Karina Araya y Mitzi Negrón fueron golpeadas brutalmente durante la madrugada del 31 de diciembre de 2015. El agresor fue un vecino que irrumpió a su casa mientras dormían.

Un cobarde y brutal ataque recibieron Karina Araya y Mitzi Negrón el pasado 31 de diciembre. Mientras ambas mujeres dormían, uno de sus vecinos consiguió entrar en su hogar por una ventana y sin mediar provocación comenzó a golpearlas.

Mitzi recibió reiterados golpes de puños en su rostro, los que le significaron la fractura de su nariz, mientras que Karina fue pateada en el rostro por este hombre, terminando con su mandíbula fracturada en dos partes, contusiones y moretones en distintas partes del cuerpo, lesiones que fueron constatadas en la comisaría al interponer la denuncia.

Este miércoles la pareja asistió a una audiencia en la Fiscalía Centro Norte a cargo de su causa. En la cita prestaron declaración y entregaron los antecedentes de testigos que aportaron detalles de la agresión que sufrieron por parte del agresor y tiene orden de ser investigado desde el 6 de enero pasado.

Aunque Mitzi y Karina tienen una medida cautelar que contempla rondas de vigilancia periódicas a su hogar, la pareja asegura que no se están realizando: “hasta ahora no las han hecho. Hoy tenemos miedo por nuestras vidas, él está suelto y puede dar con nosotras en cualquier momento. Exigimos que se haga justicia y que este tipo de hechos no queden impunes, ya que afectan tanto la integridad física como emocional”, dijo Karina.

El próximo 19 de febrero deben asistir al Servicio Médico Legal para que este organismo analice la magnitud del daño sufrido durante la paliza.

Para Daniela Santana, directora legislativa de Fundación Iguales, “es necesario que las situaciones de violencia contra las personas LGBT se denuncien. No pueden pasar desapercibidas, ni se puede normalizar ningún tipo de violencia, ni física, ni verbal”.

Fuente Cáscara amarga

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Los resultados arrojados por la 1ª Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual en el Trabajo, realizada entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre de 2015 por la consultora Gestión Social y Fundación Iguales pone en evidencia la invisibilidad de la diversidad sexual en el ámbito laboral.

Actualmente en Chile el 76 % de las personas LGBT no se atreven a visibilizar su orientación sexual o identidad de género con sus jefes directos. Esta cifra aumenta a 9 de cada 10 en el caso de otras regiones que no sean la Metropolitana y, a nivel nacional, con altos directivos.

Ese miedo a visibilizar la orientación sexual o la identidad de género se entiende porque el 50% de las personas encuestadas manifestó tener más dificultades que las personas heterosexuales para conseguir trabajo –lo que aumenta a 55 % en regiones distintas a la Metropolitana–. Además, entre quienes han sido despedidos, el 15 % señala que fue debido a su orientación sexual o identidad de género –lo que aumenta a 21% en regiones distintas a la Metropolitana– y porque 1 de cada 10 asegura que se le negaron oportunidades de desarrollo profesional como ascensos, mejoras en los sueldos, la posibilidad de liderar equipos o acceder a cursos y formaciones por este motivo.

La Fundación Iguales considera que esta situación cobra particular importancia si se considera que para el desarrollo pleno de las capacidades es fundamental que los trabajadores se sientan cómodos con sus empleos, ya que de esa forma aumentan su nivel de productividad y de compromiso con el lugar de trabajo.

“El armario dentro de las empresas no puede seguir cerrado. Se debiera buscar y propiciar que cada individuo que compone una organización pueda desplegar sus capacidades y su ser de forma íntegra sin temor a la discriminación” aseguró el gerente general de Gestión Social, Juan Pedro Pinochet.

El estudio, compuesto por 36 preguntas, fue respondido por 4.262 personas, 67,6 % de ellas habitantes de la Región Metropolitana y 32,4 % de otras regiones del país. En cuanto a la orientación sexual y la identidad de género de los/as encuestados/as: 53,7 % se identificaron como gays, 22,7 % como lesbianas, 16,3 % como bisexuales y 7,2 % como trans.

