicos a las personas intersexuales sin su consentimiento ante una situación que califica de “violación de los derechos humanos” de estas personas. Una iniciativa similar a las directrices que Malta ya había puesto en marcha. Con el documento que elabora la Comisión se pretende informar a los gobiernos y los profesionales sobre las líneas éticas actuales en relación a las personas intersexuales, así como las mejores prácticas globales ya adoptadas para protegerlas, como, por ejemplo, a través de reformas de las legislaciones sobre igualdad de trato. También contiene recomendaciones sobre la manera de avanzar, particularmente, en los ámbitos jurídico y médico.

“Los países europeos han sido lentos en reconocer y defender los derechos humanos de las personas intersexuales y la diversidad de género que representan. Es urgente acabar con el tratamiento médico y cirugía innecesaria de individuos intersexuales sin su consentimiento; a respetar su derecho a no someterse a tratamiento asignación de sexo; a revisar las clasificaciones médicas que tratan a las variaciones en las características sexuales como una patología; y a garantizar el derecho de las personas intersexuales a la libre determinación, facilitando su reconocimiento legal en los documentos oficiales “, afirma el comisario. “Los europeos siguen sin darse cuenta de las dolorosas historias de personas intersexuales y de las violaciones de derechos humanos a las que se enfrentan. Los estereotipos y las normas fundadas en la clasificación binaria mujer-hombre han llevado a la práctica de intervenciones médicas y quirúrgicas en bebés intersexuales y a un clima de incomprensión en la sociedad. Es momento de hacer frente a esta situación inaceptable”, ha subrayado este martes el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, durante la presentación del informe ‘Derechos Humanos y personas intersexuales’.

El documento de seis capítulos, titulado ‘Derechos Humanos y personas intersexuales’, aborda los obstáculos médicos, legales y administrativos que impiden a las personas intersexuales, “llamadas en el pasado ‘hermafroditas'”, del disfrute de sus derechos, y pretende servir como guía para los Estados.

Entre otras recomendaciones, pide “respetar el derecho de las personas intersexuales a no someterse a un tratamiento de asignación de sexo; revisar las clasificaciones médicas que tratan las variaciones en las características sexuales como una patología; y asegurar su derecho a la autodeterminación facilitando su reconocimiento legal en documentos oficiales”.

Concretamente, sobre la asignación de sexo, el Consejo de Europa cita investigaciones recientes para afirmar que, a menudo, los padres de niños intersexuales son “mal informados” y los médicos les proponen rápidamente cirugías “correctivas” y tratamientos para “normalizar” el sexo del niño cuando, en realidad, “esas intervenciones son innecesarias y meramente cosméticas”. Además, el documento apunta que estas cirugías y tratamientos, con frecuencia, afectan al bienestar físico y psíquico de la persona o tienen consecuencias negativas de por vida como “la esterilización, la cicatrización severa, infecciones en el tracto urinario, reducción o pérdida de la sensación sexual o la eliminación de las hormonas naturales”.

En este sentido, el estudio advierte de que el género de una persona intersexual no se desarrolla necesariamente conforme al sexo asignado al nacer pues se estima que “entre un 8,5 y un 40%” de las veces se asigna el sexo erróneo.

Por otro lado, acerca del reconocimiento de las personas intersexuales en documentos oficiales, el informe propone a los gobiernos facilitar este reconocimiento legal pues, según apunta, todos los países de la UE tienen limitado a ‘F’ (Female, mujer) ó ‘M’ (Male, hombre) la identificación del género en los documentos, excepto Alemania que omite la referencia al sexo.

Sin embargo, según recuerda el Consejo de Europa, en lo que se refiere a los pasaportes, la Organización Internacional de Aviación Civil permite desde 1945 identificar el sexo de la persona con una ‘F’, una ‘M’ o una ‘X’ (no especificado). Además, apunta que Australia, Malasia, Nepal, Nueva Zelanda y Sudáfrica permiten asimismo la ‘X’.

