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Comunidad mapuche reclama por asesinato de una joven activista trans en el sur de Chile

Martes, 23 de febrero de 2021

Emilia-Milen-Herrera-331x445-1Emilia, una activista y artista trans de 25 años, fue asesinada el miércoles en Panguipulli, al sur de Chile. Recibió un disparo en la cabeza en circunstancias que se están investigando. En la misma zona hace días un artista callejero fue abatido a tiros en un operativo policial.

Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile 

Emilia Milén Herrera Obrecht fue asesinada de un disparo en la cabeza el miércoles en la madrugada, cerca del condominio Riñi Mapu, en Panguipulli, una ciudad del sur de Chile. Tenía 25 años, en su entorno le decían “Baucis” y hace poco tiempo había iniciado su transición, en el seno de una comunidad mapuche.

A Emilia le dispararon en circunstancias que todavía son investigadas por la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística Regional de Los Ríos. Pero su muerte ocurre a menos de dos semanas de que se viralizara un video del asesinato de Francisco Martínez, un artista callejero que se resistió a un control de identidad y a cambio recibió cuatro balazos del arma de un policía. Lo que devino en una ola de protestas en varias ciudades de Chile.

Es la misma localidad en la que hace cuatro años la activista ambiental Macarena Valdés fue encontrada muerta en su casa, en la comunidad mapuche Newen de Tranguil. Aunque la autopsia oficial estableció un suicidio, su familia sigue denunciando un asesinato generado en el marco de una lucha que comandaba en contra de la instalación de un proyecto hidroeléctrico de una empresa austríaca.

Desigualdad y falta de diálogo

Una fuente que vive en la zona, conversó con Presentes vía telefónica y pidió el resguardo de su identidad por temor a represalias, explicó: lo que ocurre en Panguipulli y las zonas aledañas es el reflejo de una división que viene gestándose desde hace años, con una marcada desigualdad. Con una vida en esa ciudad sureña, habla con énfasis de “falta de diálogo con los pueblos originarios, que tienen una lucha histórica por la autonomía territorial, y simplemente no los escuchan y los reprimen”. Y cuenta que los conflictos con la municipalidad y las autoridades “también vienen creciendo desde hace tiempo, en parte por estas razones”.

La bala que mata a Emilia se dispara en ese escenario. Y en medio de un conficto que resurge cada año: la necesidad de “veranear” y de llegar a playas aledañas a condominios privados en Panguipulli, que bloquean el libre acceso.

Qué dice la comunidad mapuche 

17-f-mapu-5En un comunicado, la comunidad mapuche Lof Llazcawe, que consideraba a Emilia una lamngen (hermana en mapudungún), explicó que cayó por una bala disparada en su frente por parte de los propios guardias sicarios contratados por el condominio, quienes en ese momento estaban expulsando a unos campistas que se encontraban ahí”. En ese texto, difundido por redes sociales, aseguran que Carabineros les había autorizado durante la tarde que acamparan en el lugar.

Según el parte policial de Carabineros, registrado por el OS-1 de la policía uniformada y publicado por el diario La Tercera, se trataba de un grupo de aproximadamente 20 personas. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, dijo a la prensa local que el fiscal jefe de Panguipulli, Marcelo Leal, encabeza las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Detalló que tras los disparos, se produjo “un incendio de varios inmuebles ubicados allí” y que a raíz de ese incidente hay siete personas detenidas.

Presentes intentó comunicarse con la Fiscalía de Los Ríos para intentar aclarar lo que ocurrió, conocer todas las versiones que se manejan e indagar respecto al origen de las balas, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuestas.

Justicia para Emilia

Multiforme, plantaniñanimal, transmutando, trava. Emilia se definía así en su perfil de Instagram. Era artista plástica, nació y se crió en Santiago, pero hace al menos cinco años se había mudado al sur de Chile, cuentan en su entorno. Desde hace poco había decidido asentarse en la ciudad de Valdivia, ubicada a 100 kilómetros de Riñimapu, adonde se movía con frecuencia.