Para el presidente ejecutivo de Iguales, Luis Larrain, “es lamentable que en el siglo XXI, cuando el Estado ya reconoce a las parejas del mismo sexo como familias, la enorme mayoría de las personas LGBT tengan que esconder su orientación sexual o su identidad de género en el trabajo. Las empresas tienen que hacer un mayor esfuerzo en crear ambientes laborales inclusivos”.

En este sentido, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, hizo un llamamiento a las empresas y a los trabajadores para promover y potenciar la diversidad y los ambientes inclusivos. Dijo además que “como Gobierno nos comprometemos a buscar y promover en todos los espacios laborales la no discriminación. Hay que hacer transformaciones profundas y este ministerio lo va a hacer. El país lo hacemos todos y debemos tener las mismas oportunidades todos”, dijo.

La falta de visibilidad y las dificultades para encontrar o mantener un trabajo aumentan en el caso de las personas trans. Es así como el estudio da cuenta que el 65 % de las personas trans encuestadas consideran “muy difícil” o “difícil” encontrar empleo, a diferencia de los gays (46,6 %), las lesbianas (47,1 %) y las personas bisexuales (54,1 %). Además, 1 de cada 4 transexuales considera que hay un ambiente hostigador en su lugar de trabajo, ya que el 85,7 % se ha sentido discriminado verbalmente por sus colegas y el 78,9 %, por parte de sus superiores.

Es por esto que Larrain reiteró la importancia de avanzar en la aprobación de la Ley de Identidad de Género: “La primera barrera que encuentra una persona trans a la hora de buscar trabajo es que sus documentos de identidad no coinciden con su apariencia, por lo que es urgente que se retome la tramitación del proyecto de ley de identidad de género, que les permitirá modificar los documentos”, ha remarcado el presidente ejecutivo de Fundación Iguales.

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El pasado día 3 de julio,  la ministra de Justicia de Chile, Javiera Blanco se reunió, con representantes de la Fundación Iguales. Y otro encuentro lideró el lunes pasado con dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para abordar diversas propuestas legislativas pro-igualdad, llegándose a importantes a acuerdos. En la cita el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, expresó la necesidad de que el Gobierno apoye que el Acuerdo de Unión Civil (AUC) sea incorporado en la Ley de Adopción, de manera que las parejas que contraigan el vínculo puedan criar niños/as.

Quienes asistieron a esas citas dicen que la secretaria de Estado manifestó una postura favorable a una petición que se le planteó: incluir el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que regula la convivencia entre parejas de igual o distinto sexo, en el proyecto de ley que modifica el actual sistema de adopciones, ingresado en 2013 por el gobierno de Sebastián Piñera.

Las mismas fuentes agregan que Blanco aclaró que esa medida no la impulsará el gobierno, pero que el Ejecutivo no se opondrá. Y es que incluir el AUC en la nueva ley de adopciones que se está revisando en el Congreso es una materia que ya está siendo discutida formalmente al interior de la Comisión de Familia de la Cámara.

“Esta es una moción presentada por parlamentarios. Hay dos, con distintos alcances. Respecto de esas mociones, nosotros no vamos a presentar oposición. No nos vamos a oponer. Ahora, la discusión de los alcances y todo eso lo tenemos que ver cuando nos hagamos cargo del proyecto de ley de adopción. Estamos recién en la primera etapa”, dijo la ministra Blanco a La Tercera, al ser consultada.

El presidente de la Comisión de Familia de la Cámara, Ramón Farías (PPD), y la diputada Daniella Cicardini (PS) -integrante de esa instancia- presentaron dos indicaciones en esta línea. La primera fue realizada antes de la aprobación del AUC. Y en ella se establecía que cualquier persona, independiente de su estado civil, podrá adoptar niños. La segunda fue ingresada tras la aprobación del AUC, para solicitar explícitamente que ese tipo de parejas contempladas en la nueva regulación (aquellas que conviven, pero que no están casadas) estén consideradas entre quienes pueden adoptar en Chile. Esto, incluyendo tanto a heterosexuales como a homosexuales.

