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Andrea González (izda) lideresa y presidenta de Otrans Reinas de la Noche, y Ceci Ixtapa, de Redtrans, fueron asesinadas entre el 9 y el 11 de junio.

Cecy Caricia Ixpata era una mujer trans originaria de Salamá, Baja Verapaz (a 150 kilómetros de la ciudad de Guatemala). Fue asesinada a golpes el 9 de junio. La hallaron agonizante en el interior de un mercado, donde se venden frutas y verduras y ella era vendedora. La trasladaron al hospital de Salamá, donde falleció. Cecy era integrante de la Redtrans desde 2012, la llamaban cariñosamente Morenita consentida. Aun no se ha encontrado a los responsables del crimen.

Mientras que el viernes 11 de junio fue ultimada a tiros cerca de su residencia en la 11 avenida y segunda calle de la zona dos de la ciudad de Guatemala, Andrea Mutz González de 28 años. Esta mujer trans era una reconocida activista por los derechos humanos de las personas trans en Guatemala y presidenta de la organización Otrans RN Reinas de la Noche.

Bomberos Municipales cubrieron trasladaron a Andrea al Hospital General San Juan de Dios. Desde las declaraciones oficiales, el vocero bomberil Omar Ovalle violentó la identidad de género de Andrea al mencionar que era de “género masculino”. Mientras recalcaban a médicos de urgencias de dicho hospital “es hombre”, sin que el médico se lo hubiese preguntado.

Según informaron fuentes cercanas a Presentes y que prefirieron el anonimato, se discuten varias hipótesis. Entre ellas, que Andrea estaba siendo víctima de extorsiones. Otra fuente indica que por su trabajo en la defensa de derechos humanos había recibido amenazas y enviado denuncias al Ministerio Público.

🇬🇹 #HistoriasDeVida 🏳️‍⚧️

Las Reinas de la Noche nos encontramos de duelo por la perdida irreparable de Andrea González, lideresa y activista por los derechos humanos de las personas Trans, su legado perdura en cada una de nosotras, que su luz nunca deje de brillar. pic.twitter.com/0jhEphoaan

— OTRANS Guatemala (@InfoOTRANS) June 12, 2021

En su intenso recorrido como activista, Andrea había trabajado en un proyecto regional de derechos humanos y fue becaria  del Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes (IVLP) del Departamento de Estado de EEUU.

La Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala denunció mediante un comunicado el transfemicidio: “Con indignación y dolor como Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, emitimos esta alerta urgente, condenamos el hecho y hacemos un llamado al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se de con los responables para garantizar una justicia pronta en el caso de la compañera. También llamamos a la Procuraduría de Derechos Humanos para que acompañe el proceso así como a los organismos internacionales en la materia“.

Hasta hace unas semanas, el Observatorio de Muertes Violentas había reportado 14 crímenes por prejuicio y odio en lo que va de 2021. Entre ellos contra dos adolescentes menores de edad. A esta lista se suman los transfemicidios de Cecy y Andrea con un total de tres transfemicidios en 2021.

Fuente Agencia Presentes

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Micaela Catán tenía 27 años y vivía en Santiago Del Estero. Murió tras ocho días hospitalizada con la mitad del cuerpo quemado. Su familia y organizaciones denuncian fue un transfemicidio. Exigen justicia con perspectiva de género.

Por Ernesto Picco, desde Santiago Del Estero. Fotos: Facebook

Hace cuatro años, cuando tenía 23, Micaela Catán volvió a empezar la primaria. Llegó a ser abanderada en la escuela del barrio Primera Junta, en la capital de Santiago del Estero. Participaba en las reuniones de la asociación D.I.V.A.S., donde era una de las jóvenes trans más activas. En 2021, a sus 27, estaba en pareja y había empezado a construir su casa en el barrio Santa Rosa de Lima. La noche del sábado 3 de abril, su hermana Marina la encontró sentada en la cama, con las piernas y los brazos abiertos. Intentaba inútilmente untarse pasta de dientes sobre el cuerpo para aliviar las quemaduras: “Mirá como estoy”, le dijo Mica a su hermana cuando la vio entrar. Temblaban las dos.

Fue la última vez que se encontraron. Marina relató después: “No tenía rostro. Y la piel de los brazos se le caía”. Mica fue internada y murió ocho días después en el Hospital Regional. Ahora, mientras la familia y las organizaciones aseguran que se trata de un transfemicidio, la justicia investiga el caso con extrema reserva. La fiscal a cargo de la investigación es Celia Mussi, de delitos comunes.

De maltratos y violencias

El mediodía del ­jueves 15 de abril Margarita Rodríguez, madre de Mica, recibe a Agencia Presentes en el mismo patio de tierra donde tres días antes velaron los restos de su hija. Están también Marina, dos hermanos varones y varixs nietxs. La casa queda en el barrio Libertad, un caserío humilde en el extremo oeste, a metros del centenario canal San Martín, que deriva agua del Río Dulce a lo ancho de toda de la ciudad. El frente de la casa donde se crió Mica está pintado de azul y rojo, los colores del club Güemes, como muchas del barrio. Su mamá, Margarita, vivió ahí casi toda su vida, trabajando en la venta ropa usada. Ahí vivían también O, un vecino con quien Mica estaba en pareja desde los 18 años:

–Ella sufría muchos malos tratos –cuenta la madre–. Había traído aquí a mi casa a la pareja, que la pegaba. La agarraba de los pelos, la cortajeaba. Yo lo terminé corriendo de la casa y ella lo siguió por atrás.

Mica y su pareja terminaron mudándose 5 kilómetros del hogar materno, a una casita en el barrio Santa Rosa de Lima, a la vera de la ruta a Catamarca. Ella estaba construyéndola con el dinero que cobraba del programa Hacemos Futuro –destinado a promover la terminalidad educativa – y el de Emergencia Social. Él tenía trabajos intermitentes. Había sido empleado en una carnicería y en un taller de motos. Marina, la hermana, había empezado a hacer su casa también en el mismo barrio, a cien metros de la de Mica. La familia cuenta que la noche del sábado 3 de abril, él golpeó desesperado la puerta de Marina, diciéndole que su hermana se había quemado.

Ella corrió a ver qué pasaba y encontró a Mica quemada en la cama, salió aturdida a la vereda buscando ayuda. Los vecinos habían empezado a amontonarse. Al rato llegó una ambulancia. Él ya no estaba.

–Vos si no tienes nada que esconder no te escapas– dice Marina. Yo cuando he matado al hombre que ha querido abusar de mí, he esperado que venga la policía, han allanado la casa y me he hecho cargo. Porque yo me estaba defendiendo.

Marina, la hermana de Mica, relata en el patio de tierra su propia historia de terror. En 2005 un vecino la quiso violar y ella le perforó el pecho con un cuchillo. Tenía 16 años y estuvo presa dieciocho meses hasta que pudo comprobar que había actuado en defensa propia y salir libre.