Una amiga de su infancia, con quien compartió colegio y años de adolescencia, cuenta que aunque no se veían desde hacía tres años, sabía que estaba feliz en el sur. Complementaba su rol como artista con el trabajo de la tierra, el cuidado y recuperación de animales de la calle, un proyecto de elaboración de quesos y la enseñanza de mapudungún.

“Lamentablemente yo me salté la última etapa de su vida, que es cuando logra su consagración social y personal. Pero sé que estaba haciendo lo que quería,.Sanándose y muy conectada a la tierra y al pueblo mapuche”, cuenta. Por eso no puede entender cómo pasó algo así: “Esto fue un acto injustificado y no ocurrió en el contexto de una protesta, ni de una toma. Emilia no era ninguna terrorista, como dicen por ahí. Ella estaba en otra sintonía, en el lugar equivocado, y recibió un disparo injustificadamente”, dice, basada en las versiones que manejan varios grupos del colegio al que fueron juntas.

En un momento tan complejo, sólo desea que la Justicia llegue y busca aliviar el dolor recordando los momentos felices. Repasando sus dibujos, sus grabados, su arte: “Era la mejor persona del mundo. Nunca dejaba de sonreír y siempre tenía las palabras precisas cuando alguien lo necesitaba”.

A Emilia la enterraron el 17 de febrero en la tarde. La comunidad Lof Llazcawe la despidió con una tradicional ceremonia fúnebre mapuche.

Desde el miércoles, varias manifestaciones y velatones se han levantado en distintas ciudades de Chile. Este viernes 19 de febrero por la tarde habrá una jornada de agitación en el Cerro Huelén, en Santiago, convocada por amigues de Emilia y respaldada por varias organizaciones LGBTI. No sólo van a exigir justicia para Emilia. También quieren alzar la voz, desde la capital, para que cese la violencia, el abuso policial y la represión mapuche en el sur del país.

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Fuente Agencia Presentes

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El PP de Yecla apoya una charla contra la Ley de Igualdad LGTB

Miércoles, 25 de enero de 2017

El Partido Popular de Yecla avala una charla de la Asociación Libertas en la que su presidente sacará la LGTBfobia a pasear mientras critica la Ley de Igualdad LGTBI de Murcia.

Resulta que el Ayuntamiento de Yecla, del Partido Popular, ha dado su visto bueno a una charla organizada por la Asociación Libertas, para explicarle a los ciudadanos de la localidad algo que les afecta muchísimo en su día a día: ¿el precio de la electricidad  que se ha subido gracias al PP y a los votates LGTBI que votan PP?… ¡Ah, no! ¡¡¡ la Ley de Igualdad LGTBI de Murcia!!!!!!.

Lo digo porque se organiza en un auditorio municipal, Dios nos libre de insinuar que en el PP hay homófobos…

La Asociación Libertas  es un grupo de personas heterosexuales que han decidido que una ley que no les afecta en absoluto no les gusta y por eso luchan contra ella.  Y es que la Ley de Igualdad LGTBI de Murcia o de cualquier otro sitio lo único que le exige a las personas heterosexuales es que no discriminen a las personas LGTBI, al tiempo que reconoce y protege la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

Por lo tanto cuando alguien protesta contra esta ley, por mucha parafernalia que le metan a los cartelitos, lo que está haciendo es exigir su derecho a discriminar al colectivo, a ser LGTBIfóbico. Y eso no es un derecho. Ni una opinión.

Dice el señor Francisco Martínez que la asociación nace para representar a un grupo de ciudadanos (¿Un grupo ace las leyes?) que “creen” que la ley les afecta. ¿Y cómo les afecta si son todos heterosexuales? Pues mira:

El primer argumento que usan es que es una ley que interfiere con leyes estatales. Es el mismo argumento que usaron los homófobos (sí, HOMÓFOBOS, con todas las letras) en Madrid cuando protestaron por la misma ley autonómica allí. Pero eso se soluciona fácilmente con una ley estatal (que si esperas que la apruebe Rajoy, te van a salir canas).