El Consejo de Europa también recomienda medidas como garantizar a las personas intersexuales el acceso pleno a sus registros médicos, sensibilizar a la población, llevar a cabo una formación profesional sobre los problemas encontrados por estas personas y mejorar el asesoramiento a los niños intersexuales y a sus padres.

“Los países europeos han sido lentos en reconocer y defender los derechos humanos de las personas intersexuales y la diversidad de género que representan”, ha criticado el Comisario.

El texto también informa a los gobiernos y a los profesionales sobre los desarrollos éticos y de DDHH, incluyendo las buenas prácticas ya tomadas para proteger y empoderar a las personas intersexuales, por ejemplo, a través de reformas en la legislación sobre igualdad de trato.

Así, propone varios ejemplos de países o comunidades que han avanzado en la lucha contra la discriminación de estas personas en sus legislaciones, entre ellos, el País Vasco que adoptó en 2012 una ley de no discriminación por motivos de identidad de género y para el reconocimiento de las personas transexuales que recoge el derecho de las personas intersexuales a información, guía y asesoramiento legal e insta a luchar contra toda clase de discriminación contra ellas.

Paralelamente, el Consejo de Europa ha publicado un Manual de jurisprudencia del TEDH sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en la que analiza los artículos clave de la Convención en la materia, al tiempo que expone las soluciones aplicables a nivel europeo, centrándose en las decisiones adoptadas por los Estados en materias relacionadas, por ejemplo, con las adopciones o los matrimonios.

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Este 1 de abril, el Parlamento de Malta ha aprobado por unanimidad una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Además de establecer mecanismos de protección contra la discriminación, la ley maltesa elimina el requisito de sometimiento a cirugías de reasignación para el reconocimiento legal de la identidad de género. Malta se sitúa así muy por delante de otros países de Europa en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas LGTB.

Hace un año nos felicitábamos de que Malta, un país confesionalmente católico, hubiera aprobado una avanzada ley de uniones civiles abierta también a las parejas del mismo sexo, que además permitía la adopción homoparental. Hoy debemos congratularnos también por la aprobación de una necesaria ley de identidad de género, que además ha sido votada favorablemente en tercera lectura por unanimidad de los miembros del Parlamento. Tan solo falta la firma de la presidenta Maria Louise Coleiro Preca para que la ley sea promulgada.

El nuevo texto legal elimina el requisito de sometimiento a cirugía de reasignación de sexo para que la identidad de género correcta conste en los documentos legales, como el documento de identidad o el pasaporte. Aún más allá, la ley prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la ley maltesa la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo. Los menores de edad también podrán acceder a todos los derechos establecidos por la ley.

Entre otras medidas, la ley abre la opción de que el sexo o la identidad de género no conste en los documentos oficiales. Las personas transexuales legalmente casadas mantendrán su estado civil aun cuando efectúen el cambio legal de su identidad de género, siendo el único caso en que será válido un matrimonio formado por personas del mismo sexo. El sometimiento a cirugías de reasignación de sexo será causa de Incapacidad Laboral en el trabajo, con sus correspondientes prestaciones. También se amplía el catálogo de crímenes de odio para que incluya a los motivados por la identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles y ponente de la ley, Helena Dalli, expresaba su satisfacción al verla aprobada por el Parlamento: ”En diciembre de 2013, tuve el placer de ser la primera ministra en asistir al Foro Internacional Intersexual, que se reunió en Malta por primera vez. Me fui de aquella reunión decidida a cambiar la situación aquí en Malta, y me siento orgullosa porque esta ley garantizará el derecho a la integridad y la autodeterminación corporal”.  Para Dalli, las personas transexuales e intersexuales han sufrido “una discriminación institucional” que la nueva ley evitará, aunque reconoce que aún queda mucho por hacer: “Nuestro país tendrá que seguir avanzando en su compromiso con los asuntos LGBTIQ a nivel regional e internacional, para asegurar que los derechos en cuestión se respeten en todas partes”.