Al poco tiempo conoció un hombre con el que estuvo en pareja durante diez años. Se mudaron a una casa y cada vez que se reencontraban con su madre, Margarita le encontraba un moretón o un golpe. Marina le decía que se había caído o se había golpeado con la ventana.

–Yo lo apañaba. No lo quería denunciar, dice Marina.

Hasta que en 2016 lo denunció Margarita y el hombre terminó preso durante unos meses. Al salir, volvió a merodear la casa familiar. Marina estaba en pareja otra vez:

–Mi marido de ahora es camionero y le ha dicho el día que vos te acerques a la Marina yo te paso por encima con el camión–cuenta ella. Explica así como aquella amenaza le dio la seguridad que no pudo con la ley: “Ya no me molesta más, ni yo a él”.

–Yo la he rescatado a ella –dice la madre–. Porque he vivido la violencia también. El padre de mis hijos me pegaba y me maltrataba. No le gustaba que saliera a vender ropa. Hasta que lo he hecho sacar con la policía cuando mis hijos eran chicos. A la Mica también le decía yo que denuncie lo que le estaba pasando a ella. Pero ella no quería. Con ella ya no he podido.

Abril: una quincena violenta para las personas travestis y trans

La muerte de Micaela Catán se suma a los episodios de violencia contra personas trans que alcanzaron un pico histórico en la primera quincena de abril de 2021. En Jujuy Yeni Méndez sobrevivió a duras penas de un ataque a machetazos. Y, en Tierra del Fuego, Gilda se salvó de un intento de homicidio. El mismo lunes 12 fue encontrada muerta Josefina Cruceño en Mendoza, cuya muerte está siendo investigada.

Santiago del Estero tiene ya dos antecedentes de transfemicidio: en 2013 mataron a Cecilia Montenegro y en 2014 a Pamela Moreno. D.I.V.A.S. acompañó las dos investigaciones.

El domingo 4 a la mañana, las compañeras que trabajaban con Mica en la organización se acercaron a la familia. Su presidenta, Julieta Paz, dijo a Presentes que estaban muy sorprendidas. “Veíamos en las redes sociales que ella estaba en una relación de más de diez años. Que tenía un vínculo construido. Pero nunca nos hubiésemos imaginado que hacia adentro había situaciones de violencia. Participaba de los talleres y escuchaba sobre violencia pero nunca habló de ningún tipo de situación de ella. Por eso nos hace pensar sobre cómo las personas trans naturalizamos la violencia y no podemos reconocer cuando la otra persona que está a nuestro lado no nos ama, sino que nos violenta”.

Exigen justicia con perspectiva de género

Desde D.I.V.A.S. vincularon a la familia con una abogada del Centro de Acceso a la Justicia local. El jueves 8 de abril, familiares e integrantes de la organización fueron recibidas en el Ministerio Público Fiscal, donde pidieron a las autoridades el esclarecimiento de la causa. Ese mismo día una multitud se movilizó por las calles de Santiago pidiendo la detención de O. Mica todavía resistía en terapia intensiva, con la mitad del cuerpo quemado. O estaba desaparecido.

Marina recuerda el último contacto:

–Ha sido como a las cuatro de la mañana. Yo lo llamaba y lo llamaba porque la teníamos a la Mica en el hospital, pero necesitábamos la documentación para internarla. Y eso lo tenía él. Después me atendió y le dejó a una vecina la riñonera con los documentos y la vecina me la ha llevado a mí.

Una semana después de la muerte de Mica, la familia aún no sabe qué es lo que pasó. Unos dicen que las quemaduras fueron con agua hirviendo y otros con alcohol y fuego. Aún se esperan los resultados de la autopsia que se realizó a mediados de la semana pasada para establecer qué ocurrió. Margarita, Marina y sus hermanos ya prestaron declaración. Su pareja, dicen en la casa, fue visto por el barrio, pero no saben dónde está.

–No está prófugo, porque no hay orden de detención, –aclara Julieta Paz–. Incluso se presentó en la comisaría a declarar. Hay vecinos que han declarado hablando de un intento de suicidio, pero para nosotros esto es un transfemicidio. No sabemos cómo está la carátula pero queremos que se siga investigando y que la Justicia actúe con perspectiva de género.

Fuente Agencia Presentes

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Por Georgina González

Nelly García, mujer trans que ejercía el trabajo sexual, fue brutalmente asesinada la madrugada del lunes 28 de diciembre en Poza Rica, municipio al norte del estado mexicano de Veracruz.

“Todo el mundo la conocía como La Bimbo, casi por su nombre no. Nelly era como un niño, era una persona tan inofensiva. Es muy aberrante saber lo que le hicieron”, comentó a Presentes, Dayana Mendoza, quien conoció “de lejos” a Nelly años atrás.

De acuerdo a la información proporcionada  por la defensora de derechos humanos, Jazz Bustamante, Nelly fue “torturada, mutilada y recibió múltiples puñaladas por todo el cuerpo”. Además, refiere que fue personal de un hotel conocido como “la pensión de la Bamba”, ubicado en el callejón de la calle Nicolás Bravo en la colonia Ricardo Flores Magón, quienes informaron a las autoridades de que Nelly “se encontraba sin vida” en una habitación del establecimiento.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido información sobre este hecho. Presentes intentó en repetidas ocasiones entrar en comunicación con la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica y la Fiscalía General del Estado, pero no hubo éxito.

De acuerdo a datos recabados por Soy Humano AC, de enero a noviembre de 2020, al menos 25 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas en Veracruz, lugar donde se registran más del 50% de los crímenes de odio contra personas LGBT en México en los últimos seis años.

La Bimbo

En notas de prensa local se dio cuenta de cómo y dónde fue asesinada Nelly y sin respetar su identidad de género. Jazz Bustamante comentó a Presentes que fue gracias a trabajadoras sexuales que se supo cuál era su nombre.

Sin embargo, de Nelly se sabe poco. Era originaria de Tamiahua, municipio costero de Veracruz, ubicado a 92 kilómetros de Poza Rica, y, como muchas otras mujeres trans, ejerció el trabajo sexual como consecuencia de la violencia estructural y falta de acceso a sus derechos como la educación y el trabajo.

“No sabemos por ahora nada de su familia. Casi nunca dan seguimiento a los casos. En todo el país ocurre lo mismo, la familia casi siempre no les interesa involucrarse. Muy probablemente la compañera termine en la fosa común pero seguimos investigando si alguien reclama su cuerpo”, comentó Bustamente en entrevista con Presentes.

“Cada transfeminicidio genera un ambiente de miedo”

La activista Silvia Susana Jácome, responsable del Programa de Integración y Desarrollo Social de Personas LGBTTTIQ del DIF de Xalapa, explicó en entrevista que los transfeminicidios son resultado de diversos factores pero que, en su percepción, se agrava por los discursos de odio.