Dice en el vídeo el señor Martínez, así bien despechao y con las gafas de sol colgando de la camisa, que la ley vulnera diversas libertades. La de “conciencia”, la de “expresión” (la homofobia no es una opinión y no está protegida por la libertad de expresión), la de “cátedra” (porque un profesor tiene derecho a cobrar un sueldo público y ser homófobo y transfóbico y racista y machista y misógino), la patria potestad, la libertad de los padres a educar a sus hijos “según sus criterios morales y éticos“.

Lo único que dice esa ley es que no se puede discriminar a las personas LGTB. Bueno, dice más cosas pero básicamente dice eso. Para enseñar a la gente qué es discriminar y qué no, hace falta que las instituciones públicas hagan campañas de concienciación del mismo modo que se hace cuando hay otros colectivos en riesgo.

Dicho esto, ¿qué dice el locuaz Javier Maroto de lo que permiten sus compañeros?

Fuente EstoyBailando

 

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Torremolinos y Mijas aprueban planes contra la homofobia

Martes, 4 de agosto de 2015

torremolinos_gayRepresentantes de Arco Iris junto a concejales del Ayto de Torremolinos tras aprobación de la moción

Pendiente de aprobación en pleno, los Ayuntamientos de Benalmádena y Marbella coordinan ya su propio plan con acciones en los ámbitos educativo, deportivo y policial.

En Arco Iris esperan aprobaciones similares en los municipios de la Axarquía-Costa del Sol: Rincón de la Victoria, Torrox, Vélez-Málaga y Nerja.

En torno al pasado 28 de junio la bandera del arco iris ondeó por primera vez en 6 de los Ayuntamientos más importantes de la Costa del Sol: Marbella, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, el Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga. Para la Federación Andaluza Arco Iris supuso el pistoletazo de salida para involucrar a estos consistorios en políticas concretas a favor de la igualdad real y por los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales.

Como muestra visible del cambio, un mes después los Ayuntamientos de Mijas y Torremolinos han aprobado un plan municipal contra la homofobia y transfobia, Benalmádena ya coordina las acciones de un plan semestral, el equipo de gobierno de Marbella ya ha puesto en marcha varias acciones y Torremolinos ha acogido su primera manifestación por los derechos LGBTI con el apoyo del consistorio.

Desde la Federación Andaluza Arco Iris esperan también que en las próximas semanas también se sumen a esta iniciativa los grandes municipios de la comarca de la Axarquía-Costa del Sol. Esta federación ya ha remitido a los nuevos equipos de gobierno del Rincón de la Victoria, Torrox, Vélez-Málaga y Nerja la moción “Plan municipal contra la homofobia y la transfobia”.

Aprobación de la moción: “Plan municipal contra la homofobia y la transfobia”

Apenas una semana después de haberse producido el relevo en los gobiernos municipales la Federación Andaluza ARCO IRIS solicitaba a 6 de los nuevos equipos la colocación de la bandera y la aprobación de una moción con medidas concretas contra la homofobia y la transfobia. Todos los consistorios accedieron a la petición de colocar la bandera.

En relación con las mociones hoy jueves se han aprobado en Torremolinos y Mijas con el apoyo de todos los concejales presentes en ambos ayuntamientos, tras haber sido presentadas y defendidas por concejales de CSSP (Costa del Sol Si Puede).

Mijas

Al medio día de hoy jueves Francisco Martínez ha defendido la moción en el pleno del Ayuntamiento de Mijas. Curro, como así se hace llamar el único concejal abiertamente gay del municipio, ha explicado la necesidad de que se reconozcan los derechos y se visibilice a las más de de 10.000 personas homosexuales, bisexuales y transexuales que viven en Mijas, según las estadísticas oficiales.

Curro ha desgranado cada una de las 15 medidas concretas que incluye la moción y ha especificado el COSTE CERO de las mismas. “No se trata de hacer cosas nuevas, sino de incluir y visibilizar al colectivo lgbti en lo que ya se suele hacer”. En cuanto a la formación y los talleres el concejal ha especificado “los realizará gratuitamente Arco Iris, asociacíon de la que soy miembro”.

Especialmente interesante ha resultado, en referencia al apartado sobre la visibilidad en el urbanismo municipal. Curro ha propuesto el reconocimiento al actor gay británico Ian McKellen asignando a una calle o plaza de Mijas su nombre “por su contribución a la visibilidad del colectivo lgbti”.

