Sobre las 6:10 de la mañana del pasado viernes, 10 de junio, encuentran el cadáver de una transexual degollada en la parte trasera del Centro Cultural de Riohacha, en una playa. Se trata de Richard Zarante Ramos, una líder transexual conocida como Paloma, que fue encontrada muerta con una profunda herida en el cuello, a orillas de la playa, en inmediaciones del Centro Cultural de esta capital. Paloma tenía 44 años de edad y era natural de Montería, departamento de Córdoba.

La Corporación Caribe Afirmativo indicó en un comunicado que las pesquisas de las autoridades arrojaron que el cuerpo tenía signos de estrangulamiento y varias heridas en el cuello. “Las primeras hipótesis dan cuenta de la existencia de relaciones sexuales previas al hecho homicida”. La Policía corroboró que en la escena del crimen se encontraron unas sandalias y varios preservativos, elementos que están bajo disposición de la Fiscalía.

«Es un crimen de odio por la manera en que le produjeron al herida en el cuello. Ahora se comienza a vivir el desplazamiento de algunas mujeres trans porque piensan que esto puede ser no solamente en contra de Paloma, sino de todas», señala Edmundo Deluque, activista de la comunidad LGTB. Por otra parte pidieron a las autoridades que no haya discriminación y que investiguen para que den con  el paradero de los responsables.

Al parecer se trata de una conocida del propio Deluque, puesto que es él mismo quien explica que Paloma trabajaba como estilista, en un salón de belleza en la capital del departamento La Guajira, adonde llegó hace 10 años desde su natal municipio de Lorica (Córdoba), pero ante la falta de trabajo se vio obligada a buscar una alternativa profesional, motivo por el que terminó ejerciendo la prostitución. Por falta de oportunidades, sin embargo, abandonó su oficio de estilista. “Dejó su arte por ir a las calles a ejercer la prostitución, para buscarse el pan de cada día, y mire lo que encontró”, lamentó Deluque.

Caribe Afirmativo dio a conocer que la víctima venía tramitando su inclusión al Registro Único de Víctimas del conflicto armado, debido “desplazamiento forzado en razón a su identidad de género”. La organización de la comunidad LGBTI hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan “con celeridad” el asesinato.

Advirtió además que allegados dijeron que, al parecer, “se dirigía a realizar un servicio como estilista y luego volvía a su lugar habitual de trabajo”. De ella no supieron más hasta la noticia de su asesinato.

La policía se encuentra investigando el que es el primer crimen de estas características producido en la provincia de La Guajira en lo que va de año. Por el momento los únicos datos confirmados son que en la noche del jueves, Paloma se encontraba en la zona donde habitualmente encontraba sus clientes, en la confluencia de la calle 14 con al 5, pero se desconoce el momento en el que abandonó el lugar ni si se fue de allí en compañía de alguien.

El coronel Tito Castellanos Tuay, comandante de Policía en La Guajira, señaló que a Paloma la habrían matado con una cuchilla de afeitar y están recolectando más información sobre una persona con quien estuvo hasta las 11 de la noche del jueves. “Aparentemente no le hurtaron nada. Todos los supuestos son materia de investigación”, declaró Castellanos.

Fuente el Heraldo/Caribe Afirmativo

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El colegio Guillermo Carey, de la localidad colombiana de Barranquilla, ha sido denunciado por una asociación por promover “actitudes discriminatorias” contra la población LGTB.

La asociación LGTB Caribe Afirmativo ha denunciado que el colegio Guillermo Carey, de Barranquilla, en Colombia, promueve “actitudes discriminatorias” contra el colectivo.

Según el comunicado emitido por la asociación, el centro educativo “incluye en su manual de convivencia una serie de conductas sancionables de acuerdo con las directrices institucionales, que deben ser acordes con la Constitución y los derechos de todos y todas, sin embargo, sorprende la siguiente conducta de reproche, evaluada como tipo III, es decir de las más graves: ‘Comportamiento homosexual (varones y hembras) dentro y fuera de la institución. No te echarás con varón como con mujer, es abominación’, Levítico 18:22”.