“En Veracruz, desgraciadamente tenemos un sector de la población de ultraderecha, algunos de ellos vinculados a iglesias que de alguna manera han logrado generar una respuesta ante los poderes, particularmente el legislativo, para que no pasen iniciativas como la ley de identidad de género y mandan un mensaje y es que, al no haber protección legal, cualquiera se siente con el derecho de no respetar el derecho fundamental de la dignidad de la vida. Eso hace mucho daño, cada transfeminicidio genera un ambiente de miedo, incertidumbre y vulnerabilidad en las que estamos vivas”, explicó Silvia Jácome en entrevista con Presentes.

Agregó que estos discursos de odio también se ejercen en el seno familiar y es ahí donde, particularmente mujeres trans, viven las primeras exclusiones y rechazos que, “finalmente sin acceso a protección de la familia y al derecho a la educación están más expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad para poder subsistir ”.

Justamente el transfeminicidio de Nelly dejó un sentimiento de incertidumbre en Dayana. “Es terrible. Me hace sentir impotente, rabia y sin saber qué hacer. Aquí en Veracruz no te ven como mujer trans, aquí te ven como maricón; marica; joto; puto, con esos ojos te ven, son bastantes discriminatorios, agresivos y violentos”, comentó en entrevista. 

Jazz Bustamente, de quien se conoce su fortaleza por documentar y visibilizar estos crímenes, también se siente vulnerable. “Cuando yo recibo una noticia de este tipo de casos por supuesto que me causa demasiado dolor. Porque no necesita ser mi hermana consanguínea o familiar para tener empatía (…) Pero frente a mi familia consanguínea pongo un montón de posibilidades de que yo también puedo ser la próxima porque ya he sido atacada también”, mencionó desde redes.

Sin acceso a la justicia 

Si bien desde 2018 el Código Penal de Veracruz tipifica el homicidio por motivos de odio derivados de la orientación sexual o identidad de género de la víctima”, ningún crimen ha sido investigado con tales agravantes.

Activistas y organizaciones han demandado y exigido a la Fiscalía General del Estas de Veracruz la creación y aplicación de un protocolo que permita determinar estos crímenes de odio y se investiguen con perspectiva de género.

Pese a la existencia de una serie de observaciones que involucran a personas LGBT dentro del protocolo de diligencias básicas de la Fiscalía de Veracruz y de la creación en 2017 del protocolo nacional de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en casos que involucren la orientación sexual, la identidad y expresión de género; las organizaciones y colectivos advierten que no ss aplican.

En octubre de 2020 la titular de la Fiscalía General del Estado, de la Unidad de Género y de Asuntos de Derechos Humanos del Estado de Veracruz se comprometieron a agilizar la investigación de, al menos 10 crímenes de odio, de 100 carpetas rezagadas desde 2019. A la fecha no se han girado órdenes de aprehensión en cinco de las diez carpetas que cuentan con los elementos para ejecutar las detenciones. Jazz Bustamante señaló lo anterior como “inaudito” y le parece “terrible que jueguen así con el tiempo y las emociones de los familiares de las víctimas”.

“No hay resultados favorables con la Fiscalía. No hay voluntad, solo son charlas de café. La Fiscalía en Veracruz y el país quieren solucionar todo capacitando a su personal cuando la problemática va más allá. Se necesita una estrategia con indicadores de medición a mediano, largo plazo entre los tres poderes de gobierno”, sostiene Jazz Bustamente en entrevista. 

“El que esté tipificado un crimen de odio por homofobia o transfobia no resuelve la violencia. Es necesario y urgente que existan lineamientos para identificar estos crímenes, eso dará por lo menos, ciertas herramientas para visibilizar y evitar, de alguna manera, la impunidad. Además es necesario que los asesinatos de mujeres trans también se apeguen a los lineamientos de feminicidios aún cuando las víctimas no tengan su cambio de identidad legal”, advirtió Silvia Jácome en entrevista con Presentes.

Fuente Agencia Presentes

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Por Rosario Marina

Mía Retacco sintió el cuchillo cuando estaba de espaldas en la ducha de su casa en Escobar. Era 10 de noviembre y la tercera vez que veía a Franco Pérez. Él siempre le había insistido con ir a la ducha.

“Luché por mi vida por toda la casa”, cuenta a Presentes Mía, activista trans de 26 años que trabaja en la Municipalidad de Escobar después de haber cursado tres años de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

En un principio, un fiscal la imputó por intento de homicidio, sin ni siquiera verla. Gracias al activismo, ahora le tomaron la declaración.

“Esa imagen de cuando empezó a apuñalarme la tengo clavada en la cabeza porque fue algo totalmente inesperado. Sentía que tenía que  hacer todo, peleándome a pleno, para zafar. Para salir viva. Me tocó cruzarme con un femicida a mí, y pude haber sido una más”, cuenta Mía.

Franco Pérez era un chico que Mía frecuentaba. Siempre se habían visto en la casa de ella.

“Me dijo que entre primero, (a la ducha) y después entró él. Yo estaba teniendo una relación íntima, y de la nada me empezó a clavar cuchillos. Yo de espaldas. Ahí empezó la lucha por mi vida”, explica Mía.

Cuando él la estaba ahorcando, y ella ya casi que no veía, logró agarrar un vidrio de un vaso que se cayó y cortarle. Eso fue lo que permitió que la soltara. Apenas lo logró, Mía fue corriendo al balcón a pedir auxilio.

Le tomaron declaración al agresor e imputaron a la víctima

Al tiempo llegó la policía, y la ambulancia que se llevó a Mía y a su agresor. En el hospital a Franco Pérez lo operaron de urgencia, y horas después llegó el fiscal Claudio Audjian, a cargo de la UFI 5, quien estaba de turno el martes a la noche. Lo fue a ver a él, le tomó declaración e inmediatamente decidió imputar a Mía por intento de homicidio.

“Se fueron del hospital sin tomarle declaración a Mía y sin siquiera verla. Yo fui la única persona afín a la temática que accedió al hospital y que pudo verla. Sólo con verla te dabas cuenta que había una cuestión de peligrosidad en ese forcejeo que estaba ella. Ella tenía lesiones más de ataque”, contó a Presentes Nayla Belmonte, psicóloga y directora de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio.

Mía, entonces, quedó detenida en el hospital, custodiada por dos oficiales. El miércoles fue a declarar a la fiscalía. En ese momento la visión de la Justicia cambió: le tomaron declaración y la vieron.

“Obviamente que la situación giró en beneficio de ella”, explicó Belmonte. El juez de garantías rechazó el pedido de detención de la UFI 5 y solicitó su inmediata libertad, y a su vez la causa se derivó a la UFI 4, la fiscalía especializada en violencia de género, y se cambió la carátula a averiguación de ilícito. Franco Pérez sigue libre.

