El pasado jueves se presentó en la Embajada de Italia en España, en Madrid, la LGTBIpol, una asociación sin ánimo de lucro de policías y guardias civiles sensibilizados y especializados en delitos de odio en el ámbito LGBTI.

LGTBIPOL nació como una idea de Iván Martínez, presidente de LGTBIpol, hace 2 años cuando vivió de cerca el caso de una persona que sufría rechazo, discriminación y odio, incluso algún agresión por su condición sexual. Aquella víctima de homofobia trasladó a Iván que no se sentía cómodo denunciando el delito.

Por ello se creó una herramienta de sensibilización en ambos sentidos que pudiera conectar a la sociedad con los cuerpos policiales de una manera más cómoda y evitar así una victimización secundaria y a la vez eliminar ese pensamiento de que la policía ante estos casos no te va a entender.

LGTBIpol nace en el abanico de la diversidad, convencidos de la sociedad lo es y por tanto merecer unos cuerpos policiales igualmente diversos.

En la misma cita se presentó la Asociación de Abogados Contra Delitos de Odio, con quien LGTBpol trabajará mano a mano.

Nos parece una genial iniciativa que dentro del cuerpo policial exista una asociación especializada en el colectivo LGBTI.

LGTBIpol comienza su andadura ¡Enhorabuena, compañeros! Con vosotros, por la diversidad, los derechos de tod@s y contra el odio y #homofobia pic.twitter.com/4y8ypUPofr

— Policía Nacional (@policia) 12 de enero de 2017

Fuente AmbienteG

General, Historia LGTBI Asociación de Abogados Contra Delitos de Odio, Embajada de Italia, España, Guardia Civil, Iván Martínez, LGBT, LGTBIpol, Policía Nacional

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Actualizado:

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50 muertos y 53 heridos en el ataque a tiros en un club gay de Florida. El agresor, muerto en un enfrentamiento con la policía, irrumpió en el local de Orlando y se atrincheró con rehenes. Varios medios identifican al atacante como Omar Mateen

Confirmado: lo ocurrido esta noche en Orlando (Florida) es una tragedia sin paliativos. Un tiroteo en el Pulse Nightclub, un local de ambiente gay, ha causado decenas de víctimas, según ha confirmado la Policía local, que a lo largo de la noche ha utilizado su cuenta de Twitter como vía de comunicación oficial de lo que estaba sucediendo.

El ataque comenzó en el interior del local en torno a las dos de la madrugada (hora de Florida, las ocho de la mañana en la España peninsular) y se continuó de un tiroteo en el exterior con varios agentes. El atacante acabó por atrincherarse en el interior, resultando finalmente abatido después de que los agentes de asalto provocaran una “explosión controlada” y entraran en el local para liberar a los posibles rehenes, unas cuatro horas después de comenzar el ataque. La noticia de la muerte del asaltante también fue comunicada por la Policía de Orlando vía Twitter.

El asaltante, que portaba dos armas de fuego (un rifle y una pistola) y un artefacto no identificado, parecía tener el ataque perfectamente planificado. Insertamos la transmisión en directo de WFTV, una televisión local de Florida que está cubriendo de forma ininterrumpida la tragedia:

El tiroteo ocurrió en torno a las dos de la madrugada (hora local), cuando el atacante abrió fuego con un arma automática y se atrincheró con rehenes en el club. Al filo de las nueve y media de la mañana, hora de Florida, los medios de comunicación estadounidenses han comenzado a difundir la identidad del autor del ataque: Según la cadena CBS, el agresor ha sido identificado como Omar S. Mateen,Omar Mateen, de 27 años, ciudadano estadounidense natural de Port. St. Lucie (Florida) que no se encontraba en la lista de terroristas que elabora el Gobierno. El FBI investiga posibles vínculos de Mateen con el terrorismo islamista.

Por otra parte, según el balance oficial hecho público en rueda de prensa por las autoridades a las 10:15 (hora de Florida), el número de fallecidos se eleva ya a 50 (inicialmente se dijo que eran alrededor de la veintena). El número de heridos trasladados a diferentes hospitales asciende en estos momentos a 53.

Numerosos vehículos de emergencia acudieron a la discoteca y varias víctimas fueron evacuadas en ambulancias. Más tarde, la Policía confirmó en Twitter que había efectuado una “explosión controlada” cerca del local y que el atacante había fallecido tras los disparos efectuados por los agentes. El sospechoso podría tener “una inclinación” por el terrorismo yihadista, según fuentes del FBI.

Muchos de los heridos continúan “en estado crítico”, según los servicios de emergencias.