“La ministra señaló estar de acuerdo con esta idea y explicó que de ser consultado sobre la materia, el gobierno emitirá un pronunciamiento favorable. Esto es muy importante en momentos en que el Congreso discute una reforma a la Ley de Adopción y porque, además, sería absurdo impedirles adoptar a parejas que contraigan el AUC o negar ese derecho sólo a los convivientes civiles homosexuales”, comentó el director del área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez.

Asistentes a las reuniones que encabezó la secretaria de Estado con el Movilh y la Fundación Iguales sostienen que Blanco planteó, sin embargo, que no podía entregar seguridad sobre la prelación, es decir, respecto al lugar que tendrían los convivientes civiles heterosexuales u homosexuales en el listado de aquellas personas que son consideradas aptas para un proceso de adopción.

Para las organizaciones que defienden la diversidad sexual y los distintos tipos de familia, este podría ser un problema, ya que una pareja homosexual podría quedar, eventualmente, en el último lugar de ese listado, imposibilitando, en la práctica, que puedan adoptar.

Fuente La Tercera y MOVILH

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Cuatro años después de que diera comienzo la tramitación del actual proyecto, y once años después de que por primera vez se planteara la posibilidad, el Parlamento de Chile ha aprobado definitivamente el Acuerdo de Unión Civil, una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo y de distinto sexo. El texto definitivo -incluyendo el nombre definitivo con el que se conocerá la institución- no se ha conocido hasta estos últimos días, después de que una comisión mixta Cámara de Diputados-Senado resolviera las divergencias existentes entre los textos ya aprobados por amabas cámaras. Día histórico, sin duda, para los derechos LGTB en Chile.

Finalmente el Acuerdo de Unión Civil (tercer y definitivo nombre de la institución, tras “Acuerdo de Vida en Pareja” y “Pacto de Unión Civil”) ha sido aprobado por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones (en el Senado) y 78 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones (en la Cámara de Diputados). El texto reconoce a las parejas unidas civilmente una parte importante de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas (en materia patrimonial, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento de estado civil específico) y contempla la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. En este sentido, se igualan jurídicamente las posibilidades a la de los ascendientes (será el juez el que deberá decidir en función de los intereses del menor).

Otro dato interesante es que, a la espera de que Chile disponga en el futuro de matrimonio igualitario, los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero serán reconocidos como uniones civiles.

La redacción final, algo diferente por tanto a la previamente aprobada por el Senado en el mes de octubre y por la Cámara de Diputados la semana pasada, satisface a los activistas LGTB que llevaban años esperando este día. “Son once años de trabajo por una legislación que reconozca a las parejas de hecho. Los heterosexuales, que por el hecho de no querer casarse fueron estigmatizadas a lo largo de nuestra historia y las homoparentales, de gais y lesbianas, porque no tenían ningún reconocimiento ni validez para la sociedad chilena. Hoy día saldamos esa deuda histórica, esa deuda de humanidad y de democracia con las familias diversas”, declaraba Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

“Hoy pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico, pasamos a ser no sólo sujetos de deberes, sino también de derechos”, expresaba por su parte Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, que sin embargo lamenta el retraso en aprobar el proyecto. “Nos preocupa que estás discusiones se tomen tanto tiempo. Esta es una discusión de la dedada pasada, es una batalla cultural ya ganada y que sentimos que deberíamos estar discutiendo el matrimonio igualitario como en Argentina y Uruguay”, matizaba.