El apoyo de las organizaciones

El mensaje de alerta lo mandó Araceli Mera al grupo de Whatsapp de la Mesa Local de Género de Escobar, de la que forman parte varias organizaciones. Eran cerca de las 10 de la noche del martes. Araceli, militante de ATTTA e integrante de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio de Escobar, decía: “Hubo un intento de transfemicidio”, y contaba que estaban en la puerta del Hospital Hospital Zonal Dr. Enrique Erill acompañando a la familia y necesitaban el apoyo de las organizaciones.

“Apenas recibimos ese mensaje nos pusimos en contacto con Araceli, quien nos dijo que Mía había sufrido un intento de transfemicidio, por el cual ella se defendió. En su defensa lastimó al agresor”, contó Giuliana Pawluczyk, militante de MalaJunta, a Presentes.

Desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual decidieron ser nexo entre las distintas instituciones y su entorno, tratando de brindar información, de contener, y tratar de que las organizaciones y sus amigas y amigues que estaban indignados e indignadas pudieran acompañar desde un lugar beneficioso para Mía. “Y así fue: al otro día en la fiscalía se acercaron un montón de organizaciones, de compañeras, de vecinas, de vecinos, y estuvimos ahí de una forma muy pacífica, compañera y solidaria, acompañándola a ella”, contó Nayla Belmonte, quien ahora confía porque sabe que el hecho de que la causa este en manos del fiscal de la UFI 4, Christian Fabio, es algo bueno.

Mía se trasladó desde la fiscalía hasta la comisaría, y ahí, un cordón humano la acompañó. “Las organizaciones nos hicimos presentes en la puerta de la fiscalía mientras le tomaban declaración. Logramos que intervenga la fiscalía especializada en género, a cargo de Christian Fabio, y que la liberen a Mía en ese momento”, explicó Giuliana. “Para Mala Junta fue muy movilizante porque a Mía la conocemos hace años. Ella es una referenta en la lucha y militancia LGBT acá en el distrito, fue una de las impulsoras de la marcha del orgullo. Fue muy movilizante”, concluyó.

Para Mía, ahora recuperándose en su casa, es importante recalcar algo: “Que gracias a la organización y presión de la gente que se convocó yo tengo mi libertad”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Gabriela Cruz, desde San Miguel de Tucumán

Fotos: Facebook y MPF

Ayer se conoció otro transfemicidio en Tucumán: Alejandra Benítez, una mujer trans de 34 años, fue asesinada a balazos por la espalda en la vereda del lugar donde vivía, en avenida Roca y calle Ayacucho de la capital provincial. En el transcurso de la mañana, la Unidad Fiscal de Homicidios N°2 informó que se tomó declaración a un testigo clave. Las versiones señalan a un hombre como el autor de la balacera.

“Lo último que supimos es que un tipo se bajó de la moto, discutió con ella y le disparó a quemarropa”, dijo Claudinna Rukone, activista trans y amiga de Alejandra. “Al parecer Alejandra se estaba alejando cuando esta persona sacó el arma”, cuenta Lorenzo Franco, coordinador en Tucumán de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Desde la organización estuvieron acompañando a la familia de Alejandra durante toda la jornada del miércoles. “A Alejandra la conocí durante la pandemia. Se puso al hombro las necesidades de las compañeras y trabajamos mucho con los módulos alimentarios para que no les falte a las que la estaban pasando muy mal”, comenta Franco.

El de Alejandra Benítez es el segundo transfemicidio en la provincia desde que empezaron las medidas por la pandemia de Covid 19. El anterior fue el de Vanesa Solórzano, una joven de 20 años cuyo cuerpo se encontró en la zona de Canal Sur en San Miguel de Tucumán. Alejandra y Vanesa se ganaban el sustento diario como trabajadoras sexuales, al igual que tantas travestis y trans que sufren violencia estructural y falta de acceso a derechos básicos. Ninguna de las dos llegó a cumplir la edad de promedio de vida de una persona trans en América Latina: 35 años.

La Power

“Su mamá era todo para ella. El martes vino al barrio y a visitarla, trajo para compartir al mediodía porque era muy familiera. Siempre venía aunque sea un ratito o llamaba por teléfono todos los días cuando viajaba a otras provincias”, cuenta Julio Rocha, primo hermano de Alejandra. “Nos criamos juntos. Su vida fue muy dura. Tenía cinco años cuando asesinaron a su hermano y al poco tiempo perdió a su papá que no pudo superar la pérdida de ese hijo”, relata Julio en diálogo con Presentes.

“‘La Power’ era tremenda”, dice Claudinna y en medio de la tristeza se ríe recordando a su amiga. “Sabíamos que se llamaba Alejandra pero nadie la llamaba así, siempre fue ‘La Power’. Y le hacía honor al nombre. Era un torbellino. Llena de fuerza y alegría. De esas personas con las que no podés enojarte”.

“Cada muerte es un retroceso para la comunidad”

Todas las personas que recuerdan a Alejandra la describen divertida, alegre, solidaria y comprometida. “Era una chica que vivía como nadie ‘el ahora’, sin mayores proyecciones. Conseguir el mango ahora, disfrutar ahora porque no sabemos qué hay mañana. Su muerte es un golpe para todas y un retroceso para la comunidad porque cada logro conquistando nuestros derechos parece un pequeño paso cuando una de nosotras es asesinada”, remata Claudinna.

Fuentes policiales confirmaron a Presentes que se esperan los resultados de la autopsia. Por ahora se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto de la vía pública como de los locales comerciales de la zona.

Foto: MPF

El lugar donde Alejandra fue asesinada es una especie de complejo habitacional donde la mayoría de las personas que alquilan son trans. “Ese lugar significa mucho para nosotras, porque en Tucuman es el único accesible y céntrico donde las chicas pueden alquilar sin tantas complicaciones y no sólo vivir, sino también trabajar. Es muy fuerte que en este momento que ese lugar represente la muerte de una compañera”, lamenta Rukone.

Ayer los WhatsApps de las amigas replicaban el mensaje y el pedido de Justicia: “La muerte de una trans es una pérdida para todo nuestro colectivo, ya que dia a dia que pasa sin haber politicas integrales que nos protejan, es unx trans menos: El Estado es Responsable! Exigimos que el transfemicidio de Alejandra se esclarezca y haya Justicia para ella. Vuela alto mariposa… El estado es responsable. Ley Integral Trans YA! Sin las trans, no hay NI UNA MENOS. JUSTICIA POR ALEJANDRA POWER”.

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Fuente Agencia Presentes

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Por Paula Rosales, desde El Salvador

Un tribunal de El Salvador emitió hoy un inédito fallo en contra de tres policías acusados de privar de libertad, golpear y tirar desde la patrulla en marcha a Camila Díaz Córdova, una mujer trans de 29 años de edad.