Una testigo, Rosie Feba, que logró escapar del local junto a su novia, indicó que el tiroteo comenzó cerca de la hora del cierre. “Ella me dijo que alguien estaba disparando. Todo el mundo se tiró al suelo”, dijo y añadió que al principio pensó que “no era real”. “Pensaba que era parte de la música hasta que vi el fuego de su pistola”, agregó.

Se trata del segundo ataque en la ciudad en poco más de 24 horas, después de que la cantante Christina Grimmie fuera asesinada el viernes por un hombre que la disparó tras su actuación.

En una rueda de prensa convocada de urgencia tras el tiroteo en el club Pulse, el alcalde de Orlando ha afirmado que la comunidad es “fuerte” y que se “ayudarán los unos a los otros para superar esto”. También ha pedido al gobernador de Florida que, debido a la magnitud de la tragedia, declare el estado de emergencia en Orlando.

Fuente Agencias/El País/El Mundo/Cáscara amarga/ Dosmanzanas

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Tras intentar quitarse la vida pegándose un tiro en el pecho, fruto del acoso homófobo que estaba sufriendo, Vanesa Fraga tiene la prohibición expresa de los médicos de tener cualquier tipo de comunicación con la Guardia Civil.

La guardia civil Vanesa Fraga, que ya en diciembre intentó suicidarse tras denunciar el acoso que estaba sufriendo por ser lesbiana, está siendo ahora presionada por altos mandos de la Guardia Civil para que declare por lo sucedido. La agente salió hace apenas diez días del Hospital Militar El Naval, en Ferrol, donde estuvo ingresada 18 días debido a “un cuadro de angustia y ansiedad muy fuerte” derivado de la tensión de ver cómo sus superiores forzaron que se le retirara una condecoración con la que había sido premiada por su colaboración en un accidente de rally.

Según el diario Público, el mismo día que Fraga salía del hospital, sus padres recibían una citación para que tanto ellos como la guardia civil y su mujer acudan a declarar por lo sucedido. “Me pregunto si quieren acabar con una familia y con una chica que ha dedicado su vida a una institución que la está llevando poco a poco al declive“, se lamentaba la esposa de Vanesa. La Guardia Civil no ha querido declarar nada al respecto.

La familia de Vanesa Fraga ha denunciado públicamente que la Guardia Civil la ha citado para ser interrogada pese a que tienen conocimiento de que los médicos le han prohibido expresamente mantener ningún tipo de relación con el Cuerpo. De hecho, Fraga y su esposa han tenido que mudarse para cumplir con esta restricción facultativa. “Se lo están saltando todo a la torera —acusa su familia—. Los médicos redactaron un informe que incluía que no estaba preparada para declarar ni para hacer nada. Cada dos por tres llaman a sus padres por teléfono, a su mujer, a ella… No están respetando absolutamente nada”.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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Recogimos la historia en diciembre: una agente de la Guardia Civil se disparó a sí misma con su arma tras haber denunciado en redes sociales ser víctima de acoso debido a su orientación sexual. Ahora conocemos que la Guardia Civil ha maniobrado para impedir que le fuese concedida una condecoración por su trabajo. 

El intento de suicidio ocurrió poco después de que Vanesa Fraga escribiese en redes sociales dos mensajes altamente significativos: “Mi capitán, ha conseguido lo que quiere” y “Que a los que nos gusta nuestro trabajo intenten hundirnos por su homofobia”.  Fraga residía en la Casa Cuartel de Pontedeume, en Coruña, junto a su madre y su esposa, con la que había contraído matrimonio recientemente. El vicepresidente del colectivo ALAS Coruña, David Fuentes, que llegó a convocar una concentración de protesta el 12 de diciembre, sostuvo entonces que además de los mensajes que Vanesa había dejado personas allegadas a la víctima coincidían en la acusación de homofobia. “A todos esos hijos de…, sinvergüenzas y homófobos que han conseguido que mi hermana llegara a esto decirles también que, aunque son momentos duros y estamos destrozados, las fuerzas que le faltaron a ella me sobran a mí para luchar por mi hermana”, llegó a escribir en Facebook su propia hermana. ALAS criticó también que ciertos medios intentasen centrar la atención en el hecho de que la agente tenía abierto un expediente sancionador, como si ello restase gravedad a la situación de acoso que la víctima podría haber sufrido.

Pues bien, ahora el diario Público ha dado a conocer que la Guardia Civil han maniobrado para que no le sea concedida a Vanesa Fraga un galardón de reconocimiento por su actuación en el accidente que el pasado septiembre tuvo lugar en el rally del Carral, cuando un vehículo se salió del recorrido y arrolló a una veintena de personas. Siete de ellas murieron, pero gracias a la rápida actuación de las fuerzas de seguridad (entre ellas, de la agente Fraga) se evitó que la tragedia fuera aún mayor. Gracias a ello la agente fue distinguida con una mención especial de la Federación Gallega de Automovilismo, tal y como puede verse en el listado oficial de ganadores que fue hecho público. Pero finalmente será el general jefe de la Guardia Civil de la zona (ausente del accidente) el que recibirá una mención.