Se trata de un proyecto, recordemos, cuya tramitación se viene arrastrando desde la legislatura anterior (fue una promesa del expresidente Sebastián Piñera) y sobre el que después de las elecciones de noviembre de 2013, que renovaron tanto la Presidencia como el Congreso, existía el compromiso de finalizar con carácter de urgencia. Aún así el proceso ha vuelto a sufrir retrasos y el trámite parlamentario ha resultado especialmente laborioso (no han faltado bochornosas escenas de violencia protagonizadas por el homófobo pastor evangélico Javier Soto). Finalmente la razón se ha impuesto y el proyecto ha sido aprobado. Será ley en cuanto la presidenta, Michelle Bachelet, la promulgue, lo que se estima inminente.

La lucha por el matrimonio igualitario continuará

La aprobación del Acuerdo de Unión Civil no supone que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa).

Ya en diciembre daba sus primeros pasos una iniciativa parlamentaria coordinada por diputados de la Nueva Mayoría (la amplia coalición de fuerzas políticas que sustenta al gobierno de Michelle Bachelet) con los movimientos LGTB. Ello no asegura el éxito: no son pocos los integrantes del bloque que apoya a Bachelet que en el pasado han mostrado su oposición a una ley de matrimonio igualitario (es el caso del propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pero su caso no es el único). El proceso será sin duda complicado.

Todo este movimiento se da además en paralelo a la demanda contra Chile presentada en 2012 por el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que informamos en su momento, y que es una patata caliente en manos del actual gobierno.

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Rolando Jiménez (derecha), activista gay y expresidente de Movilh, presentando la querella contra el ‘Pastor Soto’

El Movilh solicita a la justicia chilena para el denominado “Pastor Soto” la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y una multa de 10 Unidades Tributarias (UTM) mensuales (unos 580 euros).

 El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha presentado una querella criminal contra el fanático evangélico Carlos Soto por acoso y ofensas homofóbicas al expresidente de la organización, Rolando Jiménez.

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Una de las organizaciones promotoras de la iniciativa, señaló que “después de todo este tiempo ya correspondía que se aprobara el proyecto”.

Aunque no representa un vínculo matrimonial entre parejas del mismo o distinto sexo, el AVP establece derechos derivados de la convivencia, como la comunidad de bienes o la herencia, hasta ahora inexistentes en la legislación chilena.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado chileno aprobó ayer el llamado Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), un proyecto de ley que inició su tramitación legislativa hace más de tres años y que permite, entre otras cosas, la unión civil de parejas homosexuales.

El Gobierno valoró el respaldo a la iniciativa legal y aseguró que es un avance para terminar con la discriminación en el país.

“Con esto se ha dado un paso importante para regular la convivencia de un número significativo de parejas en nuestro país, para otorgarles la debida protección jurídica”, afirmó el ministro portavoz, Alvaro Elizalde.

El AVP fue una de las promesas de la anterior administración de Sebastián Piñera, pero que se vio trabada en su tramitación en el Congreso por los propios partidos de la alianza de derecha que lo respaldaban.

Aunque no representa un vínculo matrimonial entre parejas del mismo o distinto sexo, el AVP establece derechos derivados de la convivencia, como la comunidad de bienes o la herencia, hasta ahora inexistentes en la legislación chilena.

“La iniciativa aprobada por la Comisión de Constitución del Senado consagra que el AVP generará un estado civil y que es un estatuto jurídico que se aplicará tanto a parejas homo como heterosexuales“, precisó Elizalde.

El presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, una de las organizaciones promotoras de la iniciativa, señaló que “después de todo este tiempo ya correspondía que se aprobara el proyecto”.

“Estamos contentos, porque estamos a un paso del reconocimiento de todos los tipos de familias. Hay más de dos millones de parejas que no están casadas porque no pueden o porque no quieren, pero constituyen una familia. Y con esto el Estado ahora las va a poder proteger”, agregó.

Tras su aprobación en la Comisión de Constitución el proyecto pasará ahora a la de Hacienda, que debe formular un informe financiero. Luego debe ser votado por la sala del Senado, para continuar después su tramitación en la Cámara de Diputados.

Fuente EFE, vía SentidoG

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