Al parecer, el colegio también pretende, con el apoyo de los padres de alumnos, firmar un documento que rechace la adopción homoparental e impulse un referendum para negar el derecho de las parejas LGTB a adoptar. La dirección del colegio ha emitido un comunicado en el que niegan ser homófobos; “Somos respetuosos de la Ley y de las libertades individuales, por lo tanto, no hemos tenido en la historia de nuestra institución ningún caso que pueda mencionarse como probatorio de discriminación u homofobia. Jamás a ningún estudiante se la ha expulsado o negado su acceso a la institución por razón de su inclinación u orientación sexual”... pero sí defienden en el último punto que “Nuestra intención, al impulsar un referendo, no ha sido contrariar la ley, ni mucho menos alimentar actos violentos u homofóbicos contra la comunidad LGBTI, sino hacer uso de un recurso constitucional como lo es el “Referendo”, para defender el derecho de los niños a tener un papá y una mamá, y a conservar el concepto general y “natural” de familia, acorde con nuestra conciencia, y con pleno respeto de las opiniones que nos sean contrarias, aunque no las compartamos.”

Fuente Agencias

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Julián Antonio Bedoya, nuevo alcalde del municipio de Toro, al oeste del país, logró un total de 3.764 votos, equivalente al 52 % de los electores, venciendo a por un amplio margen a sus tres contendientes.

Las elecciones regionales de este domingo en Colombia hicieron historia despúes de que Julián Antonio Bedoya, candidato a la alcaldía de Toro, en el departamento de Valle del Cauca, se convirtiera en la primera persona abiertamente gay en ser elegida para este cargo.

“Creo que juntos podemos buscar un mejor progreso. Este pueblo (Toro) merece oportunidades nuevas. Gente nueva. Merece el cambio”, dijo en uno de sus videos de campaña.

Ángelo Araujo, líder de la comunidad LGBT en el Valle, dijo que la elección de Bedoya representa un hecho histórico. Sin embargo, también añadió que hay mucho trabajo que hacer, “ya que no todos tienen su misma suerte”.

Asimismo dijo que ahora el reto es dejar en alto el nombre de la comunidad porque “de nada sirve tener un candidato abiertamente gay y que tenga problemas de corrupción y que deje cosas inconclusas en su municipio”.

Por su parte, el director de la asociación LGTB Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, aseveró que “lo que pasa con Julián es que se demuestra que el movimiento tiene mucho que aportarle a la democracia. Es un mensaje claro a los partidos políticos”.

Fuente Cáscara Amarga

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Fiscales y policías judiciales del Caribe se reuneron con expertos en temas de investigación de violencia homofóbica, con ánimo de proponer buenas prácticas que permitan investigar de manera efectiva los casos que afectan a la comunidad LGTB.

Fueron tres días de análisis en el Taller para el fortalecimiento del acceso a la justicia penal y la investigación de casos de violencia por prejuicio sexual en el Caribe colombiano, que inicia este miércoles 8 y terminará este viernes 10 de julio.

El encuentro es promovido por Caribe Afirmativo en compañía del programa de Derechos Humanos de Usaid y la dirección de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación.

La iniciativa está planteada desde una visión teórica-práctica. Esto, para dar las herramientas necesarias que ayuden a los funcionarios públicos en la tarea de fortalecer el acceso a la justicia penal y a la investigación de casos de violencia por prejuico que a diario afectan a la población LGTB.

Por ejemplo, una de las herramientas ayudará a establecer cómo manejar, trabajar e investigar casos violentos contra personas LGTB, especialmente a la hora de determinar si la conducta se produce por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

Esto toma más importancia teniendo en cuenta que se han documentado más de cien casos de homicidios a personas LGTB en el Caribe, de los cuales 85 se encuentran en un proceso de investigación preliminar o han sido archivados. Además, los casos que ya han sido fallados, que corresponde solo a un siete por ciento, no tienen la aplicación del agravante penal por delito motivado por discriminación.

El taller se hace, ocho meses después de que el Fiscal General de Nación, Eduardo Montealegre, ordenara que un fiscal de cada seccional se debe dedicar exclusivamente a avanzar en las investigaciones de este tipo.

Fuente Caribe Afirmativo

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La zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

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En el Cesar, departamento del Caribe Colombiano, desde 2007 a la fecha, Caribe Afirmativo ha conocido diez (10) asesinatos de personas LGBTI que tienen un liderazgo visible en la region.