Tras la defensa realizada por el concejal de CSSP la portavoz del grupo socialista ha solicitado incluir como enmienda un párrafo para que se incluyan todos los puntos de esta moción en el plan municipal de igualdad entre hombres y mujeres, y que este plan sea rescatado por el nuevo equipo de gobierno y puesto en marcha.

La moción ha contado finalmente con el apoyo de todos los concejales presentes en el pleno: PSOE, CSSP y Ciudadanos. Los concejales del PP habían abandonado el pleno a primera hora de la mañana.

Torremolinos

En Torremolinos la aprobación del plan municipal contra la homofobia y la transfobia llegaba a las 13:15. La moción era presentada por Josefina Serdio, quien en los días anteriores había contactado con todos los partidos presentes en el ayuntamiento para asegurar el éxito de la moción.

Del plan original de 15 puntos solicitado por la Federación Arco Iris finalmente se han excluido 2 puntos referidos a CULTURA y COOPERACIÓN INTERNACIONAL por los reparos de Ciudadanos y PP.

Finalmente la moción ha sido presentada con 16 puntos, tras la inclusíon de 3 adicionales: la declaración de Torremolinos como “municipio gay-friendly”, la creación de una tarjeta promocional con la misma denominación en colaboración con el empresariado local y la instancia a la Junta de Andalucía para la creación de una ley integral contra la discriminación del colectivo LGBTI.

En la votación en pleno este plan de 16 puntos ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos: PP, PSOE, CSSP, IU y Ciudadanos.

Señales para toda la ciudadanía

Para Arco Iris “se trata de señales con las que los Ayuntamientos, tanto en pleno como desde el equipo de gobierno, lanzan un mensaje claro contra la homofobia y la transfobia a la ciudadanía, comprometiéndose al mismo tiempo y de forma clara en llevar a cabo medidas concretas en el mes en el que celebramos el décimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario”.

Estas mociones, impulsadas por Arco Iris, cuentan también con el respaldo de Familias por la Diversidad, asociación de padres, madres y familiares de personas LGBTI: “es muy importante que todas las concejalías asuman el trabajo contra la homofobia y la transfobia, porque en todas las áreas de la vida, y también en todos los departamentos municipales, tenemos que estar con los ojos bien abiertos para evitar las discriminaciones, y más aún, actuar para prevenirlas sensibilizando a la población“, comenta Isabel Martínez, su presidenta.

Puesta en marcha del plan municipal

Desde Arco Iris señalan la importancia de aprobar una moción para que cada Ayuntamiento tenga una “hoja de ruta” que comprometa a todas sus concejalías en la implementación de las acciones durante este primer año de legislatura. La moción estandar incluye 15 medidas concretas.

Además su presidente recalca el “coste cero” de estas medidas, ya que no requieren de la utilización de nuevos recursos sino la inclusión del fomento del respeto a la diversidad a través de las actividades y recursos ya existentes en el propio Consistorio.

Las medidas más novedosas son la creación de un centro LGBT que dará apoyó al profesorado y al alumnado de institutos y colegios, la inclusión de los diferentes modelos familiares en las actividades infantiles municipales, y la promoción del respeto activo a la diversidad entre la población mayor, a través de los centros de servicios sociales y centros de mayores.

Además las acciones incluyen la formación de la policía municipal y del personal de las instalaciones deportivas en relación a las normativas específicas de no discriminación y a los delitos de odio y discriminación.

Texto completo de la moción:

MOCIÓN “PLAN MUNICIPAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA”

POR LOS DERECHOS HUMANOS
DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES E INTERSEXUALES

El día de los derechos LGBTI está más necesitado que nunca de reivindicación.

Según informes de Amnistía Internacional los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales son pisoteados de forma permanente en muchos lugares del mundo. Leer más…

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Un observatorio vigilará la violencia por identidad y orientación sexual

Sábado, 9 de mayo de 2015

thumbEl Observatorio destaca la escasez de denuncias de delitos odio motivados por la orientación sexual que llegan a las fuerzas de seguridad.