Paulo Corte-Real, copresidente del Consejo Ejecutivo de ILGA-Europa, afirma que “decir que esta Ley es un hito sin precedentes de los derechos humanos es casi un eufemismo”, puesto que la nueva normativa “proporciona un referente de inspiración para otros países europeos que lo necesitan para mejorar sus propias normas de igualdad LGBTI. La Ley es un faro de esperanza  y da testimonio de la dirección política y el trabajo duro del movimiento LGBTI en Malta”.

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También se podrá pedir por escrito que se cambie el sexo consignado de un menor, con base en conceptos emitidos por peritos.

Tras este pronunciamiento, la Registraduría Nacional de Colombia ha anunciado que, desde el pasado miércoles, los padres de menores de edad con ambigüedad genital o sexo por determinar podrán elegir el sexo con el que serán inscritos sus hijos en el registro civil, indicando el sexo como “intersexual, ambigüedad genital, sexo por determinar o alguna expresión equivalente“.

De esta forma, los padres o tutores legales tendrán libertad absoluta para indicar qué sexo se anotará en dicha casilla en el registro del menor.

En el momento en que los menores cumplan la mayoría de edad, serán ellos mismos los que decidan si cambiar su sexo o tramitar un cambio de nombre sin necesidad de una escritura pública.

También se podrá pedir por escrito que se cambie el sexo consignado de un menor, con base en conceptos emitidos por peritos.

La decisión del ente, según informó la entidad, cobija a todas las Delegaciones Departamentales, Registradores Especiales, Auxiliares, Municipales, Consulados, Notarios y la Unidad de Atención a Población Vulnerable y responde a un fallo de la Corte Constitucional por el que se busca “proteger el derecho superior de los menores a la intimidad, identidad y libre desarrollo de la personalidad”.

Fuente Vanguardia

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GABRIEL J. MARTÍN / RAÚL T. PÜig Gabriel, cuando era Patricia de niño y en la actualidad

Al nacer, Gabriel fue considerado niña, pero tenía ocultos sus órganos sexuales masculinos. Sus 43 años de vida han sido una lucha por encontrar su identidad y superar un problema que afecta en diferente grado a uno de cada 2.000 bebés. Lo relata en ABC.es

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) condena de forma contundente la esterilización forzada de personas transexuales e intersexuales en un documento que señala las líneas maestras de lo que es admisible o no por lo que a este procedimiento quirúrgico se refiere. Además de la OMS, el documento lleva la firma de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas e Unicef.

El documento, “Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization. An interagency statement” (que puedes descargar aquí) hace un repaso de las diversas situaciones en las que en algún momento de la historia reciente se ha producido la esterilización forzada: mujeres con VIH, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y/o indígenas, personas discapacitadas… El posicionamiento incide en que en ningún caso este tipo de intervenciones, sin duda útiles como método anticonceptivo, pueden ser llevados a cabo contra la voluntad de las personas, en ausencia de un consentimiento libre e informado o en el contexto de programas impuestos a la fuerza por los gobiernos. En este sentido, la OMS y el resto de organizaciones señalan que la esterilización forzada es una violación a los derechos humanos fundamentales.

Por lo que se refiere a las personas transexuales e intersexuales, el documento subraya como en numerosos países se las obliga a procedimientos quirúrgicos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva. Ello ocurre como requisito previo a ver reconocida legalmente la identidad de género (personas transexuales) o con el objetivo estético de asignar a una persona intersexual un sexo “normalizado” a edades muy tempranas sin esperar a que sea ella misma la que decida si desea someterse a este tipo de cirugía y en qué sentido. Según la OMS, obligar a someterse a este tipo de procedimientos atenta contra los derechos de las personas y puede ser en sí mismo una causa que perpetúa la discriminación. El documento pide que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas.

Por lo que se refiere a aquellas intervenciones que no se realicen con un objetivo estético o de apariencia física sino por motivos de salud, sobre todo en el caso de los menores intersexuales, el documento advierte que en numerosas ocasiones se proponen en base a una evidencia científica débil y sin discutir soluciones alternativas que mantendrían intacta la capacidad reproductiva. En este sentido, la OMS hace un llamamiento a reforzar el proceso de consentimiento informado, intentando en todo momento retrasar procedimientos quirúrgicos irreversibles hasta una edad en la que la persona es lo suficientemente madura como para participar de forma razonada en el proceso de toma de decisiones. El documento también hace un llamamiento a que los profesionales de la salud sean adecuadamente formados en diversidad sexual.

