Una hija recién nacida y un niño de seis años fueron separados en forma irregular de su mamá por ser lesbiana. Denuncian al menos diez casos en diferentes estados del país.
CIUDAD DE MÉXICO, México. Julissa Chuc Hass es una madre lesbiana de 30 años a la que le arrebataron a su hija recién nacida e hijo de seis años. Desde el 26 de octubre, sus hijes están bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) después de que una trabajadora social criminalizara a Julissa por ser lesbiana, tener expresión de género masculina y ser pobre. La Red de Madres Lesbianas en México afirma que hay más casos de lesbofobia institucional en hospitales y oficinas de registro civil en el país.
A partir del caso de Julissa, la Red de Madres Lesbianas está sistematizando información de casos similares. En entrevista con Presentes, Miztli Leal afirma que en este momento al menos hay diez casos en diferentes estados del país. Madres lesbianas, gestantes y no gestantes, y sus hijes tienen negado su derecho a la familia, al reconocimiento y a la identidad.
“El caso de Julissa es muy particular. Pero en la Red detectamos casos similares en donde hay una lesbofobia institucional en hospitales, públicos y privados, y en registros civiles hacia madres lesbianas gestantes y no gestantes. Esto pasa desde Tapachula hasta Tijuana. Las madres lesbianas tienen que pagar amparos, abogadas, viajes y venir a la Ciudad de México para conseguir un trámite que a una pareja heterosexual jamás le van a negar”, explica Miztli Leal.
La abogada de Julissa, Dariana Quintal afirmó a Presentes que en Yucatán la Prodennay, la cual pertenece al DIF (Desarrollo Integral de la familia) estatal. Es un organismo descentralizado coordinado por el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, es una institución que lleva al menos diez años violando los derechos de menores de edad que pertenecen a familias indígenas y que están en situación de vulnerabilidad.
“Separan a los menores de su familia de forma injustificada, los llevan a albergues, promueven pérdidas de patria potestad de formas arbitrarias y ventajistas sobre todo con personas indígenas y personas que pertenecen a zonas marginadas y utilizan a estos menores para las adopciones. Así es como el DIF estatal se involucra en la trata de menores. Desde mi trabajo rescaté a 100 niños en esta situación”, denuncia Quintal.
“En este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales”
En 2019, a través de un amparo presentado por la organización México Igualitario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que se limite el derecho de filiación de menores que nacen en senos de familias lesbomaternales.
La SCJN determina que el derecho al matrimonio igualitario implica el derecho a la familia, la comaternidad, la seguridad social, la adopción y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y pese a que este año se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, a las familias lesbomaternales mexicanas les siguen negando sus derechos.
Miztli Leal enumera así los casos que la Red de Madres Lesbianas en México ha detectado sobre violaciones a derechos en hospitales y oficinas de registro civil:
– Hospitales públicos y privados que niegan el derecho de visitas e información a las madres no gestantes durante y posterior al parto.
– Hospitales privados en donde niegan el registro de nacimiento con los apellidos de ambas madres.
– Oficinas de registro civil que recomiendan registrar a sus hijes como madres solteras y se les niega el reconocimiento a las madres no gestantes.
– Casos en donde a pesar de estar reconocido el matrimonio igualitario en todo el país y tener derecho a la familia, en los registros civiles no hacen resguardo de actas cuando las madres viajan a la Ciudad de México a registrar a sus hijes. Y cuando llegan a sus estados para resguardar el acta, los registros civiles niegan ese derecho y les obligan a pagar un amparo.
Niñes con derechos negados
A les hijes de estas familias lesbomaternales también se les viola su derecho a la identidad. En México, el acta de nacimiento es el documento que brinda identidad a sus ciudadanes y abre la puerta a otros derechos.
De acuerdo a la abogada Ninde Molre, integrante de México Igualitario, pese a que existen varios ordenamientos que hablan de que el derecho a la identidad implica el derecho a tener un acta de nacimiento gratuita esto no siempre se cumple.
“Es muy común que haya prácticas en hospitales de no entregar actas hasta que paguen cantidades absurdas de dinero. Son violencias que se perpetúan sobre todo contra personas que no tienen seguro, ni información, ni herramientas para defenderse. Y que además, viven una realidad de pobreza o son indígenas”, explica.
Y agrega, “en este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales. Por eso es urgente que en todo el país se reconozcan estos derechos”.
Caso Julissa
Julissa es originaria de Quintana Roo y migró a Yucatán luego de sobrevivir un ataque de odio por ser lesbiana. Es de oficio albañila y trabajadora del hogar. El 26 de octubre una trabajadora social del hospital público, General Agustín O’Horán, le hizo un estudio socioeconómico para determinar cuánto debía pagar por parir.
Además, cuestionó su maternidad por ser lesbiana con expresión de género masculina. Al ver cicatrices que Julissa tiene en su cuerpo por las violencias que vivió, la acusó de consumir sustancias.
“La trabajadora social criminalizó a Julissa. Alegó que por ser una mujer lesbiana con expresión de género masculina no tiene derecho a la maternidad. La juzgó por su situación económica y que va a ser un mal ejemplo para sus hijos. Así empieza el calvario de Julissa, simplemente por ser lesbiana, vivir en estado de vulneración y decidir ser madre”, dice su abogada, Dariana Quintal.
La trabajadora social que acusó a Julissa lo hizo sin pruebas. La denunció ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), quien abrió una carpeta de investigación contra Julissa.
Julissa Chuc acompañada de la Red de Madres Lesbianas. Foto: Georgina González.
Para defenderla, sus vecinas juntaron 60 firmas que presentaron a la Procuraduría respaldando que “es una mujer trabajadora y madre amorosa y responsable”.