Los ministerios de Sanidad y de Interior de España han presentado el Observatorio contra los Delitos por Orientación en Identidad Sexual, ya rebautizado como contra la LGTB-Fobia. La institución -que no pertenece a la estructura de ningún organismo oficial; no es equiparable, por ejemplo, al Observatorio de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Sanidad- es iniciativa del Colectivo de Lesbianas y Gais (Colegas) con la participación de instituciones públicas y privadas y financiación (14.000 euros) de las subvenciones del IRPF, según ha explicado su abogado.

Su objetivo es conocer al detalle una situación a la que el último informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior puso en cifras: de los 1.285 delitos de odio (ataques o agresiones por raza, identidad sexual, orientación sexual, sexo, país de origen, discapacidad), el 39,9% se cometieron por motivos de orientación (a gays, lesbianas y bisexuales) e identidad sexual (a transexuales). El 37% fue por racismo y xenofobia, el 15,5% contra discapacitados, el 4,9% contra creencias y prácticas religiosas, el 1,9% por antisemitismo, y el 0,9% por aporofobia (contra los pobres).

En el acto han participado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero Benínez; el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska; el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y otros representantes de diferentes asociaciones y colectivos.

Los colectivos están muy preocupados por el aumento de estos ataques que perciben y que, además, en muchos casos se producen a jóvenes. Estos muchas veces asumen la igualdad legal con la social, y resultan agredidos cuando se manifiestan. El último caso fue el ataque repetido a cuatro chicos en Madrid, la madrugada del 28 de abril.

Uno de los objetivos del observatorio es que los agredidos denuncien. Según los datos de los representantes de Interior y Sanidad, sólo acude a comisaría un 10% de los atacados.

Camarero ha avanzado que se está elaborando un “estudio sobre el acoso homofóbico en España” y que se está impulsando la formación del personal que atiende a víctimas potenciales.Iniciativas que se suman a las ya existentes como el primer protocolo para que las fuerzas de seguridad identifiquen mejor los delitos de odio, ha recordado Martínez antes de señalar que 20.000 policías y guardias civiles han recibido cursos para tratar a estas víctimas o cómo actuar de oficio ante un incidente que esconda una motivación de odio al diferente.

“Queda mucho por hacer, porque existe un buen número de personas que no denuncian”, ha destacado el número dos de Interior, que ha apelado a que “nadie tenga miedo ni se quede callado” porque piense que es “normal” lo que le ha sucedido. Solo una de cada diez víctimas de agresiones físicas o verbales motivadas por su orientación o identidad sexual o cualquier otro delito de odio se denuncia.

En esta misma línea, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha abogado por seguir el camino emprendido en la lucha contra la violencia machista para atajar también los delitos de odio. “Hay tajo para aburrir, pero estamos empezando”, ha defendido Ibarra, para quien las ONG deben dejar de hablar de representación para pasar a la intervención. Desde el terreno jurídico, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha subrayado que, si bien tenemos bastantes mecanismos legales y protocolos con las fuerzas de seguridad, el problema sigue siendo que existen pocas denuncias y que el principal obstáculo por superar sigue siendo la prevención. “El dar a conocer esta realidad, dar a conocer los delitos de odio y que se hable de ello ayuda a la gente y es construir sociedad”, ha dicho Grande-Marlaska. “Hago un llamamiento a que nadie se quede callado. Que todo el mundo denuncie porque eso es lo que necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para actuar“, señaló el secretario de Estado de Seguridad. El observatorio contará con una web, stoplgtbfobia.org.

El anuncio del observatorio pilló fuera de juego a la principal federación LGTB de España, la FELGTB, que está fuera del observatorio, afirma su presidente, Jesús Generelo. La FELGTB no “entiende” a qué viene este anuncio, cuando ellos llevan un año trabajando precisamente con el Ministerio de Sanidad en un proyecto, Redes contra el Odio, que incluye otro observatorio.

Al margen de la precipitación o interés electoralista de este anuncio, y de su posible duplicidad, la inquietud por la homofobia es clave en los colectivos. Por ejemplo, estuvo muy presente en el debate que con representantes de los seis partidos políticos con mayores opciones de obtener representación en la Comunidad y la ciudad de Madrid (PP, PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos y Podemos) organizó el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) el pasado lunes.