Según asegura también Público, Vanesa Fraga tampoco será reconocida por la propia Guardia Civil, tal y como el equipo médico del rally de Carras, Team Medical Sport, había pedido a la Comandancia. Y ello pese a que durante la convalecencia de Vanesa en cuidados intensivos tras su intento de suicidio, algunos mandos transmitieron a la familia su intención de hacerlo.

Confiemos en que los hechos que llevaron al intento de suicidio de Vanesa Fraga se aclaren y que se depuren las correspondientes responsabilidades. En ese sentido, actuaciones como las que ahora conocemos no resultan desde luego tranquilizadoras.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. A Coruña, Acoso, ALAS Coruña, David Fuentes, Federación Gallega de Automovilismo, Galicia, Guardia Civil, Homofobia, Lesbofobia, Pontedeume, Vanesa Fraga

Imagen: Eurosport

La Policía Nacional relanzará en las comisarías la campaña de 2014 de sensibilización para fomentar la denuncia de las víctimas de agresiones.

El número de denuncias va creciendo y es, sin duda, un paso muy importante

Dos de cada tres agresiones homófobas no se denuncian

La Policía Nacional estará vigilantes antes los insultos homófobos que se produzcan en los estadios de fútbol madrileños y relanzará en las comisarías la campaña de 2014 sensibilización para fomentar la denuncia de las víctimas de agresiones o insultos por LGTBfobia.

Estas han sido algunas de las medidas que ha anunciado Concepción Dancausa tras la reunión que ha mantenido este jueves con colectivos de homosexuales y transexuales ante los casos de agresiones de este mes en Madrid.

En el encuentro participaron este jueves, entre otros, Yago Blanco, coordinador de Arcópoli; Sonia Hernández de Transexualia; Manuel Ródenas, representante del Programa de la Comunidad de Madrid de LGTBI y el presidente de Colega, Francisco Ramírez.

También ha estado el comisario jefe de la Comisaría de Getafe e interlocutor social con los colectivos LGTB, José Ramón Murillo, y el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Germán Rodríguez Castiñeira, Unidad que se encarga de investigar los delitos de odio.

“El número de denuncias va creciendo y es, sin duda, un paso muy importante en la normalización del colectivo desde el punto de vista de la seguridad, por ello sigo haciendo constantes llamamientos para que no quede sin ser denunciada ninguna agresión contra el colectivo LGTB”, subrayó Dancausa.

Las comisarías de Madrid se convertirán en el soporte publicitario de la campaña, al tratarse de un escenario idóneo para el desarrollo de acciones de este tipo, ya que tanto dentro de estos centros policiales como en las redes sociales o en la propia web son capaces de llegar a millones de personas.

Por otro lado, las asociaciones han pedido también una mayor sensibilización de los agentes que atienden a las víctimas de estas agresiones, puesto que consideran que hay una falta de sensibilidad en las comisarías. En ese sentido, Dancausa les ha informado que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ya reciben formación en esta materia tal y como establece el Protocolo aprobado.

Además, ha informado de que en 2015 se realizaron dos cursos; en marzo para jefes de sección, Brigadas y Oficinas de Atención al Ciudadano y en noviembre para Comisarios. Durante la reunión, las asociaciones han planteado el reconocimiento de la figura del ‘acompañante’.

Dancausa les ha respondido que según la Ley del estatuto de la Víctima del delito, la víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, para evitar una segunda victimización del agredido.

Aunque poco a poco vayan incrementándose el número de denuncias de agresiones homófobas, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, entre el 60 y el 90 por ciento de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio, entre ellos la homofobia, no denuncian su caso ante ninguna organización, Fuerza de Seguridad, tribunal de Justicia u ONG.

No obstante, la representante del Gobierno central en Madrid ha trasladado un mensaje de “tranquilidad”, puesto que según las informaciones de las que dispone la Policía, “no hay bandas ni se están produciendo agresiones sistemáticas a integrantes del colectivo LGTB”.

En el año 2015 hubo un total de 7 denuncias. También se abrieron 9 diligencias por comentarios en las redes sociales con contenidos que podían incitar al odio, según sus datos.

Asimismo, Dancausa ha reconocido el repunte de denuncias en enero, ya que ha habido 4 en 20 días. Mientras, en enero de 2015 no hubo ninguna denuncia en el mismo período, lo que a su juicio “puede ser debido a que poco a poco se va venciendo el miedo del colectivo LGTB a denunciar las agresiones”.