Por su parte, el DIF de Yucatán lanzó un comunicado en donde dijo que activó un protocolo para “proteger” a dos menores. Los medios de comunicación locales reforzaron ese discurso.
“El caso de Julissa nos está mostrando la violencia institucional y la discriminación en todo su esplendor. Muestra cómo el sistema niega y quiere invisibilizar cualquier existencia lesbiana. No solo está vulnerando los derechos de Julissa, también de sus hijes”, agrega la abogada Ninde Molre.
Múltiples violaciones a derechos humanos contra Julissa y sus hijes
Julissa también vivió violencia obstétrica. Al momento del parto le practicaron sin su consentimiento una episiotomía (una incisión en el periné). Se trata de una práctica considerada violencia obstétrica por “invasiva y que puede causar daño físico”, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Una vez que nació la bebé de Julissa, no se la dejaron ver, abrazar, ni amamantar. Tampoco pudo registrarla como su hija. Desde que nació, hace 48 días, Julissa la vio solo en dos ocasiones con duración de una hora cada vez y bajo supervisión del DIF de Yucatán.
A los nueve días de haber parido, la Procuraduría citó a Julissa y a su hijo de seis años. Le pidieron llevar una carta de antecedentes no penales, comprobante de ingresos y examen toxicológico. A su hijo lo separaron de ella para realizarle un estudio psicológico, con el fin, dice la abogada Quintal de “comprobar si el niño era víctima de violencia”.
La Prodennay además de quitarle a su recién nacida, supo que su hijo no cuenta con acta de nacimiento. Fue razón suficiente para también arrebatárselo. Su hijo no tiene acta de nacimiento porque cuando nació las autoridades del hospital exigieron a Julissa 7 mil pesos para registrarlo como “nacido vivo”.
Julissa no tiene documentos oficiales que demuestren y acrediten que es madre de su hijo de seis años y su bebé recién nacida.
“El DIF al conocer ésto no tendría que vulnerar el derecho a la familia e identidad de esos niños. Tendría que buscar el camino para garantizar sus derechos y los de Julissa, pero son cómplices y responsables”, agrega la abogada Quintal.
Julissa con su abogada. Foto: Georgina González.
“Esto no se puede quedar así”
Dariana Quintal prepara, junto a la Fiscalía de Yucatán, una estrategia de defensa para que le regresen a sus hijes a Julissa lo más pronto posible, sean registrades y obtengan su acta de nacimiento.
De acuerdo a su abogada, los peritajes realizados por la Fiscalía al hijo de Julissa no demostraron que fuera víctima de violencia y les niñes cuentan con peso y talla acorde a su edad con respecto a estándares de la OMS.
De los peritajes, Dariana Quintal denunció que la Prodennay solicitó revisiones invasivas de tipo proctológicas al hijo de Julissa. “Para la Procuraduría, que su madre sea una mujer lesbiana es seguro que violente y haga algo inmoral. Fíjate tú la forma de juicio que tienen sobre Julissa”, añade.
También, mencionó que parte del pedido de justicia es buscar que quienes son responsables de estas violaciones a derechos humanos no las repitan y reparen el daño.
“Vamos a hacer todo lo posible para que no repitan las violaciones a derechos humanos que están cometiendo contra mujeres y niños. Esto no se puede quedar así, hay responsables y son el DIF estatal y la procuradora de la Prodennay, Teresita de Jesús Anguas Zapata”, dice.
El 6 de diciembre en una transmisión en vivo Julissa se dirigió a la procuradora Teresita de Jesús y le mandó este mensaje:
“Es injusto lo que usted está haciendo conmigo. Yo necesito a mis hijos. Amo a mis hijos. Y no es justo que no me los quiera entregar. Es injusto que yo esté esperando feliz un 24 de diciembre, ya le compré a mi hija un vestidito para estrenar, a mi hijo le he comprado su ropa, como para que vengan y me quiten ese derecho como madre”.
¿Qué opciones tienen las madres lesbiana para defenderse?
Miztli Leal considera que una forma para defenderse es que las madres lesbianas y familias lesbomaternales tengan información sobre sus derechos y hacerlos valer. Así como la visibilidad de su existencia como familia, pero también de las violencias que atraviesan.
“Algo que consideramos en la Red de Madres Lesbianas es que debemos hacer ruido cuando la violencia institucional y violencia económica niega nuestros derechos. Es vital contar lo que atravesamos para dar cuenta que no son problemas aislados”, comenta.
Por otro lado, considera que “es urgente” que haya sensibilización en las instituciones de salud pública y privada y en las oficinas de registro civil, en donde las personas servidoras públicas escuchen de primera voz experiencias de familias lesbomaternales y madres lesbianas.
“También es importante la visibilidad porque no somos una moda. Entiendo que la salida del clóset puede ser compleja pero sí es importante salir, de esa forma podemos llegar a ver nuestras vivencias como cualquier otra familia. Aquí estamos, existimos, resistimos y no nos vamos a ir”, insiste Miztli.
14 de diciembre de 2022
Georgina González
Georgina G. ÁlvarezEdición: Maby Sosa
Fuente Agencia Presentes
General, Homofobia/ Transfobia.
Dariana Quintal, Familias Homoparentales, Homofobia/Transfobia, Julissa Chuc, Julissa Chuc Hass, Lesbianas, Lesbofobia, Maternidad, México, Miztli Leal, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), Procuraduría de Protección de Niñas, Red de Madres Lesbianas, Yucatán
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ORACIÓN 
La presentación tendrá lugar el 8 de febrero de 2023 en Barcelona
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(Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)
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