Por medio de un proceso deductivo, el juez primero de sentencia consideró que los agentes de seguridad del Estado Luis Alfredo Avelar, Carlos Valentín Rosales Carpio y Jaime Geovany Mendoza Rivas tuvieron participación del hecho, por lo que la condena de veinte años fue por el delito de homicidio agravado. Pero no se reconoció que fuera un crimen de odio hacia la identidad de género.

“Para nosotras como ASPIDH es un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, es dulce porque por lo menos ha habido una condena por fin por la muerte de una compañera trans y amargo porque al final no pusieron el agravante de crimen por odio y eso  nos deja un mal sabor de boca porque no llegamos a la sentencia que esperábamos que eran 50 años. Obviamente estos 20 años pueden ser apelados y pueden ser disminuidos a la mitad”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

Para el magistrado, los agentes sometieron y esposaron a Camila en la parte de atrás de la patrulla, no la llevaron a un lugar donde estableció la bitácora policial, la abandonaron en un lugar solitario y peligroso y descartó que haya sido arrollada por un automóvil, tal y como sostenía la defensa.

“Los imputados han tenido participación en el hecho, porque los únicos que lesionaron a la víctima son los agentes”, dijo el juez.

La mayoría de casos contemplados como crímenes motivados por odio a la identidad, orientación y expresión de género han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda y Tita Andrade.

El fallo a favor de Camila Díaz es el primero con una condena en el país centroamericano.

El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno.

“Como Fiscalía nos sentimos satisfechas porque creemos que se le hizo justicia a Camila verdad, el juez decidió condenarlos a 20 años de prisión a cada imputado por el delito de homicidio agravado”, dijo a la prensa la fiscal del caso, Gisela Meléndez.

Todavía está pendiente una resolución de tipo civil, luego que la fiscalía pidiera la cantidad de 1,000 dólares de reparación a la familia de Díaz por cada agente procesado.

“Yo sé que se hizo justicia, porque agarraron a estas personas desde el momento que asesinaron a mi hijo, las están procesando y si no hubiera sido así no hubiera llegado este proceso hasta donde está ahorita, por eso pienso que se ha hecho justicia”, dijo a Presentes la mamá de Camila, Edith Córdova a Presentes.

Camila fue deportada en 2017 desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario por carecer de arraigo en el país del norte, emigró por las amenazas a muerte de la pandilla del barrio, una de las más sangrientas de Centroamérica.

“Mi sentimiento más grande es que desde el momento en que a mí me dijeron ‘tu hijo no está, tu hijo desapareció’ desde que lo asesinaron mi sentimiento más grande es que mi hijo jamás va a volver a estar conmigo, nadie lo va a borrar de mi mente, de mi corazón, siempre va a estar ahí”, agregó la madre.

La última noche de Camina

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías sentenciados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.

Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias, que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida minutos más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.

“Me quedo sorprendida de verdad, creo que era algo que yo esperaba, esta es una de las mejores noticias que he tenido después de tanta situación que hemos pasado, de tanta espera, de tanta lucha, de tanta zozobra, todo esto fue muy largo, pero ahora he recibido una de las mejores noticias”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.

Los acusados

El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.

El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.

El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.

“No compartimos el criterio del juez por haberse basado en una imputación, como el mismo lo manifestó, en una imputación subjetiva, ya que nosotros consideramos que no se logró establecer que efectivamente ellos lo hayan golpeado”, dijo a la prensa el abogado José Cabezas, uno de los defensores de los agentes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Elizabeth Gómez Alcorta junto al Presidente Alberto Fernandez

El gobierno nacional cumplió otra promesa de campaña y puso en el centro de sus políticas la lucha contra la violencia de género. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta firmó el Programa de asistencia que fue publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo oficializó este lunes y publicó en el Boletín Oficial la creación del Programa de atención urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. La resolución, firmada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se da en el marco del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años, que anunció el viernes el presidente Alberto Fernández, junto con la ministra.

El pilar central del Programa es el apoyo “a través de una prestación económica, asesoramiento psicológico y/o legal” para las personas cercanas o del grupo familiar de las víctimas.

Según define la ministra en la resolución, los femicidios, travesticidios y transfemicidios constituyen el “punto culminante en la confluencia de múltiples violencias” que el Estado debe abordar “de manera coordinada, articulada e integral”. En este sentido el Plan, que se llevará a cabo entre el 2020 y el 2022, establece tres ejes centrales: la autonomía económica de las personas en situación de violencia, el abordaje de las violencias extremas, y la dimensión cultural y estructural de la problemática. Para la concreción del Plan, el presupuesto será de 18.000 millones de pesos.

Con la propuesta de un “abordaje integral e interseccional” de las violencias, que apunta a las distintas aristas de la problemática en lugar de abordar solamente la emergencia individual de cada caso, el Programa tiene por objetivo la “ampliación de políticas de reparación” para familiares o integrantes del círculo de confianza de las víctimas. Cabe recordar que, según el último relevamiento realizado por el Observatorio Ahora que sí nos ven , en los primeros seis meses de este año se cometieron 162 femicidios, lo que significa que hubo un femicidio cada 27 horas.

Mientras que el Plan Nacional contra las Violencias abarca distintas problemáticas -incluye 27 medidas y 144 acciones que se pondrán en práctica desde 46 organismos nacionales-, el Programa, que se oficializó este lunes, apunta específicamente a reparar el daño que sufren las personas allegadas y familiares de las víctimas.

Previamente, el pasado mes de junio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. En la reunión acordaron políticas estratégicas en materia de género.

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Por Juliana Quintana

Paola Benítez Ramírez, una mujer trans de 24 años, fue víctima de un crimen de odio el lunes 25 de junio en su departamento, ubicada al lado de Casa Diversa, el refugio para personas LGBT víctimas de violencia, (Avenida del Agrónomo y Cabo Verde, del barrio San Roque) en la ciudad de San Lorenzo, a 14 kilómetros de Asunción. La fiscal Mirtha Rivas de la unidad 3 de San Lorenzo, a cargo de la investigación, imputó a Miguel Cabral Cardozo por lesión grave y solicitó prisión preventiva pero el juez le dio prisión domiciliaria.

“Estoy a los inicios del proceso, voy a citar a los testigos y analizar los antecedentes. Yo necesito que un forense me diga el grado de las lesiones que sufrió para avanzar con la investigación. El acusado se abstuvo de declarar, solo se le tomaron los datos personales con su abogado defensor”, informó la fiscal Mirtha Rivas en diálogo con Presentes.

Cerca de las 18 horas, Cabral Cardozo, de 19 años, llegó al departamento que Paola comparte con otras tres compañeras y recibió el servicio sexual que acordaron previamente. De acuerdo a la información que pudo acceder Presentes, Cabral se rehusó a pagar lo convenido porque, en sus palabras, pensó que iba a estar “con una mujer”. Aprovechó que Paola se estaba vistiendo para golpearla en la cabeza varias veces, primero con una silla, luego con un vaso de vidrio y la hirió en el ojo con la rodilla.