“Un paso muy importante ya que la denuncia es fundamental para poder conocer los hechos y detener y poner a disposición judicial a los culpables de estos delitos”, ha añadido. Los datos aportados por la Delegación chocan con los ofrecidos por el portavoz de Arcópoli, Rubén López, quien asegura, según sus estadísticas, que el año pasado hubo una veintena de agresiones y que en lo que llevamos de año ha habido nueve, aunque cuatro han acabado en denuncia. Y es que, según ha señalado, existen muchos infradelitos y ataques que no llegan a delito, así como muchos delitos ocultos y cuyas víctimas no se atreven a denunciar.

Fútbol y refugiados

El representante de Arcópoli, que se ha mostrado “satisfecho” por las respuestas ofrecidas de la institución gubernamental, ha entregado un detallado documento sobre propuestas en materia de delitos de odio por LGTBfobia y la situación de estos colectivos en la región.

En la reunión ha solicitado un interlocutor para estos colectivos en la Guardia Civil, al igual que ya tienen en la Policía Nacional; que se extienda el protocolo existente en el hospital de la Paz para delitos de odio; y que las sanciones por insultos homófobos en los partidos de fútbol sean “contundentes”.

A este respecto, Concepción Dancausa se ha comprometido a transmitir a la Comisión Antiviolencia esta petición. A su vez, ha indicado a las asociaciones que colaboren con las federaciones deportivas para que allí tomen también medias. Y además ha pedido que un comisario, a través del grupo XIII, traslade a la Brigada todas las manifestaciones homófobas que se oigan en los estadios madrileños.

Por otro lado, Rubén López ha transmitido también su preocupación por los casos de homofobia entre los refugiados sirios ocurridos en Europa, y evitar que se produzcan en España. Y es que, según ha comentado, en Holanda y Suiza se han registros agresiones a refugiados que se han ‘liberado’ al llegar a Europa por parte de sus propios compatriotas.

En otro orden de cosas, el portavoz de la asociación COLEGA, Francisco Ramírez COLEGA ha animado también a la denuncia ante cualquier tipo de ataque o agresión y ha pedido que las víctimas “encuentren en las FCSE el trato adecuado para poder denunciar. “Nos han preocupado a veces que los jueces no apliquen el agravante de homofobia para este tipo de delitos”, ha añadido.

Asímismo, el coordinador del programa LGTBi de la Comunidad de Madrid, Manuel Ródenas, ha afirmado que han conseguido también el compromiso de la delegada para que este tipo de denuncias tengan un impulso desde la Fiscalía de Delitos de Odio.

Fuente Agencias/Cáscara Amara

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Una agente de la Guardia Civil de Fene fue ingresada hace unos días tras dispararse en el estómago con su propia arma. El colectivo LGTB ALAS Coruña ha denunciado un posible caso de acoso homofóbico vivido dentro del cuartel por parte de la víctima, debido a su orientación sexual. Así lo reflejan los dos mensajes que la agente escribió en su muro de Facebook tan solo una hora antes del suceso. En el primero de ellos escribió: “Mi capitán, ha conseguido lo que quiere”. En el siguiente, publicado tan solo unos minutos después, podía leerse: “Que a los que nos gusta nuestro trabajo intenten hundirnos por su homofobia”. 

Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del pasado martes, en la Casa Cuartel de Pontedeume, en La Coruña, donde Vanesa, nombre de la agente, reside con su madre y su mujer, con quien se casó recientemente. Fuentes cercanas a la Guardia Civil confirmaron que la víctima empleó el arma reglamentaria para, según se asume, acabar con su vida.

El colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) Alas A Coruña ha denunciado que “parece bastante probable” que se trate de un caso de acoso homofóbico debido a lo escrito por la agente en las redes sociales como a testimonios de su entorno.

El vicepresidente de esta asociación, David Fuentes, ha denunciado un posible caso de “acoso homofóbico” con una agente de la Guardia Civil de la localidad de Fene, en La Coruña, que se disparó este martes de madrugada. Fuentes ha aludido a lo escrito por la agente en las redes sociales, donde apareció el 7 de diciembre un mensaje diciendo “mi capitán, ha conseguido lo que quiere”, unas palabras que, según el activista LGTB, coinciden con testimonios de allegados de la agente. Además, ha recalcado que la guardia civil, que vivía en Pontedeume, y que se había casado recientemente con una mujer, utilizaba el término de “homofobia” en los mensajes que ponía en las redes sociales. Con todo, ha dicho que habrá que esperar “a ver que sale de la investigación” abierta por la Benemérita. “Pero es bastante probable que se trate de un caso de acoso homofóbico”, ha insistido.

