En el marco del Proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. También se aprobó un articulo que prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El debate estuvo cruzado por opiniones transfóbicas de profesionales católicos que vincularon a la trasexualidad con patologías, peligros y “etapas superables”.

La Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados incorporó la realidad de los niños y niñas trans en la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que el Ejecutivo ingresó a tramitación del Parlamento el pasado 25 de septiembre, aspecto festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La luz verde se dio anoche en una extensa sesión de tres horas que contó con la especial intervención del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y con la presencia de la directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia,  Estela Ortiz, de organizaciones opositoras a la norma y del Movilh.

En concreto se aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención una indicación al artículo 12 de la ley que garantiza el derecho de los niños y niñas trans a desarrollar su propia identidad.

De esa manera, la ley establece que “todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres; a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley; a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género”.

Votaron a favor los diputados Ramón Farías (PPD), Daniela Cicardini (PS), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Marcelo Schilling (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Karla Rubilar (INP). En contra se pronunciaron los parlamentarios Nicolás Monckeberg (RN), Claudia Nogueira (UDI), Jorge Sabag (DC), David Sandoval (UDI), y Marisol Turres (UDI). En tanto, Marcela Sabat (RN) se abstuvo.

Ya con anterioridad, la Comisión había aprobado el artículo 8 del proyecto, garantizándose que “ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia, situación socioeconómica, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales; estado civil, edad, filiación, apariencia personal, salud, discapacidad o en situación de discapacidad, estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación de la ley N° 20.084, o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres, familia, representantes legales o quienes lo tengan bajo su cuidado”.

Durante variadas sesiones se expresaron posturas a favor y en contra de la iniciativa.  Ayer fueron los turnos del académico de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, que manifestó un claro y sólido apoyo a los derechos de los niños y niñas LGBTI, y del psiquiátra Francisco Bustamante, del secretario general de la Universidad Finis Terrae, Álvaro Ferrer y de la endocrinóloga la Universidad de Los Andes, Francisca Ugarte, quienes se refirieron a la identidad de género diversa con un lenguaje prejuicio y denigrante, asociando a la transexualidad con patologías, peligros, etapas superables, o condiciones modificables.

El Movilh, que monitoreó y estuvo presente en todas las sesiones donde se discutió la identidad de género o la orientación sexual, enfatizó que  “dimos un paso significativo y de primer orden para que se prohíba la discriminación a niños y niñas trans y para que se generen condiciones tendientes a respetar la identidad de género de los menores de edad en sus familias, en los jardines infantiles, en los colegios y, por cierto, en sus futuras universidades institutos o trabajos”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, explicó que “esta aprobación fue un proceso difícil, pues hubo intentos por seguir cercenando la identidad de género de los niños y niñas, por desconocer su derecho a ser llamados e identificados como efectivamente se sienten y son. Felizmente, estos intentos no prosperaron, y se impuso el interés superior del niño. Aquí hay una esperanza muy hermosa de una mejor calidad de vida para las nuevas y futuras generaciones de personas trans”.

En paralelo a este debate se seguirá discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado la Ley de Identidad de Género, para posibilitar el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans con un trámite simple en el Registro Civil, dejando a un lado la judicialización del proceso para los mayores de edad y facilitando la diligencia para los niños y niñas en los tribunales de Familia.

Sin ir más lejos, ayer la Comisión de DDHH del Senado anunció que la ley de identidad de genero será despachada el próximo 12 de septiembre, luego de que el Gobierno le otorgara discusión inmediata, cumpliendo así con parte de los acuerdos que el Estado firmó con el Movilh, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente MOVILH

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El pasado día 3 de julio,  la ministra de Justicia de Chile, Javiera Blanco se reunió, con representantes de la Fundación Iguales. Y otro encuentro lideró el lunes pasado con dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para abordar diversas propuestas legislativas pro-igualdad, llegándose a importantes a acuerdos. En la cita el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, expresó la necesidad de que el Gobierno apoye que el Acuerdo de Unión Civil (AUC) sea incorporado en la Ley de Adopción, de manera que las parejas que contraigan el vínculo puedan criar niños/as.

Quienes asistieron a esas citas dicen que la secretaria de Estado manifestó una postura favorable a una petición que se le planteó: incluir el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que regula la convivencia entre parejas de igual o distinto sexo, en el proyecto de ley que modifica el actual sistema de adopciones, ingresado en 2013 por el gobierno de Sebastián Piñera.

Las mismas fuentes agregan que Blanco aclaró que esa medida no la impulsará el gobierno, pero que el Ejecutivo no se opondrá. Y es que incluir el AUC en la nueva ley de adopciones que se está revisando en el Congreso es una materia que ya está siendo discutida formalmente al interior de la Comisión de Familia de la Cámara.

“Esta es una moción presentada por parlamentarios. Hay dos, con distintos alcances. Respecto de esas mociones, nosotros no vamos a presentar oposición. No nos vamos a oponer. Ahora, la discusión de los alcances y todo eso lo tenemos que ver cuando nos hagamos cargo del proyecto de ley de adopción. Estamos recién en la primera etapa”, dijo la ministra Blanco a La Tercera, al ser consultada.

El presidente de la Comisión de Familia de la Cámara, Ramón Farías (PPD), y la diputada Daniella Cicardini (PS) -integrante de esa instancia- presentaron dos indicaciones en esta línea. La primera fue realizada antes de la aprobación del AUC. Y en ella se establecía que cualquier persona, independiente de su estado civil, podrá adoptar niños. La segunda fue ingresada tras la aprobación del AUC, para solicitar explícitamente que ese tipo de parejas contempladas en la nueva regulación (aquellas que conviven, pero que no están casadas) estén consideradas entre quienes pueden adoptar en Chile. Esto, incluyendo tanto a heterosexuales como a homosexuales.

“La ministra señaló estar de acuerdo con esta idea y explicó que de ser consultado sobre la materia, el gobierno emitirá un pronunciamiento favorable. Esto es muy importante en momentos en que el Congreso discute una reforma a la Ley de Adopción y porque, además, sería absurdo impedirles adoptar a parejas que contraigan el AUC o negar ese derecho sólo a los convivientes civiles homosexuales”, comentó el director del área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez.

Asistentes a las reuniones que encabezó la secretaria de Estado con el Movilh y la Fundación Iguales sostienen que Blanco planteó, sin embargo, que no podía entregar seguridad sobre la prelación, es decir, respecto al lugar que tendrían los convivientes civiles heterosexuales u homosexuales en el listado de aquellas personas que son consideradas aptas para un proceso de adopción.

Para las organizaciones que defienden la diversidad sexual y los distintos tipos de familia, este podría ser un problema, ya que una pareja homosexual podría quedar, eventualmente, en el último lugar de ese listado, imposibilitando, en la práctica, que puedan adoptar.

Fuente La Tercera y MOVILH

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