“Eso de confundirnos con una mujer es famoso en los hetero gua’u (supuestamente, en guaraní). Porque piden una cosa y después salen pidiendo de más sin pagar lo que corresponde. Él consiguió su número de un sitio de anuncios de trans, la llamó por teléfono, hicieron una cita y vino. Quería un servicio, la Paola se lo dio, le pagó, después quería otro tipo de servicio y la Pao le dijo que eso le costaba más dinero. Ahí salió la reacción animal de este hombre”, expresa Tami Tossi, amiga de Paola.

“Alejate porque le voy a matar”

Cuando Cabral comenzó a agredirla, Paola pidió auxilio y la primera en escuchar los gritos fue Liz Paola, que estaba en la habitación de al lado. Liz bajó las escaleras para advertir lo que ocurría a las demás que, en ese momento, se encontraban en Casa Diversa. Todas intentaron entrar a la habitación, golpearon y gritaron a través de la puerta pero Cabral no abría.

La activista trans Yren Rotela estaba en una transmisión en vivo por Facebook cuando escuchó los gritos. “Yo ahí corro y me subo encima de un lavatorio que da a la ventana y la veo en el piso. Él me mira y me dice: ‘alejate porque le voy a matar’”, cuenta Rotela.

Alcanzó a ver que él estaba encima de la cama y Paola en una esquina en el piso. Tenía algo en la mano que en ese momento no logró identificar pero pensó que se trataba de un cuchillo. De acuerdo al relato de las residentes, Cabral entraba y salía de la pieza, como nervioso, y cuando comenzó a amenazar a las demás, Yren lo filmó con el celular de una de las chicas. En el video se puede ver al hombre diciendo que quería “llegar a un acuerdo”.

“Me hizo revivir todos los momentos difíciles que pasé”

“Yo me desesperé y mandé a cerrar el portón del corredor porque tenía miedo de que él salga. Te juro que cuando lo miraba también miraba a Blas Enrique Amarilla el día en que intentó matarme; me hizo revivir todos esos momentos difíciles que pasé”, expresa la cofundadora de Panambi y directora de Casa Diversa.

Según cuenta, su compañera envió el video a varios grupos de WhatsApp que se viralizó al poco tiempo. Yren le hablaba al agresor para tranquilizarlo y le suplicaba que dejara salir a Paola de la habitación: “Si no la dejás salir, esa chica se va a morir”. Recién entonces Cabral la sacó del departamento arrastrándola del pelo, la arrojó al pasillo y se volvió a encerrar.

Entre todas, se acercaron a Paola para levantarla pero se desvaneció en la escalera. Le hablaban y no respondía, llamaron siete veces al 911. Tuvieron que salir a la calle a pedir ayuda hasta que vieron pasar a un policía en moto. El oficial ingresó, y pidió que nadie tocara a la víctima porque tenía la cabeza ensangrentada y fue a buscar a los Bomberos Voluntarios.

Al llegar, asistieron a Paola y la llevaron al Hospital General de San Lorenzo. Los agentes de la Comisaría 1ª Central hicieron varios intentos de golpear la puerta del departamento donde Cabral estaba encerrado. Tanto Yren como Tami confirman que, cuando finalmente salió, tenía puesta una ropa diferente, limpia, también se había bañado y cambiado el tapabocas. La policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría. Más tarde, las compañeras de Paola se percataron de que su billetera no estaba y encontraron el celular de la víctima en una propiedad privada.

Mientras Tami y Paola fueron al hospital, Yren hizo la denuncia esa misma noche en la comisaría. El parte médico indica que Paola tuvo un traumatismo de cráneo, producto de las lesiones que le produjo el golpe de la silla y cortes con el vaso. “Fue algo muy fuerte. Yo creo que este chico vino preparado, trajo una mochila, lastimó a nuestra amiga y cuando vino la policía ya estaba todo cambiado de ropa. Si no estábamos nosotras otra iba a ser la historia”, dice Tami. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, Yren y Paola fueron a declarar.

Una ola de violencia mediática  

Miguel Cabral confesó en declaraciones a la prensa local que había golpeado a Paola con una silla. Según su versión, él se encontraba en el domicilio de Paola esperando ómnibus de pasajeros y que fue “invitado por una mujer para ingresar a un departamento. Pero que una vez en el recinto “se dio cuenta” de que se trataba de una persona trans. La nota trata a Paola con el nombre que le asignaron al nacer.

En Paraguay siguen resonando los 61 casos de asesinato de personas trans que no recibieron  investigación ni condena desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. El año pasado, en un juicio histórico, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel. Fue la primera condena en el país por el asesinato de una persona trans. Sin embargo, la ley contra toda forma de discriminación y la ley de identidad de género siguen siendo deudas pendientes con la democracia.

El programa de televisión paraguayo El Repasador ridiculizó el intento de transfemicidio de Paola en la edición del 16 de junio. A través de comentarios violentos de les panelistas hacia la identidad de género de las personas trans, la música y los efectos con los que enmarcaron el video que grabó Yren cuando la encontraron Paola luego de ser torturada, el programa dedicó todo un segmento a la revictimización y burla del caso.

“Desde las diversidades trans lamentamos que los medios masivos de comunicación sigan con sus etiquetas negativas y epítetos peyorativos y ofensivos donde exponen a las risas, las burlas, chistes e insultos”, escribió Yren desde su muro de Facebook y expresó su preocupación hacia las expresiones de supuestos profesionales en áreas como ciencias sociales y jurídicas, que validan la discriminación y transgreden las normas éticas del periodismo.

Televisión antiderechos y con invitadas neonazis 

Esta no es la primera vez que El Repasador se ensaña en contra del colectivo LGBT: el programa es conocido por su postura antiderechos y con antecedentes de discriminación hacia colectivos feministas, disidencias y LGBTIQ+. Incluso, el año pasado invitó como panelista a Sara Winter, política neonazi que fue detenida el lunes en Brasil por manifestaciones antidemocráticas contra el Congreso y la corte suprema.

En la Ley N° 5777 de protección integral de la mujer incluye la violencia mediática y la define como la “acción ejercida por los medios de comunicación social, a través de publicaciones u otras formas de difusión (…) que promuevan la cosificación, sumisión o explotación de mujeres o que presenten a la violencia contra la mujer como una conducta aceptable”.

Organizaciones como Aireana, Diversxs Asunción y Panambi se expresaron en repudio al programa. La asociación de travestis, transexuales y transgéneros Panambi puso a disposición de los medios una guía para comunicar en diversidad para el tratamiento informativo de noticias sobre personas trans con enfoque de derechos.

 El Comité de Derechos Humanos (CDH) recomendó al Estado Paraguayo proteger a las personas trans contra toda forma de discriminación e investigar sistemáticamente los casos de violencia contra ellas.