Cuartel guardia civil Pontedeume

El vicepresidente de ALAS Coruña, David Fuentes, ha señalado a Dosmanzanas que “no tenemos constancia de en qué punto se encuentra la investigación porque lo que se hace público es prácticamente nada”. Según apunta, “hay declaraciones del delegado del gobierno en Galicia indicando que no les consta que haya habido ninguna denuncia interna y que en un entorno así ‘no puede haber acoso’”. En definitiva, “el típico discurso de ‘eso en mi casa no pasaría nunca, ‘¿en mi familia?, ¡jamás!, eso solo le pasa a otros’”. Aunque nos asegura que desde ALAS Coruña han intentado ponerse en contacto con la familia de la víctima “por diferentes vías”, comenta que les ha resultado “imposible”.

Además de la denuncia que la víctima realizó públicamente a través de las redes sociales, Fuentes sostiene que “personas allegadas a la víctima coinciden en la acusación de homofobia”. Así, la propia hermana de Vanesa daba las gracias a través de su perfil en Facebook a todos aquellos que “de una manera o de otra os habéis preocupado por mi hermana y nos habéis expresado vuestras muestras de cariño”. En el mismo mensaje, añadía que “a todos esos hijos de…, sinvergüenzas y homófobos que han conseguido que mi hermana llegara a esto decirles también que, aunque son momentos duros y estamos destrozados, las fuerzas que le faltaron a ella me sobran a mí para luchar por mi hermana”.

Por otro lado, ALAS critica también la manipulación de “ciertos medios” a la hora de informar sobre lo ocurrido y tratar la noticia, por emplear “datos irrelevantes como titulares para desviar la atención de lo realmente importante”. En uno de esos titulares, publicado en un medio local, se pudo leer que “La guardia civil de Fene que se disparó tenía abierto un expediente sancionador“, sin ni siquiera molestarse en hacer explícito el motivo por el cual se le impuso dicho expediente, y como si ese dato restase un ápice de gravedad a la situación de acoso laboral que la víctima podría haber sufrido durante bastante tiempo por parte de un superior. Según hemos podido saber, la agente permanece ingresada en la uci del CHUAC en estado estacionario dentro de la gravedad de las lesiones que presenta.

Por otra parte, se había avanzado que estaban en contacto con otras organizaciones LGTB de Galicia para convocar una concentración conjunta, “posiblemente en Pontedeume”, ha explicado sobre el lugar donde la guardia civil, ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), residía. Finalmente, ALAS Coruña convocó este pasado sábado una concentración, a las 17:00 horas, ante la Casa Cuartel de Pontedeume, en apoyo a Vanesa y también de su familia. Además, la agente de la guardia civil está propuesta para la concesión de una medalla por su intervención en la tragedia de la última edición del rally de Cambre, en la que fallecieron un total de siete personas.

Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alas A Coruña, David Fuentes, Guardia Civil, Lesbianas, lesbianismo, Lesbofobia, Pontedeume

La noticia se conocía este pasado miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una coincidencia que de hecho pone aún más de manifiesto lo espeluznante de la historia. Uno de los dos detenidos habría tratado de mantener una relación con la mujer cuando residía en Quintanar de la Orden (Toledo), pero ella se negó, informándole además de su condición de lesbiana. Ello fue, según asegura la Guardia Civil, el desencadenante del macabro plan.

Los detenidos son J.B.G.P., de 39 años, y S.C.R. de 49, ambos de nacionalidad española. La que iba a ser su víctima estuvo viviendo en Quintanar durante un año, hasta este verano. Tuvo que dejar el pueblo por el acoso que sufría por parte de uno de ellos, que no aceptó verse rechazado por una mujer lesbiana. Fue por ello que, siempre según la versión de la Guardia Civil, urdió un plan para violarla y asesinarla junto al segundo detenido, propietario de varias chatarrerías, que al parecer también conocía a la mujer y al que el primero iba a dar 9.000 euros por ayudarle. El urdidor del plan ya había sido condenado con anterioridad a una pena de diez años de prisión por otra agresión sexual.

Afortunadamente una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Quintanar de la Orden y la Fiscalía de Toledo y llevada a cabo por especialistas de la Guardia Civil desbarató el plan, que incluía la ocultación del cadáver de la víctima en un foso situado en una de las chatarrerías, cuya foto ha hecho pública la propia Guardia Civil:

No podemos sino felicitarnos de que en este caso el macabro plan, que demuestra que también las mujeres lesbianas y bisexuales pueden ser objeto de la violencia machista, no pudiera completarse.

Fuente Dosmanzanas

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, las coordinadoras Trabajando en Positivo y CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) llevan meses solicitando una reunión con la Dirección General de la Función Pública para pedir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas de personas con VIH en las oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ya hay una respuesta: el Gobierno simplemente se niega a considerar una revisión de las exclusiones amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión, que según han expresado estas organizaciones no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente.