De hecho, la reunión empezó con el mensaje de apoyo de Sofía Miranda (Ciudadanos) a los cuatro jóvenes agredidos. En él todos los representantes propusieron, al nivel de sus competencias, la elaboración de una ley contra la discriminación por orientación e identidad sexual, aunque esta “debería ser estatal”, dijo el representante de UPyD, Gabriel López, candidato a la Asamblea de Madrid.

Era la primera vez que a uno de estos debates —que Cogam intenta organizar periódicamente— acudía un representante del PP, Ángel Garrido, número dos en la lista para la Asamblea de Cristina Cifuentes. Garrido admitió que su partido “arrastra una losa de una actitud” respecto a los ciudadanos LGTB “que no ha sido la más adecuada”, e insistió en recalcar el perfil más abierto de Cifuentes y él. “Fue un error nuestro recurso al Constitucional” contra el matrimonio igualitario, dijo.

Ese tono llevó a los representantes del PSOE y de IU (Carla Antonelli y Julián Sánchez) a optar por “mirar el futuro” y no insistir en posturas del PP en el pasado, como su repetida oposición a que se elabore una ley integral para las personas transexuales, que incluya una discriminación laboral positiva, defendió Antonelli, y que el PP ha frenado en la Asamblea de Madrid esta legislatura varias veces.

Ninguno de los grupos apostó por un observatorio como el que se ha anunciado hoy, pero María Espinosa, de Podemos, sí que propuso que las Administraciones se implicaran en marcar la conmemoración del 17 de mayo —precisamente el Día Mundial contra la LGTB-fobia— y el 1 de diciembre, Día Mundial contra el Sida.

Otros puntos en que los seis representantes estuvieron de acuerdo fueron en que, bien recuperando la asignatura de Educación para la Ciudadanía que la última ley educativa, la del ministro José Ignacio Wert, quiere eliminar, o con otro sistema se enseñe desde pequeños a los niños que “hay familias con dos papás o dos mamás” —dijo la representante de Ciudadanos—, y coincidieron en que el ideario de un colegio no puede negarse a incluir esta cuestión, que afecta a los derechos humanos.

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El Ministerio del Interior español pone en marcha el primer protocolo de actuación contra delitos de odio

Jueves, 18 de diciembre de 2014

2014_12_15_fIUNwSS2eMGIkkQoFDAUc6El Ministerio del Interior ha presentado el primer ‘Protocolo de actuación policial contra los delitos de odio en España, que busca que se denuncie a quien se muestre “hostil” contra otras personas o colectivos por razones de religión, raza, orientación sexual, creencias o discapacidad.

Francisco Martínez (fotografía), secretario de Estado de Seguridad, ha presentado este protocolo en la sede de su departamento, donde estuvo acompañado por representantes de colectivos de defensa de los inmigrantes y de personas LGTB. “Este protocolo nos va a permitir visualizar los delitos de odio que se producen en nuestro país y ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y lo denuncien”, subraya.

Durante esta comparecencia, en la que estuvieron presentes también los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Martínez explicó que el objetivo de esta iniciativa es “identificar los delitos de odio” en España y animar a las víctimas a que los denuncien.

En este sentido, indicó que existe un “número desconocido” de delitos de odio en la sociedad española, que un informe cuantifica en 1.172 las conductas ilegales de este tipo registradas en 2013 en todo el territorio nacional.

Evitar la violencia física

El ‘número dos’ de Interior destacó que la “violencia verbal” antecede a la física, por lo que se trata de que los afectados denuncien situaciones de intimidación por parte de otras personas. Martínez también remarcó que se pretende con ello “visibilizar los delitos de odio y combatirlos más eficazmente”.

A este respecto, en los folletos que Interior difundirá para dar a conocer el protocolo y esta campaña, se anima a los ciudadanos a denunciar “si una persona se ha mostrado hostil hacia ti por tu raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad”.

