El Gabinete libanés sigue avanzando en su ofensiva contra la diversidad sexual y de género amparándose en un Código Penal cada vez más cuestionado por múltiples decisiones judiciales. En este caso, hemos conocido la inutilización de la conocida aplicación de contactos en el que sería el primer caso de bloqueo de una red social de ámbito internacional en el país.

Como ocurrió el pasado mes de enero, desde el pasado viernes 24 de mayo, los usuarios de Líbano no pueden conectarse a la red de contactos Grindr, si bien las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la autoría directa de esta medida. Se ha responsabilizado, entre otros, a las Fuerzas de Seguridad del país, si bien Amnistía Internacional y el diario libanés Daily Star la atribuyen con seguridad al Ministerio de Telecomunicaciones.

Activistas LGTB libaneses han reaccionado a este hecho calificándolo como un nuevo ataque a las libertades, que se suma, por ejemplo, a la cancelación del Orgullo LGTB de Beirut tras la detención de su organizador en 2018. «No es un incidente aislado, es parte de una campaña más amplia y de una estrategia para restringir los espacios de la comunidad LGTB», ha declarado George Azzi, director ejecutivo ejecutivo de Arab Foundations for Freedom and Equality (Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad). Una organización libanesa que promueve una conferencia anual que también el pasado mes de octubre sufrió el acoso de las autoridades. Postura que también comparte Amnistía Internacional, que en palabras de su investigadora Lynn Maalouf, añade que «esta decisión servirá para afianzar y legitimar las opiniones homófobas en el país». Destaca, por otra parte, el silencio de la compañía directamente afectada por la medida, que no ha hecho públicas declaraciones tras la medida.

Sentencias judiciales a favor de los derechos LGTB

Movimientos políticos que se contraponen a la tendencia del sector judicial libanés, que acumula sentencias a favor de los derechos LGTB. Algunos de estos fallos judiciales son los de un tribunal de apelaciones que dictaminó el año pasado que la homosexualidad no es delito; la del juez Rabih Maalouf, contraria a penalizar las conductas homosexuales; la de un tribunal militar que exculpó a cuatro acusados de homosexualidad, o la de un juez que falló a favor de los derechos de un hombre trans. Hay que recordar, en este sentido, que el artículo 534 del Código Penal libanés sigue criminalizando las relaciones «contra natura», pero existen además otros artículos que basados en la defensa de la «moral pública» y «el pudor» justifican el hostigamiento de cualquier demostración pública de homosexualidad.

Ante este panorama, el apoyo internacional a la comunidad LGTB de Líbano se hace más necesario que nunca. El Ejecutivo libanés no se encuentra respaldado por su sistema judicial y la posición de la comunidad internacional puede ser determinante para que el Gobierno libanés ceje en su acoso. Un ejemplo de cómo esa presión puede beneficiar a las libertades individuales y colectivas del país es el de Brunéi, donde el sultán se ha visto obligado a anunciar una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por lapidación para las personas que practiquen relaciones homosexuales. Es reciente, en este sentido, el apoyo de la Embajada Española en el Líbano, que con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia izó el pasado 17 de mayo la bandera arcoíris en su sede.

Fuente Dosmanzanas

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