El pasado 29 de septiembre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO), las coordinadoras Trabajando en Positivo, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) solicitaron por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones. Las organizaciones ya se habían dirigido a la anterior directora general para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que vivir con el VIH no suponga ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos.

Si en las anteriores ocasiones no se había tenido respuesta por parte de Función Pública, en esta sí que han respondido y para sorpresa de las organizaciones lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española.

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones mencionadas han remitido cartas tanto a la Dirección General de la Función Pública como al Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, aunque oficialmente solo habían recibido respuesta desde Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil. Ahora por fin, y tras la llegada de un nuevo director general, Javier Pérez Medina, ha habido una respuesta por parte de Función Pública, pero esta no ha podido ser más decepcionante.

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de dicho departamento, “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

El texto añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

José Marín, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explica que “es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en octubre del año 2014”.

Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. “El estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”, añade.

Para Santiago Redondo, vocal de salud de FELGTB, la respuesta de la Dirección General de la Función Pública demuestra su desconocimiento “de los avances que ha habido respecto a la transmisión del VIH y continúa sobrevalorando el riesgo de transmisión del VIH y por lo tanto discriminando a las personas con VIH”.

Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.

Pese a la negativa, en un comunicado conjunto las citadas organizaciones han insistido  en su  compromiso “para continuar trabajando a la hora de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público” y acabar con una medida discriminatoria que no se ajusta a la evidencia científica disponible. Estas entidades vienen insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adaptar los reglamentos que dan cabida a este tipo de exclusiones para adecuarlos a lo establecido por la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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La Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda desde el año 2001 la no exigencia de la prueba de detección VIH en los reconocimientos médicos de las empresas, ni en el momento de contratar a los trabajadores ni como requisitos para la continuación de la relación de trabajo. La realización de esta prueba, dice la OIT, es “innecesaria” e “injustificada”.

Gran parte de los casos de discriminación laboral son debidos a la desinformación sobre el VIH y sus vías de transmisión, como posiblemente sea el caso que ha salido a la luz estos días del guardia civil apartado de su puesto de trabajo, presuntamente por vivir con el VIH. CESIDA denuncia que en España sigue existiendo veto en las profesiones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, rechazando el acceso laboral a personas con VIH a pesar de haber superado las pruebas físicas y de aptitudes.

“Una buena información y educación son fundamentales para evitar casos de rechazo, hay que insistir en que el VIH no es una enfermedad contagiosa, como puede ser el ébola, sino transmisible. De ahí también la importancia del lenguaje para eliminar discriminaciones”, afirma Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA.

Así, CESIDA demanda desde hace años una revisión de protocolos y de legislación que dificulta el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con VIH como la errónea categorización del VIH como “enfermedad infecto-contagiosa” en lugar de “infecto-transmisible”, que provoca que con la legislación en la mano se produzcan casos de rechazo laboral.

Las vías de transmisión (sexual, vertical y sanguínea) son conocidas desde el inicio de la epidemia y existe un acuerdo unánime sobre la importancia que tienen las medidas universales de prevención de la transmisión para evitar que se produzcan nuevas infecciones. Estas medidas fueron adoptadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se han incorporado a nuestros sistemas de salud pública.

Las personas con VIH que gracias al tratamiento antirretroviral tienen una carga viral indetectable, y por lo tanto sin capacidad de transmisión del virus, están asintomáticas, “son tan aptas para desempeñar con éxito su labor como aquellas personas que no tienen VIH”, aclara el presidente de CESIDA.

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, CESIDA, Discriminación, Guardia Civil, Juan Ramón Barrios, Serofobia, VIH

Un Guardia Civil ha denunciado un posible caso de discriminación al haber sido apartado del servicio después de 31 años en la benemérita. Este hombre, que prefiere dejar su nombre en el anonimato, ha visto como un informe de la Junta Médico Pericial ha significado que no pueda seguir desarrollando su trabajo.

Según el informe, el funcionario tiene una discapacidad física del 66% a causa de una patología de oncología asociada al VIH. Para el miembro de la Guardia Civil, este virus es el verdadero causante de su despido.

Este funcionario ha convivido con el virus en su cuerpo durante más de 15 años, hasta que en el año 2008 se le diagnosticó un cáncer infeccioso que le provocó fallos multiorgánicos. El virus del VIH provocó el necrosamiento de los fémures, aunque no afectó a su grado de movilidad, y la aparición de un sarcoma de Kaposi y un linfoma en el pecho.

A pesar de recuperarse, después de superar meses en los que su vida corrió peligro, este Guardia Civil y, según consta en los informes, su adherencia al tratamiento fue positiva y total. Pero a pesar de todo, la Guardia Civil decidió prescindir de sus servicios al declarar su “inutilidad permanente para el servicio” por “insuficiencia de condiciones psicofísicas“.