Procedimientos habituales, también en países desarrollados

Recomendaciones muy importantes que esperemos sean asumidas cuanto antes por los estados. Y es que este tipo de procedimientos siguen por desgracia a la orden del día en numerosos países, entre ellos muchos desarrollados. Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta hace poco más de un año la esterilización de las personas transexuales como requisito previo a ver reconocida su identidad, y fue gracias a un pronunciamiento judicial. Francia, por mencionar otro ejemplo aún más cercano, carece de una legislación específica que regule la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación, por lo que la decisión debe pasar a la fuerza por las manos de un juez.

En España, aunque la situación es mucho más favorable, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo que debería ser actualizado para acercarse, por ejemplo, al modelo de Argentina, que en 2012 aprobó una avanzada ley de identidad de género que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

Por lo que se refiere a la intersexualidad, la situación jurídica es ambigua y en la mayoría de los casos se siguen tomando decisiones basadas en planteamientos médicos tradicionales. Hace menos de un mes, de hecho, El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, urgía a los gobiernos a revisar la legislación y las prácticas médicas para proteger a los ciudadanos intersexuales. Muižnieks calificaba las intervenciones practicadas en bebés con intencionalidad estética de “traumáticas y humillantes” y las criticaba precisamente por realizarse sin el consentimiento de la propia persona. “El sexo asignado a un bebé puede no corresponder con su identidad futura y la cirugía no respeta su derecho de autodeterminación y su integridad psíquica”, explicaba.

Fuente Dosmanzanas

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Informa Dosmanzanas de que un juez libanés ha dictado una sentencia de gran relevancia para el colectivo LGTBI, en la que estima que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no pueden considerarse “contra natura”, algo castigado por la ley libanesa, y estableciendo además que los documentos legales no definen la identidad de género, sino que hay que considerar la percepción de sí misma que tiene la persona.    

El juez Naji El Dahdah juzgaba en un tribunal de Beirut a dos personas acusadas de violar el artículo 534 del Código Penal del Líbano, que castiga las relaciones sexuales que “contradicen las leyes de la naturaleza” con penas de prisión de hasta un año. El caso, no obstante, reunía una serie de características que hacen que su resolución tenga relevancia para todo el colectivo LGTBI.

En realidad, se juzgaban las relaciones mantenidas entre un varón y una mujer. La mujer había nacido como persona intersexual, siéndole asignado legalmente el sexo masculino tras su nacimiento. Sin embargo, su auténtica identidad de género era la de mujer, habiéndose sometido a tratamiento de reasignación de sexo en los años 90 del siglo pasado. No obstante, ante el estado libanés era legalmente un varón, y por ello fue acusada junto a su pareja de mantener relaciones sexuales “contra natura”.

La sentencia del juez El Dahdah, emitida el pasado 28 de enero pero dada a conocer en el presente mes, cuestiona tanto la validez del artículo 534 para penalizar las relaciones entre personas del mismo sexo como el reconocimiento legal de la identidad de género. Según el fallo, dicho artículo no aclara qué debe entenderse como “en contradicción con las leyes de la naturaleza”, estimando que las relaciones homosexuales (que eran el cargo de la acusación) serían en todo caso “excepcionales” pero no antinaturales. Por otra parte, el juez también ha considerado que la identidad de género de la acusada no debía ser definida únicamente por la documentación legal, sino por la percepción que tenía de sí misma.

El fallo ha sido valorado muy positivamente por los colectivos de defensa de los derechos LGTB libaneses, como la asociación LGTBI Helem, cuyo fundador Georges Azzi lo calificaba como “un gran paso que muestra que nos movemos en la dirección correcta”. Azzi estima que “cuanto mayor sea el número de decisiones como esta, mayor será la irrelevancia del artículo 534″, añadiendo que “cualquier cambio legal lleva mucho tiempo, pero al menos este artículo podría dejar de ser utilizado para perseguir a las personas homosexuales y transexuales en el Líbano”. El activista no dejaba de felicitarse también porque la sentencia haya sido dictada por un juez que nunca se había destacado como defensor de los derechos LGTB.