“Las personas trans no tenemos ninguna seguridad, no tenemos ningún espacio, no tenemos nada. Yo me asusté mucho cuando él nos dice ‘váyanse de acá o sino le mato a tu amiga’ mientras escuchábamos como la otra gemía de dolor pidiendo auxilio. No le deseo a nadie ver a una amiga de la manera en que yo vi a Paola. Ojalá la Justicia haga su trabajo”, recuerda Tami.

Pero la Constitución Nacional es clara. En su artículo 46 estipula que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos: “No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”. Así como el artículo 25, del derecho a la libre expresión de su personalidad, que expresa que las personas son libres de formar su propia identidad.

*Casa Diversa recibe aportes al número: (+595)982601004. También el grupo activista por la resistencia de las trans-travesti y no binarie, Transitar Paraguay, está recaudando fondos para solventar los gastos hospitalarios, tratamiento y medicamentos de primera necesidad de Paola. Reciben donaciones que incluyen artículos de higiene personal y analgésicos. El número disponible para giros Personal es: (+595)986220246.

Fuente Agencia Presentes

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Por Paula Rosales

Jade Camila Díaz fue encontrada muerta el sábado flotando debajo de un puente del río Torola, en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador, informaron desde la Policía. Con este asesinato ya se contabilizan al menos seis crímenes de odio a mujeres trans en lo que va del año.

De acuerdo con el reporte policial, una mujer que no se identificó reportó a la unidad de emergencias del 911 el hallazgo de un cuerpo en el afluente, por lo que los oficiales se dirigieron a la zona y localizaron el cadáver.

“El cuerpo tenía una soga en la cintura con una piedra”, dijo a Presentes un agente policial de Morazán, y no quiso agregar más detalles. El cuerpo fue encontrado entre el limite de los municipios Osicala y Meanguera.

Jade, de 27 años de edad, había sido reportada como desaparecida el jueves a las 18:00 horas en la zona rural de Lolotiquillo, donde vivía.

La fiscalía reacción en el día de hoy informando sobre el hallazgo del cuerpo de Jade, pero sin dar mayores detalles.

El crimen de Díaz ha causado alarma entre la población trans de la zona oriental del país, ya que en octubre una adolescente trans fue acuchillada en las calles del departamento de San Miguel.

“La violencia transfóbica se ha desatado y eso nos hace sentir vulnerables”, dijo a Presentes Tatiana Molina, defensora de derechos humanos LGBTI y amiga de Jade.

Morazán | ⚠️Lamentamos informar que se ha encontrado el cadáver de Jade Díaz en aguas del río Torola. Se estimó de 3 a 4 días de fallecida. La causa de muerte será determinada en autopsia. https://t.co/RjyhJOHvBh

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) 9 de noviembre de 2019

Discriminada por su identidad

Jade trabajó en restaurantes del departamento de Morazán, atendiendo clientes, pero desde que realizó su transición hormonal femenina hace dos años no logró emplearse más, por lo que sin más opciones de empleo tuvo que ejercer el trabajo sexual en las calles de San Miguel.

“Me dijo que cuando trabajaba con apariencia de chico gay no tenía ningún problema, pero cuando hizo su transición a mujer trans fue rechazada en los trabajos. Se quejaba que le ponían excusas y no la quisieron contratar más”, dijo Tatiana.

Jade sentía temor de salir a las calles después del ataque cometido en contra de una adolescente trans ocurrido en la misma avenida en donde trabajaba en el departamento de San Miguel.

Por su parte, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoiris Trans denunció “la ola de violencia y asesinatos cometidos a nuestras compañeras trans en El Salvador”, escribió la organización en sus redes sociales.

Mientras tanto, la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) demandó al Estado realizar “una investigación inmediata y diligente de los hechos y que emprenda medidas urgentes que garanticen la protección de personas LGBTI”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Jess Insfrán y Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque (a 10 km de Asunción) declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel. Es la primera condena en Paraguay por el asesinato de una persona trans.

Amarilla asesinó a Romina Vargas de dos puñaladas en octubre de 2017 en San Lorenzo, Gran Asunción. Romina había salido con una amiga, cuando fue atacada en vía pública por “el cuchillero de travestis”, como se lo conoce en los medios de comunicación. La Fiscalía caratuló el caso como “homicidio doloso” porque en Paraguay, el transfemicidio no está tipificado y pidió la pena máxima para el acusado (25 años más 5, por medidas de seguridad). El informe forense reveló que fue por un shock hipovolémico por la herida del arma blanca.

El juicio comenzó a las 10:30 de la mañana. La defensora pública Rocío Lucena no se presentó al juicio oral. En su reemplazo, Fernando Cristaldo representó a Amarilla. El abogado de la defensa solicitó al tribunal una pena menor a 15 años, utilizando argumentos como que“asiste con regularidad a la iglesia del penal” y que tenía “problemas mentales”. Sin embargo, para la fiscalía los exámenes psicológicos y psiquiátricos demostraron que Amarilla era consciente de sus actos.

Además, el transfemicida -que en otras ocasiones ya había intentado asesinar a Maida Bordón, Sheila Aguayo e Yren Rotela-, reconoció haber sido autor del crimen y su odio hacia la comunidad trans. “No entiendo por qué me detienen, si a la sociedad no le importa si uno de ellos muere”, manifestó. Según consignó Yren Rotela, activista de Panambi y defensora de derechos humanos, el acusado Blas Amarilla había atacado a más mujeres trans que se encuentran recluidas en el penal de Tacumbú.

La fiscala que llevó el caso, Ana Girala, dijo a Presentes que había pruebas sobradas que daban cuenta de un crimen de odio hacia el colectivo trans. “Se lo detuvo a Blas Amarilla con la evidencia en su poder. Con las pruebas de laboratorio, se corroboró que el cuchillo tenía sangre y que fue el arma utilizada para cometer el hecho punible. La persona que se encontraba con la víctima también reconoció como elemento jurisdiccional de prueba, y dio su versión ante este tribunal. Fue clara, contundente y específica en el relato de los hechos como sucedieron”, explicitó.

“Para mí es demasiado importante porque es la primera vez que un ente público visibiliza la necesidad que tenemos. No es que por que queremos estamos en la calle. Es porque no tenemos otra opción de trabajo porque este Estado nos discrimina”, contó Yren.

Girala indicó que Amarilla al final del juicio reconoció el hecho y pidió perdón a la familia. “La no discriminación está prevista en la Constitución nacional y es hacer valer el derecho y buscar justicia en representación de ella, ya que los parientes no se han hecho presentes por la misma discriminación de la cual ella venía siendo víctima”, siguió la investigadora.