El afectado ha manifestado su malestar porque su enfermedad fue filtrada a sus superiores, algo que pudo provocar que recibiera presiones de los mismos. La situación se volvió insostenible y el funcionario acusó el nerviosismo y el estrés, teniendo que acudir varias veces al servicio de urgencias con crisis de ansiedad.

Por desgracia, este Guardia Civil no es el único caso registrado de personas que teniendo VIH han terminado sin empleo. La Federación Trabajando en Positivo recibe cada día a personas seropositivas que han sufrido trato desfavorable en sus ambientes de trabajo y, según el informe ‘VIH y el mundo laboral’, elaborado por la misma federación, las principales situaciones de estigma y discriminación que sufren las personas con el virus –que no siempre desarrollan la enfermedad: el SIDA– comprometen bien al acceso a un puesto de trabajo, con pruebas de detección como requisito previo a la contratación, o bien a la permanencia en dicho empleo, con cambios en las condiciones de trabajo, trato diferenciado ante oportunidades de promoción laboral o vulneración de la confidencialidad de datos médicos.

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Ingreso en prisión de Alcalá Meco, en la mañana de este jueves, del guardia civil. / LV

El guardia civil penado con cárcel por insultar a un mando se despidió ayer de su mujer y su hija pasará entre rejas los próximos cuatro meses

La familia recuerda que en la jurisdicción ordinaria habría sido condenado a una multa

Jorge García Badía | CIEZA. @jgbadia. 29 enero 2015

No pudo reprimir las lágrimas al ver el disfraz de su pequeña Celia, porque sabía que no se lo podrá ver puesto. Tampoco podrá soplar las velas con ella cuando cumpla dos añitos el próximo 11 de marzo. Sergio se va a perder cuatro meses de la vida de su hija porque el Juzgado Togado Militar de La Coruña le ha mandado a prisión por decirle «maricón» a un sargento primero del cuartel de la Guardia Civil en Irún (Guipúzcoa).

Sergio ingresó en la prisión militar de Alcalá Meco esta mañana. «Esto no tiene ni pies ni cabeza», se repetía ayer, una y otra vez, Sergio, guardia civil de 36 años, destinado en la actualidad en Archena. El encontronazo con el mando se produjo en 2006, después de que el agente cambiase las guardias en el Grupo Fiscal por una vacante en la cocina de la cantina de Irún. Le apetecía ese destino, pues antes de ingresar en la Benemérita había regentado una bocatería en Lorquí. «La gente se quejaba todos los días del menú, pero el sargento era un hombre chapado a la antigua: no quería cambiar nada».

Sergio aprovechó la ausencia del mando por vacaciones para intentar satisfacer las peticiones de sus compañeros, imprimiendo al rancho militar sus buenas dotes culinarias. «Preparaba patatas con ajo, sardinas… Pasamos de treinta a cincuenta comensales y aumentamos los ingresos». Sin embargo, el sargento primero no tardó en relevar a Sergio, aprovechando un descanso de éste.

La noticia la conoció a su regreso y a través de un tercero. El roce entre ambos quedó sin resolver, hasta que el 31 de diciembre de 2006 se le ocurrió auxiliar al nuevo cocinero. «Se le estaba quemando la cena de Nochevieja y me pidió ayuda. Fue entonces cuando el sargento me vio en la cocina y mandó a un compañero para decirme que me marchase. Salí al bar y le dije que no tenía huevos a decirme las cosas a la cara. ‘¡Eres un cobarde!’». El asunto acabó en el Tribunal Militar de Burgos, que archivó la causa en la que el mando acusaba a Sergio de decirle «maricón», incluso de haberle amenazado supuestamente con un vaso de tubo que rompió en la barra. «Ha mentido desde el principio; si hago eso me habrían engrilletado. Solo le dije ‘cobarde’», insiste Sergio. Leer más…

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El Ministerio del Interior ha presentado el primer ‘Protocolo de actuación policial‘ contra los delitos de odio en España, que busca que se denuncie a quien se muestre “hostil” contra otras personas o colectivos por razones de religión, raza, orientación sexual, creencias o discapacidad.

Francisco Martínez (fotografía), secretario de Estado de Seguridad, ha presentado este protocolo en la sede de su departamento, donde estuvo acompañado por representantes de colectivos de defensa de los inmigrantes y de personas LGTB. “Este protocolo nos va a permitir visualizar los delitos de odio que se producen en nuestro país y ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y lo denuncien”, subraya.

Durante esta comparecencia, en la que estuvieron presentes también los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Martínez explicó que el objetivo de esta iniciativa es “identificar los delitos de odio” en España y animar a las víctimas a que los denuncien.