Hasta el momento, tan solo había habido una sentencia semejante en la jurisprudencia libanesa. En 2009 el juez Mounir Suleiman había dictaminado que las relaciones homosexuales consensuadas no podían enmarcarse en lo castigado por el artículo 534. Según su fallo “el hombre forma parte de la naturaleza y es uno de sus elementos, por lo que no se puede decir que cualquiera de sus prácticas o cualquiera de sus comportamientos van en contra de la naturaleza, incluso cuando se trata de una conducta delictiva, pues también sería producto de la naturaleza”.

Sin embargo, la sentencia del juez Suleiman había quedado como algo único en el cuerpo jurídico libanés. Ahora existe otra que la corrobora y la amplía. Georges Azzi confía en que esta jurisprudencia prospere, aunque es consciente de que queda mucho camino por recorrer. “Estamos dando grandes pasos en el frente judicial. Pero ahora tenemos que cambiar la actitud de la Policía y las fuerzas de seguridad”, afirmaba.

La difícil situación de las personas LGTB en el Líbano

Como señalábamos anteriormente, las relaciones homosexuales en el Líbano -una república árabe multiconfesional en la que coexisten musulmanes sunitas, musulmanes chiítas, cristianos de diversas confesiones y drusos- son formalmente ilegales, descritas como “actos sexuales que contradicen las leyes de la naturaleza” por el artículo 534 del Código Penal y castigadas con penas de hasta un año en prisión.  Las noticias que nos llegan desde territorio libanés son mayoritariamente poco halagüeñas para los derechos LGTB.

En mayo de 2013 año informábamos de las declaraciones del ministro del Interior libanés, Marwan Charbel, que se jactó de que su país es hostil a los gays y propuso negar la entrada al mismo de las parejas del mismo sexo que se casen en Francia, precisamente durante el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en el país galo. La homofobia de Charbel quedaba especialmente de manifiesto con el término elegido para referirse a los homosexuales, liwat, palabra de origen religioso cuyo origen se remonta al mito de Sodoma y que es considerada un insulto grave. Charbel, precisamos, es cristiano maronita (la iglesia maronita es una iglesia de rito oriental en comunión con el papa de Roma).

Las declaraciones homófobas del ministro líbanes del Interior tenían lugar apenas dos semanas después de que se produjera una redada en la principal discoteca gay de Beirut, la capital del país. La policía arrestó, desnudó y golpeó a seis asistentes, que fueron acusados de “promover la prostitución, las drogas y la homosexualidad”. El alcalde del distrito donde se encuentra el local fue quien dio la orden directa a las fuerzas de seguridad y se encargó de difundir los nombres, fechas de nacimiento y domicilios de los detenidos. Alrededor de un centenar de activistas protestaron en Beirut contra estos hechos.

También hemos informado desde dosmanzanas de otros casos que reflejan la difícil situación de las personas LGTB en el Líbano, como los exámenes anales a sospechosos de ser homosexuales, unas crueles y absurdas pruebas llevadas a cabo por la policía libanesa bajo el pretexto de determinar la orientación sexual de las víctimas (y a las que también las organizaciones médicas del Líbano se han opuesto). En julio de 2012, 36 personas fueron detenidas por asistir a un cine que emitía porno gay. En junio de 2013 Human Rights Watch hacía público un duro informe que ponía de manifiesto la persecución de las personas LGTB en el Líbano y la crueldad de las prácticas policiales tras entrevistar en detalle a más de 50 personas que han sido objeto de violencia física y/o psicológica en el contexto de una investigación policial o una detención (puedes acceder al informe pinchando aquí).

Como noticia positiva, en julio de 2013 la Sociedad Libanesa de Psiquiatría hacía público un documento en el que recordaba a los profesionales de la salud que la homosexualidad no es un trastorno psiquiátrico, siendo el primer país árabe donde tenía lugar un posicionamiento semejante.

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