Martínez señaló que el protocolo es de uso interno de las Fuerzas de Seguridad del Estado e incluye una serie de “indicadores de polarización” que ayudarán a los agentes a identificar un caso de actitud agresiva hacia colectivos como los inmigrantes o los seguidores de otro equipo de fútbol.

Además, en virtud del protocolo la Policía y la Guardia Civil tendrán un “interlocutor social” para que los colectivos sociales sepan a quién dirigirse en caso de una conducta de odio.

Cánticos en el fútbol

Preguntado sobre si esta iniciativa ayudará a combatir determinados cánticos en los estadios de fútbol, el secretario de Estado señaló que la Ley contra la Violencia en el Deporte, de 2007, ya castiga a quien coree consignas intimidatorias o denigratorias contra otros colectivos.

No obstante, indicó que se buscar hacer un “mayor esfuerzo” para aplicar la ley, lo que, entre otras cuestiones, pasará por exigir que en las actas de los partidos de fútbol se recoja “con claridad” y de “manera exhaustiva” si ha habido consignas intimidatorias y que pueden ser perseguidas.

El ‘número dos’ de Interior explicó que la legislación vigente ya castiga los “mensajes vejatorios o intimidatorios” en el fútbol o en cualquier deporte, pero remarcó que se busca ser más eficaces contra estas conductas, ya que “la violencia verbal es la que desencadena en violencia física”.

“Se trata de un instrumento que puede ser de mucha utilidad dentro las Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación de los delitos de odio mediante indicadores de odio precisos, un registro adecuado y pormenorizado, y sobre todo como ayuda en los atestados dirigidos a jueces y fiscales. Todo ello va a permitir visibilizar todo el iceberg de incidentes de odio que no se procesan en la actualidad de forma correcta como delitos de odio, además de no computarse como tales y no facilitar las pruebas de indicadores de odio para que puedan considerarse como delitos de odio en la fase judicial y aplicar los agravantes de odio previsto en la legislación. Esperamos que este sea un primer paso de una estrategia más amplia y continuada para lograr emerger muchos delitos de odio que hasta ahora aparecían como meras infracciones de insultos y agresiones”, ha declarado Paco Ramírez, presidente de COLEGAS.

“Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales entre un 60 y un 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncian. No se denuncia por la sensación de que quedarán impunes o recibirán penas mínimas, por el miedo a represalias a las víctimas por parte de los delincuentes o su entorno, por la hostilidad o poca receptibilidad por parte de algunos policías ante este tipo de delitos, e incluso por el temor a exponer su situación ante la familia o su entorno que se da sobre todo en muchos homosexuales o bisexuales que están en el armario socialmente. Es necesario un compromiso más firme por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en formar y aumentar la sensibilización hacia los colectivos de víctimas, así como campañas específicas para disminuir la desconfianza actual hacia las fuerzas de la seguridad en lo que se denomina la ‘segunda victimización’ cuando las víctimas encuentran demasiados obstáculos a la hora de la denuncia”, continúa Ramírez.

“Este paso es importante, pero no podemos olvidar que legislativamente existe mucha ambigüedad a la hora de perseguir y castigar adecuadamente los delitos de odio, por lo que se hace imperiosa una Ley de No Discriminación e Igualdad de Trato, o Ley Contra los Delitos de Odio, que establezca de forma clara un sistema sancionador así como medidas de lucha contra los delitos de odio en todas las esferas de la sociedad. También sería muy necesario un Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio destinado a jueces y fiscales, que sensibilice y forme sobre cómo proceder y actuar ante este tipo de delitos”, concluye Paco Ramírez.

Fuente Ministerio del Interior

FOTO: El presidente de la Confederación LGBT Española COLEGAS (Paco Ramírez), junto al Secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez), el Director General de la Guardia Civl (Arsenio Fernández de Mesa) y el Director General de la Policía Nacional (Ignacio Cosidó) durante la presentación del Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio

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En España se registraron 1.172 ataques por homofobia y racismo en 2013

Lunes, 28 de abril de 2014

discriminacionEl año pasado se identificaron en España 1.172 incidentes catalogables como delitos de odio contra personas principalmente por motivo de su raza, origen o etnia, su condición u orientación sexual y por razón de su situación de discapacidad, según los datos aportados este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el Senado.