En este sentido, indicó que existe un “número desconocido” de delitos de odio en la sociedad española, que un informe cuantifica en 1.172 las conductas ilegales de este tipo registradas en 2013 en todo el territorio nacional.

Evitar la violencia física

El ‘número dos’ de Interior destacó que la “violencia verbal” antecede a la física, por lo que se trata de que los afectados denuncien situaciones de intimidación por parte de otras personas. Martínez también remarcó que se pretende con ello “visibilizar los delitos de odio y combatirlos más eficazmente”.

A este respecto, en los folletos que Interior difundirá para dar a conocer el protocolo y esta campaña, se anima a los ciudadanos a denunciar “si una persona se ha mostrado hostil hacia ti por tu raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad”.

Martínez señaló que el protocolo es de uso interno de las Fuerzas de Seguridad del Estado e incluye una serie de “indicadores de polarización” que ayudarán a los agentes a identificar un caso de actitud agresiva hacia colectivos como los inmigrantes o los seguidores de otro equipo de fútbol.

Además, en virtud del protocolo la Policía y la Guardia Civil tendrán un “interlocutor social” para que los colectivos sociales sepan a quién dirigirse en caso de una conducta de odio.

Cánticos en el fútbol

Preguntado sobre si esta iniciativa ayudará a combatir determinados cánticos en los estadios de fútbol, el secretario de Estado señaló que la Ley contra la Violencia en el Deporte, de 2007, ya castiga a quien coree consignas intimidatorias o denigratorias contra otros colectivos.

No obstante, indicó que se buscar hacer un “mayor esfuerzo” para aplicar la ley, lo que, entre otras cuestiones, pasará por exigir que en las actas de los partidos de fútbol se recoja “con claridad” y de “manera exhaustiva” si ha habido consignas intimidatorias y que pueden ser perseguidas.

El ‘número dos’ de Interior explicó que la legislación vigente ya castiga los “mensajes vejatorios o intimidatorios” en el fútbol o en cualquier deporte, pero remarcó que se busca ser más eficaces contra estas conductas, ya que “la violencia verbal es la que desencadena en violencia física”.

“Se trata de un instrumento que puede ser de mucha utilidad dentro las Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación de los delitos de odio mediante indicadores de odio precisos, un registro adecuado y pormenorizado, y sobre todo como ayuda en los atestados dirigidos a jueces y fiscales. Todo ello va a permitir visibilizar todo el iceberg de incidentes de odio que no se procesan en la actualidad de forma correcta como delitos de odio, además de no computarse como tales y no facilitar las pruebas de indicadores de odio para que puedan considerarse como delitos de odio en la fase judicial y aplicar los agravantes de odio previsto en la legislación. Esperamos que este sea un primer paso de una estrategia más amplia y continuada para lograr emerger muchos delitos de odio que hasta ahora aparecían como meras infracciones de insultos y agresiones”, ha declarado Paco Ramírez, presidente de COLEGAS.

“Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales entre un 60 y un 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncian. No se denuncia por la sensación de que quedarán impunes o recibirán penas mínimas, por el miedo a represalias a las víctimas por parte de los delincuentes o su entorno, por la hostilidad o poca receptibilidad por parte de algunos policías ante este tipo de delitos, e incluso por el temor a exponer su situación ante la familia o su entorno que se da sobre todo en muchos homosexuales o bisexuales que están en el armario socialmente. Es necesario un compromiso más firme por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en formar y aumentar la sensibilización hacia los colectivos de víctimas, así como campañas específicas para disminuir la desconfianza actual hacia las fuerzas de la seguridad en lo que se denomina la ‘segunda victimización’ cuando las víctimas encuentran demasiados obstáculos a la hora de la denuncia”, continúa Ramírez.

“Este paso es importante, pero no podemos olvidar que legislativamente existe mucha ambigüedad a la hora de perseguir y castigar adecuadamente los delitos de odio, por lo que se hace imperiosa una Ley de No Discriminación e Igualdad de Trato, o Ley Contra los Delitos de Odio, que establezca de forma clara un sistema sancionador así como medidas de lucha contra los delitos de odio en todas las esferas de la sociedad. También sería muy necesario un Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio destinado a jueces y fiscales, que sensibilice y forme sobre cómo proceder y actuar ante este tipo de delitos”, concluye Paco Ramírez.

Fuente Ministerio del Interior

FOTO: El presidente de la Confederación LGBT Española COLEGAS (Paco Ramírez), junto al Secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez), el Director General de la Guardia Civl (Arsenio Fernández de Mesa) y el Director General de la Policía Nacional (Ignacio Cosidó) durante la presentación del Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio

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