Entre las organizaciones que acompañaron el juicio en Luque estuvieron Panambi, Escalando, Aireana y Transitar. “Para mí es un momento histórico y trascendental en la lucha trans porque es el primer juicio público donde hubo una sentencia a nuestro favor. Valoramos el esfuerzo y el trabajo de la fiscalía porque presentó todos los elementos y se mantuvo firme. Fue una lucha de resistencia, de empoderamiento. Creemos que hoy empieza un momento en la historia en que la justicia también existe para nosotras”, expresó.

Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner hubo 61 casos de asesinato de personas trans y, hasta hoy, no había habido una investigación ni condena para ninguno de ellos.

 Fuente Agencia Presentes

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Por Maru Ludueña y Milena Pafundi desde Ciudad de México 

Aylin Hernández Gómez era una mujer trans de 34 años. La encontraron asesinada junto a la carretera que conduce a la zona conocida como Las Canastas en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas). Su cuerpo, que fue hallado envuelto en una sábana, presentaba señales de estrangulamiento y de haber surido violencia sexual. La Fiscalía informó a fuentes vinculadas a la causa que se está investigando como un feminicidio.

“En Chiapas tenemos un protocolo de actuación para feminicidio. Vamos a seguir de cerca este proceso para garantizar que así sea, porque no tenemos protocolos para crímenes por orientación sexual e identidad de género. Y sabemos que en otros asesinatos de mujeres trans no se hicieron en el marco de femicidio”, dijo a Presentes un activista  que pidió reserva de su identidad y forma parte de la Red por la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas y del Observatorio ciudadano de los derechos de la población LGBTTTI+, y de Investigación y litigio de los derechos humanos.

Los casos a los que se refiere donde no se aplicaron protocolos de femicidio son los de Itzel Duran, una joven trans de 19 años asesinada en 2016, y Nataly Briyith, asesinada en Tuxtla en 2018. “Nosotros les dimos acompañamiento a estos casos y nunca se reconoció su identidad de género”, dijo el activista.

Aylin era originaria de la zona norte de Chiapas, del municipio llamado Jitotol, a 3 horas de San Cristóbal. Como gran parte de las femeneidades trans, sobrevivía ejerciendo el trabajo sexual, por falta de otras oportunidades laborales. “Las organizaciones de la diversidad sexual creemos que el asesinato se dio en el marco del trabajo sexual. Que su cuerpo estuviera envuelto en una sábana que es del tipo de las que se utilizan en hoteles nos lleva a sospechar eso. Pero la Fiscalía no está viendo que el móvil del crimen esté vinculado a tal situación, lo está viendo como un crimen en el marco de una relación”, dijo la misma fuente.

Sin detenidos 

“Aún no hay nadie detenido, no hay nadie señalado por la muerte de Aylian. Existe una testigo pero ahora mismo por seguridad no mencionamos su nombre y se encuentra aislada”, dijo a Presentes Magno Morales de la colectiva Chuvajetik. Esta organización se dedica exclusivamente a visibilización y defensa de los derechos LGBT+ y trabaja el caso desde un enfoque territorial.

Aylin no vivía en la localidad donde la asesinaron. “Venía cada tanto a San Cristóbal de las Casas. Frecuentaba los sitios donde se reunían las personas trans.  Al igual que varias otras compañeras, ellas vienen a divertirse y a trabajar a la ciudad, para vivir acá su vida trans. Hasta ahora los únicos que hemos estado denunciando somos de los grupos organizados. La familia se encuentra en proceso de duelo” informó Morales. Y contó que «las compañeras trans aún no quieren realizar ningún tipo de acción para manifestarse.  Aún no se sabe qué sucedió. Entonces es importante para proteger el colectivo porque el colectivo mismo nos expresa que se siente muy inconforme pero también están muy temerosas al respecto de lo que está sucediendo”.

Lo que se sabe hasta ahora es que Aylin se encontraba en un bar con otras compañeras. “De un momento a otro la compañera se retiró del espacio, no dio ningún tipo de señal, simplemente se fue. Su teléfono celular lo había perdido un día antes. Entonces al ella irse del lugar se quedaron incomunicadas sin saber lo que había sucedido”, relató una fuente.

Alerta en Chiapas por transfemicidios  

En estos días el estado de Chiapas está en alerta: además del transfemicidio de Aylin, este mes hubo dos muertes de mujeres cis. Una de ellas ayer, asesinada por su pareja después de haber sido violada.

“No parecen ser casos aislados de lo que está sucediendo a nivel local con respecto a la feminidad y la violencia de género. Nos parece que existe una grave violencia, hay una grave impunidad contra todo lo que sea  femenino y lo represente. No es que pasa en Chiapas solamente, no podría señalar estas frontera físicas, me parece que es más como una cuestión cultural, en el momento en el que nos estamos empoderando tanto los grupos feministas, como los grupos de defensa de los derechos de las personas de la diversidad, están respondiendo con violencia”, dijo Morales.

En Chiapas no existe un informe que releve la cantidad de crímenes de odio perpetrados. La Red por la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas está trabajando en el primer documento que reportará esos datos.

Esa red acompaña diversos casos de defensa de derechos de mujeres trans. “Hemos tenido casos de violencia contra trans vinculadas a trabajo sexual, que además son extorsionadas por policías municipales y estatales. Como su expresión de género no coincide con su documento, no tienen oportunidades laborales. Y no pueden acceder a un empleo. Algunas acá se dedican al shows o a estilismo”, dijo un integrante de la Red. En Chiapas no es fácil obtener un documento con el cambio de identidad: se trata de un proceso jurídico largo y desgastante, que se puede encarar a nivel jurídico. Pero los legisladores hasta el momento no han posicionado el tema en el Congreso del estado, salvo una presentación de una diputada que no avanzó. “No se quiere legislar el tema” dice el activista.

Violencias como escarnio público

Por su parte, Morales agrega que  se ha comenzado a realizar un observatorio de violencia de género, sobre todo lgbt. “Pero la alerta de violencia de género contra la mujer ya está hace algunos años. Lo que observamos a raíz de todos estos movimientos es que si han existido estas violencias y son cada vez más como escarnio público. Estos asesinatos sucedieron en unos de los municipios donde atacaron con machetes a una compañera del colectivo trans en la plaza pública. Es bastante obvio por estas forma de atacar que se trata de dar a conocer una postura, como enseñarles a los demás que es lo que les va a pasar.”

Este año “varios municipios, varias ciudad del Estado de Chiapas por lo menos, han despertado y han comenzado armar sus luchas desde sus trincheras, pero justo eso parece levantar una situación violencia en contra de la comunidad.  Hay otros casos de violencias contra chicos homosexuales, chicas lesbianas y chicas trans. Me parece que es más una respuesta a lo que está sucediendo a nivel social”, dijo Morales.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Aylín Hernández, Chiapas, Colectiva Chuvajetik, Homofobia/Transfobia, Las Canastas, Magno Morales, México, San Cristóbal de las Casas, Transfeminicidio