En la madrugada del viernes 25 de Julio de 2014 en la ciudad de Valledupar, barrio San Joaquín en cercanía a la avenida los Cortijos de la capital del Cesar en la región Caribe, fue asesinado Tonny Grecco, hombre gay de 37 años de edad, que combinaba su ejercicio profesional de estilista entre su propio salón de belleza y un negocio de comidas rápidas que funcionaba en las afueras de su peluquería, lugar en el que fue encontrado sin vida por vecinos del sector que alertaron a la Policía al ver que avanzada la mañana no abría su negocio. Los policiales acudieron a la escena de los hechos, derribaron la puerta que se encontraba cerrada y encontraron sin vida a Tonny, su cuerpo fue encontrado amarrado con múltiples heridas de arma blanca.

El homicidio de Tonny, que es materia de investigación, se suma a (6) muertes mas de forma violenta de personas abiertamente LGBTI, conocidos por Caribe Afirmativo, que han sido asesinadas en lo que va del 2014 en la región Caribe y que de igual forma, son materia de investigación. Es importante que su amplia visibilidad y liderazgo desde su construcción de diversidad sexual o identidad de género, debe ser un argumento tenido en cuenta en el proceso de investigación por parte de las autoridades.

Entre 2007 y 2013; Caribe Afirmativo conoció de nueve (9) casos más de homicidios de personas LGBTI en éste departamento en similares circunstancias: entre 2007 y 2010 documentamos dos muertes de hombres en Valledupar; y una más en Copey; en 2012 conocimos de cuatro casos; uno en el Agua Chica; y los tres restantes en Valledupar y en el 2013 de dos más, estos últimos ocurridos ambos en Codazzi Cesar; al que se suma la muerte violenta de Tonny en Valledupar. De las diez (10) personas asesinadas, seis (6) eran personas trans, tres (3) hombres gays y una (1) mujer lesbiana.

Caribe Afirmativo exige a las autoridades que la muerte de Tonny, sea investigada con celeridad, no quede en la impunidad y que sea tenido en cuenta su acción de visibilidad y liderazgo gay, como un argumento importante para descartar que su orientación sexual no haya sido motivo de su asesinato, al igual que proceder a avanzar en los demás casos conocidos en la región de muertes violentas de personas LGBTI que hoy están en la impunidad y que envían un mensaje contradictorio de desprotección e indefensión de éste grupo poblacional.

Desde la misma manera instamos al gobierno de la municipalidad de Valledupar para que fortalezca las estrategias en el cumplimiento de su Plan de Desarrollo “entre todos la estamos transformando, 2012-2015″, donde asume como proyecto de Gobierno, construir una ciudad sin indiferencia hacia los derechos de las personas LGBTI y de la Gobernación del Cesar con su Plan 2012-2015 “Prosperidad a Salvo” para avanzar en la consecución de su meta de “garantizar la protección, promoción, restitución y ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBTI“.

Fuente Caribe Afirmativo

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Importante sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que ha estimado la acción de tutela presentada por un joven gay de Barranquilla que denunció haber sido maltratado por la policía por manifestar públicamente muestras de cariño hacia su pareja. El alto tribunal colombiano estima sin embargo que la policía no puede impedir que parejas de mismo sexo se expresen afecto en espacios públicos. El colectivo Caribe Afirmativo se felicita por la sentencia y espera un cambio de actitud hacia las personas LGTB por parte de la policía.

El joven que presentó la acción de tutela no solo denunció haber sido maltratado por la policía de Barranquilla sino que además se le prohibió realizar manifestaciones públicas de cariño con su pareja en el futuro así como transitar libremente por los alrededores del coliseo cubierto de la ciudad, lugar donde tuvieron lugar los hechos. La Corte Constitucional considera sin embargo que la policía metropolitana de Barranquilla no puede impedir que parejas del mismo sexo se reúnan en los alrededores de este recinto y se manifiesten públicamente su afecto, aunque sí considera que es legítimo interferir cuando se trate de comportamientos claramente sexuales “si se sobrepasan los límites de decoro y decencia”, sin importar en este caso la orientación sexual de la pareja.