Las víctimas sufrieron en un alto porcentaje violaciones, abusos sexuales o vejaciones

Estas son las primeras cifras oficiales que se ofrecen del ‘Mapa de la discriminación‘ impulsado por recomendación del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE y que en España se ha puesto en marcha en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Se trata de la primera recopilación de datos relativos a delitos, faltas e infracciones administrativas por conductas calificables de delito de odio, un tipo no recogido expresamente en el Código Penal.

De los más de 1.100 incidentes registrados por las fuerzas policiales, el grupo más amplio correspondía a discriminaciones por razón de orientación o identidad sexual, seguida de los delitos de odio por motivo de raza o nacionalidad, principalmente en el ámbito deportivo.

En tercer lugar, figuran los cometidos por razón de discapacidad de las personas, el 20% de los cuales fueron hurtos y el 12%, por delitos sexuales. No obstante, a partir del próximo año se recogerán también datos relativos a la edad en este colectivo para tener un mapa más completo, conforme ha señalado el secretario de Estado.

Asimismo, se produjeron delitos de odio en otros ámbitos, entre los que Martínez ha destacado los incidentes por motivo de religión y creencias y las manifestaciones de odio o rechazo a las personas en situación de pobreza, sin recursos o en situación de desamparo.

El número de los llamados “delitos de odio” (los ataques a personas debido a sus creencias, identidad sexual u origen étnico) ascendió en España en 2013 a 1.172, según fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad, que recoge datos de todos los cuerpos policiales, excepto la Ertzaintza vasca. La mayoría de los incidentes están relacionado con la orientación sexual de las víctimas (452 casos) seguidos de los de tinte racista (381), los discapacitados (290), las creencias religiosas (42), los antisemitas (3), y contra los mendigos (4). Por territorios, aquellos en los que se ha producido más ataques son Andalucía, Madrid y Cataluña, dado su alta densidad de población.

En relación con las tipologías (penales y administrativas) concretas, se encuentran las siguientes: abusos sexuales, 164; lesiones, 149; amenazas, 114; agresión sexual, 91; actos racistas y xenóbofos en acontecimientos deportivos, 83; hurto de objetos que portaban las víctimas, en 67 casos; agresión sexual con penetración, en 64 incidentes; vejaciones de carácter leve, 58; exhibicionismo, 32, y otro tipo de actos sin definir en 350 casos. Los abusos sexuales suelen producirse en casos de ataques a personas por su orientación o identidad sexual, mientras que el resto están muy departidos en las otras tipologías delictivas, según la Secretaría de Estado de Seguridad.

Estos datos coinciden con la constitución del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación -Covidod- que reclama la aprobación de una ley específica que garantice la asistencia jurídica, la atención humanitaria y la protección de los afectados. Según este organismo, el acto de presentación del consejo ha contado con el apoyo de la Secretaría General de Migraciones y de la Fiscalía para los Delitos de Odio, y está integrado por entidades como Movimiento contra la Intolerancia, Red Europea contra los Crímenes de Odio, Unión Romaní, Federación de Comunidades Judías de España, Asociación de Refugiados e Inmigrantes y la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, entre otras.

La decisión de organizar a las víctimas y contar con el apoyo de expertos y entidades especializadas en este sector se produce tras la aprobación de la directiva europea sobre los derechos de las víctimas.

El secretario de Estado ha puesto en valor que ‘una de las cuestiones más importantes de este balance es que aunque la víctima nos se identifique como tal, sí lo puede hacer cualquier otra persona, incluido el agente de policia o cualquier otro testigo’, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea de lucha contra el racismo, lo que ‘supone un gran avance en la visibilización de las conductas discriminatorias en la sociedad’.

Martínez, ha recordado que según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), entre el 60 y el 90% de las víctimas de estas conductas no llegan a denunciarlas, ‘principalmente porque creen que no va a cambiar nada, que si lo hacen va a tener consecuencias negativas o que de nada sirve denunciar’. El mapa de la discriminación, en este sentido, permitirá detectar los casos y diseñar políticas acordes a la realidad.

Fuente Europa Press y El País

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