El colectivo Caribe Afirmativo asegura en un comunicado tener conocimiento de numerosos casos similares de abuso policial y retiro del espacio público por manifestaciones de afecto entre personas LGTB en Barranquilla a lo largo de los últimos años. “Ya en 2012 ante un derecho de petición el comandante de la Policía Metropolitana, el general Segura, sostenía que ‘era su deber no permitir  esas conductas desviada en la ciudadanía’, situación que termina validando de forma errónea la  conducta de los policiales, implicados en  Barranquilla en una sistemática persecución hacia las personas LGBTI que ha pasado por golpizas, tratos inhumanos y degradantes y negación de sus derechos”, expresa en su comunicado Caribe Afirmativo, que espera no solo el acatamiento de la sentencia de la Corte Constitucional “por parte de toda la Policía Nacional y en especial de la Metropolitana de Barranquilla”, sino que además “se generen acciones de especial protección y de sanción ejemplar a conductas de miembros de la institución que ponen en riesgo los derechos de las personas de este grupo poblacional”.

“De la misma manera exigimos que la Asamblea del Atlántico [el departamento colombiano del que es capital Barranquilla] avance con celeridad a  modificar el Manual de  convivencia ciudadana del departamento que promueve acciones excluyentes y violatorias hacia las personas LGBTI y que la Procuraduría asuma su poder preferente para investigar y sancionar de inmediato conductas policiales en contravía de los derechos de personas por su orientación sexual o identidad de género”, añade el comunicado de Caribe Afirmativo.

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La organización colombiana Caribe Afirmativo ha denunciado las amenazas de muerte a varias personas LGTB en Chalán (departamento de Sucre, subregión de los Montes de María). Estas personas han recibido un panfleto amenazante, firmado por un grupo autodenominado “organización  de los rastrojos de la costa” que declara “objetivos de muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”. “Ojo, no somos homofóbicos, sino que deseamos hombres valientes que estén preparados para la guerra que se nos avecina”, añade el texto.

El panfleto fue introducido el pasado 2 de junio por debajo de la puerta de la vivienda que comparten dos mujeres trans y tres hombres gays, beneficiarios de programas del gobierno tras haber sufrido hace cuatro años un primer desplazamiento forzado. La noche siguiente, según cuenta Caribe Afirmativo, varias personas volvieron a la casa, ubicada en la ladera de un arroyo, desconectaron el contador de la  energía eléctrica, lo lanzaron al agua y les gritaron desde el exterior que “el plazo se vencía para que abandonaran el municipio”. Al día siguiente, el grupo solicitó auxilio a la policía de la localidad y a la alcaldía, recibiendo una respuesta negativa. La noche del 4 de junio, ante el temor de sufrir cualquier atentado o agresión que pusiera en riesgo sus vidas, tomaron la decisión de desplazarse a Sincelejo, la capital de Sucre.

Ya en Sincelejo, y con la ayuda de activistas LGTB locales, el grupo recibió ayuda y la Personería Municipal convocó a una reunión a representantes del Gobierno. La policía departamental considera sin embargo que los “rastrojos” no delinquen en la zona, aunque haya testimonios que aseguran que en las últimas semanas se ha incrementado las acciones delictivas en los Montes de María atribuidas a este grupo.

“La Corporación Caribe Afirmativo hace un llamado a las autoridades departamentales y a la Unidad de Víctimas para que brinden de inmediato protección a  este grupo de mujeres trans y de hombres gays, les garantice la restitución de sus derechos, prevenga en estos territorios este tipo de situaciones violentas y  ofrezca una ruta de reparación efectiva; que la Procuraduría investigue la conducta de omisión de la Alcaldía y la policía en ese municipio ante su negativa de atender la situación y que la Fiscalía y la Policía avancen en la investigación y judicialización de estas bandas criminales, que en el Caribe Colombiano ponen en riesgo la vida digna de las personas LGBTI”, expresa la organización en su comunicado.

Graves antecedentes de violencia homófoba y tránsfoba en Sucre

Ya desde hace varios años el observatorio de derechos humanos de Caribe Afirmativo tiene registrados en Sucre numerosos episodios de violencia hacia las personas LGTB, que incluyen desde desplazamientos forzados por amenazas muy similares a la descrita hasta asesinatos de hombres gays y mujeres transexuales.

“Se hace necesario una gran acción por parte del Estado en este Departamento de protección y garantía de derechos  hacia ellos y ellas y la puesta en marcha de acciones afirmativas y políticas públicas que garanticen la ciudadanía plena y el ejercicio del goce de sus derechos”, reclama esta organización.

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